DEMOCRACIA Y PARTICIPACION POLITICA DE MUJERES NOTAS DESDE UNA TRAYECTORIA MILITANTE Teresa Valdés Echenique Coordinadora Observatorio de Género y Equidad1 1) En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa de poner en el debate académico temas urgentes como los que se proponen en este Congreso. Digo urgentes, porque considero que estamos, en Chile y en el mundo, ante el cierre de un ciclo, viviendo crisis auspiciosas para la construcción de un nuevo orden económico, político y social, más allá de las amenazas que algunos ciernen, con el derrumbe de estructuras anquilosadas e injustas, la renovación de actores sociales, un escenario comunicativo –gracias a la internet y las redes sociales- que pone al descubierto las falencias y corrupciones del orden vigente. 2) En segundo lugar, agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, que se debe a la ausencia de Lorena Fríes, feminista y compañera de luchas que ha asumido una tarea de gran relevancia como es la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 3) En tercer lugar, explicito desde donde hablo. Soy socióloga, activista y militante en el feminismo, en la izquierda, en el movimiento de mujeres chileno y latinoamericano. Fui detenida en 1973 y procesada (7 años) y decidí quedarme en Chile para luchar por la democracia, lo que realicé en el movimiento de derechos humanos y de mujeres. Generacionalmente, soy parte de aquel sector/grupo de mujeres que, viniendo de la militancia en partidos de izquierda, activas durante el gobierno de la Unidad Popular, abandonamos tras el golpe militar esa militancia partidaria como parte de un proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la opresión y subordinación de las mujeres en la sociedad, en la políticas, en la pareja, en la familia, etc., al identificar que el dictador estaba allá, pero también acá, en nuestros espacios políticos y personales. Decidí especializarme en los estudios sobre la condición de las mujeres –de género después- a partir de una investigación con historias de vida de mujeres populares a comienzos de los 80, 1

El Observatorio de Género y Equidad es una iniciativa de organizaciones de mujeres de la sociedad civil destinada al debate, seguimiento, evaluación y reflexión colectiva en torno a la situación de las mujeres en Chile y las políticas destinadas a mejorarla, creado en 2007. Busca dar voz y empoderar a las mujeres y sus organizaciones para ejercer una ciudadanía activa ante el gobierno y el Parlamento para avanzar en igualdad de género. Es una “Plaza Pública”, un espacio abierto para debatir, expresar opiniones e informar sobre la democracia, la igualdad entre mujeres y hombres y la justicia social. Cuenta con un portal web (www.obervatoriogeneroyequidad.cl), un Boletín electrónico mensual y un programa de radio semanal que analiza la contingencia política en clave de género y organiza seminarios, foros, debates y talleres con dirigentas y líderes de instituciones y organizaciones de mujeres, académicas y académicos, activistas y expertas/os en temas de equidad de género. Desde 2010 busca contribuir al avance en la agenda de género y derechos de las mujeres en el ámbito legislativo con participación activa de la sociedad civil de mujeres. Para ello trabaja con actores sociales vinculados a los distintos proyectos de ley, de modo de establecer puentes entre las organizaciones, dirigentas y dirigentes y las/os parlamentarias/os. Desde 2011 trabaja con organizaciones de regiones afectadas por el terremoto/tsunami del 27F, entregando herramientas y capacidades de liderazgo y uso de las TICs para su acción política frente a las autoridades.

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siendo autodidacta al igual que la mayoría de mi generación que, desde distintos espacios, conformó núcleos de estudios y acción feminista. Descubrí, frente a mujeres que supuestamente vivían una realidad muy distinta a la mía, que experimentábamos una cantidad de opresiones/discriminaciones similares y que cambiar ese orden injusto dependía de nosotras mismas. Desde entonces he investigado la acción colectiva de las mujeres, he generado conocimientos útiles para esa acción, he participado en el movimiento feminista y de mujeres en la lucha por un cambio político y cultural. También he contribuido al debate, análisis y formulación de políticas públicas para la igualdad, incluidos los cambios legislativos, a nivel nacional y latinoamericano. Paralelamente me involucré en la acción política por una democracia participativa, de fortalecimiento de la sociedad civil y el empoderamiento de sus organizaciones y liderazgos. En síntesis, hablo en una triple condición: como integrante y líder feminista, como intelectual y académica, y como política. Actualmente coordino el Observatorio de Género y Equidad, una iniciativa ciudadana para el debate, vocerías, fortalecimiento de liderazgos, incidencia política de mujeres. 4) En esta presentación voy a referirme a los siguientes tópicos, en pinceladas, casi como provocación - la acción colectiva de las mujeres en Chile: de lo social a lo político, la politización de lo privado, cuando “lo personal es político” - la acción política de las mujeres en la transición democrática, la institucionalización de políticas de igualdad - Michelle Bachelet: política de presencia y género en el poder - algunos desafíos y preguntas de hoy, con un gobierno de derecha y en medio de una crisis de representación y legitimidad de las instituciones políticas 5) La acción política de las mujeres en Chile, o “lo personal es político” La acción colectiva de las mujeres en Chile tiene una larga historia y tradición, y se remonta al Siglo XIX, y es posible comprenderla como un proceso constante de construcción y ampliación de ciudadanía. Es una acción que se despliega desde lo social hacia lo político, en ese entonces en condiciones de total exclusión política, subordinación social y discriminación económica, sometidas a un orden patriarcal cristalizado y reproducido en un Código civil de vertiente napoléonica elaborado por Andrés Bello y aprobado en 1855. La obediencia al marido, la incapacidad legal de la mujer, etc., sellaron la división sexual del trabajo y la reclusión de las mujeres en el ámbito privado y todavía, a pesar de numerosas reformas, sigue reproduciendo el orden desigual y discriminatorio hacia las mujeres. En 1872 y 1876 dos educadoras visionarias promovieron y lograron en 1877, que el Ministro de Instrucción Pública, don Miguel Luis Amunátegui, aprobara un decreto que autorizaba a las mujeres a rendir exámenes válidos que las habilitaban para postular a la Universidad y obtener títulos profesionales. Ello se tradujo en un paulatino acceso de mujeres a la formación académica y profesional y en el surgimiento de notables líderes que asumirían posteriormente la lucha por la ampliación de los derechos femeninos.

