DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO La Paz, 26 de Agosto de 2013 Quiero empezar este acto expresando un saludo especial y afectuoso a las mujeres y hombres adultos y adultas mayores cuyo día recordamos precisamente hoy 26 de agosto. A ellas y a ellos que constituyen uno de los grupos más vulnerables, les reitero mi compromiso de seguir trabajando por defender, proteger y promover sus derechos humanos en todos los ámbitos de nuestra responsabilidad. El 12 de agosto pasado, hemos recordado los 19 años de la inclusión, por primera vez en el texto constitucional boliviano, del Defensor del Pueblo como una institución responsable de la defensa de los derechos humanos. Para hacer efectiva nuestra existencia, la Ley 1818 del Defensor del Pueblo, recién se aprobó el 22 de diciembre de 1997. Unos meses después, el 26 de marzo de 1998, fue elegida la Primera Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero y el 1° de octubre del mismo año iniciamos la atención al público. En los hechos la Defensoría del Pueblo lleva quince años de trabajo intenso, dedicado y comprometido, habiendo sido, durante ese tiempo testigo y actor de los cambios más significativos que ha tenido el país en su historia reciente. Este trabajo que nos ha convertido en una de las instituciones con mayor credibilidad para la opinión pública, ha logrado también posicionar el tema de los derechos humanos en las primeras prioridades para la ciudadanía y aún para las instituciones del Estado. Resultaría imposible nombrar todos los logros y los avances alcanzados por la institución en estos años, dirigidos a su turno por Ana María Romero de Campero y Waldo Albarracín, así como también por las defensoras en Suplencia Legal, Carmen Beatriz Ruiz y Rielma Mencias. Durante estos quince años hemos atendido más de 167.000 demandas de ciudadanos y ciudadanas de todo el país que han 1

acudido hasta nuestra institución buscando la defensa y protección de sus derechos conculcados. Además, en los procesos educativos sobre derechos humanos, impartidos en todo el país, hemos llegado directamente a casi un millón de personas; hemos intervenido con nuestra denuncia, exhortación y muchas veces mediación en los principales conflictos sociales en los últimos quince años y finalmente aportamos con la incidencia directa sobre las instituciones del Estado para que se dicten normas y se apliquen políticas públicas en favor de los bolivianos y las bolivianas en situación de mayor vulnerabilidad. En todo este tiempo, hemos sabido mantener como institución, nuestros valores principales y sustantivos que se expresan en la defensa de los derechos de los bolivianos y las bolivianas sin ninguna discriminación, nuestra especial dedicación a las poblaciones con derechos más vulnerables, nuestra independencia y la fortaleza y claridad de nuestra misión, el espíritu de servicio, el compromiso con el pueblo y la eficiencia en nuestro trabajo. Aunque hemos trabajado mucho, tenemos la convicción y claridad que aún hay mucho por hacer. Hemos avanzado como Estado y como sociedad para reconocer, garantizar y promover los derechos humanos, sin embargo no podemos quedarnos satisfechos cuando más de dos de cada diez hermanos y hermanas bolivianos viven en extrema pobreza, la mayoría en comunidades y pueblos indígenas; cuando miles de mujeres y niñas sufren vejámenes y violencia física, sicológica y sexual cada día en sus propios hogares; cuando somos testigos de cientos de feminicidios, cuando se producen hechos dramáticos y terribles como el de Palmasola, cuando no se tolera las contradicciones y el disenso, cuando las bolivianas y bolivianos no podemos acceder a un sistema de justicia probo y eficiente ni a un sistema de salud universal y con calidad, cuando todavía se discrimina por razones de género, color de piel, origen, cultura, vestimenta, preferencia sexual, edad u otro, cuando se evidencia la impunidad, cuando se asume que ingresar a ciertos ámbitos como los recintos militares, las escuelas de formación policial significa perder el derecho a la protección y la seguridad y cuando se niega a las naciones y pueblos indígenas ejercer sus derechos constitucionales, entre otros a decidir sus modelos de desarrollo en sus propios territorios a través de consultas libres, previas e informadas. 2

