De choros, maquiavelos y estafaos

Estafas inmobiliarias en Venezuela

Gerónimo Pérez Rescaniere

De choros, maquiavelos y estafaos

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De choros, maquiavelos y estafaos Estafas inmobiliarias en Venezuela

presentación

Gerónimo Pérez Rescaniere CORREO DEL ORINOCO Alcabala a Urapal, Edificio Dimase, La Candelaria, Caracas-Venezuela www.correodelorinoco.gob.ve - Rif: G-20009059-6

Directorio Hugo Rafael Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Andrés Izarra Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información Alejandro Boscán Viceministro de Estrategia Comunicacional Lídice Altuve Viceministra de Gestión Comunicacional

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a clase media venezolana, al igual que el resto de la población, ha sido vulnerable a las acciones especulativas del capitalismo. La endémica problemática de la vivienda, heredada de la aplicación de medidas neoliberales y el supuesto “libre mercado”, nos llevó a una crisis que el Gobierno Bolivariano asumió con una contundente respuesta para proteger a los compradores y resguardar sus bienes inmuebles que habían sido secuestrados por “maquiladores” de oficio, los emprendedores del vampirismo económico. A diferencia de las prácticas estafadoras del sector empresarial privado, el pueblo venezolano se está beneficiando de la Gran Misión Vivienda Venezuela, compromiso solidario y socialista, humanismo de verdad.

Edición y corrección: Ricardo Romero Diagramación: Saira Arias

Depósito legal: Lf2692012320758 Impreso en la República Bolivariana de Venezuela en la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial Febrero, 2012

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Este es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y créanme que yo el problema de la vivienda lo he tomado ya como algo personal, es un problema mío, de Chávez pues, y no descansaré pero nada, en la búsqueda de soluciones al drama heredado producto de la maldición del capitalismo. Hugo Chávez Frías

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2010

El miércoles 15 de septiembre de 2010, el departamento de prensa de YVKE Mundial / RNV cuelga en Internet una noticia que dice: “Ejecutivo Nacional convocará bancos involucrados en estafas. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas en todo el país, en más de 50 urbanismos investigados. Todos los bancos relacionados con estas empresas inmobiliarias serán llamados para que rindan sus declaraciones en el procedimiento administrativo que se ha abierto en el Indepabis. Así lo anunció este martes el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, quien fue entrevistado en el programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión. Continuaba la noticia: El Gobierno Nacional instaló este lunes una mesa de alto nivel para investigar a fondo las denuncias de cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y estafas sistemáticas practicadas por diversas empresas inmobiliarias, que ha afectado a más de 167.000 familias en el país. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas incursas en esto, en más de 50 urbanismos investigados.

El INPC fue regulado en abril de 2008 para fijar un indicador aplicable a los costos de las viviendas de acuerdo a la inflación nacional de bienes y servicios. En 2009 se decretó la prohibición de aplicar el INPC para la adquisición de vivienda en manera de alícuota 7

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o porcentajes. No se detalló si éste tendría carácter retroactivo, aspecto que plantearía una discordia en la interpretación. El sector de la construcción solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia una interpretación, la cual corroboró el dictamen estatal, pero el cobro del INPC por las empresas continuó de manera ilegal. Durante la entrevista, Canán comentó que también existe la coacción de las empresas constructoras hacia las entidades bancarias. Explicó que, al principio, los bancos aprueban un crédito habitacional al comprador, porque algunas inmobiliarias trabajan directamente con algunos bancos privados. Luego, por coacción de la misma empresa constructora, las instituciones bancarias cancelan el crédito al comprador, que posteriormente no tiene cómo responder al pago acordado. “Eso lo estamos estudiando, porque no puede haber ningún tipo de coacción por parte de la empresa constructora y tampoco por el banco”, aseguró el ministro. Nuevas noticias hablan de la estafa inmobiliaria: “Dejaron de entregar 150 mil viviendas”. Un total de 150 mil viviendas no fueron entregadas a sus propietarios. Alrededor de 100 mil fueron culminadas, pero no se entregaron a las personas que pagaron por ellas, con la intención de que cancelaran cuotas adicionales calculadas de manera ilegal. A esta cifra se suman los casos de las viviendas que no han sido construidas. Total, 150 mil es la cifra de víctimas por estafas inmobiliarias.

guraba además un trato diametralmente distinto al que se le daba a estos casos en los gobiernos de la Cuarta República. Compárese lo que se va a leer a continuación con el manejo aplicado a la bancarrota bancaria de los 90 en la que desaparecieron 10.000 millones de dólares. El gobierno de Rafael Caldera enviaba las patrullas a rodear los aeropuertos privados de los inculpados, pero los policías sólo entraban a estos cuando las avionetas de los ladrones estaban en el aire.

Informa un cable de la Agencia Venezolana de Noticias del 19 de noviembre de 2010 los trucos terribles que usan los tracaleros: Proyectos habitacionales paralizados, cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), conformación de asociaciones civiles para evadir responsabilidades, resolución unilateral de contratos, transferencias a nuevos desarrollos y entrega de apartamentos en condiciones inferiores a las acordadas, son algunos de los mecanismos de estafa que la Sala Situacional Inmobiliaria ha detectado en la compra y venta dolosa de viviendas en proceso de construcción.

Con la notificación ministerial, si no antes, comenzaba la investigación de una de las estafas más agresivas cometidas en Venezuela. Se inau-

Hay, pues, que recurrir al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) para tratar con estas fieras, que siempre se presentan de lo más ejecutivos, gerenciales y computarizados, nunca con un antifaz y un pañuelo de gitano amarrado en la parte de atrás de la cabeza, como repre-

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sentan a los bandidos en las comiquitas. Ofrecen, en la primera etapa, que es la de pre-venta, igual que el comerciante decente, que también lo hay, “excelentes planes de pago”, cautivan con propuestas de reservar hasta con sólo 4.000 bolívares. Después de la preventa se inicia la fase crucial del negocio, la opción de compra, en la cual el cliente “amarra” la negociación mediante la entrega de un porcentaje de la inicial del inmueble, que puede oscilar entre 30% y 40%. Para pagar el resto, las inmobiliarias establecían un plazo de 18 a 24 meses. A esos pagos se sumaban, además, cuotas “especiales”, por lo general tres pagos extras de entre 20 mil y 50 mil bolívares cada uno. Y decían a sus clientes que hay que hacer el negocio porque después el apartamento valdrá más. Pero, qué problema, de pronto la cuota inicial crecía en alrededor de 150%, excusándose el vendedor en una supuesta escasez o aumento de los precios de los materiales para la construcción.

no todo era dureza. Se ofrecían transferencias a nuevos desarrollos habitacionales que supuesta o realmente estaban más avanzados. Eso sí, debías firmar otro contrato con un nuevo precio.

 ata Linda, atropello a los empresarios M que hacen grande a una sociedad

El incremento de las ganancias por retraso de las obras agarraba aspecto de seriedad al referenciarse con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Estado prohibió cobrar el INPC, pero las inmobiliarias les exigieron a los compradores firmar un segundo contrato para camuflar este pago bajo otros conceptos. Si te retrasabas en el pago de mensualidades y cuotas “especiales”, debías cancelar una multa. El monto oscilaba entre 20 mil y 50 mil bolívares, lo que generaba que el precio de la vivienda subiera al menos 15%. Pero

Para el 3 noviembre de 2010, Mata Linda era uno de los seis urbanismos intervenidos por el Ejecutivo Nacional en un procedimiento del tipo que la periodista Marta Colomina presentaba como una muestra de atropello a los empresarios que hacen grande a una sociedad. ¿Eran esto? Adelantado por la empresa CostrucTuy en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, el proyecto Mata Linda tenía más de cinco años con la obra paralizada. Al mismo tiempo, los compradores del Complejo Habitacional Los Pinos II, ubicado en los Altos Mirandinos, eran extorsionados con el cobro ilegal del INPC. Si no se “bajaban” podían esperar, de hecho, los “renuentes” tenían entre dos y cuatro años esperando los apartamentos. El día 4 informó Aurora Hernández, la titular del Indepabis, la entrega de 62 apartamentos a sus propietarios: “Desde el día de hoy pueden tomar posesión de las viviendas y hacer las modificaciones que a bien tengan”. La entrega era realizada con un acta temporal y en consecuencia los propietarios podían solicitar los servicios de agua, energía eléctrica y gas, entre otros. “El acta es temporal y no es de protocolización, pero está blindada desde el punto de vista legal con las atribuciones que tenemos desde el Indepabis”, aseguró Au-

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Disfrazando la estafa

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rora Hernández y explicó que similar acto de entrega de residencias se había ejecutado en el complejo habitacional San José del Ávila e instó a los ciudadanos que hubieran sido estafados con situaciones similares a que acudieran al Indepabis en todo el país, para hacer valer su derecho legítimo a la propiedad. En la Sala Situacional contra la estafa inmobiliaria instalada en el Consejo Legislativo del estado Yaracuy (CLEY), se habían recogido más de 120 denuncias por estafas inmobiliarias, ofertas engañosas, cobros ilegales e incumplimiento de los lapsos de entrega. Los reclamos involucraban principalmente a seis urbanismos. Como siempre, otra de las acusaciones contra las empresas constructoras es por cobro ilegal del INPC. Los urbanismos en los que se han presentado las irregularidades son hasta ahora Yukarai, Prados del Norte, Iracoy, El Valle, la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV) Unidos por Nuestra Vivienda y la OCV Urachiche. ¡Cuánta astucia hay en el diseño del nombre Unidos por Nuestra Vivienda! ¡Cuánta estafadora comprensión de las muy humanas aspiraciones de la gente! Unidos por Nuestra Vivienda es un proyecto habitacional de la empresa Provaferca que, luego de estafar a 131 familias, se fue del Yaracuy y dejó el terreno hipotecado, aunque fuera de la comunidad. Debía entregar 131 casas, pero sólo construyó 40, que se encontraban en mal estado. Esto de las “Organizaciones Comunitarias de Viviendas” se parece demasiado, pero lo que se dice demasiado, a las Organizaciones no gubernamentales

(ONGs). De las ONGs se terminó sabiendo que son inventos de la CIA, parte de los paquetes de desdemocratización legal que vinieron anexos a los paquetes económicos. Cuatro gatos se reúnen en un bufete y constituyen una asociación —tú eres el presidente, tú eres el vocal de la comunidad, tú el abogado—, le ponen un nombre (“Alerta popular”, “Observatorio de prisiones”, “Ojo electoral”, “Democracia de Venezuela”, “Alerta democrático”) y a representar a la comunidad se ha dicho… Una comunidad que no los eligió ni sabe quiénes son, que se entera de que está representada cuando ve a los flamantes miembros de la ONG declarando por Globovisión. Eso es estafa de un tipo; esto de las OCV resultó lo mismo. El vicepresidente del CLEY, Ángel Gamarra, también comentó el caso del urbanismo Iracoy, ubicado en el municipio San Felipe: en 1991 debía concretarse la entrega de estas propiedades familiares y en 2010 eso no había ocurrido. Diecinueve años tenía la gente esperando, tiempo de que un hijo crezca y, de repente, hasta te haga abuelo. “En la actualidad —precisó Gamarra— el conjunto está ocupado por familias que no son las que las pagaron originalmente”. ¿La compañía vendió dos veces? Otra de las estafas es la de la empresa Milenium 3.000, la cual cobró 23.000 bolívares para la reserva de la parcela en el año 2008 y hasta la fecha no se había visto la primera casa. Yaracuy era terreno minado, pues poco después se descubre el caso de los Townhouse San Antonio. Hay siete casos de doble venta en la primera etapa del ur-

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Unidos por nuestra vivienda

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banismo y dos en la segunda. La constructora Siete 13, responsable de la obra, estaba vendiendo propiedades familiares de una tercera etapa que no existe. Las cosas rentables se repiten, es natural, como en el caso de los procedimientos de estas empresas: primero fijaban un precio a las propiedades y luego iban incrementando el costo inicial a pesar de que, entre otras cosas, muchos de los terrenos donde construían fueron donados por los municipios.

decidí iniciar las gestiones”, explicó José Luis Gutiérrez, un contador público víctima de estafa inmobiliaria por parte de la constructora Edivial Compañía Anónima. A mediados del año 2007, Gutiérrez entregó la inicial del precio de venta del apartamento de 70 metros cuadrados, el cual estaba valorado en 218 mil bolívares. “Nos dijeron que se trataba de una Asociación Civil y que al pagar nos convertíamos en asociados, por lo que ellos iban a trabajar con nuestro dinero para adquirir materiales y pagar a los obreros”. Había evaluado mal los riesgos José Luis Gutiérrez a pesar de ser contador, pues confiesa que “Con el tiempo supimos que la empresa realizó transferencias de fondos de nuestra asociación a otras en las que también tienen participación y que el terreno donde se edifica la obra aún no está registrado”. Este es un caso de estatismo. El simple ciudadano, el simple ser humano, no está capacitado para luchar con monstruos profesionales de la estafa. A la hora de dar los reales actuó de acuerdo a sus posibilidades individuales, pero a la hora que salió el diablo, sólo el Estado lo podía salvar, mediante leyes, cuando las hay, y ahora por intervenciones ejecutivas fue reivindicado y salvado. Hasta la fecha había cancelado 305 mil bolívares, es decir, 87 mil bolívares más que el costo establecido como precio de venta del apartamento. “Lo más insólito no es lo que he pagado de más, sino que pretenden que pague hasta llegar a 605 mil bolívares. La obra aún está en fase gris (obra limpia) y justo una semana antes de que el

La Tahona te mata

La noticia, del 10 de noviembre de 2010, bajo la firma de Yahana Morales está adornada con la fotografía de cuatro grandes edificios de color rosado (ladrillo) con bonitas escaleras exteriores y unas terrazas de cemento cuyo gris afean manchones de agua sucia. El pie de foto reza: “Las obras del Complejo Urbanístico Terrazas de La Tahona están listas en un 70%”. El artículo narra: Las 17 familias que iniciaron la lucha para recuperar los inmuebles por los que llevan cuatro años de sacrificios, y que fueron estafadas por la constructora responsable del Complejo Urbanístico Terrazas de La Tahona, aseguran que además de los perjuicios económicos, han sufrido daños morales, emocionales y de salud. “Yo inicié los trámites para adquirir apartamento en este complejo habitacional en el año 2006, cuando supe de su construcción. A mis 35 años de edad me sentía emocionado por la opción de tener vivienda propia y después de valorar los riesgos de inversión y sacar cuentas 14

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presidente Chávez anunciara las medidas de expropiación y ocupación inmediata, notificaron que faltaba un ajuste por aumento de precio del material, escasez y mora de varios asociados”. Si un dramaturgo escribiera un parlamento con las palabras de la confesión de José Luis Gutiérrez, sería acusado de presentar pasquines políticos, de militante del realismo socialista. Sigamos oyéndolo: “Yo soy casado y con un hijo y necesito mi apartamento, por el que pago puntualmente. Antes de meterme en esta inversión, que resultó ser una gran trampa, vivía alquilado. Ahora estoy arrimado en casa de familiares. En este inmueble tengo colocado todo mi dinero y el sacrificio de muchos años de trabajo. Pagué cuotas de 21 mil bolívares por mes”. En una reunión de asociados les hablaron de un incremento en el precio, que resultó ser el INPC con otro nombre, y como dijeron que no estaban dispuestos a pagar esa diferencia, los amenazaron con dejarlos en la calle. Gutiérrez confesó que ante la amenaza, llegó a valorar la posibilidad de pagar. “Por miedo a perder todo lo que había aportado. Mi temor crecía cada día más, al ver a mi familia. A mí me ofrecieron el apartamento para diciembre de 2009, hace casi un año. Sólo 17 familias afectadas iniciamos la cruzada, pero ya otras se están sumando”, concluyó.