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Desde el acceso a la educación superior (Decreto Amunátegui de 1877) a la lucha por condiciones de vida, de trabajo, y de vivienda, paralelas a la lucha por el voto, la acción de las mujeres ha estado marcada por la búsqueda de bienestar, pero también de capacidades, de “voz y agencia”, en el sentido de Amartya Sen. Asistimos así, tempranamente, a la politización de lo privado, cuando las mujeres se movilizan desde su condición de madres, esposas y dueñas de casa. Pero también por adquirir capacidades que les den voz y autonomía para definir su vida: en el trabajo, en la comunidad, en la política, hacia donde también se extiende la tarea maternal. El quiebre de las fronteras entre las esferas privada y pública, al margen de las definiciones legales, se produce tempranamente, como bien lo describe Teresita de Barbieri al discutir en torno a los ámbitos de acción de las mujeres. El motor de la acción se desdobla desde lo privado-personal, hacia lo socialpolítico. La rebeldía aparece temprano en las organizaciones de mujeres: en las salitreras del norte grande, a comienzos del siglo XX florecieron los Centros Belén de Zárraga que buscaban, entre otros objetivos, liberar a la mujer del “fanatismo religioso católico”, la “opresión masculina” y, especialmente, crearle conciencia sobre su responsabilidad social. Sus integrantes lucharon junto a los obreros contra la carestía de la vida, por el derecho al descanso dominical, realizaron campañas contra el alcoholismo y divulgaron las ideas de la emancipación de la mujer. Paralelamente, mujeres de pueblo que se incorporaron al trabajo asalariado en las nacientes industrias de ese período –las llamadas “rotas fabricanas”- también crearon organizaciones propias: sociedades obreras de resistencia, de socorros mutuos y asociaciones y, en 1920, la Federación Unión Obrera Femenina. Demandaban la reglamentación de las horas de trabajo, la abolición de los trabajos nocturnos, el descanso dominical, remuneraciones justas y facilidades para acceder a la instrucción. Realizaron huelgas y campañas al unísono con las organizaciones de obreros. Otros sectores de mujeres participaron en las luchas por mejorar sus condiciones de vida y particularmente por el acceso a una vivienda digna. Entre 1914 y 1925 fueron activas en las huelgas de arriendos y en la conformación del “Comité pro Abaratamiento e Higienización de las Habitaciones” (1921). Asimismo, mujeres de sectores medios y altos crearon organizaciones con fines culturales y benéficos, algunas de las cuales evolucionaron hacia la reivindicación por la ciudadanía política. A partir de su influencia en la Sección Joven del Partido Conservador lograron que en 1917, ese partido presentara el primer proyecto de ley para conceder a las mujeres el derecho a voto. En 1919 el Círculo de Lectura dio origen al Consejo Nacional de Mujeres, una de cuyas iniciativas culminantes fue la presentación, en 1922, de un proyecto de ley sobre derechos civiles y políticos de la mujer, sugiriendo que un primer paso podría ser la obtención del derecho a sufragio en las elecciones municipales. Ese año algunas líderes crearon el Partido Cívico Femenino que pretendía el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y legales de las mujeres. Al año siguiente nació el Partido Demócrata Femenino que se abocó a la lucha por los derechos políticos de las mujeres, redactó un proyecto de ley que presentó a la Junta de Gobierno en el poder y propuso la integración de mujeres en la Comisión Consultiva de la Asamblea Constituyente que elaboraría la nueva Constitución Política del Estado. Hay historiadoras chilenas que hablan del “feminismo católico” existente en ese período y la celebración de los 50 años del Decreto Amunátegui, realizada en 1927 en la Quinta Normal en Santiago, como una feria de las actividades y el aporte de las mujeres, incluyendo la academia, la 3