Todas estas realidades evidentes nos obligan a todos y todas, pero especialmente a las instituciones del Estado y en particular a la Defensoría del Pueblo a trabajar aún con mayor dedicación y esfuerzo para cumplir nuestro mandato pero sobre todo para responder al pueblo que nos demanda y nos interpela. Hoy queremos compartir con ustedes y con todo el pueblo boliviano, un nuevo proceso que hemos venido implementando desde el inicio de mi gestión, y que se traduce fundamentalmente en una decisión de mejorar y ampliar nuestro servicios y nuestro trabajo, que ha de permitirnos llegar a una mayor cantidad de personas, desde la premisa de defender y promover los derechos humanos, a los que consideramos la base sustancial para construir este Estado Plurinacional y para alcanzar sus objetivos que se traducen en una sociedad más justa, con equidad, respeto e igualdad. Hemos modificado la orientación de la atención de demandas de la ciudadanía y hoy gestionamos en forma directa una mayor cantidad de casos hasta lograr su solución. Ya en la gestión 2012, reportamos más del 65% de casos atendidos frente al 35% de los casos que derivamos a otras instituciones. En términos de educación estamos implementando un nuevo modelo que busca trascender la transmisión de información y sensibilización y se oriente hacia la formación de personas profundamente comprometidas bajo el principio que la enseñanza de los derechos humanos es una educación para la vida. Asimismo, de acuerdo a nuestro mandato constitucional, estamos ampliando y mejorando el trabajo con las poblaciones con derechos más vulnerables creando el programa niña, niño y adolescente como una unidad especializada que velará de forma especial por la vigencia y defensa de sus derechos. Por otro lado estamos desarrollando un mecanismo especial de atención de casos de violencia contra la mujer que nos permitirá recibir denuncias por la red internet desde nuestra página web, los que serán investigados y procesados con la misma atención que los casos recibidos directamente. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para abrir la Oficina de atención en el TIPNIS, lo que podría ampliarse a otros territorios 3

indígenas originario campesinos. En esta misma línea y para llegar directamente al pueblo, implementamos el modelo de atención de denuncias en espacios públicos donde realizamos intervenciones a través de nuestras ferias de derechos humanos, donde también se instalan mesas de recepción de casos con profesionales que atienden denuncias directamente, sin necesidad que las personas tengan que dirigirse a nuestras oficinas. Esta nueva etapa se refleja también en el cambio de nuestra imagen institucional y de nuestro logotipo, a partir de una adecuación del anterior símbolo que fue creado cuando la institución era Defensor del Pueblo y correspondía a la República de Bolivia. Hoy tenemos una nueva institución que responde a la nueva realidad del Estado Plurinacional, expresado fundamentalmente en los valores comunitarios, la diversidad, la pluralidad y el concepto que los derechos humanos son y deben ser la guía de orientación para su construcción y consolidación. Mantenemos la posición de los brazos que abarcan, incluyen y protegen sólo que esta actitud nace de la comunidad, del pueblo, en plural y en conjunto. Estos brazos que representan la decisión de proteger y defender incluyen por otra parte la diversidad concreta y la pluralidad de nuestro Estado. Nuestro nuevo símbolo que nos representa, refleja precisamente la unidad en la diversidad; expresa que los derechos humanos deben ser como el sol que alumbra por igual a todas nuestras regiones, desde el surco andino y los valles hasta la Amazonía boliviana, nuestros bosques y nuestro ríos, pero sobre todo a los bolivianos y bolivianas que viven y trabajan en todas las ciudades, pueblos y comunidades, a las culturas y las diversidades. Finalmente, la llama de los derechos humanos no es más una figura ideal y etérea sino una realidad que debemos ejercer, demandar, exigir y proteger; de ahí que su luz alumbra hacia dentro, hacia nuestra tierra y nuestra gente. Quiero, en este momento, agradecer de manera muy especial a todas y todos quienes han aportado en estos quince años para que la Defensoría del Pueblo sea lo que es. A los países hermanos, a través 4

de sus agencias de cooperación, que nos han acompañado de manera silenciosa pero que sin su apoyo decidido y permanente nada de lo alcanzado hubiera sido posible. A las instituciones del Estado nacional y de los gobiernos locales, a las organizaciones de la sociedad, a los grupos de poblaciones vulnerables, a los medios de comunicación, a los artistas, a los luchadores y activistas por los derechos humanos, a los voluntarios y voluntarias, a los profesionales que aportaron desde sus espacios en la investigación y la promoción, a los y las dirigentes de naciones y pueblos indígenas, a los hombres y mujeres que han trabajado en la Defensoría, en sus distintas etapas, a mis antecesores y antecesoras y en especial a la memoria de Anita Romero a quien tendremos siempre como guía y ejemplo en esta lucha incansable y permanente. La Defensoría del Pueblo, a la que tengo el alto privilegio de dirigir en esta etapa histórica de Bolivia, ha de seguir trabajando con el mismo espíritu que guió su creación y consolidación, pero adecuando sus metas y estrategias a estas nuevas visiones y concepciones que han emergido de los valores que plantea el Estado Plurinacional, es decir nuestra diversidad, conciencia de los derechos colectivos y la definición que el objetivo más elevado es el bien de todos y de todas a través del respeto y vigencia de los derechos humanos.

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