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FEDERACION NACIONAL
DE GANADEROS DE VENEZUELA
XLV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Acuerdos y Resoluciones
Valle de la Pascua, junio 2008
En el marco de la celebración de la XLV Asamblea Anual, realizada el pasado mes de junio en la ciudad de Valle de la Pascua, Estado Guárico; Fedenaga presentó a todos sus asociados un programa de actividades con base en conferencias y mesas técnicas de trabajo donde abordásemos aquellos temas de actualidad que afecten de alguna manera el comportamiento del sector pecuario del país, el objetivo fundamental perseguido era, generar una serie de recomendaciones, recogidas en el presente documento, que consideramos serán de provecho, no solo para las diferentes integrantes de los circuitos pecuarios, tanto lácteos como cárnicos, sino también para los distintos actores de nuestra sociedad incluyendo las autoridades del país. Con ello deseamos dar a conocer la posición de nuestra institución en relación a los puntos que consideramos esenciales para desarrollar este importante sector del agro venezolano. El presente documento recoge las deliberaciones de las mesas técnicas divididas en tópicos de interés como las Inseguridad Jurídica, Inseguridad Personal, Problemática del Rubro Leche, Problemática del Rubro Carne y Problemática de la Sanidad Animal Este documento debe considerarse un papel de trabajo y como tal, es factible su revisión, ampliación o modificación. Pudiéramos decir que todavía está en construcción y que faltan por agregarle otros tópicos relacionados con el sector pecuario nacional, pero estamos seguros de haber alcanzado el propósito de presentar sinceras propuestas que contribuyan al desarrollo del campo venezolano
I. Antecedentes La ganadería como actividad económica de importancia para el país tuvo su apogeo, durante el periodo correspondiente a la época colonial, que junto un par de productos vegetales más, conformaban los principales rubros de exportación del país, para las primeras décadas del siglo XIX, época en que se producía la guerra independentista venezolana muchos de los combatientes, fueron recompensados con la adjudicación de tierras; fomentándose junto con un remanente mantuano criollos, los nuevos grupos surgidos de la Guerra de Independencia, presentándose fuertes tensiones sociales que desembocaron en la primera guerra civil mas conocida como Guerra Federal, cuyo efectos devastadores sobre haciendas y rebaños superaron con creces los ocurridos en la independencia, creando una verdadera hambruna en la población, el proceso de crecimiento de la ganadería nacional fue lento y es a partir del 1900, cuando se inicia la recuperación de este importante sector. Para finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, la participación de la agricultura dentro de la economía nacional constituía poco más del 50%. Para el año 1925, con la irrupción del petróleo, comienza la caída de los ingresos provenientes de la agricultura, siendo este rubro el que mayores aportes en divisas le realiza al país. La agricultura, en franca caída, hace crisis para el año 1930, cuando su aporte al PIB apenas llega a representar el 6%. Luego de casi 80 años, este aporte, con algunas oscilaciones, continúa en niveles similares. Las políticas públicas orientadas al sector, traducidas en mejores condiciones sanitarias del campo, desarrollo de una infraestructura rural, vialidad, sistemas de riego, la creación por parte del Estado de instituciones encargadas de atender al sector, el inicio de programas crediticios y de asistencia técnica, la profesionalización de la actividad, entre otras cosas, condujeron a que la agricultura venezolana entrara en una nueva etapa. El BCV señala que tenemos: “Doce trimestres consecutivos de crecimiento significativo en la economía venezolana”, que se evidencian en un PIB (%) que ha pasado de – 9.24% para el año 2003, logrando un incremento inusitado de 18.24% para el 2004, se mantiene en 10.3 para los años 2005 y 2006, y un leve retroceso a 8.40% para el 2007, resultando un PIB promedio de los últimos 4 años de 11.8%, lo que hace evidente este repunte de la economía, no obstante, a estas manifestaciones, la contribución de la agricultura sigue siendo marginal pues aun se mantiene en niveles de muy bajos y el aporte de la ganadería, al PIB agrícola
expresado en porcentaje, representa poco mas del 50%, siendo ganadería bovina la que participa con la mayor proporción. Es importante señalar además que la actividad ganadera primaria, sin contar con las contribuciones de las actividades conexas que conforman el circuito, contribuye sustancialmente a la generación de empleo, el cual se estima en 350.000 empleos directos, según se desprende del último Censo Agrícola realizado en el año 1997. Entre los elementos que han provocado esta situación de bonanza están, los incrementos consecutivos del precio del petróleo en los últimos años, incrementos en recaudaciones fiscales no petroleras, lo relevante está que si bien es cierto que tenemos signos de expansión económica la inversión privada se estanca por cuanto no existe seguridad jurídica y personal que la fomente Por otra parte la ganadería demanda inversiones y visión a largo plazo tal como lo reseña Pérez Branger en sus mas recientes investigaciones; “Los rebaños son producto de una larga selección genética e inversiones sobre amplias extensiones: potreros, pastos, maquinaria, edificaciones, ordeñadoras”, señalando un necesidad de inversión en el sector carne de unos 10.700 millones de Bs F, por lo que podemos inferir que para el sector en pecuario en general será el doble. Si hay algo que nos queda claro es, que “producción no está correlacionada a un solo factor, son necesarias políticas efectivas diferenciadas por rubro y entidad federal, así como que se establezca un clima de confianza para invertir a largo plazo” idea expresada por el Dr. Machado Allison, en una conferencia dictada ante nuestro directorio el pasado mes de diciembre.
