Taller 14 Las izquierdas en los procesos de transición de la dictadura a la democracia en la Península Ibérica y América Latina Coordinadores: Carme Molinero y Pere Ysàs (Universidad Autónoma de BarcelonaCEFID) [email protected]; [email protected]

Propuestas aceptadas (12) 14.1. Alonso, Luciano (Universidad Nacional del Litoral / FHUC-CESIL), ―El Partido Intransigente en la transición democrática argentina: ¿intento de recomposición de una ―izquierda diezmada‖?‖………………………………………………………………….3

14.2. Babiano, José (Fundación 1º de Mayo) y Tébar Javier (Fundació Cipriano García), ―La parábola del sindicato en España. Los movimientos sindicales en la transición ―larga‖, a través del caso de CCOO (1975-1986)‖……………………………………..27

14.3. Contreras-Becerra, Javier (Universidad de Granada) ―La construcción del ―Califato rojo‖. El movimiento vecinal en Córdoba (1963-1986)‖…………………….49

14.4. Delgado de la Rosa, Juan Antonio, (Gredos San Diego Cooperativa), ―Militantes, sacerdotes escorados a la izquierda y demócratas en España entre 1965-1985 frente a las nuevas preocupaciones de los obispos‖………………………………………………...71

14.5. Ferrer González, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona), ―Otro frente estratégico de movilización contra el franquismo. La Juventud Comunista de Catalunya más allá de la Gran Barcelona‖………………………………………………………...87

14.6. Geniola, Andrea (CEFID-UAB), ―Nación, Nacionalidades y Estado. Significación y papel de la cuestión nacional en el socialismo español en (la) Transición (19741982)‖…………………………………………………………………………………105

1 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

14.7. López Espinosa, Arnau (Universitat de Barcelona), ―La construcción de los barrios democráticos en Barcelona (1975-1986): La dialéctica entre el movimiento vecinal del Poble-sec y Montjuïc y las instituciones municipales‖…………………...127

14.8. Martín Gutiérrez, Sara (Universidad Complutense de Madrid), ―Las obreras católicas en las organizaciones del pueblo. Las militantes de la HOAC/F en la lucha por la democracia‖………………………………………………………………………...141 14.9. Sans Molas, Joel (Universitat Autònoma de Barcelona), ―Crisis de militancia en el cambio de ciclo de la transición: la experiencia de la Organización de Izquierda Comunista‖……………………………………………………………………………159

14.10. Schelotto, Magdalena (Université Paris Descartes), ―El cambio en paz: la transición uruguaya y la influencia del modelo español‖……………………………..181

14.11. Selma Páez, Pablo R. (Universidad de Sevilla) y Araya Gómez, Rodrigo (Universidad de Santiago de Chile), ―Los sindicatos en las transiciones de España y Chile. Un estudio comparativo‖………………………………………………………203

14.12. Vaz, Celine (Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société, Nanterre), ―El compromiso de los arquitectos españoles por la democratización urbana y política a finales del franquismo‖………………………………………………………………..227

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El Partido Intransigente en la transición democrática argentina: ¿intento de recomposición de una “izquierda diezmada”? *

Luciano Alonso Universidad Nacional del Litoral / FHUC-CESIL

Sobre el lugar del Partido Intransigente en el contexto político-social argentino Es conocido que hacia la última etapa de la dictadura militar de 1976-1983, creció en Argentina la movilización social y tuvieron un papel protagónico las voces contestatarias. Al menos desde la crisis económica de 1981 los proyectos de continuidad del régimen se habían visto afectados y la recomposición del movimiento obrero ponía en jaque a las políticas económicas. Se profundizó el impacto interno e internacional del movimiento por los derechos humanos y los partidos políticos que habían tenido representación en el Congreso Nacional1 presionaron a la Junta Militar por una ―salida política‖. En ese escenario y en el ulterior período constitucional adquirió relevancia el

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La presente ponencia se inscribe en las actividades de los Proyectos de Investigación HAR2015-63657P ―Transiciones a la democracia en el sur de Europa y en América Latina: España, Portugal, Argentina y Chile‖ (UAB) y CAI+D 2011 PI 50320140300004LI ―Orden social y violencia política. Estudios relacionales y comparados desde una perspectiva histórico-social‖ (UNL). 1

Si bien en la República Argentina la denominación correcta sería la de Congreso y no Parlamento, siguiendo los modos usuales entre los analistas políticos y especialmente el enfoque de Hugo Quiroga, en las páginas siguientes se aludirá a esos partidos políticos como ―partidos parlamentarios‖, tanto por su participación en la institución respectiva en períodos constitucionales como por su opción por la contienda electoral como modo de acceso al poder. Hugo QUIROGA: El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, Rosario, Ross / Homo Sapiens, 2da. edición 2004.

3 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

Partido Intransigente (PI). Su líder, Oscar Alende –apodado ―El Bisonte‖ por su aspecto y su carácter confrontativo–, tenía una alta imagen positiva y una amplia trayectoria.2 En general, el Partido Intransigente está ausente de los estudios sobre las izquierdas argentinas de los años de 1970-1980, más centrados en las corrientes peronistas y marxistas e incluso con menos dedicación a las actividades partidarias que a la lucha armada de las organizaciones político-militares. En su estudio pionero sobre el ámbito de la ―nueva izquierda‖ –expresión por lo menos equívoca para Argentina, pero ilustrativa de un corte con la tradición del Partido Comunista– Hilb y Lutzky apenas lo mencionaron tangencialmente, sin incluirlo siquiera en el listado de siglas políticas que ofrecían al final del texto.3 Más ausente aún está de la mirada más amplia e interesante que de esa ―nueva izquierda‖ realizan hoy María Cristina Torti y otros investigadores, que incluyen al peronismo revolucionario en su conjunto dentro de esa denominación pero evidentemente no identifican al PI de la primera mitad de los años ‘70 con un programa revolucionario o con la idea de lo nuevo.4 De hecho, en 1989 Catterberg aludía al PI como un partido ―moderado de izquierda‖.5 Por otra parte, de acuerdo con Patricia Bullrich habría sido apenas un partido de ―implementación territorial restringida‖, con más presencia en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.6 Sin embargo, esa organización política presentó entre las décadas de 1970-1980 la fundamentación discursiva de una ―izquierda nacional y latinoamericana‖ y se preocupó por proponer una vía revolucionaria no armada. No sólo tuvo extensión en todo el territorio del Estado nacional sino que su impacto fue visible en algunas capitales de provincias y localidades del interior, y tuvo arraigo en determinados sectores de las 2

Alende era un reconocido político que había ganado notoriedad en las décadas de 1940 y 1950 como Diputado provincial en Buenos Aires y luego nacional por la Unión Cívica Radical. Cuando el radicalismo se dividió en 1956, formó parte de la Unión Cívica Radical Intransigente –crítica para con la dictadura y liderada por Arturo Frondizi, al contrario de la más derechista Unión Cívica Radical del Pueblo– y llegó a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1958-1962). Desde 1963, ya separado de Frondizi –que fundaría el más moderado Movimiento de Integración y Desarrollo–, Alende dirigió la UCRI, de la que fue candidato a Presidente ese mismo año. Su figuración posterior se detalla en el cuerpo de la ponencia. Fue también médico y ejerció esa profesión en paralelo a su actividad política con gran reconocimiento, al punto que el Distrito II del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires formó una Fundación que lleva su nombre (http://www.colmed2.org.ar/foea/). 3 Claudia HILB y Daniel LUTZKY: La nueva izquierda argentina: 1960-1980 (política y violencia), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984. 4 María Cristina TORTI (dir.): La nueva izquierda argentina (1955-1976), Rosario, Prohistoria, 2014. 5 Edgardo Raúl CATTERBERG: ―El sistema de partidos políticos y la transición a la democracia en Argentina‖, en Lorenzo MEYER y Luis REYNA (comps.): Los sistemas políticos en América Latina, México, Siglo XXI, 2005, p. 62. 6 Patricia BULLRICH: Desarticulación y hegemonía: sistema político y partidos en la Argentina (19992007), Buenos Aires, Teseo, 2014, p. 37.

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clases medias, entre los cuales los universitarios no fueron de poca relevancia. En ese proceso, se vinculó estrechamente con el movimiento por los derechos humanos y propuso un programa basado en la democracia participativa y ―la socialización de la riqueza, la cultura y el poder‖. Por otra parte, alcanzó un auge electoral en 1985 que lo acercó al millón de votos; algo muy superior a los frentes de corte marxista que consiguieron articularse con posterioridad y a otras fuerzas progresistas equivalentes que ni siquiera se calificaron a sí mismas ―de izquierda‖.7 En un panorama político de amplia retracción de las izquierdas después de la experiencia del terror de Estado, el PI representó un lugar atractivo para sectores progresistas, individuos y grupos de formación marxista que buscaban espacios alternativos o incluso llegó a ser –usando una expresión de Graciela Fernández Meijide en un libro de memorias sobre el movimiento de derechos humanos que por otra parte no carece de aristas polémicas–, el refugio de una ―izquierda diezmada‖8. Pero es cierto que tanto o más rápido que su crecimiento en el contexto de la transición democrática y la posdictadura,9 fue la retracción y dispersión del Partido Intransigente, 7

De entre las alianzas conformadas por partidos de orientación claramente marxista, la Izquierda Unida de 1989 –en la que participaron corrientes desprendidas del PI– no alcanzó el medio millón de votos, en tanto que la más estrecha que se presentó con el mismo nombre en 2003 apenas superó los 300.000 votos. El Frente de Izquierda y los Trabajadores consiguió en las presidenciales de 2011 menos de medio millón de votos y recién en las de renovación de representantes de 2013 alcanzó las cifras del PI de 1985, pero bajó a poco más de 700.000 electores en 2015. El menos claramente de izquierdas Frente Grande – conformado inicialmente en torno a peronistas críticos con el gobierno de Carlos Menem del Movimiento por la Democracia y la Justicia Social, varias agrupaciones políticas progresistas, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el propio Partido Intransigente–, obtuvo resultados expectables en 1993, difíciles de establecer en cantidad de votos pues en muchos distritos se presentaron los partidos por separado, aunque su éxito electoral no fue mayor al del PI ya que sacó sólo tres diputados nacionales. Pero para las elecciones siguientes y alentado por su crecimiento en los comicios de convencionales constituyentes, el FG se amplió para conformar con sectores más conservadores una alianza que disputara la presidencia al menemismo y a partir de allí se diluyó su anclaje cercano a las izquierdas. Teniendo en cuenta la variación de la población argentina (27.949.480 habitantes según el censo de 1980; 32.615.528 según el de 1991; 36.260.130 según el de 2001 y 40.117.096 en el de 2010), la experiencia intransigente de 1985 se acrecienta y representa la única vez de la posdictadura en que una agrupación que se autodenominaba de izquierda llegó a aparecer como tercera fuerza en el espectro electoral argentino, y aun sin integrar alianzas. Los datos electorales y demográficos referidos se han tomado de los sitios web de la Dirección Nacional Electoral (http://www.elecciones.gob.ar) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (http://www.indec.gov.ar). 8 Graciela FERNÁNDEZ MEIJIDE: Historia íntima de los derechos humanos en la Argentina (a Pablo), Buenos Aires, Sudamericana, 2009, edición digital. 9 Aunque incluso se usa en el título de este escrito, el recurso a la noción de ―transición democrática‖ no se hace sin reparos. Teniendo en cuenta que la democracia puede ser un concepto normativo más que histórico para quienes pensamos en ella como un horizonte posible, quizás fuera mejor hablar de ese tránsito desde el predominio de la violencia física al predominio de la violencia simbólica sin que se alteraran ni las relaciones de clase ni las estructuras profundas de la desigualdad social y nacional como ―transición al régimen constitucional‖ o ―restauración republicana‖ (cf. v. g. para el carácter imprescindible de algunos conceptos normativos Nancy FRASER: Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, Santafé de Bogotá, Siglo del Hombre / Universidad de Los Andes,

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convertido desde 1989 en un sello útil para la conformación de alianzas electorales de variado sesgo pero carente de peso organizativo y movilizador propio. La imposibilidad de que esa ―izquierda diezmada‖ pudiera reencausar las voluntades de amplios grupos políticos y sociales fue sin dudas resultado de las propias tensiones internas del PI, pero también quizás parte de un proceso más amplio de crisis y reconversión de las izquierdas.

Una breve caracterización del PI entre los años ‟70 y „80 No es necesario remontarse a la noción de un ―radicalismo intransigente‖ enunciada por Leandro Alem en su disputa con Bartolomé Mitre –como lo hace Julio Nosiglia–,10 para identificar una tradición política en la cual se reconocía el PI y que era operativa al nivel de las identidades, los discursos y las prácticas para el período que nos ocupa. Resulta más conveniente reseñar algunos procesos experimentados por esa corriente en la década previa a la última transición democrática, para ver por qué podía resultar atractivo para una ―izquierda diezmada‖. El PI fue creado en 1972 como continuación de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), cuando por aplicación del Estatuto de los Partidos Políticos aprobado por la dictadura del General Lanusse la agrupación no pudo usar ya la sigla ―UCR‖, que quedó en manos de quienes habían formado en la escisión de 1958 la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). El nuevo partido experimentó para la primera mitad de la década de 1970 un proceso de radicalización política. El discurso humanista que había caracterizado a Oscar Alende en las décadas de 1950-60 y que consideraba negativamente la distinción derecha-izquierda,11 se vio hasta cierto punto reemplazado por repertorios discursivos asentados en la idea de revolución y en tendencias que 1997). Por otro lado, algunos politólogos suelen advertir que la noción de ―transición‖ supone el paso entre objetos prefijados y sería quizás mejor hablar de ―procesos de democratización‖. Como sea, la expresión ―transición a la democracia‖ está tan inscripta en las comunidades académicas que su uso se torna poco menos que imprescindible. En cambio, la noción de ―posdictadura‖ es más reciente y de poco arraigo, pero no por eso menos interesante, ya que no supone una calificación específica sino que ubica temporalmente muy bien un momento de inestabilidades y lenta consolidación de formas institucionales (cf. v. g. Claudia FELD y Marina FRANCO (dtoras.): Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015). 10 Julio E. NOSIGLIA: El Partido Intransigente, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, cap. I ―Los orígenes de la Intransigencia‖. 11 V. g. Oscar ALENDE: ―Apertura hacia lo social y humano‖, discurso pronunciado al reasumir la gobernación de la Provincia de Buenos Aires el 7 de mayo de 1961, en Julio E. NOSIGLIA: El Partido Intransigente, op. cit., ―Apéndice documental‖, p. 107.

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podrían ser definidas como socialistas aunque no se enunciaran claramente con ese nombre. Al mismo tiempo, se forjó un vínculo cada vez más estrecho con individuos y agrupamientos marxistas o influidos por el marxismo. Ese viraje de los intransigentes hacia la izquierda, que en realidad recuperaba elementos de las coaliciones que la UCRI había articulado desde 1958, se apreció en una creciente apelación a una ―revolución pacífica de signo nacional‖. Claramente, la UCRI no había sido parte de una ―vieja izquierda‖, por más que tampoco se pareciera a lo que se suele llamar ―nueva izquierda‖ en Argentina. En 1973, fracasado el intento de un acuerdo programático amplio con el FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional) y decantado el peronismo por la creación del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), el Partido Intransigente integró la Alianza Popular Revolucionaria con los cristianos de izquierda reunidos en el Partido Revolucionario Cristiano y con el apoyo del Partido Comunista. La fórmula presidencial Oscar Alende / Horacio Sueldo obtuvo 885.201 votos (7,4 %) y 12 diputados nacionales. Con la APR se intensificaron los enunciados anti-imperialistas y se comenzó a postular la necesidad de socializar el sistema económico. Durante el período constitucional de 1973-1976, el PI fue el único partido parlamentario que resistió en su integridad la extensión de la legislación antisubversiva, criticada también por sus socios de la APR.12 Incluso la izquierda armada tendió puentes con la Intransigencia. Para 1975 el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS) barajó la posibilidad de constituirse como un verdadero frente de liberación nacional y sumar a ―partidos burgueses‖ e incluso promover la candidatura de Alende para las presidenciales de 1977. El FAS había sido creado en 1973 por iniciativa del Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) como continuación de un menos importante Frente Antiimperialista Antidictatorial. Era una herramienta política del PRT-ERP integrada también por el Frente Revolucionario Peronista, el Partido Comunista Marxista-Leninista, la Organización Comunista Poder Obrero, la Liga Espartaco, la Liga Socialista, el Grupo Praxis, el Grupo El Obrero y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria –estas dos últimas agrupaciones de la provincia de Córdoba–, formado con la intención de competir en las elecciones como

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Marina FRANCO: Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, passim.

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parte de la estrategia de acumulación de fuerzas.13 De acuerdo con Gregorio Flores, en el PRT se consideraba que ―…era casi inevitable para llegar a la toma del poder la construcción de un frente popular, incluso con representantes políticos de la burguesía como Oscar Alende o Raúl Alfonsín, a quienes se les propuso incorporarse al FAS o a algún Frente Patriótico Antiimperialista‖.14 El hecho de que el FAS entendiera viable no sólo la incorporación del PI sino además la candidatura de Alende, que no se definían por el marxismo y por tanto eran considerados ―burgueses‖, muestra que no se los entendía radicalmente alejados de la lógica revolucionaria. El documento programático ―Aportes para el Proyecto Nacional‖ que el PI aprobó el 13 de diciembre de 1975 en una convención realizada en Córdoba, estuvo marcado por la aprobación de la luego famosa expresión sobre la socialización del poder, la riqueza y la cultura. Parte del documento era un detallado ―Programa contra la Dependencia y por la Liberación‖, que incluía entre muchas propuestas: la planificación económico-social obligatoria para los sectores público y privado en un marco de descentralización operativa; la predeterminación de las áreas de inversión extranjera; la estatización de la banca, el crédito y el seguro con excepción del crédito cooperativo; el monopolio del Banco Central en la tenencia y negociación de divisas extranjeras; la eliminación progresiva los impuestos indirectos y su sustitución por los que gravan a la renta y a los patrimonios; la estatización del comercio exterior; la promoción de cooperativas de producción, distribución y consumo y de fondos compensadores para la producción agropecuaria; la reforma agraria y el ordenamiento de la producción según las características ecológicas y las infraestructruras; la estatización de las industrias básicas y estratégicas; y la reforma de la empresa para asegurar la co-gestión obrero-empresaria y el ajuste automático de salarios.15

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Sobre el FAS véase Irma ANTOGNAZZI: ―La lucha armada en la estrategia política del PRT-ERP (1965-1976)‖, en Razón y Revolución, 3 (1997); Pablo POZZI: Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004; Mariel Ivonne PAYO ESPER: ―El Frente Antiimperialista y por el Socialismo, más que un ―ejército político‖ impulsado por el PRT-ERP‖, en Question. Revista Especializada en Periodismo y Comunicación 1 / 29 (2011), http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/580; y Vera CARNOVALE: Los Combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. 14 Gregorio FLORES: Lecciones de Batalla. Una historia personal de los ’70, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2006, p. 88. 15 La sección programática se encuentra reproducida en Julio E. NOSIGLIA: El Partido Intransigente, op. cit., ―Apéndice documental‖, pp. 115-138; el documento completo en línea en el sitio web del Partido Intransigente, http://www.pi.org.ar, sección ―Documentos‖.

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El discurso de Alende que cerró ese acto terminó incluso con la postulación de una ―nivelación justiciera en una sociedad sin clases‖.16 Esa disposición a la radicalización política, aunque con una clara oposición a la lucha armada, no era incongruente con las tendencias generales del ciclo de movilización social de los años de 1960-1970. Sin embargo, no deja de llamar la atención que los repertorios discursivos del PI no se atemperaron sino que incluso se izquierdizaron hacia 1974-1975, cuando era evidente que comenzaba la clausura de ese ciclo por medio del terror de Estado. El 23 de marzo de 1976, día anterior al golpe, Alende dio un discurso por cadena nacional en el cual identificó cuatro corrientes: los que querían que cayera el gobierno sin importar lo que viniera luego, los ―profesionales golpistas‖ que tenían ese único modo de llegar al gobierno, los que pregonaban la democracia sin querer cumplirla y, por fin ―los que pensamos que la lucha por la emancipación no se agota en los aspectos electorales. Los que señalamos que la legalidad debe ser el instrumento de lucha contra el privilegio de afuera y de adentro, la herramienta de una sociedad justa y solidaria con presencia de pueblo‖. Reclamó de las Fuerzas Armadas que se pusieran ―a favor de los vientos de la Historia y no en su contra‖, para ―el resguardo de los valores nacionales y el respeto a la libertad del pueblo‖. Insistiendo en la concepción de un ―nacionalismo popular revolucionario‖ y aún en el marco de una intervención pensada para detener, demorar o denunciar el inminente golpe de Estado, Alende proclamó la necesidad de convergencia de todas las fuerzas revolucionarias de Argentina ―a partir de un punto nuevo‖.17 Al día siguiente todas esas expectativas quedaron clausuradas. Durante la dictadura el PI no parece haber sido particularmente perseguido, más allá de que varios de sus militantes y autoridades sufrieran diferentes formas de hostigamiento y hasta prisión y lesiones físicas. La organización mantuvo en ese período una actividad soterrada, la publicación de sus planteos por los medios posibles y el involucramiento en acciones pro derechos humanos de muchos de sus integrantes. El momento de eclosión del partido comenzaría en 1981-82, ante un cambio profundo y acelerado de la estructura de oportunidades políticas.

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Julio E. NOSIGLIA: El Partido Intransigente, op. cit., p. 98. Grabaciones de audio del discurso disponibles en línea en el sitio web del PI, http://www.pi.org.ar/audiovisual/audio/discurso_de_alende_23_03_76.mp3 y en el del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual / Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata, http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30173, con distintos recortes. 17

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La recomposición del PI al final la dictadura: una visión con sesgo local El Partido Intransigente era hacia la última etapa de la dictadura una agrupación política reconocida –cuyo funcionamiento había sido suspendido pero no prohibido, a similitud de los otros partidos parlamentarios hacia 1976–, sus dirigentes acumulaban amplias experiencias y su líder, Oscar Alende, era una figura señera de la política argentina. A medida que avanzaba la descomposición del poder dictatorial, en especial frente a la crisis económica y el incremento de la conflictividad social,18 el PI amplió sus apariciones en prensa, reconstruyó sus redes de relaciones y comenzó a presionar al gobierno militar por una ―salida política‖ conjuntamente con los otros partidos parlamentarios reunidos en la Multipartidaria.19 La recomposición organizativa del PI en el período 1981-1983 –marcado por la oposición creciente a la dictadura, la Guerra de Malvinas y el proceso eleccionario– fue de la mano con su mayor protagonismo en el campo político argentino. Fue el único de los partidos parlamentarios que propuso una alternativa de ―izquierda nacional y latinoamericana‖ y tuvo un intento sostenido de colocar en agenda el problema de los derechos humanos. En rigor, el PI fue el único agrupamiento político de peso que sostuvo una postura unificada al respecto y todos sus integrantes se manifestaron en contra de una amnistía de los crímenes de Estado y a favor de la investigación sobre la suerte de los detenidos-desaparecidos, lo que no ocurrió con otros partidos como el Justicialista, la UCR o el MID en los cuales se alzaban voces favorables en mayor o menor medida a los militares, o incluso con la Democracia Cristiana, que no apoyó en ningún momento un olvido de los crímenes pero que sólo tenía una corriente que

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Según los datos que posteriormente daría a conocer el Banco Central de la República Argentina, la inflación acumulada de ese último año llegó al 130,3 % –la mayor del mundo–, combinada ya no con estancamiento sino con una declarada y prolongada recesión. El producto bruto interno cayó un 6% y el ingreso per cápita llegaba al tope más bajo en más de una década: era 0,66 % inferior al de 1970 y 8,60 % inferior al de 1977. La retracción de la producción manufacturera era del 14%, mientras la balanza comercial pasaba a ser deficitaria. 19 La Multipartidaria fue una concertación de cinco partidos políticos parlamentarios creada en julio de 1981: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y la Federación Demócrata Cristiana (que reunía a los grupos cristianos que habían concurrido electoralmente separados en 1973). Dejaba fuera de la convocatoria a los partidos declaradamente marxistas, pero también a los que eran claros apoyos al régimen militar como los demócratas progresistas, distintos grupos conservadores mayormente provinciales, o el Partido Intransigente Federalista, escisión ―por derecha‖ de la UCRI en la Santa Fe de 1960. Obviamente, las ambigüedades o incluso declaraciones de reconocimiento al golpe de Estado de integrantes de la UCR y del MID no fueron obstáculo para su inclusión en el organismo coordinador.

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militara el tema en la minoritaria Humanismo y Liberación.20 También se destacó en la consideración de los desterrados, reconociendo a la experiencia exilar como un ―daño‖ que el Estado debía ―reparar‖.21 Si el PI se reorganizó a nivel nacional saliendo de la lógica de la clandestinidad y articulando sus instancias de funcionamiento a similitud de otras agrupaciones políticas, en cambio destacó por la constante apelación a la participación popular directa. Esa tendencia se puede sintetizar con las palabras de Alende en las cuales reclamaba una ―democracia participativa en la que el pueblo nos sea el simple espectador, como sucede en una democracia de votaciones‖.22 La lógica de la democracia directa fue muy importante en la captación de sectores juveniles universitarios, motivados no ya por una lejana revolución cubana a la que todavía se veía con cierto halo romántico, sino más bien por la lucha desigual de la Nicaragua sandinista contra el Imperio Americano. Frente a los otros partidos parlamentarios, inmersos en contradicciones internas como el PJ y la UCR, con una definición confesional como la Democracia Cristiana o directamente derechizados como el MID, el PI tenía un indudable atractivo para los simpatizantes de izquierda a los que aludía Graciela Fernández Meijide. Como lo resumiría Gabriel Lerman al repasar los distintos espacios de una militancia que buscaba recomponerse durante la década de 1980:

―El Partido Intransigente fue un punto de encuentro de los ‘80 para ex militantes de los ‘70, viejos políticos heredados de los tiempos de la UCRI y una juventud ligada al movimiento estudiantil que se moldeaba en el anhelo de una izquierda

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Véanse por ejemplo los comentarios al respecto en Graciela FERNÁNDEZ MEIJIDE: Historia íntima de los derechos humanos…, op. cit. y en Claudia FELD y Marina FRANCO (dtoras.): Democracia, hora cero…, op. cit., passim. 21 Soledad LASTRA y Silvina JENSEN: ―La criminalización judicial de la militancia y su impacto en el retorno de los exiliados argentinos en la posdictadura‖, en Soledad LASTRA y Silvina JENSEN (eds.): Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata, Edulp, 2014, p. 315. 22 ―Palabras de Oscar Alende durante su campaña electoral. El candidato a presidente del Partido Intransigente habla en la radio días antes de las elecciones presidenciales de 1983‖, disponible en Programa Educar, Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina, en línea en https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118874. Véase también su visión de la política ―cara a cara‖ en las declaraciones sobre control popular y vecinalismo recogidas en Diario La Nación, Buenos Aires, 10 de junio de 1983.

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democrática y popular, a veces cerca del perfil socialdemócrata de cierto radicalismo, a veces cerca de las recomposiciones de la juventud peronista‖.23

Pero esa variedad de orígenes en el contexto de un rápido crecimiento auguraba cierta heterogeneidad ideológica. La definición de Fernández Meijide sobre el PI identificaba en rigor un ―viejo tronco‖ con raíces en el frondicismo, al cual se sumaban en el período de la transición a la democracia ―jóvenes estudiantes y hombres y mujeres no tan jóvenes provenientes de la izquierda diezmada‖.24 La experiencia de reconstrucción del PI en la ciudad de Santa Fe25 permite ver en detalle algunas de las tensiones latentes en esa reunión de voluntades en torno a la agrupación política y a la figura de Alende. En principio, si bien no se cuenta con estudios documentados sobre la adscripción de clases sociales de los militantes y dirigentes –como para prácticamente ningún caso relativo a los partidos políticos argentinos de las últimas décadas–. Es posible intuir una clara participación de clases medias, desde la clase de servicios a la pequeña burguesía propietaria. Ello es visible por ejemplo en el caso del Comité departamental de La Capital en el período de transición a la democracia, donde descollaban como representantes el ingeniero Manuel Frutos, el médico Rodolfo Bruera y el escribano Héctor Gandolfo.26 O también en la integración de la comisión local del partido en la norteña ciudad de Reconquista, compuesta según un más temprano informe policial de la época de funcionamiento clandestino por un educacionista jubilado, un médico, un comerciante y el propietario de una imprenta.27 La identificación de los dirigentes y militantes del PI de Santa Fe que se presentaban en prensa también muestra un perfil semejante: desde abogados como 23

Gabriel D. LERMAN: ―El fin de la militancia‖, en sitio web Rayando los Confines, sección ―Variaciones‖, en línea en http://rayandolosconfines.com/variacion3_lerman.html [s/f, posterior a 2005]. 24 Graciela FERNÁNDEZ MEIJIDE: Historia íntima de los derechos humanos…, op. cit. 25 La ciudad de Santa Fe entra en Argentina en lo que se caracteriza como localidades de rango medio. La población del Departamento La Capital (ciudad de Santa Fe y localidades cercanas), con indicación del porcentaje sobre la población total de la provincia, fue de 312.427 habitantes en el Censo 1970 (14,63 %) y de 381.449 en el Censo 1980 (15,47 %), siendo la población de la ciudad capital normalmente en torno a los tres cuartos del Departamento. Los departamentos del centro y norte de la provincia siempre estuvieron más vinculados a la capital de la provincia, mientras que los del sur giraron en torno a relaciones de diversa índole con la ciudad de Rosario, que siempre tuvo más del doble de población. Datos censales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, http://www.indec.gov.ar. 26 Diario El Litoral, Santa Fe, 13 de junio de 1983. 27 Memorándum sobre el Partido Intransigente, División Informaciones, 26 de agosto de 1979, Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Fe (en adelante APMSF), Unidad de conservación Nº 409 ―A‖, Legajo 3. El partido no era pequeño allí; en 1973 tenía 720 afiliados en Reconquista y 4.100 en el departamento General Obligado.

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Mario Krasnogor, Alberto Mullor, Elisa Costamagna o Myriam Ramón, a propietarios rurales como Juan Carlos Adrover o ingenieros como Hugo Kofman. Es de destacar que los insumos culturales de esas clases les permiten a quienes califican como tales participar en los niveles de conducción de distintos organismos políticos, pero en este caso era notoria la ausencia de dirigentes de extracción sindical y muy escasa la de oficios no profesionales para un partido que se identificaba con la izquierda. En la experiencia santafesina también puede apreciarse la integración de personas provenientes de militancias izquierdistas anteriores. Por ejemplo, con motivo de un acto el 2 de marzo de 1983 en la Plaza del Soldado Argentino de Santa Fe, la Policía de la Provincia elaboró un informe en el cual identificó a 32 personas presentes, consignando su pertenencia política: 9 eran reconocidos como provenientes del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, 3 del Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, 4 como ―EX L.V.‖ –es decir, ex presos políticos con libertad vigilada, probablemente de militancias en Montoneros o el PRT-ERP–, 3 del Partido Socialista Unificado, 3 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 1 del PRT-ERP, 7 del Frente de Izquierda Popular y sólo 1 como perteneciente desde antes al PI. Fueran esas pertenencias anteriores o coetáneas al acto, muestran bien el universo de vínculos políticos en los cuales se movía el PI.28 En ese sentido hay que tener en cuenta que algunos sectores provenientes del PRT-ERP se habían acercado al PI de manera organizada, al menos en lugares como Córdoba (véase nota 26). Pero a tenor de algunos testimonios santafesinos, los acercamientos parecieran en este lugar ser espontáneos e individuales, aunque la similitud de formaciones y expectativas hiciera que un buen número de ―perros‖ se acercaran a la Intransigencia. Un ex PRT-ERP y preso político rememora hoy:

―En algún momento se fueron acercando las elecciones y yo me planteé ‗Bueno, algo hay que hacer. A ver en qué puedo colaborar‘. Peronista no iba a ser. Radical, siempre los preferí pero tampoco es para enloquecerse. Alfonsín pintaba muy bien, pero… Entonces quedaba... el Bisonte Alende, que además había participado del FAS y que probablemente iba a ser el candidato de las elecciones del 77… 28

―Informe Especial: / Asunto: ‗Acto político organizado por el Partido Intransigente en la Plaza del Soldado Argentino‘‖, División Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, APMSF, Unidad de conservación Nº 173, Legajo 16, p. 26.

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Pintaba como lo más potable. Así que un buen día… me voy al PI. (…) Yo en ese momento tenía 28 años… Con el cartel de preso político, enseguida me metieron ahí en la Secretaría de Organización de la Juventud del PI y ahí entramos a laburar en la campaña para las elecciones.‖29

Otro ex integrante del PI que reunía los mismos antecedentes recuerda que al ingresar a la universidad luego de la cárcel:

―Conocí gente… que por el tema derechos humanos se volcaba al Partido Intransigente, y como yo estaba huérfano de partido, yo dije ‗Bueno, con los que más siento afinidad es con esta gente y ahí me voy a volcar‘, y ahí empecé a trabajar en la agrupación [universitaria].‖30

Más allá de que participaran orgánicamente del Partido, los vínculos con los ex detenidos eran fluidos y se hicieron públicos en ocasiones puntuales. Cuando la detención de ―dos jóvenes de esta ciudad que se encontraban… con la condición de libertad vigilada‖, un comunicado del PI Santa Fe aludió elogiosamente a ―quienes de una manera u otra hemos enfrentado a la actual dictadura‖, dejando entrever por lo menos que no se condenaba completamente la lucha armada.31 Un grupo que ingresó organizadamente al PI de Santa Fe, en este caso luego de las elecciones nacionales del 30 de octubre de 1983 en las que había concurrido con el PC, el Partido Socialista Argentino y otras organizaciones en la Convergencia para la 29

Rafael José BUGNA: entrevista por Andrea Raina, Santa Fe, 18/5/2016. En el mismo tramo de la entrevista Burgna rememora que algunos de sus ex compañeros del PRT-ERP le ofrecieron integran otras agrupaciones, ora un intento de reconstrucción organizado por el ―Pelado‖ Tumini, ora con el Movimiento Todos por la Patria. Humberto Tumini formó parte del PRT, fue fundador de la Corriente Patria Libre en el mes de noviembre de 1987 en la ciudad de Córdoba –a partir de la confluencia de diferentes sectores, en especial la Corriente Frentista para la Liberación del Partido Intransigente y la Corriente de Unidad Popular– y hoy es secretario general del Movimiento Libres del Sur, creado en 2006. Ambos partidos políticos se definieron como ―de izquierda nacional‖. El Movimiento Todos por la Patria (MTP) fue un partido político fundado en 1986 en el que coexistieron por un tiempo una tendencia ―basista‖ tendiente a la acumulación de fuerzas populares y otra ―vanguardista‖ de recuperación de los métodos de lucha guerrillera. Con la progresiva partida de los referentes de la primera tendencia y la represión subsiguiente al ataque armado a un cuartel militar en La Tablada el 23 de enero de 1989 por un comando del MTP, el partido se disolvió. 30 José Luis HISI: entrevista por Andrea Raina, Santa Fe, 16/5/2016. 31 Diario El Federal, Santa Fe, 4 de mayo de 1983.

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Liberación Nacional (COLINA) que apoyó electoralmente al peronismo, fue el del Partido Socialista Unificado (PSU). Los militantes de la filial local, muchos de los cuales habían tenido militancias de izquierdas anteriores, entraron en pleno al PI, cerrando un círculo de estrecha colaboración que se había prefigurado en las luchas por los derechos humanos.32 Precisamente con los organismos de derechos humanos de la ciudad el Partido Intransigente tendió lazos muy fuertes. Si bien ello se correspondía en el plano nacional, una revisión de la situación santafesina permite calibrar el impacto de esa relación en el medio local. Algunos militantes comenzaron por el activismo en el ámbito de los derechos humanos –con o sin experiencias políticas previas– y luego pasaron a participar en el PI, pero en otras ocasiones producían casi en paralelo su inserción en ambos espacios. El núcleo local más activo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) estaba integrado casi completamente por personas que a un tiempo o luego se incorporaron al PI y al PSU. En lo que toca a Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, hay que señalar que en las elecciones internas en el PI en Santa Fe hubo miembros de esa agrupación en las dos listas contendientes. Los vínculos eran tan evidentes que en ocasión de la visita del delegado de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas al Gobernador de la Provincia, la prensa identificó a dos de los tres miembros de la APDH que fueron a la reunión como dirigentes del partido.33 Pero en la misma experiencia santafesina, pese al escaso desarrollo del PI en comparación con otros espacios como los de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, podían apreciarse amplias discrepancias al interior del colectivo. Respecto del acto del 2 de marzo de 1983, el informe de la División de Informaciones de la Policía transcribió los discursos del representante de la Juventud Intransigente local y del Comité departamental. El primero hizo referencia a la situación universitaria, los aranceles, los cupos de ingreso, con alusión a que ―se corren profesores porque quieren dar una formación integral a todos los compañeros‖ y tuvo un claro posicionamiento en el movimiento estudiantil. Pero además habló de ―los 30.000 compañeros desaparecidos‖ de los que reclamó la ―aparición con vida‖, de la necesaria unidad del movimiento

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Diario El Litoral, Santa Fe, 26 de diciembre de 1983. La nota hablaba de 30 a 35 militantes. Diario El Litoral, Santa Fe, 12 y 19 de septiembre de 1983 y 13 de marzo de 1984. Completar nombre nota 33

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estudiantil y el movimiento obrero con referencias a Agustín Tosco y Raimundo Ongaro –de tradición socialista y peronista revolucionaria, respectivamente– y de una lucha latinoamericana encarnada en la bandera roja y negra que caracterizaba ya al PI, con referencias al sandinismo nicaragüese y al Presidente de Bolivia, Hernán Siles Suazo, que poco antes había podido tomar posesión del cargo luego de la huelga general contra la dictadura militar que se lo había impedido desde 1980. Acorde con ese tono, los informantes de la Policía registraron cánticos beligerantes; a los ya clásicos ―se va a acabar, la dictadura militar…‖, ―los desaparecidos, que digan donde están…‖ o ―el pueblo unido jamás será vencido…‖, se sumaban otros como ―paredón, paredón… [a todos los milicos que vendieron la nación]‖ o ―al orejón lo llevaremos al paredón….‖ (en alusión al ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz). Por su parte, el miembro del Comité Santa Fe hizo alusión al estado de la ciudad por las inundaciones y a la situación social y a las obras hidroeléctricas faltantes o paralizadas. Tuvo un discurso con muchas referencias a la historia del país desde la Revolución de Mayo en adelante y llamó a peronistas y radicales a apoyar un gran movimiento nacional y a una transformación social en paz.34 Esa diferenciación discursiva concuerda con la definición de los dos entrevistados santafesinos citados, respecto de la división de la militancia entre ―los viejos‖ o el VTR (viejo tronco radical) y los más izquierdistas miembros de la JI. Tal distinción también era visible en otras regiones del país y quizás no sólo estuviera relacionada con un choque etario o con la incorporación de militantes radicalizados, sino también con una cierta licuación del programa revolucionario de 1975 en los más altos niveles del partido. Como es habitual en los procesos electorales, las propagandas se tornaron más vagas que los programas y los enunciados del PI giraban en torno a tópicos como ser:

―1) Porque nuestra bandera es la liberación nacional. / 2) Porque tenemos un programa auténticamente revolucionario. / 3) Porque tenemos los hombres para cumplir ese programa. / 4) Porque en nuestro partido es prioritaria la participación

34

―Informe Especial: / Asunto: ‗Acto político organizado por el Partido Intransigente…‖ doc. cit., pp. 1423.

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juvenil. / 5) Porque nos sentimos profundamente latinoamericanos. / 6) Porque somos la garantía para la Unidad Nacional‖ 35

Un extenso volante publicado para el acto del 24 de junio de 1983 en el Luna Park es una buena demostración de lo que había llegado a ser el programa electoral del PI. Planteaba que ―Así como el liberalismo económico es la ideología de la dependencia, el nacionalismo popular revolucionario (…) es la ideología de la liberación nacional y social‖. Proponía un ―Proyecto de desarrollo autodeterminado‖ caracterizado por la plena vigencia de las libertades públicas y privadas, el respeto de la Constitución Nacional, la participación popular plena, la ejecución de una política agraria que elimine latifundios y minifundios, el desarrollo de la industria básica y política económica independiente, un programa científico-tecnológico para la autonomía tecnológica, el desarrollo cultural en pos de una ―filosofía de la solidaridad social que garantiza la realización del individuo‖, la integración latinoamericana y el apoyo al Movimiento de Países No Alineados.36 Además de las varias ausencias, en ese enunciado destaca claramente la desaparición de la reforma agraria de la propaganda y la vaga apelación a la eliminación de latifundios y minifundios, como un buen índice de la tendencia a presentar el programa aligerado de sus aspectos más conflictivos. Pero aún más, en la misma fecha en la que se producía el acto en Santa Fe, el presidente del PI de Provincia de Buenos Aires, Marcelo Arabolaza37 hacía declaraciones a la sección ―Desde el llano‖ del matutino La Nación:

―Sólo a través de una profunda reforma financiera que permita canalizar el ahorro nacional hacia los sectores productivos, será posible poner en marcha un programa de reconstrucción y desarrollo que asegure un crecimiento sostenido de

35

Volante ―6 x 6: seis razones para votar la lista seis‖, Archivo del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, Buenos Aires (en adelante CeDInCI), SHB/CPA C1/10-7, código de referencia VL0019. 36 Volante ―Habla Oscar Alende. Luna Park 24 de junio. 20 hs.‖, CeDInCI, SHB/CPA C1/10-7, Código de referencia VL0028. 37 Marcelo Arabolaza provenía del VTR. Había sido Concejal de la localidad bonaerense de Lincoln en 1954 (por la UCR) y entre 1958 y 1962 (por la UCRI), intendente de la misma ciudad entre 1963 y 1966, Presidente del Partido Intransigente de la Provincia de Buenos Aires entre 1972 y 1983, fue candidato a Gobernador por la Alianza Popular Revolucionaria en 1973 y Diputado Nacional entre 1983 y 1987.

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la economía, en cuyo marco podrán atenderse los reclamos sectoriales y dar a los trabajadores la participación que les corresponde en la renta nacional. ―El papel a cumplir por el sector agrario en el proceso de reconstrucción y desarrollo es de una importancia fundamental y por ello será preciso articular una política de real apoyo al productor agrario mediante créditos a tasas diferenciales de interés, desgravaciones impositivas, disminución de las retenciones a las exportaciones, lo que permitirá aumentar espectacularmente el área sembrada y los saldos exportables, único modo en el corto plazo de afrontar la deuda externa.‖38

Dónde quedarían en esas propuestas los postulados del ―Programa contra la Dependencia y por la Liberación‖ o la eliminación de las clases sociales postulada en el discurso de Oscar Alende de 1975, son interrogantes válidos. Probablemente las intervenciones de campaña de Alende intentaran integrar tópicos muy diferentes de los diversos sectores de su partido, más allá de dirigirse a un público amplio para el cual palabras como ―revolución‖ o ―socialismo‖ no eran ya parte del universo de lo decible. Pero muchos de sus discursos quizás debían más a su trayectoria de los años de 1940-1970 que a la intención de integrar a nuevos actores al interior de la agrupación. En última instancia Alende era el mejor exponente del VTR, pero al mismo tiempo la mejor carta electoral que tenía el PI y eso hacía que la propaganda partidaria se enfocara en él. De hecho, los eslóganes giraban frecuentemente en torno a su figura: ―Alende es conducta‖;39 ―Alende Presidente: la conducta que el país exige‖;40 ―Vamos con Alende unidos para la liberación‖;41 ―Piense para que todo cambie, Alende presidente.‖42

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Diario La Nación, Buenos Aires, 3 de marzo de 1983. Volante del 2 de marzo de 1983, APMSF, Unidad de conservación Nº 173. 40 Volante ―Alende Presidente: la conducta que el país exige.‖, CeDInCI, SHB/CPA C1/10-7, Código de referencia VL0006. 41 Volante ―El jueves 27 a las 19.00 hs. Plaza Once: Vamos con Alende unidos para la liberación‖, CeDInCI, SHB/CPA C1/10-7, Código de referencia VL0003. 42 ―Aviso de la campaña de Oscar Alende. Spot radial del candidato a presidente del Partido Intransigente para las elecciones presidenciales de 1983‖, disponible en Programa Educar, Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina, en línea en: https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118874. 39

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Su carisma contribuía a presentarlo como un líder personalista, lo que era congruente con la postulación por el propio Alende de un ―tercer movimiento histórico‖ y su propia inclusión en una línea independentista que cerraría la abierta anteriormente por Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.43 La idea de que el desarrollo de ese movimiento requería de la unidad nacional, estaba repetidamente presente en discursos, propagandas y consignas, aunque el tópico no parece haber sido recuperado asiduamente por la Juventud Intransigente. Por otro lado, Alende tuvo durante el proceso de transición actitudes al menos equívocas cuando no oportunistas. En 1982 apoyó explícitamente a las Fuerzas Armadas en la ocupación de las islas Malvinas44. En 1983 no tuvo una posición clara respecto de la denuncia de un pacto militar-sindical por parte del candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.45 Incluso hubo momentos en los cuales pareció estar de acuerdo con misma dictadura como Estado de excepción transitorio y sólo cuestionó la tardanza en el retorno a la normalidad constitucional.46 Probablemente la teoría de los campos de Pierre Bourdieu sea especialmente apropiada para analizar la dinámica interna del PI en este período, definiéndolo como un subcampo del campo político en el que se juega una variante particular del capital relacional: el capital político. Tendríamos así a los agentes dominantes y a los pretendientes, sus estrategias, la conversión de capitales y la cuestión del capital simbólico. No es este el lugar de emprender ese análisis, que aunque fructífero puede mostrarnos cómo funcionaba la puja por el poder pero quizás no cómo se desarrolló efectivamente en el tiempo. Pero aún así es tentador pensar a los integrantes de la Juventud y a otros sectores a ella asociados como pretendientes, que intentaban respetar

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Oscar ALENDE: 1930-1982. Complot contra la democracia, Buenos Aires, El Cid Ed., 1982. Cuando el líder de la UCR Raúl Alfonsín comenzó a referir a la necesidad de un ―tercer movimiento histórico‖, Alende criticó repetidamente en prensa la apropiación de esa noción, que él había difundido con anterioridad. 44 Declaraciones de apoyo en Diario La Nación, Buenos Aires, 3 de abril de 1982. Unos meses después, en su libro Complot… Alende interpretó el conflicto por Malvinas en clave de la dicotomía Norte / Sur y trató de presentar una explicación de por qué la ―causa‖ merecía apoyo. 45 Véanse por ejemplo las declaraciones recogidas en Diarios El Litoral, Santa Fe, 27 de abril y El Federal, Santa Fe, 3 de mayo de 1983. En el último caso, luego de algunos comentarios, adujo no querer hablar más del tema porque ―La discusión política ha llegado a un nivel muy bajo‖. 46 En una entrevista radial en la emisora santafesina LT9, el 2 de marzo de 1983, se produjo el siguiente diálogo: ―Periodista: ‗Que reflexión puede hacer con respecto al discurso presidencial con motivo de la fecha 30 OCT y posterior entrega del poder..‘ / Dr. Alende: ‗Si se hubiera hecho cinco años antes, hubiera sido bueno…‘.‖. Transcripción en ―Informe Especial: / Asunto: ‗Acto político organizado por el Partido Intransigente…‖, doc. cit., p. 6.

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las reglas de un nuevo juego político para ganar la conducción del PI, aunque les costara la ―política de comité‖ que era ―mucho hablar y hacer poco‖.47 A contramano de lo que es habitual en Bourdieu, cual es la consideración de que los agentes que proponen un cambio postulan que éste es en realidad fiel a una permanencia como estrategia de legitimación, aquí tendríamos una situación por lo menos peculiar. Los grupos que insistían en un programa más revolucionario no apelaban a una continuidad, ya que no habían participado de las experiencias previas del partido. Los que controlaban la mayor parte de los cargos partidarios y tenían un discurso más moderado se remitían lógicamente a la tradición partidaria, pero los primeros eran más respetuosos de los ―Aportes al Proyecto Nacional‖ y del Programa de la convención cordobesa de 1975 que aquellos que en su momento los habían firmado.

Los desempeños electorales y la crisis del PI Para las elecciones generales de 1983, que marcaron el retorno al régimen constitucional, el Partido Intransigente se presentó con su propia sigla y sin alianzas. Los demócrata cristianos se habían reunificado y su corriente interna Humanismo y Liberación, heredera de los cristianos revolucionarios, era claramente minoritaria. El Partido Comunista y otros agrupamientos marxistas no armados apoyaron la candidatura del justicialista Ítalo Luder. Los grupos y partidos que habían formado el FAS se habían disuelto en su inmensa mayoría, barridos por la represión, y lo que quedaba carecía de toda capacidad organizativa. En ese contexto Alende justificó la imposibilidad de un frente de izquierdas y enfatizó sus llamados a la formación de un movimiento de unidad nacional que superara la antinomia peronismo / antiperonismo,48 aunque advertía que ―Los radicales del pueblo son muy aislacionistas y no se puede hablar de una unidad nacional para la liberación sin la presencia del pueblo peronista y del peronismo‖.49 El PI intentó infructuosamente escapar a los efectos de la creciente polarización entre la UCR y el Justicialismo. Sin embargo se resistió a la división de las elecciones 47

José Luis HISI: entrevista citada. Una extensa justificación sobre el particular en la entrevista publicada por Emiliana LÓPEZ SAAVEDRA: Testigos del “proceso” militar (1976-1983), tomo 2, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984, esp. p. 257 y ss. La entrevista fue realizada en 1983, antes del cierre de listas para las elecciones generales. 49 Diario El Litoral, Santa Fe, 27 de abril de 1983. 48

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nacionales respecto de las municipales y las provinciales, lo que quizás podría haberlo beneficiado al despegar esos comicios de la elección presidencial, o perjudicado al no contar con la figura de Alende para traccionar a candidatos de niveles territoriales inferiores. Aunque carezcamos de datos sobre ello, no es para nada ilógico suponer que los recursos económicos y relacionales de los dos grandes partidos políticos del momento superaban en mucho a los de esa tercera fuerza, a la vez que la frecuente queja de los dirigentes del PI respecto de la situación de inferioridad en cuanto a la cobertura de medios es claramente perceptible con la simple lectura de periódicos. La simple cuestión de un ―voto útil‖ pudo contribuir a minar sus bases, incluso en referencia a aquellos que se sentían convocados por sus mensajes. Tempranamente, Daniel Lutzky observó que los potenciales votantes de la ―izquierda diezmada‖ se orientaban a una opción distinta de la que representaba Alende:

―El Partido Intransigente, el único partido importante de la izquierda argentina en las elecciones, alineaba sus fuerzas detrás de lemas que hablaban de revolución, y de la consigna con que había triunfado el peronismo en 1973; ‗liberación o dependencia‘. No obstante, parte importante de su clientela potencial, la clase media de izquierda, los intelectuales ‗no orgánicos‘, para usar un término gramsciano, que habían votado a Cámpora en 1973, apoyarían al candidato radical‖.50

En un contexto de fuerte polarización, el PI fue la tercera fuerza el 30 de octubre de 1983, con apenas 347.654 votos (2,33%). Logró 3 bancas en la cámara de Diputados de la Nación, una por la Capital Federal (Raúl Rabanque Caballero) y dos por la Provincia de Buenos Aires (Miguel Monserrat y Marcelo Arabolaza). Alende siguió trabajando sobre la idea de la unidad nacional,51 pero era claro que la noción de un ―tercer movimiento histórico‖ era mejor comunicada –y luego abandonada– por el alfonsinismo en el poder. El PI y la Unión de Centro Democrático de los liberales conducidos por 50

Daniel LUTZKY, ―La izquierda de los años 60 en los años 80‖, en Claudia HILB y Daniel LUTZKY, La nueva izquierda argentina…, op. cit., p. 81. 51 V. g. sus planteos en la entrevista ―El titular del Partido Intransigente visita Radio Universidad‖, Radio Universidad Nacional de La Plata, 16 de abril de 1984, grabación de audio disponible en el sitio web del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual / Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata, http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43864.

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Álvaro Alsogaray, se transformaron de alguna manera en los dos polos más dinámicos a izquierda y derecha, respectivamente, del arco político argentino, concitando solidaridades y oposiciones entre las clases medias y medias altas urbanas. En la renovación legislativa de 1985 el PI fue otra vez tercera fuerza y logró 930.939 votos (6,07%). Obtuvo un diputado por la Capital Federal (Raúl Rabanaque Caballero) y tres por la Provincia de Buenos Aires (Oscar Alende, Miguel Monserrat y Roberto García), que con la continuación del mandato de Marcelo Arabolaza hacían un bloque de seis diputados nacionales. En ese marco de crecimiento de las expectativas, empezaron a eclosionar las diferencias internas. Al decir de un entrevistado, el partido no tenía una política de formación de cuadros y para sus compañeros universitarios el estudio era una dimensión distinta de la militancia. El PI aparecía como ―…un partido muy numeroso, con mucho entusiasmo, con mucha afiliación, pero muy heterogéneo, muy flojo, y prácticamente eso fue lo que después lo llevó al fracaso. Era muy heterogéneo y mucha gente ‗bla, bla, bla‘ pero compromiso firme no había.‖52 Comenzaron a articularse corrientes internas que no tenían un contenido político claramente diferenciado, pero que se distinguían respecto de la posibilidad de alianza o no con el peronismo: la Corriente Roja y Negra de Unidad Popular para la Liberación, proclive a ese vínculo, y la Corriente Frentista para la Liberación, construida en torno a militantes provenientes del PRT de la zona cordobesa.53 Mientras tanto, en la Provincia de Santa Fe el veterano dirigente Mirto Lisandro Viale –que había sido compañero de fórmula presidencial de Alende– rompió con el PI y se sumó al Frente Amplio de Liberación, alianza de los Partidos Comunista y Humanista con otros grupos, que en Santa Fe se denominó FRALPI. Inmerso en un proceso de debates y escisiones internas y tensionado por la polarización de las elecciones de renovación de gobernaciones, en las elecciones nacionales de 1987 el PI cayó al cuarto lugar con 327.103 votos y no logró ninguna banca. Con seguridad que la baja en su desempeño electoral puede analizarse en función de multitud de variables. Pero uno de los aspectos más destacables fue la deriva del partido a la alianza con el peronismo, que se perfilaba claramente entre 1985 y 1987 y que se fortaleció con 52

José Luis HISI: entrevista citada. Véase v. g. 40 respuestas de la Corriente Roja y Negra de Unidad Popular para la Liberación, Córdoba, Unidad Popular para la Liberación, 1987 (CeDInCI, SHB/CPA C1/10-7) y EN MARCHA junto al pueblo y desde el frente. Publicación de la Corriente Frentista para la Liberación del Partido Intransigente, Córdoba, Partido Intransigente, 1987 (CeDInCI, SHB CPA C78/10-1). 53

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la extensión hacia el interior de la Corriente Nacional de Acción Popular formada en Buenos Aires.54 Aunque Alende no se expresara públicamente sobre esa tendencia, de alguna manera había propiciado el acercamiento. Quien fuera uno de los considerados para acompañar a Juan Domingo Perón como candidato a vicepresidente en 1973 no solo no tenía una visión negativa del peronismo sino que aspiraba a integrarlo en un movimiento superador y reconocía constantemente el potencial del ―peronismo-pueblo‖. Así, ese acercamiento se fue consolidando desde antes de 1987 y terminaría con la asociación a la candidatura presidencial de Carlos Saúl Menem en 1989. Eso garantizó la continuidad de la banca de Oscar Alende pero desarmó al partido como alternativa política, mientras la izquierda se reconfiguraba a partir de agrupaciones declaradamente marxistas con la alianza entre el PC y el Movimiento al Socialismo que llevó el nombre de Izquierda Unida. Esa deriva es interpretada por los dos entrevistados citados como la razón de la disolución del PI en Santa Fe y de su decaimiento general. En términos de Bugna la alianza con el peronismo permitió lograr ―…un concejal con el PI, que fue Rodrigo Acevedo‖, pero después que perdieron el concejal ―ya no hubo más partido‖. Según Hisi no sobrevivió a la alianza con el menemismo pues ―el Partido Intransigente recibió un mazazo en la cabeza cuando el peronismo traicionó completamente todos los postulados del ‗89‖.55 En ese proceso de licuación del capital político del PI, los sectores de la ―izquierda diezmada‖ no fueron los últimos en alejarse, buscando otros horizontes de participación o, como lo sugiere Lerman en un sentido más amplio, llegando al ―fin de la militancia‖. Tal vez no haga falta llegar a la idea de una crisis de legitimidad de los partidos, clara para la década de 1990 en Argentina, sino aceptar la hipótesis de ese autor de que ―amplios contingentes, predominantemente de sectores medios y urbanos… reingresan en la militancia política de partidos desde aproximadamente un tiempo antes de Malvinas hasta fines de los ‘80, jalonando la última experiencia política multitudinaria del siglo XX‖.56 Probablemente la recomposición de la ―izquierda diezmada‖ se produjo siguiendo más trayectorias individuales que proyectos consensuados, y de igual manera

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Véase v. g. EL PI. Publicación de la Corriente Nacional de Acción Popular (CONAP), Buenos Aires, Corriente Nacional de Acción Popular, 1989 (CeDInCI, /CPA C1/10-7). 55 Rafael José BUGNA y José Luis HISI: entrevistas citadas. 56 Gabriel D. LERMAN: ―El fin de la militancia‖, op. cit.

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el desgranamiento posterior fue predominantemente particularista y no supuso el paso a otras instancias de manera coordinada.57 La puja interpartidaria supuso una crisis de integración simbólica –entendida como debilidad de los marcos de sentido compartidos– o en términos más clásicos una crisis ideológica. Ese proceso puede ser postulado no sólo del PI, sino de muchos otros agrupamientos sociales y políticos en el período de la transición democrática. 58 En cierto sentido, esas crisis son congruentes con lo que en Feld y Franco aparece como el margen de indeterminación de los discursos en la tardo-dictadura y la posdictadura, con la salvedad de que no es un puro problema discursivo sino que hace a prácticas concretas y materialidades en el sentido de las relaciones sociales efectivamente existentes. Habría quizás que preguntarse si esa tendencia a la ruptura de agrupamientos antes consolidados en su oposición al poder militar o en la gestación de alternativas políticas, debe ser pensada como puro efecto del juego de las fuerzas político-sociales o también puede referenciarse a los efectos de largo plazo y hondo calado de la violencia represiva. Como se vio en el caso del Partido Intransigente, su postulación para la cobertura de un espacio de izquierda no supuso la recuperación plena de algunos tópicos mucho más radicales planteados en el período 1972-1975. Si el PI podía calificar como un partido de izquierdas en 1981-1987, era porque el borde de las izquierdas se había corrido notoriamente hacia el centro. Y eso no era un efecto de las pujas intra-partidarias por el poder, sino de la clausura de un ciclo de movilizaciones por medio del terror de Estado. La ―izquierda diezmada‖ no había podido reconstituir espacios en los cuales replicar sus programas anteriores y se decantó al fin por quienes aseguraran gobernabilidad y en su caso alguna política de derechos humanos como la alfonsinista.

57

Algo acorde con los postulados centrarles de María Matilde OLLIER: De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y políticos de la izquierda argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 58 Personalmente, he propuesto identificar como tal una evidente crisis del movimiento por los derechos humanos a inicios del período constitucional: Luciano ALONSO: ―La crisis del movimiento por los derechos humanos en la restauración republicana argentina. Un enfoque situado‖, en Anuario 21 de la Escuela de Historia – Facultad de Humanidades y Artes, UNR (2006).

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Epílogo: sobre la posibilidad de puntos de contacto con otros espacios iberoamericanos Si bien las derivas ideológicas y la crisis del PI pueden ser explicados tanto por referencia a variables internas como por apelación al contexto socio-político de la transición democrática y los años subsiguientes, resulta dejar abierta para futuras indagaciones la cuestión de la consideración de esos procesos en un marco espacial más amplio. La misma preocupación del PI por la conformación de una agenda latinoamericana muestra la importancia de tener en cuenta los desarrollos continentales para cotejarlos con los de la organización política en el nivel estatal-nacional. La asunción por el PI de la bandera roja y negra en la última etapa de la dictadura –que no parece generalizada antes– puede pensarse en un contexto de luchas marcado por los conflictos centroamericanos. El acceso al poder del sandinismo en 1979 no proveía de un ―modelo‖ como el que en su momento había significado la revolución cubana para las corrientes foquistas, pero había condensado las esperanzas de vías de cambio social antiimperialistas y al mismo tiempo diferenciadas del bloque soviético. Pero así como la guerrilla sandinista concitaba adhesiones y entusiasmos, también favorecía decepciones.59 Si bien en el plano hemisférico la década de los ochenta del siglo pasado es la de las guerras civiles centroamericanas, la del crecimiento de Sendero Luminoso y otros grupos en Perú o la de agudización del conflicto colombiano, también es en el Cono Sur la de salida de las dictaduras y reacomode de las izquierdas a una nueva situación. Mientras que en Brasil el por entonces novedoso Partido de los Trabajadores se orientaba a una política socialdemócrata con su reconocimiento legal en 1982, en Uruguay el Frente Amplio aceptaba las condiciones de una transición pactada en 1984 y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros abandonaba las armas y se integraba luego en el conglomerado antes citado en un proceso que iría de 1985 a 1989.60

59

Rogelio Alaniz, ex militante santafesino del PC y del PSU y luego integrado en el PI, realizó una estancia de trabajo de un año en Nicaragua en 1985, a similitud de muchos otros integrantes del partido de la zona capitalina o la Provincia de Buenos Aires. Su experiencia no fue como la esperaba. Rogelio ALANIZ: entrevista por Luciano Alonso, Santa Fe, 20/1/2005. 60 Chile representa en el Cono Sur un caso distinto, ya que allí la violencia armada no es previa a la dictadura pinochetista sino una reacción frente a ella. Véase v. g. Igor GOICOVIC: ―Terrorismo de Estado y resistencia armada en Chile. El MIR, entre la Dictadura y la Transición (1973-1994)‖, en

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Por otro lado, la dirigencia del PI no era ajena a contactos del más alto nivel con representantes de las izquierdas europeas. Ya en 1979 la Internacional Socialista había mantenido relaciones con el partido a propósito de la defensa de los derechos humanos, a través de un personaje destacado como Felipe González, entonces ―una de las cabezas visibles de la IS para América Latina y [que] ya contaba con cierta relevancia internacional‖.61 Aunque esos vínculos no carecían de tensiones,62 los planteos de la rama menos izquierdista PI no eran discrepantes respecto de las tendencias que en ese momento estaban imponiéndose en la socialdemocracia europea. Paralelamente, el partido se vinculó con la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), creada a instancias del Partido Revolucionario Institucional mexicano en 1979 y que reúne a partidos de un amplio espectro que pueden ser calificados de ―moderados‖. 63 Volvemos así a la cuestión planteada a inicios de este escrito respecto del lugar del PI en el contexto político-social argentino. Probablemente no sea desacertado observar que la ―moderación‖ del PI era más evidente en algunos sectores de su dirigencia y su militancia hacia la transición democrática, como un efecto del alejamiento de los discursos más revolucionarios de los ―Aportes…‖ de 1975. Si en vez del PRT-ERP y el FAS el horizonte de vínculos se encontraba en la IS o en la COPPPAL, para terminar en una alianza desastrosa con el peronismo y en el alejamiento o claudicación de la ―izquierda diezmada‖ que en un momento lo siguió, las variaciones sufridas por el PI quizás puedan ser las identificadas con respecto a otros agentes políticos de los espacios iberoamericanos o más en general occidentales. En ese sentido, la experiencia del Partido Intransigente podría ser pensada no sólo en función de los efectos represivos de nivel estatal-nacional, sino también como parte de un proceso más amplio de crisis y reconversión de las izquierdas a nivel mundial.

Gabriela ÁGUILA y Luciano ALONSO (coords.): Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013. 61 Fernando PEDROSA: ¿Fuera de la Historia? Partidos políticos, escenario mundial y acciones trasnacionales en la democratización de América Latina‖, ponencia ante el Encuentro Internacional Iberoamérica-20. Transiciones a la democracia en el siglo XX en Europa y Latinoamérica, Montevideo, 27 y 28 de octubre de 2015, entrecomillado de p. 5. 62 Fernando PEDROSA: ―Partidos políticos y acciones trasnacionales: El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (1976-1983), en Izquierdas 22 (2015), p. 61. 63 Véase diversas entradas del sitio web de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, http://www.copppal.org.

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La parábola del sindicato en España. Los movimientos sindicales en la transición “larga”, a través del caso de CCOO (1975-1986)

José Babiano (Fundación 1º de Mayo) Javier Tébar (Fundació Cipriano García)

Se ha generalizado en la historiografía española la idea de que durante el cambio de régimen, desde el Franquismo hacia la monarquía democrática parlamentaria, se pasó del protagonismo del movimiento obrero al inicio de una crisis del sindicalismo y su progresivo debilitamiento. En ese tránsito habría jugado un papel esencial la concertación social y la institucionalización de los sindicatos. Todo ello habría sucedido además de manera brusca. Como si después de ese breve periodo de cambio político nada nuevo ocurriese; más aún, como si nada hubiera sucedido antes, más allá de apelar al Franquismo. La mutación del sindicato en España, dibujando una parábola, se habría completado, por lo tanto, de manera paralela y subordinada a los cambios en los partidos políticos y durante el mismo espacio temporal. Como tantas otras veces, los historiadores han seguido un patrón previamente trazado por los trabajos jurídicos, los estudios realizados desde la Sociología del Trabajo y el análisis económico. Los juristas, en efecto, se han ocupado de detallar el papel que al sindicato le confiere la Constitución, donde adquiere una naturaleza de orden político, en la medida en que se le reconoce una capacidad de representación más allá de los intereses de orden laboral de su base social. Del mismo modo, han estudiado pormenorizadamente el contenido y naturaleza de la Ley de Relaciones Laborales 27 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

16/1976, de 8 de abril y del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que reconoce el derecho de huelga. Asimismo han prestado atención al Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de marzo), una norma fundamental en el establecimiento de derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La aportación de los sociólogos del trabajo ha resultado, a su vez, determinante en la medida en que han estudiado el sistema de relaciones laborales, esbozado en la Transición política y el papel de los sindicatos dentro de ese sistema. Por último, los economistas han abordado el contexto y la dimensión económica de los acuerdos sociales de la época que, lógicamente, afectaron tanto a los sindicatos como a los trabajadores1.