educación pública y privada, la acción de beneficencia, los oficios y la industria, de Santiago y otras regiones del país, bien da cuenta de ese sector de mujeres movilizadas desde sus mandatos de fe. El feminismo de las primeras décadas del Siglo XX se nutre de la experiencia de vida de las mujeres, reivindica derechos, igualdad y libertad. Las reivindicaciones del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), creado en 1935, que sumó a mujeres de distintos sectores y condiciones sociales y que tuvo filiales a lo largo de todo el país, incluyen ya la autonomía económica, política y del cuerpo (anticonceptivos para que las mujeres no murieran por embarazos muy seguidos). La lucha por el sufragio duró más de 50 años, estando las mujeres excluidas totalmente del sistema político y sus actores –todos varones. En 1875 un grupo de mujeres en la ciudad de San Felipe quiso inscribirse en los registros electorales, amparadas en que la ley no lo prohibía explícitamente, pero, en esa oportunidad, sólo logró una prohibición expresa al sufragio femenino. En 1931 lograron el voto en las elecciones municipales, ejercido por primera vez en 935 (“la casa grande”, donde podíamos aprender de política…). Casi diez años más tarde, en 1944, numerosas organizaciones femeninas se coordinaron en la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) para completar la batalla por la ciudadanía completa, por la participación de las mujeres y la eliminación de toda discriminación sexual. Desde allí organizaron campañas por el abaratamiento de la vida y por el control de precios. Fue un movimiento que alcanzó sus mayores niveles de coordinación y visibilidad en 1947, fue transversal socialmente y pluralista en lo ideológico, masivo y con visibilidad pública. Cuando en 1949, las mujeres obtienen el derecho a voto en elecciones parlamentarias y presidenciales, se insertan de lleno en los partidos políticos como espacio natural para canalizar las demandas políticas femeninas. En 1951 las mujeres votaron por primera vez, oportunidad en que fue elegida la primera diputada, Inés Enríquez Frodden. Al año siguiente fue designada por primera vez una mujer en un cargo ministerial (Adriana Olguín de Baltra, en el Ministerio de Justicia). En 1953, María de la Cruz, dirigenta de la FECHIF, fue elegida la primera mujer senadora. Se pospuso la agenda propiamente femenina/feminista en pro de agendas sociales más amplias de extensión democrática, aunque sus actoras e integrantes no dejaron de trabajar por mejorar la condición de ese sector de la sociedad. Esto lo hicieron desde otros lugares, incorporándose a las organizaciones mixtas de trabajadores, a las asociaciones gremiales, al movimiento popular urbano, a las organizaciones campesinas e indígenas, a las organizaciones del movimiento pacifista. El llamado “silencio feminista” oculta acciones realizadas en otros ámbitos, como fueron, por ejemplo, la labor legislativa de las mujeres parlamentarias, su presencia creciente en el poder judicial, la acción en las universidades o en el ámbito de la salud, cuando se creó en el Ministerio de Salud un programa de paternidad responsable que redujo fuertemente la mortalidad materna y permitió a miles de mujeres decidir el número y espaciamiento de los hijos que deseaban tener. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1968, se promulgó la ley N°16.880 de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que dio estatuto jurídico a los miles de centros de madres existentes. Estos centros serían una verdadera escuela de participación para miles de mujeres que con el correr del tiempo llegarían a ser dirigentas de base de gran importancia en sus comunidades. Al ritmo de la situación política nacional los centros de madres adquirieron importancia y se incorporaron a la lucha política que se desarrolló hasta 1973, siendo instancias legítimas de participación social, desde donde formularon reivindicaciones y demandas ligadas a sus condiciones de vida. Muchos se transformaron en pequeños centros de capacitación y 4

producción, permitiendo a las mujeres generar ingresos para su familia. En el período 1970-1973 formaron Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) desde donde lucharon contra la especulación y por la formación de las mujeres en tanto consumidoras. Entre 1947 y 1973 la participación política de las mujeres se incrementó desde un 19,8% del electorado, con 109.199 votantes en las elecciones municipales de ese año, al 48,9% en 1973, con 1.803.991 mujeres votantes. Para las elecciones de 1973 había entrado en vigencia la reforma a la ley electoral que rebajaba a 18 años la edad para votar y permitía el voto de los/as analfabetos/as. Tras el golpe militar, si bien la dictadura y el terrorismo de Estado invadieron la vida cotidiana y los espacios privados, limitaron o impidieron el ejercicio ciudadano, al mismo tiempo se generaron espacios de resistencia y de solidaridad, donde no alcanzó a llegar la represión. Desde fines de 1973 comenzaron a surgir diversas organizaciones sociales, muchas de ellas integradas por mujeres. Estas últimas llegaron a conformar un movimiento, un actor social que luchó tanto por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos como por la instauración de nuevos derechos para las mujeres. En efecto, desde fines de 1973 fueron surgiendo organizaciones de mujeres ligadas, en primer término, a las violaciones de los derechos humanos (agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, organizaciones de apoyo, grupos ligados a la sobrevivencia: comedores infantiles, talleres productivos, ollas comunes, comités de abastecimiento y “comprando juntos”, grupos de salud, comités de deudores habitacionales y tantas otras organizaciones llamadas posteriormente “Organizaciones Económicas Populares”, integradas mayoritaria o exclusivamente por mujeres y se mantuvieron hasta después de terminada la dictadura. Se organizaron después mujeres trabajadoras en el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, comenzaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y a buscar la articulación con mujeres de otros sectores sociales. Al mismo tiempo, algunos partidos políticos de oposición, que actuaban en la clandestinidad, crearon organizaciones de mujeres que multiplicaron las actividades de pequeños grupos en distintos sectores sociales. En 1977 nació el primer grupo que se declaró feminista y paulatinamente fueron ampliándose los grupos que pusieron en tela de juicio, no sólo la dictadura militar, sino la organización patriarcal de la sociedad y su expresión en el autoritarismo en la familia y la pareja y los roles tradicionales asignados a mujeres y hombres. Se integraron al movimiento internacional, desde 1981 participaron en los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, en los que estrecharon lazos y compartieron análisis y propuestas políticas con feministas de toda la región. De este modo, a comienzos de los 80, cientos de organizaciones de mujeres de distinto cuño se desarrollaban en espacios alternativos donde aprendían de ciudadanía y creaban nuevos liderazgos. Estos espacios fueron creados por las mujeres en la exclusión. Al mismo tiempo se multiplicaron pequeñas instituciones de promoción social sin fines de lucro, llamadas después organismos no gubernamentales (ONGs), que apoyaban el quehacer de las organizaciones populares y que también realizaban investigación. Un buen número se especializaría en el trabajo con mujeres y contribuiría a la articulación de organizaciones a nivel territorial o sectorial. La década de los 80 vio el auge de este movimiento social de mujeres que logró articularse, tener visibilidad y legitimidad y formular un discurso y propuesta política unificada tras la consigna del Movimiento Feminista “Democracia en el país y en la casa”. Surgieron coordinaciones y articulaciones de organizaciones y en 1983 se conformaron dos instancias en Santiago que 5