II. PROPUESTAS Las propuestas planteadas serán los acuerdos y resoluciones surgidas de cada una de las mesas técnicas y aprobadas en la plenaria por nuestra cuadragésima quinta Asamblea Anual Ordinaria. v PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD JURIDICA La XLV Asamblea Ordinaria de Fedenaga debe expresar su preocupación y desasosiego frente a la política que el Gobierno Nacional, especialmente a través del INTI viene aplicando a los productores del campo venezolano. En primer lugar se observa que el proyecto de reforma constitucional estuvo encaminado a transformar el concepto de propiedad privada, a fin de ponerlo a tono con las normas contenidas en la Ley de Tierras, cuya
inconstitucionalidad se ha venido denunciando desde el momento de su promulgación. Precisamente, la reforma estuvo dirigida a darle base constitucional a dicha normativa, por una parte, pero lo que es más grave aun, por otra parte, es que dicho proyecto de reforma estaba dirigido a una transformación total de los principios que todas las constituciones dictadas en Venezuela desde la fundación de la República han establecido para garantizar el derecho de propiedad, sin más límites que las establecidas a los efectos de la expropiación por causa de utilidad pública o social, previo el pago indemnizatorio previsto en dichas leyes especiales. El Ejecutivo Nacional ha venido desarrollando, como se ha dicho, una política de ocupación, expropiación y confiscación de la propiedad rural, mediante el método de las invasiones, de la emisión de cartas agrarias y de las arbitrarias ocupaciones practicadas por el Instituto Nacional de Tierras, ejecutorias inconstitucionales impuestas por las vías de hecho, con el respaldo de la fuerza pública y del poder caprichosamente ejercido por los organismos que precisamente deben ser los encargados de garantizar los derechos de los productores del campo. La forma anárquica e ilegal en que viene actuando el Instituto Nacional de Tierras, al aplicar procedimientos de ocupación, intervención, rescate, expropiaciones y confiscaciones de unidades de producción, tanto agrícolas como pecuarias, no tiene otra consecuencia que no sea la de afectar la producción de dichos rubros, creándose de esa manera una disminución de dicha producción. Por otra parte, sobre las tierras públicas puede haber bienhechurías y esas bienhechurías pueden ser de propiedad privada, lo cual está permitido por la Ley de Tierras; por lo tanto, cuando el Estado ejerce el rescate injustamente, a la fuerza, está confiscando esa propiedad privada que son las bienhechurías, hecho éste, prohibido por el artículo 116 de la Constitución Queremos manifestar nuestro rechazo a las indebidas invasiones y ocupaciones que se vienen practicando en fundos, incluso de extensiones relativamente pequeñas, en plena producción, con lo cual, en lugar de propender al desarrollo de una política verdaderamente beneficiosa en el sentido de garantizar la seguridad agroalimentaria de la nación, más bien viene propulsando una disminución de la producción agropecuaria del país.
