UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ

MAESTRIA EN ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS CON ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y DEFENSA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISRACION

CURSO DE ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO Material de Lectura No. 5 Guatemala:Impacto del TLC con EUA en la marcha del país. Gabriel Castellanos, Catedrático

Guatemala 2011

Gabriel Castellanos

Guatemala: Impacto del TLC en la marcha del país

GUATEMALA: IMPACTO DEL TLC CON EUA EN LA MARCHA DEL PAÍS Gabriel Castellanos. Agosto 2005

CONTENIDO

I.

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Negociación y ratificación del TLC Contenido del TLC

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III.

Efectos del TLC

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IV.

Elementos políticos detrás del TLC

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El TLC y el desarrollo humano

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EL TLC puede llegar a ser un instrumento útil

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Conclusiones

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Bibliografía

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II.

V. VI. VII.

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GUATEMALA: IMPACTO DEL TLC CON EUA EN LA MARCHA DEL PAÍS Gabriel Castellanos.

Durante el año 2003 e inicios del 2004 los países centroamericanos y posteriormente República Dominicana –RD- negociaron con Estados Unidos de América –EUA- los términos de un tratado de libre comercio llamado en inglés DR-CAFTA y que en este trabajo también lo llamaremos simplemente TLC, para dinamizar las relaciones comerciales entre Centroamérica y Estados Unidos de América, iniciar un proceso de integración comercial mínimamente formalizado entre ambos y llegar eventualmente en un futuro a integrar a Centroamérica dentro del Area de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. De acuerdo con varios expertos en negociaciones internacionales de comercio, los países de América Latina y, en especial de Centroamérica, previamente a negociar tratados de comercio con EUA, deberían haber acordado pactos políticos y comerciales dentro del área latinoamericana con el objeto de hacer más fuertes a los países latinoamericanos para negociar con Estados Unidos de América, la Unión Europea y Japón y paliar en parte los efectos de las grandes asimetrías que existen entre los países latinoamericanos y estos tres grandes bloques. En el caso de Centroamérica y RD esto no sucedió. I. NEGOCIACION Y RATIFICACION DEL TLC Negociación secreta. La negociación del DR- CAFTA se realizó en un período de alrededor de un año con gran secretividad y con un calendario de marchas forzadas impuesto por los negociadores norteamericanos. Incluso instituciones especializadas en análisis económico, financiero, social y político estuvieron marginadas y no tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista, y mucho menos sus propuestas. El sector privado participó de forma fragmentada e incompleta. La participación fue más bien por áreas de intereses particulares que dentro de un conjunto de prioridades comerciales a nivel nacional o regional. Algunas entidades de investigación elaboraron estudios muy generales sobre libre comercio fundamentados en cifras estadísticas pasadas y presentes de la balanza de pagos y en algunas estimaciones futuras elaboradas dentro de escenarios extremadamente imprecisos. En ningún momento se efectuó una evaluación del costo-beneficio total de los términos negociados ni tampoco se elaboraron escenarios regionales o nacionales de los países centroamericanos y de República Dominicana, que pudieran anticipar el comportamiento económico y social de esos países, una vez que los términos del tratado hubiesen entrado en vigor. La opinión pública centroamericana, y particularmente la guatemalteca, vieron con bastante escepticismo y desconfianza la negociación de los términos de ese tratado. En especial, la sociedad civil integrada por el sector sindical, una parte del sector empresarial mediano y pequeño, la iglesia católica, asociaciones indígenas, grupos de investigación económica y social, y algunos miembros de partidos políticos pidieron una mayor apertura durante las negociaciones y, posteriormente, una mayor participación dentro del proceso de discusión y 2

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evaluación de los términos acordados dentro del tratado, lo que se esperaba se verificaría con el nuevo gobierno durante el año 2004 e inicios de 2005. El desconocimiento sobre los términos de la negociación efectuada fue tan amplio que incluso varios diputados del Congreso de la República, antes y durante el proceso de ratificación del TLC, manifestaron con gran sinceridad desconocer los términos de ese tratado, aún cuando suponían que traería efectos positivos y negativos, siendo imposible precisarlos y cuantificarlos de antemano en esos momentos. Ratificación expedita. Las negociaciones del DR-CAFTA fueron realizadas por el anterior Gobierno de Guatemala. En consecuencia, al gobierno actual, dentro de una situación de “tómelo o déjelo”, no le quedó otra vía que la de concurrir a la firma del mismo y promover su ratificación tal y como había sido negociado. Por esa razón, decidió tomar una vía expedita para la ratificación de los acuerdos del TLC por parte del Congreso de la República, reduciendo parcialmente la discusión abierta de los términos de ese tratado por parte de los miembros de la sociedad civil. Esta vía pudo haber sido efectiva si hubiese estado acompañada de un amplio programa de información y divulgación de los términos de ese tratado. Sin embargo, esto no ocurrió por razones de imperfecta planificación y, sobre todo, por la ausencia de evaluaciones y análisis sistemáticos sobre la negociación ya efectuada. El gobierno norteamericano, a través de sus embajadores en Centroamérica y República Dominicana, y en particular en Guatemala, utilizaron un argumento “ad hominem”, que consistía en decir que si los términos del tratado eran ratificados por los congresos de Centroamérica, esto significaría un argumento moral de gran envergadura para motivar al Congreso y Senado de Estados Unidos de América a que también lo ratificaran rápidamente. Algunos embajadores estadounidenses en centroamérica incluso llegaron a afirmar que la oposición a los acuerdos contenidos en el TLC se debía a una campaña de grupos políticos que seguían el mal ejemplo de Venezuela y de Cuba, países que no eran precisamente un buen ejemplo para América Latina. El contenido de esas afirmaciones no es del todo cierto. En el caso de Guatemala, el Tratado de Libre Comercio se ratificó por el Congreso de la República el 10 de marzo de 2005, en medio de protestas de grupos de la Sociedad Civil que si bien no pueden calificarse de numerosas ni de totalmente representativas, sí puede indicarse que fueron intensas, relativamente confrontativas, bifurcadas geográficamente en varias áreas de la República y con el lamentable saldo de un muerto y varios heridos, lesionados por las fuerzas de seguridad. Estos grupos de la sociedad civil y otros que no participaron en las manifestaciones pedían que se efectuara una consulta popular sobre los acuerdos incluidos en el TLC previo a la ratificación del mismo por parte del Congreso de la República. Esta posición relativamente novedosa, ya que hasta ahora en Guatemala las consultas populares han sido muy escasas y han estado relacionadas directamente con temas constitucionales, pudo haber sido resultado y reacción ante los escasos espacios de participación y ante la insuficiente información que el Gobierno de la República permitió sobre el tema. Posteriormente, los grupos de la sociedad civil presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, tanto en cuanto al contenido del TLC como en cuanto a la forma en que 3