lograron crecientemente dar conducción al conjunto del movimiento. El MEMCH 83, coordinación de organizaciones de mujeres que tomó el nombre de la organización de los años 30 y que fue simbólicamente integrada por Elena Caffarena y Olga Poblete; y el Movimiento Unitario Mujeres por la Vida, grupo que reunió mujeres de todos los partidos de la oposición a la dictadura y feministas. Bajo la consigna “lo personal es político” se abrió un campo de acción desde lo social y cultural hacia lo político. La acción de este movimiento, amplio, diverso, pluriclacista y con componentes políticos y sociales, podría resumirse bajo la consigna “Somos +”, que representó la amplitud del movimiento y del rechazo a la dictadura, y su norte en la ya mencionada consigna “Democracia en el país y en la casa”, una consigna que traspasó las fronteras y se instaló en el mundo como una demanda de las mujeres: la democracia tiene que estar en la casa. El movimiento en los años ’80 fue construyendo una “agenda” que unificaba a las mujeres, entendida como objetivos, aspiraciones y prioridades para su acción política, porque si en los años ‘90 fue posible instalar políticas públicas para la igualdad, ello se debió a la existencia de esa agenda, resultado de numerosos esfuerzos previos. En 1985 el MEMCH’83 elaboró el documento que se llamó “Principios y reivindicación que configuran la plataforma de la mujer chilena”, que fue llevado a Nairobi, a la Conferencia de Naciones Unidas de evaluación del Decenio para la Mujer (1985), instaurado en México en 1975. Al año siguiente, en 1986, se presentó el “Pliego de las mujeres” para ser incorporado a la Demanda de Chile. Ese mismo año, el Departamento Femenino de la Comisión Nacional Campesina dio a conocer la “Demanda de la mujer rural”. Esta agenda se hacía cargo de las profundas desigualdades existentes en el país y situaba allí la desigualdad de género, la discriminación sistemática y las jerarquías que excluyen a las mujeres del plano político y económico. Al hacer este recorrido y examinar los distintos documentos, se aprecia cómo se va articulando un pensamiento, un conjunto de propuestas, de ideas y con ese capital llegamos al plebiscito de 1988. El plebiscito de 1988, mirado desde el punto de las organizaciones de mujeres, fue una epopeya de muchas aristas, porque se pensaba que las mujeres eran las que estaban más sometidas por la dictadura, que eran las más sensibles a los mensajes y campañas del miedo, a las amenazas de que iba a volver el desorden –algunas de ustedes pueden recordar lo que fue esa propaganda. Por lo tanto, ganar el plebiscito, para las mujeres de todos los sectores, fue una meta para la que se trabajó a conciencia, como lo revelan los testimonios de mujeres en la época. Fue vivido como un triunfo personal y colectivo. En 1989, la Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres llevó a cabo la campaña “Soy mujer… Tengo derechos”, que dio origen a la agenda más amplia del movimiento de mujeres, con integrantes de todo el arco político opositor. Fue un espacio de debate y práctica democrática, un espacio público de mujeres donde nuevamente se reivindicaron la igualdad y autonomía, incluyendo el derecho a una vida sin la violencia y al aborto. Y así llegamos a la “democracia”, más bien, a esta larga transición a una democracia por construir. 6) La acción política de las mujeres en la transición democrática, la institucionalización de políticas de igualdad Tras el triunfo del NO en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, mujeres militantes de la Concertación de Partidos por la Democracia e independientes –que en general se identificaban con el movimiento de mujeres- crearon la Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia, 6

como instancia política y social, autónoma de los partidos en cuanto a su composición y dinámica, pero articulada a esa alianza partidaria. Su objetivo fue poner los problemas de las mujeres en la escena política nacional, destacar figuras femeninas y formular un programa para el futuro gobierno democrático. Esta instancia fue expresión de una alianza entre mujeres de partidos políticos y mujeres del movimiento, probablemente, un factor central del éxito alcanzado. A través de subcomisiones temáticas, a partir de la agenda de las mujeres y con la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como marco de referencia, elaboraron propuestas para la acción gubernamental que incluía la participación política de las mujeres, la autonomía económica y una institucionalidad para la igualdad, pero eran tímidas en los temas de sexualidad y salud reproductiva. Esto fue posible porque el movimiento contaba con conocimientos y había consolidado una capa de profesionales en organizaciones, ONG y centros de estudios especializados que buscaba caminos para el cambio de la condición femenina desde sus especialidades, es decir, con recursos técnicos y profesionales para materializar las propuestas. La instalación del gobierno democrático y su agenda constituyó una oportunidad privilegiada para el movimiento de mujeres. En 1990 era un movimiento extendido y diverso, con un importante liderazgo feminista, había jugado un rol activo en la lucha por la democracia y los derechos humanos, y había elaborado una agenda para la igualdad. Las organizaciones de mujeres de diversas vertientes sumaban miles y sus integrantes superaban las doscientas mil a lo largo del país. Tenía instancias de coordinación –no sólo en Santiago- que habían permitido la acción pública concertada y se habían multiplicado los espacios y actividades de encuentro de mujeres de distintos sectores sociales. El Día Internacional de la Mujer conmemorado en Santiago el 8 de marzo de 1989 en el Estadio Santa Laura, reunió más de 15.000 mujeres que expresaron sus demandas y propuestas a la democracia bajo la consigna “Si la mujer no está, la democracia no va”. La articulación entre mujeres del movimiento y de partidos políticos fue clave y creó confianzas que facilitarían la posterior conformación del equipo de gobierno y la puesta en práctica de las propuestas elaboradas, compartiendo una estrategia para la incorporación de temas de la agenda del movimiento en el futuro gobierno. Si por una parte la presencia y fuerza del movimiento de mujeres en la lucha democrática dio legitimidad a sus demandas, la alianza con mujeres de partidos permitió una negociación política y la incorporación de temas de su agenda al programa de gobierno. En el programa definitivo de la Concertación de Partidos por la Democracia se mantuvieron varios de los temas propuestos por las mujeres: las reformas legales para terminar con la discriminación legal de las mujeres, políticas públicas dirigidas a mujeres en situaciones especialmente desfavorecidas –ahora llamadas “vulnerables”-, una campaña contra la violencia doméstica y la creación de una Oficina Nacional de la Mujer. La propuesta original fue una Oficina que estuviera a cargo de concretar las propuestas, que tuviera la más alta jerarquía en el gobierno, de modo que tuviera autoridad en la estructura de gobierno. Sin embargo, aquí se instala una tensión, porque ya en el período electoral y en esta tarea no participan todos los grupos y sectores que conformaban el movimiento y habían luchado en conjunto contra la dictadura. La realidad de la transición fue que un sector importante del movimiento no votó en el plebiscito de 1988, no se inscribió en los registros electorales, no creyó 7