Rechazamos y denunciamos también de manera categórica la falta de seguridad jurídica existente en el país, no solo en cuanto a la defensa jurisdiccional, es decir ante los tribunales de la República, del derecho de propiedad, pues la gran mayoría de los jueces que conocen de la materia agraria, se limita a cumplir las directrices del Poder Ejecutivo, en los pocos casos en los cuales permiten y dan curso a alguna acción judicial del productor afectado por las medidas del gobierno. Hacemos hincapié en la actuación de los organismos de seguridad del estado, los cuales, las más de las veces actúan con desplegada violencia y atropello, cuando se trata de apoyar las ocupaciones, expropiaciones y confiscaciones que se ordenan en contra de ancestrales propietarios productores del campo. Debe destacarse también que el criterio de carácter administrativo que se impone por parte del INTI es el del desconocimiento de los títulos de propiedad, con el aberrante argumento de que desde hace más de 150 años, esos derechos de propiedad han sido forjados fraudulentamente en los registros subalternos, desconociendo de ese modo los más elementales principios del derecho y específicamente la normativa de carácter supralegal como son las consagradas en todas las Constituciones que han regido en la República de Venezuela, reflejadas igualmente en los Códigos Civiles, en las Leyes de Tierras Baldías, Ley de Registro Público, e incluso en la propia Ley de Tierras las cuales desarrollan el principio según el cual son inherentes al derecho de propiedad el del uso, disfrute y disposición de los bienes. Así, los órganos del Estado violan impunemente la Constitución, el Código Civil, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública y Social, la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, la Ley de Registro Público y del Notariado y en general todas aquellas normas legales que de alguna manera aseguran el derecho de propiedad, al convertirse en excepciones a la regla general, invirtiendo los términos de su definición. Cuando se deja a la caprichosa y discrecional interpretación de los entes administrativos la aplicación de las normas legales, se crea un estado de indefensión y de inseguridad, y eso precisamente es lo que viene ocurriendo con el Instituto Nacional de Tierras. Este desconocimiento del derecho de propiedad implica el desconocimiento también del derecho sucesoral y de manera específica el de transferir libremente a terceros los bienes propios. En estos casos, el
Estado ha aplicado el cobro de impuestos a dichas sucesiones, con lo cual ha reconocido la existencia de los mismos. Se debe hacer hincapié en que esta inseguridad jurídica atenta contra el desarrollo económico del país, crea desajustes y desgano en el trabajo productivo, pues al no existir seguridad jurídica, desaparece el estado de derecho, convirtiéndose el Estado, a través del Ejecutivo Nacional, en el único dueño y señor de los bienes y derechos de los venezolanos. Respaldamos a los productores afectados por estas violaciones de la ley, en sus reclamos ante los órganos administrativos y de gobierno y ante los jurisdiccionales, pues el abandono del ejercicio de sus derechos crea desaliento e indirectamente da nuevos impulsos al Gobierno para profundizar sus arbitrarias e ilegales actuaciones en contra de los productores agropecuarios. Además, resulta conveniente crear precedentes que avalen en el futuro los derechos oportunamente reclamados. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no cumple con el objetivo constitucional enunciado en el artículo 305, legislando únicamente sobre la tenencia y propiedad de la tierra, contemplando solo expropiaciones de tierras incultas u ociosas, para su distribución entre los campesinos, sin que se adopten otras medidas relativas al estímulo a las fincas productivas, al financiamiento oportuno, barato y flexible de las actividades agrarias, a la comercialización de los productos agropecuarios, a la transferencia tecnológica, a la infraestructura, a las formas asociativas de producción, a la capacitación de los productores y medidas compensatorias de las desventajas propias de la agricultura. Por otra parte, a pesar de haberse dictado una gran cantidad de leyes sociales para amparar a los trabajadores, con una Ley Marco de Seguridad Social y sus sistemas prestacionales de salud, previsión y vivienda es difícil aplicar tales leyes a los trabajadores del campo, por su especialidad. No obstante, en armonía con tal situación se han dictado otras leyes encaminadas a darle mayor soporte al empeño que tiene el Ejecutivo Nacional de ir socavando la sustentación jurídica que venía amparando a quienes desarrollan la actividad agropecuaria en el país. Ejemplo de lo anterior lo constituye la aplicación, en la mayoría de los casos, con uso de la violencia de la Locymat. Apoyándose en este instrumento legal se vienen realizando sorpresivas e injustificables inspecciones atemorizantes por parte del Inpsasel