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Con la tensión en 180

También ese fue el caso de Carmen Camacho y Julio César Uzcátegui. Son ingenieros químicos y esposos desde hace casi tres décadas, tiempo durante el cual han vivido pagando alquileres, echando dinero en saco roto. En 2006 decidieron adquirir vivienda propia, pensando en el futuro de sus tres hijas y sus futuros nietos. “Nos enamoramos del proyecto, que atraía con una publicidad vistosa y promesas de pronta entrega. Negociamos la adquisición de un apartamento de 95 metros cuadrados por un monto de 321.100 bolívares pagaderos en 44 cuotas y con una promesa de entrega para diciembre de 2009”. Cada fin de semana, el matrimonio Uzcátegui Camacho visitaba el lugar esperando encontrar movimiento en los terrenos, máquinas o materiales, pero no fue así, vieron pasar dos años en los que la obra no avanzó. “Cuando empezó la construcción, nos convocaron a una primera reunión. Allí nos informaron de un aumento en el precio de 3 mil a 5.500 bolívares por metro cuadrado de construcción, alegando que los precios de los materiales habían subido. No habían pasado dos o tres meses cuando nos dijeron que de 5.500 bolívares el aumento había pasado a 7 mil por metro cuadrado, lo que elevó el precio del apartamento a 794 mil bolívares, es decir, 168% más”, concretó. El retrato de un frente redondo y gris adorna también el artículo. Es la terraza del edificio. Abajo un tanque azul, de plástico, y muchas cabillas al aire hablan de trabajos de construcción, pero no de obra terminada. 17

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Ante esta situación, Uzcátegui y otros afectados acudieron a la sede del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, el 6 de agosto de 2009, y a la sede del Indepabis, el 3 de septiembre, para denunciar oficialmente lo que ya consideraban una estafa. “El ministerio nos instó a no realizar los pagos adicionales, tal y como consta en el expediente número 0877, y así lo hicimos”, puntualizó Carmen Camacho. El núcleo familiar de estos ingenieros está integrado por seis personas, entre otras la madre de uno de los esposos. No son pobres, viven alquilados en un anexo en la urbanización Prados del Este, por el que pagan 2.500 bolívares al mes, pero estaban asustadísimos. “Para completar, donde vivimos nos solicitaron la desocupación para enero del año que viene y ya no sabemos adónde ir. Mi esposo ha sufrido dos infartos, uno de ellos producto de este proceso angustioso, por lo que yo me he visto en la necesidad de seguir la lucha”, acotó Carmen Camacho. Cuando les comunicaron el aumento del precio del inmueble, el señor conversó con el dueño de la constructora para ofrecerle, en pago, un apartamento en Mérida, pero “nos dijeron que aceptaban el apartamento para saldar parte de la deuda, pero no nos aseguraban fecha de entrega del inmueble ni nos decían si podían mantener el precio. Esa situación casi nos volvió locos”. Cada vez que veían el calendario y el saldo en sus cuentas bancarias querían llorar.

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La defensa de Marta Colomina

Edivial es otro caso que hubiera ameritado la defensa de Marta Colomina. La abogada Andreína Marchán y su esposo pagaron la inicial del monto de venta de un apartamento en Terrazas de La Tahona en 2006. “Negociamos por un inmueble de 140 metros cuadrados por un precio de 354.900 bolívares, que con el pasar de los años llegó a 908.975 bolívares. Yo fui una de las que empezó a pelear con los dueños de la constructora, quizá por ser conocedora de las leyes y saber que estaba en presencia de un timo. El desgaste emocional es impresionante, sin hablar de la salud y de los problemas familiares”. Cuando ella y su pareja negociaron la compra, tenían un hijo; a estas alturas ya tienen dos. Viven en la casa de su suegra. “Los muebles los tengo en un local alquilado por el que pagamos 4.500 bolívares al mes. Vivo arrimada y mi esposo trabaja de lunes a lunes, casi las 24 horas del día. Por culpa de esta estafa he tenido problemas con mi familia, pues me decían que era nuestra culpa por tomar una mala decisión y que seguro perderíamos todo”. La joven profesional dice que ha perdido su vida social y que en los últimos años ella y su pareja han entregado “todo el fruto de su trabajo y sacrificio a esta gente, que no sabe valorar a las personas y las engaña impunemente. En un momento, llegué a pensar que de verdad la tenía perdida y que iban a poder más que nosotros. La emoción no me dejaba pensar bien cuando escuché la medida presidencial por cadena nacional, lloré de la emoción. “Nos tomaron en cuenta”, era lo único que pensaba, porque es muy difícil volver a creer cuando la esperanza se ha perdido”. 19

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Una parálisis del lado izquierdo del cuerpo

fueran hasta que sintieron el ácido. Con el duro lenguaje del concreto, estos ciudadanos aprendían que a la hora de los millones nadie va a decirles: “Tú te salvas porque eres escuálido”. Y desde luego, debieron sentir un alivio inmenso al oír al presidente Chávez proclamar en cadena: “Y no descansaré pero nada, en la búsqueda de soluciones a este drama heredado, producto de la maldición del capitalismo”.

Para Reyna González de Real, los estafadores inmobiliarios deben pagar con cárcel su delito, porque no sólo causan perjuicios económicos, sino morales y psicológicos. “Yo hice un convenio de asociada por 476 mil bolívares para adquirir un apartamento de 128 metros cuadrados más 80 metros cuadrados de terraza, eso fue en 2006. Cuatro años después pretendieron que cancelara 1 millón 20 mil bolívares por el mismo inmueble. Para dar la inicial de compra en el conjunto residencial, vendí un terreno, un carro. Varios de mis familiares ayudaron, como mi mamá y mi suegra. En la actualidad vivo alquilada, pagando 10.500 bolívares por mes, ya que tuve que buscar un apartamento grande donde cupiesen todas mis cosas”. “Los ahorros de 12 años de matrimonio están aquí, entre cabillas y bloques. A consecuencia de este problema, mi esposo sufrió una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, y, a pesar de haber ido a decenas de médicos, no dan con una cura efectiva. Para nosotros eso es resultado del estrés vivido, de las angustias y miedos de quedarnos sin apartamento, sin dinero, con tres hijos y sin techo propio. A mí me salieron dos nódulos en la garganta por las mismas razones”. Reyna pide que esto sirva de ejemplo y que los responsables tengan una sanción administrativa y penal: “No se puede ir por la vida haciendo daño a familias inocentes, esperanzadas y con sueños”. Es lógico, es casi seguro, que muchas de estas personas de clase media sean adversas a Chávez. O que lo 20

13 noviembre de 2010

“El año que viene la pesadilla ya debe haber culminado y cada uno de los copropietarios tendrá su vivienda”, señaló el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina al día siguiente. Añadió: “El Gobierno está haciendo entrega de inmuebles que los urbanizadores no habían otorgado a sus respectivos propietarios, al parecer debido a que pretendían utilizarlos como herramienta de coacción para el cobro ilegal del INPC y cuotas excesivas. El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat continuará la construcción de 5.042 apartamentos que forman parte de los seis urbanismos que fueron objeto de expropiación, con la finalidad de que los legítimos propietarios reciban sus inmuebles”. Aquel noviembre de 2010 estaba encendido con el “parao” a las estafas inmobiliarias. El diputado Augusto Montiel aseveró que aunque no todos los empresarios son estafadores, muchos se han amparado en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para cometer delitos contra las familias.

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Expropiación

El que vamos a narrar a continuación es un caso que debería ser defendido por una de las periodistas bonitas de Globovisión, los delincuentes que aquí se nombran deberían ser entrevistados por el Matacuras, saludados con el tono exultante (insultante también, pero es otra cosa) que el Mata ha impuesto. Matar a los compradores de apartamentos es aplicación del mismo sistema de capitalismo desregulado que parió a Globovisión y a sus hijos. El caso es que el 31 de octubre de 2010, el presidente Chávez firmó el decreto de expropiación de seis desarrollos urbanísticos y dictó medida de ocupación temporal sobre otros ocho. Y además existe un tercer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medida de enajenamiento que le permite al Estado supervisar las obras. En reportaje fechado en Caracas, el 16 noviembre de 2010 (texto: Roy Salas), se especifica: Desde el año 1996 hasta enero de 2002 miles de familias venezolanas perdieron sus viviendas al ejecutarse las hipotecas por los créditos indexados y las llamadas cuotas balón (mucho las combatió Darío Vivas, acotamos nosotros, acorraló a varios de esos sinvergüenzas). Por esta situación, en el año 2005, el Ministerio Público imputó a siete directivos de entidades bancarias por la presunta comisión de delito de estafa y usura, y se les dictó medida de prohibición de salida del país. Entre los empresarios señalados por la Fiscalía General de la República se encontraba quien para la fecha era presidente del 22

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Banco Provivienda (Banpro, liquidado en el año 2009 por falta de fondos). Cinco años después de aquel señalamiento, el mismo nombre vuelve a relacionarse con los casos de estafas en Venezuela. En esta oportunidad por los cobros ilegales que la constructora Grupo Eiffel realizó del INPC y el incumplimiento de contrato en los seis conjuntos residenciales que está ejecutando esta empresa.

Algún tiempo antes, el diputado Braulio Álvarez había planteado que se realizara un arqueo financiero con el objeto de determinar cómo empresas inmobiliarias tracaleras obtenían dinero de los bancos mostrando como proyecto fotos de urbanismos en marcha distintos a los que se suponía que iban a desarrollar. Notíciese, los funcionarios de los bancos son ingenuos. O ciegos. Póngales un dedo entre los dientes, verá que no muerden. En 2010 volvió el cántaro al agua. El Grupo Eiffel está a cargo de la edificación de Terrazas de Guaicoco, Nueva Casarapa, Terrazas de Mampote, Valle de Chara, Camino Real y Las Haciendas. En conjunto con la empresa Inversiones Urbania, se encargaron de estafar a miles de familias con la construcción del complejo habitacional El Encantado, en Macaracuay. Por una vivienda de 70 metros cuadrados pedían 300 millones de bolívares viejos. Pero a partir de la ratificación del Estado de prohibir el cobro del INPC, la edificación fue paralizada y a los compradores les exigieron firmar un nuevo contrato con un precio que triplicaba el monto inicial de la vivienda. 23

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Hay matices: a la gente pobre le quitan todo: hospital, casa, todo. A la clase media se la aplican con el apartamento. Los responsables de El Encantado son los mismos del Grupo Eiffel. No es raro que políticos de derecha estén en negocios macro, tampoco que negocios y conspiración anden juntos, aunque pueden caminar separados. En fin, cabe reparar en que socios de Mezerhane venden apartamentos por un precio y al final cobran el triple, que socios de la inmensa estafa del Banco Latino, en vez de caminar obsesivamente detrás de una reja de barrotes, estén en trabajos de cuello blanco y financiando parapetos abocados a “cuidar la limpieza de las elecciones”. “La filosofía del Grupo Eiffel es desarrollar urbanizaciones y conjuntos residenciales que apunten a mejorar sus habitantes”, reseña la página web de la compañía. Sin embargo, la calidad de vida de los ciudadanos que firmaron contratos para ser los propietarios de Terrazas de Guaicoco y Nueva Casarapa no mejoró. Se establecía la construcción de una red de suministro de aguas blancas y de drenaje de aguas negras y ello nunca se cumplió a cabalidad. Raro es que Radar de los barrios, el programa que a gritos, como suponen sus creadores que se debe hablar en los barrios, muestra desniveles y filtraciones en edificios y casas hechas por el gobierno, no se haya dado un paseíto por Nueva Casarapa para comentar, altisonantemente o en voz bajona si es más conveniente, filtraciones, ascensores que no funcionan, ausencia de intercomunicadores que estaban estipulados en el contrato y se pagaron.

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Dreamaker´s

Dreamaker´s es un término que puede traducirse como “hacedores de sueños”, noble labor desde luego pero, según noticia fechada en Caracas el 19 de noviembre de 2010, fueron privados de libertad cuatro directivos de la empresa Consorcio de Ventas Programadas Dreamaker´s, imputados por el delito de estafa continua, así como de oferta engañosa y asociación para delinquir. También se remitió a Canadá a otros dreamaker´s que trabajaban a través del Conjunto Residencial Villa del Sol, ubicado en el estado Miranda. En el estado Bolívar fueron apresadas tres representantes de Inversiones Stiboker, C.A.; Promotora Foncrea, C.A.; Asociación Civil Provivienda Alta Florida y Proyecto Villa Lourdes. Estafa agravada en grado de continuidad fue la acusación formulada contra las ciudadanas y se les aplicó prohibición de enajenar y gravar inmuebles, además de bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas. El representante de la empresa Teconca Conjunto Residencial El Remanso fue detenido en el estado Barinas, imputado por los delitos de estafa calificada en grado de continuidad y defraudación. Por este caso, el tribunal acordó la prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble, así como el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias personales. Finalmente, en Miranda fue privado de libertad el representante de la Promotora Mata Linda, arriba mencionada, por estafa, asociación para delinquir y oferta engañosa. El imputado tiene prohibición de enajenar y gravar y bloqueo de cuentas bancarias, tanto de la empresa como personales. 25

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Chávez lo tomó en sus manos

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El caso de las estafas inmobiliarias cobraba una dinámica endiablada. La gente llevaba su desesperación a Indepabis, la Fiscalía, tribunales, policías y a los medios. El presidente Chávez lo tomó en sus manos. Poco después declaraba: “Si el apartamento está listo, que lo ocupen ya. Yo respondo por esto. Que me metan preso a mí, que metan preso a Chávez. Pero no podemos dejarnos enredar”. Es que habían surgido a la superficie entramados judiciales creados por algunos bancos privados y no se le permitía a los propietarios ocupar sus apartamentos. Tal cosa denunciaba Nohelia Arocha, titular de apartamento en el conjunto residencial Valparaíso, en San Diego de Carabobo. Nohelia se había integrado a la coordinación nacional de la Sala Situacional en representación de los afectados. Señalaba: “Cuando nosotros dimos la inicial para ese apartamento, ya estaba listo. Pero estamos esperando, porque el caso de nosotros es que hay un entramado jurídico por parte de la banca privada. Y por eso hacemos un llamado. La banca tiene mucha relación con todas estas etapas”. Chávez giró instrucciones al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) para investigar los nombres de los bancos privados involucrados en estos casos y además detectar los procedimientos legales que están dificultando la entrega de los apartamentos a sus propietarios. “Yo les ruego que denuncien todo, nosotros los protegeremos. Hay que sacar todo del basurero. Si hay al-

gún funcionario protegiendo los intereses de la banca privada, habrá que tratarlo como estafador. Hay que denunciarlo”, indicó. Y uno se pregunta: ¿cuándo se hubieran atrevido a esto los gobiernos de la Cuarta República? En los días en que Teodoro Petkoff pactaba con los delegados del Fondo Monetario Internacional la entrada de un préstamo de 16.000 millones de dólares que ni hacían falta, ni trajeron los empleos que ofrecían, ni se vieron por ningún lado, Caldera ofreció un aumento de 10% en los sueldos para suavizar el impacto del paquete económico que entraría en vigencia. Pasaban los días y no se veía la cosa. Cuando un periodista le preguntó al Presidente sobre el aumento, respondió: “Estamos en eso”. No hubo tal aumento, no le dieron permiso al petulante presidente jesuita. Respecto a Raúl Leoni, recuerdo que una vez Fedecámaras, no es que le barajustó el caballo, es que hizo un amaguito con las riendas: mejor no, el hombre se asustó, le entró la tembladera y se abstuvo de un aumento de sueldos que le había ofrecido a sus sindicalistas. Carlos Andrés Pérez usaba un procedimiento distinto, se rascaba en los matrimonios de los magnates reyezuelos, los mismos que robaban ahora a la gente. Continúa el caso de Nohelia Arocha: el conjunto residencial Valparaíso, ubicado en el municipio San Diego, estado Carabobo, es parte de los 19 urbanismos a los cuales se les dictaron medidas especiales para proteger a sus propietarios. Se establece prohibición de la venta de las viviendas a otras personas, ocupación temporal de las sedes administrativas de las empresas y multas a las mismas.

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“Si esos apartamentos están listos, son de ustedes, no podemos estar enredados en leguleyismos. Todas las familias que están estafadas, cuyas viviendas y apartamentos ya firmaron y ya fueron concluidos, que vayan a ocuparlos a partir de hoy”, manifestó el presidente Chávez otra vez. La oposición no decía ni pío. Otro conjunto residencial intervenido fue El Fortín, ubicado en la avenida Intercomunal de Guarenas, estado Miranda. Fue objeto de la medida de expropiación por parte del Estado venezolano publicada en la Gaceta Oficial número 39.553 con fecha 16 de noviembre de 2010, dirigida a los conjuntos residenciales cuya construcción fue paralizada por las empresas inmobiliarias, afectando de forma directa a los compradores. “Estamos haciendo un trabajo articulado para que las familias tengan la seguridad de que, aún vulnerados sus derechos por la constructora, el Estado venezolano está garantizando la propiedad y la entrega inmediata de las viviendas”, señaló el director de Promoción y Educación del Indepabis, Néstor Velasco, durante una inspección al referido complejo, donde verificó el grado de avance de las obras en estas torres. El conjunto residencial fue emprendido por la constructora Nueva Casarapa, perteneciente al Grupo Eiffel, y está conformado por 20 torres de ocho pisos, cada una de las cuales tiene 32 apartamentos. La construcción de las torres 15-16 presenta 50% de avance, mientras que las 17 y 18 están adelantadas en 30% y los edificios 1920 tienen un avance de 10%. El domingo 14 de noviembre, 46 familias afectadas recibieron sus apartamentos ubicados en las torres 13 y 14 del Conjunto Residencial El Fortín.