ni aceptó el itinerario que había fijado el propio Pinochet en la Constitución impuesta en 1980 para la transición democrática. Esta estrategia había dejado fuera a mujeres del movimiento ligadas a los sectores políticos que no estaban en la Concertación (Partido Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Pero en el nuevo gobierno no hubo participación de mujeres en las decisiones sobre el tipo de democracia y el modelo de transición que se pondría en marcha, ni en el diseño del gabinete. La participación de las mujeres del movimiento fue en su condición de expertas y de técnicas en los distintos temas, no como actor político. Ello resultó una estrategia adecuada en el difícil contexto de invisibilidad de las mujeres ante las dirigencias de los partidos y considerando la alta competitividad que se había generado en el espacio político público en ese momento histórico. De hecho, otorgaba credibilidad y valor a las propuestas, facilitando su integración al Programa de Gobierno. Una vez creado el SERNAM, creación experimentada por sectores mayoritarios del movimiento como un triunfo, aun cuando sólo incluía parte de la agenda de las mujeres, se consolida este vínculo con las ONG y centros académicos, ceñido más bien a lo técnico y despojado de su carácter político, lo que erigió una barrera en la relación de las organizaciones sociales de mujeres con el SERNAM y los organismos de gobierno en general. No obstante, otro sector consideró una mala estrategia luchar por la institucionalización de la agenda y su traducción a políticas de gobierno, y se produce a una división en el movimiento feminista que después se profundizará. Muchas mujeres del movimiento se incorporaron al SERNAM y otros organismos de gobierno, pero se consolidó un vínculo con las ONGs y centros académicos ceñido a lo técnico y despojado de su carácter político. Esto erigió una barrera en la relación de las organizaciones sociales de mujeres que se hizo más sensible con el correr de los años. Por su parte, muchas profesionales, al llegar al gobierno dejaron de lado su rol político en relación al movimiento y se empoderaron como expertas. Mirado como oportunidad, sin embargo, la incorporación de feministas y mujeres del movimiento al gobierno permitió la articulación de un “triángulo de empoderamiento”, formado por mujeres feministas militantes de partidos que estaban en el Gobierno, en el Parlamento, de ONGs y organizaciones. Ello permitió avanzar en diversos temas, como ya se ha señalado en este seminario. La necesidad de formular políticas públicas y programas para mujeres y para la igualdad favoreció que las ONG se institucionalizaran cada vez más y que se especializaran en diferentes temas relevantes. De este modo, lo técnico fue tomando preeminencia frente a lo político. No es que lo técnico excluya lo político, porque hubo mujeres en distintos cargos que fueron muy sabias y aprovecharon el discurso técnico para avanzar en las metas políticas. De hecho, esta mañana hemos escuchado varios testimonios de cómo las Ministras fueron capaces de seguir instalando, en la institucionalidad, temas y mecanismos de gran importancia. Las políticas, programas, evaluaciones, incluso el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999, fueron elaborados desde las ONG, desde la sociedad civil, a partir de la contratación de consultorías, sin que se entregara un reconocimiento expreso, político a esas mismas instancias. La consultoría es un mecanismo ambiguo que mientras reconoce un saber, al mismo tiempo dictamina “haz lo que yo te digo, negociemos un poquito, pero lo político lo pongo yo y la autoría es mía”. 8

Al interior del gobierno, desde el gobierno de Patricio Aylwin, se hicieron visibles tensiones ideológicas en relación a la naturaleza de las reformas legales y la institucionalización de políticas públicas para la equidad de género. La propia creación del SERNAM estuvo marcada por tensiones de carácter político e ideológico, como ya se dijo aquí. ¿Cuál debía ser el lugar de las mujeres? Se debatió sobre los roles de las mujeres, la igualdad de las mujeres y la promoción de la familia, el carácter del organismo, entre otros. Se resolvió que, además de formular políticas públicas para el acceso igualitario de las mujeres a los diversos ámbitos de la sociedad y el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tendría como función el fortalecimiento de la familia, la valoración del trabajo doméstico como indispensable para el funcionamiento de la familia y la sociedad, y la valoración y protección de la maternidad. Al mismo tiempo, el Parlamento limitó sus capacidades, en especial, aquellas que favorecían su relación con el movimiento social de mujeres. Quedó definido como un organismo coordinador de políticas, sin atribuciones para ejecutar políticas y programas, salvo en su modalidad piloto para ser traspasados a otros ejecutores posteriormente, en el contexto político de la “democracia de los acuerdos”. La propia noción de “género” debió transitar un largo recorrido para ser asumida por todo el gobierno. El reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos autónomos versus la concepción naturalizada de las mujeres “sujetadas” en sus roles en la familia –su lugar privilegiado en la sociedad- recorre los debates en el Parlamento, en los partidos, entre las autoridades y funcionarios de gobierno, y también en el SERNAM. Entre esos dos polos hay un abanico de posiciones intermedias que visualizan a las mujeres en el mundo laboral y en la política, con más o menos temor a la plena autonomía de las mujeres. En cierta medida, esta tensión define dos agendas entre las mujeres, una agenda mínima, sometida a “la medida de lo posible” que permitía la alianza entre los partidos de la Concertación, propia de su estrategia de consensos, y una agenda más amplia que demandaba avanzar hacia la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos, incluida la paridad en política y los derechos sexuales y reproductivos. La acción política del movimiento se dio también en otros ámbitos. Algunas académicas de ONG iniciaron acciones para abrir las universidades a la reflexión crítica, a la docencia y la investigación sobre las mujeres y temas de género; paulatinamente dictaron cátedras y seminarios y posteriormente abrieron espacios institucionales. Ello reforzará la relación con las políticas públicas al contribuir a la formación de recursos profesionales especializados que se integrarán al Estado y también con la producción de conocimientos que las alimentarán. Sin embargo, el movimiento en democracia vivió un proceso de desarticulación y fragmentación, marcado por la pérdida de financiamiento por parte de la cooperación internacional. Se produjo una separación creciente con las mujeres de organizaciones de base, entre las que creció cierto malestar por sentirse utilizadas por las profesionales, en una relación jerárquica e instrumental que dejaba poco espacio para que las dirigentas y los grupos desarrollaran autonomía, algo que contradice los niveles de desarrollo alcanzados en su trayectoria de participación social previo a 1990. Tal vez una de las consecuencias más graves fue la destrucción del tejido social de los años ’80, que articulaba a organizaciones sociales de todos los tipos y sectores, con ONGs y centros académicos, alimentando su condición pluriclasista. En el movimiento feminista, el VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Cartagena, Chile, en noviembre de 1996, puso al descubierto desde su preparación la tensión 9