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fue aprobado sin consulta popular. De esa manera esperarían entorpecer o invalidar el acuerdo de ratificación del Congreso de la República, que no fue vetado por la Presidencia de la República, como se pedía. El camino a recorrer internamente antes de la entrada en vigencia del TLC es aún largo ya que, además de ventilar recursos de inconstitucionalidad, será necesario fortalecer la estructura institucional y competitiva del país por medio de leyes que el Gobierno y el Congreso de Guatemala se han comprometido a aprobar antes de la entrada en vigor del TLC. Asimismo, será necesario preparar y fortalecer a los sectores de la sociedad civil, tanto productivos como laborales, para hacer frente eficientemente al desafío que aquel representa. Eventualmente, podrían también surgir o continuar actitudes de protesta por parte de la sociedad civil, que podrían diluir la concentración que el país debe de tener para la implementación de ese tratado. El libre comercio “regulado”. Dentro del actual proceso de globalización el libre comercio ha tomado una forma muy especial. El libre comercio se entiende como un libre comercio regulado, aunque los términos sean contradictorios. Bajo este concepto se ha generalizado la práctica de firmar tratados de libre comercio dentro de los cuales se regula el comercio de productos, montos de los mismos, calendarios, etc., para abrir entre sí dos o más economías. En síntesis, en la práctica actual el libre comercio se da y regula a través de tratados o acuerdos de libre comercio. Para algunos autores los tratados de libre comercio parecieran ser los sustitutos de los procesos de integración económica que estuvieron tan en boga a finales de los años 50s y principios de los 60s, lo que no es del todo correcto. Los procesos de integración económica suponían una proximidad entre los países miembros y, en ese sentido, los procesos de integración económica se entendían como una apertura comercial de fronteras comunes y una protección del perímetro geográfico externo de los países que conformaban ese proceso de integración a través de un arancel externo común. Ejemplo de esos procesos son el de la actual Unión Europea llamado en sus inicios Mercado Común Europeo, el Mercado Común Centroamericano, el Mercado Andino, y otros. Por el contrario, los tratados de libre comercio no necesariamente suponen una vecindad geográfica entre los países que los firman o los acuerdan, como es el caso del Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Unidos de América. Pero más que la proximidad entre los países, el contenido y mecanismos de los tratados de integración y los tratados de libre comercio son diferentes. Mientras que las disposiciones y mecanismos de los tratados de integración van orientados hacia una libre movilidad total de los productos y servicios y de los factores de producción (libre movilidad de trabajadores, de capitales, libre acceso a propiedad privada y a conformación de empresas), los tratados de libre comercio van dirigidos a regular una libre movilidad de bienes y servicios, específicamente por sectores o por grupos de productos. Eventualmente, también pueden incluir la libre movilidad de capitales bajo determinadas condiciones, pero no la libre movilidad de los trabajadores, ni una libertad amplia para la conformación de empresas.

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Los tratados de libre comercio facilitan la importación y la exportación de bienes y servicios sobre los cuales hay un interés específico de ambos países o bien de alguno de ellos. En razón de estos intereses específicos, no necesariamente bilaterales, la reciprocidad suele entenderse en un sentido muy amplio, lo que hace necesario el cálculo del costo-beneficio sectorial y, posteriormente, el cálculo del costo-beneficio global o total de esos tratados. Asimetrías en el libre comercio. Tanto en los tratados de integración como en los tratados de libre comercio se hace referencia al reconocimiento de simetrías y asimetrías que existen entre los países miembros. En el caso de los tratados de integración se procura que las asimetrías vayan desapareciendo progresivamente por medio de tratamientos y ayudas temporales que los países de menor desarrollo relativo reciben de parte de los países de mayor desarrollo relativo. En el caso de experiencias como la de la Unión Europea estos tratamientos o ayudas están concebidos, diseñados y puestos en práctica con un sentido amplio de solidaridad, pero también con el interés pragmático de estandarizar las prácticas comerciales dentro del área integrada. En el caso de los tratados de libre comercio la situación es distinta. Las asimetrías económicas, sociales y políticas no entran necesariamente dentro de los términos de la negociación, a no ser por medio de calendarios graduales de desgravación y, por lo tanto, no suelen incluirse tratamientos o ayudas adicionales para los países de menor desarrollo relativo de parte de los países de mayor desarrollo relativo. El funcionamiento de los tratados de libre comercio entre países con asimetrías significativas es objeto de estudio y análisis dentro de la comunidad académica, pero todavía no se ha llegado a establecer conclusiones sólidas sobre el particular, aún cuando hay presunciones de que las asimetrías pueden tender a ampliarse dentro de los tratados de libre comercio, especialmente las asimetrías a nivel sectorial y a nivel del tamaño de empresa. Por otra parte, mientras que los tratados de integración llevan un elemento dinámico de avance del proceso de integración, los tratados de libre comercio son más bien estáticos y solamente llevan objetivos cuantitativos específicos de liberación comercial de los productos o servicios incluidos en el tratado. Estados Unidos de América: una tienda de ventas Los tratados de libre comercio con Estados Unidos de América tienen también una característica especial. Esos tratados van claramente orientados a favorecer las ventas y penetración de empresas y de sectores productivos estadounidenses en los países con los cuales firman esos tratados. En otras palabras, esos tratados están elaborados no con base en una presunta complementariedad entre EUA y los países que los acuerdan, sino más bien con base en objetivos de competitividad unilateral que surgen de la intención estadounidense de incrementar las ventas de aquellos productos y servicios en los cuales se reconoce que el otro país tiene una demanda potencial significativa. Como lo señala Thomas Friedman, en su libro “The Lexus and the Olive Tree” a Estados Unidos de América hay que verlo como una gran tienda que trata de vender a cualquier precio todo aquello que su mercado interno no necesita o no consume.

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Por su parte, los países en desarrollo que negocian tratados de libre comercio con Estados Unidos de América tienen la expectativa de obtener como un premio el ingreso de sus productos al mercado de EUA para poder desarrollar y fortalecer sus economías. Sin embargo, el riesgo es que, al final del día, ese premio se materialice únicamente en continuar exportando en una mayor cantidad los productos tradicionalmente exportados a Estados Unidos de América, pero sin que necesariamente vayan a producirse cambios y desarrollos de envergadura en el mediano y largo plazo en los sectores industrial, agrícola, comercial o financiero. Un camino a ciegas La negociación del DR-CAFTA se realizó sin contar con análisis cuantitativos que pudieran establecer el costo-beneficio de esa negociación. Nunca, por ejemplo, se intentó elaborar una matriz que, conforme avanzaba el proceso de negociación, pudiera ir midiendo el costobeneficio de los acuerdos que se iban obteniendo. Previamente a ese proceso ninguno de los países centroamericanos ni República Dominicana elaboraron escenarios de objetivos o resultados nacionales a alcanzar, ni mucho menos escenarios acompañados de un análisis de lo que se podía ganar y lo que se podía perder. Sin exagerar, puede afirmarse que la negociación del TLC por parte de los países centroamericanos y República Dominicana fue a través de un camino a ciegas cuya orientación fue fundamentalmente inducida por la dinámica de los requerimientos e intereses que presentaban los negociadores estadounidenses. Solamente de forma ocasional se trató de establecer un parangón general con lo que había sido negociado en algunos sectores por México y lo que se acababa de negociar por parte de Chile. Esta “ceguera” en la negociación ha traído como resultado que en la actualidad es muy difícil poder afirmar con cierto grado de certeza y seriedad técnica cuánto y qué Centroamérica y República Dominicana van a ganar y van a perder en el nuevo tipo de relación comercial que el TLC establece. Algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, en un afán más político que técnico, se han limitado a efectuar estudios hipotéticos, dentro de escenarios únicos, aislados y relativamente estáticos con respecto a la posible evolución de las exportaciones de algunos de los principales productos de la región. Estos estudios, que han sido muy criticados a nivel académico, únicamente han tenido como metodología la de efectuar simples multiplicaciones con base en expectativas de crecimiento numérico de ventas al mercado estadounidense, pero no tienen sustento alguno a nivel empírico, ya que no se han apoyado en instrumentos estadísticos serios, ni a nivel de teoría económica, ya que tampoco han podido estimar, por ejemplo, elasticidades de respuesta ni del lado de la demanda norteamericana ni del lado del sector productor centroamericano y de República Dominicana. Esa “ceguera” también ocasionó que, en el caso de Guatemala, el Congreso de la República, ratificara el TLC sin saber cuales podrían ser los resultados económicos, políticos y sociales de la entrada en vigencia de ese tratado. Los argumentos fundamentales para aprobar el TLC fueron que el libre comercio es la mejor alternativa para enriquecer y desarrollar al país y que la región no podía desaprovechar las oportunidades de apertura que nos brindaba el mercado norteamericano. Sin embargo, se hizo caso omiso de los problemas prácticos que 6