Grave era la cosa, muy grave. El 31 de octubre, el Presidente firmó el decreto de expropiación de seis desarrollos urbanísticos y dictó medida de ocupación temporal sobre otros ocho para acelerar la conclusión de las obras y la entrega a sus propietarios. Además, existe un tercer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medida de enajenamiento que permite al Estado supervisar las obras. El Jefe de Estado comentó: “Estos son los zamuros urbanísticos, constructores que están explotando a la clase media. Ellos hacen viviendas para la clase media y la exprimen. Nos hemos dejado de cómicas y estamos obligados a proteger a la clase media también, no permitiremos que los sigan explotando”.

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Detuvieron al ciudadano

El 19 noviembre de 2010, informó el comisario Luis Roberto Carabín, del CICPC del estado Barinas, que en procedimiento coordinado con la fiscal cuarta del Ministerio Público se detuvo a quien hace siete años comenzó la construcción de un conjunto residencial denominado El Romanzo, el cual hasta la fecha no se ha concluido y mantiene en zozobra a 118 personas perjudicadas. Era la primera detención bajo la presunción de estafa inmobiliaria en la entidad. “Todas las otras denuncias fueron declaradas por nuestro despacho, se han recabado evidencias, las cuales se están colocando a la orden del Ministerio Público”, indicó Carabín al señalar que el caso El Romanzo no es el único que se está trabajando, pues se estudian 29

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otros nuevos y no se descartan próximas detenciones por presuntas estafas inmobiliarias. El 7 de diciembre, el Mandatario nacional entrega 212 créditos a familias víctimas de fraude inmobiliario para que puedan adquirir bienes y remodelar sus viviendas. Fue en un acto realizado en el Batallón Simón Bolívar, en Fuerte Tiuna. Cada familia recibirá hasta 30 mil bolívares fuertes para el equipamiento de la casa que será entregada en obra limpia. Explicó Chávez que los beneficiarios podrán adquirir electrodomésticos en la Red de Abastos Bicentenario.

del urbanismo. Tienen el descaro de decirnos que si acaso en tres años las van a entregar o las terminarían”, aseguró Rivero. Destacó que hasta el momento no han obtenido respuestas por parte de los representantes o accionistas de Coyserca, a pesar de las medidas aplicadas en el caso del urbanismo Monte Mayor, introducido ante el Ministerio Público. Acotó que la constructora está edificando urbanismos en Panamá, y que además el representante legal de Coyserca —quien es el mayor de cinco hermanos, todos accionistas de la empresa— “ya se fue del país con la excusa de que está enfermo y debe cumplir un tratamiento”.

Se enfermó apenas a tiempo

Invertir más que los Estados Unidos

Nueve días después, un reportaje firmado por Sandra Izarra informa que según el diputado Augusto Montiel “durante las últimas semanas los agraviados del Estado Carabobo se han abocado a organizarse y a mantener la presión para que los constructores no sigan ejerciendo extorsión y todo tipo de acciones irregulares e ilegales contra las familias”. Por su parte, María Rivero, una de las personas perjudicadas por la Constructora Coyserca en la entidad carabobeña, manifestó que esa empresa prometió la entrega de las viviendas para el año 2008 “y estamos terminado el 2010 y hay muchas que ni siquiera las han construido”. Coyserca es la constructora de los urbanismos Monte Mayor, Terrazas de San Diego, Paso Real, Tejados de San Isidro y Portal de San Luis, y ha afectado a más de 3 mil familias desde 2005. “El caso del urbanismo Terrazas de San Diego es tremendo, son más de 40 torres y hasta ahora van construidas sólo 20, es decir, el 50%

La salud está por delante, por supuesto, pero las inversiones en Panamá no se abandonaban. De ellas había escrito detalles Eleazar Díaz Rangel en enero o febrero de ese 2010 así: “Venezuela es el país de más crecimiento de visitantes a Panamá en los últimos cinco años: de 19.494 en el año 2005 pasaron a 197.785 en el 2009”. Diez veces más. Raro en verdad. Lo que sigue ya no es raro sino alucinante. “Pero lo más importante es la migración de capitales para ser invertidos en ese país, en este renglón Venezuela es el número 1. Solamente el año pasado aprobaron 134 visas de inversionistas y les rechazaron 51; le siguen los estadounidenses con 73 aprobadas y 25 negadas y los colombianos con 45 aprobadas y 43 negadas, seguramente porque sospechaban que eran dólares lavaditos”.

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“De esas 134 visas aprobadas a venezolanos, 48 fueron de inversionistas para ‘macroempresas’, 72 de pequeñas empresas y 14 en el área forestal. Un funcionario panameño aclaró al diario Capital que no aceptan ni capitales golondrinas ni los que sean producto de hechos ilícitos. De todas maneras, estos últimos dólares, procedentes casi todos de Colombia, son difíciles de controlar. Millardos se han invertido en la construcción, y la cantidad de apartamentos vacíos que existen nos explicaron que era por sospechas de su origen, vinculado al narcotráfico”. “Las estadísticas no revelan las respectivas cantidades de dólares invertidos y, seguramente por su magnitud, no será fácil ni imaginarlas. ¿Cuántos habrán salido de Venezuela el año pasado, llevados por esos 134 inversionistas? Fíjense en la enorme diferencia entre los inversionistas venezolanos (134) y de quienes les siguen, los estadounidenses, con apenas 73. Se supone que son millones de dólares adquiridos en el mercado negro y recibidos de Cadivi. Y ahora uno debe preguntarse, ¿cuántos de esos millones de dólares los invirtieron en construcción? ¿Y cuántos eran producto de lo que ahora se revela con la gran estafa?”.

to estaba entre los listados programáticamente por la Revolución Bolivariana, pero tal vez hubiera esperado solución por varios años si no se hubiese producido la agresión que significó, para los ciudadanos pero también para el gobierno, la estafa inmobiliaria. No es difícil pensar que aceleró la creación de la Gran Misión Vivienda. El diario El Universal del domingo 5 de diciembre de 2010 trae un artículo expresivo de nobles preocupaciones antiestatistas, se titula “Construcción de viviendas bajo el control del Estado / Se imponen más requisitos para las contrataciones públicas”, y hace una recapitulación de las modificaciones de leyes que han incrementado el poder del Estado para enfrentar el reto de la vivienda y también de los incentivos creados para la inversión privada en el sector:

Alguna vez, en su programa Aló Presidente, el presidente Chávez ha citado una frase de León Trostki: “Para avanzar, la revolución necesita el látigo de la contrarrevolución”. El manejo del problema de la vivienda en Venezuela parece ser una ilustración triunfante de la mecánica así descrita. Endémico e injusto, el asun-

En 2008, el Estado decidió aumentar su participación en el proceso de construcción de soluciones habitacionales, y ese control ahora se amplía con la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda. Aunque la propuesta, que está en revisión en la Asamblea, establece incentivos para fabricar casas al otorgar exoneraciones de tributos, también contempla mecanismos para acelerar las expropiaciones de terrenos así como de los medios que se usan en la construcción. Hace dos años, el Ejecutivo realizó una reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda, en la cual declara de utilidad pública los bienes y servicios que se utilizan en la planificación del sector. Ese mismo año asumió la producción de

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El látigo de la contrarrevolución

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los insumos esenciales que se utilizan en la fabricación de unidades habitacionales. Pero ello no fue suficiente y bajo el argumento de acelerar la construcción de casas, en 2009 redactó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de utilidad pública los terrenos urbanos ociosos y considera que las tierras tienen función social. Este marco legal no solo regula las tierras en abandono por sus propietarios y aquellas que están sin edificar, también permite al Ejecutivo Nacional ocupar cualquier espacio que considere conveniente. Si bien esos dos marcos legales establecen regulaciones, el Gobierno va más allá y los constructores se enfrentan ahora a un cerco más estrecho. En este último trimestre, el primer mandatario ha insistido en sus discursos en que la producción de casas la asume como un ‘reto personal’ y por ello planteó la creación de un marco legal para el estímulo de la construcción de viviendas, pero ante la emergencia que se generó por las lluvias este mes, decidió cambiar el nombre de la ley. Así, la propuesta de Ley Emergencia incluye la creación de zonas especiales para situaciones de emergencia y contempla procedimientos para la ocupación de inmuebles y adquisición de unidades por la vía de la adjudicación directa. Sin embargo, esa emergencia se emplea para un mayor control en el proceso de producción. El proyecto indica que el Estado puede declarar de utilidad pública los terrenos ociosos y subutilizados así como los factores y medios para la construcción de viviendas. Agrega que “cuando una obra se califique de urgente se procederá a la ocupación del terreno”.

En las disposiciones se indica que entre las funciones del Estado estará la fijación de parámetros y bandas de precios de los metros cuadrados de los terrenos para la construcción de las viviendas. Si bien se reconoce que las unidades habitacionales requieren revisiones de precios, el Gobierno utilizará un indicador, cuyos parámetros serán fijados por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, que estará adscrito a la Presidencia de la República. Para el sector privado los incentivos otorgados son viables, pero considera que el Estado tiene que definir la calificación de terreno ocioso o subutilizado, dado que ello puede afectar los proyectos en ejecución.

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A continuación, bajo el subtítulo “Condiciones”, se enumeran algunos datos concretos del movimiento del Estado que finalmente se resolvería en la Gran Misión Vivienda: -El Ejecutivo impone más condiciones para las contrataciones. -La Ley de Emergencia señala que las empresas públicas y privadas tendrán que impulsar planes para que los trabajadores pueden realizar las compras de viviendas principales. El texto agrega que aquellas compañías que le prestan servicios al Estado no serán beneficiadas de las contrataciones públicas si no cuentan con los planes de estímulo a los empleados. -La reforma de la Ley de Contrataciones Públicas señala que si las empresas paralizan las obras públicas, el Estado puede establecer medidas preventivas para la 35

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requisición de la maquinaria y los equipos así como de los materiales afectos a las obras. Así concluía 2010. También con noticias de intervención de la Sociedad Mercantil Promotora La Avileña, empresa relacionada con el Banco Federal. “Como no hemos podido protocolizar el documento de condominio y constituirnos en junta de condominio por razones jurídicas, los compradores decidimos crear una asociación civil, y con el aporte de mil bolívares por apartamento ir avanzado en la terminación de algunas obras, como por ejemplo, la compra del motor que moverá automáticamente la puerta de estacionamiento”, explicaba César Urbina, titular de uno de los 214 apartamentos íntegramente asignados.

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Vendiendo la Torre Eiffel

En alguna parte, debía yo tener 15 años, leí que por los años cuarenta del siglo veinte un estafador vendió la Torre Eiffel a un inversionista norteamericano. La historia revivió en mi memoria al topar con las noticias generadas alrededor del conjunto Las Marites. Lo fabricaba y mercadeaba una constructora llamada Eiffel y fue tremenda estafa. Constituían a Las Marites ocho conjuntos residenciales, sus constructores huyeron del país. Atropellando a quienes viajan, el Indepabis entregó una providencia administrativa y operativa de ocupación temporal de viviendas en la urbanización, situada en el municipio García del estado Nueva Esparta. El director regional del Indepabis, Luis López, informó que algunos usuarios cancelaron la inicial para una casa hace más de cinco años. El Indepabis emitirá un oficio al jefe de la guarnición militar, general de división Carmelo Hernández, a los fines de ejecutar el resguardo de las edificaciones, hasta que culmine el avalúo y se haga la entrega de las viviendas. Adriana Montero informa: canceló la inicial en 2005 y le ofrecieron la vivienda en Las Marites para el tercer trimestre de 2006. “En 2008 me llamaron para firmar un nuevo contrato y alegaron que debía cancelar BsF 50 mil por concepto de INPC. Aún no tengo mi casa y llevo cuatro años viviendo alquilada con mis dos hijos pequeños”. Cuando las familias cancelaron su inicial creían realizar el trámite para el crédito. Años después han sa37

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bido que la empresa nunca tramitó el crédito ante las entidades bancarias y, de ñapa, la vivienda fue vendida a una tercera persona. Los medios de comunicación no han obviado su ciudadana preocupación por el caso de Las Marites. Desde diciembre de 2010 han venido diciendo de manera consecutiva y concatenada, que debido a las medidas de intervención emprendidas por el Estado las familias venezolanas están siendo afectadas y que sus inmuebles no son terminados. En el edificio La Industriosa, en La Urbina, está ubicada la sede administrativa de la constructora Consorcio Eiffel. El 13 de enero las familias protestaron frente a esas oficinas para exigir respuestas. El representante de la sala situacional de los afectados, Carlos Mosquera, aseguró que esta instancia también ha hecho acto de presencia frente a la sede del Consorcio Eiffel, “para quitar el velo corporativo que está tras la estafa inmobiliaria, los ilícitos inmobiliarios, el cobro del INPC, la usura, la especulación”. Exigió a las instituciones del Estado que se lleven a cabo los juicios penales, así como el seguimiento civil y mercantil que sea necesario, para que estas empresas respondan por todos los abusos que han venido cometiendo desde hace más de 12 años. “Eiffel es un cascarón vacío. Queremos que sus dueños también respondan por los daños ocultos que tienen las estructuras que han construido, pues no cumplen con las normas Covenin de construcción”. Tal vez cuando declaraba esto, el señor Mosquera no sospechaba que entonces iba a saltar una libre nueva, nueva y distinta. Pero saltó.

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Coordinadora Democrática

El sábado 29 de enero se publica la aclaratoria de Tarek El Aissami, ministro de Interior y Justicia, acerca de una operación realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): “No se dirigió contra el diputado Gómez Sigala, sino persiguió detener a un ciudadano que es requerido por la justicia venezolana por estar vinculado con las estafas inmobiliarias”. En el texto no se aclara si hubo allanamiento de la vivienda del diputado, si que en esa casa parecía estar escondido el encartado, casado con una hija de Gómez Sigala. “El diputado —explicó El Aissami en entrevista con Venezolana de Televisión (VTV)— se presentó al domicilio de su hija e informó que su yerno, quien está requerido por la justicia venezolana, se encuentra desde hace tiempo fuera del país. No se realizó ninguna visita domiciliaria a la casa de ningún diputado”. Sí, Eduardo Gómez Sigala, diputado a la Asamblea Nacional, tiene una hija casada con el hombre que vende las torres Eiffel. Así van las cosas. Tal vea no solamente era necesario quitar el velo corporativo, también otro debería removerse. Hasta enero de 2011 unas 20 mil familias habían obtenido respuesta a través del Indepabis.

“¡…O le nacionalizo el Banco!”

Por esos mismos días, ya como a las ocho de la noche, se vio por televisión una escena donde el presidente Chávez, tras escuchar al presidente del Banco Provincial por la bocina de un teléfono, exclamó airado: “¡Cúmplale a las personas que pagaron sus viviendas o le nacionalizo el Banco!”. 39

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El banquero parece que se había expresado destempladamente, pues, tras eso, el Jefe del Estado dio por terminada la conversación con brusquedad. Tal vez su interlocutor había exigido que el país oyera lo que él argüía -cosa que no pasaba en la transmisión- pues Chávez, sin complacerlo en el momento, ordenó que en los días siguientes se le diera todo el espacio que quisiera para expresar sus puntos de vista. Quedó claro que lo que no le permitiría sería polemizar públicamente con él, una acción que, si se permite, facilita el descalificar al Presidente, que escucha expresiones inadecuadas y, si no se permite, propicia el acusarle de represor de la libertad de expresión. El público que asistía al ambiente desde donde ocurría la transmisión aplaudía frenéticamente la beligerante actitud presidencial. Eran gente de clase media, víctimas de estafas y enfrentadas a las amenazas de abogados del banco. El banquero no hizo uso del espacio televisivo puesto a su orden y el 27 de enero de 2011 aparecía la noticia: La directiva de la entidad financiera presentará un esquema para que todos los recursos sean puestos a disposición de las construcciones que fueron paralizadas y que la entidad “ayudó a que no se culminaran”. Así de simple. El diputado Augusto Montiel indicaba que “ellos tuvieron que aceptar que tienen responsabilidad en este asunto y, por supuesto, esto va a favorecer a miles de familias que van a tener la oportunidad de contar que los aportes del ahorro habitacional que están en las arcas de los bancos privados sean puestos realmente a disposición de todas las familias”.