Otros ritmos, otra intensidad: derechos del trabajo versus derechos políticos y civiles Subordinar crisis del sindicalismo a cambio político plantea una primera paradoja: el ciclo de acuerdos sociales que se inicia con los Pactos de la Moncloa, en 1977 y concluye en 1986 con el Acuerdo Económico y Social (AES), va más allá de la llamada Transición Política. En efecto, para algunos autores, la Transición concluiría en 1978 con la aprobación de la Constitución. Para otros, finalizaría en 1982, con la victoria electoral del PSOE. Por otro lado y a mayor abundamiento, los acuerdos sociales no concluyeron con el AES2. Asimismo, si bien en el ámbito laboral la Constitución de 1978 expresa una verdadera ruptura con el Franquismo3, la codificación de los derechos individuales y colectivos del trabajo, así como el asentamiento de los sindicatos en el ordenamiento jurídico democrático resultaron más tardíos que en el caso de los derechos civiles y políticos. Y no sólo eso, sino que además, algunos derechos laborales regulados durante la etapa de cambio político tuvieron dificultades para llevarse a efecto, dado el autoritarismo imperante en las empresas españolas. 1

Las limitaciones de espacio de esta comunicación no nos permiten detallar ahora esta extensa bibliografía. 2

José Luis MONEREO et al.: La concertación social en España: una evaluación de su trayectoria en la perspectiva de los cambios socioeconómicos, Madrid, Consejo Económico y Social de España, 2015. 3

Joaquín PÉREZ REY: ―Justicia transicional y derechos sociales. Breve apunte desde el caso español‖, Revista de Estudios y Cultura. Fundación 1º de Mayo, nº 75, febrero-marzo (2016), pp. 52-55, esp. p. 54, http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=4829

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Así, por ejemplo, muchas empresas se negaron a aplicar la amnistía laboral, rechazando la readmisión con sus derechos de los despedidos durante el Franquismo, por lo que litigaron ante los tribunales laborales. Por ello, Marcelino Camacho presentó, en su condición de diputado del Grupo Parlamentario Comunista, una moción al Congreso de los Diputados. En ella instaba al Gobierno a adoptar medidas tendentes a que las peticiones de amnistía laboral se ajustasen en las correspondientes jurisdicciones al procedimiento de urgencia y a que se abonasen los salarios de los trabajadores afectados desde el mismo momento en que iniciaban el trámite de reingreso4. Otro ejemplo en este mismo sentido hace referencia a las primeras elecciones sindicales, en 1978. Durante su desarrollo se produjeron despidos por el simple hecho de solicitar en las empresas su realización. CCOO registró casos en Baleares, País Valenciano, Madrid, Córdoba o Ávila5. En una empresa de las dimensiones de Telefónica, la dirección trató de organizar las elecciones sindicales con unas normas propias que vulneraban el contenido del Decreto de convocatoria. Unas normas en las que sólo la mitad de los puestos a elegir serían «objeto de reparto proporcional en función de los votos obtenidos»6. En relación a la dilación en la codificación de los derechos del trabajo, hay que señalar que la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, de 2 de agosto, no se aprobó hasta siete años después de aprobada la Constitución. La LOLS no es una ley menor. En su articulado reconoce el derecho de sindicación de los funcionarios a excepción de jueces, magistrados y fiscales, además de los militares e institutos armados de carácter militar. También define la categoría de ―sindicato más representativo‖ y los derechos de participación

sindical

que

dicha

categoría

consagra.

De

manera

que

la

institucionalización de los sindicatos, entendida ésta como participación en diferentes instituciones públicas en las que se dirimen cuestiones que afectan a los intereses de los

4

Marcelino CAMACHO: ―Moción‖ (Madrid, 23 de diciembre de 1977), Archivo de Historia del Trabajo. Fundación 1º de Mayo (AHTF1M, en adelante) Sección de Archivo (en adelante, SA) de la Secretaría General de CCOO, exp. 1/9. Obsérvese que no se reclama ninguna medida de reparación económica por parte de la empresa a trabajadores que fueron despedidos conculcando sus derechos fundamentales. 5

―Campaña electoral 1977‖, AHTF1M, SF de la Secretaría Genera…, exp. 13/1. Sobre la amnistía laboral: ―Amnistía laboral‖ (23 de diciembre de 1977), AHTF1M, SA de la Secretaría General…, exp. 9/1. 6

SECRETARIADO ESTATAL DE COMISIONES OBRERAS DE TELEFÓNICA: ―CCOO por qué decimos NO‖ (Madrid, 1 de marzo de 1978), AHTF1M, SA de la Secretaría General…, exp. 13/1.

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trabajadores, no cristalizó hasta diez años después de la muerte de Franco. Aún hoy, no existe una Ley de Participación Sindical de ámbito estatal7. La entrega del llamado Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) fue también un asunto que se dilató en el tiempo, lo que suponía para las organizaciones sindicales un escollo organizativo muy importante. Así, por ejemplo, la Unión de Madrid, una de las organizaciones territoriales más poderosas de CCOO tenía que abonar mensualmente en 1977 la cantidad de 408.000 pesetas en concepto de alquiler del local de la sede provincial. Por entonces, esa cantidad equivalía, aproximadamente, al déficit mensual de la Unión de Madrid8. Tras la firma del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), el Gobierno remitió a las organizaciones sindicales un listado de locales, pero ninguno de ellos se hallaba en uso. La dirección de CCOO decidió realizar una encuesta «para poder preparar posteriormente una alternativa al Gobierno. El objetivo inmediato es saber las demandas de locales en las respectivas organizaciones con el fin de tener en nuestro uso el mayor número posible para antes del día 1 de enero de 1982»9. No sucedería tal cosa. La cesión del uso de locales del PSA tuvo lugar a cuentagotas y favoreciendo, tanto con la UCD como con el PSOE en el Gobierno, a la UGT frente a CCOO10. Todavía había que esperar para que el Parlamento aprobase la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, así como su Reglamento, mediante el Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto. Fue ese año cuando, por fin y tras varias ocupaciones de protesta, CCOO de Madrid pudo disponer de un local cedido, perteneciente a dicho patrimonio11. Aún así, en mayo de 1987, desde las páginas de Gaceta Sindical, la revista de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, se consideraba que el patrimonio sindical era un asunto pendiente de resolver12. Unos

7

BOE, 8 agosto 1985, pp. 25119 a 25123.

8

UNIÓN DE MADRID DE COMISIONES OBRERAS: De octubre a octubre. Un año de experiencias de la Unión Sindical de Madrid Región, Madrid, CCOO, 1978, pp. 89-90. 9

―Plan de organización para la campaña de explicación, conocimiento y aplicación del ANE‖ (Madrid, 1981), AHTF1M, SA de la Secretaría General…, exp. 17/1. 10

Manuel REDERO: ―Los sindicatos en al democracia: de la movilización a la gestión‖, Historia y Política, 20 (2008), pp. 129-156, esp. p. 143. 11

Unidad Obrera, 67 (febrero 1986), p. 10.

12

Enrique LILLO: ―Patrimonio Sindical: un problema sin solucionar‖, Gaceta Sindical, mayo de 1987.

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meses después, el 20 de octubre, el secretario general de CCOO enviaba una carta al ministro de Trabajo a la que adjuntaba un informe. En él podía leerse: «En otro orden de cuestiones, las relacionadas con el patrimonio sindical -(…)- se han ido adquiriendo compromisos igualmente incumplidos». Inmediatamente después, Camacho se refería al trato discriminatorio dado por el Gobierno a su sindicato en esta materia y con relación a la UGT. Mencionaba igualmente la lentitud en la entrega de locales comprometidos, así como en el reembolso del importe de obras acometidas en diversas sedes que CCOO había abonado por adelantado. Se quejaba además de que la Comisión de Seguimiento del PSA hacía un año que no se reunía, mientras que la Ley indicaba una periodicidad trimestral. Y concluía: «De igual modo, se han incumplido el compromiso (…) de hacer entrega del inventario del Patrimonio Sindical Acumulado en el plazo de 18 meses, previsto»13. Este estado de cosas, diez años después de los Pactos de la Moncloa, indica más de una década de dificultades en un asunto tan trascendental para las organizaciones sindicales como son los locales14. Un espacio en el que, además de celebrar reuniones, se prestan servicios y se refuerzan los lazos con los trabajadores, más allá de la sección sindical en la empresa. Una tercera cuestión que pone de manifiesto hasta qué punto los derechos colectivos del trabajo, como el de participación, tardaron en materializarse más allá del breve periodo de la Transición política, fue la creación del Consejo Económico y Social de España (CES). Se trata de un órgano consultivo de participación de los sindicatos y las organizaciones patronales, además de otros agentes socioeconómicos, contemplado en la Constitución. Sin embargo, su creación fue muy posterior, pues tuvo lugar mediante la Ley 21/1991 de 17 de junio. En suma, según creemos, asociar analíticamente Transición política y sindicatos suscita algunas paradojas, en la medida que el tiempo de los derechos cívicos y políticos no es el mismo que el tiempo de los derechos del trabajo. Resolver estas paradojas

13

―[Informe] adjunto a la carta remitida por Marcelino Camacho a Manuel Chaves, ministro de Trabajo‖, AHT.F1M, SA de la Secretaría General…, exp. 47/1, p. 6. 14

Para CCOO, el asunto del Patrimonio Sindical Acumulado es un tema a día de hoy por resolver (CCOO: Repensar CCOO. Un sindicato para el siglo XXI, Madrid, 2016, p. 101).

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requiere disociar ese binomio, de modo que podamos avanzar en el análisis histórico de los sindicatos. Por otro lado, tanto la historiografía como la bibliografía producida por las ciencias sociales, de la que la primera es deudora, nos presentan a los sindicatos como un solo agente. Sin embargo, creemos que es necesario estudiar la trayectoria propia de cada organización; entre otras razones porque el sistema de relaciones laborales que empieza a diseñarse en la Transición es un sistema pluralista y porque las dos grandes centrales sindicales cuentan con génesis, culturas y referentes propios. Además, a partir de la ruptura, por parte de la UGT, de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) en la primavera de 1977 hasta la recuperación de la unidad de acción nueve años después los desencuentros entre ese sindicato y CCOO fueron continuos, llegando a celebrar el 1 de Mayo de manera separada a partir de 198315. En este sentido, en el caso de CCOO que es al que hacemos referencia en esta comunicación, es preciso señalar que existe un evidente vacío historiográfico, salvo algún trabajo aislado16. Este vacío no puede paliarse con las monografías de tipo regional o de nacionalidad que se han venido publicando17.

Inercias del Franquismo: la dificultad de construir un sindicato. Por otro lado, las rupturas y continuidades del movimiento obrero a partir de 1939 han dado lugar a una serie de controversias en la Historia social del Franquismo18. Sin embargo, no ha surgido ningún debate análogo en relación al cambio histórico que 15

Marcelino CAMACHO y Nicolás REDONDO: ―Correspondencia‖ (1979-1986), AHTF1M, SA de la Secretaría General…, exp. 42/5. 16

Álvaro SOTO: ―Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática: de la Asamblea de Barcelona a la Huelga General del 14D (1976-1988)‖, en David RUIZ, Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, pp. 451-523. Joan GIMENEO: "Comisiones Obreras ante las actitudes políticas de la clase trabajadora española: entre el cambio posible y el cambio necesario (1980-1986)", en IX Encuentro de Investigadores del Franquismo, Granada, 15-16 marzo 2016. 17

Alfonso MARTÍNEZ FORONDA (coord.): La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000), Cádiz, Fundación de Estudios Sindicales – Archivo Histórico de CCOO-A. 2003. Rubén VEGA: CC.OO de Asturias en la Transición y la Democracia, Oviedo, Unión Regional de CCOO, 1995. Gemma RAMOS: ―Trajèctoria de la CONC, 1976-1988‖, en Pere GABRIEL et al: Comissions Obreres de Catalunya 1965-1989 (una aportació a la història del moviment obrer), Barcelona, Empúries – CERES, 1989, pp. 83-138. 18

Por ejemplo, Rubén VEGA: “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y ruptura en la protesta social” en Abdón MATEOS: La España de los cincuenta, Madrid, Envida, 2008, pp. 171-200.

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representa la Transición. Creemos en este sentido que es preciso recurrir a algunos elementos de continuidad del Franquismo para comprender el curso del sindicalismo después de 1977. Pensamos además que no es posible identificar capacidad de movilización y/o combatividad con capacidad organizativa. Efectivamente, el muy estudiado ciclo huelguístico que concluye hacia 1976, con un último aliento en 1979, respondió a una alta capacidad de convocatoria para la movilización, esencialmente por parte de CCOO. Al mismo tiempo nos muestra una coyuntura de una gran combatividad de los trabajadores. No obstante, no estamos seguros de que una alta combatividad sea lo mismo que una alta politización. De lo que estamos seguros es que ello no tiene por qué traducirse en una gran capacidad de organización. Este fenómeno constituye una especie de herencia cultural del Franquismo, cuando la represión arrojó sus frutos en términos de debilidad organizativa del movimiento obrero. Lo podemos comprobar a través del caso de Comisiones Obreras que, desde el mismo momento de su legalización, tuvo dificultades para asentarse organizativamente. Así, por ejemplo, en el ya citado caso de la Unión de Madrid, a lo largo del primer año de vida legal, la organización admitía una carencia de cuadros en una coyuntura de crecimiento afiliativo: «de un número reducido de militantes en la clandestinidad hemos llegado a aglutinar a cuatrocientos mil trabajadores en estos momentos y esto hace que cada vez necesitemos más cuadros medios que desempeñan las tareas de representantes del sindicato, en la empresa, la localidad o la rama. Esto en los distintos aspectos que la vida sindical plantea, desde los ideológicos hasta los aspectos de simple asesoría sindical, de conocimiento de las leyes, de planteamientos reivindicativos, de seguridad e higiene, etc.»19. Casi un par de años después, a finales de marzo de 1979, los problemas financieros de la Unión de Madrid persistían, de manera que al concluir el primer trimestre ya había un déficit del 27% del total anual del presupuesto. Un presupuesto que en más del 90% iba destinado al alquiler de locales, el pago del personal y el mantenimiento20.

19

UNIÓN DE MADRID DE COMISIONES OBRERAS: De octubre a octubre…, pp. 81-82.

20

Citado por Álvaro SOTO: ―Comisiones Obreras en la Transición…‖, p. 500.

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Encarar las primeras elecciones sindicales después del franquismo también supuso un reto organizativo para CCOO, que reconocía que «la campaña va a ser difícil desde el punto de vista técnico por el hecho de que hay cientos de miles de empresas de 6 a 50 trabajadores, lo que implica un sobreesfuerzo para llegar a todas»21. Era lógico, porque las Comisiones Obreras durante el franquismo se habían forjado y habían generado cuadros en las medianas y, sobre todo, en las grandes empresas industriales. No obstante, las dificultades organizativas se prolongaron más allá de los años de la Transición política. En 1987 todavía se insistía en «la persistencia de importantes problemas e insuficiencias no resueltos» y se citaban: «La endeblez de los sistemas informativo-contables (…) la precariedad (o inexistencia) de los equipos de trabajo confederales, fruto en parte de las estrecheces económicas, así como su baja retribución (…) el carácter anárquico de muchos de sus funcionamientos» Añadiendo más adelante que: «La dotación de recursos establecida permite la financiación de un aparato mínimo y básico para la Comisión Ejecutiva Confederal y aún esto con restricciones y cortedades»22. Por otro lado, durante la metamorfosis de movimiento sociopolítico a sindicato, CCOO mantuvo a lo largo de un año, aproximadamente, una retórica singular que entrelazaba la anterior situación de movimiento con la recién adquirida condición de sindicato. De tal suerte que diversos dirigentes de la organización teorizaban públicamente sobre los derechos que, dentro del propio sindicato, deberían tener los afiliados y los no afiliados23. Una idea un tanto paradójica que incluso podría desincentivar la afiliación.

21

―Reunión de responsables de Comisiones Electorales‖ (Madrid, 21 de diciembre de 1977), AHT.F1M, SA de la Secretaría General… exp. 13/1, p. 2. 22

SECRETARÍA CONFEDERAL DE FINANZAS DE CCOO: ―Líneas básicas presupuestos 1987‖ (Madrid, 10 de febrero de 1987), SA de la Secretaría General…, exp. 21/3, pp. 2 y 4. 23

Nicolás SARTORIUS: Qué son las Comisiones Obreras, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976, p. 42. ID.: El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre Comisiones Obreras, Barcelona, Laia, 1977 p. 116. ―Comisiones defiende la libertad de sindicación. Entrevista a Julián ARIZA‖, Vida Laboral (junio-julio de 1977).

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Concertación social, institucionalización y CCOO Uno de los fenómenos analizados al estudiar los sindicatos durante la Transición política ha sido la concertación social. Este fenómeno, como ya hemos subrayado, va más allá de ese periodo y requiere detallar las distintas posiciones de cada central sindical. A nosotros nos interesan ahora las de CCOO. Existe un análisis compartido de la concertación social que empieza con los Pactos de la Moncloa y concluye con el AES, tanto en las Ciencias Sociales como en la Historia. Este análisis se halla ampliamente contrastado empíricamente y nosotros no podemos dejar de asumirlo. Así, la concertación social representaría un intercambio político en un contexto de profunda crisis económica y de democratización incipiente. Los sindicatos, de acuerdo con los partidos de izquierda de referencia, asumirían que para reforzar esa democratización incipiente y evitar las amenazas involucionistas era necesario superar la crisis económica y en particular reducir el desempleo como principal lacra social de la crisis. A su vez, aceptarían sacrificios salariales en la lucha contra el paro y la crisis. Así pues, la concertación social española habría surgido en un contexto muy diferente de los grandes acuerdos corporativistas de la Europa de después 1945, tras al derrota del fascismo y ante un horizonte de crecimiento económico duradero. Desde el punto de vista económico, la concertación social española se basaba en la lógica siguiente: las empresas tenían que recuperar los beneficios. Con la vuelta de los beneficios, volverían las inversiones. Finalmente, las inversiones darían lugar a la creación de nuevos empleos, lo que contribuiría a superar la crisis y el paro. El requisito para recuperar los beneficios no era otro que la moderación salarial que, a su vez, serviría para reducir la alta inflación. La moderación salarial implicaba asumir sacrificios para los trabajadores con empleo y sus familias. De este modo, la concertación social incluyó políticas de austeridad, muy alejadas de las políticas europeas de carácter keynesiano, que sustentaron las prácticas corporativistas después de 1945. En ese sentido, la concertación social española, puede caracterizarse como un corporativismo «sui generis». Como es conocido, del conjunto de acuerdos sociales sellados entre 1977 y 1986, CCOO firmó en junio de 1981 el ANE, de carácter tripartito 1981. También 35

rubricó el Acuerdo Interconfederal (AI) de febrero 1983 en el que participaron los sindicatos y la patronal. Asimismo, defendió activamente los Pactos de la Moncloa, firmados por los partidos políticos parlamentarios, en octubre de 1977. Por el contrario, se opuso al Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) entre CEOE y UGT, de julio de 1979. Hizo lo mismo con el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), de enero de 1980, suscrito entre la patronal y la UGT, al que se adhirió la USO. Finalmente, rechazó el AES, que firmaron en octubre de 1984 el Gobierno, la UGT y las patronales24. Fueron, en consecuencia, los acuerdos de una naturaleza más claramente política, debido tanto a la peculiar coyuntura política en la que tuvieron lugar como a la implicación del Gobierno en los mismos, los que firmó o apoyó CCOO. Ahora bien, la concertación social resultó un asunto controvertido dentro de CCOO que, finalmente, hizo un balance muy crítico de la misma. Estas controversias comenzaron con los Pactos de la Moncloa25. Entre otras razones porque durante la clandestinidad, la acción de las Comisiones Obreras ante la negociación colectiva había girado en torno a la exigencia de subidas salariales. Sin embargo, en los Pactos de la Moncloa se cambió el criterio de negociación salarial en los convenios. De pactar salarios a partir de la inflación pasada (más algún o algunos puntos) se pasó a pactar en previsión de la inflación futura. Asimismo, en la cultura de unas CCOO que habían logrado la legalización apenas hacía seis meses, el pacto social constituía una especie de tabú. El propio término se desterró de los argumentos destinados a explicar y defender públicamente los Pactos de la Moncloa. De manera que la palabra «pactos», fue sustituida, a guisa de eufemismo, por el término «acuerdos»: «(…) la UCD, que pretendía imponernos un pacto social en la negociación con las Centrales y por nuestra negativa tuvo que aceptar el reunirse con los partidos y adoptar este programa.

24

CCOO: De los Pactos de la Moncloa al AES, Madrid, Confederación Sindical de CCOO, 1991. José Luís MONEREO et al.: La concertación social…, pp. 41 y ss. 25

En la Sección de Archivo de la Secretaría General de CCOO, existe correspondencia dirigida a Marcelino Camacho, a favor y en contra de los Pactos de la Moncloa.

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Hay que insistir en que no es un pacto social y explicar brevemente lo que es un pacto social. Es algo que realizan las Centrales Sindicales, patronales y Gobierno y el Pacto de la Moncloa está hecho entre el Gobierno y los partidos»26. El Consejo Confederal del sindicato abundó en la misma idea y denunció «las tergiversaciones demagógicas que tratan de presentar el pacto político de la Moncloa como un pacto social». Asimismo, justificaba su apoyo apelando a la situación de aguda crisis económica y a la consolidación de la democracia como objetivo esencial27. Sin embargo, el 5 abril de 1978 la oposición de izquierda interpeló al Gobierno en el Parlamento porque se retrasaba en el cumplimiento de una serie de compromisos contraídos en los Pactos de la Moncloa y porque no se había creado comisión de seguimiento alguna. Ese mismo día, CCOO y UGT organizaron una «jornada de lucha» y sus secretarios generales presentaron un documento al presidente de las Cortes. En él le plantearon una serie de alternativas contra el desempleo y reclamaron los derechos de negociación colectiva y huelga, además de la devolución del patrimonio sindical28. Ese mismo mes, CCOO publicó una relación de temas acordados en los Pactos que el Gobierno había incumplido. Se trataba de asuntos referidos a las libertades públicas que exigían la reforma de la Ley de Orden Público y eliminar acciones públicas del Código de Justicia Militar. Además citaba aspectos referidos a la regulación de precios, al papel de las Cajas Rurales, a la Seguridad Social Agraria, al control público del suelo y a la política pública de vivienda, entre otras cuestiones29. Con ello quedaban inaugurados los incumplimientos gubernamentales, una de las características de la concertación social española en aquellos años. Mientras tanto, el objetivo central de los Pactos, que no era otro que controlar y reducir la inflación se estaba logrando. Reducir la alta inflación de entonces evitaría que los salarios fuesen devorados por la permanente subida de los precios. Ahora bien, resultó un objetivo conquistado por la vía de la disciplina salarial. Que CCOO no estuviera presente en la firma de los dos siguientes acuerdos en 1979 y 1980 –el ABI y el AMI- obedeció a diversas razones. Por un lado, tanto la 26

Cfr. COMISION ELECTORAL PROVINCIAL DE MADRID DE CCOO: ―Elecciones sindicales‖ (1977), AHTF1M, SA de la Secretaría General…, exp. 13/1, p. 5. 27

CONSEJO CONFEDERAL DE CCOO: ―Resolución sobre los acuerdos de la Moncloa‖ (Madrid, 15 de octubre de 1977), en CCOO: De los Pactos de la Moncloa…, pp. 155-157. 28

―Un pleno con paro‖, Gaceta Sindical, 84 (1978), pp. 8-9.

29

―Pactos: la Moncloa incumple‖, en ibidem, p. 10.

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patronal como la propia UGT compartían un interés por excluir a CCOO, que en 1980 todavía logró el primer puesto en las elecciones sindicales y que representaba un sindicalismo más combativo. Desde ese punto de vista, no tuvieron mucho interés por incorporar al sindicato dirigido por Marcelino Camacho. En segundo lugar, estos acuerdos recogieron el reforzamiento del papel de las secciones sindicales en la negociación colectiva, en detrimento de los comités de empresa y de las asambleas. Este reforzamiento de las secciones sindicales, que en ese momento favorecía a la UGT, sería recogido posteriormente en el Estatuto de los Trabajadores30. En contra de estos criterios, CCOO hacía una defensa cerrada de las asambleas y de los órganos de representación unitaria, pues formaba parte fundamental de su tradición. Además no compartía las orientaciones para la negociación colectiva establecidas en el AMI, especialmente la banda salarial pactada31. CCOO lanzó también una campaña de movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores desde que el texto se estaba debatiendo en Comisión parlamentaria32. El 14 de octubre de 1979 el sindicato organizó una concentración en al Casa de Campo de Madrid con afiliados llegados de todas partes del país. La dirección de CCOO estaba dispuesta a convocar una huelga general. Sin embargo, se plegó a los criterios del PCE y no llegó a convocarla. El partido pretendía sacar alguna enmienda adelante en la discusión parlamentaria y evitar quedarse aislado en su estrategia de Gobierno de Concentración Nacional. El proceso de la toma de decisión no estuvo exento de tensión entre la dirección del PCE y la de CCOO33. Una tensión que reapareció meses después con ocasión de la reunión de cuadros comunistas del movimiento obrero en la que Santiago Carrillo admitió abiertamente que el Comité Ejecutivo del PCE había intervenido para evitar la huelga general34. Entre tanto, había estallado, a comienzos de 1980 la crisis del PSUC. La crisis de los comunistas se 30

Sobre la posición de UGT, Rubén VEGA: La reconstrucción del sindicalismo en democracia, vol. 6 de Historia de la UGT, Madrid, Siglo XXI, 2011, p 79 y ss 31

CONSEJO CONFEDERAL DE CCOO: ―Resolución sobre el AMI‖ (Madrid, 4 de enero de 1980), en CCOO: De los Pactos de la Moncloa…, pp. 159-162. 32

COMISION EJECUTIVA DE CCOO: ―Circular Informativa‖ (Madrid, 1 de noviembre de 1979), AHT.F1M, SA de la Secretaría General…, exp. 5/9. 33

Testimonios de Julián Ariza y Antonio Gutiérrez en AHT.F1M, Biografías obreras y militancia sindical en CCOO. 34

PCE: Los comunistas en el movimiento obrero. , Madrid, Comisión de Propaganda del PCE, 1980, pp. 90-91.

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proyectó en el sindicato, siendo la concertación social uno de los temas de controversia. De hecho, tanto en el III como en el IV Congreso Confederal se presentaron cuatro candidaturas. Tres de ellas respondían a otras tantas fracciones de lo que venía siendo el PCE. El 9 de junio de 1981, menos de cuatro meses después de la intentona golpista del 23F, el Gobierno, los sindicatos y la patronal firmaron el ANE. CCOO lo suscribió por tres razones. En primer lugar, en aras de la estabilidad política que había sido amenazada por el 23F. En segundo lugar, por solidaridad con los parados, pues aunque el ANE preveía una banda salarial de clara moderación, incluía el compromiso gubernamental de generar 350.000 empleos y de ampliar la tasa de cobertura al desempleo. Desde este punto de vista, CCOO se planteaba una política de clase de tipo general. En tercer lugar, para CCOO, el ANE ofrecía una oportunidad para recomponer la unidad de acción con la UGT, así como para fortalecer el poder sindical35. En otro orden de cosas, el ANE regulaba la participación de los sindicatos en las instituciones públicas –Seguridad Social, Instituto Nacional de seguridad e Higiene, etcétera-, dejando para la ulterior negociación la asignación económica por dicha participación. También incluía el compromiso patronal del descuento en la nómina de la cuota sindical en las empresas de más de 250 empleados36. En realidad, en muchos convenios colectivos ya se venía pactando ese descuento. En todo caso, era un asunto que incidía en las deficiencias organizativas de los sindicatos, al poner de manifiesto la falta de capacidad recaudatoria entre la afiliación. Todo ello cuando observadores externos ya habían constatado que «el fenómeno del empobrecimiento de las centrales llega a ser alarmante»37. Fuera del articulado del ANE, el Gobierno pactó paralelamente con los sindicatos asuntos relativos al patrimonio sindical y a la financiación sindical. En el 35

Si bien los objetivos de creación de empleo no se lograron. ―Plan de Organización para la campaña de explicación, conocimiento y aplicación del ANE‖ y ―Difusión del Plan de seguimiento y control del ANE a las distintas estructuras‖ (Madrid, 16 de septiembre de 1981), ambos en AHT.F1M, Sección de Fondo de la Secretaría General de CCOO. II CONGRESO CONFEDERAL DE CCOO: ―Resolución general‖ (Barcelona, 21 de junio de 1981), AHT.F1M, Sección de Fondo Congresos Confederales de CCOO, exp. 2/1. 36

―Acuerdo Nacional sobre Empleo‖ (Madrid, 9 de junio de 1981), AHT.F1M, Sección de Fondo de la Secretaría General de CCOO, exp. 17/1. 37

EUROLETTER: ―Coyuntura laboral‖ (22 de diciembre de 1980), AHT.F1M, Sección de Fondo Congresos Confederales de CCOO, exp. 18/2, p. 6.

39

primer ámbito, la Administración se comprometía a entregar el inventario de los inmuebles procedentes del PSA y a negociar con los sindicatos y la patronal la asignación de locales en usufructo, además de entregarlos a primeros de septiembre de 1981. Nada de eso se cumplió. En el ámbito de la financiación, el Gobierno se comprometía a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 800 millones de pesetas en los años 1982, 1983 y 1984, «en concepto de subvención a la consolidación sindical». Ahora bien, el acuerdo especificaba: «Estas [subvenciones] tendrán carácter de a cuenta de cualquier futura liquidación del patrimonio sindical acumulado- UGT y CCOO se comprometen a no plantear otras reclamaciones sobre el patrimonio sindical acumulado, en un plazo de tres años»38 Como se ve, no era ninguna subvención, sino un adelanto sobre un patrimonio sindical que no se entregaba y sobre el que los sindicatos se comprometían a no realizar reclamación alguna en tres años. Además, tanto la financiación pública como el asunto del patrimonio sindical, eran cuestiones que se derivaban del papel que la Constitución asignaba a los sindicatos en la vida pública. Sin embargo, al incluir ambas cuestiones en el paquete del ANE, se proyectó la imagen de que se trataba de un intercambio propio de la negociación corporativa. Una imagen estigmatizadora, puesto que dicho intercambio se habría producido en un contexto de fuerte desempleo, sin que se cumplieran los objetivos de creación de empleo del ANE y con la austeridad salarial aplicándose estrictamente. Así pues, en el ANE se reprodujeron los incumplimientos gubernamentales, tanto en materia de empleo como en aquellos ámbitos que habían de redundar en la institucionalización y fortalecimiento de los sindicatos. En este contexto, durante 1982 CCOO lamentó la actitud obstruccionista de la CEOE, la supeditación del Gobierno de UCD a la patronal y la «degradación de la Comisión de Seguimiento» del ANE39. De

38

Ibid.

39

Secretariado Confederal de CCOO: ―Por el cumplimiento del ANE‖ (Madrid, 23 de febrero de 1982), AHT.F1M, Sección de Fondo del Secretariado Confederal. Julián ARIZA: ―Reunión de la Comisión de Seguimiento del ANE (Madrid, 24 de febrero de 1982) e ―Informe sobre la reunión de la Comisión de Seguimiento del ANE‖ (Madrid, 7 de septiembre de 1982), ambos en AHTF1M, Sección de Fondo de la Secretaría General, exp. 17/1.

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modo que la institucionalización de los sindicatos durante la Transición, sobre la que tanto se ha escrito, parece que tenía que esperar. Tras la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982, CCOO firmo el AI el 15 de febrero de 1983, con la UGT y las patronales. La nueva coyuntura de cambio político pesó mucho a la hora de que el sindicato se adhiriera a este pacto de negociación colectiva centralizada. Sin embargo, declinó adherirse al AES, suscrito el 9 de octubre de 1984, de carácter tripartito y que estaría en vigor durante los dos años siguientes. Tanto con el AI como con el AES, el sindicato organizó una consulta entre su estructura, desde las federaciones y organizaciones territoriales hasta las secciones sindicales y delegados. No obstante, la participación en el nivel de la afiliación tuvo un alcance limitado, debido a las dificultades organizativas para extender la consulta. En todo caso, se trataba de una iniciativa sin precedentes40. En 1987, Comisiones Obreras, en su IV Congreso Confederal, se mostró muy autocrítica con el periodo de la Transición: «Hoy resulta obvio constatar que la transición no se ha saldado positivamente para los trabajadores y para el movimiento sindical, ni en el plano de la correlación de fuerzas a nivel político ni en cuanto al desarrollo de los derechos, libertades y poder institucional de los sindicatos»41. En cuanto a la concertación social, el Congreso reconocía que había resultado ineficaz para la creación de empleo, además de haberse producido el descenso del poder de compra de los salarios. CCOO, reivindicaba, no obstante, la contribución del movimiento sindical a la restauración de las libertades democráticas y daba por agotado un tipo de acuerdos que circunscribía al periodo de la Transición. El 21 de abril de 1987, José Manuel de la Parra, miembro de la Ejecutiva Confederal de CCOO escribía una carta al director de El País, en respuesta a un editorial que el periódico había publicado la víspera. Decía así:

40

―El Consejo Confederal de CCOO ratifica el Acuerdo Interconfederal (Madrid, 12 de febrero de 1983) y ―Resolución sobre el AES‖ (Madrid, 3 octubre 1984), ambos en CCOO: De los Pactos de la Moncloa…, pp. 193-200. 41

IV CONGRESO CONFEDERAL DE CCOO: ―Resolución sobre acuerdos generales‖ (Madrid, 1987), en CCOO: De los Pactos de la Moncloa…, pp. 213-226, esp. p. 219.

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«Lo cual no quiere decir que CCOO, pese a ser quien más afiliación tiene, ni ninguno de los otros sindicatos, tengan capacidad financiera (subvenciones incluidas) para dar atención sindical a los trabajadores de este país y al mismo tiempo pagar la cuota empresarial de la seguridad Social. El origen de esta situación no es en exclusiva atribuible como manidamente se reitera por parte de ese diario al reducido margen de maniobra que crisis económica [sic] y las políticas de ajuste aplicadas nos han dejado. Hay que buscarlo en gran medida en la precariedad de medios con que hemos arrancado en la transición y la nulidad de apoyos recibidos»42. Parece, pues, que la institucionalización de las organizaciones sindicales había resultado débil y que los problemas de construcción del sindicato venían arrastrándose como una herencia de la dictadura. Y es que observando el periodo comprendido entre 1976 y 1986, «se percibe una línea de rechazo por parte del poder político hacia los sindicatos»43.

Ciclo huelguístico y afiliación Según los estudios comparados, los procesos de transición incluyen un agudo incremento del activismo obrero a través de huelgas y manifestaciones, por lo común simultáneas a una movilización social más amplia. El caso español no difiere en su comportamiento de estos casos. Así, en 1976 se produjo una oleada de huelgas sin precedentes que recorrió el país durante el primer trimestre. Para evitar una visión excesivamente «doméstica», conviene recordar que esta alta conflictividad huelguística se inscribe en un marco general caracterizado por la ola de protestas a nivel europeo, que se inició en 1966/1967 y se prolongaría hasta 1976/1980. En España la elevada conflictividad laboral durante estos años estuvo condicionada por el contexto de cambio de político y por el inicio de la crisis económica. Durante 1976 el pico huelguístico se situó en 50 millones de horas de 42

José Manuel DE LA PARRA [carta] a Juan Luis Cebrián, director de El País, (Madrid, 21 abril 1987), AHTF1M, FA Secretaría General…, exp. 47/1, p. 2. 43

Andrés BILBAO, ―La transición política y los sindicatos‖, Cuadernos de Relaciones Laborales, 1 (1992), pp. 195-117, esp. p. 108.

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trabajo perdidas y 1,8 millones de trabajadores participantes, que representaban el 13% del total de la población activa. Pero lo que cabe subrayar es la peculiaridad que adoptó el conflicto laboral. En primer lugar, a la protesta se sumaron nuevos sectores de actividad; en segundo lugar, la movilización implicó un apoyo explícito al proyecto «rupturista», en la medida en que la petición de amnistía y los derechos políticos fueron dos reivindicaciones que se generalizaron; por último, los conflictos eran la expresión de una creciente radicalización obrera. Su número se calculaba en torno a los 3.000 y, en su mayor parte, se trataba de huelgas ilegales44. El gobernador civil de Barcelona declaró en esas fechas: «hemos tenido 5 huelgas legales y 255 ilegales. Evidentemente algo está mal: la ley o la huelga»45. Un primer punto de inflexión de esta oleada huelguística lo marcarían los sucesos de Vitoria del 3 marzo de 1976, en los que a partir de un conflicto laboral en la empresa Forjas Alavesas, la protesta evolucionó y se transformó rápidamente en una protesta política, debido a una represión policial sangrienta46. A finales de diciembre de 1976, tras el paro general de noviembre –una huelga importante pero no decisiva para marcar la agenda política- y sobre todo el Referéndum por la Reforma Política, se inició un cambio en el signo y la evolución de las huelgas. En la tercera semana de enero de 1977 la violencia política se expresó con contundencia en los asesinatos de los abogados laboralistas del despacho madrileño de Atocha y con la muerte de manifestantes tanto en Madrid como en Málaga. Más tarde el Gobierno, con los sindicatos ya legales, reprimió las manifestaciones del 1º de Mayo en diferentes ciudades. En Madrid hubo más de doscientos heridos y más de ciento cincuenta detenidos. Por otro lado, el Decreto-Ley 17/1977 introdujo cambios en las relaciones laborales, al objeto de favorecer la liberalización de las mismas, poniendo fin al intervencionismo propio de la dictadura. En cuanto al derecho de huelga quedó formalmente reconocido, si bien su reglamentación marcó fuertes limitaciones a su

44

Álvaro SOTO: «Conflictividad social y transición sindical», en TUSELL, J. y SOTO, A.: Historia de la transición 1975-1996, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 378. 45

Salvador SÁNCHEZ-TERÁN: De Franco a la Generalidad, Barcelona, Planeta, 1988, p. 41.

46

Carlos CARNICERO: La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Vitoria, Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007.

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ejercicio. En consecuencia, esta norma situaría en la ilegalidad a la mayor parte de las huelgas. De manera que el 70% de las que se produjeron entre mayo y diciembre de 1977 se realizaron al margen de estas restricciones legales47. A partir de entonces se dieron dos situaciones nuevas: la política de concertación social y la confrontación entre los modelos sindicales que representaban CCOO y UGT. Además, sí a lo largo de 1976 las huelgas representaban un apoyo al proyecto rupturista de la oposición política, en 1977 los conflictos laborales se fueron convirtiendo en un elemento de presión en la negociación llevada a cabo por los partidos de la oposición antifranquista. Tras las elecciones generales y la rúbrica de los Pactos de la Moncloa, el nivel de conflictividad laboral se redujo. No obstante, durante 1978 se registraron movilizaciones generales contra el desempleo y la llamada «Eurohuelga», un paro parcial convocado por la Confederación Europea de Sindicatos el 5 de abril. Aunque la conflictividad laboral descendió, su persistencia estuvo asociada a los procesos de negociación colectiva, sin contar todavía con un nuevo marco legal que la regulara. A todo esto se añadía que el inicio de las políticas de reconversión del primer gobierno de la UCD, tímidas inicialmente, afectaron a sectores estratégicos de la economía española, como la siderurgia, la minería o los astilleros. Sectores que a partir de entonces estuvieron en un conflicto laboral permanente hasta entrados los años ochenta. A su vez, en las grandes empresas, la militancia sindical había impulsado la creación de «consejos de trabajadores» o «de fábrica» de carácter unitario, al margen del antiguo Jurado de Empresa franquista y ajenos a lo que sería el Comité de Empresa, resultante de las elecciones sindicales y consagrado en el Estatuto de los Trabajadores. Por eso el Gobierno, a fin de controlar aquel proceso, estableció la normativa de elecciones sindicales que tendrán lugar por primera vez en democracia a principios de 1978. CCOO fue claramente la fuerza sindical más votada, con un 34,5% de representantes elegidos, seguida de UGT, con un 21,7%. Pero en aquellas elecciones muchos trabajadores no habían votado o no lo habían hecho por los sindicatos de clase.

47

Álvaro SOTO: ―Conflictividad social y transición sindica...‖, pp. 378-379.

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Baste observar que el porcentaje de «no afiliados» o «no consta afiliación» sumaba un 30,4% del total de elegidos48. El enfrentamiento político y la falta de un acuerdo marco de negociación colectiva en 1979 favorecieron un alto nivel de conflictividad. Atendiendo a las estadísticas de huelgas, las cifras de 1976, siendo muy elevadas, resultaron inferiores a las de 1979, cuando se pierden más horas y paran más trabajadores49. Sin embargo, la naturaleza de los conflictos, el tipo de movilizaciones y la significación que adquieren son ya muy diferentes. Las huelgas ahora tendrán un carácter defensivo, sobre todo en defensa del empleo. El marco de oportunidades políticas abierto en 1976 se ha desvanecido. No obstante, si bien en los estudios comparados la evolución del conflicto se representa como una curva acampanada durante los períodos de transición50, el caso español no se ajusta a ese modelo, debido precisamente al nivel de conflictividad de 1979. El conflicto laboral se situó en dos ejes: el pulso entre sindicatos y patronal en torno a la negociación colectiva y, en segundo lugar, entre los primeros con el Gobierno por la ruptura de los topes salariales. Hubo, además, a una ofensiva patronal contra el movimiento sindical, lo que llevó a la convocatoria de una jornada de paro, el 11 de julio, por la revisión de los convenios y la elaboración de un Estatuto para los trabajadores. En esos momentos se había producido, de manera definitiva, la ruptura entre CCOO y UGT. Esta división influyó en el paulatino descenso de la presión sindical, mientras se registra un crecimiento del sindicato de orientación socialista y la marginación de CCOO en la negociación colectiva y en los acuerdos bilaterales. Desde comienzos de los años ochenta y hasta 1986, la intensidad, forma y tamaño de las huelgas se modificarán. Una etapa de sucesivos pactos sociales pone en primer plano el nivel institucional. Mientras tanto, el conflicto abierto se desplazará hacia los centros de

48

Ilse Mari. FÜHRER: Los sindicatos en España. De la lucha de clases a las estrategias de cooperación, Madrid, CES, 1996, pp. 112 y ss.; Holm-Detlev KÖHLER: El movimiento sindical en España. Transición democrática. Regionalismo. Modernización económica, Madrid, Fundamentos, 1995, pp. 131-133. 49

Datos ofrecidos por Álvaro SOTO: ―Conflictividad social y transición sindical...‖, p. 383 y 379-382.

50

J. Samuel VALENZUELA: ―El movimiento obrero en la transición hacia la democracia: un marco conceptual para su análisis‖, Desarrollo Económico, vol. 30, 119 (octubre-noviembre 1990), pp. 300-302 y 306.

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trabajo en pleno proceso de reconversión industrial. De todos modos, se registra una tendencia descendente del conflicto51. En otro sentido, a pesar del doble contexto de cambio político y crisis económica, el sindicalismo español conseguirá una presencia bastante generalizada en las empresas. En conjunto CCOO y UGT contaban con el 63,33% de la afiliación a los sindicatos en 1977, el 76% en 1982 y el 75,69% en 1986. No obstante, es necesario recordar que el sistema de representación sindical en España tiene un carácter dual, por la vía de la afiliación y por la de la elección de los delegados al comité de empresa en las elecciones sindicales (1978, 1980, 1982 y 1986), con porcentajes de participación situados por encima del 70%. Los resultados en la evolución de estas convocatorias indica una tendencia en ascenso del apoyo a CCOO y UGT, que se disputan el mayor número de delegados/as (entre el 56% en 1978 y el 75% en 1986), en detrimento tanto de los pequeños sindicatos como de los delegados independientes (que pasaron del 39% en 1978 al 16% en 1986). Se ha insistido en subrayar el desplome afiliativo del sindicalismo. No obstante, cabría descartar definitivamente la imagen de una afiliación masiva entre 1976 y 1978. El boom «afiliativo» respondería al momento político, hasta cierto punto relacionado con una inercia cultural asociada a la obligatoriedad de la afiliación al Sindicato Vertical durante la dictadura. Además, las propias centrales sindicales, carentes de recursos organizativos, fueron desbordadas ante aquella situación. Al margen de la dificultad que presentan las cifras, no es sostenible desde el punto de vista empírico la frecuente interpretación del súbito y llamativo declive sindical en los años ochenta, dado que entre 1981-1986 se produjo una estabilización de la afiliación sindical en algo más de un millón de afiliados, lo que representa un 14% de densidad sindical52. Bien es cierto que en ese periodo no se alcanzará en España un nivel de afiliación sindical comparable a la mayoría de los países de Europa occidental. Sin embargo, a finales de los años ochenta, cuando la mayoría de los sindicatos europeos iniciaban una tendencia de declive afiliativo, los sindicatos españoles iniciarán una senda de crecimiento moderado.

51

David LUQUE: ―La forma de las huelgas en España, 1905-2010‖, Política y Sociedad, 50 (1), (2013), pp. 254-255. 52

J. JORDANA: “Reconsidering union membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democratic consolidation”, Industrial Relations Journal, vol. 27, 3, (1996), pp. 211–224.

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La evidencia del descenso afiliativo y sobre todo de una expectativa no cumplida para el sindicalismo español en este terreno, no impidió que entre 1980 y 1986 el seguimiento de las movilizaciones convocadas por los sindicatos fuera elevado entre los trabajadores. De manera que según los datos de conflictividad laboral relativos a los países de la OCDE durante aquellos años, España ocupará el tercer lugar, después de Italia y Canadá53. Es decir, las dificultades organizativas, heredadas del franquismo y auspiciadas desde el Gobierno, no eliminaron la capacidad de influencia y convocatoria. De ese modo, poco después, en 1988, la combatividad obrera regresaría al primer plano. La trayectoria descendente de la parábola sindical, en todo caso, estaría lejos de completarse en esas fechas.

53

A. SOTO: «Conflictividad social y transición sindical»…, p. 392-396. Sobre evolución y modelos de las huelgas generales en Europa occidental ver J. KELLY y K. HAMANN: ―General Strikes in Western Eurpe 1980-2008‖, Papers for Political Studies Association Annual Conference 7-9 April 2009, Manchester, p. 3 y pp. 9-10.

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La construcción del “Califato rojo”. El movimiento vecinal en Córdoba (1963-1986)

Javier Contreras-Becerra Universidad de Granada

Introducción En este texto, pretendemos ofrecer una visión de conjunto de los comienzos del asociacionismo vecinal en Córdoba, en los años 60 y 70, así como su trayectoria en los 70 y 80. Trayectoria que le permitió erigirse en un potente e influyente actor social, hasta el punto de promover movilizaciones significativas en los barrios. El hecho de que en los barrios donde surgieron estas asociaciones conviviesen individuos con determinadas culturas políticas, favoreció que sus impulsores fueran principalmente militantes del PCE, la OIC y el PSOE, así como militantes cristianos de base (HOAC y JOC). Aunque una parte significativa de sus dirigentes y activistas integraron las candidaturas de las elecciones municipales de 1979, no todos resultaron electos. Por otro lado, a pesar de la lenta implantación de las políticas de participación ciudadana en el primer mandato municipal del alcalde Julio Anguita (PCE) y del impasse que experimentó la recién creada Federación de Asociaciones de Vecinos, Córdoba se convirtió con el tiempo en un referente en aquellas. Por tanto, en este trabajo reflexionamos también acerca de la alianza establecida entre el movimiento vecinal y el ayuntamiento con alcaldía del PCE en cuanto a la participación ciudadana. Hecho que le granjeó numerosos apoyos a Julio Anguita y a su partido en las siguientes municipales, consolidando la idea del « Califato rojo », por los notables porcentajes de voto a la izquierda en general y al PCE-PCA en particular en Córdoba y su entorno. 49 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

Una ciudad con particularidades espaciales y humanas Al igual que otras ciudades andaluzas, Córdoba experimentó un crecimiento a partir de mediados del siglo XX. Una ciudad que destacaba por albergar parte del tejido industrial de la provincia (Fábrica de aceites Carbonell, Electromecánicas, Westinghouse, hilaturas Cepansa, Cementera Asland, Azucarera de Villarrubia, etc). Una ciudad donde también gozaban de importancia actividades tales como la joyería, el sector servicios y la construcción. La emigración del campo a la ciudad, sobre todo de pueblos de la Campiña de Córdoba provoca que la ciudad empiece a tener problemas de falta de viviendas1. En la periferia occidental (Cañada Real Soriana, Villarrubia, Veredón de los Frailes) empiezan a aparecer viviendas de autoconstrucción, al igual que en otras zonas del extrarradio de Córdoba2. Coincide, como hemos señalado, que ese movimiento migratorio procede mayoritariamente de pueblos de la provincia situados en la Campiña, colindantes o muy próximos al término de la capital (Almodóvar del Río, La Carlota, Fernán-Núñez, Espejo, Castro del Río, Bujalance, El Carpio, Pedro Abad, Villafranca de Córdoba, etc). En ello, durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX habían tenido acogida el republicanismo federal, el anarquismo, el socialismo y el comunismo3. Al verse obligados una parte de sus habitantes a emigrar a la capital por motivos económicos y políticos (represión tras la Guerra Civil), comenzarán a asentarse en los diferentes barrios que surgirán en la periferia cordobesa. Además, el crecimiento espacial de la ciudad se veía condicionado por las peculiaridades del casco antiguo (uno de los mayores de España) y la constante llegada de inmigrantes a la ciudad, provenientes de la provincia. La carencia de grandes solares en el casco podía suplirse con la realización de promociones rápidas en la periferia, lo que sin embargo repercutía en el aislamiento espacial respecto a la ciudad histórica. Las casas de vecinos del casco histórico habían absorbido el aumento poblacional de los años cuarenta y cincuenta. Sus habitantes, pertenecientes a las clases populares más modestas y en relativo ascenso económico-social, dejaron el hacinamiento y la

1 Antonio LÓPEZ ONTIVEROS : Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba, Esplugues de Llobregat (Barcelona), Editorial Ariel, 1974, pp. 136-138. 2 Rafael LÓPEZ BARRANCO : La lucha de toda una vida, Córdoba, Ediciones Litopress, 2010, pp. 2021. 3 Juan ORTIZ VILLALBA: « Prólogo. Ernesto Caballero, el hombre tranquilo », en Ernesto CABALLERO CASTILLO : Vivir con memoria, Córdoba, Editorial El Páramo, 2011, pp. 16-17.

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convivencia en casas de vecinos en buena parte ruinosas para optar por la vivienda modernizada e individual en la zona sur (Sector Sur) y Este (Polígono de Levante, Fuensanta-Santuario). Paralelamente, se desarrollaron actuaciones inmobiliarias de calidad fuera del casco histórico y se conformó un área de servicios en el centro-norte del mismo. En consecuencia, se produjo una división socio-espacial entre un sur y este de la ciudad ocupado por las clases populares y un norte y oeste habitado por las más pudientes4. Las nuevas barriadas presentaban unas problemáticas muy diversas dependiendo de dónde se situaran y de su grado de urbanización, pero básicamente se podía concretar en ausencia de las infraestructuras necesarias (alumbrado, acerado, asfaltado, alcantarillado) y equipamientos (escuelas, institutos, bibliotecas, centros de salud, etc). Como hemos indicado anteriormente, en las nuevas barriadas de la periferia se asienta una emigración que en no pocos casos trae sus costumbres, usos, redes personales y tradición familiar izquierdista de sus localidades de origen, desarrollando una homogeneidad social5. Unido a las relaciones personales compartidas en mismos ámbitos laborales, favorecerá que ya a fines de los años 50 el PCE comience a organizar células en barrios como El Naranjo y fábricas como la Cepansa6. Años después, los militantes del PCE se implican en diversas entidades, como el Círculo Cultural Juan XXIII (espacio de encuentro entre la oposición democrática) y el Club Cañero (cuya dirección recaerá en miembros de las Juventudes Comunistas)7. Con posterioridad, también lo harán en las asociaciones de cabezas de familia8. Del mismo modo que las redes personales y militantes del PCE, otro elemento jugará a favor de la aparición de la autoorganización de los barrios : la iglesia de base. A lo largo de los 60 y 70, surgen varios grupos de la JOC, HOAC y cristianos de base 9. Al amparo de ciertas parroquias, tomaron un fuerte impulso tanto grupos de la JOC (barriadas de El Naranjo, Las Margaritas, Sector Sur, Fuensanta, etc.) como clubes de 4 Rafael MORALES RUIZ: Transición política y conflicto social. La huelga de la construcción de Córdoba en 1976, Armilla, Ediciones La Posada-Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 1999, pp. 96-97. 5 Xavier DOMÈNECH SAMPERE : Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977), Barcelona, Icaria Editorial, 2012, pp. 66-68. 6 Ernesto CABALLERO : Vivir con…, pp. 264-266. Ildefonso JIMÉNEZ : Ildefonso Jiménez: Memorias de un comunista, Córdoba, Editorial Puntoreklamo, p. 37. 7 Alfonso NIETO ALCÁNTARA : Relato según mi memoria, Córdoba, Utopía Libros, 2015, pp. 100101. 8 Ernesto CABALLERO CASTILLO : La democracia inconclusa, Córdoba, Utopía Libros, 2015, p. 99. 9 Antonio HENS PORRAS : Memoria de la desmemoria. Crónica de Córdoba, 1946-1977, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba. Delegación de Cultura, 2007, pp. 93-96.

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barrio (San Francisco, Santiago, etc)10. Párrocos comprometidos con su entorno como Domingo García Ramírez (Nuestra Señora de la Aurora, barrio de Fátima), Antonio Pareja García y Francisco Aguilera Jiménez (San Acisclo, barrio de Valdeolleros), Juan Perea Moncayo (Sagrada Familia y San Martín de Porres, barriada del Sector Sur) y Manuel Varo Arjona (Nuestra Señora del Carmen, Villarrubia) ayudarán al desarrollo de movimientos cristianos de base. Pero también se meterán de lleno en la problemática de sus barrios, promoviendo más tarde la respectiva asociación vecinal. Por tanto, como hemos señalado, las nuevas barriadas que iban apareciendo presentaban unas carencias de índole urbanístico. El hecho de tratarse de espacios con una cierta homogeneidad social, donde se desarrollaron redes personales, existía presencia de militantes antifranquistas (en este caso el PCE) y de una iglesia de base favoreció la autoorganización vecinal para tratar de solucionar sus problemas. Con el tiempo, esa necesidad se canalizó a través de asociaciones familiares y de cabezas de familia (primero), y de asociaciones vecinales (después).

El « entrismo » en las asociaciones de cabezas de familia Los comienzos del movimiento vecinal en Córdoba se remontan a 1963, con la fundación de dos entidades: las Asociaciones de Cabezas de Familia de Cañero y la de Fray Albino y Campo de la Verdad11. A lo largo de la década de los sesenta, se fundarían más entidades, siempre bajo la fórmula de asociaciones de cabezas de familia. Como tales, dependían de la Delegación de Familia del Ministerio del Movimiento. En sus primeros años de andadura, participaron en las elecciones municipales por el tercio familiar. A mediados de los setenta, militantes del PCE y del PSOE participaban en las directivas de dichas asociaciones de cabezas de familia, dándoles una orientación más crítica con la gestión municipal respecto a años precedentes. A finales de los sesenta y principios de los setenta, la ACF de Cañero se movilizó en pos de mejoras para su barrio12. En ella, actuaba como socio y asesor jurídico el abogado Joaquín Martínez Bjorkman, miembro del Círculo Cultural Juan XXIII, que con el tiempo sería senador del PSOE. En Cañero, además de la Asociación de Vecinos 10 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 y 15 de marzo de 2012. 11 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, Córdoba, 8 de marzo de 2012. 12 Joaquín MARTÍNEZ BJORKMAN: «El pueblo en los barrios», Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 1976.

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Cabezas de Familia, funcionaba el mencionado Club, algunos de cuyos miembros resultaron detenidos y multados por el Gobierno Civil a causa de su participación en una manifestación13. En 1973, la subida en el precio del billete de autobús urbano y las deficiencias en el servicio provocó una contestación social durante varios días, con boicots de los vecinos del Sector Sur, Las Palmeras, Las Margaritas, Parque Figueroa y Cañero a los autobuses de la empresa Aucorsa. En este caso, convergieron los intereses de los vecinos con la protesta contra la dictadura franquista14. Será la primera ocasión en que las asociaciones de cabezas de familia colaboren entre sí para exigir la mejora del sistema de auobuses. La primera asociación de vecinos propiamente de Córdoba se fundó, al igual que la mayoría de asociaciones de cabezas de familia, en una zona periférica de la capital (el Sector Sur). Se trata de la Asociación de Vecinos La Unidad del Sector Sur, cuya legalización no se obstruyó o demoró, como fue la tónica en 1976-197715. A esta le seguirían otras creadas ex novo, si bien la mayoría de las asociaciones vecinales tendrían su origen en asociaciones de cabezas de familia adaptadas a la nueva legislación a partir de 1977. A comienzos de 1976, parte de las asociaciones de vecinos y de cabezas de familia se ponen de acuerdo para reunirse periódicamente y exigir unas reivindicaciones comunes. Con ello, darían lugar a la Coordinadora de Barriadas16. En estos primeros años, las organizaciones que gozaban de mayor implantación en las asociaciones de vecinos de Córdoba fueron el PCE, la JOC, la HOAC, la OIC y el PSOE17. Las dos primeras movilizaciones que protagonizaron se produjeron con motivo de un un escrito de los presidentes de las ACF y la manifestación autorizada en favor del río Guadalquivir. El escrito de los presidentes pretendía denunciar la subida de precios y el coste de la vida, exigiéndose una serie de medidas (municipalización de los servicios 13 «Actividades de un club», AGA, Ministerio de Información y Turismo, Gabinete de Enlace, Leg. 08871.14. Martínez Bjorkman, Joaquín. 14 JOC. Febrero 1973; ―Jornadas de lucha en Córdoba‖, La prensa. JOC. Hoja informativa nº. 7 [en línea] Disponible desde Internet en: [con acceso el 11-6-2013]. 15 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente AVV ―La Unidad‖ del Sector Sur. 16 « La pregunta de hoy. ¿Qué es la coordinadora de barriadas? », Córdoba, 23 de septiembre de 1976. 17 «La OIC propugna la creación de una comisión gestora municipal. Partido de izquierda revolucionaria con presencia en asociaciones vecinales», Diario Córdoba, 28 de marzo de 1978.

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públicos, mercados en las barriadas, puestos escolares, impuestos equilibrados...) 18. En cuanto a la reivindicación sobre el Guadalquivir, se criticaba cómo el río se había convertido en una cloaca de la ciudad por los vertidos que allí se realizaban y los malos olores. En el transcurso de la protesta, los vecinos pidieron la dimisión del alcalde Antonio Alarcón Constant19. Naturalmente, las asociaciones de vecinos, de cabezas de familia, familiares y socio culturales se dedicaron también a exigir mejoras para sus barrios, como se produjo durante las protestas vecinales de marzo de 1977 en las barriadas de Electromecánicas y Las Palmeras, que motivaron el corte de la carretera por la falta de seguridad a la hora de cruzarla, lo que había causado varios atropellos20. Al mismo tiempo que desarrollaban unas reivindicaciones para solucionar problemáticas específicas de sus barrios, reclamaron mejoras en el servicio de autobuses urbanos, forzando un boicot en 197821. Pero, como además deseaban construir alternativas, potenciaron la cultura popular a través de fiestas y actividades de todo tipo. En pleno proceso autonómico, apostaron por la movilización, participando en las manifestaciones masivas del 4 de diciembre de 1977 y apoyando el Congreso de Cultura Andaluza22. Las asociaciones aunaron esfuerzos y once de ellas promovieron la fundación de una Federación, a pocos meses de las municipales23. La Federación adoptó un papel activo en las demandas del soterramiento de las vías del tren (Plan Renfe), que dividían el Norte y el centro de la ciudad. Así, en 1987, respaldó las movilizaciones de la Plataforma Cívica Pro Estación Renfe, por lo que fueron juzgados cuatro miembros del movimiento vecinal24.

18 Rafael MUÑOZ PEINADO: Envío al Gobernador Civil de Córdoba del escrito ―A la opinión pública‖, AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente ACF del Parque Figueroa. 19 «Se celebró la manifestación (autorizada) en protesta contra la contaminación ambiental», Diario Córdoba, 9 de abril de 1976. Antonio GUERRA: «Crónica de siete días. El mejor alcalde, el Rey», Tierras del Sur, nº. 1, 15 de mayo de 1976. 20 «Gobierno Civil de Córdoba. Memoria 1977, sig. 4.021 », AGA, Ministerio de Gobernación, Caja 32/11.460. 21 « Escaso eco del boicot a los autobuses. No se registraron incidentes », Córdoba, 17 de marzo de 1978. 22 «Córdoba es barrio. La autonomía, clamor popular», Tendillas 7, nº. 9, 3 de diciembre de 1977, p. 6. «Entidades adheridas al Congreso de Cultura Andaluza hasta el 31 de mayo de 1978», AGAN, Fondo Club GORCA, Comisión Promotora del Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839, carpeta Relación y títulos de adhesión al CCA. 23 «Acta de constitución», AGMIR, Expediente Federación de Asociaciones de Vecinos ―Azahara‖. 24 «El fiscal pide siete meses de prisión menor para cuatro miembros de la Plataforma Cívica », Córdoba, 3 de febrero de 1988.

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1979: Ahora empieza todo Las primeras elecciones municipales democráticas de abril de 1979 tuvieron una cierta particularidad en el caso cordobés. El Partido Comunista de España albergaría el mayor número de candidatos/as procedentes de las asociaciones de vecinos (aproximadamente 18 miembros), seguido del Partido Socialista Obrero Español y la coalición conformada por el Movimiento Comunista de Andalucía-Organización de la Izquierda Comunista de Andalucía. En el otro extremo se situaban el Partido del Trabajo de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz. La propia candidatura comunista estaba encabezada por una persona con experiencia en el movimiento ciudadano. Julio Anguita había participado en la Asociación de Cabezas de Familia del Barrio del Naranjo, antes de iniciar su militancia política, primero en las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista y después en el PCE25. En la citada entidad coincidió con Ernesto Caballero, uno de los líderes del PCE cordobés26. Posteriomente, tras ingresar en el partido, ejercería como secretario de la ACF Parque Cruz Conde. En dicha asociación figuraban otros militantes comunistas, como su presidente, el médico Fernando López Sánchez27. En esta primera convocatoria electoral de las municipales, varios factores jugarían a favor de la candidatura presentada por el PCE: -

La capacidad del PCE cordobés para la ocupación de espacios sociales (su capilaridad en la lucha del movimiento obrero, del movimiento ciudadano, del movimiento de mujeres, en las fuerzas del trabajo y la cultura)28.

- La composición sociológica de la ciudad era favorable al PCE por cómo había sabido vertebrar a la población de aluvión que se había asentado en las barriadas periféricas y repolitizarla29.

25 Rosa LUQUE : "No soy comunista 'de misa y olla', reivindico mi parcela de libertad de pensamiento", Córdoba, 10 de marzo de 2013. 26 Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir..., pp. 451-452. 27 «Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 1977», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente Asociación de Vecinos "Al-Andalus" de la Barriada del Parque Cruz Conde. Ernesto CABALLERO CASTILLO: Rafael Martínez Ruiz y Ana Claro Fuentes: forjadores de la libertad, Córdoba, Puntoreklamo, 2012, p. 90. 28 Alejandro RUIZ-HUERTA CARBONELL: El voto comunista en Córdoba, Córdoba, Editorial El Páramo, 2013, p. 233. 29 Julio ANGUITA; Juan ANDRADE: Atraco a la memoria. Un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita, Madrid, Ediciones Akal, 2015, p. 90.

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-

La alianza de una parte de los cristianos de base con el PCE en diferentes espacios (Círculo Cultural Juan XXIII, asociaciones vecinales, clubes de barrio, etc). Según el consiliario de la JOC, Francisco Aguilera, el número dos de la candidatura en calidad de independiente, el abogado Rafael Sarazá (ex presidente del Juan XXIII y ex militante de la OIC), consiguió arrastrar votos30.

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La fuerte abstención que afectó, casi exclusivamente, a la UCD31.

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El acuerdo del Comité Federal del PSOE de situar como candidato a la alcaldía a un supuestamente desconocido Antonio Zurita de Julián (ex Secretario General del PSP y ex vicepresidente de la Asociación Sociocultural de la Barriada de Ciudad Jardín). Ello en detrimento de Joaquín Martínez Bjorkman (asesor de las asociaciones de vecinos), generando un clima de descontento en las bases socialistas. Hasta el punto de registrarse desde comportamientos de resistencia pasiva a campaña en favor de la candidatura comunista32. Antonio Zurita señaló en su entrevista que Manuel Arenas, presidente de la AF Marina Española, perteneciente a la agrupación del PSOE de Parque Figueroa y del grupo de Joaquín Martínez Bjorkman, intentó postularse sin éxito como candidato a la alcaldía. Zurita señaló que, debido a ello, no apoyaron la candidatura33.

Otra característica de las municipales en Córdoba (aparte del destacado número de activistas vecinales en las listas) fue la notable presencia de socios y directivos del mencionado Círculo Cultural Juan XXIII en las candidaturas. Una vez celebrados los comicios, de 27 concejales salieron 13 electos pertenecientes al Círculo34. Las urnas dieron el triunfo como lista más votada al PCE. El nuevo ayuntamiento se constituyó, integrando el gobierno municipal representantes de todos los partidos que habían obtenido concejales (PCE, UCD, PSOE y PSA). Una de las actuaciones más 30 Miguel Ángel PEÑA MUÑOZ: «Los cristianos en el movimiento obrero en Córdoba..., p. 803. «Semana de Andalucía. La única posibilidad de salvación de Andalucía es el cambio al socialismo», Ideal (Almería), 3 de diciembre de 1977. 31 Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los Alcaldes y las corporaciones..., p. 402. 32 ÍD.: Los Alcaldes y las corporaciones..., p. 403. 33 Entrevista oral a Antonio ZURITA DE JULIÁN, Córdoba, 20 de octubre de 2012 (3ª. sesión). 34 Antonio ZURITA DE JULIÁN: Republicano hasta el hueso... , p. 165.

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destacadas de este primer ayuntamiento democrático fueron las políticas de participación ciudadana. Varios factores explicarían esta situación: -

Un ayuntamiento con alcaldía del PCE (grupo municipal más numeroso, por delante de UCD), que llevaba en su programa la descentralización municipal (juntas vecinales) y el diálogo con el movimiento ciudadano.

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La ―coalición‖ que se produciría entre el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, debidas tanto a las redes personales existentes entre comunistas y cristianos de base como a la amplia superposición de los miembros de las AA.VV. con el PCE35.

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Un ayuntamiento en donde dos de los partidos con responsabilidades de gobierno (PCE y PSA) respaldaban de manera decidida a las asociaciones de vecinos.

-

Las políticas de participación ciudadana disfrutaron de una continuidad, favorecidas por la mayoría absoluta del PCA en las municipales de 1983.

Juan Perea, futuro presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ―Azahara‖, destacó en su entrevista los pequeños gestos que manifestó el equipo de gobierno cordobés. Las asociaciones de vecinos resultaban muy cuidadas sobre todo por el PCE, a pesar de la lentitud en la resolución de los problemas. Más adelante, Perea añadió que las buenas relaciones se notaron a los pocos años a través de las inversiones en los barrios (por ejemplo, el gran cambio urbanístico en el Sector Sur se produjo a principios de los ochenta):

«- E: ¿Y notasteis un cambio...notasteis un cambio a partir de las elecciones...? - J: Hombre, notamos un cambio en cuanto a la...a la... Primero, en cuanto a las relaciones personales con los... con el equipo de gobierno de entonces. Hubo un equipo de gobierno en principio... de los tres partidos políticos: el PCA, el PSOE y el Partido Andalucista [en realidad, el PSA] Primero, las relaciones interpersonales fueron inmejorables. Lo que era... la atención, el escuchar y...la atención, el escuchar y el tener en cuenta las reivindicaciones, muy buena. ¿Estamos? Luego después las realizaciones... no tanto. Pero en cuanto a eso, hubo un cambio radical. Yo me acuerdo 35 Clemente NAVARRO YÁÑEZ: «El sesgo participativo..., p. 30.