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existen con respecto a la distribución de los beneficios del libre comercio y los elementos necesarios para aprovechar las ventajas de un mercado como el de los EUA. La distribución equitativa de los beneficios del libre comercio no está asegurada. Teórica y empíricamente está suficientemente demostrado que el libre comercio puede enriquecer a los países que lo practican, ya que esos países pueden tener acceso a productos más baratos y más variados y pueden producir y vender más, consecuentemente, el empleo también puede aumentar. Sin embargo, la teoría económica no es contundente en lo relacionado con la equitativa distribución de los beneficios del libre comercio, ya que como lo afirman los autores de esa teoría, como por ejemplo Stuart Mill, en la práctica la distribución de la riqueza generada por el libre comercio depende de la capacidad de negociación que tenga cada uno de los países participantes para poder obtener una parte proporcional de ese aumento de riqueza. Esto significa que, en el caso de dos países que acuerdan relaciones de libre comercio, el incremento de riqueza obtenido a través de ese libre comercio podría repartirse idealmente en un 50% entre ambos países, pero dependiendo de las circunstancias de la negociación, lo más seguro es que o uno u otro tomen una parte mayor del 50% de la riqueza generada por el libre comercio. En el caso del TLC de Centroamérica con EUA es difícil medir en la actualidad cómo se repartirá el incremento de riqueza que se generará de la puesta en práctica de ese tratado, pero lo que sí puede anticiparse, por la forma en que fue negociado el TLC, básicamente bajo presiones del equipo negociador estadounidense, es que esa ganancia se distribuirá mayoritariamente en el mercado norteamericano y no en el mercado centroamericano. En consecuencia, el primer argumento utilizado por el Congreso y el Gobierno de la República de Guatemala para la ratificación del tratado tiene una validez limitada y está sujeto a dudas. La desventaja de aprovechar ventajas. Aprovechar las ventajas de un mercado bien estructurado y altamente consumidor, como lo es el de Estados Unidos de América, es un objetivo de política económica razonable. Este objetivo ha sido perseguido en el transcurso de la historia por varios países y regiones del mundo. El aprovechamiento de las ventajas de un mercado, entre otros elementos, requiere de dos muy importantes. El primero está relacionado con la capacidad de producción en términos de cantidad, calidad y precio del país exportador. Este elemento está íntimamente ligado con una estrategia de especialización de la producción en aquellos productos o sectores en los que se tiene una mayor ventaja comparativa natural o adquirida. El segundo elemento está relacionado con la organización, estrategia y capacidad de penetración que el país exportador debe tener para poder ingresar dentro del mercado del país importador. Este elemento supone el diseño y puesta en práctica de un programa de comercialización internacional y de identificación y uso eficiente de canales de distribución. Existe la expectativa de un robusto aumento de la producción nacional de aquellos productos que, habiendo quedado incluidos en el Tratado de Libre Comercio, pueden competir de forma razonablemente agresiva en el mercado norteamericano con respecto a los productos producidos internamente en ese mercado o importados de otros países. Sin embargo, aun en el supuesto de que esa expansión pueda darse y se cuente con suficientes recursos financieros, técnicos y físicos para ello, aquella no se dará de un momento a otro. 7

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Además, debe asegurarse que esa expansión se produzca dentro de economías de escala que abaraten el costo de producción de los productos a exportar y, en términos más generales, eleven la productividad a niveles más eficientes. La posible expansión de las unidades productoras de artículos guatemaltecos incluidos en el TLC va a ser desigual en los diferentes sectores productivos y va a requerir de abundantes recursos financieros, técnicos y físicos antes de que se haga realidad. En la práctica también van a existir sectores o empresas que no podrán incrementar la producción como sería deseable por falta de recursos. Esto especialmente podría ocurrir en el sector agrícola pero también en otros sectores. La dinámica del comercio internacional podría también ocasionar que cuando esas unidades productivas en nuestro país hayan adquirido el tamaño y capacidad suficiente para competir en el mercado estadounidense, unidades productivas de otros países hayan ya penetrado en el mercado norteamericano y eso reduzca las posibilidades de participación de los productos guatemaltecos dentro de aquel mercado. Así, el segundo argumento utilizado para la ratificación del tratado no parece tan evidente en el corto y mediano plazos. El mercado estadounidense tiene fuentes de abastecimiento aseguradas. La eficiencia en la comercialización va a requerir mecanismos y habilidades con las cuales cuenta el país incipientemente. Es muy probable que estos mecanismos y habilidades puedan ser desarrollados por el sector productivo guatemalteco que, según expertos en la materia, es el sector productivo más sofisticado en Centroamérica. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los principales elementos de la actual estrategia global del mercado estadounidense es el de abastecerse mayoritariamente de productos provenientes del mercado chino. China, aparte de producir a costos bajos, lo que permite al mayoritario sector terciario o de servicios norteamericano mantener un eficaz sistema de generación de utilidades, tiene también acuerdos de producción y de tecnología de producción con empresas estadounidenses. Además, ese país produce bajo un área monetaria totalmente determinada por el dólar estadounidense, lo que permite al mercado norteamericano, en el mediano plazo, tener una estabilidad de precios de los productos que importa. Este último elemento ha hecho posible que los Estados Unidos de América, pese a la depreciación internacional de su moneda con respecto al Euro y al Yen, no haya experimentado problemas de inflación durante los últimos años, lo que le ha evitado al gobierno norteamericano tener que encarar eventuales problemas sociales que podrían haberse derivado de la inflación. La preocupación con respecto al empleo. La creación de empleo no fue mencionada ni analizada en las negociaciones del DR-CAFTA ni en el proceso de su ratificación por parte de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno guatemalteco. La trágica ausencia de mediciones y análisis con respecto al impacto sobre el empleo de los acuerdos negociados en el contexto del TLC es el elemento que más ha inquietado a la sociedad civil centroamericana y, en especial, a la sociedad civil guatemalteca. La observación de lo acaecido en los sectores de la pequeña y mediana empresa en México, durante los primeros diez años de vigencia del NAFTA, podría anticipar que en Guatemala la actividad de los sectores de pequeña y mediana empresa 8

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podría también disminuir por el cierre de muchas de esas empresas, lo que evidentemente originaría desempleo. Por otra parte, aunque se esperaría que al final del día los nuevos empleos que se creen sean más abundantes que los que se pierdan, la incertidumbre e imprecisión que existen sobre la cuantificación de la nueva actividad productiva que podría originarse como consecuencia de la entrada en vigor del TLC no permiten efectuar estimaciones que razonablemente justifiquen un eventual aumento del empleo que podría compensar el desempleo en los sectores menos favorecidos con ese tratado. En términos de empleo, también existe la preocupación de que la inversión transnacional que se finque en Guatemala así como la inversión interna van a tratar de producir a costos bajos que sean competitivos en Estados Unidos de América con los de las importaciones provenientes de los países asiáticos, incluyendo China, y permitan márgenes atractivos de utilidad para el sector de distribuidores estadounidenses (sector terciario). Lo anterior, unido a la saturación de oferta que existe en nuestro mercado laboral, y mientras se obtienen niveles más altos de productividad, podría llevar a que se establezcan remuneraciones y beneficios aún inferiores a los que ya existen. En consecuencia, un eventual aumento del empleo no se traduciría en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población guatemalteca. Sobre este particular, algunos economistas y sociólogos del país piensan que podría también existir el peligro de que la normativa laboral entre en una fase regresiva para atraer capitales extranjeros al país. II. CONTENIDO DEL TLC Los compromisos del DR-CAFTA se refieren a tres áreas: 1) la liberalización del comercio de bienes; 2) la liberalización del comercio de servicios e inversión, y; 3) aspectos de institucionalidad Liberalización del comercio de bienes. Dentro de esta área se contempla un proceso de desgravación arancelaria y disposiciones relacionadas con normas de origen y salvaguardias. El proceso de desgravación arancelaria. El DR-CAFTA mantiene y consolida los beneficios del Sistema General de Preferencias –SGP- y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe –ICC- para Guatemala y el resto de países centroamericanos y República Dominicana. Antes de la negociación del TLC los sistemas SGP/ICC eran concesiones unilaterales que debían renegociarse de tiempo en tiempo y ajustarse a nuevas exigencias de los países que las otorgaban. Con la negociación del TLC esas concesiones se transforman en permanentes, pero también en bilaterales, lo que les imprime una nueva característica de competitividad y de riesgo, y hace necesario un proceso de desgravación gradual para las importaciones de los países centroamericanos y RD. Adicionalmente, el tratado acepta el funcionamiento de zonas francas y del régimen de admisión temporal mientras lo permita la Organización Mundial del Comercio -OMC-.