Explicó el parlamentario: “En línea directa con la exigencia del Jefe de Estado, todas las empresas constructoras, intermediarios y financieras que tengan relación con el tema de las estafas, se deben poner a derecho y se responsabilizarán por las cuotas que han tenido en la afectación de miles de familias venezolanas”. Tal vez la prensa norteamericana y la española presentaron este caso como un ejemplo de la “falta de seguridad jurídica que afecta a Venezuela”. Pudieron titular: “Chávez amenaza a banca venezolana”, acompañando un antetítulo “institución en apuros”, pero aquellos que habían visto su apartamento en pico de zamuro y ahora eran atendidos por un Banco Provincial que de ogro había pasado a manso cordero tal vez pensaban distinto. A veces lo estafado no se invertía en el exterior, se utilizaba para comprar divisas y títulos valores que daban su buena ganancia. A eso lo llaman centrífuga. La obra se paralizaba incluso por varios años y sólo al obtener las ganancias en la inversión secundaria le daban continuidad al proyecto habitacional inicial, naturalmente sin informarle las ganancias extra a la clase media que puso ahí sus ahorros ni repartirles su parte. Nada de eso, a pagar se ha dicho. Al que se mete a un apartamento a robar lo llaman ladrón. Al que se roba el apartamento quizá lo llamen estafador. ¿Cómo se puede llamar al que se roba 1.600 apartamentos? Tal es el caso que describe un cable de AVN de 27 enero de 2011: “Luisa Ortega Díaz: MP traba-

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El robo de 1.600 apartamentos

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ja en más de 1.600 casos de estafa inmobiliaria”. “MP” es Ministerio Público y el texto explica que mediante el Plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura, implementado por la institución desde el año 2009, “tenemos 60 fiscales trabajando en estos casos. La responsable es la fiscal 45, abogada Mercy Ramos”. Ya se habían dictado 8 privativas de libertad, 5 órdenes de captura, 43 prohibiciones de salida del país, 8 instrucciones de presentación periódica ante los tribunales y 12 medidas sustitutivas de libertad, 29 ciudadanos tienen solicitudes de inmovilización de cuentas y 38 de prohibición de enajenar y gravar. El Indepabis por su lado estaba arreando parejo. La delegación de Aragua citó a 42 empresas constructoras incursas en presuntas estafas inmobiliarias para acordar actos conciliatorios con las familias afectadas. Eso lo informó Vicyhomir D´Agosto, coordinadora del organismo. Conciliación es la fórmula, las empresas deberán comparecer ante la mesa para hacer actos de resolución de conflictos en los que se comprometan a cumplirle a las personas que han sido estafadas. D´Agosto indicó que los resultados de estas mesas serán elevados a la Vicepresidencia de la República para que las autoridades nacionales tomen las acciones. Aragua parecía estar empavada, el Indepabis había recibido más de 3 mil denuncias sobre estafas inmobiliarias. Se lograba la entrega de 16 viviendas por parte de una constructora, pero eso no es nada, y se ejecutó la ocupación temporal en el urbanismo Villa Hermosa. Eso sucedía el 26 de enero de 2011 y ese mismo día el Ministerio Público acusó a la coordinadora de la Aso-

ciación Civil Alta Florida “por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en grado de continuidad”, en perjuicio de un grupo de familias a las que habría exigido constantemente dinero para un proyecto habitacional en terrenos de la CVG, Puerto Ordaz, estado Bolívar. Los abogados tienen su lenguaje y este tiene que ser muy preciso, por eso escriben “en grado de continuidad”, para la gente común eso es cosa obvia, trácalas de este tipo, donde hasta el terreno estaba saliendo de gratis, nunca se van a hacer una sola vez.

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Acabar con la impunidad

El ministro Tareck El Aissami notifica la detención de un ciudadano que está relacionado con la empresa Constructora Venezolana de Bienes, ubicada en el estado Miranda, por medio de la cual se cometió el delito de estafa. Esto motivó una extensa exposición del presidente Chávez, en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores. El Presidente indicó que no pueden seguir apareciendo personas estafadas sin ningún responsable que pague por estos delitos. “Yo le comentaba —resaltó— eso a la fiscal general (Luisa Ortega Díaz), con todo mi respeto, y a la presidenta del Tribunal Supremo (Luisa Estela Morales), con todo mi respeto, pero a la vez con toda mi moral, porque yo me la paso en esto día y noche. Existe un informe que indica que muchos funcionarios se niegan a llevar algunos casos por temor a que les pase lo que le ocurrió al fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004 en un atentado, quien llevaba la mayoría de los casos relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002 y

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el sabotaje petrolero de 2002 y 2003. No se puede permitir que algunos jueces o fiscales no quieran resolver los casos por temor a que los implicados sean personas de gran poder económico”, concluyó. Para el primer mandatario es necesario que las instituciones se limpien desde dentro, pues la impunidad es como un cáncer que se riega y contamina el resto de los organismos. Las denuncias por estafas inmobiliarias son innumerables, según expresó Chávez, y muchas de ellas no son procesadas porque no existe la acusación de un fiscal o la sentencia de un juez. “No podemos lavarnos las manos como Poncio Pilatos; no, yo no vi nada; no, yo estoy sentado en mi tribunal aquí tranquilo hasta que venga una acusación. Debe haber una corresponsabilidad de todos los poderes del Estado, ninguno puede lavarse las manos ante los crímenes sin criminales”, precisó. Expresó que cuando se refiere a que no puede seguir existiendo la delincuencia sin delincuentes es, sobre todo, con relación a los que poseen poder económico, pues si se revisan las cárceles venezolanas se verifica que son ocupadas por los pobres. A las pocas personas con dinero que se encuentran en prisión, algunos sectores intentan calificarlas como presos políticos, perseguidos del gobierno, enfermos; e incluso los proponen como candidatos a la Asamblea Nacional. “¿Vamos a seguir aceptando esto? No podemos seguir aceptándolo, me pongo al frente entonces de la lu-

cha por la justicia en Venezuela”, enfatizó. Expresó que a causa de que muchas instituciones se cruzan de brazos, los estafadores escapan del país, transfieren sus fondos a bancos extranjeros, se van para Miami y pasan a “formar parte de la colonia de exiliados de Chávez”. Esto recuerda, añadimos nosotros, el caso de la juez a la cual el gobierno de Chávez tuvo presa por el sólo delito de haber soltado a un banquero que le robó a mucha gente sus ahorros de toda la vida. Pero, paciencia, será liberada y agraciada con una condecoración al mérito judicial el día que lleguen al gobierno los que “transfieren sus fondos a bancos extranjeros, se van para Miami y pasan a “formar parte de la colonia de exiliados de Chávez”. Paciencia.

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La culpa es de la vaca

Mientras época tan feliz llega, continúan cosas como la siguiente: “Con una medida privativa de libertad emanada por el ministerio público a través del fiscal Hamkell Escalona, quedaron detenidos por el Sebin los dueños de la empresa Sociedad Mercantil Viviendas Modernas C.A. (Vimoca). Causa desencadenante: el viernes 14 de enero un grupo de ciudadanos y ciudadanas ejecutó la ocupación ilegal (invasión) de un lote de casas baldías que forman parte del desarrollo urbanístico Mesa de Caracas tercera etapa, ubicada en la carretera nacional Guanare-Biscucuy, frente de la Unellez en Guanare estado Portuguesa, viviendas que fueron construidas por la Sociedad Mercantil Viviendas Modernas C.A.

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Antecedentes: en fecha 30 de abril de 2010 los propietarios legítimos de las casas de este desarrollo urbanístico procedieron a denunciar ante el Indepabis la muy irregular situación de la empresa constructora, todo lo cual reposa en el expediente Nº 100504-107-G. Ello fue relacionado ante la Defensoría del Pueblo del estado Portuguesa en fecha 13 de octubre de 2010 en Expediente Nº P-10-00459 y con fecha 14 de diciembre de 2010 en el Ministerio Público del estado Portuguesa, en la Fiscalía Primera, bajo la causa Nº 18-fol-1C-860-10. Señalaron los estafados la práctica de cobro ilegal del INPC. Viviendas Modernas C.A. pactó en un primer momento (2005) la venta de un grupo de viviendas a un monto promedio de Bs + 65.000,00 con un enganche imputable a la cuota inicial de Bs 4.000,00. Posterior a eso les informaban oralmente a los compradores que, de acuerdo a evaluación de la entidad financiera, el valor de la vivienda se había incrementado de Bs 65.000,00 a Bs 85.000,00; posteriormente y con el mismo argumento se iba incrementando el costo total de la vivienda así como el de la cuota inicial de Bs 85.000,00 a Bs 105.000,00, luego de Bs 105.000,00 a Bs 135.000,00, después de Bs 135.000,00 a Bs 150.000,00. Actualmente se manejan costos hasta de Bs 290.000,00. En tres años Viviendas Modernas C.A. incrementó el costo de las casa en un 107%. La constructora hacía todas estas modificaciones de precio oralmente, sin dejar trazas escritas. De igual manera la empresa no terminó el urbanismo, no pavimentó las calles, no cumplió con los servicios básicos

de vialidad y electrificación. También se rehusaron a cumplir con las variables que estipula la ley de ordenamiento urbano respecto a aéreas comunales, sociales, educativas y sanitarias. Así lo dieron a conocer las familias afectadas. En otra práctica no ética ni apegada a la norma comercial, Vimoca tenía un lote de casas cerradas, engordándolas, motivo por el cual un grupo de ciudadanos y ciudadanas las ocuparon de manera ilegal el viernes 14 de enero de 2011. Señalaron los estafados: “Esta invasión no se pudo evitar. ¿De quién es la culpa? Es factible que estemos ante un modus operandi de construir los urbanismos, y dejarlos a medio terminar, con los compradores pagando, como ya ocurrió en dos urbanismos construidos anteriormente (La Colonia I y La Colonia II) por la misma empresa constructora. La mecánica sería así: por causa de la presión social, son invadidos y posteriormente con la ayudita de secuaces en el parlamento regional, las casas a medio terminar serán compradas por el Estado venezolano para ser asignadas a los ocupantes ilegales y de esta manera matar los dos pájaros con el mismo disparo. Ahí fue donde intervinieron la Defensoría del Pueblo, el parlamento regional, Guardia Nacional, Indepabis, Fiscalía del Ministerio Público y Sebin. Los propietarios de la empresa constructora quedaron detenidos por el Sebin luego que la Fiscalía pidiera una medida privativa de libertad acusándolos de los delitos de usura agravada, estafa continua y concierto para delinquir.

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En la sede del Sebin se hicieron presentes diversas personas víctimas de la estafa. Los diarios publicaron fotos de montarrales vendidos como calles, viviendas invadidas, fachada del Sebin. Janeth Serrano, víctima de estafa inmobiliaria de la urbanización El Encantado, en El Hatillo, explicó en Radio Mundial que en el año 2007 hizo la opción de compra, estipulándose como fecha de entrega el mes de marzo 2009. “Cumplido el lapso convenido, pretendían que pagara un monto superior a los 300 mil que se había acordado, es decir, 400 mil bolívares más”. El Encantado consta de cuatro etapas con cuatro edificios cada una, los cuales están conformados por 96 apartamentos. “La primera parte de la primera etapa la entregaron, pero con filtraciones y otros vicios ocultos, violando todas las normas de calidad”. La señora Serrano denunció que estas empresas constructoras actuaban con complicidad de la Banca, la cual exigía como requisito ineludible para aprobar el crédito, la presentación del nuevo contrato que incluía el pago del INPC, de lo contrario, negaban las solicitudes. “Ellos operaban como un cartel y los recursos eran distraídos e invertidos en bonos y en otros urbanismos. Incluso, hay en esto dinero que formaba parte de préstamos bancarios bajo la modalidad de proyectos sociales. Esta situación dejó de ser particular para ser un problema nacional. Aquí hay culpables y deben ser castigados”. Por su parte, Verónica Guillén, que asistió a la emisora en la misma oportunidad y era afectada del com-

plejo urbanístico El Fortín, en Nueva Casarapa, Guarenas, contó que su contrato, firmado en 2007, establecía 13 meses para la entrega del apartamento, lapso que fue incumplido. Luego pretendían cobrarle el INPC: “Yo compré en 185 mil bolívares y pretendían que cancelará 394 mil bolívares, o sea, más del doble por el mismo inmueble”. Explicó que el 60 por ciento de la urbanización ya está culminada, sólo faltan los ascensores y los acabados. Las 640 familias afectadas del complejo El Fortín comenzaron a organizarse el 12 de enero de 2009. “448 de 640 apartamentos de esta urbanización ya fueron entregados, incluyendo 58 gracias a la intervención del Estado”. Recordó que el Grupo Eiffel, que hemos pintado páginas antes en su rufianería y contactos políticos, desfalcó las cuentas de la empresa tan pronto el Estado anunció las medidas de intervención en protección de los compradores. Esta empresa engloba ocho compañías: Valles de Chara, Terrazas de Guaicoco, La Hacienda, Camino Real, El Fortín, Nueva Casarapa, Desarrollo Urbano Asarco, Camino Real y Constructora Arguna. Tiene desarrollos habitacionales en los estados Carabobo, Trujillo, Bolívar, Mérida, Yaracuy, Zulia y Miranda. Bien poco se obtendrá sobre el tema de las estafas inmobiliarias consultando El Universal, El Nacional, Globovisión. La disyuntiva debió ser peliaguda para los propietarios de estos medios: los estafadores eran sus amigos de política y Country Club, pero sus lectores eran del nivel socioeconómico de los estafados. ¿Debían perderlos

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Madrugonazo al hampa

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por defender a los panas? Optaron por una política cuya calificación es adjetivable de astuta: el silencio. Eso sí, El Nacional publicaba en primera página, a tamaño completo, fotografías de cadáveres producidos por la delincuencia común y refrigerados en la morgue de Caracas.

Todavía no se llama a la iniciativa Gran Misión Vivienda Venezuela

Se habrán construido dos millones de viviendas El Universal, jueves 3 de febrero de 2011: Ejecutivo suma a sus metas de construcción las viviendas de los privados”. El presidente Hugo Chávez Frías reiteró que para este año la meta de construcción de viviendas ascenderá a 150.000 unidades, y en ese objetivo están incorporadas las unidades que producirá el sector privado. El mandatario, en una alocución realizada desde un Pdval, indicó que ‘las viviendas que haga el sector privado hay que incluirlas en la meta nacional’. Para realizar las soluciones habitacionales de este año se contempla una inyección de recursos por 33 millardos de bolívares. De esa cantidad, 30 millardos de bolívares serán entregados por la banca pública y la banca privada y 3 millardos de bolívares surgirán del Fondo de los Consejos Comunales y el Fondo Miranda. En horas de la noche, el Presidente indicó que sumando los esfuerzos de sector privado, autogestión popular y convenios internacionales, a más tardar en 2020 se habrán construido dos millones de viviendas, superando así el déficit habitacional que actualmente existe en Venezuela. MAH. 50

Designados 67 fiscales

Una cosa es construir viviendas y otra capturar a los que se fueron con la cabuya en la pata. Más de mil 500 denuncias de estafas inmobiliarias había recibido el Ministerio Público para el 3 febrero de 2011. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó la aplicación masiva de fiscales a la temática inmobiliaria: “Hemos designado 67 fiscales en el territorio nacional, es decir, 60 en las regiones y siete fiscales nacionales para atender las estafas inmobiliarias. Estos siete funcionarios están coordinando distintas regiones, como por ejemplo Los Llanos, Oriente, Occidente, Central, Los Andes y Guayana”. Además, en cada de uno de estos despachos fiscales se designó a un funcionario, exclusivamente para la atención de las personas. “Se ha desplegado todo un operativo en el ámbito nacional, para garantizar a las personas la atención debida y la respuesta oportuna que ofrece el Ministerio Público”. Existen 500 investigaciones en proceso. Hasta ahora se ha acusado a 13 personas, se encuentran todas privadas de libertad y se solicitó una medida de prohibición de enajenar y gravar sus bienes, igualmente, congelación de sus cuentas bancarias. A las empresas que representaban estas 13 personas, también le fue solicitada la prohibición de enajenar y gravar, de la misma forma la congelación de las cuentas bancarias. 51

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Quizás hizo falta un autobús o una camioneta porpuesto, pues la fiscal informó que existen 11 personas más privadas de libertad y cursan otras 25 solicitudes de privativa de libertad, es decir, se habla de 47 medidas personales contra las distintas personas involucradas en las mencionadas estafas. 8 febrero 2011, bajo el título “No tenemos dinero ni techo” reapareció el caso de los estafados por la empresa Venezolana de Bienes en el estado Miranda. Hubo una reunión de las víctimas con la fiscal Luisa Ortega Díaz, tanta era la cantidad de gente engañada que el auditorio resultó pequeño. La inmobiliaria había embaucado con tres parcelamientos: Complejo Habitacional Villas Springfield Dillages, ubicado en los Valles del Tuy (120 familias); Condominio Las Villas, actualmente Urbanización Las Villas Country, en la carretera Charallave-Cúa (200 familias); y Complejo Habitacional Adonay, en Higuerote (100 familias). En nombre de todas y todos, la vocera Aura Urquiola explicó que la estafa data del año 2000, y que recientemente lograron presentar su reclamo en los tribunales. Explicó que ahora sus problemas son la “lentitud de la justicia” y la “invasión de uno de los parcelamientos por parte de una banda delictiva llamada Los Plateados”. Recalcó: “No tenemos dinero ni techo, y tampoco justicia. Se burlan de nosotros y de todos”. Explicó que “de la Asamblea Nacional le mandaron un comunicado a los representantes de Venezolana de Bienes y ellos

se limpiaron la nariz con el mismo”. Y advirtió que al colectivo que representa lo estafaron con la venta engañosa de unas viviendas que se iban a construir con el aporte de todas y todos. “Finalmente, no las construyeron todas y no nos devolvieron el dinero. Además, las pocas que se levantaron fueron invadidas”. La vocera precisó que el monto estafado osciló entre los 50 mil y los 90 mil bolívares fuertes, porque todos los meses aumentaban los costos. José Luis Ferreira, otro de los engañados, denunció que también han sido víctimas de los propietarios de las tierras que se prestaron para la jugada. Dijo que, en el caso de Las Villas, las tierras en litigio están siendo adjudicadas en estos momentos a nuevos compradores. Y señaló: “En los tribunales no nos paran. El Indepabis nos pelotea y nos manda para la Fiscalía. En la Fiscalía nos mandan a los tribunales, y en los tribunales para todos lados. Nadie nos hace caso”. Ferreira indicó que su vivienda debió ser entregada en 2000, el mismo año en el cual hizo la compra con autofinanciamiento. “Yo di 33 mil bolívares fuertes que creo que jamás tendré de nuevo”. Vive arrimado en casa de un familiar, después de haber pagado. Tomó la palabra Yelitza Rojas para decir: “Nosotros necesitamos una solución por parte del Estado. En el caso nuestro han pasado ya 10 años y en el momento no se le enajenaron los bienes a las personas que nos estafaron; no sabemos si sus pertenencias fueron sacadas del país o las vendieron. No sabemos cómo nos van a responder”.