mediante las cuales se hacen requerimientos alejados del más elemental conocimiento de las formas y modalidades propias de la actividad agropecuaria, con la aplicación de sanciones contenidas en la ley, las cuales son sumamente exageradas e inapropiadas en este ámbito productivo. Con base en ello decidimos que, en aras de contribuir a garantizar concertadamente la seguridad agroalimentaria del país: 1. Hacer un llamado al Gobierno Nacional para elaborar un programa de desarrollo rural sustentable, basado en los principios del respeto a los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. 2. Exigir al Gobierno Nacional el respeto a la Constitución, y demás leyes sobre la materia, así como el respeto a la propiedad privada rural, y que se reconozcan los títulos de propiedad debidamente certificados conforme a las normas legales correspondientes. 3. Rechazar las arbitrarias invasiones, expropiaciones y confiscaciones de tierras y bienhechurías. 4. Solicitar a la Asamblea Nacional una reforma de la Ley de Tierras que tome en cuenta que la agricultura sustentable que debe promoverse como base estratégica del desarrollo rural integral debe fundarse en un ordenamiento territorial previo a la ejecución de planes específicos de afectación y de redistribución de tierras para la erradicación del latifundio. Así como también dicha ley debe fijar con precisión los criterios para determinar la ociosidad o incultura de una tierra para que pueda ser calificada de latifundio, porque tratándose de criterios limitativos del derecho de propiedad, ello forma parte de la reserva legal, según el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, en concordancia con su artículo 187, numeral 1 y por tanto no es posible diferir esos criterios a un reglamento y tampoco a la discrecionalidad de los funcionarios administrativos. 5. Exigir al Ejecutivo Nacional a iniciar el catastro de tierras rurales y a zonificar el territorio nacional antes de la realización de los planes de que habla el numeral anterior. 6. Que hagamos saber al país y al gobierno nacional sobre el terror agrario oficial del cual están siendo objeto los productores del campo.
7. Ratificar nuestra solicitud a los organismos encargados de hacer cumplir la ley Locymat que se adecuen los procedimientos de inspección a la realidad de los trabajadores agropecuarios, dada la particularidad de la labor que los mismos realizan. 8. Solicitar el Seguro Social v PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD PERSONAL La gobernabilidad democrática implica necesariamente el fortalecimiento del Estado de Derecho y el restablecimiento del imperio de la ley, dentro de una clara defensa a la política de seguridad democrática, la violencia y la inseguridad generadas por el terrorismo y financiadas por el negocio transnacional de las drogas ilícitas y sus delitos conexos, así como por las actividades criminales como el secuestro y la extorsión, comprometen el desarrollo económico y social de la Nación, vulneran el Estado de Derecho, debilitan la institucionalidad democrática y victimizan a la población social. El Estado posee una serie de instrumentos a su disposición. Algunos se denominan instrumentos de poder: como los económicos, diplomáticos, jurídicos, militares etc. Otros son en esencia parte de su propia burocracia como: los distintos ministerios y organizaciones públicas. Adicionalmente, el Estado posee la capacidad de coordinar medios gubernamentales, con organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, nacionales e internacionales. Finalmente se reitera la necesidad de distinguir nítidamente los ámbitos de la seguridad y el desarrollo, no hacerlo involucra el riesgo de seguritizar el escenario político, haciendo un uso inadecuado de los medios puestos a disposición estatal y lo que es más grave no solucionar objetivamente el problema presentado Afortunadamente, se está empezando a dejar atrás los altos niveles de ignorancia y politización que hubo en el pasado con respecto al problema de la violencia, delincuencia, el secuestro y extorsión. Sin embargo, existen aún grandes desafíos. Más de una veintena de instituciones públicas tienen relación con la prevención o el control de la delincuencia y la violencia. Esto, por sí solo, trae consigo una mayor complejidad en la elaboración y puesta en marcha de políticas públicas efectivas en la reducción del delito. Se requiere liderazgo, el uso de metodologías de trabajo especialmente diseñadas para este tipo de procesos y la instalación de mecanismos que permitan alinear los objetivos y una gran colaboración interinstitucional. A todo esto se suma el hecho de que se trata de un problema heterogéneo y multicausal. Por lo mismo, el trabajo