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Guatemala y el resto de países centroamericanos incluyendo a República Dominicana podrán, desde el momento de entrada en vigor del DR-CAFTA, exportar a Estados Unidos de América, sin aranceles ni cuotas, el 99% de los bienes manufacturados que producen y el 80% de los productos agrícolas. Para el caso de las importaciones de Centroamérica procedentes de los EUA, el TLC incluye un proceso de desgravación gradual de bienes industriales durante los 10 primeros años, después de lo cual la mayor parte de productos ingresarán libremente. En el caso de los productos agrícolas, la desgravación gradual ocurrirá durante los 15 primeros años. La desgravación acordada en el DR-CAFTA se realizará dentro del ámbito de 8 categorías de desgravación de productos no sensibles y de 14 categorías especiales para los productos sensibles. Quedan excluidos de la desgravación arancelaria el maíz blanco para El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y en el caso de Costa Rica la papa y la cebolla. Los Estados Unidos de América excluyeron al azúcar de la desgravación arancelaria y concedieron una cuota creciente para su importación. La velocidad de la desgravación será diferente entre los países. Guatemala y El Salvador acordaron un patrón más veloz de desgravación; Honduras y Nicaragua uno intermedio y Costa Rica convino en un patrón más lento. Al llegar al término de 15 años, la desgravación abarcará al 100% de todos los productos de Guatemala y El Salvador, mientras que el resto de países centroamericanos liberarán totalmente el ingreso de productos agrícolas hasta llegar al término de 20 años. Estados Unidos de América accedió a que un 89% de sus líneas arancelarias queden sujetas a un acceso libre de aranceles de forma inmediata. Sin embargo, mantendrá un número limitado de bienes sensibles sujetos a contingentes arancelarios (cuotas con preferencia arancelaria), como en el caso del azúcar, carne de bovino, maníes y otros. Guatemala, mediante el proceso de desgravación progresiva, permitirá al inicio de la entrada en vigor del TLC el ingreso de importaciones procedentes de Estados Unidos de América de 40 grupos de productos como gomas, resinas, materiales prensables, etc.; a los 5 años 29 grupos de productos como pechugas de pollo, quesos, etc.; a los 10 años 57 grupos de productos como calzado, jabones, partes y repuestos de automóviles. Hasta los 20 años permitirá la importación de vehículos. Lo anterior significa que al inicio de la entrada en vigor del TLC, Guatemala permitirá el ingreso del 70% de productos estadounidenses, a los 5 años el 90% y a los 10 años prácticamente el 100%, exceptuando automóviles. Normas de origen. Las normas de origen se aplican para el ingreso de textiles al mercado norteamericano. Los textiles ingresarán a Estados Unidos de América sin aranceles respetando reglas de origen. Sin embargo, se permitirá la utilización de hilos e hilazas centroamericanos en la fabricación de telas exportadas al mercado estadounidense, no importando que estos hilos de la región sean elaborados con fibras procedentes de otros países. Asimismo, podrán utilizarse, como si fueran nacionales, las telas producidas por países que tengan tratados de libre comercio con los países signatarios, como en el caso de México. Las materias importadas procedentes de terceros países podrán incorporarse como materia prima nacional para un listado de textiles, bajo la condición de “escaso abastecimiento”. Sin embargo, será necesario que las 10

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autoridades estadounidenses determinen previamente la existencia de condiciones de insuficiente abastecimiento en el mercado de ese país. Salvaguardias. El tratado incluye salvaguardias para el sector de vestuario y textiles y para los productos agrícolas. Además, existen salvaguardias bilaterales y multilaterales o globales. La salvaguardia del sector de vestuario y textiles consiste en un mecanismo transitorio, durante los primeros 5 años a partir de la entrada en vigencia del tratado, que brinda una protección cuando las importaciones de textiles crezcan de tal forma que causen o puedan causar daños en el mercado. Esta salvaguardia no puede durar más de tres años. En el caso de los productos agrícolas las salvaguardias se adoptan exclusivamente bajo la forma de sobretasas y no de restricciones cuantitativas independientes. Estas salvaguardias se aplican de forma automática a una lista de productos cuando la cantidad de importaciones exceda un nivel especificado de activación para cada producto, a partir del cual se considera que un volumen mayor de importaciones podría causar daños en el mercado. Estas salvaguardias serán aplicables únicamente durante el período de transición y la sobretasa arancelaria no podrá ser superior al arancel de nación más favorecida y no estará sujeta a compensación. Las salvaguardias bilaterales se aplican solamente a uno de los socios comerciales cuando exista un eventual daño de mercado debido a un aumento imprevisto de importaciones como consecuencia de la desgravación arancelaria establecida en el TLC. Estas salvaguardias se pueden aplicar únicamente dentro de un período de transición de 10 años para los productos industriales y hasta 20 años para los productos agrícolas. Por otra parte, las salvaguardias multilaterales o globales son aquellas que están previstas dentro de la normativa de la OMC. Liberalización del comercio de servicios y de la inversión. Esta liberalización para la prestación de una amplia gama de servicios y para el trato de la inversión incluye también aspectos controversiales como son la propiedad intelectual y las normas laborales y ambientales. Comercio de servicios. El DR-CAFTA otorga protección y acceso a la prestación de servicios transfronterizos, otorgándoles el trato nacional y el trato de nación más favorecida, y liberándolos de la obligación de contar con una presencia local para el acceso de esos mercados. Este tratamiento es semejante a los tratamientos otorgados en los tratados bilaterales suscritos anteriormente por Estados Unidos de América y con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC. La gama de servicios incluidos es amplia e incluye los de informática, profesionales, entretenimiento y audiovisuales, energía, transporte, construcción, turismo, publicidad, etc. Eventualmente en algunos países signatarios se restringen algunos de ellos. El TLC también contempla la liberalización del comercio de servicios financieros. Respecto a los seguros y servicios relacionados con seguros se otorga trato nacional en el caso del 11

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Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que Costa Rica tiene un plazo mayor para abrir a la competencia los seguros no obligatorios y obligatorios. Los servicios bancarios y otros servicios financieros, excluyendo los seguros, gozan de trato preferencial y recíproco en todos los países centroamericanos y en los Estados Unidos de América. Sin embargo, en el caso de este último país hay que tener en cuenta que las disposiciones para el funcionamiento de bancos extranjeros están contenidas en la legislación federal y estatal y esta última no queda incluida en el ámbito del RD-CAFTA. Se acuerda también un tratamiento de liberalización en materia de telecomunicaciones. El acceso y uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones es amplio y puede ir acompañado de normas regulatorias que sean necesarias para salvaguardar las responsabilidades de los servidores de servicios públicos y proteger la integridad de las redes de telecomunicaciones. La liberalización es menor en el caso de Costa Rica. Inversión. El DR-CAFTA concede a los inversionistas extranjeros un tratamiento similar al del NAFTA (Nord American Free Trade Association) y al del Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos de América. De este modo, se concede a los inversionistas extranjeros trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato y un tratamiento de uso de contienda. El TLC prevé algunas restricciones aplicables a las inversiones y a los servicios en ciertos sectores. Propiedad intelectual. El DR-CAFTA incluye disposiciones sobre marcas de fábrica o comerciales, nombres de dominio en internet, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos conexos, protección de señales satelitales portadoras de programas codificados, patentes y productos regulados. Aunque el plazo máximo para poner en práctica las disposiciones es de 4 años, este varía de acuerdo con los temas y los países. En el caso de las patentes el plazo de protección puede extenderse cuando se atrase su registro por más de 5 años. De esa forma, el plazo de protección de una patente puede extenderse al menos por 3 años adicionales al plazo estándar de 20 años establecido por el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-. Con relación a los derechos de autor el TLC adopta un período de protección de 70 años y promueve la aplicación de medidas penales en caso de violación de estos derechos. En el caso de la protección a las plantas se acuerda, sin ninguna obligatoriedad, hacer los esfuerzos necesarios para otorgarles patente. La concesión de patentes a los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos queda excluida. Por otra parte, los países parte del tratado se comprometen a adherirse y a ratificar los principales compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual. Normas laborales y ambientales. Los compromisos incluidos en el DR-CAFTA en materia ambiental y laboral están orientados a asegurar la aplicación de las legislaciones nacionales en esos campos. Se establecen sanciones en el caso de que el incumplimiento de las leyes esté relacionado y afecte al comercio y a la inversión. Se incluyen los principios y derechos fundamentales del trabajo contenidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y se promueve una mayor cooperación y transparencia entre los países signatarios del tratado. 12