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que llevaba un mes o por ahí Julio Anguita de alcalde en Córdoba y nos llamó. Nos fuimos. (ríe) Nos citó a las 3 y media de la tarde [...] Llegamos allí y dice la secretaria, la secretaria dice “¿Dónde vais?”. “Pues mira, Julio, que nos ha llamao, nos ha llamao, nos ha dicho que vengamos, que quiere hablar con nosotros”. “Pero está acostao”. “Pues bueno dile que estamos aquí, que a nosotros nos ha dicho esto”. [Julio Anguita] Se levantó... (gesto como de revolverse) Bueno, nos atendió. Eso no se le ocurría a Antonio Alarcón, al alcalde anterior. Y llevaba Julio un mes y medio de alcalde (ríe)»36

Francisco Nieto, ex presidente de la primera asociación de vecinos (como tal) de Córdoba, la A.VV. ―La Unidad‖ del Sector Sur, coincide en el diagnóstico de Juan Perea de la atención o recibimiento a las asociaciones. Para él, la cercanía al movimiento vecinal de los concejales del ayuntamiento obedecía a que varios de ellos habían coincidido en diversas luchas sindicales y ciudadanas. Lo cual no quería decir que no existieran comportamientos individuales ―arrogantes‖ de concejales, que apelaban a los resultados electorales como única fuente de legitimidad:

«Notamos un cambio sobre todo a mejor, porque por lo menos era escuchao. Después oído. Si no escuchao, al menos oído. Que también existía la confianza que habían sido compañeros tuyos en el movimiento asociativo, y si no del vecinal, por lo menos del sindical. Es decir, había gente muy conocida en las batallas que habíamos librado en la parte... en los tiempos de la dictadura juntos. Y bueno... había un cambio de actitud, había un cambio de talante, había... Después, el problema estaba en que individualmente... cada uno de los concejales se tomaba la cosa de forma distinta. Entonces, ha habido quien se ha puesto casi a tu altura por lo menos, ha escuchao, ha oío y se ha puesto a estudiar tus planteamientos, aunque luego te haya tenido que decir que no. Y ha habido quien de antemano te decía “es que mis 80.000 votos en Córdoba me autentifican” […] Entonces actitudes individuales a ese nivel, las había. La actitud genérica no era esa. La actitud genérica pues era la de estar más cercano al movimiento vecinal. Entre otras cosas porque habíamos sido compañeros, tanto del movimiento vecinal como de otros movimientos políticos que se habían movido en Córdoba y habíamos estado juntos. Pero vamos, había un cambio hacia mejor, genérico. Aunque cuando particularizabas con determinados concejales, se les veía la vena de que, por mucho que fueran de izquierdas, el poder les daba otro tipo de funcionamiento»37

36 Entrevista oral a Juan PEREA MONCAYO, 1ª. Sesión. 37 Entrevista oral a Francisco NIETO MOLINA, 2ª. sesión.

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El nuevo ayuntamiento empezó pronto a desarrollar sus políticas de participación ciudadana. Ya en un pleno, a comienzos de agosto de 1979, aprobó la redacción del primer Reglamento de Participación Ciudadana. Sin embargo, la postura de los concejales de UCD y PSOE se impuso en el pleno a los del PCE y PSA, que habían defendido otorgar un papel relevante a las asociaciones de vecinos 38. La Federación de Asociaciones de Vecinos ―Azahara‖ presentó varias alegaciones, entre las que se incluían: 1. Elección democrática de los miembros de las futuras Juntas Vecinales por cada barrio, pudiendo concurrir cualquier vecino. 2. Obligatoriedad de llevar los acuerdos de las Juntas Vecinales a los plenos del Ayuntamiento. 3. Participación con voz, pero sin voto, de todas las organizaciones populares de la barriada en las Juntas (para preservar su independencia). 4. Voz en los plenos y acceso a las actas y cuentas del Ayuntamiento por parte de las asociaciones de vecinos.

Sin embargo, el proyecto de Reglamento no satisfizo al movimiento vecinal, por cuanto consideraba que se habían creado ―ayuntamientos paralelos‖, con Juntas Vecinales en las que tendrían representación por parte de los partidos políticos sólo los cuatro grupos municipales (PCE, UCD, PSOE y PSA). Además, temía que se fortaleciese a los partidos en detrimento de las asociaciones vecinales y que no se buscase una verdadera participación al reforzar el papel de otras entidades (peñas, clubes, etc)39. Por otro lado, la participación ciudadana tenía carácter consultivo y provisional hasta que no se aprobara y desarrollara una nueva Ley de Régimen Local. En suma, lo que se estaba dirimiendo es, por un lado, qué papel se les tenía reservado a las asociaciones de vecinos (si se les consideraba genuinas representantes de los intereses de un barrio o, por el contrario, un actor más). Por otro, qué margen de maniobra iban a tener las futuras Juntas Vecinales (si el ayuntamiento iba a ceder competencias y toma de decisiones en las mismas al tejido asociativo, o si los partidos seguirían gozando de preeminencia).

38 Sebastián CUEVAS: «Revés para el pacto de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba», El País, 4 de agosto de 1979. 39 «Vecinos», AAVSSU, Secretaría.

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A pesar de todo, el Reglamento se aprobó el 18 de octubre de ese año y empezó a aplicarse40. Entre sus principales características, destacaban: 1. El carácter consultivo y provisional de la participación ciudadana por motivos legales. 2. La participación ciudadana en la gestión municipal se articularía por medio de Juntas Vecinales de Barrio y Juntas Locales de Sector. 3. Se constituirían un total de 21 Juntas Vecinales de Barrio y 9 Juntas Locales de Sector (que comprendían las diferentes áreas o comisiones informativas del Ayuntamiento). 4. Cada Junta Vecinal estaría compuesta por un presidente y de 5 a 10 vocales (uno por cada partido político, uno por las asociaciones vecinales, uno por las peñas, uno por las asociaciones de padres de alumnos, uno por las asociaciones culturales y/o deportivas y uno por las asociaciones juveniles). 5. La Alcaldía designaría al presidente de la Junta Vecinal a propuesta de los partidos políticos, siendo los vocales elegidos democráticamente en las asambleas de sus entidades. 6. Atribuciones de las Juntas Vecinales: informar al Ayuntamiento sobre problemas específicos del barrio, proponer soluciones que serían estudiadas obligatoriamente por la Corporación, consulta previa por parte municipal de temas que afectasen al barrio y seguimiento de la gestión municipal en cuanto a asuntos ya aprobados 7. Las Juntas Locales de Sector estarían presididas por un concejal delegado de servicios y de 5 a 11 vocales (uno por las asociaciones de vecinos, otro por las centrales sindicales, otro por los colegios profesionales, otro por las asociaciones empresariales, otro por las asociaciones de amas de casa, otro por las asociaciones para la defensa y protección del medio ambiente, otro por la Universidad, otro por las asociaciones culturales, otro por las asociaciones deportivas, otro por las asociaciones de pensionistas y otro por las organizaciones juveniles). 8. Funciones de las Juntas Locales de Sector: informar al teniente de alcalde delegado de servicios sobre problemas específicos del mismo, proponer

40 «321/79. Participación ciudadana», AMCo, Actas capitulares, Acta del pleno extraordinario celebrado el dieciocho de octubre de 1979, folios 18v-19.

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soluciones alternativas a dichos problemas, consulta previa por parte del teniente de alcalde en materias específicas, seguimiento de la gestión municipal (asuntos ya aprobados)41.

Al mismo tiempo, se contempló la participación del movimiento vecinal (5 representantes de asociaciones vecinales), un representante de la asociación patrimonialista Adelpha, un representante del Círculo Cultural Juan XXIII y un representante del Congreso de Cultura Andaluza en la Comisión de revisión del Plan General de Ordenación Urbana42. Previamente a la creación de las Juntas Vecinales de Barrio, el Ayuntamiento realizó un llamamiento al tejido asociativo43. Finalmente, entraron en funcionamiento a lo largo de 198044. Sin embargo, a las asociaciones de vecinos les disgustaba que la presidencia de las Juntas recayese en concejales, puesto que veían mermada su participación. Además, las Juntas Vecinales de Sector no se pusieron en marcha y, respecto a las Juntas Vecinales de Barrio, no se llegaron a constituir todas (sobre todo las presididas por concejales de UCD y PSOE). De esta forma, esta primera experiencia de participación duraría pocos meses45. Más adelante, se crearía la Delegación de Participación Ciudadana, al frente de la cual se situará el propio Muñoz Peinado. Como parte de la política de participación ciudadana, el Ayuntamiento se preocupa por asegurar la transmisión de información, por lo que en 1982 empieza a publicar El Pregonero. Este boletín municipal va a disfrutar de una mayor continuidad respecto a su antecesor, que había sacado el ayuntamiento salido de las urnas en 197946. Hasta aquí nos hemos referido a las políticas de participación ciudadana. Pero ¿qué hay de las acciones protagonizadas por el movimiento vecinal cordobés ? A pesar 41 «Reglamento de participación ciudadana 1979», AMCo, Caja SF/C 14782 Centros cívicos. 42 «350/79. Urbanismo», AMCo, Actas capitulares, Acta del pleno ordinario celebrado el tres de noviembre de 1979, folios 65v-70v. 43 «Ochenta entidades ciudadanas, cualificadas por el Ayuntamiento para formar parte de las juntas vecinales de Barrio», Córdoba, 2 de febrero de 1980. 44 «Aprobado el funcionamiento de las juntas vecinales de barrio», Córdoba, 13 de marzo de 1980. Rafael MUÑOZ PEINADO: Contestación a Julio Anguita expresándole su opinión sobre las Juntas vecinales (20 de noviembre de 1980), AMCo, Caja 07551. 45 Clemente J. NAVARRO YÁÑEZ: El sesgo participativo: innovación democrática en municipios..., p. 223. 46 Boletín municipal. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, nº. 1, julio de 1979.

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de que éste sufrió ciertos altibajos (que obligarían ya en 1984 a refundar la Federación47) apoyó los encuentros de coordinadoras y federaciones andaluzas. En el Segundo, celebrado en febrero de 1980 en Córdoba, el movimiento vecinal andaluz acordó volcarse en la campaña del referéndum autonómico del 28 de ese mismo mes, pidiendo el Sí a la vía del artículo 151 de la Constitución48. Consciente de la desigualdad de condiciones, las asociaciones vecinales cordobesas pidieron el voto afirmativo a sus barrios a través de octavillas y emplearon simbología andalucista (despliegue de banderas verdiblancas en zonas visibles de los barrios, defendiendo el Sí, edición de boletines informativos con el tema del referéndum)49.

VECINO: CONSIDERA LAS DIFERENCIAS ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN.

ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN.

* Ha sido propuesto últimamente por UCD

* Ha sido aprobado por el 97 % de los Ayuntamientos y las 8 Diputaciones andaluzas

* El Estatuto lo hace el partido del Gobierno, a * El Estatuto lo hacemos los andaluces según su medida y voluntad nuestras aspiraciones * El Estatuto se elabora en Madrid

* El Estatuto se elabora en Andalucía

* Será una ―autonomía‖ permitida

* Será una Autonomía arrancada

DE AQUÍ SE DEDUCE

DE AQUÍ SE DEDUCE

* El capital y el ahorro andaluz seguirán * Controlaremos nuestra riqueza marchándose fuera * Tendremos una mera descentralización

* Tendremos una Autonomía Plena

* El paro seguirá aumentando

* El paro será más fácil de frenar

* Sobre nuestros asuntos se seguirá decidiendo * Participaremos más en los asuntos de en Madrid nuestra tierra VECINO: PIENSA TU VOTO. Nosotros te pedimos el SÍ. Asociación de Vecinos del Santuario ―El Barrio en Marcha‖ Fuente: ―Vecino, considera las diferencias‖, octavilla A.VV. del Santuario ―El Barrio en Marcha‖. Archivo particular de Juan Suárez Cambronero (Córdoba).

47 M.F.: «El movimiento ciudadano será relanzado por la Coordinadora», Córdoba, 1 de julio de 1984. 48 «Por el «Sí» en el referéndum. II Encuentro de federaciones y coordinadoras de asociaciones de vecinos», Nueva Andalucía, 13 de febrero de 1980. 49 «Vocalía de cultura», Valdeolleros. Boletín Informativo de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros, nº. 3, p. 4. «Sí», La Unidad. Boletín A. de vecinos-S. Sur, nº. 4.

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Pero será en el segundo mandato municipal (1983-1987) cuando las políticas de participación ciudadana alcancen su mayor expresión durante el periodo estudiado. En el proceso electoral previo al desarrollo de este segundo mandato, el movimiento vecinal cordobés continuó siendo un activo a tener en cuenta en la confección de listas, con notable presencia de militantes y simpatizantes del PCE-PCA. Este partido incorporó a sus listas al primer presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ―Azahara‖, Leonardo Rodríguez, de la Asociación Familiar de la Barriada de la Electromecánicas. Además, cinco activistas vecinales repitieron en la candidatura comunista. En este caso, el ascendiente de Julio Anguita y la labor de gestión realizada por su equipo de gobierno (que en los últimos años estaba integrado por concejales del PCE y del PSA) le proporcionó una mayoría absoluta. Todo ello limitó las posibilidades del resto de partidos de llevar al pleno concejales electos de las asociaciones de vecinos. Sobre todo, del PSOE-A, pese a que su candidato, Joaquín Martínez Bjorkman, era muy conocido en la ciudad por su condición de senador y al haber ejercido como asesor jurídico del movimiento vecinal. Durante la campaña, Julio Anguita y Joaquín Martínez habían polemizado a cuenta de la ocupación de unos locales municipales por la Asociación de Vecinos de San José Obrero50. PRESENCIA ELECTORAL DEL MOVIMIENTO VECINAL EN LAS CANDIDATURAS A LAS MUNICIPALES DE 1979 Y 1983 (AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 27 CONCEJALES) Candidatura

Nº. Nº. electos candidato Ayuntamient s AA.VV. o 1979-1983 1979

Partido Comunista 18 de España (PCE) Partido Obrero (PSOE)

Socialista 8 Español

Movimiento Comunista de 7 AndalucíaOrganización de la Izquierda

Nº. candidatos AA.VV. 1983

Nº. electos Ayuntamiento 1983-1987

7

18

10

3

8

1

0

-------

--------

50 «Córdoba: La ocupación de unos locales municipales desata los nervios preelectorales de socialistas y comunistas», Ideal, 12 de marzo de 1983.

63

Comunista de Andalucía (MCAOICA) Unión de Centro 4 Democrático (UCD)

2

--------

--------

0

1

0

0

--------

--------

0

--------

----------

Partido Socialista -----de los Trabajadores (PST)

-------

2

0

TOTAL

12

29

11

Partido Socialista de AndalucíaPartido Andaluz 2 (PSA-PA) Partido del Trabajo 1 de Andalucía (PTA) Liga Comunista Revolucionaria 2 (LCR)*

40*

% CONCEJALES ELECTOS

44,44%

40,74%

Fuentes: elaboración propia51. * No se incluyen los candidatos/as de la LCR, al no haber sido proclamada su lista.

51 Libro de socios y Libro de actas, AAVSSU (Archivo de la AV ―La Unidad‖ del Sector Sur, Córdoba). Libro de socios, AVSC (Archivo de la AV ―Santuario‖, Córdoba). Libro de socios y Libro de actas, AAVNSB (Archivo de la AV ―Nuestra Señora de Belén‖, Córdoba). «Acta de constitución de la Asociación Socio Cultural Barriada de la Ciudad Jardín de Córdoba» (Córdoba, 2 de octubre de 1976), AAZJ (Archivo particular de Antonio Zurita de Julián, Córdoba). «Expediente Asociación de Cabezas de Familia Vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino», AGA, Fondo Ministerio de Presidencia, Asociaciones del Movimiento, (09) 017.021 44/9209, «Expediente Asociación de Cabezas de Familia del Parque Cruz Conde, de Córdoba», 1975, AGA, ídem fondo, Caja 44/09247; y «Expediente Asociación de Cabezas de Familia de Valdeolleros», 1976, AGA, ídem fondo, (09) 017.021 Caja 44/09282. «La OIC propugna la creación de una comisión gestora municipal. Partido de izquierda revolucionaria con presencia en asociaciones vecinales», Diario Córdoba, 28 de marzo de 1978. «Relación y títulos de adhesión al CCA», AGAN (Archivo General de Andalucía), Fondo Club GORCA, sección Congreso de Cultura Andaluza, Leg. 4839. «Asociación de Vecinos Arrabal del Sur del Campo de la Verdad y Fray Albino», 1976, AGMIR (Archivo General del Ministerio del Interior, Madrid), Registro de Asociaciones, Expediente nº. 18.287. «Representantes Consejo de Distrito nº. 10», AMCo, Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de Distrito. Boletín Municipal. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, nº. 1, 1979. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 41, 19 de febrero de 1979, pp. 300-303. Maribel RAMOS: «Los barrios exigen», Tierras del Sur, nº. 19, 20 de septiembre de 1976, pp. 24-25. «Los candidatos de UCD en Córdoba (I)», Diario Córdoba, 22 de

64

Tras las elecciones municipales de 1983, en ese mismo año se aprueba un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Esta vez no elaborado por los partidos políticos, sino por el mismo movimiento vecinal a partir de las conclusiones de unas Jornadas sobre Participación Ciudadana, celebradas en noviembre de 198252. Entre sus características, figuraban: 

Las Juntas Vecinales de Barrio y Locales de Sector son sustituidas, respectivamente, por Consejos de Distrito y Consejos Locales de Sector.



Se constituyen 15 Consejos de Distrito y 10 Consejos Locales de Sector.



El Consejo de Distrito estaría formado por un presidente y entre 5 y 10 vocales.



El Presidente y el Secretario serían elegidos en la sesión constitutiva del Consejo de Distrito, entre sus miembros, pudiendo resultar revocados si estaban de acuerdo dos tercios del mismo.



Los vocales del Consejo estarían compuestos por un representante del Ayuntamiento, otro por cada asociación vecinal que existiese en el Distrito y el resto se elegía en Asamblea General de Vecinos entre las entidades del

marzo de 1979. «Los candidatos de UCD en Córdoba (II)», Diario Córdoba, 24 de marzo de 1979. «Esta es tu candidatura. Por una Córdoba diferente para una Andalucía libre. Vota P.T.A.», Diario Córdoba, 24 de marzo de 1979. «La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos apoya el plan municipal sobre Renfe», La Voz de Córdoba, 6 de mayo de 1983. «Arrabal del Sur rompe relaciones con el Ayuntamiento», El Pregonero: Semanario de información municipal, nº. 50, 17 de enero de 1987. Entrevistas orales a José LARIOS MARTÓN, Córdoba, 3 y 12 de mayo de 2012. Ernesto PARRA: «El PSOE se retira del Ayuntamiento de Córdoba», El País, 14 de noviembre de 1981. Ernesto CABALLERO CASTILLO: Vivir..., pp. 451-452. Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los Alcaldes y las corporaciones..., pp. 59, 65-82 y 92-94. «Francisco Téllez Naranjo», Ateneo de Córdoba, 2009, http://www.ateneodecordoba.com/index.php/Francisco_Téllez_Naranjo. «Libro de socios», AAVSAV (Archivo de la A.V. ―San Acisclo‖ de la Barriada de Valdeolleros). «Libro de socios» y «Libro de actas», AAVEP (Archivo de la AV El Parque). «Libro de socios» y «Libro de actas», AAVLP. «Libro de socios», AAVCN (Archivo de la AV Cañero Nuevo). «Acta de constitución de la Federación», AGMIR, Registro Nacional de Asociaciones, Expediente nº. 232. Federación de Asociaciones de Vecinos de Córdoba “Azahara”. Alicia VAÑÓ BUENO: «Felicitación de la presidenta de la AVV La Luz al nuevo concejal de Participación y Relaciones Ciudadanas y comunicación de los representantes en el Consejo de Distrito (Córdoba, 20 de julio de 1983)», AMCo, Archivo Intermedio, Caja 03907, Participación ciudadana, Acuerdos plenarios Constitución Consejos de Distrito. «Nuestra asociación. Su historia», Lepanto. Boletín informativo de la A.VV. Unión de Levante, nº. 001, abril 2010. Jesús PADILLA GONZÁLEZ: Los Alcaldes y las corporaciones..., pp. 111-113 y 122-130. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, nº. 79, 9 de abril de 1983. «Nueva junta de la Asociación de Vecinos de Valdeolleros», Diario Córdoba, 13 de diciembre de 1977. Rosa LUQUE: «Florentina Rodríguez, o las ansias de libertad. Los alcaldables», Diario Córdoba, 15 de abril de 1983. Conversación telefónica con Florentina RODRÍGUEZ BORREGO, 29 de enero de 2015. 52 Ignacio MUÑOZ DE LA ESPADA BELLO: Certificado del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día siete de abril de mil novecientos ochenta y tres, AMCo, AI/C 03099, Acuerdos plenarios sobre reglamento de participación ciudadana y posteriores modificaciones

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mismo. 

Funciones de los Consejos de Distrito: informar y plantear alternativas a los problemas del Distrito (Ayuntamiento y otros organismos), proponer soluciones que tendrían que ser discutidas obligatoriamente por la Corporación, consulta previa por parte del Ayuntamiento en temas que afectasen al Distrito, participar con voz en las Comisiones Informativas donde se tratasen temas del Distrito, previa comunicación a su presidente; revisar y controlar los acuerdos tomados.



Funciones de los Consejos Locales de Sector: informar al Ayuntamiento o al Delegado de servicios, comprometiéndose éste a resolver los problemas en los órganos competentes del consistorio; proponer alternativas a los problemas del sector, con posibilidad de intervenir en las comisiones informativas previa comunicación; consulta previa por parte del Delegado en asuntos que sean de trascendencia del sector y participar en los seguimientos de la gestión municipal (asuntos ya aprobados).



La Corporación Municipal facilitaría a ambos Consejos el presupuesto ordinario, desglosado por partidas y programas, con la suficiente antelación para que pudieran sugerir tanto al presupuesto ordinario como el de inversiones.



La Corporación Municipal facilitaría a ambos Consejos los órdenes del día de los plenos, comisiones informativas y comisión permanente. Posibilidad a ambos Consejos para intervenir con voz en el Pleno, previa comunicación al alcalde antes de las 12h del mismo día.



Facilitar la representación de las asociaciones vecinales en los Consejos de Administración de las cuatro empresas públicas municipales.



La Delegación de Participación Ciudadana velaría por el cumplimiento de los acuerdos de los diferentes Consejos, se reuniría cada tres meses con todos ellos y al menos una vez al año con cada uno, elaboraría de un programa de actividades

priorizando el gasto y cubriría los costes de

organización y comunicación de los Consejos. 

Obligación por parte del Ayuntamiento de convocar referendos locales en asuntos de interés general, previa consulta a las asociaciones vecinales.



Creación por parte del Ayuntamiento de centros municipales en todos los 66

barrios, dotados de sede para las asociaciones vecinales, biblioteca, etc53.

Con este nuevo Reglamento, teóricamente el margen de maniobra de las asociaciones vecinales se ensanchó de forma considerable. No sólo porque en un plano organizativo incrementaban su número de representantes (uno por cada asociación del distrito) y la elección del presidente del Consejo de Distrito no dependía en exclusiva de los partidos políticos del Ayuntamiento. También por todas las posibilidades que ofrecía participar en comisiones informativas (donde se trataban los asuntos sobre los que tenía competencia la corporación), que se les formulasen consultas sobre el presupuesto (lo que ayudaba a detectar necesidades en los barrios), conocer previamente el orden del día de plenos y comisiones (información sin la cual no es posible participar), poder intervenir en los plenos (además de transmitir las inquietudes de los barrios, que se pudiera comunicar con poca antelación facilitaba hacer uso de este recurso), que el alcalde tuviera en cuenta su criterio en caso de convocatoria de referendos locales (lo que ya daba a entender que se valoraba su representatividad, al margen del número de afiliados), tener derecho a subvenciones para actividades y funcionamiento (por parte de la Delegación de Participación Ciudadana) y estar presente en los Consejos de Administración de Empresas Públicas Municipales (con lo que conllevaba de labor de control y de velar por los intereses populares). El nuevo Reglamento resultaría aprobado meses antes de agotar el primer mandato, por el PCA, PSA y PSOE, votando en contra la UCD54. Paralelamente, la política informativa del Ayuntamiento pasaría por seguir publicando El Pregonero, ofreciéndole además a las asociaciones la posibilidad de recoger sus aportaciones en el boletín55. En cuanto a la Delegación de Participación Ciudadana, se nombraría como titular de la misma a Antonio Santacruz Fernández, antiguo socio de la A.VV. ―San Vicente Ferrer‖ (la entidad más veterana de la ciudad al comenzar como asociación de cabezas de familia). Años después del arranque del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, desde el tejido asociativo vecinal primaban tres actitudes ante el mismo: de rechazo, de 53 Reglamento de Participación Ciudadana. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 1983, Archivo de Juan Suárez Cambronero. 54 «Los vecinos entrarán, por fin, en el Ayuntamiento», La Voz de Córdoba, 8 de abril de 1983. 55 «Informe de la gestión realizada por la Junta Directiva de la Federación en el periodo: junio 85/julio 87», AAVLP, Secretaría.

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dudas o de apoyo. Esto ponía de manifiesto las distintas sensibilidades y divergencias del movimiento vecinal hacia la gestión del ayuntamiento en esta materia56 De hecho, que existieran buenas relaciones en general entre el equipo de gobierno municipal y el movimiento vecinal no impidió que hubiera algunos desencuentros e incluso rupturas. A comienzos de 1987, la Asociación de Vecinos ―Arrabal del Sur‖, ante el presunto olvido municipal del barrio y la actitud supuestamente despectiva de algunos concejales, decidió abandonar el Consejo de Distrito, no asistir a reuniones que convocara el Ayuntamiento, no colaborar en actos municipales e informar al barrio de la situación57. A finales del segundo mandato, se sentaron las bases para la creación de un nuevo órgano (el Consejo del Movimiento Ciudadano) y se suscribió un convenio Ayuntamiento-movimiento vecinal que delegaba parcelas de poder en las áreas de Cultura, Participación Ciudadana y Deportes. De esta forma, el movimiento vecinal cordobés consiguió corresponsabilizarse en determinadas tareas municipales: -

Presentar un proyecto de actividades culturales, para las cuales se destinaría una tercera parte del presupuesto de la Delegación de Cultura y acordar el resto de proyectos de ésta.

-

Programas las actividades anuales de la Concejalía de Participación Ciudadana, reservándose el delegado de área un presupuesto de libre designación.

-

Los Consejos de Distrito gestionarían las Escuelas Municipales Deportivas en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes58.

Conclusiones En el texto nos hemos referido a Córdoba como una ciudad con unas particularidades que influyeron en el desarrollo posterior del movimiento vecinal. Así pues, ¿qué le hace singular respecto a las capitales de provincia cercanas? En primer lugar, una intensa emigración a la capital desde pueblos con una cierta tradición

56 Juan PEREA MONCAYO: «El movimiento ciudadano a debate», El Pregonero: quincenario local, nº. 42, 16-31 enero 1986, p. 12. 57 «Arrabal del Sur rompe relaciones con el Ayuntamiento», El Pregonero: Semanario de información municipal, nº. 50, 17 de enero de 1987. 58 «Los acuerdos del convenio. Rentabilidad y consecuencia de la participación» y «Avance de la Democracia Participativa. El Gobierno Municipal delega parcelas de poder», El Pregonero: Semanario de información municipal, nº. 62, 29 de abril de 1987.

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izquierdista (en particular de la Campiña) y el asentamiento de esta población de aluvión en barrios de la periferia. En segundo lugar, el desarrollo de redes personales. En tercer lugar, la presencia en los mismos de células del PCE, cristianos de base y otras fuerzas políticas (si bien en menor medida). En cuarto lugar, el carácter pionero de las asociaciones de cabezas de familia cordobesas respecto a sus homólogas andaluzas, así como la participación de militantes clandestinos del PCE y del PSOE a mediados de los 70. Como quinta característica, la continuidad de la mayoría de las asociaciones de cabezas de familia, adaptadas a la nueva legislación como asociaciones vecinales. En sexto lugar, la alianza entre sectores cristianos y el PCE, favorecida por espacios de encuentro como el Círculo Cultural Juan XXIII. En séptimo lugar, unas primeras elecciones municipales que arrojan como resultado que el PCE sea primera fuerza, con notable presencia de activistas vecinales en su candidatura. Por último, una apuesta del mismo por las políticas de participación ciudadana, que serán apoyada en particular por otra de las fuerzas de izquierda con representación en el Ayuntamiento, el PSA. El movimiento vecinal cordobés, al igual que sus homólogos andaluces, se implicó en la reivindicación de mejoras para los barrios y la exigencia de participación popular en los ayuntamientos. Por otro lado, potenció la cultura popular a través de fiestas de barrios, la programación de diversas actividades y el apoyo al Congreso de Cultura Andaluza. Además, supo sumar a buena parte de las asociaciones dentro de una coordinadora (posteriormente federación) en torno a un proyecto de ciudad. Esta coordinación resultó crucial durante la campaña del referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980, conforme se fueron negociando con el ayuntamiento el desarrollo de políticas de participación ciudadana (especialmente durante el segundo mandato municipal) y con motivo de las movilizaciones en pro de una nueva estación de ferrocarril en 1987.

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Militantes, sacerdotes escorados a la izquierda y demócratas en España entre 1965-1985 frente a las nuevas preocupaciones de los obispos

Juan Antonio Delgado de la Rosa Gredos San Diego Cooperativa

Para los obispos, en una sociedad democrática y pluralista, era de vital calado el tipo de legislación emitida por el Estado. Se vieron desbordados por la misma transición que ellos habían alentado entre 1965 y 1978, comenzando en la década de los 80 una postura más escorada al conservadurismo y el dogmatismo. ¿Cuáles fueron los motivos?

Es iluminador al respecto leer dos intervenciones de Fernando Sebastián Aguilar, Secretario de la Conferencia Episcopal Española y hombre fuerte de la misma: una conferencia en el Club Siglo XXI, el 5-12-1983, sobre La vida religiosa y moral en la Sociedad democrática española1; y también la Carta abierta a los amigos de “Iglesia Viva”2. Recogemos algunas expresiones de la primera intervención de 1983 que, iluminan este camino de regreso involutivo. En la página 57 declara Fernando Sebastián: ―En pocos países habrá una información religiosa más pobre y más distorsionada que en España. Lo religioso en sí mismo no interesa, simplemente se utiliza‖ y en la página 59 explicita: ―No se admite que la Iglesia pueda imponer su paraguas ético sobre las libres actuaciones y decisiones legales de las instituciones políticas… cuando censuramos el 1 2

Iglesia Viva número 109 (1984), pp. 49-67. Iglesia Viva número 110-111 (1984), pp. 241-249.

71 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

proyecto de despenalizar el aborto…‖. En las páginas 60-61 comenta: ―Si nuestro patrimonio ético proviene de la tradición cristiana, no por eso un Estado y un Gobierno no confesional han de verse obligados a desconocerlo o transformarlo artificialmente, porque la alternativa para ser demócratas no puede ser el vacío moral y la pura arbitrariedad de quienes en cada momento estén en condiciones de controlar el poder social real…‖ En la Carta abierta a los amigos de “Iglesia Viva” Fernando Sebastián comentaba uno a uno los puntos de una declaración del Consejo de Dirección de “Iglesia Viva”, que él interpretaba como una crítica a los planteamiento del episcopado. Pero, a continuación, el mismo consejo respondía a Fernando Sebastián, recordándole que él había sido Director de la Revista y que la línea de trabajo de ésta no había sido nunca ocultar temas y enfoques trascendentales para el futuro de la fe y de la Iglesia en España, aunque no coincidieran con las preocupaciones y prioridades de quienes entonces componían mayoritariamente la Conferencia Episcopal Española. Porque en estas preocupaciones de Fernando Sebastián y de los obispos de entonces se descubría que, aun asumiendo teóricamente el pluralismo religioso y cultural, no se aceptaba el hecho sociológico de la secularización que atribuían a campañas de los enemigos de la Iglesia, empleando sus energías en luchar contra la permisividad moral del gobierno en vez de enseñar a los cristianos a vivir en una sociedad plural y secularizada. Hay un cierto olor a incienso en estos planteamientos, quizás algo de añoranza a elementos del nacional catolicismo, quizás una esperanza en que la fe cristiana volviera algún día a ser fuente de unidad en Europa. La verdad es que los obispos se sentían en cierta forma arrinconados por el Estado, donde se les instaba y animaba a que la fe católica se redujera a ser un hecho religioso privado para que no diera lugar a la reconquista de una sociedad hispánicamente católica. Aquí podemos afirmar, con Rafael Díaz Salazar, que aunque la fe cristiana tiene siempre una relevancia pública, lo que no se puede es desear lo que antes había y parecía que en los años ochenta se imponía pasajeramente en Polonia, la patria del papa:

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―un plan organizado de recatolización y resacralización de todas las esferas de la vida social‖3.

Laicismo, secularismo y relativismo de la sociedad. Prado del Rey en “laicidad positiva” En 1974 se constituyó el nuevo Comité asesor religioso de Televisión Española, relevo del desaparecido Seminario de programas Religiosos4 a quien correspondía orientar dicha programación en la década de los 60, ocupando entonces la presidencia del Comité monseñor José Guerra Campos, obispo de Cuenca5. Me gustaría reseñar, siquiera brevemente, los múltiples problemas que se desarrollaban una década después de aquella presidencia de Guerra Campos con respecto al trato que recibían en la televisión pública, suprimiendo programas y celebraciones. Un ejemplo de ello es que el 8 de diciembre de 1979 la retrasmisión de la eucaristía de la fiesta de la Inmaculada no fuese televisada, sin que se diese ninguna explicación por ello. Los obispos estaban en los inicios de los 80 muy preocupados por la excesiva politización que veían en Televisión Española. Este tema lo trataron monográficamente en la XIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en mayo de 1980. Para los obispos la televisión debía ser orientada hacia el servicio a las familias. Para ello el Estado debía ser el legislador junto con los profesionales, para que pudiera nacer una televisión sin violencia, sin sexo, sin consumismo materialista que segrega la publicidad. En definitiva, una televisión prevalentemente ética y estética. No aceptaban en ningún modo una televisión de partido único o una televisión de y con muchos partidos donde fuera prevalente las motivaciones políticas como eje primordial de todo. Cuando José María Calviño tomó posesión de la Dirección General de RTVE, nombrado por Felipe González tras ganar las elecciones de 1982, cesó como asesor religioso a José María Martín Patino, cargo que había mantenido mientras estaba Robles Piquer. El gesto de Calviño, visto desde el prisma de un Estado laico parecía coherente pues no se veía por qué se iba a necesitar un asesor religioso. La declaración de la Iglesia no se hizo esperar y Fernando Sebastián escribía en la revista Ecclesia con fecha

3

Rafael DÍAZ-SALAZAR: El capital simbólico, Madrid, HOAC, 1988, pp. 41. 92 y 118. La Vanguardia sábado 25 de octubre de 1969, p. 7. 5 La Vanguardia viernes 17 de mayo de 1974, p. 27. 4

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26 de febrero de 1983 que: ―Es realmente un ejercicio de violencia espiritual pretender imponer un laicismo militante a esta sociedad que no es laica‖. La actitud del PSOE no cambió, y en diciembre de 1983 cesaron a Paloma Gómez Borrero como corresponsal ante el Vaticano, a petición de Enrique Vázquez, director de informativos en aquellas fechas, al cual, evidentemente por la misma razón anterior, no le parecía que en un Estado laico debiera tener interés por los hechos del papa y el Vaticano. La Iglesia vuelve a interpretar muy negativamente este hecho6. Ciertamente, a partir de 1983, como consecuencia del triunfo socialista en las elecciones generales de 1982, la Iglesia jerárquica española se confrontaba con el gobierno no sólo en la cuestión de los medios públicos de comunicación sino, sobre todo, en los frentes de la educación y el ámbito moral. Los grupos católicos más conservadores entendían que estas luchas venían provocadas por laicismos antirreligiosos o por estatalizaciones que mutilaban las libertades de la Iglesia. Por su parte, los grupos de católicos más progresistas consideraban que la Iglesia debía saber perder su hegemonía, sin considerar como cuestiones religiosas para todos los ciudadanos lo que para los mismos son cuestiones culturales o antropológicas: enseñanza, divorcio, aborto. El malestar de los obispos, expresado reiteradamente desde 1982, provenía del desajuste entre el carácter totalizador que ha tenido la doctrina católica y los requerimientos pluralistas que la nueva sociedad en transición democrática planteaba en el ámbito social, cultural y político. Estos problemas se extienden durante toda la década de los 80. Podemos leer al respecto en el periódico ABC el titular Televisión, contra la Iglesia7, donde se tacha a Prado del Rey de mostrar su prisma más avieso y tendencioso en el trato a la Iglesia católica. La prueba de ello, dice el texto periodístico, es que en el programa Vivir cada día, fueron invitados curas casados para atacar la doctrina y jerarquía. Acaba el texto afirmando que estas realidades tienen como elemento fundamental descristianizar España, impulsada por el sector más radical del gobierno socialista. La familia El 6 de julio de 1979 los obispos españoles habían hecho público el documento titulado Matrimonio y familia, que trataba sistemáticamente de todos los aspectos relacionados 6 7

Cf. DIARIO YA de 9 de enero de 1984. ABC, 17 de abril de1985, p. 19.

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con la institución familiar, donde se abordaron los temas de relaciones prematrimoniales, la difusión de técnicas anticonceptivas, la trivialización de la sexualidad, la limitación de la natalidad, las dificultades económicas que sufría la familia y, sobre todo, se detuvieron en el problema del aborto, preocupación máxima de muchos creyentes. Para los obispos lo que estaba en juego era el mismo derecho fundamental de la vida humana y era un contrasentido que se quisiera legalizar el aborto precisamente en nombre de la libertad8. Este tratamiento respondía a una concepción moral rígida y codificada que privaba al conjunto del documento de valor pedagógico. Promulgaron unas normas generales que no enseñaban a la gente a vivir concreta y prácticamente el amor y la familia de un modo ético y cristianamente positivo. Muchos católicos habían seguido ejerciendo en estos temas una libertad de conciencia y de opción moral frente a enseñanzas morales no infalibles y posiblemente equivocadas de la jerarquía eclesiástica. El documento Matrimonio y familia, en cuanto a sensibilidad y apertura ética, quedaba muy por debajo de lo propuesto por algunos teólogos de la segunda mitad del siglo XVI. Un ejemplo puede ser Luis de Molina, que tenía una idea clara de que en las exigencias de la ley moral se da una multiplicidad de niveles y de que hay cosas muy fundamentales que difícilmente se pueden ignorar de buena fe, mientras que otras, en cambio, son mucho menos claras y pueden resultar inasequibles incluso para gente sincera y con sentido de la moral. En el momento actual, cuando la ciencia ha avanzado mucho en el conocimiento de la naturaleza humana y plantea más interrogantes que certezas, buena cosa sería que el magisterio de la Iglesia se hubiera manifestado tan prudente, al menos, como Luis de Molina y no hubiera querido definir de manera tajante el contenido de la supuesta ley natural. Los obispos, condenando sin más, en nada ayudaban a que las personas que iban a vivir las experiencias prematrimoniales, lo hiciesen de un modo éticamente valioso. Era más necesario un clima de comprensión y acompañamiento en el respeto y el diálogo fraterno. En 1982, en concreto el 2 de noviembre, Juan Pablo II en su visita a España, en la Plaza de Lima de Madrid, por la tarde, celebró una eucaristía para las familias cristianas. Es 8

XXXI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Matrimonio y familia, Madrid, BAC 1979.

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muy interesante estudiar los discursos de Juan Pablo II en su primera visita a España, como elementos desestabilizadores en el momento histórico español. Vamos a aproximarnos brevemente a ellos y, para este menester, seguiremos, por un lado los mismos discursos del papa, publicados por la Conferencia Episcopal Española y por otro lado la revista Iglesia Viva9.

Militantes, sacerdotes escorados a la izquierda y demócratas no compartían estos planteamientos, y sostenían que no eran definiciones infalibles; creían que se trataba de problemas muy complejos, en los que la conciencia de muchas personas, creyentes o no creyentes, podían disentir; finalmente, que los católicos, ante un magisterio falible, que no llegase a convencerles, tenían el derecho y, eventualmente el deber, de atenerse a su propia conciencia. Pensaban que era indispensable que los ciudadanos católicos fuesen capaces de vivir la libertad personalizada de la conciencia, de tomar sus decisiones políticas. Por otro lado, pensaban también que de no generarse estos mecanismos en las personas podrían dejar en manos de la jerarquía eclesiástica el constituirse como poder fáctico absolutista, incompatible claramente con la democracia y con el principio de soberanía popular. La ley del divorcio La religión católica es un elemento sin el cual no se puede interpretar la historia de España y, por tanto, ignorar esto es un error político. También hay que reconocer otro hecho significativo, como es la singularidad de la Iglesia católica en España, que ha mantenido posiciones conservadoras, en intervalos de tiempo muy continuos. Lo importante es que la democracia tiene que aceptar esta realidad en un Estado aconfesional. El documento de la Conferencia Episcopal Española de 18 de junio de 1971, Sobre la vida moral de nuestro pueblo10, hacía ya referencia a la denuncia hecha pública por la jerarquía católica de diversos países contra leyes que autorizaban el divorcio, el aborto y la eutanasia. Que los obispos se iban a manifestar y pronunciar rotundamente a favor de la estabilidad matrimonial era evidente. Los obispos veían de forma tajante las zonas de 9

AA.VV., ―Lecciones de un viaje papal‖, Iglesia Viva nº 104, 1983. Monográfico sobre las intervenciones de Juan Pablo II. Especial mención el artículo de Joan Llopis sobre la decepción del viaje de Juan Pablo II a Cataluña, pp. 163-173. 10 Documentos Colectivos del Episcopado Español, 1870-1974, Madrid, BAC 1974, pp. 472-480.

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peligro social que el divorcio civil iba a suponer. Por ello defenderán nítidamente la indisolubilidad como algo que brota de la misma realidad conyugal. Para los obispos el divorcio no era un derecho de la persona y llegaban a afirmar, que es una puerta abierta a la generalización del mal. Años después, cuando los obispos celebraban la XXVII Asamblea Plenaria el 26 de noviembre de 1977, en España se estaba elaborando la Constitución, que marcaría un rumbo futuro de vida nacional. Una Constitución que debería ser la base de un amplio consenso comunitario sobre el cuadro de valores que debía sustentar y dar sentido al edificio legislativo de España y que además establecería con honestidad las reglas del juego para el pluralismo político y social. Al Estado correspondería permanentemente reconocer y tutelar esos valores. Para los obispos, las directrices de valor universal, debían estar presentes y ancladas en la conciencia humana universal11 porque conllevan la esencia de la dignidad humana que reconoce que todos los hombres tienen los mismos derechos fundamentales. Su reconocimiento y vigencia constituyen parte integrante del bien común. Proclamar la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres humanos, está exigiendo el respeto a los derechos ajenos y la responsabilidad en el ejercicio de los propios. Entre 1979 y 1980, el ministro Iñigo Cavero y Eugenio Nasarre, Director General de Asuntos Eclesiásticos, intentaron convencer a los obispos de las bondades de la Ley del divorcio. Los obispos no aceptaron, como era de prever los planteamientos sobre el tema e iniciaron una verdadera campaña de opinión sobre el tema, publicando un libro conjunto: El nuevo sistema matrimonial y el divorcio, redactado por los canonistas de las universidades de Pontificia de Salamanca y Comillas, Lamberto Echevarría y Carlos Corral, y por el de la Universidad de Navarra, Carmelo de Diego, hablando de inconstitucionalidad de la norma, porque en la Constitución de 1978 se reconocía la libertad de contraer matrimonio civil o canónico y la ley convertía a éste de hecho en un matrimonio civil, atentando así contra la familia, que la propia Constitución se comprometía a proteger. La Conferencia Episcopal Española, entre el 25-27 de junio de 1981, sacaba a la luz una nota en la que se decía que la ley del divorcio dañaba gravemente la estabilidad de la familia.

11

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Documentos Colectivos del Episcopado Español sobre Formación Religiosa y Educación (1969-1980), Madrid, EDICE 1981, pp. 420-427.

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Eran muchas las voces que también en la Iglesia se manifestaban en torno a la aceptación del divorcio. Encontramos la voz del reconocido profesor de moral en la Universidad Pontificia de Comillas y en Instituto Superior de Ciencias Morales, Marciano Vidal, expulsado por Ángel Suquía de la enseñanza en el Seminario de Madrid. Marciano Vidal planteaba que el divorcio civil se iría imponiendo12, entendiendo la libertad de conciencia interpretada desde el propio concilio Vaticano II, como libertad social y civil, procurando que el ordenamiento jurídico fuera justo en su formulación y en sus posibles interpretaciones, aunque no respondiera exactamente a los criterios religiosos. Inmediatamente esto es contestado por la Comisión Permanente del Episcopado, con un comunicado fechado el 8 de febrero de 1979, donde se expresaba que el Estado no podía regular legislativamente el divorcio con independencia de la doctrina de la Iglesia. Como vemos, dos posturas radicalmente enfrentadas. La Iglesia retomaba el Concordato de 1953 sin tener en cuenta que el Estado, en una sociedad plural desde el punto de vista cultural y religioso y constitucionalmente no confesional pues la Constitución llevaba aprobada ya dos meses, había de considerarse habilitado para regular el divorcio en cumplimiento de su misión: promover el bien común. La Iglesia, evidentemente, podía mantener legítimamente su postura y criterio sobre la indisolubilidad del matrimonio católico e incluso declararlo obligatorio para sus fieles, pero no podía imponer dicha postura al conjunto de los ciudadanos. El episcopado volvió a la carga casi al año de haberse aprobado la Constitución. El 23 de noviembre de 1979, publicó un texto titulado Instrucción colectiva del Episcopado español sobre el divorcio civil13, que en su número 3 planteaba el rechazo moral a ―una ley que introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vínculo quedase a disposición de los cónyuges‖. Este documento fue muy criticado por Joaquín García Roca en el Diario de Valencia de fecha 2 de febrero de 1981, donde disentía totalmente de los presupuestos antropológicos, morales y eclesiales que subyacían en la Instrucción. La base de la crítica era la obsesión del episcopado por no renunciar a un modelo de Estado confesional ni a su querencia al nacionalcatolicismo. 12

Marciano VIDAL: “La conciencia cristiana ante el divorcio civil‖ en Pastoral Misionera 5 (1974), pp 50-59. 13 Ecclesia, 1960 (1979) 1526-1527. AA.VV., preguntas de unos teólogos a sus obispos (a propósito de su reciente Instrucción sobre el divorcio civil); Pastoral Misionera 8 (1979) pp. 703-705. La carta no recibió respuesta oficial.

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En marzo de 1981 la ejecutiva de UCD estudió el borrador de ley elaborado por el ministro de Justicia, el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez. Los democristianos de UCD rechazaron el texto por su incompatibilidad con algunos principios de la doctrina católica. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la propuesta fue elevada al Parlamento, donde sería votada el 7 de abril de 1981. Esta ley, obra de un ministro de la UCD, salió con el apoyo del PSOE. ¿Pero quién era Fernández Ordóñez? ¿Y qué supusieron sus planteamientos rupturistas? Francisco Fernández Ordóñez, principal representante de la familia socialdemócrata pidió a Suárez en el nuevo gobierno nombrado en septiembre de 1980 la cartera de Asuntos Exteriores o la de Justicia. Fernández Ordóñez fue a parar al Ministerio de Justicia, desplazando a Iñigo Cavero que se puso al frente del Ministerio de Cultura. Cavero ya le había explicado que Adolfo Suárez era un hombre de firmes convicciones religiosas y practicante de un catolicismo conservador, por lo que no tendría especial interés en un proyecto divorcista muy progresista. Además, su mujer, Amparo Illana, vinculada al Opus Dei, era enemiga del divorcio. Así lo aseguraba Gregorio Morán, quien señalaba ―el peligro que entrañaba dejar en manos de un socialdemócrata el proyecto divorcista‖14. Fernández Ordóñez, efectivamente, había publicado un libro donde se mostraba partidario del divorcio e, incluso, del aborto15. En el proyecto de Ley de Ordóñez se asumía el cese efectivo de la convivencia conyugal como causa del divorcio, se reducía a un año el plazo desde la interposición de la demanda de separación y también se establecía una reducción del plazo de la separación de hecho, pasando a dos años; además, el simple cese efectivo de la convivencia durante dos años daba derecho al divorcio, a petición de uno sólo de los cónyuges. Además, la separación se concedía a petición de uno por causa legal en el otro. El Nuncio, Antonio Innocenti, se vio obligado a intervenir y el 27 de enero de 1981 se entrevistó con el ministro Fernández Ordóñez, estando también presentes Luis Apostúa, Director General para Asuntos Religiosos y el claretiano Luis Gutiérrez, Vicario Judicial y posteriormente Obispo Auxiliar de Madrid y sucesor, tras su jubilación, de Antonio Palenzuela en Segovia. Para el Nuncio en España era una sociedad plural, pero que en ella había mayoritariamente una defensa del humanismo 14

G. MORÁN: Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, Planeta 1979, p. 352. Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ: Hablamos de la España necesaria. Madrid, Taurus, 1980, pp. 231232. El proyecto de ley de F. Ordóñez se encuentra publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1980, pp. 868/23-868/38. 15

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cristiano, mientras que Fernández Ordóñez, al haber hecho posible la introducción del divorcio consensual, había dado paso al ideal marxista, partidario de eliminar la familia. Ironías del destino: el día en que fue aprobada la ley, el 22 de junio era, al mismo tiempo, el de la festividad de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, ambos mártires de la Iglesia por haberse opuesto al divorcio de Enrique VIII. Pero también era el día en que Fernández Ordóñez cumplía 51 años. La conclusión que sacaron de todo este acontecimiento histórico los obispos, es que la ley del divorcio abrió un portillo a la descomposición de la familia16. Pero fue en tiempos del gobierno socialista donde comenzaron a desmontarse todas aquellas leyes que suponían un orden moral. Los obispos planteaban que no por tener votos, los políticos podían entrar en el poder como en una finca propia y por eso reiteraban el derecho primario y prevalente que los padres tienen de dar a sus hijos el tipo de educación mejor. El derecho de los hijos, conculcado por la ley del divorcio, piensan los obispos que es el más grave. Los obispos proclaman que esta campaña de divorcio, aborto y no a la religión en las escuelas tiene sus raíces ideológicas en el materialismo y marxismo ateo17. Protección de la vida: aborto, eutanasia y manipulación genética Estos temas, junto a la enseñanza religiosa y la familia, sirvieron de puente y constituyeron una estrategia para volver a influir en las leyes del Estado. Se suele decir en los documentos del magisterio que sobre esto no se dan normas sólo para católicos, sino para todos porque son cosas de ley natural. Pero la Iglesia se postula en ellos como intérprete de la misma. Así estos temas sirven para radicalizar a católicos ultraconservadores y añorar la estrecha vinculación de la Iglesia y el Estado que se vivió durante el nacionalcatolicismo, aunque no se quiera entender. Los documentos de CEE dedicados a cada uno de estos temas desde 1982 son abundantes. En ellos se ve el contraste con lo que preocupaba a algunos de los obispos, Fernando Sebastián y Elías Yanes, entre 1972 y 1982. Cambiaron con las orientaciones del papa Wojtyla. 16

AA.VV. Los obispos denuncian al PSOE, Pamplona, editorial Sancho el Fuerte, s/f, donde se pueden leer expresiones como estas, en sus páginas 13-14: ―Sea cual fuere el desenlace mundial de la confrontación marxismo-liberalismo-sionismo-masonería contra el nombre cristiano, ciertamente la situación es de auténtico polvorín para la Iglesia en España: el divorcio, la LODE, el aborto… España nos la están volviendo rápidamente y masivamente pagana…‖ 17 AA.VV., Los obispos denuncian al PSOE, Pamplona, editorial Sancho el Fuerte, s/f, pp. 57-60.

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Un nuevo papa comenzó, en los primeros quince meses transcurridos desde su elección el 18 de octubre de 1978, tomando decisiones desconcertantes. En enero de 1979 intervino en Puebla, México, durante la celebración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), con un ataque muy duro contra la Teología de la Liberación. En este mismo año la Congregación para la Doctrina de la Fe amonestó severamente al teólogo Bernard Häring, concretamente en febrero de 1979. Otro hecho relevante en marzo de 1979 fue el rechazo que mostró el Vaticano a Oscar Romero, arzobispo en El Salvador, asesinado el año siguiente, el 24 de marzo de 1980. También el teólogo holandés Edward Schillebeeckx había sido procesado en 1979 por la Comisión de la Doctrina de la Fe. El 15 de diciembre de 1979 fue inhabilitado el profesor Hans Küng. El 22 de noviembre de 1981, en un documento titulado Familiaris Consortio, el papa había insistido en prohibir el acceso a la Eucaristía a los divorciados que se habían vuelto a casar18. La visita del papa a España en 1982, hizo preguntarse al cardenal primado, Marcelo González, ¿Qué queda de la España católica?, respondiendo:

―En el pensamiento queda mucho; en los sentimientos aún más; en las costumbres, cada vez menos‖19.

El tournant de la diplomacia vaticana tras el acceso de Woytjla al pontificado motivó un endurecimiento de las posturas eclesiásticas a lo largo de 1980. El sector más conservador de la Iglesia española, tras la llegada de Carol Wojtyla al pontificado, se sintió muy reforzado y acentuó mucho las críticas contra la apertura liberal que había hecho Adolfo Suárez desde dentro del régimen. Estas críticas contribuyeron a la pérdida de autoridad del presidente en el interior mismo de su partido UCD y, en parte, motivaron su decisión de dimitir como presidente del gobierno. Influida por los nuevos aires combativos de la Iglesia de Wojtyla, parte de la derecha que había apoyado a Suárez como poder moderador, se inclinaban ahora hacia unas posiciones más defensoras de los valores tradicionales de España. La reviviscencia del nacional-

18

J.A. COMES: ―Iglesia del año 2000: ¿Reforma o restauración?‖, Pastoral Misionera, 145 (1986), p. 173. Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI el 22 de mayo de 1979. Veáse al respecto el tomo “perspectivas de una España democrática y constitucionalizada”. Ciclo de Conferencias pronunciadas durante el curso 1978-1979 III (Madrid 1979), p. 305. 19

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catolicismo fue un hecho visible a lo largo de todo el año 1980 con un sector de la Iglesia preocupado por el tratamiento que el gobierno daba a cuestiones como las universidades católicas o el divorcio. El papa Juan Pablo II, persistía constantemente en el mantenimiento de la ortodoxia moral20, se presentaba a estos obispos, que veían en el gobierno y en muchos cristianos la ambigüedad como norma, como garante de seguridad, haciendo fuerte mella en ellos su invitación a superar las ideas de ―inseguridad-miedo‖. El papa visitó así en 1982 a una Iglesia en un estado bastante confuso, que pasaba de tener una tradicional presencia y un influjo determinante a una situación de rechazo e irrelevancia en muchos sectores de la ciudadanía. Juan Pablo II llegó a España en el momento que se estaba consolidando la transición político-social. El viaje revitalizó esta pasividad y alentó algo más a los cristianos. En el reverso de la moneda estaba el laicismo oficial, el agnosticismo cultural y el permisivismo moral, convencidos de que la modernidad y la secularización de las conciencias e instituciones acabaría con el modelo sacramental y trasnochado de la Iglesia. Surge en este contexto un anticlericalismo intelectual contra Roma y todo lo que representa normas morales con el magisterio en la mano como sana doctrina sobre el divorcio y la homosexualidad. Sobre el aborto la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe publicó un documento el 5 de octubre de 1974. Del 5 de febrero de 1983 es la nota de la Comisión Permanente La vida y el aborto y la 38ª Asamblea Plenaria del Episcopado publicó el 25 de junio de 1983 un documento sobre La despenalización del aborto. En el bienio 1985-86 el

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José María DÍEZ ALEGRÍA: Yo todavía creo en la esperanza. El credo que ha dado sentido a mi vida. 25 años después. Bilbao, Desclée de Brouwer 1999, pp. 141-142: ―En Santo Tomás el carácter legalista de las normas de la conciencia está muy atenuado… yo creo que el concepto que tiene Tomás de Aquino de las verdades de orden moral está muy alejado del que propugna la encíclica Veritatis Splendor (6 de agosto de 1993. Números 76-79) del papa Juan Pablo II que es de un objetivismo heterónomo extremado. Porque Santo Tomás hace una distinción, muy digna de notarse, entre lo que es verdad en lo especulativo y lo que es en lo práctico, en lo referente a la conducta. Según Santo Tomás, la verdad de la inteligencia especulativa consiste en la conformidad del entendimiento con la realidad, mientras que la verdad de la razón práctica consiste en la conformidad del entendimiento con el apetito recto. Parece, pues, que para él la verdad práctica se mide por la opción fundamental hacia el bien, sinceramente mantenida, cuyo cumplimiento se pretende y se busca. También es muy significativa la singular energía con que el mismo Santo Tomás pone de relieve la necesidad de seguir el dictamen de la propia conciencia racional, y no imposiciones externas contrarias a él.‖

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episcopado publicó hasta seis documentos sobre el tema del aborto21. La Ley orgánica de la despenalización del aborto se aprobó en julio de 1985. El sistema de enseñanza y la guerra de los catecismos Solamente había pasado un lustro de la proclamación del texto constitucional y ya estamos escribiendo nuevamente sobre ―guerra entre Gobierno e Iglesia‖, que empezó, sobre todo, con motivo de la Ley sobre el aborto a partir de la cual la Iglesia se sintió desautorizada como instancia mentora del escenario histórico. Y esa mutua agresividad se iba a acrecentar con ocasión de los temas sobre la enseñanza y sobre los textos de religión o catecismo aprobados para las escuelas pública, que es lo que se ha llamado ―guerra de los catecismos‖. El modelo de la enseñanza franquista, impuesto por el Concordato de 1953 estaba claro que era inaceptable al pasar a un régimen de convivencia democrática, donde la fe ya no se imponía por coacción a los ciudadanos22. Aunque es verdad que a partir de 1970 la Ley de Villar Palasí23 había suavizado levemente la imposición de la enseñanza religiosa. La llamada ―Guerra de los catecismos‖24, tenía dos polos bien diferenciados. Por un lado, la dogmática actitud de algunos políticos socialistas y, por otro, la cerrada réplica de un ancho estrato de la opinión confesional, obstruían todo camino de solución, 21

Comité Ejecutivo (71ª), 12 abr 1985: Ante el fallo del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto; Comisión Permanente (107ª), 10 mayo 1985: Despenalización del aborto y conciencia moral; Asamblea Plenaria (42ª), 28 jun 1985: Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto; Oficina de Información, 16 nov 1985: Extracto del comunicado final de la XLIII Asamblea Plenaria de la CEE. Tras la despenalización del aborto; Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, 25 sep 1986: Al año de la despenalización parcial del aborto; Asamblea Plenaria (45ª), 22 nov 1986: Nota sobre el aborto. 22 Fernando URBINA: ―Función social de la enseñanza. Cultura, ética y religión‖, Pastoral Misionera 1-2 (1979) pp. 17-30. 23 BOE nº 187, 6 de agosto de 1970, pp. 12525-12546. Podemos destacar el artículo primero: ―Son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades la formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad, inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción social y el fomento del espíritu de convivencia. Todo ello de conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino‖. 24 R. JEREZ AMADOR DE LOS RÍOS; A.Mª GARCÍA ARMENDÁRIZ: ―Educación‖, en ALZAGA, O., Un año de socialismo, Barcelona, Argos Vergara 1984, p. 229: ―Si hay algo que le resulta molesto al gobierno es la existencia de una enseñanza privada cuantitativamente amenazante y cualitativamente reconocida como superior a la pública. Esta realidad da a este estado de guerra fría unas especiales connotaciones si se tiene en cuenta que gran parte de los colegios privados pertenecen a la Iglesia Católica. Por ello, se hacía necesario resucitar las latencias anticlericalistas que pudieran existir en la sociedad española. Creemos que por esta causa, fundamentalmente, surgió la llamada guerra de los catecismos‖. J. OTERO NOVAS: El Régimen constitucional español en 1978. Perspectiva desde mis experiencias, Madrid, Editorial Ruan, 1986, p. 51: ―El PSOE y el PC…su condición para el pacto era la supresión del derecho a existir de Centros Privados con ideario o carácter propio, y por supuesto la colocación de la libertad de cátedra con derecho absoluto…‖.

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bloqueando un tema que despertaba una amplia capacidad de movilización. Al aparecer en el escenario la LODE, el artículo 27 de la Constitución25, que fue el resultado de un compromiso y que mantiene una serie de ambigüedades en su redacción, trasladaba el problema y las tensiones a las negociaciones para hacer esta ley orgánica de la educación. Pero recordemos los hechos fundamentales. La polémica surgió de la publicación sin previa autorización ministerial para uso como textos de religión en las escuelas públicas de estos dos catecismos que hacían referencia al aborto: Catecismo de 5º de EGB (Camino, verdad y vida) Sabéis muy bien que el hombre antes de nacer se forma en el seno de la madre, en las entrañas mismas de su cuerpo. Esta vida nueva que empieza es un don de Dios. Y merece todo respeto. Destruirla es atentar contra una vida humana, aunque el ser concebido no haya visto todavía la luz….El respeto absoluto a la vida humana, ninguna persona, institución, privada o pública, puede ignorar. Por ello quien negare la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente (tema 10, página 81).

Catecismo de 6º de EGB (Las Huellas de Dios) El bienestar que nos dan los medios de consumo está posibilitando la desmoralización de nuestra sociedad. Sabemos que hay mucha hambre y subdesarrollo, pero nosotros 25

Este es el texto íntegro el artículo 27: 1. ―Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establezca‖.

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gastamos cada día más. Sabemos que hay paro, y nosotros cada día queremos acumular más dinero para malgastar. La más pequeña dificultad se convierte en un gran escollo y el hombre ataca a costa de quien sea, hasta matar: guerras, aborto, terrorismo, etcétera (capítulo 5º, página 47)

Para Antonio Palenzuela, todo este problema de los catecismos sólo podía explicarse pensando que el poder político se creía el centro del universo, que no había otras realidades. Para monseñor Palenzuela esta postura del gobierno le parecía que estaba al servicio de un sectarismo o fanatismo radical, al estilo de una República Popular del Este. Para el obispo Palenzuela este incidente fue el más grave de la joven democracia española. Para Antonio Palenzuela estaba claro que, detrás de estas actitudes, había hombres doctrinarios empujando para que desapareciera una enseñanza confesional26. El gobierno realmente, quería censurar en los catecismos escolares las palabras pronunciadas por el papa sobre el aborto. Por su parte los obispos, no aceptaban ningún corte en los catecismos, aludiendo a los acuerdos Iglesia-Estado, donde en su artículo VI, se reconoce que a la jerarquía eclesiástica le correspondía señalar los contenidos de la enseñanza y religión católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico, relativos a dicha enseñanza y formación27.

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M. VELASCO ÁLVARO: Entrevista a monseñor Antonio Palenzuela, ABC, domingo 25 de septiembre de 1983, sección Religión, pp. 45-46. 27 El art. VI del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 se dice: ―A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación‖. Este acuerdo recoge estos cánones del Derecho Canónico: canon 804.1: ―Depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación social; corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y compete al Obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma. 2. Cuide el Ordinario del lugar de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica‖; canon 827: ―En las escuelas, tanto elementales como medias o superiores, no pueden emplearse como libros de texto para la enseñanza aquellos libros en los que se trate de cuestiones referentes a la Sagrada Escritura, la teología, el Derecho Canónico, la historia eclesiástica y materias religiosas y morales que no hayan sido publicados con aprobación de la autoridad eclesiástica competente‖ y canon 775: ―Compete a la Conferencia Episcopal, procurar la edición de catecismos para su territorio‖.

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Otro frente estratégico de movilización contra el franquismo. La Juventud Comunista de Catalunya más allá de la Gran Barcelona*

Cristian Ferrer González Universitat Autònoma de Barcelona

La Juventud Comunista en la historiografía La irrupción de una movilización obrera y estudiantil de nuevo cuño en los años cincuenta impuso un cambio en la estrategia de lucha de los comunistas contra el franquismo. El trabajo entre las masas fue ganando complejidad y, junto al obrero, el frente estudiantil cobró protagonismo. A lo largo de los sesenta el Partido Comunista de España (PCE) y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) realizaron un esfuerzo organizativo —y no sólo propagandístico— para ampliar su influencia a éstos y otros sectores: a los previos, se le sumaron el de comarcas, campesino o el de mujeres. Entre ellos, uno de los que centraría sus esfuerzos fue el trabajo entre los jóvenes a través de sendas organizaciones juveniles: la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y, en tierra catalana, la Joventut Comunista de Catalunya (JCC). Resulta evidente que las organizaciones comunistas juveniles no han centrado la atención preferente de los investigadores. Si bien disponemos de estudios desde diversas perspectivas y de gran interés sobre las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU),1 a estas alturas solamente podemos dar cuenta de una monografía que haya

Esta investigación forma parte del proyecto HAR2015-63657-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español, así como de mi tesis doctoral en desarrollo. Investigador predoctoral en el

87 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

centrado su análisis en la Juventud Comunista durante la dictadura franquista.2 En este sentido, el presente texto ni podría ni pretende ser una historia pormenorizada de la JCC. En gran parte el esfuerzo sería baldío, puesto que disponemos de una excelente monografía al respecto.3 Su ambición es más modesta. Se trata de señalar el papel fundamental que la JCC jugó en un microcosmos particular fuera del área industrial de Barcelona:4 la ciudad y el hinterland de Tarragona. Las fuentes que se manejarán aquí son fragmentadas. Aunque he consultado las series documentales completas de la JCC depositadas en el fondo del PSUC del Arxiu Nacional de Catalunya, he tenido que recurrir a otras fuentes para tratar de reconstruir el proceso de formación y desarrollo de este movimiento juvenil. Por un lado, he utilizado la documentación del PSUC disponible en el Archivo Histórico del PCE, especialmente los informes de organización en comarcas y la correspondencia entre los comités de base y la dirigencia del partido. Por otro lado, en el Archivo Histórico del Trabajo – Fundación 1º de Mayo he podido consultar los boletines clandestinos que la JCC publicaba, algunos de ellos de muy corta vida y de difícil localización. Un cierto número, aunque no todos, están también disponibles en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Educación español y muchos otros lo están en el Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que han sido también objeto de esta investigación. Por último, he consultado el dosier sobre «comunismo» elaborado por el Gabinete de Enlace entre el Ministerio de Información y Turismo y el Ministerio de Presidencia del gobierno, disponible en el Archivo General de la Administración. Centre d‘Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEFID-UAB) y miembro del Grup de Recerca sobre l‘Època Franquista (GREF), podéis poneros en contacto conmigo a [email protected]. 1 Ricard Viñas: La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1978; Juan Manuel Fernández Soria: Juventud, ideología y educación. El compromiso educativo de las Juventudes Socialistas Unificadas, València, PUV, 1992; Carlos Alejo Casado Gómez: ―De la Unión de Juventudes Comunistas a la Juventud Socialista Unificada‖, en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.): Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977, Vol. 1, Madrid, FIM, 2007, pp. 285-298. 2 Xavier Domènech: Temps d’interseccions. La Joventut Comunista de Catalunya (1970-1980), Barcelona, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 2008. Hay referencias parciales sobre la JCC en Rafael Arcil, Andreu Mayayo y Antoni Segura (eds.): Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya. Els joves de la transició, vol. IV, Barcelona, Edicions UB, 2003; Albert Herbera: ―J.M. Céspedes i la Joventut Comunista de Catalunya (1976-1982)‖, en Celestino Sánchez, et. ali.: Jotaeme. La joventut del comunisme, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2006, pp. 17-80; Pedro A. Heras: La oposición al franquismo en las comarcas de Tarragona (1939-1977), Tarragona, Mèdol, 1991. 3 Xavier Domènech: Temps d’interseccions. 4 En el texto utilizo el término de «Gran Barcelona» para referirme al conglomerado metropolitano que tenía en radio de unos 50 kilómetros la ciudad de Barcelona como centro neurálgico. Tomo el término acuñado en su estudio clásico por Sebastian Balfour: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), València, Ed. Alfons el Magnànim, 1994, pp. 59 y ss.

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Con todo, este texto no es más que una aproximación fragmentada e incompleta a un frente de trabajo estratégico del PSUC a partir del caso tarraconense.