que debe basarse en información y evidencia empírica de buena calidad, con el nivel de desagregación requerido, y con el conocimiento actualizado sobre las experiencias de otros países en estas materias. Esta información no sólo debe iluminar el desarrollo de políticas de gobierno, sino que debe además ser considerada en la toma de decisiones de los distintos actores que intervienen directamente en la prevención o el control del delito, en las más diversas situaciones de riesgo, con víctimas, con imputados, o con los que han cumplido su sanción e intentan insertarse social y laboralmente. Mientras todas estas instituciones no tengan claro cuál es su aporte y su responsabilidad concreta en la reducción de la violencia y la delincuencia, no basen sus acciones en evidencia empírica, no evalúen periódicamente su quehacer y corrijan los errores detectados, y no rindan cuenta pública respecto de sus aciertos y desaciertos, los avances logrados en el mundo de las ideas no se traducirán en mayores niveles de seguridad y calidad de vida. La participación ciudadana como estrategia central para la reducción del temor la prevención como parte integral de la seguridad ciudadana. La prevención y el control como pilares fundamentales del trabajo en seguridad ciudadana (cabe prestar atención en este aspecto, ya que, si bien cuesta legitimar el enfoque preventivo, esto no debería implicar la marginación del control jurídico‐policial); La participación ciudadana en políticas públicas se sustenta en el hecho de que los problemas de seguridad afectan a todos los habitantes y con la participación de éstos, será más efectiva su solución En consecuencia se debe facilitar y promover de manera amplia y activa, la participación ciudadana, en el proceso de definición de las políticas públicas en materia de seguridad. Se deben fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar adecuadamente en las políticas de seguridad ciudadana. Deben impulsarse programas de capacitación y difusión en temas de seguridad ciudadana, que permitan a los individuos y organizaciones participar y darle seguimiento a la efectividad de esas políticas. Se deben usar y combinar de modo afortunado cuatro escuelas o modelos de seguridad: solidaridad o cultura ciudadana; captura y sanción o mano dura; reducción de incentivos y oportunidades para delinquir; y reducción de factores de riesgo o epidemiología. Con base en estas reflexiones solicitamos se trabaje en:
1. Crear un fondo de atención psicológica para los secuestrados y su entorno. 2. Organizar una coordinación central donde participen los entes competentes en la materia. 3. Formar un grupo elite multidisciplinario de inteligencia y operaciones en todo el territorio nacional. 4. Formular una política de estímulo para funcionarios policiales. 5. Discutir con la sociedad civil organizada y gremios del sector, la Ley Antisecuestros y Extorsión antes del cierre del 2008, donde se tipifique el delito del secuestro, y se elimine todo beneficio procesal al imputado en el delito. 6. Crear un sistema de vigilancia fronteriza que garantice la soberanía nacional 7. Elaborar un sistema de información para las evaluaciones y decisiones, a través de un Modelo de Atención Integral, y que cuenta con un sistema de información para las evaluaciones y decisiones. Esta plataforma permite sistematizar los casos atendidos con el fin de: 8. Apoyar el estudio de las tendencias y comportamientos del secuestro, la extorsión y la desaparición. 9. Apoyar la toma de decisiones en cuanto a la acción, reacción y prevención de estos delitos. 10.Sistematizar los datos de las víctimas directas e indirectas. 11.Consolidar una información sobre la cual volver para hacer análisis y formular estrategias más acordes con las tendencias y prospectivas del delito, autores, georeferenciación y las necesidades de las víctimas, entre otros aspectos. Así como también decidimos que: 12.Debemos exigir al Gobierno el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana y que se defina y fortalezca una institución central de gobierno 13.Debemos solicitar al Ejecutivo Nacional perfeccionar el nuevo sistema procesal penal
14.Crear marcos de trabajo intersectoriales y desarrollar estrategias institucionales y cuentas públicas. 15.Promover la colaboración público‐privada y desarrollar una estrategia comunicacional que permita hacer conocer a la ciudadanía la ocurrencia de estos delitos 16.Solicitar al Gobierno la creación un sistema unificado de estadísticas delictuales, así como un sistema de información criminal, estableciendo bases de datos y registros históricos de información criminal fidedignos 17.Exigir al Gobierno la creación de un sistema de inteligencia, veraz y oportuna que permita la obtención de información para la solución y prevención del delito del secuestro 18.Fomentar la creación de una Fundación para atender y proteger a las víctimas y sus familiares después del delito 19.Fomentar la acción de la sociedad civil; perfeccionar la vigilancia preventiva como parte de los planes estratégicos; incorporar estrategias de prevención situacional en el quehacer de instituciones del Estado relacionadas con las condiciones de seguridad en la distribución de la infraestructura de transporte, habitacional, educacional, de salud y recreacional, entre otras; establecer estrategias focalizadas de prevención situacional en el ámbito local; y promover acciones de autoproteccion parte de la población. Solicitar al Gobierno Nacional informe sobre las gestiones que ha realizado acerca de los secuestrados que tienen varios años en cautiverio. 20.Se haga saber al país la situación que están viviendo los productores agropecuarios con los secuestros y extorsiones que está afectando la productividad del sector. 21.Hacer saber a las asociaciones la necesidad de que se coordinen acciones preventivas para evitar el secuestro 22.Solicitar a los organismos competentes la agilización de los permisos de porte de armas.