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Esa casa fue vendida cuatro veces

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Añadió: “Yo vendí una vivienda cómoda que tenía para hacer esta inversión porque quería tener un mejor futuro para mis hijos. Estoy viviendo arrimada con una familiar. Tengo dos hijos y uno de ellos es epiléptico. No tengo trabajo ni esposo, y me quedé sin dinero. Mis prestaciones, mi caja de ahorro, todo se lo daba a la constructora”. “Desde 2006 ando en la calle con toda mi familia, durmiendo y viviendo por raticos donde las personas se compadecen y nos permiten quedarnos”, agregó Ivonne Madrid, otra de las afectadas por el mismo caso. Finalmente, una persona le ofreció un espacio en un refugio que se creó en la Torre Viasa, y ahí vivía. “Quiero aprovechar la oportunidad que tenemos ahora con el Presidente, quisiéramos que los distintos organismos traten de que nos devuelvan nuestro dinero y con ello la estabilidad”. Ivonne detalló que su grupo familiar es de nueve personas. “Cuando yo hice la negociación, en febrero de 2006, me dijeron que en octubre de ese mismo año me entregaban la casa. Dijeron que las iban a entregar junto con la inauguración del ferrocarril. Entonces, en marzo de 2006 yo entregué la casa en la que vivía en un sector popular de San José, la vendí por 49 mil bolívares. Esa cantidad, que correspondía a 50% del costo total de la vivienda que estaba comprando, la pagué por la casa modelo del conjunto Springfield. Esa casa fue vendida cuatro veces”.

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A Iris la soltaron

Rosicela Quevedo representa a un colectivo de afectadas y afectados por la Organización Civil de la Vivienda (OCV) Los Soberanos, presidida por una persona que, supuestamente, “entregaba a las personas los listados de las viviendas que serían adjudicadas con los respectivos requisitos”. La “señora Iris” se presentaba como funcionaria del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, y exigía requisitos como la apertura de cuentas bancarias y diversas declaraciones. “Lo más importante de todo era una suma de dinero, que dependía del urbanismo donde uno iba a comprar. En mi caso, di 15 mil bolívares por pertenecer a un urbanismo en Chacao”, indicó Quevedo. De Iris se supo que había sido detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Ahí fue cuando confirmamos que todo era una estafa. Ella estuvo detenida un mes y medio, pero la soltaron bajo presentación con fiadores. El caso lo tiene la fiscal 39° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Briccia Alvarado”. Aproximadamente resultaron estafadas 800 familias. “Hay gente de todos lados. Unas 150 familias tenemos comunicación y hemos hecho una denuncia generalizada en Fiscalía especificando la problemática y de qué manera fuimos afectados”, añadió. La sedicente funcionaria gubermental solicitaba montos que oscilaban entre 4 mil y 50 mil bolívares. “Nunca supimos dónde iban a estar las viviendas. En mi caso, ella nunca me especificó el lugar porque decía 55

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que podía ser invadido el edificio. Las entregas siempre se postergaban por una u otra cosa. Uno de los motivos principales era que el Presidente las iba a entregar personalmente, pero su agenda estaba muy copada. Otras razones: a los apartamentos se les estaban reparando filtraciones”, acotó. Xiomara Rivero fue estafada con el urbanismo Terrazas del Ávila, de la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren de Barquisimeto, estado Lara. Explicó que el Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara (Sumalara) creó Asoteliv, una asociación civil supuestamente sin fines de lucro dedicada al fomento de proyectos habitacionales para familias del entorno educacional. Rivero dijo que Asoteliv convocaba por radio a las maestras y los maestros para incluirlos en proyectos habitacionales. La Asociación estafó a más de 900 personas al no entregarles la vivienda. Las engañadas y engañados de Lara crearon el Movimiento Cívico Tricolor, que también congrega a personas afectadas por compras programas de vehículos y otros casos particulares.

debo luchar para que lo que soñé sea una realidad con el favor de las leyes”. Y en el estado Monagas: “Soy víctima del Conjunto Residencial Valle de Luna en el sector Tipuro del estado Monagas. Este proyecto fue concebido por el presidente de Mi Casa Entidad de ahorro y Préstamo, para construir 400 viviendas. No obstante, esta persona construyó 519 viviendas más, por encima de la ley, con un solo pozo de agua, sin planta de tratamiento y sin aceras. Además, hipotecó las áreas verdes. El sitio no tiene factibilidad habitacional ni eléctrica y presenta problemas ambientales”. La fotografía de la reunión muestra a un grupo de personas de clase media que entregan papeles a un fiscal que los recibe y los lista.

Hipotecando las áreas verdes

“Fui estafado por la Asociación Civil Villas del Shadday, en la calle 3 de mayo de Pampatar. En 2005 llamaron por la prensa a sumarse a esta organización. Para pertenecer, había que cancelar 10 mil bolívares fuertes y 30 bolívares mensuales. Aún no empieza el proyecto y resultamos afectadas un total de 198 personas. Yo actualmente vivo alquilado y pago 1.500 bolívares. Trabajo como taxista. A esta edad (61 años) en que uno quiere dejar asegurada a su familia, caí; ahora 56

Soy inocente hasta que tú me declares culpable

Los medios no podían ganarse el odio de sus lectores, pero el sector empresarial inmobiliario decidió movilizarse ante las medidas de la fiscal Luisa Ortega Díaz, y El Universal del 9 de febrero de 2011 publicó un texto señalando que la Fiscalía está juzgando a priori: El sector inmobiliario revisa las medidas que analiza la fiscal, Luisa Ortega Díaz, de ocupación de los bienes que están en manos de las constructoras que efectuaron estafas. Los inmobiliarios señalaron que el Ministerio Público está tomando decisiones sin existir todavía una sentencia al respecto. La intención de la Fiscalía

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es aplicar Ley Contra la Delincuencia Organizada y así dictar medidas de ocupación temporal sobre los activos de las empresas constructoras.

las cosas. La vivienda volvía a ser vendida, con un incremento de entre 17% y 30% sobre el precio original. Respecto a la Ley de Emergencia de Vivienda y Terrenos y la limitación en la venta de las casas asignadas por el Estado, indicó (la Fiscal, Luisa Ortega Díaz) que “ese es un tema que hay que abordarlo con el Ministerio de la Vivienda, ellos fijan las condiciones para entregar las viviendas de interés social”. El jueves 10 de febrero el asunto mostraría una etcétera inesperada cuando la ministra de Salud, Eugenia Sader, declaró que algunos hospitales no han culminado su construcción debido a la estafa inmobiliaria.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, indicó que se está juzgando a priori a los responsables de diferentes proyectos sin el debido proceso y agregó que no se está actuando de manera razonable con ánimos de esclarecer los hechos. “Yo soy inocente hasta que tú me declares culpable, no es al revés”. Al igual que Martini, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, indicó que “es necesario analizar las medidas anunciadas por la Fiscalía, pero si no existe un juicio o una sentencia no se puede proceder a la ocupación de los activos”. Según el abogado, Antonio Canova, la Ley contra la Delincuencia Organizada establece unas causales por las que se pueden efectuar las confiscaciones de bienes, y apuntó que las ocupaciones anunciadas por el Ministerio Público no están previstas. A su juicio, las autoridades se están anticipando, “la Fiscalía se excede”. Ni Martini, ni Canova ni Orta dijeron que quienes no podían costear el aumento se retiraban de la negociación y las inmobiliarias sólo les reintegraban, después de varios meses, entre 30% y 40% de los pagos, bajo el argumento de que el dinero se había usado para cubrir gastos administrativos. ¿Cómo no decir que esto se pudo hacer sólo por el neoliberalismo? Esto es eso, libertad de contratos, el Estado se ha retirado, se hace la vista gorda, y lo que pactan el comprador y el vendedor es su problema. Así son

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Explicó: 148 obras hemos terminado. ¿Por qué no hemos terminado más?, ustedes se preguntarán por qué no hemos terminado más obras, ¿Ustedes recuerdan la estafa inmobiliaria reciente? Hemos hecho un cruce y las empresas protagonistas de la estafa inmobiliaria son las mismas que cobraron anticipo por obras que iniciaron en los hospitales y no las han concluido. Se están dictando autos de detención en estos momentos a todos esos empresarios que cobraron un anticipo por nuestras obras y las dejaron a la mitad.

Sala de conciliación

Los borrachos de los tiempos de Medina Angarita, incluso de los de Rómulo Betancourt en la segunda etapa, decían, cuando aparecía la esposa en actitud de 59

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recriminación, “No todo puede ser rigor”. Con ese criterio parece haber actuado el Indepabis al crear un espacio de la investigación determinado para que la constructora responda ante los daños ocasionados de forma tangible al denunciante y lograr un acuerdo o solución. La Sala de conciliación es la primera instancia donde se invita a las partes a comparecer ante la institución en una audiencia donde se propongan soluciones tangibles al conflicto. El Indepabis ha realizado, a partir de Noviembre del 2010, más de 251 actos conciliatorios. Se realizaron dos conciliaciones masivas en los casos de las empresas Visonca Buenaventura y constructora Furcasa. Hubo 28 acuerdos a ser evaluados y fiscalizados por el Indepabis para que sean cumplidos a cabalidad, garantizando así la satisfacción de los afectados y las afectadas. Igualmente se realizaron audiencias masivas con afectadas y afectados de los 33 urbanismos que poseen medidas de ocupación temporal tales como Terrazas de Guaicoco, donde el banco accedió a transferir los recursos que hacen falta para darle continuidad a la obra, la cual comprende desde la torre A hasta la torre F (124 familias beneficiadas) para ser entregadas en diciembre de 2011. La Sala de Sustanciación es la segunda instancia, en ella se han dictado 4 medidas innominadas de ocupación inmediata del bien. A su vez se dictaron 65 medidas de prohibición de enajenar y gravar, a los fines de “que estas constructoras y urbanizadoras no puedan vender, ceder o traspasar los inmuebles de estas familias”. Las mesas técnicas contra las estafas inmobiliarias son una de las estrategias del Indepabis donde,

en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, entre otros organismos, se brinda asesoría en la misma región, inclusive en el mismo urbanismo, a todos los que ya han interpuesto su denuncia ante las distintas instituciones. Además es un espacio para el estudio de casos puntuales, que por su especificidad requieren trato particular de alguna de las instituciones, aplicando in situ medidas correctivas y resoluciones necesarias. Los estados Aragua, Miranda, Nueva Esparta, Bolívar, Carabobo han sido entidades con un gran número de denuncias, por lo cual han sido las ciudades iniciales para la instalación de estas mesas técnicas que, de forma coordinada, irán abarcando el resto del país. En un comunicado, el Indepabis hizo un balance de su gestión de 101 días contados a partir de aquel en que el Ejecutivo Nacional dictó las medidas de expropiación y ocupación temporal. “Es así como, de la mano con otros entes del Gobierno Nacional, ha hecho entrega de 945 viviendas, las cuales representan un 34.24% de un total de 2.811 viviendas a ser entregadas por la gestión”.

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Farándula también

Miércoles 16 de febrero de 2011, 8:24 pm. Foto: captura de pantalla de VTV: retrato de hombre maduro de aspecto rudo, con lentes negros y camisa playera. Pie de foto: “El actor relató que fue víctima de este tipo por la promotora Residencias Riviera, que opera en el estado Nueva Esparta”.

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El actor Carlos Villamizar agradeció al presidente Hugo Chávez Frías por las medidas que tomó en el caso de las estafas inmobiliarias. Villamizar denunció —en un contacto televisivo con el programa Dando y Dando transmitido por VTV— haber sido víctima de este timo por la promotora Residencias Riviera, que opera en el estado Nueva Esparta.

Relató que en diciembre 2006, hizo un convenio de compra-venta por 18 meses para adquirir un apartamento en el edificio Bahía Sal. “Empecé a pagar mis cuotas religiosamente, lo exigido”. Asimismo, indicó que el precio inicial del inmueble era de 227 millones de bolívares. Posteriormente, se hizo una modificación en el contrato, a través del cual se le hizo cancelar 6 millones más. Luego la constructora pretendió hacer un cobro por 51 millones de bolívares por concepto de INPC. Pero la gente de Residencias Riviera no tenía prisa. Según el contrato, el inicio de la construcción de Bahía Sal era para marzo del 2007, y el ofrecimiento de entrega era para agosto de 2008. “Cosa que no fue así”, agregó. El artista expresó: “Felicito enormemente, como un ciudadano más de este país, al Indepabis y también al Presidente de la República por trabajar en favor del venezolano (…). Doy fe de que es verdad, a mí me han rescatado mi apartamento”. Espera que la entrega del inmueble sea para el próximo 27 de febrero.

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Unos grandísimos &%+#$*=”?¿!

La noticia, firmada por [email protected], de febrero 16, 2011, 02:17 am, empieza señalando que “a solicitud de esa instancia quedaron detenidos ocho representantes de la Asociación Civil Provivienda Esnogue, además de dos directivos de la empresa Inversiones e Importaciones Ronald Import”. Y continúa: “El grupo de personas fue imputado por los delitos de estafa agravada, usura y asociación para delinquir en perjuicio de 184 compradores que invirtieron su dinero en el desarrollo habitacional Valle Encantado, sector Tucutucu de la ciudad de Trujillo. Los denunciantes aseguran que después de 16 años no se ha dado inicio a la obra y sólo está construida la casa modelo. Hay 10 personas detenidas”. En el final de la transcripción, obtenible por Internet, de esta noticia aparece una frase que reza Ingrese su comentario, y el siguiente párrafo: “Importante: Está terminantemente prohibido incluir agravios, calumnias, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o cualquier comentario discriminatorio”. ¿Cómo ingresar entonces un comentario? ¿Qué se puede poner para expresar los adjetivos que merecen los promotores de esta estafa? (No digo que necesariamente los que están presos, quizá los verdaderos vivos están en Miami o en las Bahamas). En espera de una mejor idea expresiva apelaremos al lenguaje de las comiquitas, que a alguien que así roba a los seres humanos lo calificaría de &%+#$*=”?¿!. En la segunda parte del despacho, bajo el subtítulo de Balance, se acota: De los complejos intervenidos el pasado 31 de octubre por funcionarios del Instituto 63