La ciudad, el cambio económico y el cambio social

Promovido por el Instituto Nacional de Industria, Tarragona experimentó a lo largo de los sesenta un acelerado proceso de industrialización, especialmente intenso en el sector petroquímico.5 Si bien Reus contaba con una larga tradición textil y, el Camp de Tarragona en su conjunto, de producción vitivinícola, la ciudad de Tarragona antes de 1955 no contaba con ninguna industria puntera y su tejido industrial se fundamentaba en pequeñas empresas del subsector químico, del textil y alimentarias, en su mayoría de capital extranjero. La entrada de divisas tras la implementación del Plan de Estabilización de 1959 favoreció la industrialización intensiva de la zona. Sin duda, las facilidades fiscales y a la política pública de construcción de macro polígonos contribuyeron decisivamente y, para los inversores, aquella fue una operación altamente rentable. Por otro lado, la demanda de mano de obra atrajo enormes contingentes desde las zonas limítrofes y, especialmente, desde otras regiones. Entre 1955 y 1975 la población de Tarragona aumentó en un 157%. En 1970 uno de cada dos jóvenes de 15 a 24 años y el 62,6% de adultos hasta los 44 que residían en Tarragona habían nacido en otras provincias. La absorción poblacional que padecieron los municipios vecinos no afectó a su sector primigenio. Tras un proceso de mecanización y de expansión de las zonas de regadío, la producción agrícola aumentó, si bien su valorización tendió a la baja. Así, las nuevas factorías pertroquímicas y de productos asociados convivieron con la tradicional industria textil y la agroalimentaria. La ciudad contaba, además, con un sector de la construcción importante producto de la misma construcción de los enclaves 5

He reseguido el proceso industrializador a través de las ―Memorias de Gestión de Gobiernos Civiles‖ de Tarragona correspondiente a los años 1960, 1962, 1963, 1965, 1966 y 1968 conservadas en el Archivo General de la Administración (AGA), Gobernación, cc. 44/11314, 44/11331, 44/11463, 44/11696, 44/12141 y 52/00487; Joaquim Margalef: El Tarragonès. Estructura económica, expansió industrial i desequilibris sectorials, Barcelona, Caixa d‘Estalvis de Catalunya, 1979; Josep Llop Tous: La industrialització de Tarragona (1957-1971) i les seves circumstàncies, Tarragona, Arola, 2002, pp. 33130; Carme Molinero: ―Recuperació econòmica i canvi social‖, en Borja de Riquer (dir.): Història, política, societat i cultura als Països Catalans. La llarga postguerra, 1939-1960, Vol. 10, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, pp. 298-301.

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industriales que fue nutrido, en buena medida, por trabajadores precarios procedentes de la inmigración des del mezzogiorno español. Así las cosas, en los años setenta Tarragona se había convertido en una moderna metrópolis, en la segunda área industrial de Catalunya. La industrialización cambió la fisonomía de la ciudad y transformó su tejido social. La cara b del enriquecimiento por parte de los industriales, fue el cambio drástico de vida que la industrialización trajo consigo. Rafael Fernández Martínez, gobernador civil de la provincia, en un informe elaborado en pleno proceso industrializador, relataba: «Subsisten los mismos problemas sociales […] muy poco se ha avanzado en lo que respecta a la situación de la vivienda, prosiguiendo la anarquía de construcción de barracones y chabolas [… que] han adquirido extraordinario desarrollo, de manera especial en Reus y Tarragona».6 Las organizaciones antifranquistas tuvieron que trabajar en aquel contexto, a mundo contra él, y, en ese proceso, se convirtieron en algo distinto a la vez que transformaban el marco en el que se movían. En este sentido, considero de interés traer a colación el caso de la JCC en Tarragona, puesto que fue la principal organización juvenil de masas del antifranquismo en una región, ciertamente, particular en dónde el desarrollo de la JCC también lo fue. Resulta además sugerente porque la JCC consiguió ser ahí mucho más que las juventudes del PSUC: se erigió en el centro articulador de la práctica totalidad del movimiento antifranquista, tal como se desgranará a lo largo de este texto.

El génesis de un nuevo movimiento juvenil La reconstrucción de las juventudes comunistas se inició en los primeros años sesenta. Las JSU habían sido abandonadas a principios de la década anterior, casi podríamos decir que habían caído en desuso, por la necesidad de fortalecer al partido. La renovada UJCE —que recuperaban la histórica denominación de las juventudes del PCE— era producto del cambio estratégico adoptado por los comunistas. Éstos habían 6

Después de interceder entre los responsables de l‘Arxiu Històric Provincial de Tarragona (AHPT) y la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, di con la pista que permite desmentir que esta documentación hubiese desaparecido, tal y como inicialmente se me informó. Sin embargo, el proceso de catalogación es lento y falto de recursos económicos, por lo que es de suponer que la consulta íntegra y sistemática de estos interesantes documentos va para largo. Las citas provienen de los extractos recogidos en Pedro A. Heras: La oposición…, pp. 29-30, fechados probablemente a mediados de 1962. Agradezco a Pedro Heras su amabilidad al atender mis dudas al respecto.

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iniciado un gran período transitorio después de la huelga de marzo de 1951 en Barcelona y del fracaso del jornadismo de 1956-1958, período en que, sin embargo, las oscilaciones en la línea estratégica fueron permanentes. Un periodo que podemos dar por concluido tras las huelgas de Asturias de la primavera de 1962 en que el PCE y el PSUC fijaron definitivamente su política de actuación en el movimiento obrero a través del nuevo instrumento surgido de la propia acción huelguística, las Comisiones Obreras (CCOO).7 Tras el III Pleno del Comité Central, celebrado en octubre de 1961, el PCE aprobó la reconstrucción de la UJCE: «Todo el mundo reconoce el papel jugado por la juventud en los últimos acontecimientos» huelguísticos de 1962, decía, por lo que se instaba a todos los comités del partido a impulsar espacios de organización autónoma para la juventud comunista con el fin de potenciar el antifranquismo como movimiento social y no exclusivamente político.8 La estrategia de los comunistas por fomentar el trabajo en el movimiento obrero a través de CCOO tuvo su propio correlato juvenil con el impulso de las Comisiones Obreras Juveniles (COJ). En esta primera etapa de desarrollo de las JC,9 las COJ fueron la base desde dónde crecería el nuevo movimiento juvenil a partir de la década siguiente. Las primeras COJ aparecieron en 1967 y lo largo del año siguiente se habían extendido ya por las barriadas de las principales ciudades: desde Barcelona, Badalona, Sabadell o Terrassa, proliferaron mucho más allá del segundo cinturón metropolitano. A inicios de 1968 ya existían grupos de la COJ en Reus y en las barriadas tarraconenses de Torreforta y Bonavista, aunque sería en 1969 cuando saldrían a la luz pública durante las acciones del 1º de mayo.10

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En ello coinciden la mayoría de estudios sobre la temática. Sin voluntad de ser exhaustivo, cfr. Sebastian Balfour: La dictadura, los trabajadores y la ciudad, pp. 80-81; José Babiano: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 233 y ss.; Carme Molinero y Pere Ysàs: Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 141, 154 y 262-263; Íd. Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, L‘Avenç, 2010, pp. 30-31; Emanuele Treglia: Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012, p. 123; Xavier Domènech: Temps d’interseccions, p. 46. 8 PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA: ―Carta a todos los comités del Partido sobre las medidas para acelerar la reconstrucción de la Unión de Juventudes Comunistas de España‖, 25/7/1962, AGA, Ministerio de Información y Turismo (MIT), Gabinete de Enlace (GE), Comunismo, c. 42/9099, cp. 8. 9

Me referiré a las organizaciones comunistas juveniles de ámbito local como «JC» y, a partir de 1970, utilizaré JCC, por ser las siglas que se dieron. 10 Josep Mª Pardell: ―Carta de Sitges‖, 26/3/1968, Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Nacionalidades y Regiones (NyR), Catalunya, jj. 1873-1874; Pedro A. Heras: La oposición…, p. 32.

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Sin embargo, hasta 1969 la JC era fundamentalmente una realidad circunscrita a la Gran Barcelona. Ciertamente, existían ya algunos núcleos incipientes en Lleida, Tarragona o Reus, aunque en realidad la documentación tiene a no diferencias entre JC y COJ. Además, la dependencia de los comités locales del PSUC y su trabajo más político-propagandístico que social hace que difícilmente podamos comparar su grado de desarrollo al de organizaciones como las de Badalona, Sabadell o, especialmente, Terrassa. En la Gran Barcelona, la JC había estado actuando fundamentalmente en dos frentes: COJ y las llamadas Comisiones de Estudiantes de Bachillerato (CEB). La organización de los bachilleres en comisiones no llegó a producirte en Tarragona, pero sería a través de estos sectores a inicios de los setenta que la JC tarraconense incrementó sus contingentes y pudo ir más allá de la base tradicional de los comunistas. Allí donde existían, las estructuras orgánicas entre estos CEB y las JC a menudo eran indistinguibles. Ello acarreó un gran coste represivo durante el Estado de Excepción de 1969.11 El hecho aceleró el proceso de coordinación nacional de las JC dispersas en el territorio catalán. Barcelona, Terrassa, Sabadell, Badalona, Baix Llobregat, Blanes, Manresa, Lleida, Baix Ebre y Reus eran las agrupaciones participantes en la reunión constituyente de la JCC.12 De quienes concertaron la cita, sólo la JC de Mataró no pudo finalmente acudir. Resulta sorprendente que no asistiera ningún delegado de Tarragona, a pesar de contar con un pequeño grupo organizado dependiente del comité local del PSUC. Pedro Heras ubica la primera etapa de la JC tarraconense muy intensamente vinculada a la de Reus y, especialmente, a la persona de Josep Colomé, quien fuera responsable de la JC reusense, por lo que no podría descartarse que Reus acudiera a la asamblea constituyente de la JCC en representación de las comarcas del Camp de Tarragona en su conjunto. En cualquier caso, hasta primeros años setenta la JC tuvo escasa actividad y siempre supeditada al PSUC. El comité local del partido parecía no comprender la necesidad de mantener dos estructuras orgánicas y los jóvenes que ingresaban a través de la JC eran transferidos al poco tiempo al PSUC. En un informe sobre la situación del partido en comarcas, se leía sobre Tarragona:

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Miquel Núñez: ―Carta de Saltor‖, 8/3/1969, AHPCE, NyR, Catalunya, j. 1899. ―Acta de la reunión constituyente de la Juventud Comunista de Cataluña‖, 6/1970 [30/5/1970], AHPCE, Organizaciones juveniles, JCC, c. 153. 12

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Queda por realizar la formación de una dirección amplia de la juventud y el que los camaradas de la dirección local del Pdo. dejen «volar por sus propias alas» a estos camaradas jóvenes, entre cuyos dirigentes hay chicos estupendos. Es natural que los camaradas del Pdo. les ayuden tal como hasta ahora han venido haciendo, pero no deben perpetuar el método de asistir a todas y cada una de las reuniones que llevan a cabo los camaradas jóvenes.13

El primer espacio propiamente juvenil en el que actuaron los comunistas en Tarragona fue el Club de Jóvenes.14 Constituido en 1965 al amparo del Arzobispado, el Club contaba con secciones excursionista, teatral, musical, deportiva y se realizaban sesiones de cine-fórum, amén de conferencias. Sus locales estaban situados en la parte alta de la ciudad y devinieron en un espacio de encuentro de la juventud tarraconense ideológicamente plural: convivían en él catalanistas, cristianos, trotskistas y comunistas, bajo hegemonía inicial de la Juventud Obrera Católica (JOC).15 Sin embargo, la primera JC tarraconense nació con un problema de extracción social que no se superaría hasta primeros años setenta: Los jóvenes en Bonavista solían empezar a trabajar muy pronto (16-18 años) y de militar en alguna parte preferían hacerlo directamente en el PSUC y CCOO, donde lo hacían sus propios compañeros de trabajo, sintiéndose por ello más cómodos. También es cierto, que a la hora de relacionarse siempre existió una cierta falta de sintonía entre los jóvenes comunistas de los barrios como Bonavista o Torreforta, con los que lo hacían en el centro de la ciudad pues, en general tenían orígenes, niveles culturales, formas de vida, gustos y problemáticas bastante diferentes. Por otro lado, otro factor a tener en cuenta era el de la lengua: a la hora de expresarse los de los barrio eran en su mayoría castellanoparlantes y los del centro de la ciudad catalanoparlantes.16

Y es que, de hecho, era en los espacios vivenciales donde las COJ y las JC estaban conseguido articular más exitosamente un movimiento amplio de jóvenes en demandas de tipo estructural y en el seno de las organizaciones de barrio. 17 En Tarragona, sin embargo, aquello no había ocurrido todavía. La debilidad del PSUC

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Josep Serradell: ―Carta de Miró‖, 4/6/1969, AHPCE, NyR, Catalunya, jj. 1912-1913. Cfr. Salvador-Joan Rovira i Gómez: El Club de Joves (1965-1976). El ressorgiment de la cultura catalana i catalanista a Tarragona, Tarragona, CEHS, 2010. 15 Josep Serradell: ―Carta de Miró‖, 3/7/1969, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 58, cp. 5. 16 Entrevista a Mª. Carmen Almonacid, recogida en Federico Bardají: Banavista, una biografía social, Tarragona, Silva, 2015, p. 136. 17 ―Reflexiones sobre organización‖, 4/1969, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 52, cp. 3. 14

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hasta muy avanzados los años sesenta no hacía viable desviar recursos hacia otras estructuras organizativas y, en todo caso, los jóvenes obreros participantes del incipiente movimiento vecinal —en virtud de jóvenes del barrio— en Bonavista, Torreforta o la Floresta, optaban por hacerlo todavía a través del PSUC —un partido ciertamente joven en su composición— en lugar de en unas JC recluidas en el centro de la ciudad y faltas de autonomía orgánica real. En efecto, la estela que dejaban las CCOO en su extensión territorial era recorrida por los jóvenes obreros en las barriadas y éstos, de un modo natural, tendían a agruparse en torno a otros jóvenes como ellos. Lo hacían en las parroquias, clubes de futbol u otros espacios juveniles de los barrios y no tanto en la ciudad. A esos grupos se les llamó COJ. Sin embargo la dinámica que adquirió los años siguientes la JCC dejó caducas las COJ y, salvo en casos con una alta capacidad de movilización y diversificación en sus actuaciones como en Terrassa, éstas tendieron a desaparecer en los años setenta. La dirección del PSUC destacaba que «las COJ se han transformado en lugares de enfrentamiento […] faltas de jóvenes trabajadores de las grandes empresas», hecho que las reducía a «clubes de discusión ideológica». 18 En los años setenta la juventud obrera participaría directamente en CCOO puesto que su actuación perentoria para reforzar el movimiento obrero no necesitaba ya de una estructura organizativa propia, sino de un tejido social específicamente juvenil al que la JCC contribuyó ampliando los límites del movimiento. En el entorno juvenil no era tan central la fábrica como lo era el barrio y, a través del engrandecimiento de otros movimientos como el estudiantil o el campesino, el límite se ampliaba hasta la ciudad y la comarca. A inicios de la nueva década, tanto el partido como las recién formalizadas JCC fueron objeto de la represión. Primero lo fue el PSUC, en agosto de 1970, cuyos miembros más activos fueron detenidos y objeto de torturas por parte de la policía.19 Un año después, en julio y septiembre de 1971, cayeron diversos militantes juveniles en Reus y Tarragona. La crisis que ello abrió en el seno de una organización conceptualizada como por la dirección del PSUC como «óptima», 20 se acentuó tras la macha de Josep Colomé a realizar el servicio militar. La JCC quedó como un grupo 18

Gregori López Raimundo: ―Fem convergir en un sol torrent les forces que s‘oposen a la dictadura‖, V Reunión Plenaria del CC del PSUC, 9/1970, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), PSUC, c. 4. Original en catalán. 19 ―Informe (Tarragona)‖, 9/1970, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 63, cp. 16. 20 ―Carta de Serós sobre algunes organitzacions del P. a Comarques‖, 2/4/1971, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 59, cp. 3.

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formalmente constituido pero sin una actividad y vida política regular. La situación de atonía se alargó hasta que surgió un nuevo espacio que permitió fortalecer la organización: el movimiento de bachilleres.21

El conflicto de los bachilleres Las protestas contra la Ley General de Educación (LGE) del ministro Villar Palasí revitalizaron el movimiento estudiantil, después de años de estancamiento. En el periodo de elaboración de la ley ya se generó desasosiego entre los estudiantes.22 Además de las universidades, el descontento se extendió, por primera vez, a los centros de educación secundaria y profesional. Ello era una muestra patente de la hegemonía de la oposición entre grandes segmentos de la sociedad y, además, que la socialización antifranquista se iniciaba a muy corta edad. Las protestas de 1972 fueron muy amplias. Incluso las Comissions Pageses dieron cabida a las demandas de los estudiantes en su prensa. Lo hicieron a través de las reivindicaciones de los payeses como estudiantes de peritaje agrícola y técnicos agrarios. En algunos casos, muchos payeses acudían a las manifestaciones junto a sus hijos.23 El movimiento estudiantil tarraconense empezó a gestarse en el curso 1971-1972 en dos centros de estudios: el instituto y la delegación universitaria en la ciudad. Un grupo de profesores marxistas de la universidad —algunos de ellos habían pertenecido al PCE (internacional) y otros militaban en el PSUC— contactaron con sus compañeros en el instituto para organizar asambleas y grupos de debate con el fin de elegir delegados de curso de forma abierta. El alumnado del Curso de Orientación Universitaria (COU) permanecía todavía al margen del incipiente movimiento al no estar organizados políticamente. Pero a través de contactos personales con universitarios tarraconenses en Barcelona se estimuló la realización de reuniones entre estudiantes de COU en que se discutía sobre la LGE, así como de política en general.24

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Pedro A. Heras: La oposición…, p. 59. ―La nueva Ley de Educación‖, Nova Lleida, nº1, 8/1971. 23 ―El conflicte dels estudiants de l‘Escola de Pèrits Agrícoles‖, La Veu del Camp Català, nº33, [1/]1972, suplemento. 24 Pedro A. Heras: La oposición…, pp. 75-76. 22

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El 14 de febrero de 1972 se convocó una jornada de lucha en contra de la LGE en la que esos contactos previos florecieron.25 En Tarragona secundaron la huelga los últimos cursos del instituto de segunda enseñanza y los estudiantes de COU, así como los de formación profesional (maestría industrial). En la Escuela Normal de Magisterio el seguimiento fue desigual por cursos, mientras que en la Facultad de Letras y Ciencias de la delegación universitaria ubicada en la plaza Imperial Tárraco el seguimiento fue prácticamente total. Tres días antes, los estudiantes lo habían decidido en una asamblea celebrada de forma abierta y el día 14 se dispusieron a visibilizar su protesta con una manifestación por la Rambla Nova, pero la permanente presencia de la policía armada no lo hizo posible. Distinta era la situación en la Universidad Laboral «Francisco Franco», en que inicialmente no se secundó la huelga. Sólo un joven alumno fue dispuesto a hacerla y se dedicó a recorrer todas las clases dando a conocer a sus compañeros lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Les exhortaba a reunirse con él en la cafetería para contarles más, cita a la que acudieron, según esta fuente, 300 alumnos. Aún asumiendo un cierto optimismo en los datos aportados en los informes del PSUC, puede conceptualizarse el seguimiento global de la jornada como elevado para una ciudad como Tarragona: unos 2.000 estudiantes secundaron la huelga contra la LGE.26 A lo largo de aquella mañana, como se ha comentado, los estudiantes realizaron diversos intentos de manifestación en la calle. Unos 500 alumnos consiguieron realizaron una sentada en el balcón del Mediterráneo, en la que «los grises cargaron brutalmente, dispersándolos». Entonces, un centenar de estudiantes se reagruparon en la catedral y se dispusieron a ocuparla. «Los grises penetraron en la catedral, pistola en mano, y la desalojaron practicando 16 detenciones».27 Algunos de los detenidos fueron liberados tras la mediación de un clérigo que se presentó en la comisaria. Además del sacerdote, algunos profesores de los detenidos se personaron también en la comisaría para exigir la liberación de sus estudiantes. Al denegárselo la fuerza pública, decidieron que ocuparían ellos mismos la catedral, pero finalmente la policía dejo a los jóvenes en libertad y no se produjo ocupación alguna. La participación del profesorado de

25

Miguel Núñez: ―Carta de Saltor‖, 5/2/1972 y 7/2/1972, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 59, cp. 5. Josep Serradell: ―Carta de Miró‖, 21/2/1972, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 59, cp. 5. 27 Ibid. 26

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enseñanza media en las protestas no fue un caso aislado debido a la precariedad laboral que padecían, pues se calcula que un 80% era no numerarios.28 Esto ocurrió durante la mañana. Por la tarde se organizó una nueva manifestación cuyos activos estaban ciertamente más mermados. Sin embargo, cerca de 300 estudiantes se manifestaron a lo largo de la Rambla Nova sin que ni la policía armada ni la guardia urbana intervinieran y, en cambio, se dedicaran simplemente a desviar el tráfico para que pasara la manifestación. En Reus, dónde el contingente de estudiantes era ciertamente menor al de Tarragona, el seguimiento de la huelga se circunscribió a unos 150 estudiantes de instituto y unos 100 alumnos de formación profesional. En el instituto, los chavales tuvieron que enfrentarse al profesorado que, al contrario que en Tarragona, se mostró frontalmente opuestos a la huelga. Los huelguistas no pudieron acceder al instituto, pues los profesores cerraron las verjas con llave, y éstos optaron por realizar una asamblea en plena calle. Los jóvenes iban explicando a los transeúntes los motivos del paro hasta que, finalmente, fueron disueltos por la policía, que había sido advertida de los hechos por el director del centro. En la escuela de maestría industrial, un militante de la JCC había realizado un mitin ante sus compañeros del grupo nocturno el día anterior —en su mayoría obreros— y decidieron que secundarían la huelga: la abonaron un centenar. Además del instituto y de la escuela de formación, se sumaron también los centros privados de La Salle —con el beneplácito de la dirección del centro— e incluso un colegio femenino de monjas. La idea inicial de los estudiantes era recorrer en manifestación la calle Monterols, pero «fue tomada por los grises», por lo que dieron un rodeo y se concentraron en la vecina plaza Prim junto a 200 trabajadores que se solidarizaron con los estudiantes.29 El despliegue de la LGE siguió motivando movilizaciones durante los años posteriores. La JCC fue en buena medida la responsable de ensanchar el movimiento estudiantil hacia los centros de enseñanza media que, a su vez, engrandeció a la propia JCC. Una de sus principales denuncias fueron por la falta de plazas educativas para los bachilleres debido a la escasez de centros de formación. Aquella era una realidad que obligaba a la juventud rural a desplazarse diariamente hacia las ciudades cercanas, con el consecuente coste adicional para las familias, y que, en cambio, dejaba fuera de los 28 29

Carme Molinero y Pere Ysàs: Els anys del PSUC, p. 122. Josep Serradell: ―Carta de Miró‖, 21/2/1972, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 59, cp. 5.

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centros a muchos estudiantes en distritos obreros superpoblados. El motivo último en ambos casos era el mismo: la falta de inversiones en infraestructuras educativas. Denunciaban, además, la existencia de listas negras de estudiantes que habían destacado en los años anteriores en las luchas contra la LGE y a los que se les denegaba el ingreso en el instituto.30 La JCC de las comarcas de Tarragona había liderado el conflicto en los institutos de enseñanza media en más de treinta centros, así como en la universidad. Como puede verse por la gran variedad de centros que secundaron la huelga —desde colegios de formación para obreros, hasta colegios privados y religiosos— el conflicto fue muy transversal y el liderazgo que ejerció la JCC y el prestigio que se ganó entre los estudiantes, la puso en disposición de realizar actuaciones mucho más amplias en el futuro. Una buena muestra de ello es la reunión que organizó en Aleixar (Baix Camp) con la participación de más de 500 jóvenes estudiantes de todas las comarcas tarraconenses con el fin de tratar la problemática del sector estudiantil.31 En 1974 resurgió el conflicto estudiantil alrededor de la selectividad. Se denunciaba la construcción de una universidad elitista bajo el subterfugio que ésta estaba masificada. Se reivindicaba la supresión de la selectividad y la completa gratuidad de los estudios universitarios, la elaboración democrática de los planes de enseñanza en colaboración profesores-estudiantes, se pedía la amnistía a los damnificados por motivos políticos (las referidas listas negras de alumnos), así como el derecho de reunión y asociación tanto del profesorado como de los estudiantes. En Tarragona los profesores de instituto redactaron un escrito conjunto en el que se oponían a la selectividad y pedían democratizar el COU. Paralelamente, diversas asambleas de bachilleres fueron realizadas, en las que se decidieron manifestarse por la ciudad. También en la facultad universitaria se sumaron a las protestas y el 9 de mayo de 1974 secundaron la huelga general universitaria, resultando completamente paradas las facultades de Letras y Ciencias que, junto a los bachilleres, se manifestaron por la Rambla Nova de Tarragona.32

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JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA: ―I Conferencia Nacional‖, informe del CC de la JCC presentado por Llorens Grau, 8/1973, p. 9, ANC, PSUC, uc. 1271 (III), c. 75. 31 Josep Mª Pardell: ―Algunes informacions de les Organitzacions del Partit a Comarques‖, 4/1973, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 63, cp. 1/1. 32 ―Movimiento estudiantil: la lucha contra la selectividad‖, Lluita, nº13, 5/1974.

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Junto a la JCC, había otros grupos que tenían en el movimiento estudiantil su espacio de actuación preferente. La Liga Comunista (LC) había jugado un papel importante en las movilizaciones contra la selectividad en 1973, que ocasionaron el cierre de la universidad durante una temporada. El PCE(i), a través de su organización juvenil, la Joven Guardia Roja (JGR), tuvo una presencia reducida pero muy influyente en la Universidad Laboral, pero ninguna en la delegación universitaria desde septiembre de 1973, cuando sus miembros se mudaron a Barcelona para terminar la licenciatura. Por su parte, la LC había quedado prácticamente desarticulada tras la detención de uno de sus dirigentes a finales de 1973 y el resto del grupo se integró en el PCE(i) en abril de 1974. Sin embargo, este sector universitario de la JGR tuvo muy corta vida, pues se disolvió en el PSUC a finales de año.33 Así pues, la JCC contribuyó a la irrupción del movimiento estudiantil que, a su vez, reforzó a la organización juvenil comunista, amén del partido. La importancia, pues, del movimiento de bachilleres fue su dimensión pública y no exclusivamente recluida en su espacio de desarrollo natural, el instituto. Contrariamente, la movilización de los bachilleres, junto con el movimiento universitario tarraconense —estrechamente ligado a grupos barceloneses que contribuyeron a extender las reivindicaciones más allá de la Gran Barcelona— fue a disputar el control del espacio público a las autoridades franquistas. Entre 1972 y 1974 las manifestaciones estudiantiles públicas se duplicaron, al tiempo que la conflictividad sociopolítica en general incrementó de manera notoria. Las factorías que más conflictos protagonizaron en aquel período fueron las del ramo del metal y de la construcción, aunque la irrupción de una inédita conflictividad en industrias que hasta el momento no habían destacado por su combatividad, ponía de manifiesto la impericia de la dictadura para desactivar la contestación y la capacidad del antifranquismo para movilizar a cada vez más amplios segmentos de la sociedad.

Jóvenes obreras y precarias En el trabajo de organización constatamos una debilidad remarcable: el insuficiente trabajo del Partido entre las mujeres. Los comités del Partido en las empresas, barriadas y ciudades subestiman

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Pedro A. Heras: La oposición…, p. 78.

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seriamente esta gran labor. Y esto es un error, al que debemos ver cómo remediar.34 Josep «ROMÁN» Valmeline SA era una empresa textil fundada en 1974 dedicada a la sastrería fina y sitia en las inmediaciones de Tarragona.35 Surgió como absorción de una industria anterior llamada Seidensticker, dedicada a la confección de camisas. Durante los años sesenta las obreras de Seidensticker, motivadas por cambios horarios impuestos unilateralmente o modificaciones del destajo, habían realizado diversas acciones, tales como trabajo lento, huelgas o encierros, todo ello con el fin de negociar mejoras laborales. En las elecciones sindicales de 1971 la candidatura vinculada a CCOO copó los siete enlaces en disputa, a pesar que las menores de 21 años —mayoría en la fábrica— no tenían derecho a voto ni a ser elegidas enlace sindical. 36 Cuando la empresa fue comprada por nuevos accionistas —como los anteriores, también alemanes— a inicios de 1974, las trabajadoras se organizaron de manera preventiva por si la nueva dirección pretendía dar marcha atrás a sus derechos conquistados. Valmeline contaba a esas alturas con una plantilla de 331 trabajadoras, en su mayoría residentes en las barriadas de Torreforta y Bonavista. Pese a la crisis y reconversión del sector de los años cincuenta, en 1968 el sector textil aún ocupaba en España a 91.000 personas, de las que el 75% eran mujeres. 37 En su mayoría eran jóvenes obreras y sólo un pequeño grupo de hombres trabajaba en el sector, que ocupaban los puestos de especialización y salarios mayores. Contrariamente, a las jóvenes de Valmeline no se les reconocía un jornal fijo, sino que su remuneración iba en función de unos topes de trabajo estipulados por la empresa. Se calcula que el salario de una obrera textil era un 20% inferior al de un varón en el mismo puesto.38 «El trabajo era duro porque era un trabajo a destajo y en cadena, [eso] significa que las piezas iban pasando, y si te encontrabas mal, tus piezas quedaban atrasadas, y en el descanso o al final tenías que acabarlas», recordaba una trabajadora de Valmeline. «Era

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Josep Serradell: Informe de Román sobre organización presentado en el II Congreso del PSUC, 11/1965, p. 21, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 50, cp. 1/2. 35 Los datos sobre Valmeline y el desarrollo del movimiento huelguístico, salvo cita expresa, proceden de Montserrat Duch y Meritxell Ferré: De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona, 1939-1982, Tarragona, CEHS, 2009, pp. 167-174; Meritxell Ferré: ―Les dondes en el moviment veïnal a Tarragona durant els anys setanta‖, Plecs d’història local, nº145 (4/2012), pp. 2-4; Coral Cuadrada y Esther Gutiérrez (eds.): Les dones als orígens de Torreforta, Tarragona, CEHS, 2014, pp. 241-247. 36 ―Carta de Serós‖, 14/7/1971, AHPCE, NyR, Catalunya, c. 59, cp. 4. 37 Carme Molinero: ―Recuperació econòmica i canvi social‖, p. 304. 38 Coral Cuadrada y Esther Gutiérrez (eds.): Les dones als orígens de Torreforta, p. 241.

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un esfuerzo de trabajo muy grande, estaba todo medido, a base de décimas de segundo. Te decían que aquella pieza debía hacerse en veinte segundos, y debías hacerla en aquel tiempo».39 El 2 de julio de 1974 257 obreras de Valmeline iniciaron paros parciales en la cadena de producción como muestra de disconformidad con el sistema de tiempo del trabajo y por el anuncio de reducción de plantilla que acababa de hacer la empresa. Contrarias a la reestructuración, las obreras también reivindicaban un salario fijo de 350 pesetas diarias más pluses por productividad, así como vacaciones pagadas y que se les reconociera la antigüedad a aquellas incorporadas antes de la absorción de Seidensticker. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y el día 11 la totalidad de las trabajadoras permanecieron de pie en su puesto de costura, sin tejer una sola prenda. Días antes de las vacaciones de verano, la empresa protagonizó un lockout, confiando que así se enfriara el conflicto. En efecto, el conflicto laboral se paralizó temporalmente durante las vacaciones del 14 al 31 de julio, pero el día de la reincorporación nadie acudió a trabajar. La huelga se alargó durante tres días más, dos de los cuales los piquetes ocuparon la fábrica para impedir que nadie trabajase. La respuesta de la empresa no fue otra que echar a la mitad de la plantilla: 162 chicas fueron fulminantemente despedidas y otras 182 fueron suspendidas tres días de empleo y sueldo.40 A partir de ese momento, las jóvenes de Valmeline trasladan el conflicto de la fábrica a la calle, tras un frustrado intento de canalizar sus demandas a través del sindicato vertical. Vestidas con la bata roja de trabajo, recorrían en pequeños grupos las industrias y barriadas de Tarragona buscando la solidaridad del resto de trabajadores y vecinos. En muchas empresas se empezó a recolectar dinero para ellas, acumulando en la caja de resistencia más de 100.000 pesetas. A diario se concentraban enfrente del sindicato vertical en la Rambla Nova y en numerosas ocasiones pidieron audiencia, siempre denegada, con el gobernador civil. El 10 de agosto las despedidas se reunieron delante de la empresa. En la asamblea abierta ahí celebrada, las trabajadoras que se sumaron a la huelga anunciaron que la abandonarían si las despedidas eran readmitidas, demanda que no fue aceptada por la dirección de Valmeline, que procedió a despedir a

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Entrevista a Ángeles de la Fuente, trabajadora de Valmeline, recogida en Montserrat Duch y Meritxell Ferré: De súbdites a ciutadanes, p. 170. Original en catalán. 40 El Abc del 16/8/1974 eleva la cifra a 175, pero probablemente fuera un cálculo aproximado. El órgano intercomarcal del PSUC habla de 162 despidos: ―Solidaridad con VALMELINE‖, Demà, nº11, 8-9/1974.

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las huelguistas. El día 12 éstas ocuparon la fábrica, provocando el violento desalojo de la policía. Cerca de las 200 costureras despedidas vestidas de rojo se concentraron delante del sindicato tarraconense el 14 de agosto. No estaban solas, las acompañaban otros 600 obreros. La mayor manifestación registrada en la ciudad desde la guerra civil acabó disuelta por la policía armada. Una actitud distinta mostraron las fuerzas del orden en una nueva concentración que se produjo el día 21 con cerca de 1.000 manifestantes, en que no cargaron.41 El 7 de septiembre, tras dos meses de conflicto, Valmeline accedió a reincorporar a las 200 muchachas en sus puestos de trabajo y se comprometió a negociar un nuevo convenio.42 El de las costureras de Valmeline fue un conflicto ideológicamente plural: participaron en él activistas de CCOO y grupos autogestionarios organizados alrededor de la publicación El Topo Obrero. Muchas formaban parte o estaban en la órbita del PSUC y de la JCC.43 Aunque las Plataformas Anticapitalistas y la Organización de Izquierda Comunista (OIC) —formación a la que muchos activistas de Plataformas pertenecían— no tenían presencia en Valmeline, éstas sí que jugaron un papel en las protestas contribuyendo a extenderla en los barrios a través de su presencia en el tejido vecinal de las barriadas obreras de la zona.44 Pese a las desconfianzas mutuas, la colaboración entre las formaciones de la izquierda antifranquista fue en aumento, pues «las relaciones con otros grupos u organizaciones denominadas izquierdistas han experimentado una mejoría».45 Lo que resulta de interés en las huelgas de Valmeline es, por un lado, el grado de organización y capacidad movilizadora de las jóvenes obreras; y, por otro, la dimensión ciudadana que cobró la huelga. La JCC jugó un papel desdibujado en el conflicto laboral en sí, teniendo un papel compartido con activistas de grupos católicos y autonomistas obreros, sin embargo, la dimensión ciudadana del conflicto es difícilmente explicable sin el empuje dado por la JCC. De aquella JC menuda y recluida en espacios periféricos a finales de los sesenta, se pasó a un movimiento juvenil estructurado capaz de interpelar a adultos de toda condición antes de la muerte del dictador. He ahí la 41

―Nuestra lucha: Valmeline (Antes ‗Seidensticker‘)‖, Lluita, nº15 (nº especial), 8/1974; ―Solidaridad con VALMELINE‖, Demà, nº11, 8-9/1974. 42 ―Victoria en Valmeline‖, Lluita, nº16, 10/1974. 43

Pedro A. Heras: La oposición…, p. 114. Federico Bardají: Bonavista, una biografía social, p. 141. 45 ―Guión para la discusión sobre la actividad unitaria de la JC de Catalunya‖, 8/1974, ANC, PSUC, uc. 1300 (II), c. 85. 44

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función clave que debía desarrollar la JCC en el antifranquismo, tal como lo habían codificado los comunistas: ser el eslabón que hiciese posible convertir la huelga general en huelga nacional o, como se denominó a partir de 1974, en Acción Democrática Nacional.46

Epílogo Cuentan que un lord inglés cabalgaba rumbo a Oxford cuando, desorientado, preguntó a un siervo que encontró por el camino. «Disculpe, buen hombre, ¿podría indicarme el camino a Oxford?» El siervo se disculpó: «Lo lamento milord. Camino, sí; Oxford, también; camino a Oxford, no». El siervo fingía no alcanzar a articular las dos ideas que tenía en su mente para responder al caballero. Los atomizados y quizá inarticulados episodios que he mostrado a lo largo del texto creo permiten comprender desde distintas perspectivas el alcance de la JCC en Tarragona. Resulta evidente que la JCC fue la principal organización juvenil antifranquista, también fuera de la Gran Barcelona, i cuyo rol en Tarragona resultó trascendente. Su desarrollo fue paralelo al del propio movimiento antifranquista. Durante la década en que se formaron las primeras agrupaciones de base de la JC, su ámbito de actuación preferente fue en el movimiento obrero, fundamentalmente a través de las COJ. Sin embargo, la experiencia de las COJ pusieron de relieve la dimensión vivencial de los trabajadores, siendo capaces de concentrar su actuación mejor en las barriadas obreras que en las propias fábricas, siendo CCOO donde los jóvenes trabajadores se organizaban. Con la nueva década, se coordinaron las agrupaciones locales y se eligió un Comité Ejecutivo: era el nacimiento de la JCC como tal. A partir de entonces, su campo de actuación preferente —si bien el obrero siguió siendo el frente preferente del antifranquismo en general— pasó a ser el movimiento estudiantil. A través de éste, la JCC arraigó fuertemente en el territorio tarraconense, contando con organización en veinte poblaciones de la zona. En su seno reunía a estudiantes, ciertamente, pero también a obreros y jóvenes de origen rural, de los que a penas hemos tenido espacio para mencionar en este escrito. A nivel catalán la JCC alcanzó en 1972, tras las movilizaciones contra la LGE de Villar Palasí, más de un millar de militantes. Gracias a su capacidad de penetración entre los más jóvenes y a su notable extensión territorial, la 46

Emanuele Treglia: Fuera de las catacumbas, pp. 311 y ss.

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JCC estuvo en disposición de liderar la movilización en los institutos de enseñanza media y de contribuir decisivamente a la misma extensión de la Assemblea de Catalunya a través, precisamente, de la tupida red tejida por la JCC en las poblaciones del Camp de Tarragona. Si bien la represión a nivel general interrumpió su crecimiento cuantitativo en número de militantes, su participación en los frentes de masas, especialmente en el movimiento estudiantil en Reus y Tarragona, hizo que la JCC fuera una organización imprescindible. Tras la muerte de Franco, la JCC experimentaría un crecimiento organizativo sin parangón. Y en Tarragona, la JCC fue uno de los nódulos fundamentales sobre los que se articuló el movimiento antifranquista. Su función principal fue la de reforzar la retaguardia del movimiento obrero en los barrios y de movilizar a contingentes de jóvenes cuando era menester. Así se mostró en los casos arriba reseñados, siendo la pieza clave que permitía que las protestas saliesen de sus propios márgenes y se acercasen a aquel ideal de Acción Democrática Nacional que para los comunistas debía ser la movilización que acabase con la dictadura. Una parte sustancial del frente estratégico que abordar la JCC, el abordado en esta investigación, fue exitosa; pero, sin embargo, no logró la tan ansiada penetración en el Ejército con el fin de conseguir, al menos, su neutralidad durante el proceso de cambio político. Sin duda, aquel fue un hándicap que condicionó todo el proceso que abrió la muerte del dictador y en que la JCC no fue capaz de cumplir el rol estratégico que debía acometer.

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Nación, Nacionalidades y Estado. Significación y papel de la cuestión nacional en el socialismo español en (la) Transición (1974-1982)

Andrea Geniola (CEFID-UAB)

Los limites cronológicos que aquí proponemos sugieren por ellos mismos el marco de la problematización que nos proponemos abordar. En 1974 el PSOE había apostado por un Estado federal y el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. En 1982 ambos objetivos habían desaparecido de su horizonte programático en un contexto de transformación profunda del partido y de las condiciones en que se iba desempeñando su actividad1. Algunos vieron en las posturas iniciales de PSOE una traición a la nación española, otros vieron las evoluciones o cambios posteriores como una traición a las nacionalidades sub-estatales y sus derechos nacionales2. Al contrario, un análisis más detenido y menos instrumental del asunto nos da la oportunidad de arrojar algo de luz sobre el estudio y comprensión de la cuestión nacional y regional en España en uno de los momentos clave de su historia reciente y, de paso, ofrecer una mirada necesariamente múltiple a las infinitas modulaciones que pueden alcanzar los procesos de cambio de régimen. El estado de la cuestión presenta una considerable evolución, desde algunas características iniciales estrictamente descriptivas hacia una cada vez mayor 1

Carme MOLINERO y Pere YSAS: , Historia y Política, 20 (2008), pp. 21-42. 2 Alejandro QUIROGA FERNANDEZ DE SOTO: , en Manuel ORTIZ HERAS (coord.): Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición, Madrid, Catarata, 2009, p. 96.

105 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

complejidad, precisión y diversificación de interpretaciones. Los primeros en ocuparse del asunto lo hicieron desde la preocupación por un presunto papel animador de las tensiones nacionalistas sub-estatales y de sus reivindicaciones sobre todo al hilo del reconocimiento del derecho de autodeterminación3. Evolucionando desde esa misma preocupación inicial se ha querido afirmar años más tarde que una parte estimable de la izquierda antifranquista trabajó como agente objetivo de desnacionalización y deslegitimación del Estado español en tanto que realidad histórica4. El mismo de Blas Guerrero había señalado, sin embargo, que jugando con la masa de discursos y declaraciones de los dirigentes o con los documentos de menor trascendencia, podría llegarse a opiniones diferentes e incluso opuestas a las que él acababa de expresar 5. En los últimos años se ha investigado y se sigue investigando esa masa de discursos. Pues contamos hoy con estudios que han intentado detallar los compases de esa fluctuación ideológico-programática. Algunos analizan el cambio como algo táctico donde el núcleo de la cuestión quedaría intacto transmigrando en el uso del término nacionalidades y en el concepto de nación de naciones defendidos durante el proceso de elaboración de la Constitución de 19786. Desde otro punto de vista se ha interpretado ese cambio de línea política como el fruto de una capacidad negociadora dentro de una renuncia modular a algunos preceptos que, curiosamente, llevaría a una reformulación de la idea de España capaz de ―salvar‖ la idea misma de España como nación dentro del imaginario de las izquierdas7. Con vistas al resultado final del proceso con respecto a las reivindicaciones que estuvieron en el núcleo de la oposición antifranquista se ha puesto de relieve el hecho de que el resultado final del proceso de cambio de régimen haya conllevado la realización en esencia de las reivindicaciones del antifranquismo, más allá de su orden

3

Andrés de BLAS GUERRERO: , Revista de Estudios Políticos, 4 (1978), pp. 155-170. 4 Andrés de BLAS GUERRERO: Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 92. 5 Andrés de BLAS GUERRERO: , p. 160. 6 David SANCHEZ CORNEJO: , en Carlos NAVAJAS ZUBELDIA y Diego ITURRIAGA BARCO (eds.): Crisis, dictaduras, democracia. Actas del I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2008, pp. 363-374. 7 Alejandro QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO: , Historia del Presente, 13 (2009), pp. 21-40; e ÍD: , en ORTIZ HERAS, Manuel (coord.): Culturas políticas…, pp. 73-100.

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meramente discursivo8. Ahondando un poquito más en la cuestión y sobre todo en el alcance concreto de ese cambio se ha señalado la sustancial coherencia entre declaraciones a favor del federalismo y la autodeterminación y el lugar concreto y finalmente marginal que estas mantuvieron dentro de la cosmovisión general de los socialistas españoles. Sobre todo por lo que concierne al derecho de autodeterminación, este se estuvo planteando siempre dentro de un contexto previo y superior de reconocimiento de la nación española y de su indivisibilidad9. Además, y desde una mirada más global, los socialistas protagonizaron más cambios ideológicos durante el periplo de la Transición y puede que de alcance todavía mayor10. Y estos mismos cambios no pueden segregarse de la dinámica real de la Transición y de los cambios evolutivos e in progress que la determinaron y de los importantes condicionantes que la condicionaron11.

Del federalismo a la regionalización. Ni esta comunicación ni los autores citados aquí planteamos que las cuestiones de la autodeterminación y el federalismo no significaran una tensión en la oferta política de PSOE. Al respecto se ha avanzado la hipótesis de la función circunstancialinstrumental del discurso federalista del PSOE, para neutralizar el fortalecimiento de otras organizaciones socialistas y resolver la debilidad de las federaciones del partido en las nacionalidades históricas12. Y dentro de la misma se ha planteado la cuestión de la autodeterminación como producto de un exceso de formulación federal. En efecto resulta interesante observar como esos dos conceptos acaban teniendo un destino muy distinto. El federalismo del PSOE más que desaparecer progresivamente acaba 8

Carme MOLINERO: , en Javier MORENO LUZÓN (ed.): Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2011, pp. 235-255. 9 Vega RODRIGUEZ-FLORES PARRA: , en Ismael SAZ y Ferran ARCHILES (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, PUV, 2012, pp. 323-339. 10 Juan Antonio ANDRADE BLANCO: El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012; Abdón MATEOS: , en Javier TUSELL y Alvaro SOTO (eds.): Historia de la transición. 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996, pp. 216-235. 11 Santos JULIÁ: , en Carme MOLINERO (ed.): 2006, La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006, pp. 59-79; Pere YSAS: , Ayer, 79 (2010), pp. 31-57. 12 Abdón MATEOS: , en Rafael QUIROSACHEYROUZE (ed.): Historia de la Transición en España. los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 285-299.

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recodificándose de manera (también) instrumental. Como ha sido definido y estudiado de reciente el PSOE pasaría de reivindicar la instauración de un sistema federal a defender que aquello que se había conseguido era, al fin y al cabo, un sistema federalizante y que eso no dejaba de significar un éxito de la estrategia del partido en la batalla por la democratización de España13. Y sin embargo, para algunos socialistas uno de los desaciertos más rotundos de su proprio partido no fue la adopción de un federalismo encubierto o de facto sino el abandono y rechazo de la vía federal14. Podríamos hablar pues de federalismo discursivo, de algo que se conceptualiza como federal pero que no se podría considerar de manera unánime como tal ni siquiera en la filas del partido. En las declaraciones oficiales y programáticas el término sufre una considerable reconceptualización e incluso una relevante puesta en entredicho en los niveles más internos de debate y aproximación analítica. Así en las ―Jornadas de Estudio sobre el Problema de las Nacionalidades y Regiones en el Contexto del Estado Español‖ organizadas por la Secretaría de Formación en marzo de 1976 se pone fuertemente en tela de juicio tanto en su viabilidad practica como en su oportunidad política en la circunstancia del momento histórico, apreciándose una tendencia entre algunos ponentes a rectificar el planteamiento federalista resituándolo en una perspectiva de más larga durada y en la dimensión del futurible15. Esta nueva apuesta que se va abriendo camino en las capas intelectuales más o menos directamente relacionadas con el partido se empieza a definir como Estado Regional otorgándole unos sentido y características casi federales. 16. La única apuesta clara, por lo menos desde el punto de vista nominal, a favor de un Estado federal que se puede a preciar en este material para uso interno la

13

Vega RODRIGUEZ-FLORES PARRA: , en Ferran ARCHILES e Ismael SAZ (eds.): Naciones y Estado: la cuestión española, Valencia, PUV, 2014, pp. 245-268. 14 GENIOLA, Andrea, El hilo enredado de las nacionalidades. Las Españas de Anselmo Carretero entre el exilio y la Transición, en BARRIO ALONSO, Ángeles – HOYOS PUENTE, Jorge de – SAAVEDRA ARIAS, Rebeca (eds.), 2011, Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Publican, Santander, Edición CD. 15 Vega RODRIGUEZ-FLORES PARRA, , pp. 251-252. 16 Francisco RUBIO LLORENTE: , en PSOESECRETARIA DE FORMACIÓN: Jornadas de Estudio sobre el Problema de las Nacionalidades y Regiones en el Contexto del Estado Español (Documento de trabajo para uso interno), 1976, Archivo Fundación Pablo Iglesias (AFPI), Fc189, p. 12.

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encontramos en el apartado que recoge las intervenciones y declaraciones de las delegados catalanes, vascos, gallegos, valencianos y canarios y de su declaración final conjunta17. En efecto la única decisión en sentido federal propugnada por las jornadas fue la apuesta por una estructura interna federal. Una indicación que tiene tres motivaciones de fondo bastante ilustrativas: ausencia de suficiente elaboración en materia

de

nacionalidades

y

regiones;

incongruencia

entre

planteamientos

descentralizadores y permanencia de una estructura de partido centralizada; competencia con los entonces abundantes partidos socialistas autonomistas subestatales18. El diario oficial del partido se hace cargo de difundir algunas de esas ideas entre militantes y simpatizantes, siempre dentro de una reproducción de argumentos a favor de la resolución de 1974. A partir de ahí la cuestión deja de ser nominal, puesto que se considera el grado de descentralización y regionalización dentro de un horizonte unitario19. Parte de estas ideas vuelven a aparecer en agosto en la Escuela de Verano, en el debate organizado por el Colectivo sobre Nacionalidades y Regiones del Estado Español del PSOE. En esta ocasión Rubio Llorente será mucho menos contundente y explicito, ciñéndose a un llamamiento a la clarificación y a la necesidad de fijar algunos criterios limitativos20. Otros, en cambio, alegarán la difícil operatividad y los peligros de llevar a cabo un proceso al mismo tiempo de federalización y democratización21. Gómez Llorente hacía un llamamiento a la prudencia y la unidad de España y a enfocar la cuestión federal bajo las coordenadas del conseguimiento del objetivo de la máxima libertad posible, donde del contexto discursivo de su reflexión resalta el tercer termino sobre los dos anteriores. Sin embargo, todavía en diciembre el XXVII Congreso reafirma el objetivo de la instauración de una República Federal22. En la primavera de 1977, con la vista puesta a las elecciones, alguien apunta a la dimensión procesual pero indeterminada en los tiempos de la reforma federal y sugiere la necesidad de etapas 17

, en PSOE-SECRETARIA DE FORMACIÓN: Jornadas de Estudio…, pp. 29-30. 18 Enrique MORAL: , en PSOE-SECRETARIA DE FORMACIÓN: Jornadas de Estudio…, pp. 7-10. 19 , El Socialista, 10 de julio 1976. 20 Francisco RUBIO LLORENTE: , en Felipe GONZALEZ et al. (eds.): Socialismo es libertad. Escuela de Verano del PSOE 1976, Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1976, p. 256. 21 GOMEZ LLORENTE: , en Felipe GONZALEZ et al. (eds.): Socialismo es libertad…, p. 241. 22 PSOE: XXVII Congreso: Socialismo es libertad. Resoluciones: Política, Política internacional, Nacionalidades, 1976, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Fa1284, pp. 10-11.

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intermedias23. Mucho más contundentes son las afirmaciones a favor de una generalización de la solución autonómica24. En el mes de agosto la cúpula del PSOE se reúne en el Parador Nacional de Sigüenza con la intención de fijar posiciones de cara al debate constitucional25. A estas alturas la federalización del Estado se ha convertido en una suerte de sinónimo de descentralización generalizada y el proceso de descentralización se interpreta como una federalización26. Con la Constitución ya refrendada el Congreso de 1979 valora que 27. Una afirmación que convive con la plena ratifica de la declaración sobre nacionalidades del congreso anterior. Se podría hacer hincapié en todavía cierta confusión conceptual o incluso en una calculada ambigüedad instrumental. Desde luego se trataría de la lectura simplista y reduccionista. En nuestro entender esa aparente incongruencia es parte de una peculiar visión del problema nacional donde las autonomías no dejan de ser elementos federales o federalizantes de un estado descentralizado en construcción. Vaya por delante que esta nuestra valoración no tiene pretensiones valorativas ni en negativo ni en positivo sino que se ofrece a dar una interpretación del tipo de conceptualizaciones que manejaba el PSOE por aquel entonces. Al fin y al cabo es lo que se puede leer entrelineas (pero tampoco demasiado) en el programa de gobierno alternativo presentado en las Cortes por Felipe González en 1980.28. Desde luego, el federalismo del PSOE dará todavía mucho de si en las décadas posteriores en un eterno 23

Baltasar AYMERICH: , en EQUIPO ―JAIME VERA‖: La alternativa socialista del P.S.O.E. (Algunas contribuciones), Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1977, p. 51. 24 Ivi, pp. 52-53. 25 , El Socialista, 21 agosto 1977. 26 , El Socialista‖, 21 agosto 1977. 27 PSOE, 28 Congreso: Resolución Autonomías, 1979, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Fc822, p. 3. 28 Felipe GONZÁLEZ: Programa de Gobierno presentado en las Cortes por Felipe González, 28 de mayo de 1980, AFPI, Fc779, folio 8.

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vaivén de influencias externas, retroalimentaciones discursivas y luchas por el relato y la hegemonía del discurso sobre la nación y las nacionalidades.

De la autodeterminación a la autonomía El concepto de federalismo solo ponía sobre la mesa cuestiones de organización territorial interna y el alcance jurídico del reconocimiento de las nacionalidades y regiones. El periplo discursivo de la autodeterminación, en cambio, ofrece interesantes y útiles elementos para la reflexión. Tan fuerte ha tenido que ser el impacto emocional del miedo a que esta declaración pudiera acabar con la unidad de España que incluso no se leyó, en nuestra opinión, su letra. Ese mismo derecho de autodeterminación nos aparece como circunscrito al tipo de relaciones que las nacionalidades y regiones hubieran querido mantener entre ellas dentro de un marco que parece ser a todas luces el de la unidad de España29. Sin embargo, se trató de un reconocimiento reiterado en aquellas fechas y que alimentaría cierta confusión30. Pues la prensa socialista europea, sobre todo de las organizaciones hermanas de la socialdemocracia, se acabó preguntando por el asunto. Al corresponsal del periódico del Partito Socialista Italiano ―Avanti‖ debió resultarle especialmente llamativa la circunstancia y quiso titular uno de sus artículos de manera un tanto llamativa pero significativa: 15 Paesi iberici attendono di potersi autodeterminare in uno stato federale. Se trataba de una autodeterminación limitada, como la soberanía que se puede otorgar a entidades sub-estatales en estados unitarios si bien descentralizados. En el centro de la reivindicación socialista se halla la soberanía popular y la revolución socialista dentro de los contornos de la nación española y la organización federal de las nacionalidades ibéricas queda sometida a la voluntad general de (todos) los españoles31. Sin embargo el termino autodeterminación conlleva un conjunto de significados semánticos difíciles de encorsetar y la cuestión vino a ser parte de las preguntas clásicas, casi rutinarias, que los dirigentes socialistas debían de responder. En 1976 el socialista francés, miembro de la corriente del CERES y luego Embajador en Madrid, Pierre Guidoni publica un largo libro-entrevista al líder

29

Resoluciones del XIII Congreso del PSOE (Suresnes, octubre 1974), AFPI, Fc371, folio 3; , El Socialista, Segunda quincena de octubre 1974. 30 , El Socialista‖, Segunda Quincena de Septiembre 1974. 31 , El Socialista, Primera quincena de febrero 1975.

111

del PSOE donde la cuestión también surge de manera explícita32. La traducción en lenguaje

político

francés

de

términos

como

nacionalismo,

nacionalidad

y

autodeterminación daría por si sola para una tesis de doctorado. Sin embargo el socialista francés parece tener muy claro en el planteamiento de la pregunta que, por lo menos, los socialistas españoles no estaban planteando la disgregación de España ni nada por el estilo. La respuesta de Felipe González no da luego a dudas: democratización, descentralización, reconocimiento de la autonomía dentro de un Estado federal (pero no fuera de ello), reintegración de los Estatutos de autonomía y vigilancia contra la demagogia independentista en un momento muy delicado de cambio de régimen33. Los órganos de propaganda del PSOE ya se habían manifestado sobre el alcance y los límites de la autodeterminación, circunscribiéndola a una hipótesis ligada solamente a la lucha contra la dictadura y no reproducible en un escenario democrático34. De momento el PSOE sigue estando en un limbo en el que no explica qué quiere decir por autodeterminación pero vamos hacia un proceso en que el partido viene matizando su posición al respecto, pasando del derecho de autodeterminación a la libre decisión acerca del contenido de su propia autonomía35. Es decir, se da por supuesta la integración de las nacionalidades en la nueva (y futura) España democrática, dejando libre solo y únicamente el espacio de la definición de ese espacio y sus formulaciones legales. La explicación desde el interior a ese deslice del significante de autodeterminación o de su sustitución puede que esté, entre otras cosas, en la afirmación de Gómez Llorente en la Escuela de Verano de 1976 cuando señala que se trataba de planteamientos viejos de dos años y que el escenario político había cambiado mucho desde entonces36. Más bien se trataría de una concretización práctica de los niveles de autodeterminación en la forma de un sistema de autonomías y que empieza a estructurarse a lo largo de 197637. A pesar de todo, sin embargo, el concepto de derecho de autodeterminación seguía necesitando unas cuantas precisiones. Todavía dos meses

32

Pierre GUIDONI y Felipe GONZALEZ, Entretiens sur le socialisme en Espagne, Paris, Tema, 1976, p. 105. 33 Ivi, pp. 105-107. 34 Cesar BARONA: , Le Socialiste (Paris), 28 janvier 1971. 35 , El Socialista, 25 de julio 1976. 36 GOMEZ LLORENTE: , en Felipe GONZALEZ et al. (eds.): Socialismo es libertad…, p. 251. 37 PSOE: XXVII Congreso: Socialismo es libertad. Resoluciones: Política, Política internacional, Nacionalidades, 1976, AFPI, Fa1284, pp. 10-11.

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después de que se filtrara el primer borrador del texto constitucional el PSOE se veía en la necesidad de mejor perfilar el contenido político concreto de ese concepto en un seminario interno ante la presencia de expertos más o menos cercanos. A saber, Miguel Martínez Cuadrado y Francisco Tomás Valiente insistieron en la conveniencia de definir a España como nación, mientras para Modesto Seara la inclusión del término autodeterminación implicaría también la asunción de su contenido, es decir el derecho de secesión. Lo que vino a decir la intervención de Alfonso Guerra fue que si en lo abstracto-declarativo autodeterminación puede suponer el derecho de secesión, en lo históricamente determinado del proceso en trance de desarrollo en la España de entonces y de su futuro democrático formal, no todo puede ni debe someterse a las urnas, y la unidad de la nación española entra en esa categoría de realidades no negociables38. En las resoluciones sobre autonomías del XXVIII Congreso en 1979 el pase de la autodeterminación a la autonomía parece concretarse en una nueva fórmula de relectura de las resoluciones anteriores sobre el asunto. 39. Ya situados en 1981, eso sí después del 23F, el derecho de autodeterminación se ha convertido en algo más acorde con los contenidos realmente defendidos por el partido, más allá de algún deslice discursivo que ahora ya podemos definir como puntual, en la forma del derecho al autogobierno ahora garantizado (pero también acotado) por la Constitución40. En definitiva, como afirma rotundamente Gregorio Peces-Barca por esas mismas fechas, el derecho de autodeterminación queda patrimonio de algunos (y ni siquiera de todos) movimientos en el ámbito de los nacionalismos sub-estatales41. Por otra parte, durante los años centrales del cambio de régimen, cuando el PSOE todavía mantenía el derecho de autodeterminación en sus textos, documentos y propaganda, había sido más que una minoría política agissante y muy localizada la que había reivindicado el contenido literal de ese derecho. Otra cosa es que la cuestión de la

38

, El Socialista, 29 enero 1978. PSOE: 28 Congreso: Resolución Autonomías, 1979, AFPI, Fc822, p. 2. 40 PSOE: 29 Congreso: Resoluciones – Política Territorial, 1981, AFPI, Fa1303, p. 38. 41 Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ: La Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política, Valencia, Fernando Torres, 1981, p. 31. 39

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autodeterminación sufra en el recuerdo selectivo de los actores de la época una autentica depuración a posteriori que delata la existencia de un vulnus42.

El destino de las nacionalidades de vueltas a la nación Por lo que concierne al federalismo y la autodeterminación hemos observado su significación concreta a través de la que podríamos definir una estrategia de conceptualización contextual y evolutiva; pues a menudo el mismo concepto se utiliza con significaciones o consecuencias distintas incluso opuestas. Lo que nos ha entregado este tipo de análisis ha sido una consideración de fondo muy importante. Sería pues irrelevante plantearse la cuestión de la supuesta traición del PSOE hacia el federalismo o la autodeterminación, y de ahí intentar encontrar cuanto duró la mentira y desde cuando empezó la sucesiva traición. Mucho más interesante sería, al contrario, investigar el contexto ideológico en que se desarrollan los cambios y las persistencias hasta aquí reseñadas. Para emprender este camino es necesario observar el PSOE de la Transición como un producto de la identidad nacional establecida y preguntarse hasta qué punto puede definirse este partido como participe de un proceso de reproducción de la identidad nacional que podríamos incorporar a una cosmovisión nacionalista española. Esta hipótesis nos abriría un horizonte nuevo capaz de explicar el recorrido de las izquierdas españolas durante la Transición no ya en términos de traiciones. Asimismo, podríamos apreciar hasta qué punto la nación española, su existencia previa y su persistencia posterior estuvieron presentes en las preocupaciones del PSOE y de qué forma concreta. Sobre la cuestión del lugar de la nación española en la oposición antifranquista y la presencia del discurso nacional durante la Transición ya contamos con interesantes aproximaciones críticas que testifican de la existencia de la cosa43. Se ha podido de esta forma relativizar tanto el desprestigio del nacionalismo español a causa de su uso (y abuso) por parte del franquismo como el presunto fracaso de la nacionalización franquista. Pues, si fue intensa la preocupación de los constituyentes por la unidad de la

42

Así es el caso por ejemplo de las memorias de Alfonso Guerra donde tampoco en el relato del congreso de Suresnes aparece siquiera mención a la cuestión de la autodeterminación: Alfonso GUERRA: Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias 1940-1982, Madrid, Espasa, 2004, pp. 165-174. 43 Ferran ARCHILES: , en Ferran ARCHILES e Ismael SAZ (eds.): Naciones y Estado…, pp. 15-49.

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nación y el desprestigio del nacionalismo franquista no conllevó un rechazo efectivo y operativo de la nación española entre la mayoría de los españoles, incluidos los antifranquistas, debería replantearse el sentido mismo de ese supuesto desprestigio, por una parte, y dejar de hablar de traición de las izquierdas a la nación española, por la otra. Algunas aproximaciones más concretas, y todavía con camino por recorrer, se han dado en el caso de la presencia y lugar de la nación en el discurso del PCE. De ahí que podamos relativizar el efectivo i ahora discutible olvido de la nación (española) por parte de los comunistas españoles44. Y que podamos valorar, siempre teniendo en cuenta el caso concreto pero significativo del PCE, si es efectiva en la realidad del estudio del nacionalismo la diferenciación entre discurso nacional y nacionalismo y entre identidad nacional y nacionalismo45. En algunos casos quienes han reflexionado sobre el contenido de la nación en el discurso y la política del PSOE en los años que nos ocupan se han limitado a proporcionar una base descriptiva haciendo hincapié en el contenido cívico y liberal-cosmopolita, incluso posnacional, del nacionalismo socialista46. La España del PSOE, desde los años sesenta hasta los noventa, sería pues la España del pueblo y al mismo tiempo la España de un nacionalismo positivo, constitucional, libre de implicaciones e imbricaciones identitarias, étnicas, culturales, etc.47.

Sin embargo, algunos ya han puesto en fuerte duda la efectividad de la

categorización que diferencia los nacionalismos entre cívicos y étnicos, occidentales y orientales48. Una crítica en la dimensión concreta del caso español, aunque desde la aceptación teórica de esa diferenciación, se ha movido desde la consideración de que en la realidad de las cosas hay elementos cívicos en los nacionalismos sub-estatales y étnico-culturales en los nacionalismos de corte y ―fidelidad‖ estatales49. Además, hay todavía fuertes dudas acerca de la operatividad de la teoría del nacionalismo (o 44

Ferran ARCHILÉS, Ferran: , Historia del Presente, 14 (2009), pp. 103-122. 45 Vega RODRIGUEZ-FLORES PARRA: , en Pilar FOLGUERA et al. (eds.): Pensar con la historia desde el siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM, 2015, pp. 41274141. 46 Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: , en J. Daniel MOLINA JIMENEZ: La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992, Madrid, Silex, 2015, pp. 15-54. 47 en J. Daniel MOLINA JIMENEZ: La España del pueblo…, pp. 223-368. 48 Taras KUZIO: «The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans Kohn‘s Framework for Understanding Nationalism», Ethnic and Racial Studies, 25 (2002), pp. 20-39. 49 Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco, Madrid, Libros de la Cataráta, 2010.

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patriotismo) constitucional más allá de su calidad de discurso político instrumental y legitimo producto ideológico50. Sea como fuera es significativo reseñar el acuerdo sobre la existencia o presencia del nacionalismo en la oferta y práctica política del PSOE a lo largo del siglo XX. En nuestro entender allá donde se movilicen los discursos, sentimientos o recursos culturales de la nación hay nacionalismo. Si todo esto luego va a desempeñar un papel progresivo o regresivo eso depende demasiado del punto de vista político-ideológico de donde se sitúa el observador. Simplemente la Transición fue un cambio de régimen que conllevó la implantación de un régimen liberal-democrático donde la nación española fue reconocida como sujeto anterior y preexistente de soberanía. Todo lo que hay más allá de esta consideración corre el riesgo de entrar demasiado en otro orden de valoraciones que no deberían ocupar a los historiadores, por lo menos de manera directa. Veamos pues esa nación española y sus contornos dentro del discurso y oferta política del PSOE durante la cronología que nos ocupa. Lo haremos dejando de lado intencionadamente al campo de la retroalimentación que genera la dialéctica entre nacionalismo español y nacionalismos vasco y catalán, también porque en ese campo se ha podido averiguar la presencia de cuestiones diferentes y peculiares que necesitan ser tratadas de manera separada a la simple verificación de la presencia, existencia y características del discurso nacional español en el partido, que es lo que aquí nos ocupa en concreto51. En primer lugar resulta necesario acercarse a la cuestión de la formulación y significado operativo real del concepto de nacionalidades que manejaba el partido. Unos primeros indicios sobre qué querían decir los socialistas cuando apelaban a ese concepto nos lo proporcionan algunas intervenciones en el diario del partido cuando se critica la prisa gubernamental a la hora de dar una solución a la cuestión catalana en verano de 1977 y se reivindica una solución autonómica global en todas las regiones52. Hemos de entender el termino nacionalidad según las mismas coordenadas y usos peculiares que hemos encontrado en el caso de autodeterminación.

50

Xacobe BASTIDA FREIXEDO: , en Carlos FORCADELL, Ismael SAZ y Pilar SALOMON (eds.): Discursos de España en el siglo XX, Valencia/Zaragoza, PUV/IFC, 2009, pp. 255-281. 51 Carme MOLINERO y Pere YSAS, Pere: La cuestión catalana. Cataluña en la transición española, Barcelona, Crítica, 2014; Alejandro QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO: , Historia y Política, 20 (2008), pp. 97127; ÍD.: , en Manuel ORTIZ HERAS, (coord.): Culturas políticas…, pp. 87-95. 52 Joaquín TAGAR, , El Socialista, 21 agosto 1977.