v PROPUESTA SOBRE PROLEMATICA DEL RUBRO LECHE El sector lácteo en los últimos meses ha sido protagonista de innumerables acciones regulatorias contenidas en leyes, decretos, resoluciones y demás instrumentos normativos que solo persiguen el control de los integrantes de los circuitos pecuarios, afectando producción, almacenamiento, distribución. El Estado ha tratado de asumir papeles que no le corresponden para sustituir los agentes naturales de las cadenas de producción y comercialización, sin atacar el verdadero problema, que es trabajar en efectivas políticas que conduzcan desarrollo de la ganadería nacional. El papel del Gobierno se ha orientado más hacia la intervención y sanción que al diseño de políticas conjuntas con el sector privado que permitan la reactivación productiva no solo del sub sector pecuario sino del sector agrícola en general. Prueba de ello, ha sido la actuación de otros organismos del Estado, como es el caso del Seniat, del Ministerio del Trabajo, del Indecu por mencionar solo algunos, cuya acción mas efectiva ha sido la de perseguir la actividad, lejos de contribuir al fortalecimiento de la producción nacional y más bien incentivando a la importación, la cual favorecen en forma directa. Con base en estas reflexiones decidimos solicitar: 1. Reactivación del escenario de dialogo legal por excelencia como son las Juntas Nacionales de la Leche. 2. Establecer políticas dirigidas al sector sin exclusión ni condicionamiento, que conduzcan a la reactivación de la producción nacional 3. Promover desde el Sector privado estudios de costos con metodologías reconocidas por zonas del país y como base para la revisión periódica de precios. 4. Reactivar los Registros Oficiales de Producción de Leche a nivel nacional y las estadísticas del sector. 5. Revisar las políticas de importación en función a las condiciones climáticas del país y restringir las importaciones en periodos de incrementos de producción
6. Retomar experiencias exitosas de zonas productivas y replicarla hacia otras zonas del país 7. Exigir programas de control de calidad y denunciar la presencia de productos reconstituidos y presentados como leche 8. Los productores primarios deben asumir el liderazgo en la importación de ganado con miras a realizar efectivas mejoras en el rebaño nacional. 9. Las políticas de incentivos no obedecen a criterios técnicos por tanto no saben como aplicarlas generando distorsiones especialmente en caso de Alimentos Balanceados para Animales, medicinas y otros insumos. 10.Uso de tecnología de punta para el mejoramiento genético del rebaño especialmente en técnicas de inseminación artificial y trasplante de embriones. 11.Recabar y llevar un registro veraz de productores lecheros donde se especifiquen donde están, cuantos son y su afiliación gremial. 12.Reubicación de receptorías lácteas hacia aquellas zonas donde existe déficit de capacidad instalada. 13.Identificar y combatir como gremio en la cadena de comercialización, aquellos intermediarios que introduzcan distorsiones en la cadena. 14.La seguridad y la soberanía alimentaria del país solo depende de la producción nacional, cuya única vía de incremento es a través de la incremento de la productividad y no a través de la ampliación de fronteras agrícolas. 15.Fedenaga debe alertar al país de que la importación de leche no va a ser suficiente, de manera que puede haber escasez a fin de año y que la única solución que tiene el país es desarrollar políticas que conduzcan a incrementos en la productividad de los rebaños. 16.Se debe hacer un llamado al Indecu para que visite a la planta socialista de leche en Machiques donde tienen acaparado una gran cantidad de litros de leche y se les va a dañar pues no disponen de los mecanismos idóneos para su comercialización.