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Asimismo, se acuerda la aplicación de una multa de 15.0 millones de dólares en caso de incumplimiento de las respectivas leyes, que debe ser pagada por el gobierno del país en donde se de el incumplimiento. El DR-CAFTA promueve la incorporación de incentivos y otros mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental así como una mayor transparencia y comunicación entre los países miembros del tratado. También impulsa la implementación de un Acuerdo de Cooperación Ambiental –ACA- que contiene disposiciones similares a las incluidas en el NAFTA. Institucionalidad del TLC En esta área, además de la creación de comités y grupos de trabajo intergubernamentales para la administración del tratado, se tocan aspectos relacionados con el mecanismo para la solución de controversias y asuntos relacionados con la transparencia. Administración del tratado. El TLC establece una Comisión de Libre Comercio encargada de la administración del TLC, integrada por representantes de nivel ministerial que deben reunirse al menos una vez al año. Los deberes de esta comisión son supervisar la ejecución y posterior desarrollo del tratado, resolver las controversias que puedan surgir con respecto a la interpretación o aplicación del mismo, supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme el tratado y conocer cualquier asunto que pueda afectar el funcionamiento del mismo. Asimismo, se contempla un conjunto de comités que tienen por objeto hacer el seguimiento de la implementación de temas específicos. Solución de controversias. El procedimiento de resolución de controversias previsto en el TLC consta de varias etapas que comienzan por la de consultas o negociaciones directas entre los países signatarios del tratado, seguida de la de buenos oficios y mediación o conciliación de la Comisión de Libre Comercio, hasta llegar a la etapa de la constitución de un Grupo Arbitral ad hoc, compuesto por 3 árbitros, que debe determinar si un país ha incumplido con sus obligaciones y, eventualmente, presentar sus recomendaciones. Este mecanismo de resolución de controversias no sólo contempla medidas de retorsión cuando el país infractor no cumpla con la decisión arbitral, sino también la opción de pagar una compensación monetaria equivalente a un porcentaje del producto de la infracción. En el caso de los servicios financieros, el medio ambiente y el tema laboral existen procedimientos especiales de consulta ante órganos técnicos especializados y con listas de árbitros diferentes, siendo probablemente el mecanismo para los servicios financieros el mas flexible, completo y avanzado. Transparencia. En el tratado se incluyen aspectos relacionados con la transparencia de las disposiciones y procedimientos de los gobiernos de los países signatarios. Para esto cada país se obliga a publicar sus normas legales y resoluciones administrativas de aplicación general, notificar al otro país cualquier medida que pueda afectar sustancialmente sus intereses o el funcionamiento del tratado y responder las preguntas del otro país relativas a cualquier 13

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medida vigente o en proyecto. Cada país miembro debe tender a establecer normas que permitan a las personas interesadas presentar sus comentarios sobre las medidas que el Estado pretenda adoptar. Asimismo, se debe permitir que las personas afectadas reciban aviso del inicio de un procedimiento y puedan presentar argumentaciones cuando sea factible. También deben establecerse tribunales imparciales para la corrección de acciones administrativas relacionadas con el tratado, que den oportunidad a que las partes puedan defender su posición y dicten resoluciones fundadas en las pruebas aportadas. En lo relativo a la corrupción, cada miembro signatario deberá adoptar o mantener medidas legislativas necesarias para sancionar a funcionarios o a cualquier otra persona sujeta a su jurisdicción que ofrezca o acepte sobornos, así como mecanismos para proteger a los denunciantes del soborno o corrupción. III. EFECTOS DEL TLC Intentar determinar los efectos positivos y negativos de la entrada en vigor del DR-CAFTA es relativamente difícil dadas las limitaciones de información cuantitativa a que se ha hecho alusión anteriormente. Sin embargo, siendo el mercado estadounidense uno de los principales socios comerciales de Guatemala, ya que es el primero en importaciones más exportaciones y el segundo solamente en exportaciones, hay algunos efectos que caen de su peso y otros que se han observado de lo acontecido con el NAFTA en México. Lo positivo del TLC Funcionarios que estuvieron a cargo de la negociación por parte de Guatemala señalan dos efectos positivos que se refieren, en primer lugar, al caso de los textiles, para los cuales se estabiliza el acceso preferencial existente en los regímenes SGP/ICC y se otorga una mayor flexibilidad en las reglas de origen. En segundo lugar se menciona que la cuota de azúcar para América Central se incrementa de 99,000 TM (toneladas métricas) a 140,000 TM durante un período de quince años. En el caso de Guatemala, la cuota pasa de 32,000 TM en el primer año a 49,820 TM en el último. También se indica que en el TLC se ha acordado y negociado un acceso al mercado de EUA para el 98% de los productos agrícolas de Guatemala (de los cuales un 80% ingresará de forma inmediata), mediante un sistema de aumento de cuotas y desgravación de aranceles, lo cual favorecerá el mantenimiento de un esquema de políticas de desarrollo rural y agrícola para aumentar la competitividad agrícola del país. No hay que pasar por alto, sin embargo, que la liberalización de productos agrícolas es bilateral y que tradicionalmente los EUA aplican el “dumping” en la exportación de productos agrícolas considerados como “sobrantes”. En el caso de algunos productos, como los avícolas, probablemente se requerirá que los países centroamericanos y RD establezcan aranceles compensatorios durante los primeros años para las importaciones fuera de cuota procedentes de los EUA. Además, se señala que el TLC fortalecerá aún más la balanza comercial de Guatemala con Estados Unidos de América en lo relativo a productos agrícolas, balanza que durante los últimos años ha sido superavitaria. Sin embargo, existe el riesgo de que ese comportamiento pueda deteriorarse debido al acceso al mercado guatemalteco de productos agrícolas norteamericanos previsto en el TLC, algunos de los cuales están ampliamente subsidiados. 14

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Adicionalmente se suelen mencionar otros efectos positivos cualitativos como, por ejemplo, las oportunidades de tener acceso al mercado norteamericano y el posible aumento de inversión nacional y extranjera, aunque ambos no son sino oportunidades y posibilidades que para concretarse requieren de mecanismos de apoyo y políticas complementarias que coadyuven en esa dirección. También se hace mención en términos generales de los efectos positivos que podrán derivarse de la ampliación de las relaciones de libre comercio, aunque se trate de un libre comercio administrado. Sin embargo, se deja a un lado el esfuerzo que el país deberá realizar para cumplir con la agenda de liberalización del comercio, especialmente en aquellos sectores sensibles a enfrentar la eliminación de barreras. Asimismo, se indica que se ganan reglas claras y la garantía de que los beneficios que actualmente se obtienen a través del SGP/ICC serán duraderos, ya que con el TLC se adquiere un derecho contractual y una obligación de mantener preferencias arancelarias que ya no dependen de la discrecionalidad de EUA. Sin embargo, no hay que olvidar que dentro del TLC el tratamiento será bilateral y ya no solamente unilateral, como era el caso con el SGP/ICC, puesto que también los productos norteamericanos podrán ingresar libremente al mercado guatemalteco. Existen apreciaciones macro-económicas generales, como la externada por representantes del Banco Mundial, para quienes el DR-CAFTA podría acelerar el crecimiento económico del país, el cual ha sido muy débil durante los últimos años, podría generar mayor empleo y hacer posible la puesta en práctica de un programa de reducción de la pobreza. Obviamente desde un punto de vista macroeconómico los anteriores efectos pueden ser esperados, pero no dependen únicamente de la sola aprobación del TLC, ya que éste no es sino un instrumento dentro de un programa de crecimiento que debe priorizar acciones concretas para obtenerlo y para promover la distribución equitativa de los respectivos beneficios entre todos los ciudadanos. El Banco Mundial también considera positivo el hecho de que en el área rural los negociadores centroamericanos obtuvieron amplios períodos de ajuste (entre 10 y 20 años) y salvaguardas especiales en beneficio de los productores de productos sensibles. Sin embargo, hay que señalar que estos períodos de ajuste y salvaguardas deben de estar acompañados de sólidos programas de asistencia técnica que permitan una transición gradual a un escenario de mayor competitividad y de un proceso de reconversión de los productores que serán afectados con el TLC. Lo negativo del TLC Entre los efectos negativos que analistas y críticos suelen mencionar está, en primer lugar, que el DR-CAFTA incrementa los estándares internacionales que favorecen el monopolio norteamericano de la propiedad industrial, lo que va a encarecer especialmente las medicinas y retrasar el desarrollo científico de la industria farmacéutica en Centroamérica. En segundo lugar, se indica que la apertura del mercado centroamericano a productos agrícolas de Estados Unidos de América, con precios altamente subsidiados, va a debilitar la agricultura centroamericana ya que, como sucedió en México, un número importante de 15