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para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (Indepabis) —33 en total— hasta ahora han sido detenidas otras 10 personas, representantes de la empresa Cumberland (Conjunto Residencial La Arboleda, ubicado en Trujillo). Va de cuento: hay un pana que no se llama Genaro y, justo por ello, lo llamaré así. Lo conocí en los días iniciales de la campaña electoral de Chávez, días de aluvión donde entraban al chavismo por igual locos y políticos valiosos, personas de verdad revolucionarias, como Haydee Machín, y adecos mimetizados. Se realizaban muchas asambleas, discusiones, constituciones de comités en esos días y en una de esas, que tuvo por ambiente un salón del Parque Central, vi que se había formado una cola para sacar carnet del MVR por dos mil bolívares. Yo también hice mi cola y saqué mi carnet, plastificado, con su foto y todo, porque la cosa era con tecnología. Después supe que esos carnets no los asignaba el MVR sino Genaro, que había alquilado esa máquina y la había puesto a hacer carnets por su cuenta. Emitió unos 3.000, lo que significó unos seis millones de bolívares. Los carnets vírgenes y el alquiler de la máquina le costaron 300.000 bolívares en total, cosa que me contó porque nos hicimos amigos. Me confirmó que ni Miquilena, ni nadie lo había autorizado para ese trabajo de carnetización, también que las ganancias fueron de 2.700.000 bolívares. Tomando unas cervezas me narró otros trabajos suyos, hechos en los tiempos de la Cuarta República. Una

vez inventó el Premio Mujer Excelsa de las Américas y se lo ofreció a Blanca Ibáñez. Ella se interesó, entusiasmada por las ofertas de delegaciones de las fuerzas vivas que asistirían al acto de entrega en el Gran Salón del Hotel Hilton, del enchapado en oro de la estatuilla, de las veinte y dos notas que aparecerían en los periódicos y en revistas de alcance nacional, noticiando la asignación del Premio. Bueno, llegado el día, en el Hilton no sabían nada de Gran Salón alquilado, ni aparecieron notas invitando al evento a excepción de una, redactada por el mismo Genaro e inserta en El Mundo por algún amigo de él. Tampoco Genaro se comunicó con Miraflores para informar sobre el evento. Noticiada la Disip, en vez de aplicar conceptos como el de los cien días de perdón, condujo al encartado a la sede de Los Chaguaramos, en una patrulla y con algún maltrato, se le sometió a interrogatorio. La pregunta persistente era si había intentado faltarle el respecto a la primera dama. Él negaba, hablando con los diminutivos del habla trujillana que ha explicitado el poeta Palomares e hicieron a Luis Alberto Crespo apuntar en un prólogo a la obra de éste que “nos convierten a todos en inocentes”. Aducía Genaro, que es de Valera: “Es que doña Blanquita no comprende que la platica no me alcanzó para pagar la estatuita”. “Hay que esperar una semanita, el premito se le va a dar, claro que sí, prontito”. ¿A qué viene este cuento? No lo voy a decir, pero si afirmo que así, puede imaginarse, responderían los estafadores de Cumberland y sus compañías gemelas

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El “premito”

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a los estafados. Claro, la comparación es abusiva porque a mi amigo aquellos le llevan lo que llaman “una morena” en viveza, porque él estafaba a avivatos grandes, como los Ibáñez Lusinchi o, si tracaleaba a personas como yo y los otros chavistas que caímos con el carnet, fue con cantidades modestas, mientras los constructores les espalillaban a la gente los ahorros de toda su vida. Otro despacho titulaba: “Directivo de constructora Cumberland fue Gobernador y Congresista por AD”. Lo tantas veces dicho: lo que es del cura va para la iglesia, el que gobierna con AD deviene empresario, o el empresario -parece más el caso- deviene gobernante con AD y sale más rico. Después tiene su periódico y ya se sabe para qué. Es lógico que la parte final del texto rece: “El Ministerio Público acusó a 3 directivos y a 4 gerentes de la empresa Cumberland, C.A., por presuntamente estafar a 114 familias a través del desarrollo habitacional La Arboleda II, en el estado Trujillo. Los fiscales 35° nacional, 2° de esa jurisdicción, Américo Rodríguez y Lenín Terán, respectivamente, acusaron a tres directivos de la empresa por el delito de estafa continuada contra familias afectadas. También fueron acusados por ese mismo delito los gerentes de operaciones, administración y de proyectos de Cumberland”. En tres de los 114 casos presentados, las familias habrían cancelado finalmente el triple del valor real del inmueble. La empresa habría solicitado un crédito al Banco Bicentenario para la construcción de las viviendas y sólo ejecutó el 17% de la obra.

Además, estaban detenidos directivos del complejo habitacional Lomas de la Hacienda, ubicado en San Diego, Carabobo, y los del Consorcio Urbanístico del Tuy —Consurtuy— (Mata Linda, Charallave).

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Habla Pernalete

La floración era epidémica. El Cicpc en el estado Falcón investigó a siete empresas. Villa Elvia, Las Camelias y Don Felipe son los tres complejos habitacionales en los cuales fueron detectadas las irregularidades. Orlando Pernalete, jefe de la subdelegación Cicpc-Punto Fijo, explicó: “Las empresas mostraban los terreros donde harían las construcciones, el movimiento de tierra y así captaban a las víctimas”. Los estafados cancelaban entre 30 mil y 40 mil bolívares. Aunque Pernalete no precisó la cantidad de personas afectadas, manifestó que “son cuantiosas las denuncias”. La fiscalía sexta del Ministerio Público, encargada del caso, gestionaba prisión para los sospechosos.

Ahora con los obreros

El 18 de febrero se noticia que el tema obrero entra en juego. Concernidos: los que amarran con alambre las cabillas de las vigas, los que colocan el concreto y pegan los ladrillos que producen los modernos frentes de color rojo. La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, que designe una junta administradora en las sociedades mercantiles Promotora Parque La Vega, Promotora Casarapa y Compañía de Inversiones y Desarrollo Coindeca, la cual velará por los derechos de los trabajadores de estas empresas investigadas.

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Las inmobiliarias mencionadas arriba estaban incluidas en la sentencia dictada por el máximo tribunal del país el pasado miércoles, a favor de 150 familias que habitan en los edificios 9, 10, 11, 12 y 13 del sector 3 de la primera etapa del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega. Larry Devoe, director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que la solicitud busca garantizar el pago y demás beneficios laborales a los trabajadores de la Promotora Parque La Vega y Promotora Casarapa, quienes manifestaron que la constructora no realizó el desembolso correspondiente a esta semana. Devoe señaló que se solicitó la inclusión de un representante de los trabajadores afectados en la junta administradora. Tras la mediación de la Defensoría del Pueblo, un grupo de trabajadores de la constructora suspendió la protesta que realizaba en la entrada de la urbanización Terrazas de La Vega, y dos de sus representantes, Danny Reyes y Carlos Márquez, se trasladaron hasta la sede de esta institución defensorial, donde fue acordada la solicitud al máximo tribunal del país. Durante la reunión, Reyes manifestó que la Promotora Parque La Vega no pagó lo correspondiente a esa semana, argumentando que la sentencia dictada por el TSJ el pasado miércoles lo impidió. Así mismo, dijo estar de acuerdo con las medidas adoptadas en defensa de los habitantes del conjunto residencial. Devoe consideró que la decisión de las promotoras Parque La Vega y Casarapa de no cancelar el sueldo y demás beneficios laborales a sus trabajadores sólo per-

sigue enfrentar a estos trabajadores con las instituciones del Estado que trabajan en la defensa de las personas afectadas por la constructora. Los dueños de la Promotora Parque La Vega cuentan con recursos económicos que les permiten honrar sus compromisos, independientemente de la decisión del máximo tribunal, “ya que pertenece a un grupo económico de gran magnitud afectado sólo en una pequeña parte por las medidas dictadas por la Sala Constitucional del TSJ”. El 17 de febrero era designado Augusto Montiel como presidente del Indepabis. Montiel es diputado suplente en el Parlamento venezolano y se había desempeñado como vocero de la Sala Situacional sobre ilícitos inmobiliarios.

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María Corina y las víctimas

¿Sería más exacto decir sus víctimas? El gráfico muestra unos poderosos edificios de grises líneas de cemento y rojo ladrillo. Vidrio por aquí y por allá. Hay también una grúa y una antena capaz de captar hasta las señales de Marte. Se trata de la primera etapa de la urbanización El Encantado, ubicada en Macaracuay y expropiada el 31 de octubre del año anterior. El título del Correo del Orinoco del 18 febrero de 2011 dice que María Corina Machado “intentó ponerlos en contra de la medida de expropiación y que dejaran todo en manos de la MUD”. El complejo habitacional está dividido en cuatro etapas de cuatro torres con 96 apartamentos cada una, lo que totaliza 1.500 viviendas. Se prevé que la segunda

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fase esté culminada para mayo, mientras que la tercera y cuarta deben estar listas para la entrega a sus propietarios a finales de 2011. Una de las propietarias señaló que el pasado martes fueron protocolizados otros cinco apartamentos de la primera fase, “lo que garantiza que sí nos van a dar los registros de propiedad de nuestras casas y sin el pago del Índice de Precios al Consumidor (INPC) que exigía la empresa constructora”. Domingo Medina, otro de los propietarios que tienen el título de su apartamento en trámite y esperaba mudarse pronto, indicó que a él la empresa constructora le quería cobrar 50 mil bolívares de INPC. “Me enteré por una amiga de la existencia de este urbanismo y di mi inicial de 84.000 bolívares en junio de 2007. Me dijeron que me lo iban a entregar en diciembre de 2008 y que el precio final era de 210 mil bolívares”, explicó. Sin embargo, en junio de 2009, cuando ya la construcción llevaba medio año de retraso, se le informó que el banco le pedía abonar 50 mil bolívares para tramitar el crédito. Medina se dirigió al Indepabis y consiguió su crédito hipotecario gracias al documento de compra venta que había firmado al entregar la inicial. “Con esa medida del Indepabis me dirigí a la empresa, pero ellos me aseguraron que no me iban a dar el apartamento hasta que pagara los 50 mil bolívares. En ese momento fue que comenzamos a organizarnos con otros vecinos y conformamos la Sala Situacional con el apoyo de diputados como Augusto Montiel y Darío Vivas, quienes nos asesoraron en los pasos a seguir”.

Comentó Medina que había vecinos de su misma etapa del complejo, la primera, a las que se le estaba cobrando un INPC de hasta 150 mil bolívares. “De los más de 1.500 apartamentos que están proyectados desde el comienzo del complejo en El Encantado, hay sólo 20 que no están vendidos. Los de las últimas etapas fueron vendidos a 400 mil bolívares, con la escusa del incremento del valor de la propiedad se cobraba cada vez más INPC”. “Sabemos que sólo el Estado puede garantizarnos que no serán vulnerados nuestros derechos, que se encargará de culminar todas las construcciones para que podamos tener una vivienda digna y que castigará y no permitirá que estas estafas se repitan”, resaltó. Entre los textos aparece un retrato titulado “Una diputada en el terreno”. Es María Corina Machado. Habla amablemente con varias posesionarias. La más cercana a ella muestra el labio inferior proyectado hacia afuera en actitud contestona y sus brazos cruzados evidencian igual disposición anímica. Otra, que está más lejos, expresa simpatía por la diputada. Pero… ¿qué puede una simpatía de espectadora sistemática de Globovisión, como tal vez es el caso de la segunda señora, si la compañía encargada de ese complejo residencial —Urbania 2007— tiene entre sus dueños a socios políticos de la diputada en la asociación civil Súmate? Ello no acusa a la diputada, pero dime con quién andas y te diré quién eres. La empresa estafó a más de 1.500 familias en El Encantado. El 31 de octubre de 2010, durante el programa Aló Presidente, el mandatario venezolano Hugo Chávez ordenó la expropiación de los seis desarrollos urbanísti-

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cos que se encontraban en construcción, la ocupación temporal de otros ocho para su entrega, y la aplicación de medidas especiales a 19 más. María Corina participó en una asamblea de vecinos y vecinas que forman la Sala Situacional de ese complejo. Indicó Domingo Medina, uno de los afectados, al Correo del Orinoco que “se presentó como una diputada electa que venía a conversar con nosotros”. Otra vecina que estuvo presente durante esa reunión, realizada el 5 de noviembre, indicó que “ella quiso agarrar el megáfono, pero la mayoría se opuso”. “Ese mismo día, otras personas identificadas por la comunidad como gente de Primero Justicia nos repartieron cartas que debíamos firmar afirmando que los vecinos estábamos en contra de la expropiación del urbanismo. Por supuesto, nosotros no firmamos”, contó. La vecina relató que luego de que la comunidad se negara a firmar las cartas y de que a Machado no se le permitiera hacer una intervención en la asamblea, la diputada conversó con un grupo pequeño de vecinos y vecinas. “Al terminar esa conversación, uno de los vecinos se dirigió a todo el grupo y dijo que nos quedemos tranquilos que ellos iban resolver todo con gente de la MUD. Nosotros creemos que estaban intentando desarticularnos como grupo organizado para meterles miedo a algunos propietarios diciéndonos que el Gobierno nos iba a quitar nuestras casas. Pero nosotros estamos claros y sabemos bien quiénes son los que están de nuestro lado y quienes no”, enfatizó. ¿Traía María Corina un mensaje de los constructores? Mensaje necesariamente de arrepentimiento y correc-

ción de la estafa tendría que ser, porque sin eso no estarían hablando nada. Si fue así, no se vio. En todo caso quedó aludido el vínculo entre el dinero, los políticos al servicio del dinero y la gente común, independientemente de que algunos o muchos fueran escuálidos, como es costumbre (o era) en propietarios de apartamentos en conjuntos de buena calidad como esos.

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Delitos de usura y estafa continuada

Revisar el tema de las estafas inmobiliarias en Venezuela da resultados ásperos y prometedores. Febrero de 2011 pareció ser el mes más frondoso. Veamos la nota sobre el caso Margarita Building Corp C.A. A un año y 8 meses fue condenado por el Ministerio Público el representante de la constructora Margarita Building Corp C.A., por estafar a 10 personas que cancelaron en 2007 recursos para la adquisición de inmuebles en el desarrollo habitacional Doral Margarita Town House, en el estado Nueva Esparta. El acusado admitió su responsabilidad por los delitos de usura y estafa continuada, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Asimismo, el tribunal le mantuvo la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de las cuentas de la empresa y las personales. También otorgó la guarda y custodia de los inmuebles a las víctimas. La investigación se había iniciado en 2009, luego de que varias víctimas acudieran ante el Ministerio Público para denunciar el cobro del INPC por parte de la citada inmobiliaria y de la no culminación de las vi-

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viendas ofrecidas, las cuales comenzaron a construirse en 2007. El tribunal dictó órdenes de aprehensión contra otras dos personas implicadas para lo que en la cárcel de El Rodeo denominan “una temporada larga en Punta Cana”.

Caracas.- En dos millones se calcula el déficit de viviendas en el país. Pese a los planes, cambios de ministros y misiones, el Gobierno reconoce que en 12 años no ha logrado superar este problema. Aunque admite el retraso, se lo atribuye al capitalismo. “Este es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y créanme que yo el problema de la vivienda lo he tomado ya como algo personal, es un problema mío, de Chávez pues, y no descansaré pero nada en la búsqueda de soluciones al drama heredado, producto de la maldición del capitalismo”, expresó el primer mandatario en junio del año pasado.Lo cierto es que hasta la fecha, desde que el primer mandatario se atribuyó la responsabilidad, no se han ejecutado planes concretos para garantizar la construc-

ción de nuevos proyectos. La solución ha girado en torno a una persecución contra el sector de la construcción privada. Expropiaciones, intervenciones, ocupaciones de bienes, por presuntas estafas inmobiliarias, estuvieron a la orden del día a finales de 2009. Recientemente, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, durante su interpelación en la Asamblea Nacional, señaló que “no hemos logrado superar el techo, porque hemos estado empeñados en resolver el problema con las mismas herramientas del capitalismo. Mientras sigamos viendo las viviendas como una mercancía, no vamos a solucionar el problema. El problema de vivienda se resuelve en socialismo”. La propuesta del ex ministro, Farruco Sesto, Vivienda para el Socialismo en 2009, recogía parte de esta ideología: “La actuación en materia de vivienda, en un país en transformación socialista, debe impregnarse de socialismo y consustanciarse con su espíritu”. Pero ¿qué hay de cierto en ello? ¿Qué dicen las cifras? La falta de planificación y políticas coherentes entre todos los sectores se han convertido en los principales elementos que afectan a dos millones de familias que sobreviven al déficit de viviendas. “En un gobierno revolucionario no es posible hablar de política de vivienda sin una planificación de Estado. Hasta ahora, esa planificación no existe”, según señala el informe de balance de gestión de junio 2008 y febrero 2009 elaborado por el ex ministro Sesto.

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¿Hacia los dos millones de viviendas?

El lunes 21 de febrero de 2011, la periodista Yaneth Fernández, de El Universal, publica un resumen de buena extensión aunque sesgado sobre este problema que a muchos ingenuos, que creyeron haber salido de abajo mantenía con la camisa arremangada tomándose la tensión, que iba por 170, con tendencia a subir.