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Para encontrar una explicitación del termino nacionalidad hace falta esperar la primavera de 1977 y bucear entre las notas a pie de pagina de La alternativa socialista del PSOE editado por la Secretaría del Equipo de Trabajo ―Jaime Vera‖. 53. La región, en cambio, no tendría ningún tipo de conciencia particular ni diferencial y carecería de esa voluntad de modificar los equilibrios del Estado. Desde luego, esta conceptualización representa una pieza de una construcción discursiva todavía in progress y susceptible de ser debatida, sin embargo apunta a lo que vendría afirmándose progresivamente como visión generalizada. La nacionalidad sería en la España democrática del post-franquismo una suerte de región a fuerte personalidad, donde región significa de hecho entidad institucional sub-estatal de un determinado Estado-nación. De ahí a poco Felipe González daría al término una calidad de auto-identificación más bien espiritual sin más consecuencias políticas54. El uso del término fue en el centro de una de las más acaloradas polémicas durante todo el proceso constituyente y allí el partido tuvo que definirse. Lo hizo formulando una conceptualización creativa y un tanto inédita de cara a la defensa del término en el texto constitucional como base de un consenso entre partidos españoles y nacionalismos sub-estatales. Un consenso que no fue óbice para que cada uno defendiera a posteriori su propia idea de nacionalidad. 55.

53

Baltasar AYMERICH: , p. 41, nota 1. Felipe GONZÁLEZ: España y su futuro, Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1978, pp. 44-45. 55 Gregorio PECES-BARBA: , en Gregorio PECES-BARBA: La Constitución española…, p. 273. 54

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Sin embargo, la cuestión no debió de cerrarse. Sobre todo el PSOE debía de rendir cuentas a los partidos situados a su izquierda y que seguían defendiendo el derecho de autodeterminación y una lectura plena del término nacionalidad. En 1979 la Fundación ―Pablo Iglesias‖ estrena su colección de estudios e investigación con un testo sobre la obra de Otto Bauer, un clásico entonces poco conocido de los estudios nacionales desde el socialismo democrático en contextos plurinacionales56. La intencionalidad/funcionalidad de la publicación queda explicita en el prólogo del texto sobre todo por lo que concierne al tema de las nacionalidades poniéndose sorpresivamente en línea de continuidad con las semantizaciones del término nacionalidades hasta ahora aquí reseñadas. 57. En segundo lugar, hemos de poner de relieve la presencia para nada secundaria ni irrelevante de la nación española en el discurso del PSOE, a partir del mismo Felipe González y en unas fechas muy tempranas quien considera España como un concept historique, socio-politique et économique58. Una afirmación cuya inocua obviedad esconde una doble vertiente: la fuerza del statu quo nacional que entrega el anterior régimen y el estatus de nacionalizado español que el mismo líder socialista llevaba consigo. Pero hemos de acudir a materiales de más profundidad y alcance para apreciar el tipo de codificación nacionalista del partido. Concretamente, en las intervenciones de la Escuela de Verano de 1976 hay referencias explicitas de una identificación entre unidad de España y unidad e intereses de la clase obrera y trabajadora que solamente en el mantenimiento de una empresa nacional colectiva habría podido lograr su liberación social59. Casi un espejismo descolonizador al contrario, donde una izquierda que todavía se definía revolucionaria y obrera acababa identificando los destinos de la nación con aquellos de la clase oprimida. Ahora bien, nos da la impresión de que no se trata de un planteamiento totalmente libre de pertenencias nacional-identitarias ya dadas de entrada, y aunque se justifican a posetriori tienen posiblemente otras orígenes y vías de 56

Manuel GARCIA-PELAYO: El tema de las nacionalidades. La teoría de la nación de Otto Bauer, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1979, p. IX. La obra central de referencia entre otras es: Otto Bauer: Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1924. 57 Manuel GARCIA-PELAYO: El tema de las nacionalidades…, p. 49. 58 Pierre GUIDONI y Felipe GONZALEZ, Entretiens sur le socialisme…, p. 105. 59 GOMEZ LLORENTE: , en Felipe GONZALEZ et al. (eds.): Socialismo es libertad…, pp. 243 y 244.

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desarrollo. Llama la atención, aunque no sorprende, encontrarse ante formulas nacionalistas orteguianas como la de empresa nacional para sostener esa línea60. Esta congruencia imaginaria entre unidad de la nación y socialismo la volvemos a encontrar en el texto sobre Bauer de 1979, donde se argumenta que el socialismo representa la mejor realización del ideal nacional en su versión progresiva y democrática61. Una afirmación que, sin embargo, puede ajustarse bien a la idea de nación (española) generalmente socializada bien a la idea de comunidad superior de naciones culturales que había detrás a la idea de nación de naciones. En el siempre rico texto de Aymerich se plantea la cuestión de qué es España que se presenta como nación compuesta pero, al fin y al cabo, como una nación62. Ya metidos en los debates constitucionales Peces-Barba da un paso más, dentro de un contexto que necesitaba contrastar las fuerzas conservadoras y encontrar fórmulas de consenso entre las fuerzas democráticas y progresivas. Eso se hizo dando peso a la nación, reivindicando la nación española y en mayúsculas. 63. La asunción de esta idea en 1981 se hace explicita de una manera peculiar, apelando a la letra de la Constitución. Eso sí, después de haber contribuido de manera relevante a que su letra fuera precisamente esa. Pues se hace hincapié en que el Estado central es el representante único de la unidad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional y garante de esa unidad y soberanía64. Si en 1978 la nación española era un hecho anterior que la Constitución debía de reconocer de aquí en adelante sería la norma legal superior a cualquier otra legitimidad. Durante su discurso de investidura de noviembre de 1982 Felipe González habla de nación de una manera muy contundente y en argumentos tanto centrales como clásicos en el campo del relato nacionalista. De entre los tres principios base que menciona como ejes

60

Ivi, p. 245.

61

Manuel GARCIA-PELAYO: El tema de las nacionalidades…, p. 48. Baltasar AYMERICH: , p. 48. 63 Gregorio PECES-BARBA: , en Gregorio PECES-BARBA: La Constitución española…, p. 279. 64 PSOE: 29 Congreso: Resoluciones – Política Territorial, 1981, AFPI, Fa1303, p. 38. 62

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vertebradores de su gobierno aparece la unidad nacional. Una unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias de los grupos, con las singularidades propias de este rico y variado mundo que llamamos España>> 65. Al margen de la defensa de la unidad nacional llama la atención esa idea de España como todo un mundo. Una concepción que no es difícil de encontrar en el discurso del nacionalismo de Estado cuando intenta hacer cuadrar la unidad en la diversidad pero que en el caso socialista tiene otro matiz añadido. 66. Y su nacionalismo es la garantía mejor de que se la integración nacional del pueblo sea total.

Eso en la dimensión interna pero el nacionalismo no solamente se preocupa de la dimensión interna de la nación sino también de la exterior y concretamente de la proyección exterior67. Y también de su defensa ante las consecuencias descontroladas de los procesos transnacionales y del contacto con otras culturas estado-nacionales más potentes y dominantes, agitando negativos efectos colonizadores68. Un discurso desde luego seductor hacia aquellos que habían podido opinar (o temer) que el PSOE pudiera ser anti-nacionalista y que un gobierno socialista hubiera podido acabar con la unidad de España. El discurso de investidura gasta muchas paginas en la definición de una política exterior dirigida hacia la defensa de los intereses permanentes de la Nación dentro de una dinámica de consenso nacional69. Claro está que no se puede esperar otra cosa de un gobierno de un Estado-nación en un mundo de Estados-nación pero todo eso tiene un nombre y este nombre es nacionalismo. Incluso el proyecto europeísta del socialismo español parece estar fuertemente determinado por un miedo de fondo que le lleva a reclamar con cierto grado de eufemismos el derecho de autodeterminación para España y el respeto de su soberanía70. Ese nacionalismo de Felipe González no fue algo circunstancial ni secundario. Fue al contrario muy socializado en los medios de la época. El Director de ―El País‖ se mostró convencido por el sincero orgullo nacional del Presidente socialista71. Según cuenta Alfonso 65

Felipe GONZALEZ: Discurso de investidura, Madrid, Servicio Central de Publicaciones, 1982, p. 11. Manuel GARCIA-PELAYO: El tema de las nacionalidades…, p. 47. 67 Felipe GONZALEZ: Discurso de investidura…, p. 14. 68 Ivi, p. 39. 69 Ivi, pp. 49-50. 70 Ivi, p. 51. 71 Juan Luis CEBRIAN, , El País, 12 de diciembre de 1982. 66

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Guerra, los discursos del nuevo Presidente le parecieron nacionalistas, en positivo y desde una perspectiva estado-nacional, también al intelectual francés Regis Debray y a un obscuro funcionario del Departamento de Estado de EUA72. No hay que subestimar la posibilidad de que, situándonos en un mundo de estados-nación, esa afirmación nacional del nuevo gobierno de la nueva España del post-Franco fuera de agrado a nivel internacional e implantara un clima de confianza hacía el nuevo país. Un PSOE que había tardado toda la durada del proceso de cambio de régimen en resituar su discurso para librarse del término de autodeterminación, hacer el de nacionalidades encajara con la nación española después de una difícil y complicada reconceptualización y resituar su apuesta federalista acaba utilizando y reivindicando el derecho de autodeterminación para Gibraltar73. La reivindicación de un Gibraltar español, restituido a la soberanía nacional, representa una continuidad en la propaganda socialista de la Transición; con tonos muy fuertes en cuanto a la impelente necesidad de recuperar la soberanía española sobre el Peñón y utilizado sobre todo para desprestigiar la política exterior y la fidelidad nacional española de los gobiernos de UCD74. Llama la atención en un nivel comparativo la diferencia de planteamiento entre la cuestión de Gibraltar o Ceuta y Melilla. Llama la atención también la actitud muy preocupada hacia la cuestión canaria y el mantenimiento de la soberanía española sobre el archipiélago75. La intervención del PSOE y sus relaciones al más alto nivel con el FLN argelino en defensa de los intereses nacionales, no había impedido que la OUA decidiera de apoyar al MPAIAC como movimiento de liberación de Canarias dentro de sus planes de descolonización del continente africano, y de ello el partido culpaba de manera directa a UCD76. La intelectualidad de área socialista, entre un sincero afán científico y la irrenunciable necesidad de asentar y reconducir una interpretación definitiva sobre el 72

Alfonso GUERRA: Dejando atrás los vientos. Memorias 1982-1991, Madrid, Espasa, 2006, p. 41. Ivi, pp. 53-54. 74 , El Socialista, 19 junio 1977; , El Socialista, 25 septiembre 1977. 75 Fernando GONZALEZ DORNER; , El Socialista, 17 julio 1977; ÍD.: , El Socialista, 8 enero 1978; Enrique GOMARIZ: , El Socialista, 5 febrero 1978; Joaquín TAGAR: , El Socialista, 26 febrero 1978; Emilio MENENDEZ DEL VALLE: , El Socialista, 19 marzo 1978. Véase también las propuestas de resolución sobre Ceuta y Melilla y Canarias formuladas en: PSOE: 28 Congreso: Resolución Autonomías, 1979, AFPI, Fc822, p. 7. 76 J. T. [Joaquín TAGAR]: , El Socialista, 5 marzo 1978. 73

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texto constitucional y el proceso que lo había propiciado, cerraría ya en 1982 las cuestiones del federalismo, la autodeterminación y el lugar de las nacionalidades y de la nación española. Así lo haría por ejemplo Juan José Solozabal Echevarría en un elocuente ensayo por la ―Revista de Derecho Político‖, afirmando de entrada que la de 1978 no era en absoluto un texto federal77. En segundo termino afirmaba que la soberanía reside originariamente en la nación española78. Y por consiguiente, ni puede existir ningún poder constituyente ni posibilidad de ejercicio en ninguna forma del derecho de autodeterminación ni los estatutos de autonomía pueden alcanzar la manifestación de poder constituyentes. La claridad con que Solozabal hay que leerla aquí como la expresión de una interpretación más bien que como un dictamen absoluto. Es en este sentido parcial que alcanza el valor de documento parte de un discurso. De ese nos viene un importante conjunto de ideas que, al margen de expresar el sentido de la Constitución, sí nos dicen mucho sobre qué tipo de conceptualización de la nación y de su Constitución se manejaba en determinados sectores progresistas pero, al fin y al cabo, también nacionalistas. 79. El autor del ensayo, además, reivindicaba el hecho de que la convicción de que la única legitimidad posible es la nacional era compartida por todos los constituyentes, no importa sus discrepancias en su concepto de nación o en la identificación concreta de la misma. Y para terminar con la resituación del término nacionalidades cuyo empleo el autor apoya como algo que tuvo la funcionalidad de apaciguar las tensiones nacionalistas, donde por nacionalista se entienden sólo y únicamente los nacionalismos sub-estatales. Podemos apreciar aquí cierta asunción y 77

Juan José SOLOZABAL ECHEVARRIA: , Revista de Derecho Político, 13 (1982), pp. 55-58. 78 Ivi, p. 61. 79 Ivi, p. 64.

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mayor organización y síntesis de los presupuestos contenidos en muchos de los textos producidos durante la Transición por las capas intelectuales y dirigentes del PSOE. La nacionalidad es una comunidad histórico-cultural con cierta vocación política y, en definitiva, un sinónimo de región cualificada80. De ahí que el término quedaría desactivado en todas sus implicaciones políticas de cara al ejercicio del derecho de autodeterminación y la pretensión o posibilidad de separar una parte del territorio español para construir un estado independiente81.

Perspectivas de estudio y recerca La necesidad de buscar modelos interpretativos y analíticos viables y solventes para el análisis de la cuestión nacional en la España de la Transición pasa por la necesidad de dotarnos de una caja de herramientas dotada de instrumentos capaces de encontrar el nacionalismo también (y sobre todo) en sus formas no explicitas. Sin embargo, hemos podido observar cómo incluso en un contexto de desprestigio más discursivo que efectivo y funcional de la nación española, esta ha sido presente también en el discurso, en la propaganda y en las preocupaciones del PSOE. Incluso podríamos decir que ha sido presente como elemento programático explicito (siempre y cuando así se quisiera interpretar) en momento clave de cambio de régimen. Parte de esa caja de herramientas podría encontrarse en algunos elementos concretos de la reflexión de Michael Billig, algunos de ellos aplicables con cautelas y ajustes metodológicos y disciplinares consistentes al caso de la Transición española82. Dos las cuestiones a tener en cuenta al respecto. En primer lugar, que la aplicación del paradigma del nacionalismo banal al caso español tiene que ajustarse a la presencia de una dialéctica discursiva y batalla de relatos entre nacionalismo de estado y nacionalismos subestatales que a menudo nos entregan un nacionalismo español más explícito que en otros casos cercanos. En segundo lugar, que en el caso concreto de la Transición española los elementos del discurso nacional/ista entran en juego también como factores de renacionalización y refundación del Estado-nación, entregándonos una serie de elementos creativos, evolutivos y de resemantización condicionados bien por las 80

Ivi, p. 66-67. Ivi, pp. 67-69. 82 Aquí nuestra interpretación sobre la reflexión de Billig: Andrea GENIOLA: , en Pilar FOLGUERA et al. (eds.): Pensar con la historia…, pp. 3991-4012. 81

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fidelidades nacionales preexistentes bien por la dimensión procesual del cambio de régimen, como aquellos que hemos descrito en estas páginas. El alcance de la refundación nacional española durante la Transición no reside ya en nuestro entender en la construcción de un nacionalismo supuestamente cívico, ni occidental ni constitucional sino en una reestructuración en la relación jerárquica entre la nación española y sus regiones. Incluso podríamos sugerir que en este proceso donde la nación española ha sufrido un relativo desprestigio discursivo las regiones (por lo menos aquellas no afectadas por la presencia mayoritaria del nacionalismo sub-estatal) hayan desempeñado un papel de soporte y mantenimiento de la unidad cívicocomunitaria, como por otra parte apuntaba Felipe González en 198083. Precisamente en la dialéctica dinámica entre universalismo y particularismo puede que las regiones y el regionalismo autonómico hayan jugado un papel en el discurso del PSOE. No deja de ser llamativa la carga de particularismo esencialista con la cual algunos dirigentes socialistas representan los valores de sus respectivas petites patries. Significativo, pero no único, es el caso de Andalucía, sobre todo a la luz de la contribución del PSOE a la conformación de la autonomía andaluza y su definición como nacionalidad84. Así Felipe González sobre su Andalucía: 85. O también Alfonso Guerra haría unas declaraciones significativas declaraciones reivindicativas de cierto sano andalucismo pero dotadas de un fuerte componente esencialista. 86.

El estudio concreto en su dinámica histórica de la relación entre nación y región, Patria Grande y pequeña, universalismo y particularismo estamos convencidos que puede dar mucho de si en futuro. Pero en concreto, en el texto ya citado 83

Felipe GONZÁLEZ: Programa de Gobierno presentado en las Cortes por Felipe González, 28 de mayo de 1980, AFPI, Fc779, folio 8. 84 José María JAVIERRE: , El Socialista, 10 julio 1977; Alfonso GUERRA: , El Socialista, 13 diciembre 1977; ÍD.: , El Socialista, 13 diciembre 1977; José RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA: , El Socialista, 22 enero 1978. 85 Felipe GONZALEZ: Un estilo ético, Barcelona, Argos Vergara, 1982, p. 110. 86 Alfonso GUERRA: Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias 1940-1982, Madrid, Espasa, 2004, p. 141.

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abundantemente de Baltasar Aymerich la dialéctica entre construcción en el largo periodo de un Estado federal y autodeterminación de los pueblos de España parece alcanzar una calidad que merecería un mayor grado de atención. Más allá del uso poco normativo y nada claro de conceptos como federalismo o autodeterminación lo que se puede retener como dato inequivocable es la función refundadora de los procesos (pre)autonómicos87. Ese papel refundador, no afecta solamente al Estado-nación sino también al mismo PSOE. El estado de la cuestión disponible sobre el asunto del proceso de la unidad socialista y las confluencias con el Partido Socialista Popular y las organizaciones regionales de la Federación de Partidos Socialistas ofrece líneas de desarrollo muy sugerentes de cara a valorar el alcance de la incorporación de nuevos valores e identidades en la tradición del socialismo español88. Ahora bien, toda capacidad de análisis e interpretación de la dinámica regional y regionalista del PSOE no puede prescindir de una igual y paralela profundización en el conocimiento de su circunstancia nacional y nacionalista en una dinámica de constante intercambio entre investigadores y dialogo entre interpretaciones.

87

Baltasar AYMERICH: , pp. 52-53. Miguel JERÉZ MIR: , Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 30 (1985), pp. 210-244; Vega RODRIGUEZ-FLORES PARRA: , Afers, 79 (2014), pp. 643-660; Manuel RUIZ ROMERO: Tiempos de cambio: Andalucía hacia la transición autonomica. Sociedad, partidos políticos e instituciones, Sevilla, Ateneo de Sevilla/Universidad de Sevilla, 2014, pp. 149-163, 193-208; Carlos SERRANO LACARRA y Rúben RAMOS ANTON, Rubén: El aragonesismo en la transición. I. Alternativas aragonesistas y propuestas territoriales (1972-1978), Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses – Fundación Gaspar Torrente, 2002, pp. 127-187; 88

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La construcción de los barrios democráticos en Barcelona (19751986): La dialéctica entre el movimiento vecinal del Poble-sec y Montjuïc y las instituciones municipales Arnau López Espinosa Universitat de Barcelona

Introducción En Barcelona, el movimiento vecinal podría ser considerado como uno de los actores más importantes para la consecución del ideal de una ciudad democrática, inclusiva, justa, solidaria y con un proyecto compartido. Un movimiento surgido en los últimos años del franquismo y cuya fuerza, organización y reivindicaciones lograría poner en jaque a la Dictadura en el ámbito del poder local. Así mismo, fue un actor de primer orden durante los primeros años de la Transición, proyectando sus modelos de barrio y de ciudad. En esta comunicación se recoge la experiencia de este movimiento en los barrios barceloneses de Poble-sec y Montjuïc, analizando sus dinámicas propias en paralelo a los cambios políticos consistoriales y profundizando en la dialéctica desarrollada entre ambos actores.

El cambio en Barcelona y la lucha en los barrios Especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, las clases populares de Barcelona han tenido que soportar los elevados costes sociales de la acumulación capitalista y la concentración urbana.1 Durante el período conocido como Primer Franquismo, este hecho, combinado con los efectos de la guerra civil española, el carácter autoritario del sistema político y la gran inmigración que llegó a la Ciudad 1

José Luis OYÓN, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008.

127 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

Condal, llevaría a una situación social y económica totalmente insostenible. Más tarde, esta Barcelona se verá reflejada en las dificultades de una realidad urbanística producto de una especulación brutal y sin precedentes en la ciudad, llevada a cabo especialmente a partir de los años sesenta, al amparo de oscuras dinámicas de desarrollo inmobiliario.2 Se trataba de la denominada Barcelona de Porcioles, un alcalde para el cual los aspectos urbanísticos y económicos eran las dos caras de la moneda de la gestión municipal.

Efectivamente, el mandato de Josep María de Porcioles (1957-1973) marcó Barcelona en forma de numerosas deficiencias: déficit de viviendas, que trajo consigo la extensión del fenómeno de la autoconstrucción o más popularmente conocido como ―barraquismo‖; déficit escolar, estando el 30% de la población infantil de la ciudad sin plaza escolar o escolarizada en malas condiciones; déficit funcional, debido a la ausencia crónica de infraestructuras para las necesidades más básicas; y, ligado a todo ello, las consecuencias de lo que algunos autores describieron como ―la degradación‖ del Plan Comarcal de 1953 y sus Planes Parciales, un proceso caracterizado por una más que estrecha alianza entre los sectores público y privado en materia de gestión urbanística.3

Segregación, falta de servicios, especulación, corrupción, etc., eran sólo algunos de los graves fenómenos sociales, políticos y económicos que tanto definieron a la Barcelona de Porcioles y que afectaron profundamente a muchos de los barrios populares de la Barcelona tardo-franquista. Como señalaron ya a principios de los ‘70 los urbanistas Jordi Borja, Marçal Tarragó y Ricard Boix:

―[…] una política urbana que se propone reproducir la jerarquía social no puede conducir más que al tipo de ciudad que segrega los barrios populares, marginándoles y reservando los mejores emplazamientos para las residencias lujosas. Una política urbana que se ordena para que la reproducción de la fuerza 2

Jesús YNFANTE, Los negocios de Porcioles. Las Sagradas Familias de Barcelona, París, Ediciones Monipodio, 1974. 3 José Maria ALIBÉS, et al., La Barcelona de Porcioles, Barcelona, Laia, 1975, p. 8.

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de trabajo se haga a un coste mínimo no puede generar sino la falta casi total de servicios […]. Y, finalmente, una política urbana que se desarrolla en un contexto político de nula representatividad a a todos los niveles […] no puede sustraerse de la aparición de los fenómenos de corrupción cada vez más generalizados.‖4

Así pues, el statu quo de la Barcelona franquista reafirmaría una de las más acertadas intuiciones de Henri Lefebvre, según la cual la ciudad no sería sino el producto espacial de los intereses de la clase dominante proyectados sobre el territorio, el cual siempre acaba siendo objeto de explotación.5 La situación en el ayuntamiento de Barcelona en la década de los setenta, a las puertas de la transición democrática, así como en otros consistorios del Estado, era crítica. El centralismo autoritario del Estado franquista quitaba competencias y recursos a los gobiernos locales, unos gobiernos con nula representatividad y legitimidad ante la población, pues eran designados por el Ministro de Gobernación o por el Gobernador Civil. El importante crecimiento urbano de las últimas décadas, con todas la desigualdades y deficiencias que generaba, complicaba enormemente la gestión municipal de un consistorio falto de capacidad política, financiera y técnica. Una situación agraviada por el fenómeno de la corrupción sistémica del consistorio, obediente de los intereses privados especulativos, que hacían de la ciudad una suerte de botín producto de la alianza entre el Movimiento, la clase política local, con las inmobiliarias, grandes constructoras, bancos y grandes propietarios de suelo. Un ayuntamiento con una estructura político-administrativa que los hacía inoperantes ante las actuaciones necesarias para la mayoría de la población, totalmente desprovistos de legitimidad, alejados de la ciudadanía y totalmente dependientes del poder central.

Esta situación creaba múltiples conflictos sociales; el elevado nivel de deficiencias generó una fuente permanente de reivindicaciones; unos conflictos que se materializaron en forma de reivindicaciones vecinales cada vez más incisivas; se estaba 4

Jordi BORJA, Marçal TARRAGÓ, Ricard BOIX, La Gran Barcelona, Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña, 1972, p. 8. 5 Henri LEFEBVRE, La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing, 2013, p. 165 y ss.

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gestando la respuesta vecinal. El historiador y periodista Marc Andreu, por ejemplo, recuerda justamente como los núcleos de vanguardia de este movimiento en los barrios populares fueron gestados por cristianos de base, sectores independientes reunidos alrededor de centros parroquiales, estudiantes y, en mayor número, cuadros militantes del Partido Socialista Unificado de Cataluña (en adelante PSUC) y Bandera Roja (en adelante BR).6 Fueron estos núcleos los que empezaron a crear las denominadas Comisiones de Barrio, aparecidas entre 1969 y 1973 como organizaciones ilegales y que, tomando el ejemplo de las Comisiones Obreras, pretendían promover la solidaridad activa de los sectores populares con el movimiento obrero, informado a los barrios populares de las luchas que se estaban llevando a cabo en el ámbito productivo.7

A medida que estas comisiones se desarrollaban, sus principales objetivos fueron centrándose en solucionar las problemáticas que afectaban a sus respectivos barrios, un hecho que les permitió visualizarse más allá de los cuadros militantes, aumentando su poder de convocatoria y capacidad de influencia. Estas primeras experiencias de organización vecinal supusieron el embrión de lo que, más adelante, serían las Asociaciones de Vecinos (en adelante AA.VV.) combativas, las mismas que hegemonizarían el movimiento vecinal barcelonés a partir de la segunda mitad de los años setenta.8 Fueron estas vanguardias las que empezaron a recoger a los vecinos y vecinas más luchadoras de los barrios populares, generando, de paso, referencias identitarias de vital importancia para el posterior desarrollo de las AA.VV.9

6

Marc ANDREU, Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), Barcelona, L‘Avenç, 2015 7 Jaume CARBONELL, et al., La lucha de barrios en Barcelona, Madrid, Elías Querejeta, 1976, p. 25. 8 Utilizo aquí la apreciación ―Asociaciones de Vecinos combativas‖ para distinguir éstas de las pocas asociaciones de comerciantes que conformaban originariamente la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) en 1972. Durante los años más gloriosos del porciolismo, estas asociaciones, irónicamente denominadas bombillaires, se caracterizaron por sus preocupaciones sustancialmente burguesas y totalmente alejadas de cualquier tipo de reivindicación popular. Posteriormente, las AA.VV. combativas hegemonizarían la FAVB y el movimiento vecinal barcelonés. Para un análisis ampliamente desmenuzado de este proceso, véase Marc ANDREU: Barris, veïns…, p. 65 y ss. 9 Anna ALABART, ―Las asociaciones de vecinos: las conquistas y las facturas‖ en Andreu MAYAYO et al., Nous Horitzons. Nuestra utopia. PSUC: Cincuenta años de historia de Cataluña, Barcelona, Planeta, 1986, p. 66.

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La necesidad de situarse dentro de la legalidad, un hecho que permitiría un mayor crecimiento, influencia, capacidad de acción y proyección, llevó a muchas de estas Comisiones de Barrio a convertirse en AA.VV., como en el caso de Poble-sec. Esto no quita que otras AA.VV. se crearan a partir de dinámicas diferentes, así que es importante señalar que estas AA.VV. combativas fueron el resultado de la confluencia de diversos elementos ya descritos anteriormente: problemática urbanística, deficiencias en servicios básicos, falta de participación y representatividad, y un conjunto de vecinos y vecinas batalladoras, conscientes y dispuestas a cambiar su realidad cotidiana, su barrio, a través de la organización.

El Poble-sec, un barrio en lucha En Poble-sec y Montjuïc encontramos todos los elementos que describían a la Barcelona de Porcioles. En los años setenta Poble-sec se encontraba con una densidad de población de 207 habitantes por hectárea, una mayoría de población obrera ocupada en el sector industrial, un importante déficit de viviendas (y la tasa más importante de viviendas deterioradas juntamente con la Zona Franca), así como de otros servicios básicos como plazas escolares y servicios sanitarios.10 Tal y como expone una publicación de la Asociación de Vecinos del Poble-sec (en adelante, AVPS) editada en ocasión de su décimo aniversario, a principios de los ‘70 el barrio conservaba aún su carácter popular y trabajador, enclavado en un área escasamente intervenida urbanísticamente debido, sobre todo, a su peculiar ubicación geográfica entre el Paralelo, la montaña, la Exposición y el Muelle. En la misma publicación, se hace hincapié en el hecho de que el barrio – es decir sus vecinas y vecinos – había perdido la calle como punto de referencia, pues la gente había pasado a vivir entre las cuatro paredes de su casa.11 Así, la AVPS reivindicaba y proponía la necesidad de recuperar la calle, premisa bajo la cual se gestó el movimiento vecinal en Poble-sec y Montjuïc.

10

Jordi BORJA et al., La Gran Barcelona…, p. 37. También se puede encontrar un análisis menos exhaustivo en Josep Maria HUERTAS, Jaume FABRÉ, Tots els barris de Barcelona IV. Can Baró, el Carmel, el Coll, el Poble Sec, Montjuïc i els seus barris, Barcelona, Edicions 62, 1976, pp. 109-130; estos datos también han sido contrastados con un estudio realizado por la propia Asociación de Vecinos de Poble Sec, ―Sociografía del Districte II‖, Archivo Privado Villuendas-Gómez. 11 AVPS, De la clandestinitat a la legalitat, 1982. Archivo Privado Villuendas-Gómez.

131

Fue en el año 1972 cuando un número importante de vecinos y vecinas se organizaron como Comisión de Barrio de Poble-sec alrededor de la Parroquia de Sant Pere Claver. Este primer núcleo estaba formado, predominantemente, por miembros de los partidos de izquierdas presentes en el barrio – PSUC, BR, Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y Partido Comunista de España Internacional (PCE-i) -, cristianos de base y demás vecinos y vecinas independientes. Esta creación tardía de la Comisión de Barrio la situó casi inmediatamente a la dinámica de organización de la posterior AA.VV. Su primera actuación fue en marzo de 1973 en vista a la presentación del Plan Parcial de la montaña de Montjuïc. Se organizó un acto en el Club Natació Montjuïc para informar sobre el Plan, el cual fue todo un éxito, puesto que acogió a unas seiscientas personas que apoyaron la idea de crear una A.VV.. Ochenta vecinos y vecinas se comprometieron a crear una comisión gestora para desarrollarla. El primer producto de ese proyecto de comisión fue iniciar una publicación titulada Poble Sec, promovida bajo el paraguas del ―Grupo de Jóvenes Parroquia San Pedro Claver‖. El primer número de la revista vio la luz en mayo de 1973 y en él se denunciaba la nula comunicación del Ayuntamiento con los vecinos para desarrollar el Plan Parcial de Montjuïc, así como la poca información que éstos tenían al respeto. Con esa publicación, los vecinos pretendían crear ―[…] una corriente de comunicación popular para todos aquellos que tengamos algo que decir. Ahora que vivimos inmersos en un sistema que además de la libertad de expresión tiende a quitarnos la de pensamiento y a encerrar a cada uno de nosotros en su mundo particular, cerrado y pequeño, se precisa una verdadera comunicación con los que nos rodean, y una sensibilización por todo lo que pasa en la calle. […] Que ―Poble Sec‖ sea del Poble Sec, es algo que de todos nosotros depende.‖12

El 28 de junio de 1973 quedó constituida la ―Comisión Gestora para la Asociación de Vecinos de Pueblo Seco‖ y el mismo mes de agosto, en el Diario de Barcelona, aparecía una noticia referente al barrio cuyo titular decía ―Otro barrio que despierta‖. 13 En ese contexto de expansión de la lucha vecinal, el Gobierno Civil consideró oportuno sustituir a Porcioles por Enric Massó al frente del consistorio.

12 13

Véase Poble Sec, mayo de 1973. Archivo privado de Josep Guzmán. Véase Poble Sec, agosto-septiembre de 1973. Archivo privado de Josep Guzmán.

132

Diferentes asambleas y reuniones fueron celebradas hasta el 2 de marzo de 1974, fecha en que se convocó la asamblea constitutiva de la AVPS en la sala de actos del centro parroquial de Santa Madrona. Conforme los vecinos y vecinas fueron acercándose a la parroquia a lo largo de esa fría noche de marzo, se fueron percatando de que un vehículo policial había estacionado en la puerta del centro parroquial, algo que les llevó a pensar que el acto no se llevaría a cabo. Los vecinos corroboraron, así, aquello que la mayoría de ellos intuían: la celebración de la asamblea había sido prohibida por el Gobierno Civil en previsión de disturbios, ya que aquel mismo día había sido ejecutado el anarquista Salvador Puig Antich, lo cual, sumado al reciente atentado al almirante Carrero Blanco, había endurecido la represión a inicios del año 1974.

Finalmente la asamblea se pospuso hasta el 23 de marzo, cuando se celebró en la pista de baile de la Font Trobada y se escogió la primera Junta directiva. A partir de ese momento se empezaron a hacer reuniones informativas y asambleas para informar a los vecinos de la creación de la A.VV., así como para tratar temas relacionados con la eventual puesta en marcha del Plan Parcial. El local de la asociación se situó en los bajos de la calle Radas 41 y salió a la calle el primer número de la publicación Poble Sec, ahora ya sí bajo la autoría de la propia asociación.14 Tal y como versa dicha publicación, a partir de ese momento la AVPS estaba a disposición de todos los vecinos y vecinas del barrio.15 Desde el primer instante, sus miembros se pusieron manos a la obra con las reivindicaciones y las necesidades más urgentes. Así pues, en junio de 1974 se empezó una campaña para pedir la apertura de las escuelas nacionales Consell de Cent y Carlos I,16 retos alcanzados, respectivamente, en noviembre de 1974 y principios de 1975.17

Al margen de esta lucha por la mejora de las condiciones de vida del barrio, la AVPS, así como muchas otras AA.VV. de Barcelona, Cataluña y del resto de el Estado, mostraron su profundo compromiso por la consecución de las libertades democráticas y

14

En paralelo a la dinámica propia de la AVPS, durante ese período se vivió también la hegemonización de las AA.VV. combativas, que formaban la Coordinadora de Sant Antoni, dentro de la FAVB. 15 Véase Poble Sec, número I, mayo de 1974. Archivo privado Villuendas-Gómez. 16 Véase Poble Sec, número II, junio-julio de 1974. Archivo privado de Josep Guzmán. 17 Véase Poble Sec, número IV, octubre-noviembre de 1974. Archivo privado de Josep Guzmán.

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fueron el puente legal para numerosas plataformas políticas, sociales y culturales, tales como la Assemblea de Catalunya o el Congrés de Cultura Catalana. En el consistorio de la Ciudad Condal se vivían tiempos revueltos. El voto en contra de 18 regidores, en marzo de 1975, en la votación para conceder un crédito para la enseñanza del catalán, generó una gran muestra de repulsa en la ciudadanía. Se iniciaron, así, diferentes campañas para conseguir una escuela y ayuntamiento democráticos. Por otro lado, en septiembre de 1975 las acciones vecinales asistieron a la sustitución del alcalde Enric Massó por Joaquim Viola, lo cual significó un retorno al porciolismo o, en palabras de Marc Andreu, ―un jarrón de agua fría para el movimiento vecinal‖.18

Durante esta etapa de inestabilidad, la administración local aprovechó para aprobar el Plan Comarcal de 1974, el cual desde el primer momento generó numerosas protestas por parte de las AA.VV. dado que se redactó sin la más mínima consulta – por no decir participación – de los vecinos de Barcelona. La lucha contra el Plan Comarcal fue la primera gran campaña de las AA.VV. de la ciudad, puesto que éste no recogía ninguna de las necesidades de los barrios ni proponía ninguna solución al respeto. En Poble-sec, así como en otras zonas de Barcelona, el plan se limitaba simplemente a definir el uso de unas zonas de manera simplista, sin tener en cuenta los tipos de viviendas, el perfil socio-económico de los barrios, las necesidades escolares, sanitarias, de espacios verdes y de centros sociales y culturales. Las alegaciones de la AVPS se dirigieron hacia la cualificación de la zona comprendida entre las calles Puríssima, Concòrida, Sant Isidre y Passeig de l‘Exposició que suponían la expulsión de los habitantes de la zona sin prever otras viviendas para ellos en el mismo barrio. Ese sector era considerado ―zona de equipamientos‖, algo absurdo teniendo en cuenta que en el mismo barrio existían edificios como el Mercat de les Flors o los almacenes municipales, totalmente abandonados y desaprovechados. El Plan también declaraba edificable una zona que siempre había sido objeto de una vieja reivindicación del barrio: un mercado para el Poble-sec. Las modificaciones de circulación interior y exterior del barrio amenazaban con transformar de manera notable el entramado de las calles del Poble-sec así como comportaba la destrucción de la zona de La Satalia.19

18

Marc ANDREU: Barris, veïns…p. 159. Jaime LARAÍN, ―Montjuïc en conflicto‖ en Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 106, 1975, pp. 53-92. 19

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La muerte del dictador, las nuevas esperanzas y la época dorada de la AVPS En este contexto, el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Francisco Franco, un acontecimiento que desencadenó y estimuló definitivamente la lucha popular que se había estado gestando durante los años anteriores. En las calles surgieron nuevas esperanzas, nuevos horizontes. La manifestación a favor de la Amnistía organizada por la FAVB, encubriendo a la Assemblea de Catalunya, en febrero de 1976, es un buen ejemplo de ello. El régimen estaba en pleno desgaste: en julio de 1976 dimitió Arias Navarro y Adolfo Suárez tomó posesión como presidente del Gobierno. Efectivamente, 1976 fue un año muy denso desde el punto de vista político: la transformaciones sociopolíticas determinadas por la Transición empezaban a ponerse en marcha y, en la Ciudad Condal, éstas se materializaron en el nombramiento de Josep María Socías Humbert como alcalde, en diciembre del mismo año. Empezaba así la época de oro de las AA.VV.. Como se expone en una publicación de la AVPS, la llegada del nuevo alcalde representó un cambio de actitud frente a las reivindicaciones ciudadanas. Éste contaba con un talante más dialogante, también debido a la situación en la que Socías accedió a la alcaldía. A pesar de que su equipo no se planteó hacer alguna reforma de la estructura administrativa consistorial, sí consiguió un cambió substancial en su relación con las AA.VV.20 De ese modo, aparecieron nuevos elementos en la dialéctica entre éstas y el Ayuntamiento: diálogo, propuestas, contrapropuestas, largas negociaciones y burocracia constituyeron el nuevo paradigma de actuación. Empezaron, así, los mejores años para las AA.VV. de Barcelona en general y para la de Poble-sec en particular. Muchas de ellas consiguieron rápidamente proponerse y organizarse como interlocutor primordial para la política municipal frente un Ayuntamiento en proceso de deslegitimación y,

20

Haciendo referencia al nuevo talante del alcalde Socías Humbert, Eduard Moreno lo califica como el ―Kerensky municipal‖, ya que fue el hombre que permitió una mayor presencia de las asociaciones vecinales en las instituciones, asumiendo gran parte de lo que éstas pedían. Eduard MORENO y Manuel VÁZQUEZ-MONTALBÁN, Barcelona, cap a on vas? Diàlegs per a una altra Barcelona, Barcelona, Triangle, 1991, pp. 53-54; Del mismo modo, es importante recordar, sin embargo, que Socías Humbert, fue el último alcalde franquista escogido a dedo por el rey Juan Carlos I. Su actitud dialogante respondería, de hecho, a dos factores primordiales: por un lado, a la propia situación política de cambio y la presión de los movimientos sociales y, por el otro, a las maniobras post-franquistas para dirigir el proceso de Transición en pos de la descapitalización de los movimientos sociales y el mantenimiento en el poder de importantes sectores y representantes del franquismo funcionarial y financiero. Ver Lluc SALELLAS, El franquisme que no marxa, Barcelona, Saldonar.

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sobre todo entre junio de 1977 y abril de 1979, llegaron a representar la única referencia política presente en muchos barrios; una etapa de auténtica ofensiva vecinal.21 Durante esos años, con el horizonte de una elecciones municipales democráticas, la AVPS empezó a proyectar el barrio que deseaba. Surgió la iniciativa de crear el ―Taller Urbà‖, una comisión de la misma AVPS en la cual se realizaban estudios y análisis de las necesidades del barrio y se proponían soluciones para ello. Una muestra más de la colaboración entre movimientos sociales y profesionales. En la introducción de los cuadernos que recogen los trabajos hechos por el ―Taller Urbà‖ los vecinos expresaban con orgullo y firmeza sus reivindicaciones sosteniendo que tenían la necesidad

―evidente de dar alternativas serias, de analizar con profundidad los problemas urbanos, de buscar los porqués, y los cómos, que, respondiendo a los intereses de los vecinos, tuviesen en cuenta el carácter, la historia y la realidad del barrio; […] ya estamos hartos de vivir agachados o de rodillas, viendo como gente que no conocíamos y que defendían unos intereses que no eran los nuestros iban degradando y destrozando nuestra ciudad y nuestro barrio. Una casa, una tienda, un árbol, un rótulo, una escuela, forman nuestra calle, nuestro barrio, son parte de nuestra vida y queremos participar en su organización.‖22

La AVPS consiguió con su pro-actividad que el Ayuntamiento atendiera a numerosas demandas, como la expropiación y posterior remodelación de los terrenos ocupados por la empresa Carbones del Nalón como expone esta nota del Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona al Delegado de Promoción ciudadana en junio de 1978:

―Visto el anteproyecto de los arquitectos de la Asociación de Vecinos del Poble Sec, para la sistematización de los terrenos de la escuela Consell de Cent, en la ―carbonera‖, para patio, pista deportiva y paseo que asegure la ampliación del

21

Carme MOLINERO y Pere YSÀS (coords.), Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icaria, 2010, p. 218. 22 AVPS, 1. Poble Sec. Aproximació a la realitat urbana, AVPS, 1979. Archivo privado de Marta Traveria.

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actual jardín y su entronque con el parque de Montjuïc, doy mi conformidad para que desarrolléis los oportunos proyectos sobre el citado anteproyecto.‖23

Algunos proyectos del Taller Urbà iban en la dirección de darle nuevo usos a edificios ya existentes, funciones de equipamientos sociales. En este caso se encuentran dos proyectos: el hogar de jubilados de la calle Rosal i el casal de la calle Font-Honrada. Los proyectos trataban de la comprobación de las proporciones y características de los edificios para ver si cumplían la normativa y los estándares vigentes para acoger ese tipo de equipamientos. Otros proyectos se orientaban en la recuperación de terrenos para construir equipamientos. Este es el caso del citado ejemplo referente al sola de la empresa Carbones del Nalón, en el Passeig de Colón, que se cualificó como zona verde en el Plan Comarcal. Un proyecto que combinaba la necesidad de construir una zona verde y las necesidades de la escuela contigua, la escuela Consell de Cent. Otros proyectos fueren la adecuación de un espacio para ampliar el patio de la escuela Carles I o la ordenación de un área verde dentro de la montaña de Montjuïc para crear unos jardines denominados ―La Primavera‖.

Sin duda, unos de los proyectos más ambiciosos del Taller Urbà de la AVPS fueron el proyecto de reforma del vial propuesto en el Plan Comarcal y el proyecto de remodelación de la Plaça de les Navas. El tramo de vía proyectado por el Plan Comarcal en su paso por el barrio del Poble-sec tenia la voluntad de constituir una vía de tráfico rápido, algo totalmente enfrentado y contrario a los beneficios del tejido social y del vecindario. En el caso del proyecto de remodelación de la plaza, se trataba de un proyecto de ordenación de un área verde en tejido urbano. Esta ―plaza‖, situada en la zona de la França Xica, estaba producida por una trama fruto de las superposiciones de diversas actuaciones viarias, es decir, era el sobrante de las vías de circulación, un vacío accidental en la trama. Por tanto, ese proyecto respondía a la voluntad de definir y programar un espacio público que hasta entonces había sido un ―espacio residual‖ según la definición del propio Taller Urbà.24 Como versaba un titular recortado por un vecino 23

Nota del Delegado de Urbanismo al Delegado de Promoción Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, 21 de junio de 1978. Archivo privado Villuendas-Gómez. 24 AVPS, 1. Poble Sec. Aproximació a la realitat urbana, AVPS, 1979. Archivo privado de Marta Traveria.

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y guardado en una de las numerosas carpetas con papeles de la AVPS, ―El Poble Sec se proyecta a sí mismo‖.25

En paralelo a esta iniciativas vecinales, a esta voluntad de construir literalmente el barrio, se siguieron dando campañas reivindicativas y acciones. Un ejemplo claro lo encontramos en la ocupación del antiguo local del Movimiento Nacional en el barrio para reivindicar un centro cívico que, finalmente, y ante las presiones recibidas, el Ayuntamiento cedió a los vecinos. O campañas contra la construcción de un Bingo en la Avinguda Paralel; una campaña que se inició a finales de los setenta y que duró hasta principios de los ochenta, esta vez, una batalla perdida.26 Unas iniciativas que supusieron una importante herencia para el primer ayuntamiento democrático. Las reivindicaciones vecinales continuaron su andadura.

El Ayuntamiento democrático: ilusión y desmovilización Después de los resultados electorales de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, se abría en Barcelona el período del primer Ayuntamiento democrático encabezado por el socialista Narcís Serra. Esta primera etapa política y urbanística democrática, que se alarga hasta la nominación olímpica de la ciudad en 1986, estaría marcada por un gran empeño del consistorio en hacer una reforma administrativa y atender algunas urgencias urbanas. En efecto, durante este período el Ayuntamiento mantiene buenas relaciones con los movimientos vecinales, considerados como actores de primer orden durante los iniciales años de la Transición. En el caso del Poble-sec, este aspecto se tradujo en la recuperación de espacios, apertura de equipamientos (como el centro cívico de la calle Blai) o la remodelación de parques y plazas siguiendo las premisas de la AVPS. Nos encontraríamos, en otras palabras, en aquel período que Jordi Borja bautizara como ―urbanismo ciudadano‖.27

25

Según el propietario de dicha carpeta, Josep Ramón Gómez, ese titular corresponde al Diario de Barcelona, y sitúa su fecha en 1979. 26 AVPS, Bingo no!, 1982, Archivo privado Villuendas-Gómez. 27 Jordi BORJA, Llums i ombres de l’urbanisme a Barcelona, Barcelona, Empúries, 2010, p. 162.

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Por otro lado, tal y como afirma el antropólogo Manuel Delgado, el cambio democrático abrió ―la perspectiva de realización de las ilusiones democraticistas que encarnaron la oposición franquista y los movimientos vecinales‖.28 Aun así, cabe decir que la mayoría de estos proyectos aprobados fueron elaborados durante los años anteriores por las propias AA.VV. Por lo que respeta a la participación ciudadana, huelga decir que los hechos más importantes de este primer período son la nueva división administrativa de la ciudad en distritos, el tímido proceso de descentralización y la aprobación de las primeras normas reguladoras de los procesos participativos abiertos a la ciudadanía. En la temprana fecha de diciembre de 1979, se aprobó el Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito, considerados como un conjunto de

―[…] instrumentos para avanzar hacia la descentralización ciudadana […] mediante el acercamiento de la administración a los ciudadanos, lograr una más directa participación de éstos en la vida municipal […] sin menoscabo del principio de unidad del gobierno municipal […].‖29

Se trataba de un reglamento ambicioso, que contenía incluso la elección directa de los Consejos Municipales de Distrito mediante sufragio, idea que, como veremos, nunca se llegó a desarrollar. Así, bajo la batuta del nuevo alcalde Pasqual Maragall y el concejal Jordi Borja, el Ayuntamiento procedió a iniciar un proceso de descentralización administrativa hacia los nuevos distritos creados, los cuales reflejaban mejor la realidad de los barrios de la ciudad. Del mismo modo, se buscaron formas para empezar a institucionalizar la participación ciudadana que se había dado hasta entonces en las calles. Para este fin, se aprobaron en 1986 las Normas Reguladoras de la Organización de la Participación Ciudadana, mediante las cuales el Ayuntamiento tendía a canalizar dentro del entramado burocrático la participación ciudadana. Dicho de otra forma, lo que se

28

Manuel DELGADO, La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del “Modelo Barcelona”, Madrid, Catarata, 2007, p. 34. 29 Véase el Reglamento de los Consejos Municipales de Distrito, con aprobación del 21 de diciembre de 1979 y publicado por el Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona en 1981, pp. 184-189.

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pretendía era limitar el poder político que los movimientos vecinales habían ido adquiriendo, en tanto que actores locales preeminentes, durante la Transición. Las nuevas instituciones democráticas, dominadas por los partidos de izquierda mayoritarios (PSC y PSUC), empezaron a mirar de otra manera a las AA.VV. de las que antes habían formado parte y, con la legitimidad que les otorgaban los resultados de las urnas,30 contribuyeron a la desmovilización vecinal mediante cierta ―hostilidad institucional‖.31 En estas primeras normas ya se recogía el carácter consultivo e informativo de las AA.VV. en la dinámica de la política municipal, así como la creación de un entramado burocrático que impedía un acceso más fluido de éstas a las instituciones.32 En la misma dirección, algunas AA.VV. comenzaron un proceso de institucionalización que mermaría tanto su capacidad reivindicativa, como sus propios proyectos. Esta hostilidad institucional, unida a la desmovilización que las AA.VV estaban sufriendo dado al nuevo contexto político y a la captación de algunos de sus líderes por parte del nuevo Ayuntamiento, propiciaron el inicio de la crisis que sufrió el movimiento vecinal barcelonés a partir de la década de los ochenta. En el caso del Poble-sec, este aspecto determinaría, a partir de mediados de los ochenta, una mínima presencia pública de la AVPS, el abandono de buena parte de sus integrantes originarios y la poca repercusión de sus reivindicaciones, que se hicieron cada vez más particulares. Per el desarme de la AVPS no constituyó un caso aislado. La ciudad estaba entrando en lo que se denominaría un ―proceso de desdemocratización‖ que, especialmente tras la nominación olímpica de Barcelona en octubre de 1986, marcaría un auténtico punto de inflexión para la dialéctica entra las instituciones municipales y el movimiento vecinal; una nueva relación entre la administración y la ciudadanía, entre su concepción de Barcelona y los barceloneses y barcelonesas.

30

Vale la pena recordar que el PSC y el PSUC eran las fuerzas políticas hegemónicas en Catalunya desde las primeras elecciones generales democráticas de junio de 1977. La amplia victoria de dichas fuerzas, que más tarde también se repetirá en los comicios locales de abril de 1979, marcaría el principio de un importante proceso de consolidación política, aquel que el historiador Andreu Mayayo bautizara como ―la ruptura catalana‖. Andreu MAYAYO, La ruptura catalana. Les eleccions del 15-J del 1977, Catarroja, Afers, 2002, p. 157. 31 Marc ANDREU: ―Barcelona, els moviments socials i la transició a la democràcia: hegemonia gramsciana, referent espanyol i ruptura catalana‖ en Segle XX. Revista catalana d’història, 8, 2015, p. 112. 32 Véase las Normes Reguladores de l’Organització dels Districtes i de la Participació Ciutadana, con aprobación del 5 de diciembre de 1986 y publicadas en la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 16, el 10 de junio de 1987, pp. 418-427.

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Las obreras católicas en las organizaciones del pueblo. Las militantes de la HOAC/F en la lucha por la democracia

Sara Martín Gutiérrez Universidad Complutense de Madrid

Consolidada la dictadura franquista y prohibidos todos los sindicatos, partidos y agrupaciones políticas por el nuevo régimen, las posibilidades del asociacionismo a partir de 1939 se circunscribieron en exclusiva a las organizaciones vinculadas a Falange y a aquellas supeditadas a la Iglesia. Sección Femenina y la Acción Católica de la Mujer se convirtieron entonces en los únicos espacios de sociabilidad permitidos por el régimen para las mujeres, desde los cuales se difundió a partir de los años cuarenta el arquetipo femenino ideal, vinculado al hogar y alejado de la esfera pública. Inevitablemente, los modelos femeninos y los discursos sobre el papel de las mujeres de ambas organizaciones chocaron pronto con la realidad misma, ya que las figuras principales de ambas organizaciones no fueron en ningún caso mujeres vinculadas al espacio privado precisamente por las funciones y responsabilidades que debieron cumplir. Muchas de ellas permanecieron solteras –lo que hizo que debieran su vida prácticamente al impulso de ambas organizaciones- y tampoco fueron madres1. Este modelo tampoco se asoció de manera tan general al grueso de su militancia, quienes empezaron a través de actividades cotidianas a erosionar los modelos de género 1

Kathleen RICHMOND: Las mujeres en el fascismo español: la Sección Femenina de la Falange, 19341959, Madrid, Alianza Ensayo, 2004 e Inmaculada BLASCO HERRANZ: Paradojas de la ortodoxia: política de masas y militancia católica femenina en España (1919-1939), Universidad de Zaragoza, 2003.

141 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

tradicionales. Sin embargo, a través de los cursillos que impartieron en sus sedes, estas organizaciones difundieron el arquetipo femenino basado en las cualidades de Santa Teresa de Jesús, Isabel de Castilla, y para el caso de la Acción Católica, la Virgen María. Pureza, sacrificio, abnegación, maternidad, caridad y dedicación fueron las virtudes y valores que destacaron de dichos modelos de género. El año 1946 marcará un punto de inflexión en la trayectoria de la Acción Católica con el nacimiento de las organizaciones de especialización apostólica de la AC, entre ellas las obreras: JOACF, JOMAC, HOFAC Y HOMAC que rápidamente se popularizaron como JOCF, JOC, HOACF y HOAC, asumiendo los discursos proselitistas de la Acción Católica y la supeditación a la jerarquía eclesial. Sin embargo, la metodología de formación que emplearon en dichas organizaciones, a lo que se añadió el inicio del compromiso temporal de sus militantes, supuso el inicio de una nueva religiosidad alejada del nacionalcatolicismo triunfalista y muy próximo a o que posteriormente serían los enunciados del Concilio Vaticano II. En este sentido, desde estas organizaciones se animó, prácticamente desde sus inicios a que hombres y mujeres se comprometieran en la construcción de una sociedad justa y cristiana colaborando activamente sobre su entorno más cercano. De esta manera, muchos comenzaron su actividad en la formación de los primeros sindicatos clandestinos, si bien previamente lo hicieron practicando el entrismo a través de la estructura oficial del Sindicato Vertical. Otros lo hicieron en las primeras asociaciones de vecinos que nacieron con el nombre de Asociaciones de Cabezas de Familia, que jugaron un rol destacado en los barrios humildes a partir de los años sesenta, y desde las cuales se proyectaron las necesidades de los mismos. Finalmente, algunos militantes de las antiguas organizaciones de apostolado seglar jugaron un papel destacado en el panorama político de la España contemporánea2. Algunos lo hicieron inicialmente en la clandestinidad, y, posteriormente y de manera más generalizada, en las distintas iniciativas que se abrieron una vez levantada la prohibición expresa de toda alternativa política al franquismo. En ese sentido, abordar una revisión exhaustiva de las listas electorales ―de candidatos de centro, y sobre todo, de izquierda‖, se hace indispensable para conocer la aportación de

2

A pesar de ello, la HOAC mixta concedió más importancia a la militancia sindical que a la política a lo largo de su trayectoria. José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (19401977). Antropología política de los cristianos de izquierda, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, p. 449.

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estos cristianos y cristianas a la lucha por la democracia3. Para este trabajo nos ocuparemos de manera especial de las mujeres de la rama adulta obrera: la HOACF, destacando tanto a las mujeres que a partir de los años sesenta se integraron en la HOAC de los hombres como aquellas que decidieron seguir un camino autónomo en la rama femenina a partir de entonces. Tanto para unas como para otras, la formación que recibieron en la organización marcó de alguna forma su trayectoria militante como su vida personal, sobre todo en el momento en el que decidieron formular compromisos cada vez más comprometidos con la realidad social y política del país. De esta forma, algunas de ellas comenzaron alentadas por la organización a participar de los procesos políticos de los municipios, pero contemplando como su actividad quedó eclipsada por la de sus homólogos varones. Ya Rovirosa, fundador de las organizaciones HOAC/F sostenía que cuando se celebraban elecciones ―en todas partes los que lo mangonean son los hombres‖, y pedía a las mujeres ―de su casa‖ una mayor implicación y atención, ―tienen en sus manos una fuerza considerable‖4. Las militantes, ya plenamente empapadas de la formación hoacista y con una clara conciencia católica-obrera comenzaron en torno a los años sesenta a reivindicar su presencia en la esfera pública, fortalecidas por el aliento de la situación de otros países europeos como Francia, donde ―muchas mujeres eran elegidas concejales, tenientes alcalde e incluso alcaldes‖5. El Boletín HOACF reflejó entonces, a imagen del caso francés, los primeros impulsos de algunas militantes en la vida pública española6: ―En Oviedo había un concejal femenino y en estas elecciones últimas han surgido otras dos: una en el ayuntamiento de Ávila –Carmela Pedrosa– y otra llamada Encarnación Rodríguez que pertenece a Morata de Tajuña‖7. En este sentido, las mujeres de la HOACF pidieron ―una mayor libertad para elegir a los dirigentes políticos‖, para que

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Rafael DÍAZ-SALAZAR: ―Los cristianos, la lucha por la democracia y la creación del nuevo movimiento obrero (1947-1977)‖, XX Siglos, 16 (1993), pp. 5-14, esp. p. 6. 4 Guillermo ROVIROSA: ¿De quién es la empresa?, Madrid, editorial ZYX, 1964, p.95. 5 Boletín HOACF, nº 32, (mayo 1964). Archivo Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica, caja 138, carpeta 13. 6 Según Inmaculada Blasco, ya durante la dictadura de Primo de Rivera la Acción Católica de la Mujer ya realizó algunas llamadas a sus militantes para que se presentasen a las elecciones locales. Se trataba de trasladar la actuación de las mujeres del espacio doméstico al espacio público, un modelo que las dirigentes de la ACM consideraban que iba a beneficiar a la sociedad católica en contraposición a los nuevos valores modernos. Inmaculada BLASCO HERRANZ: Paradojas de la ortodoxia…, p. 154. 7 Sara, nº 36, (febrero 1961). Archivo Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica, caja 345, carpeta 1.

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pudieran ocupar los cargos ―mujeres cristianas responsables‖8. Así se reconoció la importancia de participar en las elecciones municipales con el objetivo de ―crear un mundo mejor‖ recogiendo el sentido cristiano de justicia que enunciaban las organizaciones de apostolado seglar ya durante la dictadura franquista 9. Comenzaba entonces la participación política de algunas militantes de la HOACF, un aspecto que alcanzaría una proyección mayor a finales de la década de los setenta durante el periodo de la transición pero que de alguna manera sería eclipsado por los hombres, protagonistas de la coyuntura política:

―En este mes y en el mes próximo se llevan a cabo las elecciones municipales para la renovación de concejales en sus tercios de cabezas de familia, sindical y organismos. Sería justo que, al menos por la representación familiar, pudiera tener entrada la mujer en el Municipio, pero como el que interviene es el cabeza de familia, y de hecho, en la inmensa mayoría de los casos es un hombre, por serlo el marido, son muy contados los casos en que una mujer ha llegado a ser concejal‖.10

Esta preocupación de las organizaciones apostólicas sobre la participación política de sus militantes se pudo apoyar a mediados de los años sesenta en el respaldo de los enunciados del Concilio Vaticano II, que pedían un mayor compromiso eclesial por parte de los laicos. Sin embargo, el impulso de la militancia y la expansión que había experimentado la Acción Católica durante los años cuarenta y cincuenta se vio interrumpida por diversos factores que alcanzaron su punto álgido durante los años del desarrollismo. Tal y como señala Feliciano Montero, el cambio de los grupos de la Acción Católica discurrió en paralelo a los diferentes cambios eclesiales, sin olvidar tampoco la influencia ejercida por el fuerte condicionamiento de muchos militantes de

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―Cuestionario elaborado por las diócesis de Soria, Ferrol del Caudillo, Elche, Burgos, Santiago de Compostela, Plasencia, Tudela, Lérida, Huesca, Astorga, Vitoria, Albacete, Valencia y Logroño‖, (Lungern, Suiza, 1965), Archivo Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica, caja 150, carpeta 3. 9 Mónica MORENO SECO: ―Mujeres, trabajadoras y católicas: la HOACF en el franquismo‖, en Manuel ORTIZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al desenganche: la iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011, p. 144. 10

Boletín de la HOACF, nº 25, (octubre de 1963), Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

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la HOAC que anteriormente habían participado de la efervescencia política y sindical en los años previos a la Guerra Civil. El Concilio Vaticano II que se había celebrado entre 1962 y 1965 influenció enormemente el planteamiento cristiano de numerosos militantes, llegando en un momento de profundos cambios sociales en España, entre ellos la postura oficial del catolicismo11. Según apuntó Javier Tusell ―en ningún país el impacto aparente sobre el catolicismo el Concilio Vaticano II ha sido mayor‖ 12, lo que inevitablemente condujo a fricciones internas dentro de la propia Iglesia Católica y a fuertes tensiones entre Iglesia y régimen. Según Hurtado Sánchez, el mayor ejemplo de estas fricciones se produciría en 1973 con el documento de la Conferencia Episcopal ―La Iglesia y la comunidad política‖, en el que la Iglesia abogaba por participar plenamente de la justicia social y de los derechos humanos, un documento al que se opusieron 24 obispos13. Efectivamente, según Tusell, ―la jerarquía eclesiástica no tenía que habérselas con malintencionados no creyentes, sino con todo lo contrario: con personas que, probablemente con toda su buena intención, mantenían una postura que chocaba directamente contra las enseñanzas del Concilio Vaticano II‖14. El Concilio vino a reafirmar el trabajo de las especializaciones obreras católicas, que sin embargo contemplaron con impotencia como pronto la jerarquía eclesial iba a hacer caso omiso a las disposiciones conciliares. Sin embargo, la ruptura de la Acción Católica ya era un hecho en tanto estas organizaciones de apostolado seglar habían conseguido acabar con el asistencialismo piadoso de la AC triunfalista, cuestionado prácticamente desde sus inicios por los militantes y sus dirigentes. Incluso ya en el grupo de Mujeres de Acción Católica la celebración de la Semana de Impacto a cargo de Tomás Malagón en 1959 marcó un antes y un después en la trayectoria de esta rama, que avanzó entonces hacia posturas más progresistas alejadas del ideal de caridad y piedad de los primeros años de dictadura. La labor de los consiliarios de la HOACF y del resto de asociaciones católicas cambió tras el Concilio también, ya que debieron otorgar cierta cobertura a las iniciativas de los seglares, dejándoles para sí un mayor campo de acción. Sin embargo, la HOACF afirmó entonces que la labor del consiliario debía continuar siendo destacada gracias a los tres ejes marcados por el Papa Pablo VI. 11

Juan María LABOA: ―Marco histórico y recepción del Concilio‖, en VV.AA: El postconcilio en España, Madrid, Ediciones Encuentro, 1988, p. 13. 12 Javier TUSELL: ―El impacto del Concilio Vaticano II en la política y en la sociedad española‖, en VV.AA, El postconcilio en España…, p.379. 13 José HURTADO SÁNCHEZ: Cristianos en el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977)…, p.188. 14 Javier TUSELL: ―El impacto del Concilio Vaticano II en la política y en la sociedad española‖, en VV.AA, El postconcilio en España…, p. 386.

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En primer lugar, se consideraba su importancia en la formación religiosa, pues para los seglares era muy difícil realizar su actividad formativa de manera autónoma. En segundo lugar, consideraban que el consiliario debía constituir ―la vigilancia de la rectitud de la línea‖, es decir, el control de ideas y actividades de las asociaciones católicas: ―¿Quién defenderá en ellos [los seglares] esta ejemplaridad ante todo el apostolado, si no es la amorosa, sabia, discreta y autorizada asistencia del sacerdote?‖ Finalmente, el tercero de los ejes se refería a la función de enlaces de los consiliarios, encargados de poner en relación a los seglares y a la autoridad eclesiástica15. El Concilio Vaticano II también supondrá una ruptura progresiva de la alianza Iglesia y régimen en tanto supuso un corte con el nacionalcatolicismo anterior, que previamente habían marcado algunos grupos de apostolado seglar16. Efectivamente, previamente a la celebración del Concilio, ya los grupos de apostolado seglar, especialmente sus ramas masculinas, más desarrolladas entonces, habían marcado distancias y diferencias en muchos casos con la postura del régimen y de la Acción Católica General, en defensa de los intereses de la clase trabajadora, bien participando en distintos conflictos laborales ya en la década de los años cincuenta, y en las huelgas de la minería asturiana en 1962, o bien a través del discurso contra la carestía de vida y la dureza de la posguerra que denunciaba en sus páginas el Boletín Tú hasta su suspensión en 1951. El Concilio Vaticano II que tuvo lugar entre 1962 y 1965 animó las tensiones en el seno de los movimientos especializados de Acción Católica, que pronto entraron en conflicto con parte de la jerarquía eclesiástica, de manera especial con los obispos José Guerra Campos y Casimiro Morcillo González con quienes, en palabras de la que fuera presidenta diocesana de Plasencia en los sesenta, Lucía García, ―era imposible hacer nada‖17. Esta jerarquía conservadora siempre contempló con peligro el llamado compromiso temporal de las organizaciones apostólicas, y limitó, en la medida de sus posibilidades, el nombramiento de ciertos dirigentes de la HOAC/F, una tarea que

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Comisión Nacional de la HOACF: ―Figura y misión del consiliario de Acción Católica‖. (Madrid, noviembre de 1966). Archivo de la Junta Técnica, caja 176, serie 1, carpeta 4. 16 Edurne YÁNIZ BERRIO: ―El impacto y la recepción del Concilio Ecuménico Vaticano II en Navarra. Una aproximación al primer postconcilio marcado por la figura del prelado Mons. Enrique Delgado Gómez (1965-1968)‖, Historia Actual, 35 (2014), pp.127-142, esp. p.129. 17 Testimonio de la militante Lucía García Hernández. Archivo de la Fundación Primero de Mayo, Serie Biografías Obreras.

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necesitaba la aprobación de la Dirección Central de la AC18. Un ejemplo de este hecho se reflejó a mediados de los años sesenta, cuando Lucía García Hernández fue propuesta para la presidencia estatal de la HOACF. Sin embargo, a pesar de lograr la mayoría de votos de las bases de la organización, su cargo nunca fue aprobado por la oposición de Guerra Campos, entonces consiliario general de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar –CEAS–, quien se negó a ratificar la decisión de la HOAC/F sospechando del ―excesivo‖ compromiso de García, quien ya entonces militaba en el PCE clandestino y en las CCOO. Efectivamente, tal y como señalaba Francisco Martínez Hoyos, ―la jerarquía acusaba a los movimientos especializados de descuidar la vida cristiana en favor del antifranquismo19, y la crisis del apostolado seglar, el quiebre de la HOAC masculina y femenina a mediados de los años sesenta y la desbandada general de militantes al término de la década vino a reafirmar esta tesis. De esta manera, su compromiso temporal y la participación en las diferentes luchas del movimiento obrero era considerado por buena parte de la jerarquía eclesial como ―una desviación del catolicismo‖. El cuestionamiento de la legitimidad de la dictadura franquista y el inicio de un compromiso político ―antifranquista‖ fue una característica de las particulares luchas de las obreras, muchas de ellas ya vinculadas a la organización mixta y a la nueva HOAC. Si bien no todas acabaron plantando oposición al régimen, los testimonios que existen sobre diferentes etapas históricas señalan un desarrollo progresivo en la oposición a la dictadura20 y una participación activa en la reinstauración de la democracia por parte de muchos de los militantes de estas organizaciones21. Por ejemplo, el matrimonio formado por los militantes de la HOAC/F Valeriano Gómez y Merche Rodeño de la diócesis vizcaína recordaba que ―había una dictadura férrea y había que luchar contra ella‖ 22. Mientras, la hoacista María Moreno ―Pasionaria‖ de Lora del Río afirmaba que había

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Javier DOMÍNGUEZ: Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, Mensajero, Bilbao, 1985, p. 311. 19

Francisco MARTÍNEZ HOYOS: ―La Acción Católica Obrera durante el franquismo‖, XX Siglos, 12 49 (2000), pp.40-50, esp. p. 48. 20 Mónica MORENO SECO: ―Religiosas y laicas en el franquismo: entre la dictadura y la oposición‖, Arenal, 12 1 (enero-junio 2005), pp.61-89, esp. p. 86. 21

La III Asamblea Nacional de la HOAC celebrada en 1977, que contó con 600 asistentes, pidió en su manifiesto la consolidación de las libertades democráticas así como la legalización de todos los partidos y sindicatos obreros, de las asociaciones de vecinos y las de amas de casa, así como la del resto de organizaciones populares. 22 Antonio MURCIA: Obreros y obispos en el franquismo, Madrid, ediciones HOAC, 1995, p. 53.