v PROPUESTA SOBRE PROLEMATICA DEL RUBRO CARNE. Situación actual Se presenta una grave situación de escases de insumos básicos como combustible, fertilizantes, maquinarias, biológicos, alimentos concentrados, financiamiento, ausencia de programas de mejoramiento, restricciones legales en importación de germoplasma Los controles de precio y la suspensión de la clasificación de la carne. En ciencia y tecnología hay ausencia de oportunidades de innovación en finca Leyes y reglamentos relacionados al rubro, aplicación racional de la ley de tierra, Decreto fronterizo regulación de precios y clasificación de la carne coordinación intersectorial como la reactivación de la Comité Nacional de la Carne, las Juntas Nacionales de la carne y las mesas técnicas incluyentes Con base en ello decidimos: 1. Satisfacción oportuna de la demanda 2. Importación oportuna y suficiente de carne deshuesada genérica para programas sociales ello implica un monitoreo permanente de la existencia de ganado la disponibilidad el abastecimiento y el consumo de la carne por los sectores sensible, los precios internos y externos y los costos de nacionalización responsabilidad de los gremios y la Unidad Técnica Nacional de la Carne 3. Diversificación de la oferta y volver a la clasificación de la carne 4. Racionalización de importaciones desincorporar carne de primera con dólares de CADIVI 5. Flexibilizar precios desmontaje paulatino de los controles 6. Estancamiento de los costos control de inflación (control del gasto fiscal) 7. Exención del IVA a la actividad 8. Garantizar la Seguridad jurídica y personal 9. Defensa y rigurosidad en la aplicación de medidas sanitarias comprometer a los gremios en campañas, restringir la importación de animales vivos a semovientes para la cría aplicar las inspecciones sanitarias en forma rigurosa en salas de matanza y sancionar el incumplimiento
10. Promover desde el gobierno la disminución del riesgo para atraer nuevas inversiones y promover los aumentos sostenidos de producción y productividad. 11. Reducir el riesgo amerita reforzar la seguridad jurídica de los predios rústicos, reglas claras y aplicación decidida de la ley. 12. Paralizar las invasiones con la aplicación de leyes vigentes e indemnización a los productores victimas de invasiones y secuestro. 13. Actuar contra la violencia asociada a los secuestros, el robo de cosechar el abigeato, la vacuna, el sicariato y todas las formas de crimen organizado que reduce la presencia del dueño en el predio. 14. Suspensión de las medidas cautelares temporales que se extiendan por más de 60 días. 15. El desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad para aumentar la oferta requiere de poner en vigencia el comité nacional de la carne responsable del funcionamiento del circuito cárnico y de la junta nacional de la carne encargado por ley de mercadeo agrícola del funcionamiento del mercado de la carne. Activar e intensificar las campañas sanitarias de Fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis, rabia, leptospirosis y otras zoonosis y confiarles sus competencias a la comisión nacional de Fiebre Aftosa CONEFA. 16. Utilizar mecanismo moderno de estimulo a la producción y productividad mediante políticas tributarias y excepciones fiscales de programas prioritarios. 17. Promover la exportación de productos agrícolas por medio de normas y estímulos al sector productivo y a sus organizaciones. 18. Contar con el soporte de una red de laboratorios fitosanitarios y de diagnósticos veterinarios y de control de insumos agroquímicos. 19. Utilizar la modificación a la ley del Banco Central de Venezuela y la ley general de bancos en cuanto a los plazos y condiciones de financiamientos para ajustar a las circunstancias y ciclos reinantes en la ganadería bovina. 20. Apoyar el desarrollo tecnológico garantizando recursos para este fin, privilegiando la investigación desarrollo e instrumentando mecanismo de estimulo al productor para la aceptación e incorporación de los cambios tecnológicos.