entre el feminismo que había luchado por la institucionalización de políticas de igualdad en el Estado y el denominado "feminismo autónomo", que rechazaba toda actividad o alianza con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, una polarización existente en toda la región, que cuestionaba la participación de sectores del feminismo en el proceso de Naciones Unidas hacia la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) y que se considerara la Plataforma de Acción resultante en esa Conferencia como una agenda feminista. En el sector del movimiento embarcado en la institucionalización de políticas de igualdad de género, la conferencia de Beijing marcó un momento significativo: las Conferencias de la Naciones Unidas fueron una nueva oportunidad para avanzar (La Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), la Cumbre social en Conpenhage (1995), la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing (1995)). Fueron una oportunidad para mirar críticamente lo realizado hasta la fecha y para ganar en autonomía. En ese contexto cristalizó el malestar por haber sido definidas como expertas y técnicas, por la reducción de muchas ONGs a sólo ejecutar programas en cuya definición no habían participado, por las consultorías individuales y el debilitamiento de ONGs e instituciones con trayectoria, por las numerosas tareas pendientes en los ámbitos claves. Surge la necesidad de desarrollar una mirada como actor social, como colectivo, más que mirar los aportes individuales de expertas o los éxitos aislados de una ONG. En este proceso, el SERNAM incorporó mujeres de ONGs y organizaciones sociales a las delegaciones oficiales a las conferencias, también otros Ministerios y servicios públicos. Fue un reconocimiento de las líderes y de las organizaciones como actores válidos, con los que era posible hacer alianzas y algunas negociaciones. Después de Beijing, el movimiento de mujeres estuvo un largo tiempo dedicado a difundir la Plataforma de Acción aprobada en Beijing, porque se reconocía que ese documento tenía muchos elementos que habían sido aportados desde la agenda política del movimiento. Se desarrolló entonces la estrategia de la “ciudadanía activa”, del “control ciudadano”, con muchas iniciativas dirigidas a monitorear, o fiscalizar a los gobiernos dado que se entendió que lo que se firmaba fuera del país no era obligatorio, no era “vinculante” y dejaba en manos de los movimientos hacer el seguimiento de las conferencias. Para ello se elaboraron “informes sombra”, se hizo el “Tribunal de las mujeres” y se creó el Índice de Compromiso Cumplido, al que me voy a referir después. Empezaron a surgir los Observatorios, y desde 2000 en adelante se consolida la estrategia de control ciudadano. Las alianzas entre mujeres del movimiento y de partidos políticos en el gobierno creadas en los 80 y en los inicios de la transición se fueron modificando a lo largo del tiempo. Se puede decir que bajo los dos primeros gobiernos de la Concertación, con Presidentes de la Democracia Cristiana, las dobles militancias -de mujeres que estaban en el gobierno, tenían militancia política y cercanía al movimiento- permitieron avanzar en la “agenda mínima”, en legislación, en las políticas públicas, ejerciendo ellas un liderazgo importante. En los gobiernos siguientes, gobiernos laicos (del Partido Socialista), creció la presión -desde distintos sectores del movimiento- por avanzar en la agenda de mayor ciudadanía y participación. Esto tensiona la relación con los partidos y con la institucionalidad. Es decir, el cambio de los gobiernos con Presidente democratacristiano a los gobiernos laicos, al tiempo que reforzó las expectativas de las mujeres –“ahora sí podremos avanzar porque tenemos Presidente socialista”-, profundizó las tensiones con los partidos. En la práctica, ya no apoyaban la agenda de las mujeres porque producía conflictos o tensiones al interior del bloque de gobierno. 10