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tenido su puerta sembrada de guardias civiles y no le había dado miedo. ―He estado dos veces en la cárcel‖23. Conscientes de los límites de la dictadura, la Iglesia y el movimiento obrero intensificaron sus lazos sobre todo a partir de los años sesenta. Gracias a la cobertura legal y la situación privilegiada en la que se amparaban las organizaciones católicas, entre ellas la HOAC/F; los locales diocesanos, e incluso las parroquias, sirvieron como espacio de encuentro y reunión no solo para los católicos sino también para militantes de organizaciones políticas y sindicatos clandestinos, como por ejemplo el PCE o las CCOO. Según una militante, ―la HOAC/F hizo de plataforma para que los sindicatos salieran adelante‖24. Otra militante de la HOAC, CCOO y del PSUC, Carme Quinquillà Codina recordaba en Lleida numerosas reuniones del movimiento obrero y de CCOO en los locales de la HOAC/F en los que el debate político y la necesidad de luchar contra la dictadura estaba presente25. Efectivamente, durante este periodo se produjeron varios encierros en iglesias de distintas diócesis, entre ellos los protagonizados por las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres –MDM– que había impulsado el PCE, así como distintas colectas para colaborar con las huelgas laborales. También se celebraban debates y cursos que fueron adquiriendo cada vez más, un tinte reivindicador de las libertades democráticas. A finales de 1975 la Iglesia había perdido una parte de la eficacia ideológica que había contribuido a legitimar la dictadura franquista 26. Y a ello contribuyeron las comunidades cristianas de base y las organizaciones católicas obreras apoyadas por los curas obreros, junto con unas pocas personalidades de la jerarquía eclesial. En este sentido, las militantes de la HOACF Antoñita Berges27 y Angelina

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Entrevista a María Moreno realizada por José Hurtado Sánchez en 1998. Datos recogidos en José HURTADO SÁNCHEZ: La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977)…, p. 438. 24 Entrevistas a Amparo Calvo realizadas por la autora, 30 de octubre de 2013 y 14 de noviembre de 2013. 25 Gregori GALLEGO i MARÍN: Els Anònims de la transició: història oral del moviment obrer a Lleida i a Balaguer (1960-1970), Lleida, Pagès, 1996, p. 199. 26 Rafael DIAZ SALAZAR: Iglesia, dictadura y democracia, catolicismo y sociedad en España (19531979), Madrid, HOAC, 1981, p.315. 27 Esta militante fue Secretaria General de la Comisión Nacional de la HOACF a comienzos de los años sesenta (1961-62), Vicepresidenta y Responsable de Organización (1963). En 1956 acudió invitada a la Semana Nacional de la HOAC en Córdoba, primera semana que también celebraba la HOFAC ―para aprender más para poder hacer todavía más y mejor‖ y allí entró en contacto con Guillermo Rovirosa. Entrevista a Antonia Berges. Boletín Tú, nº 132, (octubre de 2011), III ª Época. Archivo de la Comisión Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica.

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Surroca recordaban el lugar privilegiado que ocupaban las organizaciones religiosas y el espacio de lucha que supusieron éstas en la lucha contra el régimen:

―A partir de los 50, empezamos a hacer una acción en Madrid con el fin de levantar un poco la HOAC. […] Tratábamos de denunciar para que la gente tomara conciencia. Les hablábamos de cómo no había más que una vía: la de izquierdas. Junto a esto, individualmente, nosotros llevábamos un sentido cristiano. Está claro que en aquellos tiempos la Iglesia tenía un gran poder de convocatoria, pero de todos modos acudía mucha gente que no tenía nada que ver con ella, ya que éramos los únicos que, por un privilegio especial, el gobierno no se atrevía a meterse con nosotros y podíamos hablar de muchas cosas. El centro que teníamos de la HOAC en la calle Silvela de Madrid estaba siempre abierto, para que la gente de izquierdas pudiera reunirse y hablar. Constantemente hemos tenido en la puerta a la policía‖28. ―En el año 54 es cuando yo comienzo a tomar contacto con la gente del PCE y con cristianos muy comprometidos. En el año 62 me paso a la HOACF y fui nombrada presidenta. Como no se podía denunciar nada sino era a través de la Iglesia, pues bajo la capa de ésta nos apuntábamos todos y denunciábamos‖29. En 1972 la HOAC mixta ya había denunciaba la falta de libertades de la sociedad española, una situación política en la que denunciaba que ―el pueblo no participa y es falsamente representado‖, razón por la que pedía a sus militantes participar activamente en la política. Asimismo, definía al régimen como una ―dictadura totalitaria al servicio del capital‖ y aprovechó para repudiar la represión que existía ―en todos los órdenes‖. Desde la Comisión Nacional de la HOAC se finalizaba recordando que ―No se puede hablar de libertad o democracia‖30. La Iglesia Católica tampoco escapaba a sus críticas, fuertemente enfrentados desde la crisis del apostolado seglar y desligados de la supeditación a la AC General tras rechazar los estatutos de 1968, la HOAC decía de dicha institución religiosa que se encontraba ―aburguesada y casada con 28

Testimonio de Antoñita Berges, recogido en Fernanda ROMEU: El silencio roto: mujeres contra el franquismo, Barcelona, El Viejo Topo, 2002, p. 131. 29

Testimonio de Angelina Surroca, recogido en Fernanda ROMEU: El silencio roto…, pp. 131-132. ―Informe sobre la situación de la HOAC en 1972‖. Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, Subfondo de Mónica Moreno. 30

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el régimen‖ y que la mayoría del clero era ―reaccionario‖.

En esta línea, según

Feliciano Montero, ―la contribución de los Movimientos de Acción Católica a la «lucha por la democracia» durante el franquismo, especialmente en los años sesenta, se puede resumir en un doble nivel: el de formación de conciencias -o de mentalización-, y el de la «cobertura legal» para actividades sindicales y políticas imposibles de organizar y llevar a cabo más que en la clandestinidad‖, hecho que llevó a muchos de ellos a participar activamente en el proceso de (re)construcción democrática31.

Las católicas se lanzan a la política El nexo de unión entre las mujeres católicas y la política tuvo su máximo apogeo en el periodo de la transición a la democracia, en el que fue posible constatar ―el espíritu de justicia y el respeto a los Derechos Humanos que las organizaciones católicas, entre ellas la HOACF y la JOCF‖, habían sembrado en sus militantes, lo que de alguna manera favoreció el proceso hacia la democracia32. A comienzos de los años setenta, la HOACF elaboró así varios programas para dar a conocer a las militantes el funcionamiento del ayuntamiento y de la vida política, entre cuyos apartados destacaba el epígrafe ―cómo llegar a ser concejal‖, explicando que toda acción política comenzaba en el seno de un partido político organizado, y afirmaba que aunque hubiera muchos candidatos, había que situarse ―donde más falta hiciera‖. Para ello recomendaban a las mujeres ―ser miembro de un partido‖, conocer los estatutos y presentar su candidatura, entre otras cuestiones: ―En cualquier caso ser bastante realista y comprometerse para servir y no por vanidad‖33. Continuando en esta línea, la rama de mujeres de la HOACF, más vinculada ya a las actividades y la formación eclesial que al compromiso sindical y político, elaboraba desde su Comisión Nacional en junio de 1977 un documento llamado ―La mujer ante las elecciones‖. En él denunciaba la cosificación de las mujeres y criticaba la arbitraria división entre las llamadas ―tareas de la mujer‖ y ―las tareas del hombre‖. También clamaba contra las leyes que marcaban la desigualdad jurídica de las mujeres dentro del matrimonio, 31

Feliciano MONTERO: ―La contribución de los Movimientos de AC a la lucha por la democracia‖, XX Siglos, 16 (1993), pp.41-51, esp. p. 41. 32 ASOCIACIÓN MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: Españolas en la transición: de excluidas a protagonistas (1973-1982), Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 70. 33 ―¿Cómo llegar a ser concejal?‖. Archivo de la Junta Técnica de Acción Católica General, caja 177, serie 1, carpeta 2.

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realizando una crítica importante a los delitos tipificados en el código penal. Pedían que no se excluyese a las mujeres ―de ninguna clase de trabajo‖ y denunciaban la marginación que sufrían las mujeres en el proceso político del estado. Finalmente, pedían a los dirigentes que dentro de la Iglesia se tomase en consideración la situación de las militantes, para quienes las cuestiones de género y las diferencias con los varones continuaban siendo una batalla cotidiana34. Esta labor de preocupación ante la vida política de la España franquista estuvo presente en las discusiones y reuniones de los equipos de base. Así, durante la transición, según la militante Eulalia Gómez, ―la gente tenía mucho deseo de libertad y de que la gente participase‖35. Por esta razón, desde la HOAC mixta se sucedieron las críticas a la falta de libertad de asociación y de reunión e incluso en alguna ocasión se manifestaron a favor de los postulados pro-amnistía36. De nuevo volvieron reiteradas llamadas a las mujeres para que tomasen parte activa en la esfera política a través de partidos y organizaciones que se postulasen al servicio de la sociedad en un contexto que no estuvo exento de tensiones, peligros y gestas todavía clandestinas. Así fue como la militante de la HOAC mixta María Rubio, en septiembre del año 1975, con motivo del fusilamiento de cinco militantes antifranquistas, y acompañada de otro militante anarquista, realizó pintadas en Cartagena en contra de su ajusticiamiento. Por su parte, otra militante hoacista, Consuelo Ruiz recordaba lo siguiente:

―El periodo de transición a la democracia se vivió con bastante miedo. La HOAC estaba en el punto de mira, pues estábamos en los frentes de trabajo […] nos seguían, no podías juntarte más de cinco‖37.

También la hoacista Amparo Calvo sentenciaba que en el País Vasco ―había mucha represión‖ y que las organizaciones apostólicas participaron plenamente de los

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Comisión Nacional de la HOACF: ―La mujer ante las elecciones‖, (Madrid, mayo de 1977). Archivo de la Acción Católica General, caja 80, serie 1, carpeta 3. 35 Entrevista a Eulalia Gómez realizada por la autora, 27 de julio 2013. 36 Mónica MORENO SECO: ―Mujeres, trabajadoras y católicas…, p. 156; y entrevista a María Rubio realizada por la autora, 27 de julio de 2013. 37 Entrevista a Consuelo Ruiz Gómez realizada por la autora, 27 de julio de 2013.

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procesos políticos en Vizcaya38. Terminada la clandestinidad y legalizados los partidos políticos, para los antiguos militantes del apostolado seglar se abrió entonces un abanico de posibilidades para culminar su compromiso temporal en ―las organizaciones del pueblo‖. La militante hoacista Caridad Escudero recordaría que ―el ideal entonces era la democracia pura, pero como no había, pues mucha gente se afilió al PSOE‖.39 Este fue el caso de la militante Amparo Garijo, quien ya en 1964 formaba parte de la Comisión Permanente de la HOACF. Había sido también vocal de zona en la diócesis de Albacete, y posteriormente pasó a ser miembro de la HOAC mixta después de la crisis del apostolado, comenzando así su militancia en el movimiento obrero de su localidad. Finalmente, fue elegida concejal por el partido socialista en el primer gobierno democrático de España después de la dictadura y planteó, junto con el resto de concejalas, las bases del primer plan de igualdad para la mujer en la localidad de Almansa. En un homenaje póstumo a su muerte, otra militante del partido socialista recordaba que durante el golpe de estado del 23F, Amparo Garijo ―defendió el Ayuntamiento de Almansa‖, mientras otra compañera, miembro de la HOAC, afirmaba que tuvo especial dedicación a la cuestión de la mujer, defendiendo ―a igual trabajo igual salario‖40, y reconociendo su presencia en las luchas sindicales, barriales y eclesiales: ―estuvo en todo lo que se movía en el pueblo‖41. La militante de Almansa no fue el único caso de doble militancia dentro de la organización, ya que un grupo importante de mujeres de la HOAC/F de Sabadell comenzó también a implicarse activamente en el PSUC incluso en su etapa clandestina42. Efectivamente en 1979, y con motivo del clima electoral que vivía España, no fueron pocos los obreros y obreras, católicos o no, que decidieron participar bajo las siglas de un partido, principalmente de izquierdas en las elecciones. Tal es el caso de una militante cuyo testimonio aquí reproducimos y cuyo anonimato prefirió guardar la publicación hoacista de Noticias Obreras que decidió reproducir la carta vaticinando que sería la ―problemática de muchos creyentes‖: 38

Entrevistas a Amparo Calvo realizadas por la autora, 30 de octubre de 2013 y 14 de noviembre de 2013. 39 Entrevista a Caridad Escudero militante de JOCF, HOACF y HOAC realizada por Enrique Berzal de la Rosa, 1 de abril de 1998, Archivo Regional de CCOO de Valladolid. Serie Biografías Obreras. 40 Desde sus primeras publicaciones y recogiendo el testigo del sindicalismo católico de comienzos del siglo XX, la HOACF y la HOAC defendieron siempre que hombres y mujeres cobrasen el mismo salario por la realización de la misma actividad laboral. 41 ―Homenaje a Amparo Garijo‖, vídeo conmemorativo elaborado por el PSOE de Almansa y publicado el 9 de marzo de 2012. 42 Entrevistas a Resurrección Fernández realizadas por Xavier Domenèch, 13 de febrero y 2 de abril de 2001. Arxiu Historic de CCOO de Catalunya. Serie Biografías Obreras.

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―Hasta hace poco más de un año era cristiana de misa y comunión casi diaria, aunque mi lucha por la clase obrera nace casi desde 1965, en que empecé a trabajar y vi los problemas que los pobres teníamos. Después me casé y dejé el trabajo, pero no la lucha, ya que mi marido es de la construcción, que ya sabéis, siempre están con problemas. Además, llevaba conmigo la lucha cristiana, que os puedo decir que en mi pueblo ha sido nula, ya que hay mucho cacique. Y desde que se llevaron al sacerdote que necesitaba el pueblo, resulta que el mayor cacique es el sacerdote que tenemos. Quiero que me digáis si vuestra lucha cristiana es ayudando a la clase obrera y preparándola con vuestro periódico. Y si además tenéis prácticas religiosas como la misa, la comunión y otros aspectos religiosos. Me presento a las municipales de mi pueblo; voy con un grupo de personas de diferentes maneras de pensar, entre ellas comunistas. Vamos como independientes, bajo las siglas del PCE (sólo como independientes había muchos problemas). Como cristiana, y al presentarme en una candidatura que, aunque vamos como independentistas, es totalmente de izquierdas y no aceptamos su programa en totalidad. Por esto quisiera que alguien me respondiera a las dudas que tengo: ¿Debo seguir con mis prácticas religiosas? A mí me llena estar en la iglesia, pero no cuando el cura dice misa. Cara a la política ¿mi actuación cristiana debe ser como hasta ahora, aunque me tenga que enfrentar con la gente?‖43. Esta confrontación que algunos militantes de la HOAC/F encontraron en el ámbito de los partidos de izquierda, profundamente anticlerical, también la sufrieron por otro lado en el seno de la propia Iglesia. Así, la presidenta de la HOACF en Plasencia Lucía García fue excomulgada durante un tiempo por el obispo de su diócesis mucho antes de comenzar su militancia política y sindical tras los enfrentamientos que tuvo con las Mujeres de Acción Católica a comienzos de los años cincuenta. García, ya en la transición concurriría a las primeras elecciones democráticas como cabeza de lista del PCE por Salamanca. Con el paso de los años, la militante se fue alejando del PCE debido a sus discrepancias con el partido, y abandonó también la HOAC femenina y después la HOAC mixta, reconociendo que, de su experiencia militante, ―solo me quedaría con la teología de la liberación‖. 43

Noticias Obreras, nº 756, (16-31 de marzo de 1979). Archivo de la Comisión Nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica.

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Una trayectoria muy parecida la vivió la militante Carmen Murillo, quien entre 1963 y 1967 había viajado por distintos pueblos de Toledo impulsando la HOAC/F y la JOC/F. Dedicada a la enseñanza de los obreros, en 1976 se afilió al sindicato de enseñanza en plena huelga declarada de los maestros, y ya a finales de los años setenta decidió integrarse dentro del PCE y de las CCOO lo que para ella fue ―una consecuencia normal de la gente que trabajaba por la clase obrera‖. Posteriormente y tras un distanciamiento paulatino, abandonó sus actividades religiosas en tanto estableció que éstas dejaron de responder a sus necesidades44. Ellas fueron el ejemplo de trayectorias de vida de muchos de los militantes de las organizaciones apostólicas, quienes desencantados con la ortodoxia de la Iglesia y ante la imposibilidad de compatibilizar sus compromisos políticos y religiosos, abandonaron el arca católica. En este sentido, y según la hoacista Amparo Calvo, ―la gente se fue mucho por lo temporal, y entonces la fe pues yo creo que ahí se falló un poco […] fue un poco lo que acabó distanciando y bueno pues como luego ya aparecieron los sindicatos y ya estaban todas las otras plataformas, que podías reunirte, que podías tener todo esto, a la Iglesia no la necesitabas‖45. Los casos de enfrentamientos con la jerarquía eclesial fueron numerosos durante esta etapa. Por ejemplo, otra militante de la HOAC mixta en Cataluña, Carme Quinquillà también sufrió una amenaza de excomunión por parte del obispo de su diócesis46. Quinquillà también fue detenida en varias ocasiones en Lleida, siendo entonces enlace sindical de CCOO. Tal y como ella misma reconoció, sufrió una persecución a nivel individual, pero también a nivel familiar. Fue citada y detenida varias veces por la policía, una de ellas, en 1975, tras lo cual fue enviada a prisión 3 días47. Expulsada del PTE bajo el pretexto de que una cristiana no podía ser marxista, posteriormente se presentó en las listas municipales para las primeras elecciones democráticas en el PSUC, pero fue obligada a renunciar a su cargo para que pasase a ocuparlo una persona designada por el comité central48:

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Entrevista a Carmen Murillo Casión realizada el 7 de julio de 2003. Fundación de estudios sindicales. Archivo Histórico de CCOO en Andalucía. Serie de Biografías Obreras. 45 Entrevistas a Amparo Calvo realizadas por la autora, 30 de octubre de 2013 y 14 de noviembre de 2013. 46 Gregori GALLEGO i MARÍN: Els Anònims de la transició…, p.205. 47 Ibídem…, p.207. 48 Ibídem…, p.214.

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―Com que jo no vaig voler renunciar públicament a la meva ideología, em van expulsar del partit […] Jo vaig continuar amb la lluita però ja fora del PTE. Estava a l` Assemblea de les Terres de Lleida i, mès endavant, em vaig ficar al PSUC. Seria l`any 1976 o així quan vaig entrar al PSUC.‖49 Efectivamente en muchas ocasiones la doble militancia –política y religiosa– no fue entendida por alguna de las partes implicadas, que manifestaron sus reticencias a contemplar con plena compatibilidad la fe y el marxismo. A una compañera de Carme, Pilar Bayo, que participaba en la Coordinadora de Catalunya, un compañero de CCOO también le pondría las cosas difíciles: ―Li deia que era l`espia del bisbe, i això que era una noia molt honesta, […] Ella va aguantar dos o tres anys així. […] Va ser una lluita titànica. Els del PTE i els del PSUC no podien tolerar que hi hagués gent dirigent dins de CCOO que no fos de cap partit‖50. Este testimonio contrastaría con la experiencia favorable de la hoacista Resurrección Fernández en CCOO y en el PSUC: ―Por aquella época como nos movíamos en dos campos, eh, y claro los del campo de…de izquierda ya no sabían que nosotros estamos al lado de la iglesia, pues claro éramos las personas más indicadas para ir a pedir, pero…no, nos lo decían a nosotras y…la HOAC no se metía tampoco en estas cosas, era nuestro compromiso, que como nuestro compromiso de revisión era que teníamos que estar ahí, después nadie nos pedía cuenta, ni el cura ni nada…la HOAC de Sabadell fue desapareciendo a medida que avanzaban los compromisos políticos de los militantes‖ 51. Desde las publicaciones y circulares organizaciones apostólicas se animó a sus militantes a comprometerse en la vía política, un compromiso al que la organización no contempló como adverso a su tradición obrera y católica y que se puso de manifiesto en las distintas asambleas que organizó la HOAC mixta en los setenta:

49

Ibídem…, p.198. Ibídem…, p. 207. 51 Entrevistas a Resurrección Fernández realizadas por Xavier Domenèch, 13 de febrero y 2 de abril de 2001. Arxiu Historic de CCOO de Catalunya. Serie Biografías Obreras. 50

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―Nosotros estamos convencidos por la experiencia de cada día, durante muchos años, que el testimonio cristiano en el medio obrero pasa necesariamente por la militancia en partidos y sindicatos obreros, en grupos autonomistas y autogestionarios, en organizaciones de base. […] Nosotros estamos convencidos de que los católicos se pueden hacer militantes anarquistas, socialistas y comunistas sin renunciar a su identidad cristiana y eclesial‖52.

En esta línea, el programa Cristianos y Revolucionarios de 1979 elaborado desde la Comisión Nacional la HOAC mixta reconocía esa identidad cristiana y obrera que se había manifestado ya desde los inicios de la HOAC/F, y sentenciaba que precisamente los militantes procedentes del campo socialista, comunista y anarquista habían enriquecido enormemente la HOAC a través de su experiencia53. Como contrapartida, también la jerarquía de la Iglesia trató de limitar la cobertura a los partidos clandestinos, siendo así que Lucía García recordaría que, en una reunión con Tarancón, éste manifestó su apoyo a la HOAC mixta, con la condición de que pusieran a disposición del movimiento obrero los medios de la organización, siempre y cuando no hubiese ―partidos por medio‖. Asimismo, el obispo pidió que en las reuniones con el resto de obreros, siempre estuviese presente un miembro de la HOAC, debido a la fuerte presencia de militantes comunistas, algo que no siempre fue posible cumplir54. Así, los militantes del apostolado seglar pronto vieron como buena parte de la jerarquía eclesial les volvía la espalda, al tiempo que desde las organizaciones políticas de la izquierda se les contemplaba en muchas ocasiones con el recelo de quien bien conocía el apoyo brindado por parte de la institución católica al régimen. De esta forma, las militantes de la HOACF que iniciaron su compromiso en el ámbito político, para continuar con el ideal de justicia cristiana en la tierra, debieron enfrentarse, en primer lugar, al ostracismo que les debía su condición de mujeres. También debieron superar las dificultades del diálogo marxista y religioso en sus inicios, hecho por el cual muchas de ellas abandonaron sus creencias religiosas. A pesar de ello, la formación que 52

COMISIÓN DE LA HOAC: Cristianos en la lucha obrera, Madrid, ediciones HOAC, 1981, p. 79.

53

COMISIÓN GENERAL DE LA HOAC: Cristianos y revolucionarios: Programa militante de la HOAC, Madrid, ediciones HOAC, 1979, p.20. 54

Testimonio de la militante Lucía García Hernández. Archivo de la Fundación Primero de Mayo. Serie Biografías Obreras.

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recibieron en la organización y la metodología hoacista caló profundamente en ellas, marcando de alguna manera los inicios de su compromiso con la clase obrera y con el cambio político hacia la democracia, momento del cual participaron plenamente desde su militancia velada.

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Crisis de militancia en el cambio de ciclo de la transición: la experiencia de la Organización de Izquierda Comunista* Joel Sans Molas, Universitat Autònoma de Barcelona

La radicalización política que se produjo en los años 60 y 70 en el Estado español conllevó el auge de la izquierda radical y de la figura del militante revolucionario, como cada vez más se está estudiando1. Sin embargo, durante la transición estas organizaciones entraron en una crisis pronunciada, reflejando el cambio de ciclo político y social. En esta comunicación se analiza esta crisis a través del caso de la Organización de Izquierda Comunista (OIC). En esta comunicación el enfoque para tratar este declive brusco, que conllevó que entre 1977 y 1980 desaparecieran un gran número de organizaciones de la izquierda revolucionaria, entre ellas los dos mayores partidos -el PTE y la ORT-, tendrá en cuenta la evolución y las políticas de la OIC al mismo tiempo que el elemento de la crisis de militancia y cómo se vivió desde la propia militancia el cambio que supuso la transición. Se trata de una crisis que tiene causas políticas y sociales más amplias pero que al mismo tiempo guarda relación con el factor personal y con el modelo de militancia de alto compromiso. Para desarrollar este texto se ha trabajado con testimonios y entrevistas a antiguos militantes, al mismo tiempo que con la prensa y *

Esta comunicación está vinculada al proyecto de investigación, "Culturas políticas, movilización y violencia en España, 1930-1950" (Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2014-53498-P), forma parte del provecto de tesis doctoral del autor y está financiado por el programa FPU del Ministerio de Educación. 1 Entre los últimos libros publicados sobre la cuestión tenemos: Gonzalo WILHELMI, Romper el consenso. La izquierda radical en el la Transición española (1975-1982), Madrid, Siglo XXI, 2016; Martí CAUSSA i Ricard MARTÍNEZ (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, Viento Sur, 2014 y José Luis MARTÍN, Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, Barcelona, El viejo Topo, 2011.

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documentación de la OIC, para situar las experiencias individuales en el marco de la cultura política y militante de esta organización. Los estudios específicos sobre militancia están poco desarrollados para el caso del Estado español, si bien tenemos algunos trabajos hechos bajo este prima, especialmente sobre el mundo del PCE y PSUC2. Aún así, el enfoque de la militancia es muy relevante para aportar luz sobre la relación compleja entre política y persona, en la que se mezclan cuestiones que van desde las culturas políticas e identidades hasta las motivaciones, experiencias y sentimientos y motivaciones personales. Cómo defiende Juan Antonio Andrade: ―El perfil sociológico de las militancias, su inserción en la sociedad, sus expectativas vitales, su cultura militante, la forma en que sienten su compromiso, la disposición de su tiempo vital al tiempo de militancia, sus niveles de formación teórica, sus sistemas de valores, su sentido de pertenencia a una tradición de la que forman parte o sus tendencias ideológicas, su identidad al fin y al cabo, son dimensiones que dan una imagen más completa y humanizada de los colectivos estudiados, y constituyen un campo de trabajo vastísimo y sumamente atractivo para el historiador‖.3

En esta comunicación se presentaran ejemplos de cómo se vivió y se ve desde hoy la militancia de los años 70 a partir de testimonios. Cabe tener en cuenta que a partir de la decena de testimonos en los que me apoyo no es posible tener una visión general de la totalidad. Esto representa parte de lo que fue la experiencia de militancia de la OIC y, además, son visiones personales. Pero tienen en común el valor remitir a un pasado compartido, el de formar y hacer actividad política en la misma organización, en distintos puntos del Estado, desde distintas posiciones y responsabilidades en la organización, con recorridos distintos, profesiones e, incluso, ideas políticas posteriores y valoraciones distintas sobre lo que fue la experiencia de formar parte de aquella

2

Ver por ejemplo (sin tener en cuenta autobiografías): Manuel BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas-Atrapasueños, 2009; Giame PALA, ―El PSUC hacia dentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970—1981) en Giame PALA (ed)., El PSU de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialisme: materials per a la història. Barcelona, Associació Catalana d‘Investigacions Marxistes, 2008. pp. 183-206 y Juan Antonio ANDRADE, ―Con su propia voz. Los militantes de base ante el cambio ideológico del PCE y el PSOE en la etapa central de la transición española‖ en Historia Social, 73 (2012), pp. 123-143. 3 Juan Antonio ANDRADE, ―Con su propia voz....‖, p. 124.

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organización. Con la particularidad de estos puntos en común y de esta diversidad podemos recoger y acoger lo que nos manifiestan estos testimonios. Otra consideración es que sabemos que la memoria tienen un componente de reconstrucción personal. En palabras de Portelli: ―la memoria no es un depósito pasivo de hechos, sino un activo proceso de creación de significados‖.4 En este sentido la memoria recoge la trayectoria individual posterior del testimonio al mismo tiempo que la influencia que puede haber recibido de los cambios que se suceden en el entorno político y que remodelan la visión sobre determinados momentos del pasado. Teniendo esta reflexión en mente, el testimonio de la experiencia personal nos ofrece un material de indudable valor para comprender mejor el ambiente y el color, de un momento histórico y al mismo tiempo cómo se recuerda y se valora aquello desde el presente, es decir las subjetividades: ―El elemento singular y precioso (…) es la subjetividad del hablante. (…) Las fuentes orales nos dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que piensan ahora que hacían‖.5 Todo ello nos ayuda a comprender mejor la amplitud de la experiencia humana, de nuestro comportamiento. Comprendernos mejor, qué somos, cómo evolucionamos en el tiempo, cómo nos inserimos en la dinámica social. Todo este enorme gradiente de actitudes, pensamientos, ideas, acciones, manifestaciones... que van desde la psique individual, hasta lo colectivo y las estructuras sociales, pasando por en medio de las emociones -individuales o compartidas-, las culturas políticas y los espacios de sociabilización.

La militancia en la OIC El modelo de militancia de la OIC requería una dinámica de fuerte compromiso por la parte de la gente que entraba a formar parte de la organización, algo que no era completamente específico de la izquierda revolucionaria, aunque tuvieran sus

4

Alessandro PORTELLI: ―Lo que hace diferente a la historia oral. Recuerdos que llevan a teorías‖ en Dora SCHWARZSTEIN, La Historia Oral, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991. p. 45. 5 Op. cit. p. 42.

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características propias, sino bastante habitual en los militantes y activistas antifranquistas.6 El concepto de militancia integral o total es bastante acertado pera definir este tipo de modelo. Como ha planteado Giame Pala en el caso de los miembros del PSUC en los años 70, los comunistas interiorizaron la militancia ―como algo totalizador, omniabarcante‖, todo el tiempo se tornaba político, desde el laboral, el social y el tiempo libre.7 La propia OIC explicita en sus estatutos de 1977 el concepto de militancia como algo totalizador: ―Entendemos por militante comunista aquel que establece una fecunda y revolucionaria fusión entre la vida política y la vida personal o privada, entendiendo que la lucha por el comunismo es algo totalizador en la vida de cada hombre o mujer.‖ Esta fusión de aspectos, no se plantea en forma de criterios desde la organización sino que lo asumiría cada militante en función de su consciencia.8 Este modelo comportaba una gran dedicación de tiempo, como queda también ejemplificado en un informe de la célula de la OIC de la Verneda, de otoño de 1977, en la que se comenta que los cuatro militantes que quedan (la célula se ha reducido a la mitad en los anteriores meses) tienen ―una dedicación al 50-60% de su tiempo libre‖.9 Un modelo que, junto al propio marco ideológico de la organización, llevaba también a una concepción moral de la militancia. Como comenta Toni Pons: ―los componentes ideológicos, mm, en mi opinión, conllevan a tener que tener un estilo de vida cercano a estos conceptos. (…) Esto te conlleva tener una cierta moral, sobre tu, sobre tu vida y sobre tus comportamientos en la vida. Es posible decir que yo me voy de vacaciones cuando hay unas reuniones importantes o una huelga o un no sé qué, pues esto es... es incompatible. (…) Se exige una moral, una moral revolucionaria, de entrega, exagerando, eh? un poco, de entrega total a la causa, no?‖.10

6

Sobre la concepción de militancia y los motivos para entrar en la OIC ver: Joel SANS: ―Desentrañar la militancia revolucionaria de los años 70: el caso de la Organización de Izquierda Comunista‖ en IV Encuentro internacional de investigadores del franquismo, Granada, 10 y 11 de marzo de 2016. 7 Giame PALA, ―El PSUC hacia dentro...‖ p. 186. 8 ―Estatutos de la OIC‖. Organización de Izquierda Comunista, [1977]. Archivo Personal de Andy Durgan, cedido a Joel Sans. 9 ―La OIC en la Verneda. Datos a tener en cuenta par el plan de trabajo‖, 4 de septiembre de 1977. Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía (AHCOA), Caja 1366 (materiales de la OIC). 10 Entrevista a Toni Pons (dirigente de la OIC en Mallorca y Córdoba), Córdoba, 09/03/2016. Entrevista realizada por Joel Sans.

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Para terminar de dar algunas características de la militancia de la OIC conviene tener en cuenta su implantación y dimensiones. Entre 1974 -momento de fundación de la OIC- y mediados de 1977, el punto álgido de la organización, el crecimiento de la OIC es muy fuerte tanto en cuanto a expansión territorial como numérica. La asistencia de 88 delegados a una reunión del Comité Central en julio de 1977 nos muestra que en aquel momento la OIC tenía su principal fuerza en Euskadi, Catalunya, País Valencià y Andalucía, al mismo tiempo que tenía organización en las Illes Balears, Aragón, Asturies, Santander, Galicia y Castilla.11 A ello se debía añadir las juventudes que tenían su propia estructura. En determinadas zonas, como en Andalucía o en las Illes Baleares, se llega a tener una posición importante dentro de la izquierda revolucionaria. En Sabadell, el Vallès Oriental y Tarragona la OIC se situaba, dentro de la lucha obrera y vecinal, como la segunda organización después del PSUC.12 En Córdoba, por ejemplo, se había pasado de ser una organización con un reducido número de militantes en 1975 a llegar a ser más de un centenar en 1977, un crecimiento muy rápido pero al mismo tiempo poco asentado.13 Todo ello hacía que en su momento álgido la OIC contara, según uno de sus dirigentes, con alrededor de 3.000 o 3.500 miembros activamente encuadrados en células,14 lo que supone un capital militante nada despreciable, en una organización sobre todo de cuadros, joven y entusiasta. A principios de 1977, a la par que el avance del contexto de mayor conquista de libertades y de actividad pública -pese a la situación ilegalidad en que se mantendrá la OIC hasta el mes de septiembre- el modelo de militancia había suavizado algunos contornos, especialmente en lo que se refería a la supeditación de la conducta personal a la causa política y a las necesidades del partido. Aún así se mantenía una gran entrega vital en términos tanto cuantitativos (de horas dedicadas, aportación económica) como cualitativos: una política que impregna gran parte de la vida -esto es que configura un estilo de vida y unas motivaciones, que politiza las relaciones sociales y también afecta decisiones vitales como sitio de vivir y trabajo a escoger-, de las personas militantes. 11

A partir de los 88 delegados que asistieron a una reunión del Comité Central: ―Acta del Comité Central‖, julio 1977, OIC. Archivo Personal de Jorge Nuñez (APJN). 12 ―Esquema para elaborar el plan de intervención y trabajo para Cataluña realizado por el Comité de Dirección Política de Catalunya de la OICE‖, [1976]. Archivo Personal de Koldo Tapia (APKT). pp. 1112. 13 Entrevistas a Toni Pons (dirigente de la OIC en Mallorca y Córdoba), Córdoba, 09/03/2016 y a Pepe Larios (dirigente de la OIC en Córdoba), Córdoba, 09/03/2016. Entrevistas realizadas por Joel Sans. 14 Se trata de una cifra estimada con la que trabajaba la dirección, debido a la ausencia de censos por motivos de seguridad. Conversación con Enrique Pérez Cañamares (Secretario General de la OIC en 1977 y miembro de la Secretaría Permanente en 1978-79), 2 de junio de 2006.

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Esta organización y este modelo de militancia llegan así a un momento decisivo del cambio político.

Elecciones y expectativas Las elecciones de 15 de junio de 1977 serán un punto de inflexión decisivo para el conjunto de la izquierda revolucionaria. La OIC, integrada en el Frente de Unidad de los Trabajadores (FUT), conjuntamente con la LCR, el POUM y Acción Comunista, conseguía solamente 41.208 votos (un 0,22% del total). La suma de las distintas candidaturas de la izquierda radical sacaba un poco más de medio millón de votos, que suponía un un 2,93%15 A veces la actitud subjetiva hacia un acontecimiento tiene un afecto mayor sobre uno mismo que el acontecimiento mismo. Un poco de eso sucedió en las elecciones de 1977. Indudablemente los comicios -como ya había pasado anteriormente con la articulación política del antifranquismo en Comisión de los Nueve, en la que no había representación de la izquierda radical- dejaron a la izquierda revolucionaria al margen de las instituciones y ello las apartó de cualquier tipo de centralidad política cuando la política justamente se estaba trasladando velozmente de los movimientos a las nuevas instituciones en construcción. Unos comicios, cabe recordar, en que solamente podían votar las personas mayores de 21 años -afectando pues un sector, el de la juventud en el que tenía influencia la izquierda radical- y en los que estos partidos no pudieron presentarse abiertamente. Pero más allá de esto, el impacto negativo de las elecciones tiene mucho que ver con las grandes expectativas puestas en ellas por parte de las principales organizaciones de la izquierda radical. En el caso de la OIC -como también del resto de las principales organizaciones revolucionarias- sus dirigentes confiaban en que su candidatura sacaría diversos diputados. El choque entre las previsiones y los resultados reales no solamente sacudió una previsión en concreto sino que, lógicamente, afectó todo el análisis que había detrás de esta, es decir de una suposición de una importante influencia de la organización, del espacio para las ideas revolucionarias y de la debilidad del reformismo en la clase trabajadora. Así pues, las elecciones fue un acontecimiento en el que se condensaban y testaban -por primera vez actuando ampliamente fuera de la clandestinidad- una gran cantidad de expectativas y la previsión que se podría articular políticamente un tejido 15

Ministerio del Interior. Resultados electorales [on-line]: http://www.infoelectoral.mir.es/min/home.html

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social fuerte y radicalizado. Si bien las elecciones no son un reflejo certero de la dinámica social ni incluso ideológica, los malos resultados sin duda visualizaron la enorme dificultad para la izquierda radicalden traducir su influencia en los movimientos sociales en apoyo político. Toni Pons refleja muy bien el impacto que tuvieron las elecciones frente a las expectativas subjetivas construidas y también la lectura optimista que hacían de la conflictividad social, el componente político de la cual les permitía mantener unas altas perspectivas: La verdad es que las perspectivas eran, eh... poco... con pocas posibilidades, te mantienen un poco, eh?, las luchas, la transición ya se sabe que lleva a toda una serie de movilizaciones, etc., ah?, que tienen un carácter más o menos político, o tienen un carácter político, no? entonces esto te va moviendo un poco, te va movilizando un poco y te hace crecer esperanzas, pero son unas esperanzas muy, muy... cada vez que estas esperanzas las pones en las urnas... chaaff!16

En esta citación aparece también otro elemento: cómo, desde el presente, ve el entrevistado los mecanismos de convencimiento -o autoconvencimiento- que se hacían para ordenar los acontecimientos que se sucedían dentro de lo que indicaba el mapa de su esquema político. Las altas expectativas de la organización no solamente se situaban en lo electoral, también en un rápido crecimiento del número de militantes. En vísperas de las elecciones la OIC imprimía la alta cifra de 10.000 carnets y empezaba a realizar los primeros actos públicos de entrega. Reflejando su concepción sobre lo que era la militancia y la distancia de los partidos que estaban ―haciendo socios por correo‖, el carnet solamente podía ser entregado ―a los hombres y mujeres de la OIC entregados a la lucha revolucionaria‖.17 Sin embargo, en menos de dos años, la OIC habría perdido alrededor de dos terceras partes de su militancia. ¿Cómo se pueden explicar estas altas expectativas -tanto de crecimiento como electorales- tan distintas del desenlace que se produjo? Si bien aparecen fácilmente sobredimensionadas, es importante verlas en el contexto y entender sus causas. La nueva situación política, con mayores libertades y capacidad de actuación, sumado al 16

Entrevista a Toni Pons. Aparecido en el periódico vasco de la OIC: Iraultza. N.º 12, 8 de junio de 1977, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa (LBF). 17

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alto nivel de lucha social experimentado de forma creciente desde finales de 1975 eran elementos sobre los que la dirección y militancia de la OIC podía apoyar su optimismo En este contexto se había producido el rápido crecimiento de la organización mencionado y su influencia importante a nivel local en algunas ciudades. Por otro lado, la actividad pública de la organización tenía capacidad para atraer a una audiencia numerosa. El mitin final del FUT en Barcelona llenaba completamente el Palau d'Esports, con capacidad para 8.000 personas.18 Y una fiesta-mítin de la OIC de Euskadi, en julio de 1977 en el Frontón de Anoeta, reunía a 2.000 militantes y simpatizantes.19 Para analizar estas expectativas tan elevadas hay dos elementos más a tener en consideración. El primero,

que el optimismo en si mi mismo ha sido usado

habitualmente como motor político, como forma de animar al mantenimiento o implicación de la actividad militante.20 Y el segundo es la dificultad de organizaciones como la OIC para tener un feedback global de la sociedad.21 El entorno sobre el que la OIC tenía influencia, un tejido social de lucha, configuraba en buena medida su percepción de la realidad, lo que creaba una perspectiva sobredimensionada del grado de radicalización, más en una situación de semiclandestinidad.

La crisis política de la OIC A los malos resultados electorales se sumaron las dificultades con las que se encontraban las propias políticas de la OIC para desarrollarse. El haber construido sus propias organizaciones de intervención en el movimiento obrero, las Plataformas Anticapitalistas y las Comisiones Obreras Anticapitalistas, les dejó en una posición periférica ante el ascenso de los sindicatos desde mediados de 1976. En enero de 1977 la OIC había tenido que tomar la decisión de disolver estas organizaciones obreras 22 y 18

Entrevista a Joan Font (exdirigent de la LCR), Barcelona, 02/08/2012, entrevista realizada por Joel Sans. El periódico de la LCR en Catalunya hablaba de 10.000 asistentes: Demà nº. 10. 25 de junio de 1977. Arxiu Biblioteca Pavelló de la República (ABPR). 19 Si bien no he podido contrastar esta cifra de asistentes las fotos del acto muestran como mínimo un medio millar de personas. Iraultza. N.º 13, 6 de julio de 1977, LBF. 20 José BABIANO: ―Retóricas y espacios del antiranquismo‖ en Manuel PÉREZ LEDESMAe Ismael SAZ (coords.), Del franquismo a la democracia. 1936-2013. Historia de las culturas políticas en España y América Latina, volumen IV, Madrid: Marcial Pons. p. 307. 21 Reflexión de Daniel Bensaïd, uno de los dirigentes de la LCR francesa, en: Jean BIRNBAUM, Leur jeunesse et la nôtre. L’espérance révolutionnaire au fil des générations, Stock, París, 2005. p. 256. Agradezco a Ricard Martínez haberme facilitado esta referencia. 22 COA. Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras Anticapitalistas, 30 de gener de 1977. Arxiu Històric de Sabadell (AHS). Informacions clandestines. Comunicats de la Policia. 4.3.1. Capsa 3. 19741977.

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empezar un debate delicado -pues siempre había apostado por organizaciones obreras políticas, no únicamente laborales- sobre cómo intervenir en el nuevo espacio sindical. La no participación en plataformas de carácter político, como los organismos unitarios, también había marginado a la OIC de los movimientos políticos que se produjeron durante la transición. Finalmente, el sincretismo ideológico de la OIC, bebiendo des del consejismo y el trotskismo hasta el leninismo y el guevarismo, pasando por referencias a autores marxistas como Gramsci, Luxemburg y Lucaks, así como contar con marco teórico propio y en construcción, planteaba dificultades en un momento crítico como el de la transición. Todo ello llevó a la organización a una crisis política importante. Hubo una división política dentro de la dirección del partido sobre qué cambios realizar y cómo enfocar el II Congreso de la Organización de 1978. Estas divisiones llevaron a la formación de una tendencia interna que contravenía los Estatutos -pues solo se permitían tendencias en los períodos precongresuales- y que no fue reconocida por la dirección. La expulsión de algunos de sus miembros y las desavenencias políticas por la gradual reorientación de la OIC alejándose del consejismo y del espacio de la ―izquierda comunista‖ para buscar un acercamiento de relaciones con el Movimiento Comunista llevó a una salida de un grupo de gente en Catalunya23. A eso se se sumó, la dimisión del Secretario General, Dídac Fábregas, del Comité Ejecutivo de la OIC el 10 de enero de 1978 y su expulsión del partido dos días después por haber intentado llevar la organización a entrar en el PSUC, aunque también había la acusación de haber hecho un mal uso de fondos del partido.24 Que la principal figura de liderazgo de la OIC, desde sus inicios, desapareciera de escena de esta forma era un ingrediente añadido en la crisis de la organización. En este momento Toni Pons incluso señala que había el peligro que la OIC desapareciese, lo que fue un factor decisivo en la nueva orientación de la organización. La dirección remodelada de la OIC después de la marcha de Diego Fábregas adoptó la linea de ir hacia el MC como salida política, costara lo que costara.25 Hay pues un factor de supervivencia en esta decisión de la dirección. Cualquier partido se crea como proyecto propio y para ello es central crear una espacio político y 23

Boletín Interno OIC de Catalunya, N. 5, 8 de diciembre de 1977. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), fondo OEC, Inventari 273, Caixa 13. 24 La voz de los trabajadores, nº 3, primera quincena de febrero de 1978. ANC, ondo OEC y ―José V. Villaescusa, nuevo secretario general de la OIC‖, El País [on-line]. 1 de febrer de 1978. en http://elpais.com/diario/1978/02/01/espana/255135606_850215.html 25 Entrevista a Toni Pons.

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una identidad propia, reconocible y diferenciada de los otros partidos. El partido, pese a estar formado por una multitud de personas, toma pues una entidad propia, como un ―yo colectivo‖. Hay decisiones como ésta que se hacen para salvar al partido y su militancia y evitar desastres como la implosión súbita de organizaciones de la izquierda radical en Italia.26 En cualquier caso con el II Congreso de la OIC, en marzo de 1978, se encauzó en parte la crisis política con nuevas perspectivas. Se plantea la necesidad de intervenir en el marco de las instituciones y se asume la posibilidad de transformaciones parciales en el camino de la revolución socialista.27 Se trata de una adaptación al nuevo de contexto de democracia parlamentaria y supone un giro importante respecto la orientación anterior en que primaba completamente la lucha obrera y social y la politización anticapitalista de esta. Al mismo tiempo, orientar la organización hacia el MC llevó a hacer un viraje político hacia el cuerpo ideológico del ―marxismo-leninismo‖ y un proceso de rectificación y autocrítica interna, rechazando las ideas de Trotsky y el consejismo que antes había postulado28. El resultado será una unificación con el MC en febrero de 1979 que más bien tendrá el carácter de una asimilación. La OIC aportaría a la nueva organización, 825 personas a la nueva organización (544 militantes y 281 afiliados, sin contar las juventudes)29, muy por debajo de la cifra de afiliación que tenía un año y medio antes. De hecho, en términos de cultura política es un contraste importante el cambio de referentes que supuso ir hacia un MC que provenía del maoísmo. La pérdida del consejismo, un elemento de identificación importante, tuvo efectos sobre la militancia. Desde 1977, si bien agravado con el proceso de unificación, se había producido un degoteo de bajas de militantes individuales así como también la salida de núcleos críticos, disconformes tanto por la forma del proceso como por haber abandonado aspectos del bagaje político de la organización. El partido resultante de la unión entre el MC y la OIC tendría en mayo de 1979, 4.525 miembros, a los que se deberían sumar una estimación de 500 militantes de las Juventudes. Esta sería la cifra

26

Conversación con Enrique Pérez Cañamares. Enrique PÉREZ CAÑAMARES: ―El partido. Ponencia Nº 5. II Congreso de la OIC‖, [febrero-marzo 1978], APKT. 28 OIC. COMITÉ FEDERAL:―Acerca del proceso de rectificación‖. Noviembre de 1978. APBR, DPP (OIC) 2/9. 29 ―Censos del Movimiento Comunista‖. Archivos del Movimiento Comunista. Agradezco a Eugenio del Río el proporcionarme estos datos tan amablemente. 27

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más alta del nuevo partido, ya que en dos años se pasaría a 3.093, que a finales de los años 80 se habría reducido a la mitad.30 En cuanto al modelo de militancia, al mismo tiempo que se hacía este cambio de orientación política la definición de la OIC se mantenía como una organización comunista de vanguardia, lo que implica mantenerse restringido a personas activas, comprometidas y con cierto bagaje político. Así se señalaba que los militantes de la OIC son ―seleccionados de entre los luchadores más conscientes de la clase obrera y el pueblo‖.31 El carácter de vanguardia, que se mantiene en la organización y se contrapone incluso a la organización de masas, es un elemento distintivo de la cultura política de la OIC respecto al PCE-PSUC, que con el planteamiento de ―partido de nuevo tipo‖ marcaba distancias con la visión leninista de partido.32 Así pues, la concepción del partido no sufre en ese momento grandes transformaciones pero sí se introducen dos cambios. En primer lugar, el partido pasaba a organizarse de forma federal y ampliar los mecanismos democráticos y de discusión interna. Por otro lado, el II Congreso ampliaba la cuestión de la militancia y ofrecía un doble tipo de vinculación a la OIC: el afiliado y el militante (de hecho, distinción también presente en el MC). La introducción de la nueva figura del afiliado abría el modelo y permitía ser miembro de la OIC con unos requisitos menores que anteriormente. Esta figura quería recoger ―una amplia masa de trabajadores recién incorporados a la lucha de clases‖ en la nueva situación de democracia burguesa, que tuvieran una identificación con las propuestas del partido. Ello se hacía para tener una ―estructura de bases muy amplia‖ y para dotar a estos miembros de una alternativa al modelo de la ―militancia comprometida‖. La figura del militante, por su lado, estaba destinada a las personas más implicadas y que estuvieran en un proceso permanente de aumento de sus capacidades organizativas y políticas.33 La introducción de este doble modelo era una adaptación a los nuevos tiempos con el nuevo régimen parlamentario. Sin embargo, la figura del miembro militante, que configuraba el armazón de la organización, no planteaba diferencias respecto el modelo de militancia previo. De hecho, era su mantenimiento. 30

Ibid. ―Anteproyecto de Estatutos‖. Presentado a la reunión del Comité Federal de la OIC del 3-4 de junio de 1978. APKT. 32 Xavier DOMÈNECH SAMPERE: ―cenizas que ardían todavía. La identidad comunista en el tardofranquismo y la transición‖ Manuel BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social. Madrid, Fundación de Investigaciones MarxistasAtrapasueños, 2009. p. 102-103. 33 Enrique PÉREZ CAÑAMARES: ―El partido...‖ 31

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Crisis de militancia La crisis de la OIC tiene distintos aspecto. Está vinculada tanto a sus políticas y expectativas como al curso que tomó la transición institucional, que supuso una canalización de la movilización que conllevó una pérdida de radicalidad, capacidad ofensiva e impacto político de los movimientos sociales.34 El otro aspecto, en el que nos centraremos aquí, es el de la crisis de militancia. Esta crisis no se produjo únicamente en la izquierda revolucionaria. La bajada de activismo es general en las asociaciones de vecinos, en las bases del movimiento obrero y también en el PCE y el PSUC. Este último partido estancó su crecimiento en 1977 y a partir de 1978-1979 empezó a perder militancia.35 Sin embargo en la izquierda revolucionaria esta crisis militante es especialmente fuerte. El hecho de abrazar unos objetivos de una magnitud e importancia tal como la realización de una revolución para llegar a una sociedad socialista, las altas expectativas y la pertenencia a una organización que estructuraba y demandaba una actividad constante, hacían que la militancia fuera muy absorbente. Cuando a finales de los años 70 no se consigue aquello por lo que se había dedicado tanto esfuerzo durante tantos años se genera una frustración en el campo personal. También, a su turno, la transformación y gradual bajada del activismo general en los movimientos en los que se participaba también tuvo un efecto en la crisis de militancia de la izquierda radical, que veía disminuir su entorno natural. La crisis de militancia entró en cierta medida en el debate en la OIC, aunque no parece que fuera reconocida abiertamente por la dirección de la organización y discutida como tal. Un documento de agosto de 1977, seguramente escrito por una voz crítica dentro de la dirección, abogaba de forma temprana por asumir que existía una crisis de militancia y que ello implicaba hacer cambios importantes en la manera en como se había funcionado: Hay un hecho evidente y es la crisis de militancia dentro de nuestra organización. De la dirección a la base hay un velo de confusionismo, que se ha incrementado a raíz de las elecciones del 15-J, es decir, a raíz del inicio de un nuevo período, al cual

34

La crisis de la izquierda revolucionaria en la transición lo he tratado en mayor medida en: Joel SANS MOLAS: ―Entre las instituciones y la movilización: la crisis de la izquierda radical durante la Transición‖ en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE, Luis Carlos NAVARRO y Mónica FERNÁNDEZ (coords): Las organizaciones políticas. Congreso Internacional Historia de la Transición en España. Almería, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, 2011. p. 649-666. 35 Giame PALA, ―El PSUC hacia dentro...‖ p. 195

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hemos de adaptarnos y para lo cual, lo que ahora nos había servido, se nos muestra ampliamente insuficiente.36

El autor del texto ponía en contexto que esta crisis de militantismo era común a otras organizaciones de la izquierda revolucionaria, también a escala europea, y que era una crisis que se debía tratar como un hecho político, para evitar las salidas individuales. El choque entre lo personal y la práctica de militancia podía llevar a desconfiar de las metas políticas y a distanciarse del proyecto: En virtud del tipo de militancia que se ha vivido (o se vive) algunos camaradas entran en contradicción con su vida privada, buscando soluciones individuales, otros llegan a desconfiar de la posibilidad de la Revolución Socialista (abandonen o no la organización) o aparecen posturas reformistas (= útiles) o espontaneistas.

El año siguiente, en junio de 1978, un informe del Secretario General de la Organización de la OIC de Madrid, mostraba que se mantenían las dificultades militantes pese a la reorientación política realizada. En el informe se señalaba que hacia falta una mayor homogenización del partido, al mismo tiempo que ―combatir el inmediatismo y la angustia militante, que aparece con gran intensidad entre nuestros militantes‖. También se recogía el problema que ―una gran dosis de voluntarismo militante se está desarrollando, sin que seamos capaces de cortarlo‖.37

Experiencias militantes Los testimonios personales ilustran de primera mano esta crisis de militancia y también la variedad de vivencias y caminos que emprende cada persona. Hay situaciones de gente que deja la militancia ya antes de la fusión del MC, como Dolores Nadal, que se dio de baja de la OIC un poco después de las elecciones de 1977, al mismo tiempo que también abandonaba la Asociación de Vecinos de la barrio barcelonés de la Verneda, en la que había tenido un papel destacado.38 Influyó en ella 36

―¿Crisis de militancia o crisis de partido? Elementos para una alternativa en el momento actual‖, agosto de 1977, s.a. AHCOA, Caja 1366 (materiales de la OIC). 37 José de AROSA (SGP): ―Plenario cuadros células‖ . Madrid, 25 de junio de 1978, [OIC]. APJN. 38 Entrevista a Dolores Nadal Navarro (activista vecinal de la OIC, en la Verneda, Barcelona), Barcelona, 05/12/2015.

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una mezcla de desilusión y de cansancio: ―el tiempo que estuvimos para mi fue agotador, fue agotador, yo llegué a tener mi casa que daba susto verla, botes de spray, no sé qué...‖. Si por un lado se habían conseguido mejoras en el barrio, los cambios que se consiguen a nivel general con la transición se percibían muy limitados: Cuando estás en un barrio, un sitio pequeñito, los cambios los vives, naturalmente, toda la transición, todo esto se vive, pero no como, claro, cuando estás arriba, la política de la cúpula, es diferente, no?, entonces nosotros lo vives a nivel de barrio y no ves prácticamente ningún cambio la verdad.

La expulsión de Dídac Fábregas le sumó un plus en cuanto a decepción política: ―rimeramente ya piensas, si tu Secretario General hace lo que ha hecho [coger dinero de la organización], qué es lo que no harán los demás, a la mierda todo. Esto es lo que pasa, que es el primer batacazo que te pegas. Y luego te pones a pensar, y dices hemos conseguido cosas, pero, ¿y qué más, nada más? ¿No hay nada más que hacer? Pues ya está.

Después de la experiencia en la OIC Dolores Nadal no estuvo en ninguna organización política ni sindical pero ha continuado considerándose revolucionaria y implicada en reivindicaciones en su sitio de trabajo. Otras personas dejaron la OIC justo durante la transición para ir posteriormente hacia otras formaciones de izquierdas. Teresa Fortuny, militante obrera de la OIC en Tarragona y Reus se encontró a lo largo del año 1977 cada vez más insatisfecha por el proyecto político de la OIC.39 Con el cambio de contexto y la construcción de los sindicatos, la OIC veía desplazado el papel importante que tenía en esta zona: ―a haver aquí una assemblea de presentació de la Coordinadora d'Organtizacions sindicals [amb CSUT, USO, CCOO, UGT]. I veies un moviment que no hi participaves. O sigui, que tant que havies tingut presència a les empreses aquí a Reus i eren estrany, i que les coses anaven per un altre costat.

Además, había la cuestión de una falta de claridad en las perspectivas políticas:

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Entrevista a Teresa Fortuny Solà (militante obrera de la OIC en Tarragona y Reus), 15/11/1999 a 1/02/2000. realizada por Núria Mayor. Fundació Ciprano Garcia-Arxiu Històric de la CONC (AHCONC), fondo de Història Oral i Militància Sindical. Biografies Obreres (1939-1978) .

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Venen les eleccions generals i vam tindre una força insignificant. La gent que votava comunista va votar al PSUC. I per altra banda... I tot això eren reflexion que et vas anar fent, no? I per altra banda, OIC, (...) preparava un congrés que cada dos per tres es canviaven tesis, i anaven venint tesis i contratesis i més tesis, i lo que feia era una acostament al Moviment Comunista.

Al mismo tiempo, en su práctica militante se encuentra que las Plataformas Anticapitalistas de la OIC le resultaban inadecuadas para intervenir en su fábrica. Ello la llevará a implicarse en impulsar Comisiones Obreras en su centro de trabajo al margen de la línea del partido. Ante todas estas diferencias, en otoño de 1977 dejará la OIC. El año siguiente su involucración sindical le llevaría a formar parte de la Comisión Ejecutiva de las CCOO de Catalunya, para poco después entrar en el PSUC. Ferran Saro ilustra un caso parecido al de Teresa Fortuny. Su salida de la OIC se produjo también en el mismo momento y a partir de un proceso distanciamiento en el trabajo práctico dentro del movimiento obrero: Cada cop te sents més integrat a la Comissió Obrera de la fàbrica, cada cop estàs en sintonia més amb els plantejaments polítics del PSUC i per tant és un procés, pràcticament, sense adonar-se, no? Per tant jo no sabria dir-te quan deixo d'estar a les Plataformes i ja sóc a de Comissions Obreres 100%, perquè a la Comissió Obrera sí que hi era!40

Posteriormente a dejar la OIC Saro entrará en el PSUC en 1979, partido del que llegará a ser concejal en Santa Coloma de Gramanet. A diferencia de otros testimonios, el no se considera desencantado por la transición, lo que puede estar vinculado, en cierta medida, al hecho de encontrar nuevas perspectivas políticas en el PSUC. Un caso de salida rápida de la política organizada es la de Jorge Nuñez, Secretario General de las Juventudes de Izquierda Comunista (JIC), que dejó la OIC en 1978.41 La falta de buenos resultados en las elecciones de 1977 sumado a ver que las expectativas de revolución se estaban desvaneciendo fueron factores que plantearon dudas en su militancia. A mediados de 1978, un viaje a Cuba, como representante de las JIC para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, le marcó en un doble sentido. Por un 40

Entrevista a Ferran Saro (militante de la OIC en Macosa, después de CCOO y el PSUC), 13/12/01 a 10/05/02. Entrevista realizada por José Manuel Hidalgo Ramírez. AHCONC, fondo de Història Oral i Militància Sindical. Biografies Obreres (1939-1978). 41 Entrevista a Jorge Nuñez (Secretario General de las Juventudes de Izquierda Comunista y del Comité Central de la OIC), Madrid, 24 y 26 de junio de 2016. Entrevista realizada por Joel Sans, citada bajo seudónimo.

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lado, ver que un sistema que se llamaba socialista mostraba rasgos represivos le terminó de confirmar ideas que había empezado a desarrollar hacia posiciones de socialismo libertario. Por otro lado, durante el viaje en barco la realización de una obra de teatro le hizo recontactar con su pasión personal: "La delegación española nos planteamos hacer una obra de teatro, y entonces allí volví al teatro y entonces organicé un espectáculo que duró unas 3 horas y media (...) contando la transición y la muerte de Franco. (...) Entonces allí fue un poco como se cerraba mi círculo, yo había tenido que abandonar la Escuela de Arte Dramático y todo eso por la militancia, y dije 'pero si donde realmente yo soy feliz y donde me siento creativo y donde encuentro el sentido de la vida es dedicándome a cuestiones artísticas'. Entonces, según volví abandoné mis cargos y formé un grupo de teatro y empecé a trabajar en la calle, en el Rastro".

Así en solamente dos meses dejó su militancia y también todas sus cargos, aunque era el máximo responsable de la JIC y también miembro del Comité Central. Un giro brusco y rápido en su vida que gestionó a través de apartar y olvidar su experiencia de implicación política. Posteriormente sería un actor importante en la televisión y teatro español, al mismo tiempo que mantendría sus simpatías por las ideas de la izquierda radical. Otra gente en la OIC continuaría militando hasta la fusión con el MC y se mantendría un cierto tiempo en la nueva organización. Es el caso de Fernando Martínez, que se mantuvo en el MC hasta 1982, cuando la dejó con cierto alivio, al no ver muchas perspectivas políticas. Dos años más tarde ingresaría en el PSOE como una forma más pragmática de tener incidencia a la hora de mejorar la situación social. En este partido llegaría a será alcalde de Almería entre 1991 y 1995.42 Andoni Etxebarria, un destacado líder obrero de la OIC en Vitoria, se mantuvo posteriormente implicado en el EMK (el MC en Euskadi) a lo largo de los años 80 y con responsabilidades en el sindicato ESK.43 Si la transición ya le conllevó una desilusión política, el escenario posterior le señala una izquierda revolucionaria que pierde influencia:

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Entrevista a Fernando Martínez (Secretario General de la OIC en Almería), Almería, 11 de marzo de 2016. Entrevista realizada por Joel Sans. 43 Entrevista a Andoni Etxebarria (líder obrero de la OIC en Vitoria), Zumaia, 12/12/2014. Entrevista realizada por Joel Sans, citada bajo seudónimo.

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―sigues con lo tuyo y tal, pero ya estás justificando, el hecho que lo justifiques con una teoría político ideológica pues ya, hostia, sigues con lo tuyo pero, eh, ya no es cómo antes (…) es evidente que te estás dando cuenta de que no vas... o sea, incidir cómo antes, ni mucho menos‖.

Pero el punto de inflexión clave en su trayectoria es un importante problema de salud a partir del año 1984, en que terminan por sobresalir elementos postergados: Ahí también empezó la reflexión de si no tendría que modificar mi comportamiento de vida, eh?, y en parte justificado por el hecho de la salud y por otra parte por el análisis de la situación política, mm?, pues ya empiezo a mirar más hacia dentro yo mismo, algo que nunca había hecho. (…) ya entro en otra dinámica personal, mm?. Por ejemplo empecé a hacer un curso de reflexoterapia.

Este dedicarse más a él mismo y adentrarse en el mundo de las terapias naturales le llevará a dejar las responsabilidades en el sindicato y pasar a la inactividad en el EMK, aunque mantendrá la afiliación formal hasta el final de esta organización en 1991. Posteriormente tendrá un importante cambio de visión personal y de distanciamento de la política. Lourdes Ponce entrará en el MC y mantendrá su militancia en él, aunque también vivió una crisis de expectativas. Las elecciones de 1977 ya fueron el primer aviso que las perspectivas de cambio radical iban por largo. Después, la desilusión con la transición tuvo en los Pactos de la Moncloa un punto crucial: ―lo de los Pactos de la Moncloa, que vergüenza, que vergüenza, fue tremendo. (…) fue una historia muy triste, muy triste para lo que fue la izquierda de este país. Fue una manera de matar las ilusiones. (…) la imagen de vértelos allí a todos firmando lo mismo (…). Es la misma sensación que me produjo (…) cuando sacaron los programas esos de la televisión de la transición (…), eso era bueno, de decir, ¿que he estado haciendo todos estos años, el gilipollas o qué? O sea te da una sensación de que no han contado contigo para nada, que no han tenido nada en cuenta la fuerza que había en esos momentos‖44

44

Entrevista a Lourdes Ponce Noria (militante obrera de la OIC en Barcelona, después de CCOO y el MC), 11/01/2000 a 10/02/2000. Entrevista realizada por Conchi Villar y transcrita por Raquel Oliver. AHCONC, fondo de Història Oral i Militància Sindical. Biografies Obreres (1939-1978).

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Este testimonio muestra muy bien el sentimiento de haber luchando en vano, por un lado, y por otro, de quedar al margen de los acontecimientos políticos que se están produciendo, que también aparecía en otras entrevistas. Obviamente, al mismo tiempo que estos testimonios, también hubo personas que mantuvieron su compromiso y que estuvieron menos afectadas por la crisis de militancia, aunque la afiliación al MC se fuera reduciendo en número durante los años 80. Por ejemplo, Rodolfo Ruíz se mantendrá siempre en la militancia radical, pasando de la OIC al MC, hasta el final de esta organización en 1991. Posteriormente estuvo en IU, Izquierda Anticapitalista y actualmente en la CNT. Ha desarrollado siempre una intensa actividad militante ya sea en la política o en el trabajo sindical, que ha sustentado en una visión de política con ética, de "yo hago esto porque es lo que tengo que hacer, y me da igual el resultado y además es una actitud vital, la vida es esto, permanentemente estar luchando y hasta el final estar luchando‖45. Pese a la variedad de experiencias, los distintos testimonios presentados tienen en común el hecho que su paso por la militancia revolucionaria tuvo un impacto importante en sus vidas y que su salida de la OIC -o después del MC-, fue algo significativo, a menudo vinculado a un cambio importante de perspectivas políticas o vitales. La crisis de expectativas políticas y militantes también suele ir acompañado de emociones intensas, lo que muestra la centralidad que ha ocupado la experiencia política en su historia personal. Esta relación entre lo personal, lo político y lo colectivo presenta sin duda complejidad y se desarrolla en direcciones cruzadas. La fuerte identificación de la persona con el partido, en el modelo de militancia integral, lleva a que el ―yo personal‖ sea compartido con el ―yo colectivo‖ de la organización y que, a veces, el ―yo colectivo‖ sea más importante que el ―yo personal‖. Esto ,por su parte, también contribuye a explicar que se desarrolle un compromiso militante tan fuerte, desinteresado en términos personales, pues una parte de uno mismo se ha trasladado a un proyecto colectivo y a una causa. Un efecto de esta identificación fuerte con la organización es que cuando ésta entra en crisis, pueda tener su repercusión en cierta crisis personal. El estilo de militancia es un factor que interrelaciona en muchos casos con la cuestión del cansancio y del desgaste individual. Este estilo hacía una marcada 45

Entrevista a Rodolfo Ruíz Ligero (militante y dirigente de la OIC en Madrid), 12/06/2015 a 13/10/2015. Entrevista realizada por Joel Sans.