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agricultores centroamericanos no podrán competir con esos precios subsidiados, aunque la calidad de sus productos sea mejor. En tercer lugar se señala que el TLC favorece la apertura del mercado centroamericano para entes financieros y bancos norteamericanos sin que exista una reciprocidad real para abrir el mercado de Estados Unidos de América a la actividad de los bancos centroamericanos. Lo anterior se debe a la dualidad de la legislación federal y estatal estadounidense en materia bancaria y financiera y a que la legislación estatal no queda comprendida dentro de los términos del DR-CAFTA, lo que crea una competencia desigual. En cuarto lugar se indica la inmunidad a la jurisdicción de las leyes nacionales para empresas y personal norteamericanos que operen en ellos. Finalmente, se menciona un mecanismo de compensación en el capítulo tres, por el cual Estados Unidos de América puede no comprar su cuota de azúcar y pagar con azúcar el valor de la cuota a los azucareros centroamericanos que pasan a ser distribuidores de excedentes norteamericanos. Adicionalmente, se señala de forma más general la eventual destrucción y desaparición de la pequeña y mediana empresa, especialmente en el sector agrícola, con efectos negativos sobre el empleo. Asimismo, se menciona un posible retroceso en remuneraciones y beneficios derivados del trabajo, y una eventual normativa laboral regresiva, aparte de que, según algunos analistas políticos, se pierde la autonomía municipal y estatal y se hace más patente la situación de país no soberano. Por otra parte se cuestiona que se conceden a EUA atribuciones de índole laboral que no parecieran ser constitucionales. Hay otros aspectos indirectos, también grandemente cuestionados, como son la eventualidad de que el TLC sea una pretexto para hacer concesiones graciosas a EUA en el campo de las relaciones internacionales y para exigir al país un mayor involucramiento en las actividades relacionadas con la política de seguridad de los EUA. También se cuestiona que ese tratado pueda utilizarse para que tropas de Estados Unidos de América ingresen y permanezcan libremente en el país en labores de vigilancia, supervisión y protección, lo cual, de acuerdo a especialistas en la materia, no estaría de acuerdo con las normas constitucionales. IV. ELEMENTOS POLÍTICOS DETRÁS DEL TLC Lo mágico del TLC para Centroamérica La oferta de Estados Unidos de América de negociar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica no podía pasar desaperciba por los países centroamericanos, ni por Guatemala en particular. Desde la firma del NAFTA, los países centroamericanos habían manifestado en varias ocasiones el deseo de poder acceder a un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América semejante al que se había firmado con México y Canadá. En el año 2001, los presidentes de los cinco países centroamericanos lo solicitaron al presidente estadounidense. Un TLC con Estados Unidos de América era visto por Centroamérica como una panacea para poder incrementar sus exportaciones, dinamizar la actividad económica de sus países, aumentar los niveles de empleo y acceder a mejores niveles de bienestar. Estas expectativas 16

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nunca fueron confrontadas con un análisis racional y objetivo, incluso después de conocerse los problemas que estaba teniendo México con el NAFTA, a los cuales no se les prestó mayor atención en el área centroamericana. Finalmente en el ambiente centroamericano prevalecía la idea mágica de que un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América sería una oportunidad para solucionar los problemas de pobreza en los países centroamericanos. Los objetivos político económicos de los estadounidenses El gobierno de EUA quería alcanzar con la oferta que estaba presentando a centroamérica varios objetivos político-económicos muy importantes para su gestión. En primer lugar, quería mostrar la intención de abrir su mercado a productos de Centroamérica para supuestamente crear mayor empleo en el área y disminuir así el flujo de centroamericanos que emigran a los Estados Unidos de América. En cierta forma era una operación contrición para compensar la política represiva y discriminatoria que EUA ha adoptado contra los inmigrantes centroamericanos y una obvia operación con objetivos electorales de corto plazo. En segundo lugar, perseguía colocar en el mercado de 44 millones de ciudadanos de Centroamérica y RD productos que su mercado no puede absorver y una serie de excedentes de productos agrícolas subsidiados por sus agencias gubernamentales y con endémicos excesos de producción. Sabía de antemano que esos productos en esas circunstancias serían competitivos dentro del mercado centroamericano en términos de precio y eventualmente de calidad. Para esto no le importaba dañar la producción de varios sectores agrícolas centroamericanos y, paradójicamente, tampoco lo veía contradictorio con el primer objetivo. El tercer objetivo era continuar con su aspiración de imponer condiciones adicionales al comercio mundial, especialmente en lo relacionado con las áreas laboral y ambiental, así como imponer, por medio de negociaciones bilaterales, un mayor monopolio estadounidense en lo relacionado con la propiedad intelectual, objetivos por los cuales el gobierno norteamericano ha luchado infructuosamente dentro del seno de la OMC. El cuarto objetivo era el de asegurarse mayores espacios en términos jurídicos y financieros para las inversiones norteamericanas dentro del área centroamericana y granjearse tratamientos privilegiados en esa área. En quinto lugar, asegurar objetivos estratégicos de seguridad continental y lucha contra el narcotráfico, y obtener de los países centroamericanos un mayor involucramiento en el campo de las relaciones internacionales para defender los intereses estadounidenses y en las actividades relacionadas con la política de seguridad norteamericana. Todos los objetivos anteriores encajan con el propósito que tiene EUA de conformar el Area de Libre Comercio de las Américas a través de tratados parciales con países o grupos de países ante la imposibilidad actual de hacerlo a través de un solo y único TLC.

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La candidez y la ausencia de grados de libertad de los negociadores del país En el caso específico de Guatemala la filosofía que privó durante la negociación fue la de que el TLC debería ser acordado con el objeto de que Guatemala no quedara en una posición de desventaja con respecto al resto de los países centroamericanos, los cuales se anticipaba aprobarían a cualquier precio un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América. Además, la mayor parte de la negociación se realizó en un momento en el cual el gobierno de EUA, a inicios del año 2003, no había querido certificar al gobierno de Guatemala ante el Congreso estadounidense en lo relacionado con la colaboración de la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto el gobierno de Guatemala de ese entonces estaba interesado en hacer todo aquello que el gobierno de Estados Unidos de América le pidiera, inclusive con respecto a áreas no directamente relacionadas con la lucha anti-drogas, para obtener de nuevo la certificación. Esta certificación se obtuvo a finales del año 2003, casi coincidentemente con la finalización de la negociación del tratado. Evidentemente esta situación tuvo una gran influencia en la forma como se negocio el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y EUA. Durante el proceso de negociación, los negociadores guatemaltecos debieron de conformarse, en la mayoría de oportunidades, con tomar una actitud meramente pasiva y receptiva ante la posición que manifestaron los negociadores estadounidenses bajo el principio de “tómelo o déjelo”. Al igual que en los restantes países centroamericanos, las negociaciones en la práctica se redujeron al análisis de las propuestas y solicitudes que EUA hizo a Centroamérica, tanto en lo relacionado con los productos y servicios que los estadounidenses deseaban quedaran incluidos por las partes en el TLC, como en lo relacionado con aspectos de calendario y de redacción del acuerdo. Por lo general, el equipo norteamericano presentó sus propuestas y solicitudes con carácter “sine qua non”, es decir que no podían ser modificadas sino en casos excepcionales. En muy raras oportunidades los negociadores centroamericanos pudieron desempeñar un papel proactivo presentando propuestas y requerimientos dentro de esa negociación y, en la mayoría de esos casos, el contenido de tales solicitudes no fue aceptado por los negociadores estadounidenses o fue modificado sustancialmente a favor de los intereses de estos últimos. Es probable que el diseño, calendario y contenido del TLC fueron establecidos previamente a la negociación por el Departamento de Comercio y por el Departamento de Estado de EUA, y el equipo negociador estadounidense se encargó de que fueran aceptados por los centroamericanos como propios. Desde el inicio de la negociación se convino que la redacción oficial del tratado se elaboraría en inglés y no en español. Como han comentado algunos negociadores centroamericanos del tratado, esto ocasionó que, en algunos casos, solicitudes y propuestas que habían sido sugeridas por los negociadores centroamericanos en idioma español y habían sido aprobadas por ambas partes, al ser traducidas al inglés, fueron modificadas sustancialmente a favor de los intereses de los negociadores estadounidenses. En otros casos dio origen a la aparición de supuestos acuerdos verbales a favor de los EUA que los negociadores centroamericanos han desmentido vigorosamente. Finalmente en otros, se redactaron cláusulas poco claras en cuanto a la excepción de la aplicación de la cláusula NMF en el caso de disposiciones para fortalecer el proceso de integración centroamericana. 18