7) Michelle Bachelet: políticas de presencia y el género en el poder A pesar de las barreras a la participación, de la fragmentación y las dificultades de financiamiento y movilización, la acción política de las mujeres y sus organizaciones logró poner en debate sus derechos, institucionalizar políticas públicas para la equidad de género, fortalecer liderazgos y ampliar la ciudadanía de las mujeres. Su acción ha contribuido a mayores grados de modernidad cultural y ha democratizado la sociedad en su conjunto: el rechazo a la discriminación y la violencia hacia las mujeres, el reconocimiento de las capacidades de las mujeres y sus derechos en el ámbito laboral, político y reproductivo, el rechazo al machismo y la extensión de experiencias de corresponsabilidad, etc. La elección de Michelle Bachelet a la Presidencia de la República puede ser leída como expresión de esas transformaciones. Las elecciones presidenciales del año 2005 en Chile resultaron una sorpresa para muchos analistas en el mundo, pero también en el país. Por primera vez en su historia, una mujer fue elegida Presidenta de la República con una amplia mayoría de respaldo popular. Una mujer de características particulares: no sólo socialista, sino además agnóstica, madre soltera y alejada del estereotipo esperable en un país de raigambre católica y machista. Meses antes de la elección, observadores nacionales y extranjeros auguraban una derrota, señalando que el país “no estaba preparado” para ser gobernado por una mujer. Su candidatura desafió al machismo y puso a prueba los cambios culturales en cuanto al lugar de las mujeres en la sociedad. Fue una campaña con gran violencia discursiva y simbólica, como no se conocía en el país, con duras críticas de varones que fueron apoyados por mujeres, como puede apreciarse en la prensa de la época. Sin embargo, las encuestas daban a Bachelet la primera mayoría en la intención de voto (Ver Encuestas de CERC, CEP, ADIMARK). Varones de todos los sectores políticos y sociales dijeron que no tenía carácter ni liderazgo -es decir, por ser mujer era débil- y que los partidos no la dejarían gobernar. Mujeres de sectores medios dijeron que sería como votar por ellas mismas; en sectores populares dijeron que las mujeres no sabían gobernar. Nuevamente, el cuestionamiento era por ser mujer. Incluso hubo feministas que cuestionaron que Bachelet no se declarara feminista y preferían un hombre en la Presidencia, se desconfiaba de su trayectoria y de los partidos que la apoyaban. No importaban su experiencia y compromiso con las mujeres como Ministra de Salud y de Defensa Nacional. Pero muchas mujeres se identificaban con Michelle Bachelet y madres solteras o con familias reconstituidas se sentían ahora incluidas y legitimadas en la sociedad. Su figura que no sobresalía, sencilla y cálida, lograba incorporar a aquellas mujeres que salían del estereotipo publicitario. La acompañaban y seguían en sus salidas a terreno, se fotografiaban con ella y la abrazaban con emoción. El 11 de diciembre de 2005 Bachelet ganó las elecciones con el 45,95 % de los votos, pero no fue suficiente, necesitaba el 50% más un voto. Votaron por ella el 47% de las mujeres y sólo el 44,8% de los varones, y debió competir en una segunda vuelta electoral en que para ganar sería necesario trabajar intensamente el voto masculino. Es cierto, no votó por Bachelet la misma proporción de varones que lo hicieron el año 2000 por Ricardo Lagos, pero fueron mayoría los que la apoyaron y mayoría las mujeres que se atrevieron a creer que una mujer podía ser Presidenta.

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Obtuvo el 53,5% de los votos, más que lo que obtuvo Ricardo Lagos el año 2000 (51,3%). La diferencia la hicieron las mujeres, augurando nuevos cambios. La primera medida como Presidenta, anunciada en la campaña, fue el nombramiento de un gabinete ministerial paritario, con diez mujeres y diez hombres, ellas ocupando ministerios no tradicionalmente “femeninos” (Ministerio Secretaría de la Presidencia, Defensa, Minería, Economía). También ocuparían la mitad de las subsecretarías. La Presidenta quería rostros nuevos, un cambio en el balance de género y generacional. Bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, podemos decir que la naturaleza de la acción de las mujeres organizadas se modificó inevitablemente. Al tener ella un liderazgo y fuerte compromiso con la agenda de género, en cierta medida sustituyó la acción y la necesidad de una acción del movimiento, o así lo percibieron las organizaciones y ONGs que se identificaban con su gobierno. De hecho, pudo ella avanzar en la agenda amplia usando sus facultades constitucionales -al nombrar mujeres en los cargos de confianza hasta alcanzar la paridad en varios rangos de la jerarquía, exigiendo a los partidos de la Concertación la entrega de nombres de mujeres-, al mandar proyectos de ley, al diseñar políticas y hacer reformas. También actuó como respuesta a la movilización de las organizaciones sociales cuando estas demandaron la entrega universal de la “Píldora del día después” ante la negativa del Tribunal Constitucional, y consagrar derechos reproductivos en la ley 20.418 que fijó “Normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”, promulgada el 21 de enero de 2010. El SERNAM elaboró una “Agenda de género 2006-2010” con orientaciones para los organismos públicos, los que tuvieron un desarrollo más autónomo en las políticas de equidad. Esta Agenda, que incluía los Compromisos del gobierno con la equidad de género, apuntaba a cuatro grandes objetivos: 1) Eliminar o reducir la discriminación en contra de las mujeres; 2) Eliminar o reducir las brechas que existen entre mujeres y hombres, pero también aquellas que existen entre mujeres, como son la brecha entre el campo y la ciudad, entre las mujeres indígenas y las que no lo son, entre las de sectores populares y las de sectores sociales de mayor escolaridad, entre las jóvenes y mujeres mayores; entre las mujeres que tienen alguna discapacidad y las que no la tienen; 3) Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito público y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más igualitarias las relaciones entre los géneros; y 4) Contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos sociales, y en tanto protagonistas del desarrollo de las familias, la comunidad y la sociedad toda y al desarrollo de sus potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, científico y tecnológico. La Presidenta Bachelet fortaleció el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, dio prioridad a la protección social, al acceso de las mujeres al trabajo con la creación de salas cuna y jardines infantiles, a la violencia doméstica y sexual, entre otros. Al finalizar el período, el SERNAM elaboró un Tercer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2010-2020), en consulta a los más diversos actores políticos y sociales, así como a los equipos técnicos de los candidatos a la Presidencia de la República. Este Plan buscaba profundizar las políticas de igualdad, abordar ámbitos deficitarios en cuanto a los derechos y la condición de las mujeres, así como los nuevos problemas que surgen en una sociedad que se moderniza y globaliza. En el hacer política de mujeres bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, es importante conocer los testimonios y experiencias de Ministras y otras autoridades mujeres, evaluando lo que hicieron o pudieron hacer desde el poder, en cuanto a abrir espacios a otras mujeres y validar sus capacidades. 12