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Al observar las cifras de ejecución de viviendas se evidencian los efectos de la falta de planificación. Los datos que ofreció el actual ministro de Vivienda, Ricardo Molina, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional revelan que la producción promedio anual fue de 25.857 viviendas entre 1999 y 2010. Mientras que el sector privado solo elaboró 23.740 unidades. Si de esta cifra se excluye la construcción de viviendas durante los años 2002, 2003 y 2004, por las consecuencias del “golpe y saboteo petrolero”, el promedio de edificaciones hechas por el Gobierno asciende a 35.000 (al año), según Molina. “Hemos llegado a producir 35.000 viviendas al año. Cualquier persona pudiera decir que no hemos logrado hacer más que en los 40 años, pero tenemos un pequeño detalle (...) En Revolución estamos construyendo casas de 70 metros cuadrados, adecuadas a la familia venezolana, con todas las normas de arquitectura y habitabilidad”, expresó. Estas cifras se traducen en 284.427 viviendas construidas durante 12 años del Gobierno de Hugo Chávez, mientras que el déficit estimado es de 2 millones. La meta es cubrir esa necesidad en seis años. “Todos nosotros estamos dispuestos a jugarnos el pellejo, para que en los próximos seis años cumplamos esa meta”, expresó el ministro Molina. No obstante, el sector construcción considera que es un objetivo ambicioso, tomando en cuenta que en 12 años sólo se han construido

284.427 viviendas y que aún siguen sin definirse estrategias entre el sector público y privado. A esto se agrega la falta de insumos. Argumentan que realizar dos millones de soluciones habitacionales en seis años implica levantar unas 333 mil viviendas por año, alrededor de 27 mil al mes y 925 por día, sin contar los planes paralelos que deben ejecutarse para garantizar el derecho a una vivienda de futuras generaciones, como lo consagra la Constitución de la República.

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Construir casi mil viviendas por día parece una fantasía alucinante. Pero, según dirá el gobierno, hay el dinero para ello, dinero que viene de la renta petrolera principalmente, lo que vale decir objetivación del sustentáculo filosófico central del nacionalismo, la defensa de la riqueza nacional, para el caso, de los precios del petróleo. ¿Adelantar esto será posible sin la empresa privada? ¿El interés nacional requiere apartarla del proyecto? El neoliberalismo supuso a la clase empresarial gobernando al Estado, actuando en un ambiente desregulado. ¿Es salvable la gente que así fue enfermada? ¿La que ha protagonizado la inmensa estafa inmobiliaria o al menos está cerca de ésta profesionalmente?

La altura del techo del estacionamiento impide el acceso de los vehículos

Es fácil hablar de corrupción administrativa, lanzar acusaciones. Ese no fue el caso descrito en el artículo titulado “Policía Científica detiene a Ingeniero Municipal”, de fecha 25 de febrero de 2011. Allí se trabajó con hechos. 77

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“El ingeniero inspector municipal de Libertador fue detenido luego de que se comprobara su responsabilidad en la aprobación irregular de los permisos que avalaban la construcción del complejo residencial San José del Ávila, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Altagracia, en Caracas”. En la audiencia de presentación, la Fiscal imputó al ingeniero por la presunta comisión de los delitos de usura genérica, estafa agravada, en grado de complicidad y concertación ilícita de funcionario con contratista, todos los cuales se encuentran tipificados en el Código Penal, la Ley Especial de Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios, además de en la Ley Contra la Corrupción. El ingeniero municipal adscrito al Servicio Autónomo de Inspección de Obra (SAIO) de la Alcaldía del Municipio Libertador era el encargado de inspeccionar el desarrollo de la construcción del complejo habitacional. En el año 2008, conjuntamente con el ingeniero residente de la obra, firmó varias actas de inspección mediante las cuales certificaban que la edificación estaba en excelentes condiciones. Sin embargo, los habitantes del complejo han manifestado que hay rarezas en la estructura del conjunto residencial, entre estas, una tan evidente como que la altura del techo del estacionamiento impide el acceso de los vehículos y otra no pequeña: los edificios no tienen bajantes para la basura. Pero hay algo mucho más grave: los materiales que se usaron para la construcción no son los mismos que aparecen reflejados en los informes de la obra, lo que pudiera poner en riesgo la vida de las personas que allí habitan.

El rol desempeñado por el ingeniero inspector es delicadísimo, invita a delincuencias llamadas fácilmente a quedar impunes, por ejemplo, evaluar como fuertes a columnas donde la proporción de arena está aumentada en detrimento de la de cemento, o aceptar cabillas más delgadas de lo conveniente. A la hora de un terremoto la evaluación mala se traducirá en muchas muertes pero es fácil que a tal hora, el ingeniero evaluador autor de mala praxis descanse en paz tras morir rodeado del amor de la familia, y el ingeniero sobornador ídem, coronando una historia digna de Honorato de Balzac. Por eso sanciones ejemplares son necesarias, indispensables aquí y ahora. El tribunal dictó medida privativa de libertad contra el acusado, que permanecerá recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) mientras se presenta el acto conclusivo. La “Epístola moral a Fabio” es un bellísimo poema atribuido a Quevedo, quien lo habría abandonado sin firma -colmo de locura poética dada la jerarquía del texto- en un banquete, disimulado junto a la servilleta del conde duque de Olivares, allá en los años del Renacimiento español. Seguramente, aspiró a hablarle en código sobre asuntos de la política del momento. Un libro sobre temas actuales no es el sitio para transcribir frases sobre el honor y las “esperanzas cortesanas” lo cito porque otro Fabio, el profesor Fabio Quijada, fue el presidente del Ipasme al que tocó enfrentar epístolas y denuncias de todo tipo que le dirigían los educado-

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Epístola moral a Fabio

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res afiliados al instituto, a quienes una administración anterior había defraudado, por acción o por omisión. Quedaba colocado ante una disyunción moral. Declaró el profesor en VEA. “El Presidente de la República dijo hace unas semanas: ‘¡Fueron estafados!’. Con esas palabras lo dijo en cadena nacional de radio y televisión y es la verdad, muchos docentes fueron estafados en la construcción de viviendas que no se han entregado. Es que fueron financiadas bajo un sistema de organizaciones llamadas OCV, Organizaciones Comunitarias de Vivienda, que algunas ya tienen mas de 12 años para la construcción de unas viviendas que todavía no se ven”. En el concepto de Quijada, el Ipasme no tenía que estar en actividades de constructor, viendo cuál era la tradición legal de un terreno, si la inclinación estaba buena, si el techo se está pudriendo, si la madera servía; esa no es función del Ipasme, pero el órgano crediticio de los educadores se había convertido en un constructor con todas las degeneraciones y todos los vicios que son la lógica desviación funcional de una actividad mal regulada. La responsabilidad se hizo difusa, entonces el presidente Chávez ordenó que el Ministerio de la Vivienda asumiera 83 casos particularmente graves de viviendas no entregadas y en situación angustiosa.

Modalidades de estafa inmobiliaria más frecuentes 

 

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Viviendo como en Falcon Crest

 En la primera etapa se engancha a los compradores con un “ventajoso plan de pago”. Las promotoras cautivan con propuestas de reservar hasta con sólo 4.000 bolívares. Es la preventa en la cual realizan la captación de capital. Esto en principio no es estafa. Luego se inicia la fase crucial del negocio, la opción de compra. En este paso se “amarra” la negociación mediante la entrega de un porcentaje de la inicial del inmueble, usualmente entre 30% y 40%. Para pagar el resto, las inmobiliarias establecían un plazo de 18 a 24 meses. No había prisa, incluso, empresas como Inversiones Urbania 2007 se negaban a recibir el pago de la inicial de contado porque en ese caso sus márgenes de ganancia resultaban menores. A esos pagos se sumaban, como imposición a los compradores, cuotas “especiales”, por lo general tres, de entre 20 mil y 50 mil bolívares cada uno. Esto ya es cierta violencia, pero se firma porque uno se imagina viviendo como en Falcon Crest, exhibiendo las piernas en una chaise longue frente a la piscina, con un vaso de diseño modernísimo lleno de licor rojo en la mano o colocado en una mesita perfectamente cercana. Después de la preventa, las inmobiliarias incrementaban el precio del inmueble en alrededor de 150%, ex81

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cusándose en una supuesta escasez o aumento de los precios de los materiales para la construcción. Quienes no podían costear el nuevo precio se retiraban de la negociación y las inmobiliarias sólo les reintegraban, después de varios meses, entre 30% y 40% de los pagos, pues “el dinero se había usado para cubrir gastos administrativos”. En esos casos, la vivienda volvía a ser vendida, con un incremento de entre 17% y 30% sobre el precio original. Y aunque usted no lo crea, las constructoras recibían financiamiento de hasta 80% para su proyecto habitacional, con créditos bancarios que establecen por ley tasas de interés preferenciales (menores de 12%) para el sector de construcción de viviendas.

paraban mes a mes al índice de inflación acumulada durante el año. Así, si en octubre de 2010 la inflación se ubicaba 1,2% y el total en esos 10 meses del año era de 17%, éste último era el porcentaje de recargo del mes aplicado por las promotoras. En algunos casos las empresas exigían por esta vía hasta 150.000 bolívares fuera de lo establecido en el contrato original, aumento que en muchos casos representaba más de 30% del valor original de la vivienda. Por lo general le indicaban a los propietarios que, por haberse retrasado en el pago de mensualidades y cuotas “especiales”, debían cancelar una multa, que en la mayoría de los casos no estaba estipulada en el contrato, pero “ni modo”, la desesperación de las familias las conducía a aceptar las imposiciones de las empresas mientras otros vivían realmente como en Falcon Crest.

Distracción de capital  

La segunda fase del proceso es la construcción. Pero, cuidado, era construcción interrumpida. Sí, porque para las empresas era un negocio paralizar la construcción, pues cuando la retomaban imponían nuevos precios. Mientras tanto, el dinero de los compradores servía para financiar conjuntos residenciales en el exterior o comprar divisas y títulos valores. Un círculo vicioso que generaba una burbuja financiera y una centrífuga inmobiliaria. El dinero recibido y gastado lo reponían mediante el incremento de precios de las obras, grande, porque la paralización es frecuentemente de varios años.  El negocio resultaba todavía más redondo, pues el retraso en las obras permitía el cobro del INPC como tasa de interés. Las compañías no sólo obligaban a los propietarios a pagar el INPC, sino que además lo equi-

Entonces, 54 trabajadores de la empresa Construcciones Edivial, S.A. denunciaron a la inmobiliaria por incumplimiento en el pago del salario y el bono de alimentación de los últimos cuatro meses. Edivial, S.A. construía los desarrollos urbanísticos ubicados en El Rosal, Plaza Jardín, Terrazas La Tahona y Los Samanes. El presidente del Indepabis dijo que han aplicado medidas de protección para las familias afectadas en 500 urbanismos en todo el país: “Estamos asegurando a través de varias medidas para que se puedan culminar todas las obras, y se está conversando con los banqueros, para que se realicen todos los financiamientos necesarios”.

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Continúan líos obreros

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¡Se vende! Estafas tipo estudio

La historia. Ellos quieren un hogar estable y para intentarlo necesitan, en principio, una casa digna pero propia. Sentirse dueños de su espa-

cio. Se enteran de una oferta en la que aparece la palabra mágica: venta. En algunos casos, preventa. Recaudan papeles, completan formularios, solicitan un crédito al banco, pagan una inicial, una reserva, depositan dinero y esperanzas. Esperan. Firman un contrato, esperan. Se emocionan. Y esperan. Ellos quieren hacer lo que saben: construir. La construcción implica un uso, una utilidad, dotar de vida un espacio en el que antes sólo había aire. Eso fue lo que aprendieron: arquitectos, administradores, ingenieros, obreros, socios capitalistas. Quieren ganar dinero por lo que hacen. Entonces una constructora busca un terreno, lo adquiere, obtiene unos permisos que otorgan alcaldías, Ministerio del Ambiente, las instituciones responsables de agua y luz de las regiones donde se levanten las obras, bomberos, sanidad y compañías de gas. Punto para poner un ojo, donde ellos a veces dejan los dos. Las constructoras también solicitan un crédito bancario y buscan una promotora que mercadee el urbanismo, primero, las maquetas y planos de las viviendas, después. En este momento entran los que quieren su casa, cuando se firma el contrato, luego del depósito del dinero y la esperanza. Ambas partes tienen que cumplir con lo que está escrito en un documento legal. A partir de allí comienza a hacerse realidad un sueño, o también, depende de los 8.037 casos, según las denuncias que reposan en Indepabis, comienza a hacerse efectivo el presunto fraude o la presunta estafa inmobiliaria.

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El 28 de marzo de 2011, Últimas Noticias publica un artículo brillante, al parecer sin firma, titulado “¡Se vende! Estafas tipo estudio”. El primer párrafo contiene una lista de las compañías procesadas en el Indepabis por estafa: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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Inversiones Urbania 2007, C.A. Anexinca Grupo Eiffel, C.A. Consurtuy, C.A. Promotora SJDA 2002 Coycerca, C.A. M G Construcciones, C.A. Amazonia, C.A. Proyecto Z-10 Tao Insular, C.A. Construcciones Edivial, S.A. Inversiones Blanchet Urpeca Constructora Cumberland Inversiones Siete 13 Promotora Ambra, C.A. Inversiones K 2000, C.A. Promociones Las Marites I y II Promotora Altos de Oro

La lista sigue y se extiende. Texto del artículo:

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¿Quién tiene la culpa? ¿El Gobierno? ¿Las constructoras? ¿El capitalismo? ¿Los compradores? ¿La culpa es de la vaca? El Estado. Augusto Montiel, presidente de Indepabis, vive recibiendo llamadas y denuncias diariamente. Tiene un mes en el cargo, pero varios años ocupándose del tema. Las cifras que maneja hasta el último corte, realizado en noviembre pasado, son: 791 urbanismos denunciados. La responsabilidad recae en 155 grandes constructoras y más de 600 empresas o empresarios de maletín. Los fantasmas. 100 cuentas congeladas. 33 urbanismos intervenidos. 5 expropiaciones. 18 medidas de ocupación temporal. Pero la cuenta sube. “Protegeremos al débil jurídico”, repite constantemente, “porque nosotros les decimos estafadores inmobiliarios, pero los afectados los llaman ‘malandros’ y eso es lo que son: ladrones de cuello blanco, una mafia, carteles. ¿Qué es un cartel? Una organización delictiva que tiene ramas y asociados en muchos sectores del poder. Gente aquí, gente allá, gente en todos lados. A los grandes, grandes, casi nunca le hacen nada, por ejemplo, a los dueños del Grupo Eiffel, C.A., constructores con cinco décadas de trayectoria que levantaron, entre otras residencias, El Fortín, Valle de Chara, Terrazas de Guaicoco, Nueva Casarapa y Terrazas de la Vega. Ellos se fueron del país, pero durante mucho tiempo estuvieron por ahí y podían agarrarlos. En Valencia el manejo de influencias es brutal. Tienen denuncias en la Fiscalía y tienen denuncias en el Indepabis, pero ¿dónde están?

El texto comenta que hay que poner la lupa en los bancos, desde donde se otorgan créditos a las constructoras sin supervisar el avance de las obras. “Esa es la pregunta que hay que hacerse”, dice Montiel, y en lugar de una, suelta un par: “¿por qué estos empresarios siguen recibiendo dinero de los bancos y a veces ni siquiera han comenzado las obras? ¿Por qué dicen que no tienen dinero por la inflación, pero construyen edificios en Panamá o el Caribe después de recibir financiamientos?”. La respuesta, que se devuelve como búmerang en forma de pregunta: ¿Tiene ejemplos concretos? “Los constructores de San José del Ávila. Los representantes de Lomas de la hacienda (Blanchet), Urbania 2007 (Conj. Res. El encantado), Coycerca, C.A. (Monte Mayor). Son varios”, contesta.

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Sigue el texto: Los bancos. Entre los requisitos que exige el Banco de Venezuela para otorgar un crédito a una constructora, similar al de otras instituciones financieras, visibles y con planilla descargable desde su página web, junto a las advertencias, destacan: Que el monto máximo a financiar es de 75% de los costos directos de la obra (sin incluir el terreno). Que la inversión mínima del Promotor es de 25% por cada valuación de la obra ejecutada (sin incluir el terreno). Que el alcance de la hipoteca es dos veces el monto del crédito, y que el dinero se entregará parcialmente, previa presentación de una valuación de obra supervisada por el mismo banco.

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¿Una valuación de obra supervisada por el mismo banco? En Indepabis reposa un número indeterminado de denuncias que pasa de largo la treintena y tiene que ver, precisamente, con obras no ejecutadas o urbanismos desnudos, de empresas que recibieron créditos de diversos bancos que, se supone, fueron supervisadas. Se consultó a las vocerías del Mercantil, Venezolano de Crédito, Provincial y Venezuela, pero no hubo una voz interesada en declarar. Algunos pidieron tiempo. Seguimos esperando sus respuestas. El otro lado de la moneda. Martini. Ese es su apellido, como el trago que mezcla ginebra y vermouth, el que pide el elegante y bien peinado James Bond. De paso, se llama Aquiles, como el nieto de Éaco en la mitología griega, el de los pies ligeros y el talón débil. Su función al frente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela lo lleva de un tiempo a esta parte a correr y batallar contra la satanización, según sus palabras, al que han sido sometidos los sectores inmobiliarios y de la construcción en el país. Con las cifras del Banco Central de Venezuela, dicta charlas y conferencias para dejar bien claro que sí hay un incremento de por lo menos 18,2% en los costos de materia prima con respecto al último año, llámese acero, arcilla, cobre o ascensores; que ha habido un déficit en la producción de cemento, y que al cuarto trimestre de 2010, siempre según el BCV, la industria privada terminó y construye casi 70 % de las viviendas, mientras que el Estado sólo ha logrado terminar y actualmente levanta poco más de 30%.