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Entrada en vigor del TLC El TLC entrará en vigor cuando EUA y uno o más de los otros signatarios notifiquen por escrito a la Organización de Estados Americanos –OEA- que para esa fecha han completado los procedimientos jurídicos requeridos en cada país para el efecto. Al 27 de julio de 2005, fecha de la ratificación del RD-CAFTA por parte del Congreso de EUA, Guatemala, El Salvador y Honduras ya lo habían ratificado, mientras que Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana aún no lo habían hecho. Muy probablemente los últimos dos países lo ratificarán en breve. Los presidentes de los EUA y de los países centroamericanos que ya han ratificado el TLC han manifestado su intención de que el acuerdo entre en vigor para todos los países signatarios el 1 de enero de 2006. Los negociadores de EUA han utilizado más bien fechas imprecisas y se han reservado el derecho de calificar si los restantes países signatarios cumplen con los requerimientos necesarios, de acuerdo con su apreciación. Con la enorme presión que está ejerciendo la embajada estadounidense en Guatemala sobre las instituciones políticas del país para que el TLC entre en vigencia, se anticipa que la Corte de Constitucionalidad, independientemente de los argumentos que se presenten para demostrar la eventual inconstitucionalidad de varias disposiciones y procedimientos del TLC, va a declarar sin lugar la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad presentada por varios grupos de la sociedad civil. La oposición al TLC por parte de algunos grupos de la sociedad civil en Guatemala va a continuar en el campo jurídico, pero especialmente dentro del contexto general de una estrategia de oposición política al gobierno y, sin duda alguna, será un tema político durante la próxima campaña electoral de 2007. También es muy posible que continúen actitudes de protesta relacionadas directa o indirectamente con la entrada en vigencia y puesta en marcha del tratado, protestas que se orientarán a resistencias pasivas más bien que a actos violentos o de obstrucción física a las actividades productivas o de libre locomoción. En consecuencia, una vez ratificado el DR-CAFTA por parte de EUA, no se anticipan obstáculos internos para la entrada en vigor del mismo. La ratificación del TLC por parte del Congreso norteamericano no fue fácil y los grupos de interés centroamericanos y estadounidenses a favor y en contra del tratado efectuaron un agresivo “lobby” en la capital estadounidense para presentar sus respectivos argumentos. V. El TLC Y EL DESARROLLO HUMANO Al contrario de lo que ha sucedido con la constitución y ampliación de la Unión Europea, los negociadores del DR-CAFTA y posteriormente los poderes Ejecutivo y Legislativo del actual gobierno de Guatemala no han tenido en mente cuantificar y evaluar los efectos que tendrá la puesta en vigencia del TLC en el ámbito social, especialmente teniendo en cuenta las asimetrías entre los países centroamericanos y los EUA, las que podrían ocasionar que las eventuales oportunidades del TLC puedan no ser aprovechadas eficazmente. El TLC y la pobreza Dentro de los procesos de negociación y ratificación no se han efectuado análisis que indiquen el impacto que el DR-CAFTA puede tener sobre la situación de pobreza del país. 19

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En consecuencia, no existen argumentos estadísticos que indiquen que la pobreza en Guatemala eventualmente podrá disminuir con la entrada en vigencia de ese tratado, aún cuando se esperaría que, si el TLC va a aumentar en forma neta el empleo, la pobreza debería disminuir por la generación de nuevos ingresos que ello conllevaría. Sin embargo, como ya se señaló, con la información estadística de que se dispone en la actualidad, es difícil aseverar de forma razonablemente consistente que el nivel de empleo en Guatemala va a aumentar en términos netos, en el corto y mediano plazo como resultado del TLC. De forma más general puede indicarse que la situación de pobreza en Guatemala va a continuar, independientemente de la entrada en vigor del DR-CAFTA, a no ser que el gobierno y la sociedad en general establezcan, de común acuerdo, una política integral de mediano y largo plazo para disminuir la pobreza. Dentro de dicha política, uno de los elementos principales debe ser el reactivar la economía para hacer posible un mayor crecimiento económico equitativo, que garantice la generación de riqueza y permita hacer viable una política social de distribución más justa de esa riqueza. El DR-CAFTA no necesariamente garantiza en el corto y mediano plazo el crecimiento económico, sino que para ello será necesario que el gobierno y la sociedad pongan en práctica políticas económicas, monetarias y financieras, sociales y político-jurídicas que impulsen en el corto, mediano y largo plazo un crecimiento equitativo de nuestra economía y un desarrollo sostenido de nuestra sociedad. El TLC es solamente una herramienta para esos propósitos. La tarea principal a efectuar, que ha estado pendiente desde hace varios siglos, es la de definir y poner en práctica una política social que favorezca la distribución del ingreso en forma más equitativa que la que existe en la actualidad y que la que ha existido durante prácticamente toda la historia de Guatemala después de la conquista española. Esta política de distribución es también vital para poder anticipar el éxito de la operación del TLC, ya que la misma deberá hacer viable que toda la población, sin excepción, tenga acceso a niveles satisfactorios de educación y a un sistema eficiente de salud, sin discriminaciones ni preferencias, lo que permita que Guatemala forme y construya un país con ciudadanos educados y sanos y, por ende, altamente competitivos y productivos para hacer frente a los retos del comercio internacional y de la globalización. El TLC y la democracia En el ámbito del comportamiento social el DR-CAFTA puede ser un estímulo para que la sociedad intensifique la búsqueda de modalidades de convivencia que le permitan funcionar como una sociedad más estable, más productiva, más democrática, más justa y equitativa, más segura y con un más alto bienestar que en la actualidad. Pero también el TLC podría llegar a ser una nueva fuente de problemas sociales, económicos y políticos por la desaparición de empresas pequeñas y medianas que podría traer consigo, especialmente en el ámbito rural, y el consiguiente desempleo que ello podría causar. Es necesario que el gobierno permita una mayor participación de la sociedad civil para reducir el grado de confrontación que ha suscitado la ratificación y entrada en vigencia del TLC. Se requiere de un mayor ejercicio de la democracia que necesariamente entraña una 20