8) Los desafíos y las preguntas de hoy: autonomía, paridad y más mujeres al poder El mayor desafío para las mujeres es hacer política en el contexto de crisis de representación y legitimidad del sistema político vigente, con un gobierno de derecha. Bajo el gobierno de la "Coalición por el cambio", sin duda, muchas son las cosas que han cambiado. Algunos dirán que para bien, otros que para mal. Sin embargo, en el ámbito de las políticas para la igualdad de las mujeres, parece ser que es para mal, porque si había políticas bien evaluadas hasta el gobierno de la Presidenta Bachelet, eran precisamente aquellas que buscaban reducir la discriminación hacia las mujeres y las brechas entre mujeres de distintos sectores sociales, la erradicación de la violencia doméstica y que reconocían la mayor vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza y por lo tanto, definían instrumentos para atenuarla. Son numerosos los retrocesos en dos años y medio de gobierno: casos como el de la Vicepresidenta de la Junta de Jardines Infantiles que no sólo acusa a mujeres de ir a tomar café con amigas o de ir a la playa mientras dejan a sus hijos en jardines bajo su responsabilidad, sino que presenta un presupuesto que suspende la construcción de nuevas salas cunas y jardines infantiles para este 2011; un SERNAM que no ejerce su rol de supervisión de las políticas de equidad de género; una autoridad de SERNAM que emite una Minuta que establece la línea de trabajo para el personal que señala expresamente la necesidad de promover la abstinencia sexual entre las y los adolescentes; el intento del Ministro de MIDEPLAN de eliminar las atribuciones del SERNAM como organismo formulador y articulador de políticas públicas destinadas a dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer en el nuevo Ministerio Desarrollo Social; un SERNAM que desestima un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres elaborado con la participación de todos los sectores políticos y sociales; que elimina el programa de Participación que permitía, a cientos de dirigentas a lo largo del país, fiscalizar el cumplimiento de los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades. Un gobierno que pone fin a los compromisos ministeriales para la Igualdad, con rendición de cuentas anual, que despide a las expertas y expertos que aseguraban la incorporación de una perspectiva de género en el quehacer de los organismos públicos como parte del mejoramiento de la gestión pública. Un gobierno que no incorpora las necesidades de las mujeres en la reconstrucción tras el terrible terremoto y maremoto del 27 de febrero. Autoridades incapaces de entender el sentido de una política pública para la igualdad de género. Es cierto que la sociedad civil ha estado activa y ha reaccionado utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación, la movilización en la calle, la opinión en los medios y la articulación para debatir temas relevantes. Logró el apoyo de la ciudadanía en temas emblemáticos, como las restricciones a la libertad individual y la destrucción del SERNAM. También logró que el proyecto de ley de ampliación del postnatal a 6 meses no retrocediera en los derechos adquiridos de las trabajadoras, fuera universal e incorporara, en alguna medida, la responsabilidad de los padres en la tarea de la crianza. Desde hace un año, los estudiantes cambiaron el escenario político nacional y han puesto al descubierto las falencias de un orden económico y político que concentra el poder y aumenta las desigualdades, en detrimento de una clase media que ha crecido y de vastos sectores que viven en la pobreza y la exclusión, frente a familias poderosas que han utilizado los recursos de estado para acrecentar su poder. Junto con ellos, movilizaciones regionales como la de Aysén han ampliado la agenda pendiente de la democracia. En todos esos movimientos hay liderazgos femeninos.

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La crisis de los partidos políticos es manifiesta y son visibles los problemas de gobernabilidad, porque el estado y la institucionalidad política no son capaces de responder a las necesidades de una ciudadanía movilizada. Se han restablecido relaciones entre organizaciones de mujeres y parlamentarios para impulsar proyecto de ley que amplían sus derechos, al igual que con otros sectores sociales. Las cifras de participación son una muestra clara de los retrocesos de las mujeres: Participación política de las mujeres (1990-2011) (en porcentajes) 1990

1995

2000

2006

2010

2011

Mujeres en cargos de ministras

5,26

15,79

31,25

50,00

27,27 18,2

Mujeres en cargos de Subsecretarias

4,73

3,60

25,9

48,40

31,03 22,6

Mujeres en cargos de Intendentas

8,00

7,69

23,08

46,15

33,33 20,0

Mujeres en cargos de gobernadoras

28,14

10,00

30,00

34,00

25,93 35,8

Mujeres en cargos de Diputadas

5,26

7,50

11,67

15,00

14,17 14,2

Mujeres en cargos de Senadoras (elegidas)

5,39

5,26

5,26

5,26

13,89 13,9

Mujeres en cargos de Alcaldesas

11,88

7,19

7,90

12,21

12,50 12,5

Mujeres en cargos de Concejalas

9,80

12,54

17,01

21,13

23,00 23,0

Fuentes: Indice de Compromiso Cumplido 1990-2009; SERVEL; SUDERE.

Surgen entonces, numerosos desafíos: cómo deben actuar las mujeres, ¿en movimiento de mujeres o sumándose al movimiento social general (estudiantes, regiones, etc.)? ¿Cómo se debe implementar y favorecer el recambio generacional en las organizaciones y movimientos? ¿Cómo se debe construir una agenda para las necesidades de hoy que ponga en el centro la autonomía de las mujeres en lo político, económico y del cuerpo? Son urgentes las reformas políticas que incluyan la representación equilibrada de mujeres y hombres y la instalación de una democracia participativa, de preferencia, mediante una nueva Constitución Política del Estado, generada con amplia participación social y política. Además de la articulación entre organizaciones y movimientos de distintos sectores, son necesarias las alianzas y acciones conjuntas con partidos políticos.

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