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separación entre lo personal y lo político (algo que en cambio el feminismo del mismo momento estaba entrelazando) que tenía poco en cuenta las emociones y la atención hacia las personas.46 En este sentido Andoni Etxebarria señala que la militancia le acarreaba una tensión importante, aunque se diera cuenta más tarde. El convencimiento político era el elemento que permitía asumirlo: ―era un mundo de tensión, vivíamos en un estrés permanente, ahora te das cuenta que aquello era un estrés permanente, no? Pero bueno, como tu ilusión ideológico-política era inmensa, venga (ríe) no pasa nada‖.47 Y también, en opinión de Toni Pons, el declive de la militancia durante a la transición estaba relacionada tanto con la crisis de las posibilidades revolucionarias como con la cuestión del estilo de militancia: Y si [en el nuevo contexto] tu continuas teniendo una militancia, eh?, dura, creyendo en unas cosas que la realidad te va demostrando que son relativas, por lo menos, eh?, disminuye tu fervor, disminuye tu fervor, ah?, y entonces empezó una situación de declive.48

Elementos finales Podríamos definir crisis política como aquella situación en la que las propuestas de una organización están teniendo serias dificultades para llevarse a cabo y las previsiones no se están cumpliendo. La crisis política es mayor aún si estas propuestas que chocan con la realidad son elementos clave del proyecto, ya que pueden llevar a un cuestionamiento fuerte del sentido de la propia organización y de sus postulados básicos. Una situación de este tipo se desarrolla en el seno de la OIC a partir de 1977, cómo también en la mayoría de organizaciones de la izquierda radical. Es en estas situaciones de crisis política, momentos de expectativas políticas descabezadas y de motivaciones desinfladas, en las que se debilitan los vínculos colectivos. Los lazos y compromisos que mantenían el colectivo unido empiezan a tambalearse, incluso pudiendo llegar a verse afectada la viabilidad de la propia organización en su conjunto. Esto explica que una organización como la OIC, que a lo largo de 1976 y principios de 1977 estaba creciendo a un alto ritmo y con unas 46

Entrevista a Josep Sementé (exdirigente de la OIC en Catalunya), Barcelona, 07/06/2013. Entrevista realizada por Joel Sans. 47 Entrevista a Andoni Etxebarria. 48 Entrevista a Toni Pons.

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expectativas inmejorables, pueda ver peligrar su futuro tan bruscamente. Esto explica también como personas tan comprometidas con una causa pueden abandonar la organización -súbitamente o en algunos pocos años- y acometer rumbos muy distintos, ya sea en cuanto a política como a proyectos vitales-personales. En ese tipo de situaciones se mezcla el factor político y el humano. La cuestión de tener un convencimiento mental de lo que está haciendo es fundamental para los proyectos políticos colectivos y las batallas políticas, que necesitan mucha entrega y que esperan resultados -ya sea a corto o largo plazo-. Si este convencimiento y perspectivas mentales, hecho que sucedió a partir de 1977 y en los primeros años 80, se tambalean, esto afecta decisivamente la capacidad de tener una implicación activa en la causa. La OIC intentó una reorientación política y ciertos cambios internos, si bien con un mantenimiento de la ―militancia total‖, a lo largo de 1978. El mantenimiento del modelo de militancia de alto compromiso no ayudó a suavizar la crisis de militancia. La entrada de menos de la mitad de la afiliación de la OIC en el MC en 1979 permitió encauzar una parte del ―capital militante‖ y evitar una desaparición abrupta como la que sucedió en otras organizaciones de la izquierda radical. Pero igualmente ilustra bien una crisis a distintos niveles, de cambio de contexto político y social, de perspectivas políticas y de cansancio militante individual, a la que era difícil responder. Más aún teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la OIC, el cual comportaba poca consolidación política y que un gran número de personas solamente tuvieran una experiencia militante de solamente dos o tres años, años además vividos en un contexto de ascenso de radicalización, muy distinto al que se encontrarían a partir de mediados de 1977. De hecho, la transición institucional que se produjo desde finales de 1976 y, sobre todo a partir de las elecciones de junio de 1977, dio una salida gradualmente democratizadora que, con limitaciones, terminó con el régimen franquista. Pero al mismo tiempo, estabilizó la situación y desplazó la revindicación política de las calles y movilizaciones hacia las nuevas instituciones parlamentarias, justamente una de las motivaciones que había motivado a sectores del franquismo a emprender pasos reformistas. Con ello se cortó el fuerte proceso de implicación activista y militante que estaba nutriendo los movimientos sociales y la izquierda radical. Las elecciones de 1977 crearon una discontinuidad, pues, en todo un proceso de acumulación de fuerzas militantes. El poco recorrido previo, las políticas de las organizaciones revolucionarias y las altas expectativas hicieron que la adaptación al nuevo contexto fuera traumático.

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El modelo de militancia, de difícil sostenibilidad a lo largo de los años, terminó por estallar en este momento de crisis de perspectivas políticas y de reorientaciones forzadas en un gran número de militantes. Los testimonios dan muestra de cómo, desde la esfera personal, se vivió intensamente esta crisis política. La desilusión por las pobres conquistas de la transición, la crisis de expectativas revolucionarias, las bajas perspectivas de la OIC o MC (ya fueran en cuanto a orientación política o bien por el declive organizativo), el cansancio militante o abrir un espacio personal-vital que les llevaba a una dinámica fuera de la implicación política, fueron las principales factores que nutrieron la crisis de militancia, ese eje complejo en el que se producía la intersección entre lo personal y lo político, entre los militantes, la organización revolucionaria y el cambio de ciclo político.

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El cambio en paz: la transición uruguaya y la influencia del modelo español Magdalena Schelotto Université Paris Descartes

Las elecciones de 1976 nunca se realizaron, la dictadura perdió la cobertura cívica para convertirse en plenamente militar. El 30 de noviembre de 1980 el Gobierno de facto realiza en Uruguay una consulta popular. El documento plebiscitado consistía en aprobar una nueva constitución que permitía institucionalizar el régimen de facto. El proyecto fue elaborado por la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), elevado a la Junta de Comandantes en Jefe y posteriormente al Consejo de la Nación (Consejo de Estado y los oficiales generales de las tres armas). Dicho proyecto buscaba legitimar elecciones con un candidato único elegido por los partidos tradicionales, previo aval de las Fuerzas Armadas así como la institucionalización de la presencia militar en el Gobierno a través del COSENA, la instalación de un Tribunal de Control Político con facultades para sancionar legisladores y autoridades nacionales, la reglamentación del derecho de huelga y la ratificación de todos los actos institucionales emitidos desde el golpe de Estado. En un comunicado emitido por los Comandantes en Jefe de las tres fuerzas declaraban: Existe entonces una definición concreta de las Fuerzas Armadas con relación al texto a plebiscitarse: afirmar la paz, el orden, la tranquilidad y la prosperidad futura que fueron los objetivos del proceso iniciado en 1973. Se lograrán con el voto afirmativo, así lo entendemos, porque esta constitución recoge experiencias acumuladas en todos estos años que impedirán que los errores que casi nos llevan

181 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

al caos se vuelvan a repetir1.

El precedente chileno de septiembre de 1980, que tuvo como resultado la victoria del si y cuya consecuencia fue la aprobación de la Constitución de 1980 y la permanencia de Augusto Pinochet en su cargo hasta marzo de 1989, auguraba la victoria de la propuesta de las FF.AA.. Pero en el caso uruguayo el resultado fue la inesperada victoria del ―no‖ con 946.176 votos (57%), frente a 707.118 votos (43%) a favor del ―sí‖.

La gestión de la transición El fracaso del proyecto militar en el plebiscito provoca el comienzo de un proceso de transición lleno de incertidumbres. Paralelamente, el régimen convoca las elecciones internas de los partidos. Estas se realizan entre los partidos autorizados, con proscripción expresa del Partido Demócrata Cristiano, única participación electoral del Frente Amplio, pero donde este último, afectado por la represión y la proscripción de buena parte de sus militantes supo marcar su presencia llamando al voto en blanco. El 6,84% (85.373 votos) apoyaron la iniciativa del Frente Amplio. Si bien distaba de los trescientos mil votos obtenidos en las elecciones de 1971, marcaba la presencia activa del electorado frenteamplista que contribuyó a fortalecer el partido. No obstante, pasadas las elecciones

internas, los partidos políticos tradicionales (Nacional y

Colorado) y la Unión Cívica serán llamados a negociar excluyendo al Frente Amplio. Estas conversaciones fracasarán ya que los generales Julio Rapela y Hugo Medina ponen como base de discusión veinticuatro puntos que reproducían el contenido que la ciudadanía había rechazado en 1980. El 16 de junio, el líder del Partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate, era detenido cuando intentaba entrar por barco a la ciudad de Montevideo desde Buenos Aires, a donde se había trasladado de su exilio en Inglaterra en la que la Fuerzas Armadas mostraron que seguían controlando la situación. Los blancos condicionaban su permanencia en las negociaciones a la liberación de su líder, hecho que no ocurrirá. El diálogo con los militares, con el general Hugo Medina como nuevo 1

El País. 25 de noviembre de 1980, pág.1.Discurso leído por el General J.V. Queirolo.

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comandante del Ejército, comienza en la sede del Estado Mayor Conjunto y luego se traslada al Club Naval. En ella participarán el socialista José Pedro Cardoso y el democristiano Juan Young (a pesar de que sendos partidos integrantes de la coalición Frente Amplio siguen formalmente proscriptos), el Partido Colorado y la Unión Cívica. Pronto se desvela la intención de los militares de mantener el COSENA así como el ―estado de insurrección‖, lo que significa la posibilidad de poder aplicar la justicia militar a civiles y la autonomía en la designación de mandos. Además, tomando como referencia el proyecto que fuera rechazado en 1980, que buscaba suprimir la amnistía y el indulto para los delitos de subversión y conexos, insisten en mantener a los presos políticos. A pesar del acuerdo previo establecido por la multipartidaria, finalmente se llega a las elecciones con proscriptos, de entre los cuales cuatro mil son dirigentes y militantes del Frente Amplio. El sector más afectado es el Partido Comunista. Pero 1983 tendrá más protagonistas y uno de ellos es la movilización social. Surge el PIT, continuación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). La celebración del Primero de Mayo de 1983, organizada por el PIT en colaboración de AFCASMU2, con el apoyo de José Germán Araújo y CX30 para promover la convocatoria, tuvo como resultado un acto multitudinario en la explanada del Palacio Legislativo. La federación estudiantil renace bajo la sigla ASCEEP y su pretexto para manifestarse en septiembre será la celebración del día de la primavera. El 25 de agosto a las veinte horas Montevideo se estremece, las luces se apagan casi en su totalidad y tiene lugar el primer caceroleo. La movilización social impondrá a los partidos tradicionales la concertación que Seregni reclamaba y que terminará siendo inevitable. Será el origen de la Intersectorial, espacio de diálogo en el cual los partidos políticos y las organizaciones sociales coordinan sus actuaciones. El año finaliza con apagones y caceroleadas y el 18 de enero de 1984 el país se ve paralizado por el primer paro general convocado por el PIT que recibió apoyo masivo.

2

Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay.

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La visita de Don Juan Carlos I Rey de España El año 1983, de grandes movilizaciones sociales, se vio reforzado por la visita oficial del rey Juan Carlos I de España el 20 de mayo. La que podía ser una visita oficial protocolar generó una expectación inesperada por provenir Juan Carlos de una democracia recientemente consolidada, en la que él tuvo un papel clave y porque su figura se vio reforzada el 23 de febrero de 1981, con el fracasado intento de golpe de Estado. La prensa local destaca la simpatía con la que se espera al ―monarca que Franco no soñó‖3 y el hecho de que se hubiera ganado el respeto de sus conciudadanos reimplantando la democracia en su país. Fue recibido por una multitud a su paso por las calles de Montevideo al grito de ―¡demócrata!‖ o ―¡viva la democracia!‖. En la recepción en el Palacio Legislativo, Juan Carlos comenzó su discurso diciendo: Señor presidente, estamos informados de los proyectos políticos de vuestro gobierno, y confiamos en que puedan desembocar en una democracia plena, en la que los partidos políticos, cumpliendo su tradición de apego a la libertad, sean el cauce efectivo de la participación del pueblo uruguayo en un estilo de vida basado en la libertad y en la dignidad de la persona. Estamos convencidos y el cambio es siempre posible por los medios pacíficos cuando los hombres políticos utilizan, con generosidad de miras, el diálogo como instrumento. Los problemas de una sociedad moderna pueden en efecto ser resueltos políticamente […] el orden político y la paz social tienen como fundamento la dignidad del hombre, los derechos inviolables que le son propios y el respaldo a la legitimidad democrática. Para finalizar su discurso, tuvo el detalle de mencionar palabras del libertador uruguayo y de insistir: Recuerdo ahora lo que decía el prócer de esta tierra: con libertad no ofendo ni temo. Señor presidente estoy seguro de que en la vía de la concordia encontraréis el camino futuro. Uruguay, como España, pertenecen a un ámbito cultural que rechaza fórmulas que no sean las de asegurar la participación de todos, sin exclusión, en la vida política. 3

Semanario Opinar, 19 de mayo de 1983, contratapa

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Al recibir el título Honoris Causa en el Paraninfo de la Universidad de la República señaló: ―Libertad de la cultura, de la cultura en sentido amplio, como forma de vida que ineludiblemente requiere un marco genérico de libertades, de las que la libertad política es su máxima expresión‖. La prensa no duda en tachar su visita de una agenda con trasfondo político. A su paso por la principal avenida de la capital, se repiten los gritos de ―democracia y libertad‖, ―amnistía‖, ―que vuelvan los políticos‖, ―libertad para todos‖. Tampoco se dejan de mencionar episodios de tensión como la detención en la avenida 18 de Julio, próximo al Centrobanco, de varias madres de procesados por la justicia militar, entre ellas la viuda de Zelmar Michelini, cuando intentaban colgar un cartel que decía ―Amnistía‖, para que el rey lo viera a su paso. Estas mujeres fueron liberadas horas más tarde de una dependencia policial4. Por su parte, los periodistas españoles enviados para cubrir el evento emitieron un comunicado de solidaridad por la requisa de la revista La Democracia y de sus responsables. Bajo el titular ―Símbolo de la unidad y la permanencia de España‖ 5, destacan a Juan Carlos I como primer servidor de la democracia que al día siguiente de contener el golpe de Tejero decía: ―La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y en el convencimiento de que la vida democrática y el respeto estricto a los principios constitucionales es la voluntad mayoritaria del pueblo español‖. Lo describe así como garante de la continuidad del proceso democrático en España. En una columna de la misma edición titulada ―De fuera y de dentro‖ firmada por Julio María Sanguinetti, candidato a la presidencia, en la que habla de la situación de varios países de América Latina, se incluye el siguiente comentario a pie del artículo: ―No somos monárquicos, porque no creemos en esa institución. En España, sin embargo, nos sentimos realistas por admiradores del rey, de este rey que le ha devuelto su democracia con mano firme y espíritu sereno. ¡Salud, don Juan Carlos!‖.

Las palabras del monarca fueron reafirmadas por un gesto apreciado por la opinión pública. El rey ofició una recepción privada para los miembros de la oposición. Cabe destacar que la prensa televisiva oficial, solo hizo alusión a las palabras del rey 4 5

Opinar, 25 de mayo de 1983, pág.8. El Correo, 20 de mayo de 1983, Año III-110.

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que hacían hincapié en los lazos que unen a ambos países y cuando agradecía la hospitalidad del pueblo uruguayo6, dejando de lado los contenidos referentes a la democracia o cualquier cambio político. El monarca español representa en el momento político que vive el Uruguay la salida democrática y a pesar de su tono protocolar, el rey transmite de forma clara su mensaje a las FF.AA. uruguayas. Es importante tener en cuenta algunos aspectos que configuran la imagen que Juan Carlos I de España representa en ese momento. En primer lugar, fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975 tras la muerte de Francisco Franco según lo estipulaba la Ley de Sucesión de la Jefatura del estado de 1947 tras hacer abdicar a Alfonso XIII. Pese a que Juan Carlos I tenía como mandato suceder al Caudillo, decide llamar a los partidos políticos, incluido el Partido Comunista en el exilio y a Santiago Carillo, su figura más emblemática. Las elecciones nacionales fueron convocadas en junio de 1977 y la nueva Constitución sometida a referéndum en diciembre de 1978. Poco antes, el 15 de octubre quedaba aprobada la Ley de Amnistía y el 27 de octubre de 1977 se firmaba el conocido como Pacto de la Moncloa7. La amnistía comprendía todos los actos de intencionalidad política, sin establecer una fecha de comienzo para dichos actos y la libertad inmediata de los presos. No obstante, esta amnistía también se extiende a ―los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas‖. Por su parte, el Pacto de la Moncloa establecía medidas para reformar o modificar varios aspectos de la vida del país tales como la economía, la política fiscal, el gasto público, la política de urbanismo, las políticas agrícolas, pesqueras, energéticas, etc. Una parte importante del pacto supone establecer el derecho a las libertades políticas (de expresión, comunicación, reunión, asociación) y revisando las libertades en general y de las mujeres, la justicia militar, el orden público y la reorganización de las fuerzas de seguridad del estado. España no solo sale así de cuatro décadas de dictadura sino que ésta estuvo precedida de una guerra civil sangrienta. España tiene además, como uno de los aspectos principales para resolver, la situación de los diferentes sentimientos nacionales que cohabitan en su territorio. La Constitución de 1978 establece la creación de 6 7

http://www.youtube.com/watch?v=hCWLzu8thhI Uruguay Hoy, Dinarp. http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1977_029.PDF

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Comunidades Autónomas y establece los criterios de creación de los estatutos de autonomía y reconoce la entidad histórica de las comunidades catalana, gallega y vasca que serán las primeras en refrendar sus estatutos de autonomía en los que se reconoce, entre otras cosas, el uso de las lenguas propias como oficiales del estado español. Es en este contexto que se entiende la figura del Rey Juan Carlos. Por último debemos añadir el incidente de 1981, próximo en el tiempo a su visita al Uruguay, en el que el Rey Juan Carlos I hizo frente a un intento de golpe de estado. El 23 de febrero de 1981, día de la investidura del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, un grupo al mando del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, tomó el Congreso de los Diputados. En la madrugada del 24 de febrero, en un discurso televisado, el monarca español reafirmará la defensa de una España democrática y llama a los golpistas a volver a los cuarteles: La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum8.

El Club Naval y las elecciones En Uruguay, las aspiraciones militares tensan las negociaciones y se ven finalmente reducidas: la jurisdicción militar para los delitos únicamente militares y el estado de insurrección solo podrá decretarse por el Poder Ejecutivo bajo previa aprobación de la Asamblea General. El conocido como Pacto del Club Naval culmina el día 3 de agosto de 1984 con la aceptación por parte de los militares de una fórmula de transacción bajo la aprobación del Acta Institucional n.º 19, que incorporará a la Constitución de 1967 determinadas disposiciones transitorias para ser plebiscitadas en 1985. A diferencia del pacto español, este se realiza entre fuerzas políticas y militares y el contenido del mismo no se emite de forma escrita. El Parlamento que resulte de las elecciones de noviembre de 1984 tendrá carácter de Asamblea Constituyente. El acta reconoce asimismo al Frente Amplio como 8

Archivos RTVE.es Mensaje del rey Juan Carlos tras la intentona golpista del 23-F. http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/archivo-mensaje-del-rey-juan-carlostras-intentona-golpista-del-23/393739/

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lema permanente. Líber Seregni, lider frenteamplista proscripto dirá a su salida de la cárcel: No ha sido fácil entender la necesidad de la negociación […], negociamos porque somos fuertes. De lo contrario se nos impondrían soluciones. Pero también negociamos porque el enemigo es fuerte, y porque no somos capaces de imponerle nuestras soluciones. La historia de las luchas de liberación en el Tercer Mundo nos demuestra que ninguna dictadura cae sola […]. La dictadura aislada social y políticamente tiene el monopolio de la lucha armada. Es ineludible pues negociar […]. El único documento que existe es el de la dictadura, el que reconoce ciertas conquistas del Frente Amplio y de sus aliados. No hay ningún documento en contrapartida. No hay ningún documento ni ningún acuerdo verbal secreto que reconozca a la dictadura derecho alguno9. Las Fuerzas Armadas no ceden en dos elementos: la desproscripción del líder blanco Ferreira Aldunate y en ampliar la capacidad de decisión del poder civil sobre los mandos militares. En esta última condición queda contenida la incógnita de si ese margen de maniobra no suponía de alguna manera la aceptación de la imputabilidad de sus integrantes frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período, aunque esto no estuviese determinado explícitamente. A la salida del Club Naval, el teniente general Hugo Medina, ante la pregunta de un periodista del noticiero Telemundo 12 sobre si aceptarían revisionismo, sostiene: Las FF. AA. no van a aceptar manoseos ni cosa que se le parezca. Las FF. AA. están dispuestas a aceptar Justicia hecha sobre elementos que integran sus cuadros y que se hayan manifestado deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo10.

Bajo la consigna ―El cambio en paz‖, el 28 de noviembre de 1984 las elecciones marcaron el triunfo electoral del Partido Colorado con Julio María Sanguinetti como nuevo presidente con el 41,2% de los votos, frente al 35% recibido por la fórmula 9

BLIXEN, Samuel, Seregni. La mañana siguiente, Uruguay, Ediciones Brecha, 1997.

10

La República, 3 de agosto de 2007. http://www.lr21.com.uy/comunidad/268183-calendiario-1340 (Consultado el 20 de febrero de 2013).

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blanca y el 21,3% recogido por el Frente Amplio. Tras doce años de clandestinidad y en su segunda contienda electoral, el Frente Amplio crece cien mil votos y se consolida como la tercera fuerza política del país. Este dato es posiblemente el más sorprendente y marca, frente a la incógnita de su continuidad en este proceso de transición, su consolidación en la vida política uruguaya. Julio María Sanguinetti, no recibirá la banda presidencial de manos del dictador Gregorio Álvarez. Para ello, el comandante del ejército Hugo Medina logra su destitución. Se nombra al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego Bruno, como presidente del Poder Ejecutivo hasta la asunción de Sanguinetti. Este episodio deja ver una posible fisura entre las Fuerzas Armadas como institución y como gobierno. Muchas voces plantean la promoción por parte de las Fuerzas Armadas de la candidatura que triunfó. Para ello es interesante recoger el planteamiento de Bruschera11, quien frente a la arbitrariedad cometida en ambos casos opone a los dos líderes proscriptos. Por un lado, el líder frenteamplista Líber Seregni, que estando proscrito fue liberado y se le permitió actuar y manejar el accionar político–electoral de forma directa en su partido, sabiendo que el Frente Amplio no era en ese momento una opción clara de poder. Por otro lado estaba Wilson Ferreira Aldunate. Aun siendo igual a su par Seregni desde el punto de vista de la justicia, su privación de libertad es crucial por ser el opositor más claro y perfectamente presidenciable. Las palabras del comandante en jefe del Ejército, el teniente general Hugo Medina al momento de despedir al destituido Álvarez relativizan la idea de reinserción: ―si obligan, si se dan las mismas causales que se dieron en 1973, no vamos a tener más remedio que darlo (el golpe de Estado)‖12. Sus polémicas palabras buscan ser matizadas poco después mediante un comunicado13 afirmando que ―es propósito firme de las Fuerzas Armadas‖ apoyar la acción del futuro gobierno y sus instituciones democráticas: 2º) Que las referencias al fundamento del golpe de Estado de 1973 tienen un sentido histórico y se ajustan a las circunstancias de entonces, tal como lo han manifestado reiteradamente las FF. AA. Hoy nos encontramos en una etapa 11

BRUSCHERA, Oscar H., Las décadas infames. Análisis político 1967-1985, Montevideo, Ed. Librería Linardi y Risso, 1986. 12 13

Jaque, 15 de febrero de 1985, pág.8.. Las declaraciones fueron hechas el día 12 de febrero. El Diario,15 de febrero de 1985, pág. 3.

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distinta en la evolución de los acontecimientos, mirando hacia el porvenir, con la esperanza en que la democracia se afiance definitivamente. 3º) Que es propósito firme de las FF. AA. que han convocado y presidido elecciones nacionales con todas las garantías, como parte de su ―Plan Político‖ de apertura, el respetar fielmente ese veredicto, apoyando la acción del futuro Gobierno y sus instituciones democráticas, como lo establecen la Constitución y la Ley.

El Acto Institucional n.º 19 establece unas disposiciones transitorias que según lo indica su artículo 6 no serán derogadas hasta que no entren en vigor las normas que emanen del plebiscito que debía realizarse el día 24 de noviembre de 1985. El establecimiento de la Asamblea Constituyente contemplado por dicho acto no se cumplió ni se plebiscitaron las disposiciones contenidas el Acto n.º 19 así como tampoco surgen actos sustitutivos ni su derogación. Teniendo en cuenta estos elementos, es interesante traer a colación la reflexión que hace al respecto la socióloga María del Carmen Appratto14. El artículo 10 establecía que ―todas las autoridades no mencionadas en el art. 2 continuarán en el desempeño de sus funciones hasta tanto estén electos o designados sus sucesores‖; asimismo el artículo 6 señala que cuando un ascenso pueda suponer la designación de comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas no requerirá la venia del Senado15. Según esta última disposición, los comandantes en jefe del proceso que no se mencionan en el artículo 2 permanecen en sus puestos hasta que se produzca su pase a retiro. Asimismo, la facultad de designar los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por parte de su mando superior, el Poder Ejecutivo y el presidente de la República queda limitada a la elección entre dos o tres candidatos según el cuerpo. De esta forma, el gobierno democrático hereda los mandos militares de la dictadura y la facultad de designación de los mandos queda reducida. Las Fuerzas Armadas harán llegar al recientemente electo presidente su descontento cuando designa al coronel retirado Hugo Silva (obligado a retiro forzoso en 14

APPRATTO, María del Carmen, Del Club Naval a la Ley de Caducidad. 1983-1986, Montevideo, Ed. Monteverde y Cía. S.A, 2007. 15

Autoridades mencionadas en el artículo 2º del Acto Institucional n.º 19: Asamblea General, Juntas Departamentales, Juntas Locales Autónomas, intendentes municipales, presidente y vicepresidente.

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1977 por ―interferir‖ en el proyecto de ―reconstrucción nacional‖ de la dictadura) como director general de la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional y al general Carlos Berois como jefe de la Región n.º 1. Liber Seregni, líder frenteamplista, defenderá que la ciudadanía recupere su soberanía sin limitaciones. Su postura no será tan optimista a dos años del comienzo del mandato de Sanguinetti. Mientras que el Partido Nacional, que no participó en las negociaciones, sostiene que ―COSENA, mandos, estado de insurrección y justicia militar, fueron incorporados a la Constitución de la República como disposición permanente por la voluntad de doce personas‖16. El Acto institucional n.º 20 del 11 de octubre de 1984 marca el cese definitivo del Consejo de Estado previa aprobación del derecho a la jubilación de sus integrantes y ex integrantes. Uruguay vive un período de transición. ¿Culmina con el acuerdo del Club Naval y la convocatoria a elecciones? Más que de hechos puntuales hablamos de un proceso en el que podemos señalar determinados sucesos.

El cambio en paz. La influencia del modelo español y el discurso socialista de Felipe González Un simple recuento de los encuentros entre el que sería presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, y autoridades españolas nos permite adelantar cuál sería su lema de campaña y la forma de proceder frente determinados aspectos pendientes. Como ya se ha mencionado, el 20 de mayo de 1983, el rey Juan Carlos I de España realizó una visita oficial a Uruguay quien remarcó, incluso frente a las autoridades de facto, su confianza en una salida democrática con la participación de todos los partidos políticos. A treinta años del acontecimiento, el propio Sanguinetti resaltaba en una entrevista17 la trascendencia de su visita para la transición democrática en Uruguay. Lo destacaba como una ―fuente de inspiración‖, ―no para trasplantar modelos‖, pero si para importar ―el espíritu‖ de aquel proceso, ―que era el de salir en paz‖. El expresidente uruguayo resaltaba que lo que ―hoy puede parecer un discurso 16

La Democracia, n.º 67. Editorial. eldiario.es , 22 de mayo de 2013. Sanguinetti destaca la ―relevancia‖ del rey de España en la transición uruguaya.http://www.eldiario.es/politica/Sanguinetti-relevancia-Espana-transicionuruguaya_0_135087415.html Consultado el 5 de marzo de 2016. 17

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muy normal, en aquella época parecía revolucionario‖; ―hablar de retorno de la democracia, de que el Uruguay estaba siguiendo un camino parecido a España, que debía hacerlo pacíficamente, que el diálogo era fundamental, todo aquello delante de un militar tan duro como era Álvarez, apareció como algo muy fresco, muy fuerte‖. Tampoco deja de remarcar que sus palabras se vieron reforzadas por esa recepción que brindó a los miembros de la oposición de la que el propio Sanguinetti participó y que no fue del gusto del gobierno de facto. A continuación, el 20 de agosto de 1984, quien fuera presidente de España entre 1976 y 1981, Adolfo Suárez, llega a Uruguay. Su visita tenía como fin colaborar de forma solidaria con la defensa de Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Blanco. Suárez participó en la Convención Blanca. Por ese motivo, mediante comunicado del Ministerio del Interior del mismo día 20 de agosto de 1984, se lo intima a abandonar el país en el plazo de veinticuatro horas por su ―injerencia en asuntos políticos de carácter interno al haber ingresado al país como turista‖18. Como consecuencia de este acto, el canciller español Fernando Morán convocó en Madrid al embajador de Uruguay Rafael Calvo para transmitirle su preocupación. La embajada de España en Montevideo presentó una nota verbal de protesta. 40 El Confidencial, 22 de mayo de 2013 Sanguinetti destaca la ―relevancia‖ del rey de España en la transición uruguaya. Finalmente, entre 1984 y 1986, el presidente uruguayo y el presidente español, Felipe González se van a ver en cinco ocasiones. Siendo precandidato a la presidencia, Sanguinetti visita Europa y su agenda incluye España. El 1 de marzo de 1985, Felipe González estará presente en la asunción de Sanguinetti como presidente, quien volverá a visitar España ese mismo año. Posteriormente, en 1986, el presidente uruguayo aprovechará dos escalas en viajes a Egipto e Israel en abril y a Francia y Alemania para reencontrarse con Felipe González. En el informe de Sanguinetti a la Convención del Partido Colorado adelantaba algunos de los elementos omnipresentes en su campaña bajo el lema: ―El cambio en paz‖. En su discurso habla de las elecciones sin olvidar algunos de los temas claves pendientes como los presos políticos, los exiliados y de los límites de las Fuerzas Armadas: … una elección democrática sin excluidos, pero también una concertación de 18

El País, Año LXVI, Nº22770, 21 de agosto de 1984, pág. Portada y 4.

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gobierno que haga que todas las fuerzas democráticas empiecen hoy, ya, a trabajar y a definir las situaciones de mañana. […] Nada excusa la responsabilidad de los militares que tomaron el poder en 1973 nada les excusa, pero todos debemos ser conscientes que también llegamos con las instituciones debilitadas y debilitadas por muchos hechos […] que condujeron al país a una violencia que no llevó a nada […] el tema de la pacificación nacional. El país debe abocarse seriamente a ese tema y ese tema incluye hoy aspectos muy importantes. Incluye las posibilidades de amnistías e indultos que en el país se reclaman cada vez con más fuerza para aquellos ciudadanos que hoy están presos. Muchos de ellos por delitos sí cometidos, pero que luego de tantos años de haber pagados su penas… …tenemos que buscar los caminos del reencuentro, tenemos que buscar todo eso con amplitud de espíritu; tenemos que tratar de reencontrar que las viejas heridas del pasado queden definitivamente en ese tiempo que tiene que morir y está empezando a morir en esta Convención y en la calle y en el espíritu de la gente. […] acá no puede haber unas fuerzas armadas autónomas y que de ningún modo puede haber FF. AA. que pretendan tener autonomía para designar a sus generales y sus comandantes sin intervención del poder político. […] van a ser naturalmente un instituto subordinado dentro del Estado, son parte de él. Pero hay que redefinir sus fines. … revancha nunca, justicia siempre. Aspira a que a partir del 1º de marzo: no habrá nadie más víctima de la arbitrariedad, no habrá nadie que no esté amparado por la ley y por una justicia absolutamente dependiente […] conquistar el poder para el pueblo. Pero el poder para el pueblo será para hacer toda una república en paz. Con lucha sí, con confrontaciones de ideas sí; pero en la cual podamos discrepar todos a través de estos caminos de acción. Estamos cada día más cerca de la elección, es verdad; pero estamos cada día más cerca de los Tejero, porque los Tejero actúan en los momentos de salida19. Por su parte, Felipe González, en la previa a las elecciones nacionales en Uruguay enviaba un mensaje publicado por la agencia EFE el día 24 de noviembre de 1984: 19

El Correo, 13 de abril de 1984, pág.12.

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Es para mí motivo de especial satisfacción dirigir un mensaje de aliento y felicitación al pueblo uruguayo en vísperas de unas elecciones que se pueden calificar de históricas, y que consagran el retorno de la libertad y la democracia al país hermano. Por encima de cualquier opción partidista quiero aprovechar esta oportunidad para desear al pueblo de Uruguay un futuro de progreso y justicia en libertad, en el convencimiento de que la expresión de la voluntad popular no hará sino confirmar los ideales que ha hecho suyos el pueblo uruguayo en su combate por la normalidad democrática.

En la rueda de prensa para la prensa española presente en Montevideo con motivo de la toma de mando, Julio María Sanguinetti insiste en la ejemplaridad del modelo español y deja ver algunas de las condiciones que exigirá para la amnistía, que asume como un pedido unánime20: Creemos que España le ha dado una gran lección a América y una gran lección a su propia historia porque, la tradición de enfrentamientos y de tanta intolerancia que tenía la historia de España, que es también nuestra historia, ha sido superado por esta etapa que diría ha sido de sabiduría política, que recién el correr del tiempo mostrará hasta qué punto han tenido España y los españoles en estos años. […] Amnistía habrá porque todos los partidos han estado de acuerdo […] se está discutiendo mucho el alcance de la amnistía […] integraron organizaciones que actuaron por medio de la violencia contra la democracia y que cometieron delitos de sangre. […] no en forma indiscriminada y borrando el delito. Al día siguiente, Felipe González dará una conferencia de prensa en la Intendencia de Montevideo, en la que manifiesta21: […] hay un problema que tiene todo país en tránsito, que nosotros lo hemos tenido y creo que lo estamos superando; es cómo se pasa página de una capítulo histórico y se empieza uno nuevo. Mantener mucho tiempo a medio camino esa página que hay que pasar plantea problemas muy serios. Lo que en España se ha llamado la reconciliación Nacional yo creo que no fue más que un esfuerzo de 20 21

El País, 1 de marzo de 1985, pág. 7. El Diario, 2 de marzo de 1985, pág.15.

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todos –de los comunistas hasta la derecha española que ha permitido decir ―construyamos la historia hacia el futuro‖, no olvidando el pasado, sino hacia el futuro. No nos recreemos en nuestros problemas del pasado, porque eso retrasa mucho el avance, el progreso en una historia nueva.

Si el modelo de transición española, en paz, era un modelo a seguir, algunos se detuvieron en ciertos asuntos que se debían tratar en la transición, como lo era el papel de las Fuerzas Armadas. El vicepresidente Enrique Tarigo tomará como ejemplo la Ley de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (Ley n.º 85 de 1978), aprobada en España. Señala las disposiciones que esta ley establece referentes a la obediencia debida. Según la concepción de obediencia debida marcada por la ley española, cuando una orden de un superior va contra los usos de la guerra, la Constitución o es delito, los militares no están obligados a cumplirla. En este sentido, Tarigo reflexiona sobre la obligación del uso legítimo de la fuerza e indica que dicha ley podría ser ―junto con otras seguramente, una excelente fuente de inspiración para el legislador uruguayo cuando deba estudiar y proyectar la Ley de Fuerzas Armadas de nuestro país‖22.

El debate sobre “la paz” El lema de Sanguinetti para su campaña electoral no dejará indiferentes a algunos medios o políticos de la oposición y generará un debate en torno a qué se entiende por paz. El editorial de Dignidad, del 12 y 14 de febrero de 1985 dirá: En los últimos tiempos ha aparecido una suerte de teoría nueva o quizás ―teoría del cambio en paz‖ para ser contestes con el Presidente electo, al Parlamento no les corresponde juzgar los delitos cometidos, sino que es a la Justicia. Y con este ―simplote‖ argumento se pretende destruir el reclamo, la exigencia de la investigación parlamentaria. […] El parlamento puede y debe investigar. […] De todas formas la acumulación de pruebas, denuncias y demás providencias que se determinen, habilitará al propio Poder Legislativo (como órgano del Estado responsable directo y obligado de denunciar todo ilícito del cual tenga conocimiento) a transferir el juzgamiento al Poder Judicial. […] Por todo ello la 22

Opinar, 14 de febrero de 1985, pág.4.

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―teoría del cambio en paz‖, negando posibilidades de investigación parlamentaria, no tiene fundamento y sustrato alguno. Es más bien un baladí recurso para impedir la difusión pública de la barbarie […] no implica de ninguna manera, como algunos dirigentes políticos quieren hacer creer, tomar revancha o venganza, sino que muy por el contrario, es un acto de estricta justicia, vinculado además a la defensa del honor nacional y de nuestras mejores tradiciones democráticas.

En este sentido, algunos periodistas cuestionarán la posibilidad de aplicar el modelo de transición español que se toma como ejemplo, pidiendo paciencia y transigencia hacia las autoridades que formaban parte del Gobierno de facto, diciendo23: ―[…] hubo que preguntarles qué hubiera ocurrido si los comicios en España hubieran tenido lugar con Felipe González preso. No entendieron o no quisieron entender‖. En el tratamiento de la paz, así como el papel que ocuparán las Fuerzas Armadas en la democracia, aparece de forma persistente el pedido de amnistía para los presos políticos. Consultado al respecto, Felipe González dirá24: La amnistía como se entendía por parte del pueblo español, a mi juicio como la que es en sentido profundo un intento de perdón y de olvido, una especie de llamamiento a la reconciliación. […] cuando se habla de amnistía, de lo que se habla es amnistía de todos y para todos. Es decir, de reconciliación total, incluso para los que habían sido delitos de sangre. […] pero tampoco hubo nadie en España que intentara alcanzar respecto del régimen anterior ningún tipo de responsabilidad a nadie. […] Fue lo que nosotros llamábamos la reconciliación y el perdón y nadie se llamó a engaños entonces, ni nos llamamos ahora. […] Si se usa la violencia no se es preso político, simplemente porque se apele a una ideología. Se es preso común. […] la fuerza moral que el sistema democrático tiene después de haber producido ese ―borrón y cuenta nueva‖ es muy importante. Desde este punto de vista, la amnistía es algo recíproco y la búsqueda de reconciliación pasa por no pedir responsabilidades a nadie. No obstante, indica que 23 24

La Democracia, 8 de marzo de 1985, pág.5,―El señor Adolfo Suárez‖, de Carlos Luppi. Opinar, 7 de marzo de 1985, pp.14 y 15, ―Invitados especiales. Lo mejor de Felipe González‖.

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aquellos civiles que usaron la violencia son presos comunes y no políticos, pero no cuestiona el uso indebido del monopolio de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos elementos nos servirán para ver en qué medida el presidente uruguayo reproduce esa interpretación. Las declaraciones de González al respecto de la amnistía y sus implicaciones provocaron dos tipos de reacciones en la prensa uruguaya. Por un lado, la prensa oficialista que, además de halagar la teoría de la transición en paz, hablaba del presidente González como un socialista del siglo XXI, que atendía los problemas económicos de la España de la transición afirmando: ―no tengo ningún miedo a la heterodoxia; yo creo que para que haya eficacia social tiene que haber eficacia económica y que ningún país, ningún gobierno, sea cual sea su signo ideológico puede invertir los términos de ese silogismo. Se puede efectivamente conseguir una cierta eficacia social desde una teoría igualitarista, pero se puede conseguir a costa de repartir, igualitariamente, hambre y miseria. Ese no es el desafío, a mi juicio, del socialismo democrático. Hay que ser eficaz económicamente‖25. Incluso en 1987, el editorial de Jaque del 4 de octubre se titula: ―Similitudes de dos procesos progresistas. España socialista–Uruguay batllista‖. En él se destaca la concertación, el diálogo social, pero también la búsqueda de objetivos económicos comunes como contener la inflación y la apertura de mercado que permitan frenar el deterioro económico. Recuperación económica y consolidación democrática se resaltan como objetivos de ambos gobiernos ―a base de esfuerzos y no de milagros‖ para terminar diciendo: ―[…] es un camino similar al que seguimos aquí. Matices más o menos, ese es el camino de los progresistas‖. Por otro lado, la prensa del sector opositor titulaba: ―PSOE, ese partido de centro‖26, ―Felipe desencantó a la ‗izquierda‘‖27 o ―Felipe González vocero colorado‖28. Se insiste en que el PSOE es un partido de centro, se critica que su visita al país fuera principalmente por temas económicos: la deuda externa latinoamericana y la cooperación con la CEE en la que España acababa de ingresar. Para la prensa, sus 25 26 27 28

Jaque, 8 de marzo de 1985, pág.8. Brecha, 6 de noviembre de 1987, pág.19. Jaque, 11 de noviembre de1987, Año IV n.º 202, pp. portada y 11. Búsqueda, 12 al 18 de noviembre de 1987, Año XVI, n.º 408, contratapa.

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reflexiones parecen haber descolocado a la derecha ―ácrata‖ y desencantado a la mayoría de la izquierda. El semanario Búsqueda recuerda la intervención del diputado nacionalista Martín Sturla en el debate parlamentario del jueves 5, relativo a los vetos del Poder Ejecutivo, en el que algunos legisladores colorados recurrieron en varias ocasiones a citas de Felipe González, para señalar que: ―Cuando se empieza a citar permanentemente a una figura política y se la empieza a transformar en numen inspirador de las actitudes que se adoptan […] uno empieza a dudar de propuestas y de soluciones que por otro lado se adopten o se dejan de adoptar‖29. Esta última percepción se repite incluso en un artículo del 7 de abril de 1989, publicado por Brecha y firmado por Miguel Ángel Nieto desde Madrid en el que sostiene que: ―Además de toros y naranjas, España exporta modelos políticos al mundo. […] y ‗a la española‘ se han justificado algunas siniestras orientaciones políticas, especialmente en el continente latinoamericano y muy especialmente en Uruguay, donde desde el Presidente Sanguinetti a toda la corte batllista ‗modernizadora‘, se llenan la boca con la agilidad ideológica y logros sin par de Felipe González‖. En él critica duramente su modelo económico y de desarrollo, la falta de creación de empleo y la venta de armas a países como Chile o Marruecos, entre otras cosas. Si bien esta dualidad en la percepción del presidente español puede parecer sorprendente y hasta contradictoria, cabe señalar que Felipe González gobernó entre 1982 y 1996. Cuando llega al gobierno, será la primera vez que un partido de izquierdas forme gobierno desde 1936. El año1986 fue un año clave para la apertura española marcado por la entrada en la C.E.E. y en la OTAN. Sin embargo, los 90 estarán marcados por la contracción económica, las reformas liberales del mercado de trabajo y casos de corrupción. El gobierno socialista terminará el mandato implicado en el caso de los GAL (Grupos Armados de Liberación), una agrupación armada para policial que practicó una guerra sucia contra ETA. Volviendo al discurso de las elecciones nacionales de 1984, efectivamente, vemos que Sanguinetti hace suyas algunas reflexiones en su discurso cuando dice: ―No más sables de derecha y no más bombas de izquierda‖, ―[…] por eso es que precisamos salir en paz, un camino por el cual todos transitamos.‖30. Esa paz es para Sanguinetti un cambio real y efectivo para progresar y no para peor como el que ofrece según él, el 29 30

Ibíd. El Día, 15 de noviembre de 1984, pp. portada y 5.

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Frente Amplio. A eso añade que el día de las elecciones nacionales ―olvidaremos y perdonaremos todos los agravios que hemos recibido‖. En el cambio en paz propuesto por Sanguinetti, entra el cuestionamiento de la oposición: ―En 1973, ¿la acción opositora no facilitó la acción golpista? ¿No alentó incluso, la ambición militar?‖31 que tanto recuerda la teoría de los dos demonios32. El miembro de la oposición frenteamplista, Juan José Crottogini, le responde ese mismo día en la prensa33: Pues bien: el pueblo oriental, así definido es profundamente pacífico. El pueblo nunca gana nada en una guerra. Por ello cuando la circunstancia electoral obliga a todos los grupos políticos a hablar tan enfáticamente de paz, debemos preguntarnos: ¿quién declaró la guerra civil en Uruguay? […] Fue formalmente declarada por el parlamento –tal cual lo establece la Constitución de la República– en abril de 1962. Los que hoy se manifiestan tan pacifistas: ¿Por qué declararon esa guerra? Los Wilson Ferreira y los Sanguinetti, los Ortiz y los Pacheco […] los intereses sociales que representan esas belicosas manos levantadas en el Parlamento para declarar la guerra civil: ¿a qué intereses servían? ¿al ―pueblo‖ tan radicalmente pacifista?

El propio líder del Frente Amplio, Líber Seregni, en una entrevista concedida a la revista Asamblea el 22 de noviembre de 1984 sostenía: Y el concepto de paz está ligado en lo inmediato a cerrar heridas (refiriéndose a la amnistía). En el sentido profundo, a saber lo que es la paz, la paz social, esa paz que implica cambios, la paz que supone que no habrá ningún niño más muriéndose de hambre, como los he visto […] ¿Quieren paz? La erradicación de todo eso, la erradicación del hambre, de la desocupación, la posibilidad de la educación abierta […] Y por supuesto eso supone cortar las cadenas de la dependencia; […] La revolución la tenemos que hacer con todo el pueblo. La

31

Jaque, 9 de noviembre de 1984, ―A no perder la brújula‖, de Julio María Sanguinetti, pág. 7. MARCHESI, Aldo; MARKARIÁN, Vania; RICO, Álvaro; YAFFÉ, Jaime (compiladores), El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a treinta años del golpe de estado en Uruguay, “Un repaso a la teoría de los dos demonios” de Carlos Demasi, Montevideo: Trilce, capítulo 1, págs. 67-74, 2003. 32

33

Jaque, 9 de noviembre de 1984. ―Si quieres la paz… (I)‖, de Juan José Crottogini, pág. 7.

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revolución en el sentido de cambios, cambios para la paz. Y la paz para los cambios.

El respaldo de las formas y el discurso de Felipe González parecen significativos para el Gobierno de Sanguinetti durante los años claves de las elecciones nacionales de 1984 y la votación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Algunos de estos elementos, recurrentes en la utilización del ―Cambio en paz‖ como lema del Partido Colorado para las elecciones, suscitarán un debate que deja ver elementos como la amnistía, la reconciliación o la responsabilidad previa al golpe de Estado. Este modelo de ―paz‖ va ligado a una concepción de la justicia respecto de los crímenes cometidos en el pasado reciente. Si la ley de amnistía española enterraba claramente cualquier intento de juzgar por los crímenes cometidos a las fuerzas de seguridad del estado en el caso uruguayo parecía perfilarse de otra manera con la aprobación de la ley de amnistía. No obstante, la aprobación de la ley de caducidad retrotrajo la postura del estado uruguayo a la tomada por el estado español.

Algunas décadas más tarde Si bien es interesante comparar ambos procesos de transición donde encontramos elementos comunes, es necesario destacar algunas diferencias propias que generan prioridades diferentes en el momento de negociar como los estatutos de autonomía en España. Sin embargo, es pertinente hacer un seguimiento del discurso uruguayo que retoma la idea de querer lograr una transición pacífica ―a la española‖. Paradójicamente, el partido colorado encontrará en el líder socialista español un buen aliado. El debate político uruguayo refleja la presencia de ese debate y el uso del modelo de transición española entonces idealizado. Desde el punto de vista conceptual, aceptar la idea de este ―cambio en paz‖ implica asumir un modelo de tratamiento del pasado reciente en el que la amnistía adoptada, tema clave en el período de transición, es la recíproca, sin olvidar que en Uruguay, en algunos casos las condenas militares fueron ratificadas por la justicia civil y los presos liberados porque la ley de amnistía contemplaba 3 días por cada día pasado en prisión, es decir, no fueron amnistiados sino liberados. 200

La crisis política vivida en España en los últimos años, bañada de corrupción ha cuestionado la ejemplaridad de la transición. La imagen del rey como garante de los valores democráticos también se ha visto degradada. La familia real implicada en casos de corrupción, los deslices personales del rey y sus problemas de salud persistentes terminaron con la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014. El tratamiento del pasado reciente sigue siendo extremadamente controvertido en España. La vigencia de la Ley de Memoria Histórica34 es nula ya que el gobierno de Rajoy (desde 2011) la ha dejado sin partida presupuestaria para poder ejecutarla. Sin embargo, la cuestión nacional y territorial que parecía quedar zanjada con los estatutos de autonomía parece hoy más frágil que nunca entre el nacionalismo catalán y el inmovilismo del gobierno. El Partido Popular se mantiene en la negativa ante la cualquier posibilidad de cuestionar la transición o de modificar la Constitución española. Los ingredientes de la transición siguen vigentes, falta la capacidad de diálogo y de acuerdo alcanzadas entonces. Uruguay mantiene una postura mucho más errática frente a los crímenes cometidos en la última dictadura. La institucionalidad, así como en el caso español, no es cuestionada pero algunas voces dentro del gobierno de izquierda siguen reclamando la recuperación de la gestión civil de múltiples competencias adquiridas por las fuerzas armadas durante el período de facto. El caso de meteorología es el único consumado aunque su aplicación viene siendo dilatada. Estos elementos nos permiten destacar la utilidad del análisis de la transición en clave histórica y la utilidad de ver de forma introspectiva el desarrollo de algunos conceptos como ―el cambio en paz‖, los debates que generó en su momento y en qué medida el tratamiento del pasado reciente y los problemas que plantea están atados a la forma en la que se cerró el proceso de la transición política.

34

http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/inicio

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Los sindicatos en las transiciones de España y Chile. Un estudio comparativo

Pablo R. Selma Páez Universidad de Sevilla Rodrigo Araya Gómez Universidad de Santiago de Chile

Las transiciones de España y Chile presentaron desde sus inicios el desarrollo de organizaciones sindicales de carácter nacional, que se pusieron en cabeza de las reivindicaciones democráticas exigidas por una movilización ciudadana creciente. No obstante esta característica común, el desarrollo de ambas transiciones, el tipo de modelo económico y el papel de los sindicatos en ambos casos presentan diferencias que se consolidaron de acuerdo al grado de profundización del proceso democrático alcanzado en ambos casos, que demostraron ser definitivas en la democracia resultante. El objeto de la presente ponencia es analizar, estos factores comunes y divergentes para concluir el grado de influencia de los sindicatos en la instauración de la Democracia en ambos países.

La aportación de los sindicatos a la consecución de la Democracia en la Transición española A partir de los años cincuenta surgió en España una clase media, consecuencia de las reformas económico-sociales que la dictadura se vio obligada a acometer. Sería este sector el que aprovecharía las posibilidades que les brindaba la Ley de Convenios 203 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

Colectivos de 1958 para comenzar a reivindicar mejores condiciones laborales y salariales, en principio sin ningún trasfondo político. Se creaban comisiones para negociar algún aspecto concreto y, una vez resuelto, se disolvían. Se gestaba lo que Carme Molinero ha denominado ―una cultura del conflicto‖1, al comprobar los trabajadores que sólo podían conseguir sus reivindicaciones con un conflicto colectivo que se oponía tanto a los empresarios como a la OSE. Debido a que, a pesar del mayor espacio que el régimen permitía a los trabajadores en la negociación, la huelga seguía siendo ilegal, fuera cual fuese el motivo, la represión que seguía a sus convocatorias suponían un motivo más de movilización, uniéndose a las reivindicaciones estrictamente laborales otras reivindicaciones de carácter más político y solidario con los líderes reprimidos, exigiendo unas libertades sindicales que brillaban por su ausencia y que, cada vez más, los trabajadores exigían como un derecho fundamental. La convicción de la justicia de sus reivindicaciones vencía, así, el miedo a la represión de la dictadura. Fueron los años en los que surgieron CCOO y USO, que serían las principales plataforma de movilización obrera, tomando el testigo de los diversos movimientos apostólicos de carácter obrero surgidos a partir de 1946. Aunque también había grupos ugetistas y cenetistas, no tenían en el país la fuerza necesaria para presionar a la dictadura, y sus dirigentes en el exilio cada vez fueron comprendiendo menos la realidad que en España se estaba fraguando desde mediados de los años sesenta, anclados en un trasnochado anticomunismo que les impedía colaborar con el PC contra el régimen. Esta carga ideológica de los sindicatos tradicionales no estaba en el origen de las Comisiones Obreras. Ya hemos señalado la aparición en los años cincuenta de comisiones de trabajadores para negociar con la empresa ciertas reivindicaciones que, una vez conseguidas éstas, se disolvían. La efectividad de este método fue lo que convenció a grupos clandestinos, como el Partido Comunista, para utilizarlas en su estrategia de oposición. Sin embargo, desde 1958 hasta las elecciones sindicales de 1963, estas comisiones no compartían ningún órgano que las organizara y las interrelacionara. Son los años en los que van aprendiendo cómo usar los resortes legales del sistema para sus fines, y cómo rastrear las reivindicaciones de los trabajadores, mientras van creando una red de militantes que irá evidenciando las contradicciones de 1

Salvador CRUZ ARTACHO et al. (coords.): El mundo del trabajo en la conquista de las libertades. Jaén, Universidad de Jaén, 2011, P. 224.

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la dictadura. El régimen acabó comprendiendo el peligro que le suponían estas Comisiones y, finalmente, el Tribunal Supremo las declaró ilegales en 1967. A esta persecución se unió otro problema: al ser la única alternativa fáctica al vertical, Comisiones se convirtió en un espacio para numerosas sensibilidades, lo que a su rápido crecimiento en estos años se unía la progresiva heterogeneidad de su composición. Las inevitables diferencias ya comenzaron a sentirse en 1968, pasando muchos militantes a una UGT que paulatinamente iba retomando el protagonismo perdido durante la Dictadura. A lo largo de los años siguientes, este sindicato fue creando unas señas de identidad frente al resto de sindicatos y partidos clandestinos, y distanciándose de las CCOO y USO en cuanto a la táctica ―entrista‖. Para UGT, la estructura de negociación centrada en la C.N.S. aportaba claras ventajas para la patronal, en detrimento de los trabajadores. Ante esta realidad, se planteaban dos alternativas: instrumentalizar desde dentro la CNS a favor de los trabajadores, (como de hecho estaban haciendo CCOO y USO) u otra opción a medio plazo, consistente en vaciar completamente el Vertical, boicotear las elecciones sindicales y crear como respuesta órganos de representación directa de los trabajadores. Partidaria de esta segunda opción, UGT abogaba sin embargo en aceptar como mal menor la existencia de jurados, manteniéndolos bajo control obrero. No era, por otra parte, el único motivo de enfrentamiento entre los dos sindicatos: el proyecto a largo plazo del sindicalismo a instaurar también fue motivo de tensiones graves en estos años. La creación de una gran central unitaria, de clase, reivindicativa, autónoma y anti-capitalista, que seguía los modelos de los ―consejos de empresas‖ de Italia o el sindicalismo que había conseguido instaurar el Partido Comunista en Portugal, era la gran aspiración de CC.OO. Esta idea, según QuirosaCheyrouze, estaba coherentemente planteada en la lógica de la lucha por la ruptura democrática. Para Álvaro Soto, se hacía necesario ―llegar a una síntesis unitaria, donde la división de la actividad sindical es superada por la ―unidad de clase‖ (…) por lo tanto unidad se convierte en un objetivo irrenunciable‖2 La idea era una unidad no sólo de acción, sino también orgánica, una unidad articulada de abajo-arriba, que debía arrancar de una serie de congresos que, comenzando en las empresas, debían culminar en un gran Congreso Sindical Constituyente. 2

Álvaro SOTO: ―Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática‖, en David RUIZ, et al. (coords.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988) , Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 481.

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Tanto UGT como USO, que en su momento había defendido esa misma unidad sindical, se opusieron. USO proponía un camino diferente a la unidad sindical, a más largo plazo, que debía comenzar por la unidad de acción de todos los sindicatos, y terminar en el nacimiento de una única organización obrera, sin interferencias políticas, con plena autonomía y construido desde las bases3. En el caso de UGT, además, la oposición no era sólo al fin, sino también a los medios, por su modelo de sindicalismo fundamentado en la preeminencia de las estructuras sindicales sobre las asambleas de trabajadores4. De todas formas, a diferencia que el modelo italiano que servía de inspiración, en España no había una situación de desbordamiento sindical como en la Italia de 1968-1970, sino de construcción sindical, y esto, a juicio de Soto Carmona, lo entendió mejor UGT5. Pero sobre todo, UGT veía en esta unidad sindical el peligro cierto de verse diluida, dada la preeminencia de CC.OO. Un último elemento que distanciaba a ambas organizaciones sindicales fue la cercanía de UGT y CCOO al PSOE y PCE, respectivamente. Estas relaciones sindicatopartido fue una de las piedras angulares del proceso de institucionalización política y sindical. En este último, fue el Partido Comunista el que se apoyó en un sindicato instaurado en los entresijos de organizaciones e instituciones heredadas del franquismo, así como en las empresas, con el objetivo de abrirse un espacio en la nueva legalidad. En el caso de UGT, fue el sindicato quien buscó el apoyo e instauración del PSOE para su resurgir con fuerza en el nuevo panorama político, respondiendo a un concepto de política y sindicalismo de corte socialdemócrata, que existía desde la misma fundación de ambas organizaciones, y que había sido común en la Europa de las últimas décadas. Esta estrecha relación partido-sindicato alcanzó especial significado con la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982. No sería hasta 1988 cuando se produjera una ruptura entre ambas organizaciones. Importantes diferencias entre UGT y CCOO que no impidieron, sin embargo, la acción conjunta en la búsqueda de la instauración de un sistema democrático en España. 3

Salvador CRUZ ARTACHO, et al. (coord.): El mundo del trabajo a la conquista de las libertades. Jaén, Universidad de Jaén, 2011, P. 291. 4 Las secciones sindicales ya fueron reivindicadas, por ejemplo, en el I Congreso de UGT Sevilla, consideradas un instrumento necesario para consolidar la labor sindical, y no caer en un gremialismo de empresa que sólo beneficiaría al empresario. Por este motivo, se dedicó especial atención a las funciones que debían ejercer las secciones sindicales y los derechos que debían conseguirse para ello (FUDEPA. I Congreso UGT Sevilla. AHUGT-A: C_2692.6. Pp. 20-21) 5 Álvaro SOTO: ―Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática‖. En David RUIZ, et al. (coords.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988) Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 483.

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Ya hubo una estrategia similar por parte de los partidos políticos, al fusionarse la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España en la Coordinadora Democrática, (también conocida como Platajunta), cuyo primer comunicado se firmó el 30 de octubre de 1975, y cuya fusión definitiva se fechó en marzo de 1976.

En el ámbito sindical, la coyuntura favorable a conseguir las

aspiraciones democráticas anheladas durante tanto tiempo, favoreció la unidad de acción entre los tres sindicatos, creándose el 22 de julio de 1976 la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), en un momento en el que los sindicatos habían conseguido una movilización social sin precedentes6. Los objetivos de la Coordinadora eran preservar los derechos de los trabajadores y conseguir plenas libertades sindicales y democráticas. Pero las tensiones indicadas aflorarían desde el primer momento: USO criticaba a CCOO que fuera una correa de transmisión del Partido Comunista, lo que podía influir en el objetivo de defender los intereses de todos los trabajadores, sin exclusión. UGT, por su parte, acusaba a Comisiones de no respetar los acuerdos firmados, ya que la COS no era otra cosa que ―una plataforma unitaria para colaborar en una estrategia sindical común, pero, en ningún caso, el embrión del sindicato unitario que propugna CCOO‖7. A pesar de estas diferencias, la COS participó en movilizaciones importantes, como las que condenaron los asesinatos de abogados laboralistas en la calle Atocha el 24 de enero, a manos de militantes de extrema derecha. Pero fueron dos las principales acciones de esta plataforma. La primera surgió a raíz de las medidas socioeconómicas adoptadas por el Consejo de Ministros el 8 de octubre, que facilitaban los despidos e imponían una congelación salarial. Los sindicatos respondieron con una convocatoria de huelga general para el 12 de noviembre de 1976. De acuerdo con Julio Ponce, esta convocatoria usaba esas medidas como excusa, siendo la auténtica intención el plantear un pulso al Ejecutivo y su estrategia moderada de ir ―de ley a ley‖8. No obstante, el 6

En los primeros meses de 1976, los sindicatos habían demostrado su fuerza real en la calle, con un volumen de movilizaciones nunca visto: si en el cuarto trimestre de 1975 se habían realizado 943 paros laborales, en el primero de 1976 la cifra se disparó hasta los 17.455, sumándose a lo largo de todo el año 34.467. En total, el ministro de Relaciones Sindicales, De la Mata Gorostizaga, declaró al diario Sur/Oeste, el 27 de octubre de 1976, que se habían perdido en el primer semestre del año 72 millones de horas de trabajo y seis mil millones de pesetas en salarios. No hay duda que estas movilizaciones influyeron, entre otros factores, en la destitución de Arias Navarro, siendo fundamentales en el desarrollo posterior de la transición. 7 EL CORREO DE ANDALUCIA, 23 de julio de 1976, p 5. 8 Julio PONCE ALBERCA: La UGT de Sevilla. De activistas subversivos a sindicato legal. Córdoba, FUDEPA, 2009, p. 105

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fracaso de la convocatoria fue importante, y sirvió para escenificar nuevamente las diferencias entre UGT y CCOO, en esta ocasión al contradecirse ambos sindicatos en las cifras de participación. El otro frente donde la Coordinadora tuvo un papel activo fue en la campaña abstencionista contra el referéndum sobre la Ley de Reforma Política, aprobada por las últimas Cortes franquistas el 18 de noviembre y sometida a referéndum el 15 de diciembre. Las plataformas sindicales hicieron campaña a la abstención no sólo a través de la COS, sino también al margen de ella. UGT, por ejemplo, pedía la abstención con un razonamiento sencillo: votar al SI era delegar en los hombres de la dictadura la construcción de la democracia; votar al NO, alinearse al búnker franquista. La única forma de oponerse era mediante la abstención. El sindicato denunciaba las carencias democráticas de la convocatoria y la polarización de los términos de la consulta, excluyendo ―la de la oposición democrática que es la apertura de un auténtico proceso constituyente con la participación de todas las organizaciones representativas de la voluntad popular‖. El razonamiento concluye con la convicción de que ―el referéndum es, pues, una trampa tendida al pueblo; la libertad llegará a pesar del referéndum, ya que no es una donación del poder sino producto de la acción de los demócratas, de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo durante muchos años de lucha‖9. Pero a pesar de la campaña abstencionista, la consulta fue un éxito para el gobierno10. Con una participación del 77 por cierto del censo, el sí obtuvo un abrumador 80 % de los votos. Estos fracasos, unidos a las diferencias internas ya señaladas, aceleraron el final de la Coordinadora. En marzo de 1977, la UGT exigió a CC.OO. y USO la dimisión de los enlaces y jurados de empresa salidos de las elecciones sindicales de 1975, para precipitar así el hundimiento de la OSE. Como estos dos sindicatos se opusieron a esta petición, alegando que el mantenimiento de los cargos sindicales era necesario para controlar el vertical desde dentro, UGT decidió no acudir a más reuniones de la COS, y comenzó a preparar con CNT una campaña a favor de la desaparición de los cargos sindicales.

9

Folleto informativo de UGT fechado el 26 de noviembre de 1976. Archivo Histórico de Comisiones Obreras. El formato del párrafo se ha modificado para facilitar su lectura en este texto. 10 Semanas antes, el diario Pueblo pronosticaba una participación no menor del 85% (13 de noviembre de 1976).

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Pocos días después, el marco de actuación de los sindicatos cambiaría sustancialmente: la aprobación de la Ley 19/1977 de 1 abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical, legalizaba los sindicatos y permitía una avalancha de presentación de estatutos ante las oficinas del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación: sólo en ese año se presentaron para su legalización los estatutos de 3.584 asociaciones empresariales y 2.814 sindicales. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas eran entidades independientes, porque el proceso implicaba también la legalización de asociaciones de primer, segundo y tercer grado. Pero se evidenciaba que, como en el panorama político, el sindical requería de instrumentos para aclarar la amalgama de organizaciones, aunque UGT y CC.OO. se presentaban ya como las más importantes, preponderancia que se iría demostrando en las elecciones sindicales de 1978 y 1980. Este entramado, además, no era estático a la espera de impulsos externos, sino que variaba por su propia dinámica interna. CC.OO. seguía siendo la fuerza sindical hegemónica, pero UGT afianzaba su imagen como una alternativa cada vez más real. La unión de parte de USO a las filas de UGT, en diciembre de 1977, ayudó a consolidar esta tendencia. En los meses siguientes, la creación de numerosos órganos sindicales a distintos niveles organizativos y territoriales ofrecieron la oportunidad a estas organizaciones de expresar de manera oficial su postura ante el proceso democratizador. En los Estatutos y declaraciones de principios tanto de UGT como de CCOO se defendía el proceso democrático, pero no como un fin en sí mismo, sino como vía para la instauración del socialismo en el país. Así se expresaba en el Programa de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en su I Congreso, al comenzar su programa reivindicando como primer punto la ―consolidación y desarrollo de las libertades democráticas, nacionales y regionales‖, mediante el pleno reconocimiento del derecho de asociación, reunión manifestación y libre expresión. También abogaban por la elección de Ayuntamientos democráticamente, la plena democratización del aparato del Estado que garantizara su efectivo control por todos los ciudadanos, y la democratización de los medios de comunicación. Poco antes, no obstante, el sindicato afirmaba que desde su origen:

―Comisiones Obreras ha tenido clara conciencia de que el sindicalismo de clase debe luchar por resolver los problemas concretos de los trabajadores, sin olvidar que la 209

naturaleza explotadora del capitalismo se deriva que tales problemas no tengan solución definitiva, pues el mismo sistema hace que se reproduzcan periódicamente. (…)Por eso la orientación de clase de Comisiones Obreras se expresa en su decisión de contribuir a la supresión de este sistema y a la construcción del socialismo‖11.

También UGT se manifestaba sobre el proceso democrático en el mismo sentido. Por ejemplo, en diciembre de 1978, el sindicato defendía en una editorial de su Boletín Oficial la recién aprobada Constitución, destacando la ―necesidad de consolidar la democracia, lo que significa que no sólo los afiliados, sino también todos los trabajadores, hagan suyo todo el proceso democrático que se abre con la aprobación de la Constitución‖12. No obstante esta defensa de la legalidad como garantía de derechos sindicales y democráticos, ese mismo año, en el I Congreso Provincial de UGT Sevilla13, el Secretario Confederal de Acción Reivindicativa, José María Romero, señaló a la prensa que ―la UGT no juega sólo el papel de defensa de los trabajadores, sino que es uno de los pilares para la instalación del socialismo en nuestro país‖14. Meses después, con motivo de la celebración del I Congreso de UGT Andalucía, se asumía en su totalidad la declaración de principios UGT, en la que se definía como:

―una institución eminentemente de productores, organizados por grupos afines de oficios y profesiones liberales, que, para mantenerse en sólida conexión, respeta la más amplia libertad de pensamiento y táctica de sus componentes, siempre que estén dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases y tiendan a crear las fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, asumiendo algún día la dirección de la producción, el transporte y la distribución e intercambio de la riqueza social‖15.