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activa participación de los ciudadanos, una mayor capacidad de diálogo y tolerancia, y la creación de espacios políticos. Asimismo, es necesario contar con un liderazgo inteligente y conciliador de parte del gobierno, con una clara perspectiva del país, sus necesidades y de su futuro. En términos culturales el TLC va a incrementar la presión cultural de los EUA sobre la región centroamericana, lo que podría dificultar aún más la obtención de una visión nacional sobre nuestro futuro como país y sobre nuestra misión como sociedad. La desarticulación de nuestra cultura, costumbres y tradiciones podría dificultar la formación y adopción de ideologías políticas que puedan ayudarnos en la búsqueda de formas y procesos propios para desarrollar nuestro país y convivir en él. VI. EL TLC PUEDE LLEGAR A SER UN INSTRUMENTO UTIL Dejando a un lado los eventuales efectos negativos que son importantes y deben de ser discutidos y analizados abierta y democráticamente para tratar de paliarlos y aminorarlos, hay que reconocer que el DR-CAFTA facilita las exportaciones de textiles fabricados en Guatemala hacia el mercado estadounidense y podría consolidar el crecimiento que ha manifestado esta industria durante los últimos años. La industria de textiles proporciona trabajo a alrededor de 150,000 personas en el país y los niveles de productividad han mejorado ostensiblemente. La liberalización del comercio de textiles a nivel mundial que entró en vigor el 1 de enero de 2005 preocupa al sector textil guatemalteco, debido a la enorme competencia que en ese sector representa China, en donde aproximadamente 4.3 millones de operarios se dedican exclusivamente a trabajar en ese sector y cuyas autoridades económicas han indicado que tienen como objetivo económico vestir y calzar al 90% de la población mundial en el año 2015. Según expertos en la materia, la eliminación de las restricciones al comercio textil y de vestuario que entraron recientemente en vigor podría hacer subir de 16 a 50 por ciento la participación de China en el mercado mundial de la ropa, lo que podría dejar fuera del escenario comercial a varias regiones del mundo, incluyendo a Centroamérica. El DRCAFTA puede aminorar ese impacto para los empresarios centroamericanos de textiles, ya que cuenta con medidas de acceso que permiten a las fábricas centroamericanas de textiles penetrar el mercado estadounidense sin restricciones. Aparte de los beneficios del incremento de cuota para el sector azucarero, hay también toda una serie de productos de exportación llamados no tradicionales, dado su reciente historial de exportación, que también pueden beneficiarse con la entrada en vigor del TLC, lo cual es positivo ya que robustecerían los esfuerzos del país para diversificar su producción exportable y para no mantenerla concentrada en productos tradicionales de agroexportación. En el sector de productos de exportación no tradicionales trabajan numerosas empresas medianas y algunas pequeñas intensivas en uso de mano de obra semicalificada y durante los últimos años han sido un elemento activo en la generación de actividad económica del país.

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Otras empresas que podrían beneficiarse con la entrada en vigor del acuerdo son las industrias manufactureras de bienes complementarios menores, como accesorios, utensilios y herramienta industrial, los cuales se producen con una relativamente intensa mano de obra. Sin embargo, el DR-CAFTA no es sino un instrumento o herramienta que debe estar incorporado dentro de un programa y estrategia nacional de crecimiento económico, desarrollo social y modernización institucional. Esto sugiere la necesidad de que el gobierno defina y adopte a la brevedad posible un programa integral de desarrollo económico, social y político que coadyuve y haga más eficaz los esfuerzos para concretar las ventajas que puedan obtenerse a través del TLC. El Congreso y el Gobierno de la República se han comprometido a aprobar un conjunto de leyes que preparen y fortalezcan a los sectores de la sociedad civil, tanto productivos como laborales, así como a los consumidores para aprovechar las ventajas del TLC, hacer frente a sus retos y minimizar los eventuales efectos negativos del mismo. Aunque hasta el momento no se tiene un conocimiento del contenido de ese conjunto de leyes, se espera que las mismas estén enmarcadas dentro del contexto de un programa integral de desarrollo económico, social y político que el gobierno debe definir, para que las mismas sean útiles y estén articuladas dentro de la problemática de desarrollo del país. Cinco son las áreas fundamentales donde debe de concentrarse el esfuerzo nacional: 1) la ampliación y continuación de programas de reformas y de modernización en diferentes sectores; 2) la obtención de un consenso nacional sobre la necesidad de mantener una política fiscal fuerte y transparente y una política monetaria original, proactiva e independiente; 3) una mayor inversión en recursos humanos –educación y salud- y en recursos físicos y tecnología; 4) una mayor participación de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en el proceso de toma de decisiones dentro del ámbito de las políticas económica y social y; 5) la conformación de un marco jurídico bien definido, claro, permanente y debidamente institucionalizado que garantice la seguridad y certeza de personas y empresas, fomente la inversión e incremente la productividad. VII. CONCLUSIONES El DR-CAFTA es una herramienta y no un sustituto de un programa de desarrollo económico y social que el país necesita para poner las bases sólidas de su despegue, programa que desafortunadamente aún no se ha definido. Dentro de este programa de desarrollo es absolutamente necesario establecer acciones que promuevan el crecimiento económico y su equitativa distribución en la sociedad. Asimismo, es indispensable que se afiancen los esfuerzos para fortalecer la democracia y hacer posible una mayor participación de la población en los procesos de toma de decisiones nacionales y en la auditoría que la ciudadanía debe efectuar de las acciones de los tres poderes del gobierno. Dentro de la perspectiva del crecimiento, la inversión en recursos físicos y humanos tiene una importancia crucial. En ese sentido, las disposiciones del TLC encaminadas a promover la inversión nacional y extranjera pueden considerarse como positivas. Sin embargo, en lo que se refiere a la inversión social, es necesario contar con una política fiscal robusta 22

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transparente y eficiente, y que el gobierno y la sociedad en general pongan en práctica programas prioritarios y eficaces en las áreas de educación y salud que aumenten la cobertura de la educación, mejoren su calidad y permitan el funcionamiento eficiente de un sistema de salud curativo y preventivo para toda la población. Lo mismo puede decirse de las actividades encaminadas a conformar un marco jurídico claro y permanente que garantice la seguridad y certeza de las personas y empresas, y combata eficazmente la criminalidad y la corrupción. Las actividades del sector externo, especialmente las exportaciones, son un elemento dinámico y vitalizador del proceso de crecimiento. Por ello también es positivo el TLC ya que promueve un aumento de exportaciones. Lo que debe quedar claro es que un aumento del empleo y del bienestar en general depende fundamentalmente de políticas de crecimiento económico, formación de recursos humanos y apoyo a la productividad. Muy probablemente el DR-CAFTA va a ser ratificado por todas las partes y será necesario que el área centroamericana y, en particular Guatemala, se concentren en la serie de políticas y medidas que deben de adoptarse para facilitar la puesta en práctica del mismo, fortalecer los efectos positivos que pueda causar y disminuir y amortiguar los efectos negativos que trae consigo, tanto el acuerdo en sí como el tener como socio comercial a EUA, país con el cual existen grandes asimetrías y, además, tiene objetivos exclusivamente comerciales y políticos con la firma del tratado y no precisamente de cooperación para el desarrollo. Esto manifiesta la necesidad y conveniencia de que se continúe con la discusión y análisis de los acuerdos y compromisos incluidos en el mismo y que se propongan oportunamente eventuales modificaciones o complementos que puedan adoptarse en el futuro y favorezcan al área centroamericana. En consecuencia, el gobierno y la sociedad deben permitir y favorecer la actual discusión sobre los términos del acuerdo y respetar los diferentes puntos de vista, aunque estos no necesariamente estén de acuerdo con los intereses de corto plazo que parece mantener el actual gobierno con respecto a la adopción del TLC. Expresiones tales como la de que ya no se debe perder el tiempo en discusiones sobre el TLC y hay que ponerse a trabajar en el mismo, aparte de simplistas ya que las primeras no excluyen lo segundo, manifiestan veladamente posiciones contra la democracia y la actividad participativa de la sociedad civil a la que el país tiene derecho y no debe de renunciar. En resumen, quedarnos dentro del TLC puede ser más positivo que el estar afuera. El país necesita prepararse y afrontar positivamente los retos del TLC dentro de una acción concertada gobierno-sociedad civil para aprovechar las ventajas y aminorar los efectos negativos, así como para asegurar que los beneficios de ese tratado se compartan suficiente y ampliamente entre la población. Dentro de esta tarea, la obtención de mejores niveles de educación, salud, infraestructura, competitividad, gestión empresarial, certeza jurídica y seguridad, acompañadas del fortalecimiento y eficiencia de las finanzas públicas y la puesta en práctica de una política monetaria original, proactiva y de apoyo al crecimiento económico serán la clave del éxito.

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