Dice: “Si al Gobierno le falta material y se retrasa, imagínate el sector privado”. Se pregunta Martini ¿dónde están los imputados del sector público que tienen paralizadas las obras de las viviendas que le prometieron a la gente?Martini suelta otra perla, o más bien un pequeño collar, para seguir con la metáfora: “Indepabis avaló cambios de contrato y durante mucho tiempo reconoció el INPC, que fue regulado en 2008 y eliminado en 2009, ¿qué pasó ahí? ¿No hay responsables por eso? Además, traemos cemento de Cuba, ¿eso qué quiere decir? Hay escasez. Los precios suben, no lo digo yo, lo dice el BCV. ¿Por qué se da un aumento exponencial en las denuncias? Antes había 300, ahora hay casi 10 mil. ¿Esas 10 mil personas pagaron lo que debían o muchos se están aprovechando de la situación? Hay decisiones desacertadas del Gobierno y de algunos constructores, pero se está sometiendo al escarnio público a una cantidad de empresas con historia, que han levantado hogares para miles de venezolanos, sin un derecho legítimo a la defensa. Primero, los detienen; después los investigan. Cometen excesos y están destruyendo familias injustamente”. A la pregunta sobre cuáles constructoras, a su juicio, tienen una historia limpia y cumplen con las normas establecidas en los contratos, pero están siendo perjudicados por esta situación, Martini piensa, no quiere comprometerse, pero finalmente se atreve, como James Bond: habla de Edivial, también de los constructores de El Encantado Humboldt, conjunto residencial expropiado por el Gobierno; menciona a Brickett, en Barquismeto, “de los mejores, y está metido en un peo,

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ellos construyen fácil 5 mil viviendas al año, pero el gerente está preso”. Dice, “el Consorcio Oliveira, en Acarigua, cuyo dueño está detenido; los del grupo Eiffel, están corriendo injustamente, después de todo lo que han construido. Que denuncien apenas 10 o 20 personas en un urbanismo de 150 apartamentos, ¿es suficiente para declararlos culpables porque sí?”. Lea la nota de arriba. Al igual que con los bancos, en la Cámara Venezolana de la Construcción respondieron el teléfono con amabilidad, pero no fue posible que concertaran un encuentro para proyectar un plano en concreto sobre el tema. Cuatro representantes de Construcciones Edivial, S.A., una empresa con 20 años de experiencia, compran un terreno y diseñan un urbanismo de 144 apartamentos. Crean una Asociación Civil y se constituyen como la Junta Directiva. Elaboran un presupuesto, buscan a un centenar de posibles asociados. Los consiguen, firman contratos. En adelante, cada quien correrá con los costos del proyecto, que será supervisado por... Exacto: Construcciones Edivial, S.A. Ellos cobrarán una prima de 21% de ganancia bruta sobre el costo total de la obra. Esto comienza en 2006. El nombre, para soñar en verde: Bosque de Los Samanes, en el Municipio Baruta. El costo, también, para soñar en verde, o en bolívares, hasta dónde alcance la imaginación de los bolsillos: BsF 3.900 por m2. La junta directiva cambia en agosto de 2008, cuando aumentan las mensualidades de los aso-

ciados. Empiezan los retrasos. Los precios llegan casi a duplicarse y 21 asociados denuncian ante Indepabis a los cuatro dueños de Edivial. Indepabis considera que ellos construyeron un velo corporativo para ocultar una preventa y cobrar el INPC a los asociados de forma disfrazada. Dicta medida de ocupación temporal y les exige negociar con los 21 denunciantes. Entre las exigencias está devolver a los propietarios una suma que se ha invertido en la obra, y culminar la construcción de las viviendas con capital de su empresa. “Los ingresos del proyecto son los aportes de cada asociado. Edivial no es dueña del edificio, sólo contrata y supervisa, administra los recursos. En 20 años, ninguno de nuestros proyectos estuvo paralizado, este se estaba construyendo con algunos retrasos, pero se iba a terminar. Lo que pasa es que Indepabis no reconoce este esquema porque hay una empresa que promueve y genera una utilidad, y porque también tenemos una utilidad en el terreno”, dice desde el extranjero uno de los acusados de estafa y sobre quien recae una medida de prohibición de salida del país y un auto de detención. Humberto Díaz y Alfredo Bozo, dos de los 21 denunciantes asociados de Los Samanes, aseguran que Construcciones Edivial subcontrató a empresas de las cuales alguno de los dueños eran directivos, y que el problema se agudizó a finales de 2010, fecha para la cual, en lugar de recibir las viviendas, como estaba proyectado, recibieron un aumento en el cobro de las mensualidades, bajo amenazas de perder sus cupos si llegaban a fallar en los pagos: “Nuestro negocio era tener una vivienda,

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El complejo caso de Edivial

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el de ellos era hacer dinero mientras construían una vivienda y se quedaban con otra, ¿quién sale perdiendo?”, se pregunta Díaz. La medida de Indepabis origina la paralización de la obra. Luego, Construcciones Edivial, S.A. no cancela los pasivos laborales de los obreros. Estos protestan y amenazan con invadir los inmuebles. Un grupo de asociados mantiene la denuncia, investiga, está convencido del fraude y confía en el Estado, otro grupo prefiere que Indepabis retire la sanción y pide que la empresa privada concluya su trabajo. Y la construcción sigue detenida, a medio levantar, con sus intenciones huecas.

Campaña de Guayana, Riberas del Caroní, Residencias Almanar y Villa Icabarú, además de otros dos urbanismos en el municipio Heres. Sólo cuatro torres de las veinte planificadas dentro del proyecto de Riberas del Caroní habían sido entregadas por la constructora. Oritsi Rojas es una de las 160 personas que aún no posee su vivienda, en el proyecto de Riberas del Caroní, debido a la paralización desde 2007. “Estos proyectos que no están ni siquiera en bases, sino el mero terreno, hay personas que han pagado en su totalidad”, declaró, afirmando que lo único que ellos como propietarios exigen es la reactivación de la obra.

Indepabis en Guayana

Ganancia ilimitada

El 4 de abril 2011 Soremil Carvajal, coordinadora regional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en Ciudad Guayana anunciaba que el Indepabis protocolizó a víctimas de estafas inmobiliarias del Estado Bolívar. El instituto estuvo realizando operativos de fiscalización en las construcciones inmobiliarias involucradas en fraude, con la finalidad de verificar el estado de los apartamentos, y sincerar la situación legal en que se encuentra cada propietario contó con la participación del Ministerio Público, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREM) y la Guardia Nacional, además de los afectados. El trabajo requiere revisión y actualización de los documentos que califican a los compradores como absolutos dueños del inmueble. También hubo que mirar el aspecto físico: “Estamos verificando que las viviendas cumplan con las condiciones de habitabilidad”. Se visitaron las construcciones de

Como en las borracheras respetables, en estas estafas siempre había “la del estribo” en la última fase de venta muchas de las inmobiliarias aumentaban el precio una vez más, volviendo a incluir el cobro del INPC. Tal estafa se propiciaba o agudizaba porque la banca, en complicidad con las constructoras, negaba los créditos a cerca del 50% de los compradores. Al no poder pagar de contado el resto de la deuda, la familia perdía la vivienda y se le resarcía sólo un porcentaje de su dinero. A quienes lograban la aprobación del crédito –gente de buena suerte- les imponían como condición para recibir las llaves de sus casas, otro pago que estaba fuera del contrato, en el cual una vez más se cobraba el INPC. Mejor pagar, ya estamos montados en el burro, y pagar de prisa porque para estos tipos es un negocio paralizar la construcción.

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Un apartamento que en la pre-venta se calculó en 414.000 bolívares termina costando 1.150.000 bolívares.

circunstancias, el problema es para quienes aparecen como compradores del inmueble, porque legalmente, debido a la trampa de las asociaciones civiles, son aquéllos y no la promotora la que incurre en la irregularidad. Cuando entonces la alcaldía debe ordenar la demolición del edificio, se vienen también abajo las esperanzas de familias que llevan años trabajando por una vivienda propia”. Veamos eso en un caso práctico.

La trampa de las asociaciones civiles 

Una de las modalidades de estafa que se hizo común fueron las asociaciones civiles, a través de las cuales las constructoras convirtieron a cientos de familias que aspiran a un hogar en “accionistas” y ejecutantes de las obras. Con este truco eran las asociaciones civiles y no las promotoras las que cargaban con los costos inflacionarios. De esas habló alguien insospechable de chavismo, el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde. El fecha 5 de noviembre de 2011, en su columna de opinión de El Universal, afirmó que estas compañías violan las ordenanzas sobre porcentajes de construcción de una parcela: “Venden más cuotas de participación ligadas a unidades habitacionales que las que jurídicamente pueden construir y vender”. “Posteriormente, los empresarios acuden a las ingenierías municipales y, ‘si son corruptas’, logran el permiso para la construcción ilegal. Lo grave es que después que se aprueba de forma irregular un desarrollo urbanístico, ‘la ordenanza queda violada’ y las familias que han invertido todos sus ahorros obtienen su vivienda de manera irregular”. “En caso de que una alcaldía no avale la construcción ilegal y niegue el permiso de habitabilidad, se inicia otro tipo de drama para los propietarios, porque ‘el constructor les dice que él es un santo de iglesia y que el malvado del alcalde no quiere darle los permisos para que ellos puedan vivir en sus apartamentos’. En esas

La parte principal de la noticia, aparecida en varios periódicos el 12 de abril de 2011, está ocupada por un las anchas espaldas de un funcionario, marcadas por grandes letras blancas: Cicpc. Al fondo unos autos patrulla. El título: Detenidos 3 integrantes de OCV en Monagas por estafar a 1.800 personas. Integraban la junta directiva de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Villas Kariwacha. De acuerdo con un boletín del Ministerio Público, fueron imputados por la fiscal de esa jurisdicción por la supuesta comisión de los delitos de estafa continuada y asociación para delinquir. A los detenidos se les fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Oriente, conocido como La Pica, donde se mantendrán hasta que el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Por este mismo hecho se encuentra en el Internado Judicial de Oriente el presidente de la referida OCV. Habrían estafado desde el 19 de octubre de 2005. Una investigación del Ministerio Público arrojó que de más de 11 millones de bolívares que manejaba la

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Sin fines de lucro

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organización en depósitos hechos por las víctimas, actualmente sólo cuentan con 350 bolívares. “La mayoría de los recursos se invirtieron en la cancelación de los sueldos de los integrantes de la junta directiva, a pesar de que la fundación fue creada sin fines de lucro”. Haciendo “el histórico” del tremendo caso, el artículo afirma: “En su oportunidad, la OCV ofreció viviendas a las 1.800 víctimas, inmuebles que serían construidos en las adyacencias del Centro Comercial La Cascada, en Maturín, razón por la cual las personas depositaron el dinero para cancelar las viviendas. Con el aporte patrimonial de las víctimas los directivos de la organización también hicieron pagos por diversos conceptos, los cuales, casi en su totalidad, carecían de soporte. El proyecto inmobiliario iba dirigido a 1.700 familias de escasos recursos económicos”. Ojo, no es sólo a la clase media a la que roban estos vagabundos, también a los pobres. En estas fechas, quedaban algunas estafas por desenmascarar: el Ministerio Público del estado Miranda, acusó fraude en la venta de Pozos del Valle, ubicado en el sobreancho de la autopista que conduce al oriente del país, a la altura de Guatire. Las víctimas habían entregado 36 mil bolívares como cuota inicial. La responsable del proyecto fue aprehendida en el sector Cloris en la ciudad de Guarenas. La fiscal 5° auxiliar de esa jurisdicción, Francisth Hernández, la acusó por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, defraudación, agavillamiento y asociación para delinquir, previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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Las Pionías

Peonía es una flor. También el título de una novela de Romero García, que, según se enseña en el bachillerato, es la primera escrita en Venezuela. Las Pionías es nombre que se queda en la memoria por su breve diferencia con el original. Tal fue el apelativo de un proyecto habitacional ubicado en Ciudad Guayana, estado Bolívar, que nunca se edificó. Ya se lo nombró en las primeras páginas de este libro, a propósito de la prisión de sus promotoras el 18 de noviembre de 2010, conjuntamente con los dreamakers. Ahora (13 de abril de 2011) se anuncia que el Ministerio Público acusó a dos representantes de la constructora Stiboker, creadora de Las Pionías, por estafa a 123 personas. Lo dicho al principio de este libro. Se explica que muchos añoren los modos de la Cuarta república, que deseen un trato como el que se dio, por ejemplo, al caso de la bancarrota bancaria de los 90.

Final feliz

En mayo de 2011, la banca privada firmó un convenio con el Gobierno nacional a través del cual se compromete a culminar más de 22 proyectos habitacionales que no fueron concluidos por sus promotores. “La banca privada, corresponsable en lo sucedido — señaló el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua, en rueda de prensa— asumió su responsabilidad ante la exigencia del Gobierno Bolivariano y debe, con nuevos promotores, culminar el proceso”. El convenio también fue suscrito por el movimiento que agrupa a las víctimas de estafa inmobiliaria. 97

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Se establecen distintas etapas de finalización de las obras, pero puntualizó el vicepresidente que el desarrollo urbanístico que más tarda durará 18 meses para su conclusión. La fiscal general Luisa Ortega Díaz explicó que el Ministerio Público ha dictado 560 medidas en contra de diversas empresas inmobiliarias. Concluía así el proceso iniciado en octubre del año anterior (2010) cuando el Gobierno intervino 33 desarrollos habitacionales cuyos promotores estafaron a las familias que adquirieron sus viviendas bajo la modalidad de precompra. Para la fecha, en Venezuela no quedaban constructores con ganas de estafar. El 30 de abril de 2011, el presidente Chávez anunciaba el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Filas enormes se formaron en plazas y otros sitios públicos para llenar planillas de acceso a un proyecto que ofrece construir dos millones de viviendas en algunos años, asumiendo de modo contundente el endémico problema de la vivienda, increíble en la Venezuela dotada de petróleo.

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ÍNDICE Presentación ....................................................... 3

2010 ......................................................................... 7 Disfrazando la estafa ................................................. 10 Mata Linda, atropello a los empresarios que hacen grande una sociedad....... .......................................... 11 Unidos por nuestra vivienda ..................................... 12 La Tahona te mata .................................................... 14 Con la tensión en 180 ............................................... 17 La defensa de Marta Colomina ................................. 19 Un parálisis del lado izquierdo del cuerpo ............... 20 13 noviembre de 2010 ............................................. 21 Expropiación ............................................................. 22 Dreamaker’s .............................................................. 25 Chávez lo tomó en sus manos .................................. 26 Detuvieron al ciudadano .......................................... 29 Se enfermó apenas a tiempo .................................... 30 Invertir más que los Estados Unidos ....................... 31 El látigo de la contrarrevolución ............................. 32

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2011 ....................................................................... 37

Delitos de usura y estafa continuada ........................ 73

Vendiendo la Torre Eiffel .......................................... 37

¿Hacia los dos millones de viviendas? ....................... 74

Coordinadora Democrática ...................................... 39

La altura del techo del estacionamiento impide el acceso de los vehículos .......................................... 77

“...O le nacionalizo el Banco!” .................................. 39

Epístola moral a Fabio .............................................. 79

El ro de 1.600 apartamentos .................................... 41 Acabar con la impunidad .......................................... 43 La culpa es de la vaca ............................................... 45

MODALIDADES DE ESTAFA INMOBILIARIAS MÁS FRECUENTES ................................................ 81

Madrugonazo al hampa ............................................ 48

Viviendo como en Falcon Crest ................................ 81

Se habrán construido dos millones de viviendas .... 50

Distracción de capital ................................................ 82

Designados 67 fiscales ............................................... 51

Continúan líos obreros .............................................. 83

Esa casa fue vendida cuatro veces ............................. 52

¡Se vende! Estafas tipo estudio .................................. 84

A Iris la soltaron ........................................................ 55

El complejo caso de Edivial ....................................... 90

Hipotecando las áreas verdes .................................... 57

Indepabis en Guayana ............................................... 92

Soy inocente hasta que tú me declares culpable ...... 57

Ganancia ilimitada .................................................... 93

Sala de conciliación ................................................... 59

La trampa de las asociaciones civiles ........................ 94

Farándula también .................................................... 61

Sin fines de lucro ....................................................... 95

Unos grandísimos &%+#$*=”?¿! .............................. 63

Las Pionías ................................................................. 97

El “premito” ............................................................... 64

Final feliz ................................................................... 97

Habla Pernalete ......................................................... 67 Ahora con los obreros ................................................ 67 María Corina y las víctimas ....................................... 69

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