21. Incorporar profesionales del agro como productores independientes o en todas las formas de asociación vigentes. 22. Respaldo y apoyo a las inversiones a largo plazo en la ganadería bovina sustentados en el aumento en la rentabilidad de la operaciones aumentando la productividad reduciendo los costos. v PROPUESTA SOBRE SANIDAD ANIMAL. 1. Considerar la declaratoria inmediata de emergencia sanitaria ganadera nacional frente a la fiebre aftosa por el incumplimiento del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa –Phefa– 2. Ordenar la coordinación desde el Directorio Ejecutivo de FEDENAGA, las federaciones regionales, asociaciones estadales y locales, de todas las acciones gremiales para atender la emergencia sanitaria de fiebre aftosa 3. Ordenar al Directorio Ejecutivo de FEDENAGA asumir las medidas proactivas que contribuyan a detener la diseminación de la fiebre aftosa desde los focos confirmados o no oficialmente. 4. Exigir públicamente la debida notificación oficial a la Oficina Internacional de Epizootias – OIE– de los focos 2008 de fiebre aftosa en Venezuela 5. Exigir públicamente la prohibición temporal del ingreso a Venezuela de animales susceptibles y productos de riesgo capaces de transmitir o vehiculizar el virus de fiebre aftosa procedentes del Departamento Norte de Santander, Colombia, donde se han detectado cuatro (4) focos de fiebre aftosa a 4 kilómetros de la frontera venezolana 6. Demandar públicamente la publicación de las licencias o permisos sanitarios que son otorgados para la importación de ganado en pie a Venezuela. 7. Ordenar al Directorio Ejecutivo de FEDENAGA, solicite a la Asamblea Nacional y la Contraloría, la auditoria más completa del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa que ejecuta el MAT/SASA, y en especial del “Proyecto de Vacunaciones Gratuitas” cuyo costo estimado por el SASA, de Bs. 263.804.046,20 (US $ 122.699.556,37), supera 8 veces el monto del gasto oficial y privado para combatir la fiebre aftosa en 2006 y años anteriores,
para establecer prioridades en lo referente a control de focos y vigilancia epidemiológica. 8. Exigir del MAT/SASA la utilización obligatoria de la remodelada Estación Cuarentenaria en el estado Falcón, para las importaciones de ganado de cría, recría, levante y ceba, que se importa masivamente desde países y zonas no libres de fiebre aftosa a virus “C, exótico en Venezuela, respetando los protocolos sanitarios establecidos entre los países. En caso de ir a beneficio, que los animales vayan directamente a los mataderos y no se permita otro destino como por ejemplo la ceba, exigiendo la desinfección adecuada de los vehículos utilizados para el transporte de los mismos. 9. Comisionar al Directorio de FEDENAGA para que procure ayuda técnica especializada de la cooperación internacional. 10. Informar al país de las graves consecuencias a la producción y la seguridad alimentaria nacional de continuar el Gobierno en la ejecución del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, excluyendo a los ganaderos afiliados y directivos de FEDENAGA, exigiendo la activación de las comisiones nacional, regionales y municipales, junto a los comités de sanidad agropecuaria, con la incorporación activa de Fedenaga. 11. Cumplimiento de los protocolos de control de focos. 12. Incrementar la vigilancia epidemiológica y realizar pruebas seroepidemiológicas para medir actividad viral y la respuesta inmunológica a las vacunas. 13. Cursos de actualización en sanidad animal para profesionales y productores. 14. Garantizar la revacunación de los animales primovacunados que se trasladen fuera de los estados. 15. En cuanto a la importación de animales vivos desde zonas no declaradas libre de fiebre aftosa con o sin vacunación, tales como el Estado de Para, Brasil, se recomienda la importación de carnes despostadas y empacadas al vacío y no animales vivos con el fin de minimizar el riesgo sanitario como por ejemplo la introducción del virus C de la fiebre aftosa, lo cual tendría consecuencias desastrosas e impredecibles para el rebaño nacional.
En cuanto a Brucelosis y Tuberculosis: 1. Respetar los protocolos sanitarios de importación de animales para la cría, recría, y beneficio de animales con el fin de garantizar que solo vengan animales completamente sanos al país. 2. Garantizar el funcionamiento de las comisiones regionales de zoonosis con la incorporación de Fedenaga en el seno de las mismas. 3. Recomendar el uso de la vacuna RB51 en las hembras. 4. Garantizar el volumen suficiente del antígeno para las pruebas de seroaglutinación de Brucelosis y de tuberculina para diagnóstico de la Tuberculosis.