11

http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/015915ICongresoCSCCOOPrograma.pdf . Pp. 4-6. Consulta realizada el 10 de abril de 2016. 12 Boletín de la Unión General de Trabajadores. Editorial Nº 404-405. Diciembre 78-enero 79. Fundación para el desarrollo de los Pueblos (FUDEPA) 13 El I Congreso Provincial de UGT Sevilla se celebró entre el 23 al 25 de julio de 1978. 14 EL CORREO DE ANDALUCÍA, 25 de julio de 1978, p. 19 15 I Congreso UGT Andalucía. 12-13 de enero de 1980. Estatutos. Fondos FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.2. P. 3

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Declaraciones de carácter netamente revolucionario que, por otra parte, podían ser lógicas en una organización aún pequeña y que busca su espacio en el dinámico panorama sindical del momento. Esta radicalidad tampoco era ajena a la incorporación que a su proyecto había hecho UGT de elementos entonces en auge en organizaciones sindicales que, en la década de los sesenta, se habían radicalizado en Europa, socialdemócratas, y de grupos políticos que estaban muy influidos por la vanguardia de la ―nueva izquierda‖. Que la dictadura hiciera este proyecto irrealizable incidió más en su radicalización16. Estas declaraciones maximalistas no habrían de perdurar en el tiempo, sobre todo en el caso de UGT. Ilse Marie Führer observa en las resoluciones de los Congresos de UGT entre 1976 y 1986 una evolución de un discurso radical-revolucionario a uno moderado e integrador, evolución relacionada con la democratización política17. También la práctica sindical de ambas organizaciones se orientó claramente a la negociación y el consenso, alejándose completamente de cualquier estrategia revolucionaria. Así quedó patente con la firma de los Pactos de la Moncloa, el 27 de octubre de 1977, donde fue evidente la subordinación de CCOO y UGT al Partido Comunista y al PSOE, respectivamente18. Mientras que CC.OO., siguiendo la postura del PCE, los apoyó desde el primer momento, la postura de UGT fue cambiando a la vez que la del PSOE, con el argumento de que en su negociación se habían marginado a los sindicatos y se imponía un tope salarial inferior al coste de la vida. No obstante, estas reservas iniciales acabaron quedando apartadas. Debido al temor del PSOE de quedar marginado, partido y sindicato socialistas acabaron aceptando la firma de los Pactos. Es más, este sindicato firmaría en el verano de 1979 el Acuerdo Básico Interconfederal con la CEOE. Tras su firma, Nicolás Redondo afirmó en la rueda de prensa posterior ―que la firma de acuerdos no constituye un pacto social, sino el inicio de un camino difícil para encontrar nuevos modos de relaciones laborales‖. Respecto a la conveniencia de llegar a acuerdos con la patronal, aseguró que ―UGT consideró preciso, ante la presentación del proyecto de ley sobre el Estatuto de los Trabajadores, agotar, previamente a cualquier movilización, las posibilidades con la CEOE y el

16

Rafael QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ et al. (coords.): La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva, D. L. 2011. 17 Ilse M. FÜHRER: Los sindicatos en España. De la lucha de clases a estrategias de cooperación, Madrid, Consejo Económico y Social, 1996. 18 Estos Pactos no contaron con la presencia de los sindicatos y patronales, aunque sí fueron consultados

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Gobierno, iniciando un camino racional y adecuado a la actual situación por la que atraviesa España‖19. Con argumentos semejantes justificó el sindicato socialista la firma del Acuerdo Marco Interconfederal, el 5 de enero de 1980. La Secretaría Confederal de Acción Reivindicativa de UGT, por su parte, aseguraba que el AMI:

―responde al esfuerzo de la UGT para mejorar las relaciones laborales en nuestro país, consolidando la acción sindical y la negociación colectiva a través de la implantación de los sindicatos, anteponiendo los intereses generales de la clase trabajadora a las estrictas motivaciones de grupo, y todo ello sin renunciar a ningún postulado de nuestra estrategia sindical de clase y sin dividir al movimiento obrero, simplemente, intentando sentar, en un contexto de mayoría política de derechas, unas bases democráticas, radicalmente distintas a las que han existido durante el franquismo, para las relaciones laborales (…) Estamos convencidos de que la mejor garantía para los trabajadores está en la potenciación de su fuerza organizada: los sindicatos. Por todo lo anterior es por lo que la UGT ha firmado el Acuerdo Marco Interconfederal‖20.

En estas breves líneas introductorias aclaraba UGT su estrategia, señalando, como hiciera con la firma del ABI, que no estaba en su intención dividir el movimiento obrero, y asegurando que era la vía para dejar atrás la compleja y retrógrada estructura negociadora del franquismo, sustituyéndola por otra en la que los sindicatos tuvieran el peso que les correspondía. Ni rastro, por supuesto, de la Declaración de Principios revolucionarios aprobada en los diversos Congresos del sindicato. Comisiones Obreras, por su parte, se negó a la firma de ambos acuerdos. En su III Congreso Confederal, expuso brevemente su postura frente al AMI y sus consecuencias, afirmando que era un intento nítido de aislarlos:

19

ABC, 11 de julio de 1979, p. 6. Cuadernos de Acción Sindical. V negociación colectiva. La negociación de los convenios a partir del Estatuto y del Acuerdo Marco. Pg. 7. AHCCOO 20

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―La ruptura de la unidad sindical entorpeció, cuando no frenó, las movilizaciones por la negociación colectiva y por una legislación laboral avanzada; los derechos sindicales pactados son los que han servido de base para el anteproyecto elaborado por el PSOE sobre la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Fruto del entendimiento CEOE-UGT fue el Estatuto de los Trabajadores, consensuado entre el PSOE y UCD y en ese clima de división se nos impuso la Ley Básica del Empleo‖21.

Divergencia, pues, en la estrategia, pero sin llegar a pretender tampoco acción alguna que pudiera poner en peligro la débil democracia que se estaba instaurando en el país. Esta preocupación de los sindicatos por asegurar el régimen democrático quedó manifiesta a raíz del intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. De manera repentina volvió a la mente de todos los actores el temor de una recesión que podía derrumbar el aún inestable andamiaje de la democracia, y esta prioridad volvió a dejar en segundo plano los enfrentamientos sindicales y políticos. Así, por primera vez se da un pacto tripartito con la firma del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) el 9 de junio, entre el Gobierno, la CEOE y los dos sindicatos mayoritarios. Nicolás Redondo calificó el ANE como ―instrumento para la creación de empleo, con influencia disuasoria de intentos de golpe de Estado, aunque esto no quiera decir que el acuerdo llegue a impedir los golpes de Estado‖22. También por parte de CC.OO. se hizo referencia a la posibilidad de un golpe involucionista como el ocurrido en febrero, al asegurar ante la prensa su Secretario General, Marcelino Camacho, que el acuerdo representaba ―un golpe inicial al paro, a la desmoralización nacional y también un golpe al golpismo, con un apoyo decidido a la democracia; hemos demostrado que este país puede tener confianza en el futuro‖23. Comisiones pretendía con esta firma, además, recuperar el protagonismo perdido por su ausencia en las firmas del ABI y el AMI. Se confirmaba así la instauración de un sistema corporativista de concertación social, que habría de perdurar hasta la huelga

21

III Congreso Confederal de CC.OO. Resoluciones. P. 21. http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/010598IIICongresoCSCCOONormasGeneralesyDocumento.pdf Consulta realizada el 2 de agosto de 2014. 22 LA VANGUARDIA, 9 de junio de 1981, Pg. 4. 23 LA VANGUARDIA, 10 de junio de 1981, Pg. 15.

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general del 14 de diciembre de 1988. Si bien esta estrategia supuso un afianzamiento de los sindicatos en el sistema democrático, y les proporcionó un papel fundamental en el sistema socio-económico resultante, también motivó un pronto ―desencanto‖ de los trabajadores, que pasaron a militar en los partidos políticos, y la mayoría a la simple desmovilización. Encarnación Lemus afirma que ―la implicación de las centrales en la estrategia del consenso y la concertación repercutió en la rápida desmovilización social, inició una política de austeridad de la clase obrera ante el cambio político y para que se remontara la crisis y, además, profundizó la escisión del movimiento sindical (…)‖24.

Dos pasos adelante, un paso hacia atrás. El movimiento sindical chileno en los años de la transición (1988-1994) El movimiento sindical chileno a lo largo de su historia ha representado un rol fundamental en el desarrollo democrático del país. El momento culmine de la influencia del sindicalismo en la vida política chilena se encontró durante los años del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), tiempo en que la Central Única de Trabajadores (CUT) alcanzó un estatus privilegiado como la máxima organización representativa de la clase obrera y vinculada fuertemente al bloque gobernante liderado por el médico socialista Salvador Allende. La histórica y profunda relación entre el movimiento sindical y la izquierda política, significó que ambos actores fueran una de las principales víctimas de la represión ejecutada por la dictadura cívico-militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular. Además, el nuevo régimen suspendió derechos fundamentales para los trabajadores, como los de huelga y negociación colectiva. La dictadura tuvo carácter refundacional. En efecto, los militares realizaron un diagnóstico negativo del desarrollo político chileno anterior a 1973. Las nuevas autoridades decidieron conformar una nueva democracia, contraria a los valores de las democracias liberales y asumieron los planteamientos del equipo económico de los "Chicago Boys", quienes también evaluaron de forma negativa el desarrollo económico del país, criticando el carácter socializante de las políticas económicas implementadas 24

Encarnación LEMUS: ―Sindicatos y Transición: juego político, pacto social, autonomía y elecciones‖, en Leandro ÁLVAREZ REY et al. (coords.): Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2000, p. 430.

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por los gobiernos de distinto signo que habían dirigido el país25. De este modo, este grupo de economistas realizaron una profunda reformulación de las bases económicas del país mediante una política de shock a partir del año 1975, que implicó una drástica reducción del gasto fiscal, la privatización de la mayoría de las empresas estatales y la liberalización del comercio exterior. Los efectos de estas políticas fueron devastadores para la gran mayoría de la sociedad chilena, sufriéndolos especialmente los sectores populares, quienes vieron reducidas sus fuentes de ingreso al aumentar la cesantía o al realizar trabajos precarizados26. Ante este escenario desfavorable, el movimiento sindical, logró sobrevivir en duras condiciones, dividido en grupos sindicales, diferenciados respecto a su relación con los grupos marxistas. La oposición sindical logró hacia fines de 1977 mayores niveles de visibilidad y plantear cuestionamientos a las autoridades mediante declaraciones de prensa o denuncias ante la OIT. Sin embargo, en 1979 el movimiento sindical enfrentó una crisis aun mayor con la dictación del Plan Laboral. Este conjunto de normas, cuya bases se encuentran vigentes hasta la actualidad, liberalizaron las relaciones laborales al destruir el poder negociador del sindicato, reduciéndolo al espacio de la empresa y con una mínima capacidad de presión a partir de la restricción del derecho a huelga y la posibilidad de creación de sindicatos paralelos27. El sindicalismo sintió el duro golpe que significó la imposición del Plan Laboral. La afiliación disminuyó desde un 30% aproximado hacia 1979 a sólo un 10% en 1983 mientras que amplias capas de trabajadores quedaron sin posibilidad de negociar colectivamente. Ante este nuevo escenario, el movimiento sindical, buscó adaptarse mediante un lento y paciente trabajo con las bases, a la vez que las organizaciones intermedias continuaron una activa labor de educación y capacitación de sus sindicatos afiliados.

25

Sobre la trayectoria de los "Chicago Boys" y su impacto en la formulación de las políticas económicas, véase Manuel GÁRATE, La revolución capitalista en Chile (1973-2003), Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012 y Pilar VERGARA, Auge y ocaso de los Chicago Boys en Chile, Santiago, FLACSO, 1985. 26 Felipe LARRAIN y Rodrigo VERGARA (eds.): La transformación económica de Chile, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1998. 27 Sobre los efectos del Plan Laboral véase Patricio FRÍAS, El movimiento sindical chileno en la lucha por la democracia, PET, Santiago de Chile, 1988 y del mismo autor: Orientaciones y prácticas del movimiento sindical chileno bajo el régimen militar (1973-1982) y Jaime RUIZ-TAGLE, El sindicalismo chileno después del plan laboral, Santiago de Chile, PET, 1980.

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Ahora bien, la dictadura, aparentemente fortalecida por el triunfo alcanzado en el plebiscito de 1980 que aprobó la nueva Constitución, la cual consagró la nueva democracia protegida y autoritaria que defendía el bloque en el poder, no previó la crisis que iba a sufrir con la debacle económica internacional de comienzos de los 80 y que golpeó con especial intensidad a Chile por su extrema dependencia de los flujos financieros mundiales. Este cambio en el panorama político, fue observado con claridad por los dirigentes de los trabajadores del cobre, encabezados por el joven militante demócrata cristiano Rodolfo Seguel, convocaron a una jornada de protesta para el 11 de mayo de 1983. Esta protesta tuvo un éxito extraordinario y marcó el inicio de un ciclo de movilizaciones sociales que pusieron en jaque a la dictadura durante cerca de 3 años28. El movimiento sindical se revitalizó en aquella coyuntura, logrando un importante poder de convocatoria más no de movilización de los trabajadores, porque la gran mayoría presionado por los efectos disciplinarios del desempleo temieron perder sus trabajos, no obstante, si logró movilizar a sectores de jóvenes desempleados, mujeres y habitantes de las barriadas. En ese periodo, los grupos sindicales buscaron generar instancias de mayor coordinación que les permitiese enfrentar de mejor manera a la dictadura y a la vez, articularse en una relación de igualdad con los partidos políticos, que presionaban por conducir las protestas. Fruto de estos esfuerzos de coordinación, fue la creación del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), el cual se convirtió en uno de los principales referentes contrarios de la dictadura, destacando además por ser un espacio unitario de toda la oposición, la cual se encontraba dividida por las estrategias para terminar con la dictadura29. El CNT fue relevante para el desarrollo futuro del movimiento sindical, porque apostó por la recuperación de la unidad sindical, mediante la reconstitución de la CUT. Así, en diversas asambleas, la organización fue preparando el camino a la nueva central, discutiendo también las que deberían ser las bases del sindicalismo cuando se reinstaurase la democracia. Conceptos como sindicalismo sociopolítico, nuevo sindicalismo, concertación social o consensos se discutieron y analizaron, conformando 28

Gonzalo DE LA MAZA y Mario GARCÉS (Eds.) La explosión de las mayorías: protesta nacional 1983-1984, Santiago, ECO Comunicaciones, 1985; Gabriel SALAZAR, Violencia Política en las grandes Alamedas. Santiago de Chile, 1947-1987. Una perspectiva histórico-popular, Santiago, SUR Ediciones, 1990. 29 Gonzalo FALABELLA, La diversidad sindical, Santiago, FLACSO, 1986.

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un nuevo proyecto sindical que recogía la herencia del histórico sindicalismo de clase junto a una adecuación a los cambios experimentados por el país por los efectos del modelo neoliberal. Estos planteamientos se concretaron con la reconstitución de la CUT en agosto de 1988, la que a diferencia de la anterior, al definirse como unitaria, reconocía la existencia de otras organizaciones sindicales de carácter nacional. La nueva CUT se definió como una organización unitaria, democrática, pluralista y humanista, heredera de las tradiciones del sindicalismo clásico y a la vez representativa de los grandes intereses populares a través de una amplia plataforma de lucha y declaración de principios que recogió una serie de demandas que se dirigían a exigir una democracia política y social30. La emergencia de la nueva CUT se explica por el proceso de convergencia opositora, surgido después de la aceptación del itinerario planteado por la Constitución de 1980, el cual contemplaba un plebiscito sucesorio a realizarse en 1988 para terminar con la dictadura. Por lo tanto, en correspondencia con ese esfuerzo unitario, el mundo sindical opositor se organizó en forma mayoritaria en la CUT, bajo el liderazgo del dirigente demócrata cristiano Manuel Bustos, sumándose activamente a la campaña del plebiscito y contribuyendo de forma importante al triunfo del NO. El resultado favorable a las fuerzas democráticas abrió un nuevo escenario político porque de forma paradójica, la dictadura fijó su fecha de salida al establecer elecciones presidenciales un año después del pasado plebiscito, de forma que el sindicalismo se preparó cuando se reinstaurase la democracia, pues se estimaba que la oposición ganaría de forma segura la elección presidencial, observando de forma esperanzadora un nuevo escenario político en que podrían recuperar los derechos perdidos durante la dictadura.

El sindicalismo y la nueva democracia. El periodo iniciado con la derrota de Pinochet en el plebiscito ha sido definido por Garretón como de transición a la democracia31, porque se estaba en presencia de un

30

Central Unitaria de Trabajadores, Resoluciones del Congreso Constituyente, Santiago, 1988. Manuel Antonio GARRETÓN, Hacia una nueva era política: estudio sobre las democratizaciones, Santiago, FCE, 1995. 31

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cambio de régimen, aunque con importantes "enclaves autoritarios", que condicionarían el desarrollo democrático del país, siendo una de sus víctimas el movimiento sindical. La CUT buscó incluir sus demandas en el programa presidencial de la Concertación, convertida en alianza política estable y con una candidatura única en la persona del demócrata cristiano Patricio Aylwin, promoviendo especialmente el cambio de la legislación laboral con el objetivo de recuperar los derechos perdidos por los trabajadores. Manuel Bustos, a nombre de la central, estableció una relación de confianza con los dirigentes de la Concertación, comprometiendo la lealtad de la CUT con el nuevo régimen democrático. Este vínculo, reforzado por las lealtades partidarias permite comprender la política de la central durante el primer gobierno democrático. La central tenía una composición política con predominio de demócratas cristianos y en segundo lugar de socialistas, pero también con una importante presencia de comunistas. Una vez que Patricio Aylwin ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1989 y la Concertación las elecciones parlamentarias, la CUT inició conversaciones con el empresariado con el objetivo de alcanzar acuerdos mínimos que facilitasen un cambio del Plan Laboral heredado de la dictadura. De este modo, a comienzos de 1990, se llegó a un preacuerdo entre la central y la patronal Confederación de la Producción y el Comercio, mediante el cual, ambas organizaciones reconocieron sus diferencias pero se comprometieron a negociar posibles alternativas de reforma a la legislación laboral, aunque en un hecho trascendente, la CUT reconoció la relevancia del sector privado en el desarrollo del país, marcando un giro respecto al proyecto tradicional del sindicalismo chileno. Comenzado el nuevo régimen democrático, las conversaciones entre la CUT y la CPC se aceleraron, teniendo como resultado la firma del Acuerdo Marco del 27 de abril de 1990, el cual simbolizó para sus gestores el inicio de una nueva época de diálogo social y consensos que pusieran fin a los enfrentamientos del pasado. El Acuerdo Marco fue apoyado por la mayoría de la CUT con excepción de los comunistas, aunque sin que hubiera una discusión entre las bases sindicales respecto a sus contenidos. Así, el acuerdo junto con contemplar algunos beneficios para los trabajadores en forma de aumento en los montos de las prestaciones sociales, fundamentalmente constituyó una legitimación del modelo neoliberal por parte de la CUT al defender el rol principal de la empresa privada como agente del desarrollo 218

económico. El gobierno estuvo interesado en la firma del acuerdo porque podría constituir una barrera ante el temor de movilizaciones masivas por la gran cantidad de reivindicaciones heredadas de la dictadura. Es decir, el Acuerdo constituyó un mecanismo de legitimador del orden para garantizar la paz social, considerada indispensable por los "cerebros" del nuevo gobierno para garantizar el éxito del proceso de transición a la democracia. Por otra parte, los sectores de la CUT vinculados al oficialismo, tuvieron una posición de cautela ante los riesgos de una posible involución autoritaria unida a una visión crítica del papel del sindicalismo en el pasado al considerarlo un actor que contribuyó a la caída del régimen democrático32. Ahora bien, la apuesta de la CUT fue que la firma del Acuerdo Marco facilitaría el consenso respecto a la aprobación de las reformas laborales, sin embargo, aquella lectura no consideró la negativa del empresariado a aceptar reformas profundas del Código del Trabajo. Los dirigentes de la central establecieron negociaciones directas con el gobierno y el empresariado, sin ser acompañadas por movilizaciones como instrumentos de presión. La CPC amparada en la mayoría derechista en el Senado se mantuvo en su negativa, y el gobierno buscó consensos mínimos que le llevó a realizar una propuesta de reforma que no contempló de forma satisfactoria las demandas planteadas por la CUT. Así, la propuesta del gobierno, si bien constituyó un avance respecto a la situación de la legislación laboral vigente en aquel momento, no contempló puntos sensibles para los trabajadores, como era la negociación por rama, de modo que al entrar en la dinámica parlamentaria, se vio modificada en su trámite legislativo sin que la CUT pudiera influir de manera decisiva en el debate, a pesar de algunas acciones de carácter reivindicativo, aunque sin convocar a un paro nacional. En el fondo, las limitaciones del proceso transicional chileno se hicieron presentes, porque debido a la presencia de los senadores designados favorables a las posiciones de la derecha empresarial, cualquier intento de reforma del Código del Trabajo se vería atenuado, factor que actuó de elemento disuasivo para sectores del gobierno, a lo que cabe agregar la progresiva mutación de los planteamientos económicos del nuevo gobierno, que pasaron de posiciones críticas al neoliberalismo a visiones más proclives, asumiéndolo como una doctrina sin posibilidad real de contrastación.

32

Rodrigo ARAYA, Organizaciones sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los acuerdos: 1983-1994, Santiago, Ediciones Universidad Finis Terrae, 2015.

219

El resultado de la discusión por la reforma laboral se saldó en un punto intermedio, una justicia social en la medida de lo posible, que dejó como saldo la aprobación de la supresión del plazo de la huelga de 60 días pero permitiendo la contratación de rompehuelgas o el descuelgue individual, por lo que el derecho a huelga quedaba vacío o la eliminación del despido sin causa pero estableciendo como contrapartida el despido por necesidades de la empresa, que por su ambigua redacción equivalía al primero. Ante este escenario, la reacción de la CUT fue de molestia por el carácter regresivo de algunas de las reformas, pero sin llegar a romper con el gobierno, situación contradictoria que fue denunciada por la oposición sindical, encabezada por el partido Comunista, que defendían una posición de autonomía frente al gobierno de Aylwin. El liderazgo de la CUT no dio por cerrado el debate por las reformas laborales, exigiendo nuevos cambios, mientras que el gobierno se negó a discutir nuevas reformas o evaluar las que habían sido aprobadas33. A pesar de estos problemas, los dirigentes de la central estuvieron dispuestos a apoyar nuevos acuerdos tripartitos, siendo firmados entre los años 1991 a 1993, aunque la cantidad de materias y el compromiso efectivo de los firmantes fueron disminuyendo hacia 1992, problemas que evidenciaron la distancia entre los líderes sindicales y empresariales mientras que el gobierno de Aylwin fue girando hacia posiciones más cercanas a los planteamientos de la patronal. A raíz de esto, los contenidos de los acuerdos marcos se centraron en el establecimiento de un sistema nacional de capacitación, en la seguridad de las empresas y el acceso al trabajo de jóvenes y mujeres, descartándose los temas donde no hubiese acuerdo entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, la CUT conservó una posición favorable como interlocutor válido para el gobierno, hecho que se demostró en las negociaciones para el salario mínimo, pues si bien los montos finales, no eran los esperados por la central, la participación en la discusión técnica aseguraba la posibilidad de influir en ella. Ahora bien, la estrecha relación entre el gobierno y el liderazgo de la CUT fue observada con recelo por algunos sectores sindicales, que abogaban por una posición autónoma de la central frente al Estado y el apoyo a la política de movilización social como herramienta de presión ante el gobierno, medida que los dirigentes vinculados al 33

Boletín Unión y Trabajo nº 26, agosto de 1992.

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oficialismo descartaron para evitar escenarios de desestabilización que pudieran favorecer a los sectores nostálgicos de la dictadura. Sin embargo, aquella posición tuvo consecuencias porque algunos sindicatos se desafiliaron de la CUT, afectando la fuerza potencial de la central mientras que por otro lado, otras organizaciones vinculadas a la central emprendieron acciones reivindicativas que significaron duros enfrentamientos con el gobierno como fue el caso de las paralizaciones del Colegio de Profesores o de la federación de trabajadores de la Salud, acciones que pusieron en tensión a los dirigentes oficialistas de dichas organizaciones y en algunos casos significaron que el liderazgo de ellas pasara a dirigentes vinculados al partido Comunista. La relevancia del vínculo entre la CUT y los partidos vinculados a la CPPD se expresó en las elecciones presidenciales de 1993 donde el candidato de la coalición de gobierno fue el demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En efecto, la central elaboró una propuesta programática a discutir con los candidatos presidenciales, en la cual destacó tanto la necesidad de realizar nuevas reformas como el reconocimiento del carácter inconcluso del proceso de democratización debido a la continuidad de los enclaves autoritarios, que habían contribuido a moderar el alcance de las reformas laborales como ocurrió en el Senado con la presencia de los senadores designados que le habían otorgado mayoría a la derecha opuesta a las reformas34. La mayoría de la dirección nacional de la CUT apoyó la candidatura de Frei RuizTagle, entre ellos el propio Manuel Bustos y Arturo Martínez, el vicepresidente de la central. En un claro reconocimiento de la insuficiencia de las reformas laborales aprobadas durante el primer año del gobierno de Aylwin, la candidatura de Frei se comprometió a realizar nuevos cambios al Código del Trabajo en áreas como la negociación colectiva por rama y el derecho a huelga, compromiso cuya realización dependería de las mayorías parlamentarias que se conquistaran en las mismas elecciones de diciembre de 1993. Por otra parte, la división de la dirigencia de la CUT en las elecciones reveló los problemas de la relación entre partido-sindicato, porque el tipo de vínculo o militancia de los dirigentes podría determinar en gran medida la orientación política de la central. De este modo, el vínculo oficialista de la mayoría de los dirigentes de la central influyó en la evaluación del proceso transicional, el cual mostró sus limitaciones al determinar la magnitud de los cambios al modelo neoliberal.

34

Boletín Unión y Trabajo, nº 37, agosto de 1993.

221

Como señalaron las encuestas, Eduardo Frei Ruiz-Tagle ganó fácilmente las elecciones presidenciales y la coalición gobernante las parlamentarias, consiguiendo la mayoría de escaños pero sin lograr quebrar la mayoría derechista en el Senado, resultado que determinaría el éxito o fracaso de un nuevo debate por las reformas laborales y una nueva etapa en el desarrollo del proceso democrático chileno. De este modo, la trayectoria de la CUT fue un reflejo de las esperanzas y frustraciones de un complejo proceso transicional, del cual la central fue un actor relevante en la consolidación de la democracia chilena, aunque sin capacidad real para modificar el modelo neoliberal heredado de la dictadura.

Conclusiones Como se puede desprender de la lectura de las páginas precedentes, el análisis del rol del movimiento sindical en los casos chileno y español nos lleva a establecer tanto diferencias como similitudes entre ambos procesos, procediendo a indicar en primer lugar las diferencias en la acción del movimiento sindical en los procesos de transición a la democracia en España y Chile. La dictadura franquista impuso un orden laboral que frenó en un primer momento la conflictividad laboral, sin embargo, el movimiento sindical logró recuperarse en la medida que fue adaptándose a la normativa laboral franquista, mientras que el proceso de industrialización desarrollado en España en la década de los '50s y '60s, generó el crecimiento de una clase obrera que se convirtió en la base de una potente movilización social que provocó la crisis final del franquismo. En cambio, la base estructural del movimiento sindical chileno se vio debilitada por los efectos de la desindustrialización generada por la aplicación irrestricta del modelo neoliberal y la existencia de una normativa legal que golpeó la acción sindical al liberalizar la relación laboral, debilitando el poder de los sindicatos. Por lo tanto, el movimiento sindical español estuvo en condiciones de impulsar paros o huelgas de carácter general que obligaron a los dirigentes políticos a reconocer el poder de los sindicatos, mientras que en el caso chileno, los sindicatos tuvieron poder de convocatoria para impulsar paros o protestas pero no capacidad de movilización de la clase trabajadora, hecho que se evidenció con mayor fuerza durante los años de la transición a la democracia, tiempo en que

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disminuyó la afiliación sindical y las huelgas se concentraron en sectores determinados, vinculados al aparato estatal. La diferencia en el poder de los sindicatos se expresó en las políticas de concertación social porque los sindicatos españoles pudieron negociar en pie de igualdad con el gobierno y la patronal, políticas sociales que ayudaron a la construcción de un Estado de Bienestar, es decir, hubo una relación simétrica entre los distintos actores sociales y el Estado, que favoreció la firma de acuerdos sociales beneficiosos para las centrales sindicales, aunque también cabe tener presente las diferencias entre CC.OO. y UGT sobre los contenidos de los acuerdos sociales y el Estatuto de los Trabajadores, conflictos que también pusieron en evidencia las diferencias de modelo sindical defendidos por las centrales de raigambre estatal. En cambio, en el caso chileno, la CUT si bien tuvo una relación privilegiada con el gobierno de Aylwin, ese vínculo no se tradujo en una posición favorable para discutir modificaciones al Código del Trabajo heredado de la dictadura o defender con éxito sus demandas en la negociación con la patronal y el gobierno por la firma de los Acuerdos Marco. En efecto, si se comparan los contenidos de los acuerdos en ambos casos, el ABI, el AMI o el ANE comprendieron una multiplicidad de materias y sirvieron de complemento de la legislación, ayudando a la consolidación del Estado de Bienestar. En cambio, los Acuerdos Marco chilenos comprendieron menor cantidad de materias a discutir, carecieron de poder vinculante y no reflejaron en su totalidad la posición sindical, la cual perdió influencia frente a las organizaciones empresariales, que lograron defender sus planteamientos con eficacia gracias a sus aliados del parlamento y los medios de comunicación, tal como quedó en evidencia durante la discusión de las reformas laborales durante el gobierno de Patricio Aylwin. En el fondo, el movimiento sindical español tuvo éxito en constituirse como un actor político y social válido en la nueva sociedad democrática, posición expresada en la firma de los acuerdos de concertación social y la participación en organismos públicos, posición de poder basada en una potencial capacidad de movilización social y de paralización de la actividad productiva, sujeta a las orientaciones políticas de las centrales sindicales. Sin embargo, en el caso chileno, el movimiento sindical no recuperó su fuerza tradicional y en cierta medida fue víctima del proceso transicional el cual privilegió lo político sobre lo social, en pro de valores como la estabilidad y la gobernabilidad, de manera de evitar cualquier intento de involución autoritaria. 223

No obstante estas importantes diferencias, también encontramos similitudes en ambos procesos En ambos casos, la relación de las plataformas sindicales con los partidos se mostró fundamental en el devenir del proceso. En España, Comisiones Obreras y el Partido Comunista compartían un programa político común que, sin embargo, no estaba condicionado a una dependencia entre ambas organizaciones, como manifiesta que, a pesar del hundimiento del PCE en las elecciones de 1982, Comisiones mantuvo su preeminencia en el panorama sindical. Más interdependientes eran las relaciones entre el PSOE y UGT, como se ha señalado más arriba, compartiendo ambos un proyecto común cuya aplicación no llegaría a completarse tal y como preveía el sindicato, debido a la adopción del Gobierno socialista, a partir de 1982, de medidas ajenas al ideario socialdemócrata que siempre había reivindicado. Pero en los años de la transición, los sindicatos adaptaron su estrategia a la del partido afín, como se demostró con las actitudes de unos y otros ante la firma de los Pactos de la Moncloa. En Chile, la nueva CUT surgida en 1988, al incluir varias organizaciones sindicales de distintas ideologías, guardaba en su composición un importante elemento demócrata cristiano, muy próximo al Gobierno de Aylwin, y comprometido con la estabilidad de su mandato, condicionando esta voluntad el desarrollo de la democratización de las relaciones laborales, que aún se conservaban con gran parte de las limitaciones impuestas por la dictadura. La oposición del PC dentro de la plataforma sindical no consiguió cambiar esta estrategia. También ambos procesos tuvieron presente en todo momento, por distintos motivos, el peligro real a una involución de la democratización: en Chile, la propia presencia del dictador y su cúpula, y en España la oposición frontal del denominado ―búnker‖. Esto suponía un freno a las aspiraciones de los sindicatos, tanto en el alcance de las reformas, como en la velocidad de su aplicación. Por ello, en las negociaciones entre los sindicatos con el Gobierno y patronal, el incumplimiento de éstos de los compromisos adquiridos no tuvo una oposición frontal de los sindicatos, a pesar de que éstos habían moderado sus reivindicaciones según avanzaba el proceso democrático. Esta realidad tuvo una consecuencia, también común en ambos países: el desencanto de los trabajadores, que habían esperado alcanzar aspiraciones prometidas desde hacía años. A pesar de que Comisiones y UGT prometían en sus escritos y manifestaciones públicas la instauración del socialismo en España, lo que acabó 224

imponiéndose fue un sistema capitalista que, aunque encaminado a la instauración del Estado de Bienestar, pronto comenzó a tomar decisiones contrarias a los intereses de los trabajadores, más cercanas a la doctrina neoliberal que comenzaba a imponerse esos años en Europa que a la sociedad sin clases que habían anhelado. En Chile, el alcance de las reformas democráticas fue menor, conservándose la mayoría de las medidas neoliberales aplicadas por la Dictadura. El reconocimiento en 1990 de la relevancia del sector privado en la economía chilena por parte del liderazgo de la CUT, acreditaba el definitivo abandono del proyecto histórico del sindicalismo chileno, cuya máxima concreción se dio durante el Gobierno de Allende, que se había intentado instaurar en Chile durante el Gobierno de Allende, adaptando la labor sindical a la realidad económica del país. De este modo, muchos de los que empezaron a militar en los sindicatos o bien pasaron a militar en los partidos políticos, o bien sencillamente dejaron de colaborar con organización

alguna.

Las

movilizaciones,

en

ambos

casos,

prácticamente

desaparecieron. Si bien en Chile no llegaron a ser muy numerosas, por el temor a las represalias que pudiera haber, sí que se hicieron visibles en períodos como el ya señalado 1983-1986. En España, ya hemos visto cómo la movilización en la calle condicionó el sentido de la transición misma en sus primeros momentos. En un caso y en otro, los resultados obtenidos del proceso, muy lejos de los esperados en un primer momento, tuvieron la consecuencia de una desmovilización casi generalizada de la masa de trabajadores, e un proceso más acentuado en Chile que en España. El resultado, pues, fue la instauración de un sistema sindical consolidado, plenamente integrado en el sistema institucional, y reconocido por los Gobiernos y actores sociales, aunque esta representatividad no se correspondía con las tasas de afiliación, dato que servía para tomar el pulso de la decepción de quienes habían apoyado en un primer momento las únicas organizaciones que podían, en un primer momento, oponerse a la falta de libertades en ambos países.

225

El compromiso de los arquitectos españoles por la democratización urbana y política a finales del franquismo

Celine Vaz Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société, Nanterre

En 1971, la revista Triunfo dedica un retrato exhaustivo a los dichos «nuevos arquitectos»1. La expresión se entiende en un sentido generacional pero no únicamente. Remite a arquitectos jóvenes que piden cambios profesionales en consonancia con las transformaciones económicas y sociales, y expresan su preocupación por el interés general. Lejos de ser propia de los arquitectos, esa actitud sería característica de las nuevas generaciones de varios grupos profesionales como lo demuestran los reportajes realizados los meses siguientes sobre los «nuevos abogados», los «nuevos ingenieros» y los «nuevos médicos»2. A principios del año 1975, los «nuevos arquitectos» siguen ocupando las columnas de la prensa como lo demuestran dos artículos publicados en el semanal Doblón y el diario Ya. Mientras en 1971, los arquitectos catalanes aparecían a la cabeza de esa nueva generación profesional, en 1975 son los arquitectos madrileños quienes están en línea de mira. Sin embargo, la filiación entre los dos movimientos es evidente como lo demuestran el retrato que se les hace:

1

DÍAZ-PLAJA, G. L. : « Los nuevos arquitectos. Unas estructuras para una nueva profesión », Triunfo, n°461, 3 de abril de 1971 ; y « Los nuevos arquitectos. De la edificación de consumo a la actitud crítica », Triunfo, n° 462, 10 de abril de 1971 2 DÍAZ-PLAJA, G. L. : « Los nuevos abogados I », Triunfo, n° 465, 3 de mayo de 1971, y « Los nuevos abogados II », Triunfo, n° 466, 8 de mayo de 1971; los artículos sobre los ingenieros se publican en los números 468 de 22 de mayo de 1971 y 469 de 29 de mayo de 1971 ; los sobre los médicos en los números 473 de 26 de junio de 1971, 474 de 3 de julio de 1971, y 475 de 6 de noviembre de 1971. El plazo entre esos dos últimos artículos se debe a la interrupción de la revista en aplicación de una sanción del gobierno.

227 Universidad de Castilla~La Mancha Departamento de Historia. Área de Historia Contemporánea Edificio Benjamín Palencia | Campus Universitario s/n | 02071 Albacete Email: [email protected] | www.ahistcon.org |

« Los arquitectos de Madrid han entonado el « MEA culpa ». Han aireado sus pecados profesionales en su sede colegial de la calle del Barquillo como trapos sucios tendidos al viento para quien los quiera ver. Se autoacusan, se autocensuran y se arrepienten incluso de haber ganado más de lo debido firmando proyectos a ojo de buen cubero ».3 « La figura del profesional elitista y privilegiado y semidiós, Su Majestad el Arquitecto, ha muerto. Para dejar paso a los que entienden su profesión enraizada en la realidad solidaria y crítica del país: los nuevos arquitectos. En siete meses los nuevos arquitectos han construido una nueva imagen de la profesión. Casi a contrapelo del país, los nuevos arquitectos se han puesto a escribir la resurrección de la función viva y social de su profesión ». 4 Esos dos extractos permiten profundizar el retrato de los «nuevos arquitectos» que irrumpen en el debate público a partir de finales de los años 1960 : quieren asumir su responsabilidad social, erradicando las prácticas profesionales corruptas y participando activamente en las luchas sociales y políticas del país. Y, efectivamente, los arquitectos o, por lo menos, el segmento más joven y politizado de la profesión, aparecen como la punta de lanza de los movimientos sociales urbanos y de la crítica urbana en España durante el tardo-franquismo y la Transición Democrática, comprometiéndose al lado de los habitantes en defensa de un urbanismo más igualitario, participativo y transparente, denunciando también la falta de libertades políticas. La meta de este artículo es recordar la variedad de la lucha por la democracia llevada a cabo por los arquitectos, de la asistencia a las asociaciones de vecinos a la denuncia de la corrupción inmobiliaria, y como esas actuaciones puntuales o individuales pasan a identificarse a las del grupo profesional con la conquista electoral de los colegios profesionales. El objetivo es también profundizar el origen de este compromiso democrático demostrando la estrecha imbricación de las causas políticas, profesionales y generacionales. Si las transformaciones económicas y sociales del desarrollismo y el boom inmobiliario que le acompaña abren efectivamente un edad de oro para al grupo profesional, por el auge de los encargos que conlleva, desestabilizan también el grupo profesional, favoreciendo ciertas prácticas profesionales que 3

ANTOLÍN, M. E. : « Arquitectos arrepentidos », Ya, 7 de febrero de 1975.

4

« Los nuevos arquitectos », Doblón, 11 de enero de 1975.

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contribuyen a la deterioración de su imagen a finales de los años 1960. Así, no se puede entender las tomas de posición de los arquitectos a finales del franquismo sin extender el período de estudio a los años 1950 y 1960. A partir del ejemplo de los arquitectos se pretende profundizar las causas y las modalidades de la oposición social y política al régimen franquista. El caso de los arquitectos presenta aún más interés que, a partir de finales de la Guerra Civil (19361939), después de los exilios y del proceso de depuración que contribuyen a la exclusión de una parte del cuerpo profesional, los intereses del grupo y del nuevo Estado parecen coincidir. Por lo menos, se abre una dinámica de refuerzo mutual del Estado y de la corporación profesional5. El régimen franquista permite la consolidación de los colegios profesionales y del monopolio de los arquitectos sobre toda la actividad de la construcción inmobiliaria. Se apoya sobre la profesión para extender su campo de intervención a los dominios de la vivienda y del urbanismo, lo que refuerza aún más las posiciones de la profesión6. De ahí, la pregunta que podría resumir el objeto de este artículo: ¿Cómo los arquitectos, que forman parte de las elites económicas y sociales del país y, por consiguiente, aparecen como aliados objetivos del régimen franquista, pasan a representar una oposición política y social de izquierda a la dictadura en sus últimos años ?

El boom inmobiliario y la «crisis de la profesión» La expansión inmobiliaria que acompaña el desarrollismo es sinónima de prosperidad para los sectores de la construcción, especialmente los arquitectos, quienes benefician del auge de los encargos y consiguen acaparar además los encargos de planes de urbanismo, a raíz de la aprobación de la ley del suelo de 1956. Sin embargo, antes de finales de los años 1960, el sentimiento de una «crisis de la profesión» empieza a difundirse entre los miembros del grupo profesional como lo reflejan distintos encuestas

5

Sobre el modelo de los cuerpos profesionales y el papel del Estado para su legitimación ver: DUBAR, C., y TRIPIER, P., Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, 1998, p. 21-35. 6 Sobre las políticas de vivienda y urbanismo durante la dictadura, remito a mi tesis doctoral : Le franquisme et la production de la ville : politiques du logement et de l’urbanisme, mondes professionnels et savoirs urbains en Espagne des années 1930 aux années 1970, Universidad Paris-Ouest Nanterre La Défense, diciembre 2013.

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o ensayos7. Se pueden discernir distintos factores de desestabilización del grupo profesional: la evolución de las condiciones del ejercicio profesional, el descrédito del cuerpo profesional, y las reformas que afectan la formación. a. Una crisis del ejercicio profesional El período del desarrollismo inmobiliario, que se extiende entre mediados de los años 1950 y principios de los años 1970 pone en cuestión la capacidad de control del arquitecto sobre el proceso de edificación. No se trata de un problema de adaptación a nuevas técnicas constructivas ya que al final éstas evolucionan muy poco durante esos años8. Las dificultades proceden más de la afirmación del papel de un nuevo actor, el promotor-constructor, y del aumento del número de las obras de construcción. La actividad de promoción inmobiliaria se desarrolla mucho durante el período gracias a las políticas de protección a la vivienda del Estado franquista, que se identifican a políticas de estimulación de la construcción de iniciativa privada a partir de finales de los de años 19509. Entre los promotores, se destaca la figura del promotorconstructor. Esto tipo de empresa se encarga de la financiación de las viviendas, de la concepción del proyecto y de la construcción de las obras. Controla todo el proceso de producción de la vivienda lo que reduce el papel del arquitecto al mínimo. Mientras el arquitecto debería definir el proyecto en relación con el cliente, en conformidad con las normas de buena edificabilidad y, luego, encargarse de la dirección de las obras, se limita muchas veces a avalar las opciones del constructor-promotor y no interviene en el control de la realización de las obras. En el peor de los casos, se limita a firmar un proyecto que no ha elaborado – de ahí la expresión de «arquitectos firmones» – dada la obligatoriedad de la intervención de los arquitectos en todo proyecto de construcción. Así, el desarrollo de la promoción inmobiliaria contribuye a que los arquitectos se encuentren en una posición cada vez más dominada en el proceso de construcción mientras la profesión pretende asegurar el control de este proceso. Los arquitectos 7

Entre las primeras, véase : CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA (CSCAE) : La crisis profesional y su incidencia corporativa, Madrid, CSCAE [1970] ; COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID (COAM): Libro blanco, Madrid, Gráficas Hernández, 1974 ; INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (ISOC): Informe sociológico sobre la profesión de arquitecto en el colegio de arquitectos de Madrid, COAM, Madrid, 1974 ; MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A. : Los arquitectos en España. Estudio sociológico de la profesión, Madrid, Hermandad nacional, 1976. Ver también FERNÁNDEZ ALBA, A. : La crisis de la arquitectura española. 1939-1972, Edicusa, Madrid, 1972. 8 MANGADA, E. : « Estructura profesional », Zodiac, n° 15, 1965, p. 137. 9 Véase VAZ, C. : « Les promoteurs immobiliers et l‘État franquiste : de la dépendance à l‘émancipation », EspacesTemps.net [revista electrónica], julio de 2013.

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padecen una desposesión de su trabajo lo que explica la mala opinión expresada respecto a los promotores-constructores. Según una encuesta realizada en 1973 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 44% consideran que el trabajo del arquitecto es complicado con este tipo de empresa, 93% que resulta una deterioración de la calidad de las construcciones10. El aumento de los encargos conllevados por el boom inmobiliario plantea dos problemas: una creciente deficiencia en el control de la realización de las obras – la dirección facultativa –, y un agudización de los desequilibrios en la distribución de las obras. A mediados de los años 1960, el COAM expresa su inquietud respecto al número de obras en que los arquitectos no controlan su realización11. En ciertos casos, las visitas del arquitecto son insuficientes, en otros, parece que el arquitecto se pone de acuerdo con el cliente para renunciar a la dirección facultativa y los honorarios aferentes. La práctica no es rara. En 1967, una encuesta del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares (COACB) revela que 60% de las obras de la jurisdicción no han dado lugar al pago de honorarios para la dirección facultativa de las obras12. La abundancia de los encargos de proyectos permite la difusión de tal práctica, aunque esa abundancia no beneficie a todos. En efecto, los proyectos de construcción de vivienda se concentran entre las manos de un número reducido de arquitectos13. En 1967, una sexta parte de los arquitectos totaliza la mitad de los honorarios percibidos por el conjunto de la profesión14. Dicho de otro modo, 400-500 arquitectos ganan tanto dinero como los 2400-2500 restantes. La situación es aún más preocupante que revela una «prostitución del ejercicio profesional», ya que hay una correspondencia entre los arquitectos que concentran los encargos y los que ocupan cargos oficiales, en la administración central o la administración local. Dadas la debilidad de las remuneraciones y el carácter discontinuo de las misiones oficiales, en la mayoría de los casos, esos arquitectos siguen trabajando por su cuenta, con su propio estudio. Ahora bien, los cargos oficiales les ayudan a obtener encargos, a través de un tráfico de 10

Ce problème est évoqué dans ISOC : Informe sociológico sobre la profesión de arquitecto en el colegio de arquitectos de Madrid, op. cit., p.194. 11 E. L. L., « Obras sin dirección facultativa », Boletín del COAM, n°2, marzo-abril 1966, p. 1-2. 12 CSCAE, Resumen de las ponencias y comentarios de las segundas reuniones de trabajo. Asamblea Nacional de Arquitectos. 11, 12 y 13 de diciembre de 1967, Madrid, CSCAE, 1968, p. 63. 13 Para cada tipo de obra, lor arquitectos perciben los mismos honorarios, un porcentage del valor total de la obra (3,5% en la época). Por lo tanto, las discrepancias entre los arquitectos proceden del volumen de los encargos. MANGADA, E.: « Estructura profesional », op. cit., p. 136. 14 CSCAE, Resumen de las ponencias y comentarios de las segundas reuniones de trabajo, op. cit, p. 63.

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influencias, activo o pasivo. Y con el aumento de los encargos, el problema toma proporciones considerables. Resulta especialmente grave en el caso de los arquitectos municipales15 como lo demuestra el caso de Valladolid. El parque de viviendas pasa de 36 000 a 72 000 unidades entre 1960 y 1970, y 90 000 en 1980. Tres estudios de arquitectos concentran los encargos entre 1960 y 198016. Dos de ellos están dirigidos por arquitectos que ocupan al mismo tiempo cargos oficiales : 15 000 viviendas se construyen por un estudio que pertenece a un arquitecto que pasa a ser arquitecto municipal y otro que trabaja para los servicios técnicos de la provincia; 10 000 viviendas se realizan por otro arquitecto que ostenta la función de arquitecto municipal. Esas evoluciones y los poblemas que plantean contribuyen a desecreditar el grupo profesional. b. Una crisis de legitimidad Como le resume bien el arquitecto Eduardo Mangada, el ejercicio profesional de

la

arquitectura

en

España

puede

resumirse

en

la

asociación

« Privilegio/responsabilidad »17 a partir de la creación de los colegios de arquitectos, en 1929. Los arquitectos consiguen en efecto dos privilegios del Estado : la protección del título profesional, el cual habilita al ejercicio profesional con la adhesión al colegio profesional del lugar de ejercicio, por una parte ; y el monopolio del ejercicio profesional, por otra parte. Concretamente, la intervención del arquitecto es obligatoria para todo proyecto de construcción y todos los actos relacionados con la construcción (peritaje, tasación, deslindes, etc.)18. La contrapartida de esos privilegios, a los que se añade el de la autorregulación profesional, mediante las organizaciones colegiales, es la responsabilidad del grupo profesional sobre la calidad de las edificaciones. Se trata de una responsabilidad individual, propia al autor del proyecto, pero también colectiva, que incumbe al grupo profesional. En efecto, cada proyecto de construcción debe recibir el 15

Para más detalles véase VAZ, C. : «Entre intérêts privés et intérêt public, l‘architecte municipal, vecteur d‘une corruption immobilière ordinaire dans l‘Espagne franquiste», in DARD, O., ENGELS, J., y Monier, F. (dir.) : Patronages et corruptions politiques dans l’Europe contemporaine, Armand Colin, 2014, p. 205227. 16 Esas cifras y las que aparecen en las líneas siguientes proceden de GARCÍA CUESTA, J. L. : De la urgencia social al negocio inmobiliario. Promoción de viviendas y desarrollo urbano en Valladolid (1960-1992), Valladolid, Ayuntamiento y Universidad de Valladolid, 2000, p. 51 et 97. 17 MANGADA, E. : « Estructura profesional », op. cit., Zodiac, p. 136. 18 Los arquitectos españoles se encuentran en una situación mucho más envidiable que sus homólogos francés. En 1940, bajo el régimen de Vichy, consiguen la creación de una orden colegial y la protección de título universitario. Pero no se vuelve obligatorio recurrir a un arquitecto. Por lo tanto, en los años 1960, 70% de los proyectos de construcción se llevan a cabo sin arquitecto. MOULIN, R., et al. : Les architectes, Paris Calmann-Lévy, 1973, p. 30.

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« visado colegial », es decir que debe ser controlado desde el punto de vista técnico y financiero por el colegio territorial correspondiente. Este control es financiado por una retención sobre los honorarios del autor del proyecto, honorarios percibidos por los colegios que les retroceden luego a su titular19. Ahora bien, con el desarrollismo inmobiliario, la capacidad de los arquitectos a llevar a cabo esa misión de control de la calidad de la producción inmobiliaria es cuestionada. A partir de mediados de los años 1960, tribunas redactadas por intelectuales alertan sobre la degradación del paisaje arquitectónico español20. Muchas veces interpelan directamente los arquitectos como lo hace la escritora Eugenia Serrano : « ¿ Se van a convertir, se han convertido ya, los arquitectos en meros contratistas ? […] ¿El Colegio de Arquitectos, no podría exigir, de la misma manera que exige, batiéndose a sangre y fuego, respeto a sus honorarios, respecto a unas normas ciudadanas, de belleza, de interés por el elemento que vive y malvive en ciertos complejos urbanísticos? »21. Tales artículos no solo interrogan la capacidad de los arquitectos a garantizar la calidad de las casas sino también su legitimidad a conservar el monopolio sobre los proyectos de edificación. A principios de los años 1970, la crítica es aún más viva. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) lamenta en los términos siguientes la desconfianza que se difunde en la sociedad respecto a los arquitectos : « [La] crítica, útil y conveniente en una profesión para poder revisar su posible rutina y los errores de la misma, se va transformando en un ataque más artero : el de la nocividad del arquitecto. Es el último paso que cabe dar en el proceso de degradación de nuestra imagen, y este paso se ha dado en los últimos meses de este año: un exalcalde y, últimamente, exdirector general ha asegurado en la

19

Puntos j) y l) del artículo 3 del decreto de 13 de junio de 1931 relativo a los estatutos de los colegios de arquitectos, Gaceta de Madrid, n°165, 14 de junio de 1931. Se impone este sistema para resolver las dificultades de cobro de los honorarios que enfrentaban regularmente miembros del grupo profesional. 20 GORTAZAR, A. del : « Esos bloques de cemento », ABC, Madrid, 9/10/1965 ; SERRANO SUÑER, R. : « Paisaje indefenso », ABC, 28/09/1967 ; HORIA, V. : « Nuestra ciudad », Ya, 12/07/1967 ; MUÑOZ ALONSO, A. : « La prehistoria como futuro. Carta a Carlos Arias, alcalde de Madrid », Arriba, 13/07/1967 ; SERRANO, E. : « ¿ La arquitectura, en la picota ? », Arriba, 13/07/1967 ; « Defensa de Luarca », ABC, 17/10/1967. 21 SERRANO, E. : « ¿ La arquitectura, en la picota ? », Arriba, 13/07/1967.

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prensa española ―si Benidorm es un monstruo, lo han hecho los arquitectos, no los Ayuntamientos‖ » 22. El descrédito de la profesión aumenta ya que esa falta de control en la calidad de la producción inmobiliaria se relaciona con la corrupción de algunos arquitectos, que ya no se limita a ser un tema de preocupación para la profesión sino para la opinión público. Así, en 1970, en un número extraordinario de Cuadernos para el Diálogo dedicado a las cuestiones urbanas en España, el sociólogo urbano Mario Gaviria dedica un artículo a la exposición de diversas formas de la corrupción urbanística23. Sobre todo, una serie de derrumbamiento de inmuebles, por defectos constructivos – unos provocando heridos y victimas mortales – pone de relieve de manera dramática las consecuencias de la falta de control en el sector de la construcción y, por lo tanto, los incumplimientos de los arquitectos en realizar su misión de interés general24. Otro factor de desestabilización de la profesión reside en las consecuencias de las reformas de las enseñanzas técnicas. c. La masificación de la enseñanza Hasta los años 1950, la carrera de arquitectura, como la de ingeniería, se caracteriza por su selectividad, mediante procesos de admisión largos y difíciles, así como el numerus clausus. Este sistema conlleva una fuerte selectividad social ya que solo las familias más acomodadas pueden soportar estudios largos y costosos. Pero, la selectividad social caracteriza en realidad toda la enseñanza superior en España sin embargo. A principios de los años 1960, solo 2,2% de las jóvenes en edad de seguir estudios superiores está en la Universidad25. Ahora bien, el desarrollo industrial y económico del país a partir de los años 1950 agudiza las necesidades de técnicos. Las reformas de las enseñanzas técnicas de 1957 y 1964 se aprueban para resolver este problema26. Deben facilitar el acceso a la enseñanza técnica superior con la supresión de los ciclos y exámenes preparatorios y de selección, la reducción de la duración de los 22

Memoria de gestión del CSCAE. Ejercicio 1972-1973, 1973.

23

GAVIRIA, M. : « La corrupción en materia de urbanismo », Cuadernos para el Dialogo, abril 1970, p. 33-35. 24 Ver SARABIA S.: « La vivienda, entre le lucro y el bien comun », Triunfo, n°491, 26 de febrero de 1972, p. 15. 25 ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) : Las necesidades de educación y el desarrollo económico-social de España. Proyecto Regional Mediterráneo, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1963, p. 20. 26 Para más detalles ver VAZ, C.: Le franquisme et la production de la ville…, op. cit.

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estudios, y la creación de pasarelas entre las carreras técnicas y entre la enseñanza media y superior. Los efectos de esas reformas se hacen sentir a partir de mediados de los años 1960. El número de estudiantes de arquitectura pasa de 463 a 8 718 entre los cursos 1954-1955 y 1968-69, y llega a 13 716 en 1974-1975. El número de diplomados anual aumenta también pero en proporciones menores en las mismas fechas pasando de 51 a 317 en 1868-169, llegando a 651 en 1974-1975. Para hacer frente a esta masificación de la enseñanza de la arquitectura, se crean nuevas escuelas de arquitectura. Hasta 1962, solo dos existían : la Madrid y la de Barcelona. Entre 1962 y 1973, se fundan escuelas de arquitectura en Sevilla, Valencia, Las palmas, Valladolid y La Coruña, a las que se debe añadir la escuela privada de la Universidad de Navarra, relacionada con el Opus Dei. Esas creaciones se hacen con improvisación y no permiten acoger el aumento de los estudiantes en condiciones satisfactorias.

En todas las

escuelas, las condiciones de estudio son las mismas : aulas sobrecargadas, recurso masivo a profesores no titulares – estudiantes en último año de carrera o jóvenes profesionales –, imposición del régimen de inscripción «libre» a los que no aprueben un examen.

Los « Nuevos arquitectos», arquitectos de izquierda La malas condiciones de estudios resultantes de la masificación de la enseñanza, y la ausencia de cambio en su contenido son motivos de descontento entre los estudiantes de arquitectura. Contribuyen a la politización de una generación que, además, no ha conocido la Guerra Civil y en la cual unos están dispuestos a penetrar todas las instituciones franquistas, de la Universidad a los colegios profesionales, para debilitar le régimen, en conformidad con la estrategia dibujada por el Partido Comunista Español (PCE). La politización de los sectores más jóvenes de la profesión resulta también de las divisiones y desigualdades entre los miembros del grupo profesional. a. La politización de las escuelas de arquitectura Inicialmente en la retaguardia de los movimientos estudiantiles, por ejemplo de las movilizaciones de 195627, les escuelas de arquitectura se transforman en centros importantes de la contestación universitaria durante los años 1960. Los aspirantes 27

FERNÁNDEZ-MONTESINOS GURRUCHAGA, A. : « Los primeros pasos del movimiento estudiantil », Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, XII, n°1, 2009.

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arquitectos más politizados forman parte de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), una organización política universitaria ilegal, fundada a principios de los años 1960 como plataforma de acción conjunta de las fuerzas de oposición de izquierda. Su objetivo es luchar para las libertades y contra la organización estudiantil oficial, le Sindicato Español Universitario (SEU)28, de afiliación obligatoria, mediante su infiltración. En Madrid, Eduardo Leira Sánchez, quién ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1961, es uno de los actores de esa estrategia. Miembro de la FUDE, se presenta para ser representante del SEU para la ETSAM. Gracias a este cargo impulsa la creación de la Federación de Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Superior (FEAIS), cuya meta es coordinar la infiltración del SEU a partir de las escuelas técnicas superiores29. En una segunda etapa, el objetivo de la FUDE es la constitución de estructuras sindicales autónomas del SEU, a escala de los distritos universitarios, mediante elecciones democráticas, para preparar otra universidad, emancipada de la cultura del régimen y organizar la solidaridad con grupos sociales víctimas de la dictadura. Esa etapa conduce a una confrontación más directa con el régimen, como le demuestra el episodio de la «Capuchinada». En marzo 1966, centenares de personas reunidas en el convento de Sarriá, perteneciente a los Capuchinos, para aprobar la fundación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) son asediadas y luego detenidas por las fuerzas policiales30. Entre los presentes, hay varios estudiantes de arquitectura31, profesores de la ETSAB y figuras locales del mundo profesional, condenados a multas importantes para la época : 200 000 pesetas para Antonio Moragas Gallisa, decano del COACB, y José Maria Martorell Codina; 100 000 pesetas para el arquitecto Oriol Bohigas Guardiola ; 25 000 pesetas para Luis Domenech Girbau et Luis Carreño Piera, quienes daban clases de arquitectura y sociología respectivamente32. Los que impartían clases no solo son multados sino

28

Sobre el SEU ver RUIZ CARNICER, M. Á. : El Sindicato Español Universitario (SEU) 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996. 29 Entrevista con Eduardo Leira Sánchez del 17 de junio de 2009. 30 « La ―Capuchinada‖, 20 años después », El País, 9 de marzo de 1986. Los cincuenta años del evento han dado lugar a nuevos artículos. 31 La ETSAB es muy bien representada, como las facultades de Filosofía y Letras, Economía, Medicina, y la escuela de Ingenieros: FERNANDEZ-BUEY, F. : « Memoria personal de la fundación del SDEUB (19651966) », Hispania nova. Revista de historia contemporánea, n°6, 2006. 32 « Las multas por asistir a la reunión del convento de Sarriá », ABC Sevilla, 14 de abril de 1966, p. 56.

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también expulsados de la Universidad33. Este episodio demuestra el compromiso precoz de una parte del mundo de la arquitectura catalán contra la dictadura, y sobre todo, la estrecha relación que se establece en seguida entre las problemáticas escolares y profesionales, y, éstas y las problemáticas políticas y sociales. La creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid (SDEUM) tiene lugar un año después, en abril de 1967, sin Eduardo Leira quien la prepara desde la ETSAM con otros estudiantes de arquitectura. En efecto, su activismo político conduce a su expulsión de la escuela a finales del curso 1965-1966, lo que le lleva a Barcelona, para acabar los estudios en la ETSAB34. Paralelamente a las acciones locales, los estudiantes de arquitectura establecen relaciones con sus homólogos extranjeros35. En efecto, la puesta en cuestión de la enseñanza, en relación con las dificultades profesionales, se plantea a nivel internacional. Desde 1963, una delegación de la ETSAB presenta una contribución crítica a la VIIIa conferencia internacional de estudiantes de arquitectura. Dos años más tarde, representantes de las escuelas de Barcelona, Madrid y Sevilla asisten a la IXa conferencia. Índice de la implicación de los españoles, Madrid es designada sede del secretariado general de la Unión Internacional de Estudiantes de Arquitectura (UIEA) y Eduardo Leira secretario. Estos contactos favorecen el establecimiento de cierta coordinación entre los estudiantes de arquitectura españoles con la constitución de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de España (UEAE) cuya primera reunión tiene lugar en Sevilla en diciembre de 1966. Permiten la discusión y la crítica de la situación estudiantil, de los planes de estudio, de los métodos de enseñanza, pero también de los problemas profesionales. Tanto en las escuelas de arquitectura, como en los otros departamentos universitarios, la contestación estudiantil aumenta a finales de los años 1960, y con ella, las intervenciones del régimen para controlarla. En la ETSAB, las interrupciones de las

33

Según Oriol Bohigas, 68 personas padecen esa sanción, entre ellos, él mismo : BOHIGAS, O. : Epistolario, 1951-1994, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2005, p. 175-176. 34 Entrevista con Eduardo Leira Sánchez del 17 de junio de 2009 ; GÓMEZ SANTANDER, J. M., y VÉLEZ, A. : « Ordenación de las enseñanzas de la arquitectura durante el periodo 1960-1970 », in FERNÁNDEZ ALBA, A. Ideología y enseñanza de la arquitectura en la España contemporánea, Madrid, Tucar Ediciones, p. 182. 35 Sobre ésto y los contactos entre estudiantes españoles ver ibid. y FERNANDEZ-BUEY, F. : « Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966) », op. cit.

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clases ritman el curso 1967/196836. Cuatro estudiantes de la ETSAM son deportados a favor del estado de excepción instaurado a principios de 196937. La desaparición del SDEUB durante el curso 1968/1969 es la consecuencia de la dura represión llevada a cabo contra los profesores y los estudiantes que lo animan38. A partir de finales de los 1960, los titulados en arquitectura son más numerosos y más politizados, lo que permite la translación de la lucha política de la esfera universitaria a la esfera profesional. b. La conquista de los colegios profesionales por los ―nuevos arquitectos‖ Entre 1966 y 1973, el número de arquitectos en ejercicio se duplica pasando de 2584 a 502439 en consecuencia de la masificación de la enseñanza de la arquitectura. Por lo tanto, asistimos a un rejuvenecimiento de la profesión. En 1946, la edad media de los 1250 arquitectos en ejercicio era de 46 años, los mayores de 50 años representaban 33,1% del conjunto. En 1974, la edad media de los 5437 arquitectos es de 38 años. 17,1% tienen más de 50 años y 55% menos de 35 años 40. El crecimiento del número de los arquitectos agudiza las dificultades de la profesión y por tanto las divisiones entre los miembros del cuerpo profesional. Distintas encuestas hacen aparecer dos grupos entre los arquitectos : un grupo de arquitectos «satisfechos» de su situación, compuesta de individuos mayores, con un nivel de ingresos alto, que concentra los encargos y los cargos oficiales, que juzgan positivamente la actuación de los colegios profesionales y se declaran a favor del statu quo a nivel profesional ; un grupo de «insatisfechos» formado de arquitectos jóvenes, con ingresos menores, que trabajan más frecuentemente en equipo, partidario de un cambio profundo de la situación profesional41. Esa oposición es también política. Politizados en los bancos de la Universidad, los miembros del segundo grupo se declaran más críticos respecto a la situación social y política del país. En efecto, a finales de los sesenta, el marxismo y los análisis marxistas se convierten en el cuadro dominante de interpretación de la realidad profesional, y, también, social y política del país, entre los estudiantes de arquitectura y los recién entrados en el 36

Como lo recuerda Ricardo Aroca entonces profesor ayudante de la cátedra de Estructura : entrevista con Ricardo Aroca Hernández-Ros del 26 de febrero de 2009. 37 A propósito de esas deportaciones ver MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.) : La Dictadura en la Dictadura: detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Córdoba, El Páramo, 2011. 38 FERNANDEZ-BUEY, F. : « Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966) », op. cit. 39 MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A.: Los arquitectos en España…, op. cit., p. 21 40 Ibid., p. 24 41 A partir de una encuesta llevada en el colegio de arquitectos de Madrid (COAM) en 1973 y otra sobre una muestra representativa del conjunto de los arquitectos españoles : MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A.: Los arquitectos en España…, op. cit. ; ISOC, Informe sociológico …, op. cit..

238

mercado del trabajo. Se difunden mediante los ensayos del arquitecto Fernando Ramón Moliner42, que denuncian el avasallamiento del grupo profesional a un Estado al servicio de los intereses capitalistas y su papel en la reproducción de las clases sociales y la explotación43, y los escritos Henri Lefebvre, figura de la sociología urbana marxista francesa. El rechazo de la «prostitución a los intereses del capital»44, conduce esos arquitectos a reivindicar la misión social de la arquitectura, al servicio del usuario. Entre los miembros del segundo grupo, se encuentran los «nuevos arquitectos» qui suscitan el interés de la prensa a partir de finales de los años 1960 cuando empiezan a integrar las direcciones de los colegios de arquitectos y a transformar esas instituciones burocráticas en instrumentos políticos. Sin embargo, la conquista de los «nuevos arquitectos» se hace a un ritmo muy variable como lo demuestran los ejemplos catalán y madrileño. El colegio catalán

(COACB) toma iniciativas políticas muy

temprano mientras hay que esperar los años 1974-1975 para que el Colegio de Madrid (COAM) se afirma como un

actor de la oposición al régimen. En Cataluña, las

relaciones entre la escuela de arquitectura y el mundo profesional aparecen fuertes y precoces los que facilita la difusión de las movilizaciones políticas de la Universidad al colegio profesional. Además, los colegios son rápidamente utilizados por las elites intelectuales como tribuna política para manifestar su desacuerdo con un régimen franquista que reprime la identidad y las reivindicaciones catalanas. En 1969, al lado de otros colegios profesionales y de asociaciones culturales, el COACB firma una petición dirigida al Ministerio de Educación para reclamar que la ley de Enseñanza en proyecto diera más facilidades al aprendizaje de la lengua catalana45. En Madrid, capital del poder, los colegios profesionales aparecen más susceptibles de ser dirigidos por personas afines al régimen. Además, en Madrid, el rejuvenecimiento de los miembros del colegio tarda más.

42

De gran influencia sobre une generación de estudiantes y jóvenes arquitectos según Jesús Gago Dávila : entrevista del 26 de mayo 2009. 43

Ver RAMÓN MOLINER, F.: Miseria de la ideología urbanística, Ciencia Nueva, Madrid, 1967. ELIZALDE, J. : « Análisis crítico de la realidad social que configura el trabajo del arquitecto en España », Antonio Fernández Alba (coord.), Ideología y enseñanza… op. cit., p. 128. 44

45

« La enseñanza de la lengua catalana », La Vanguardia, 14 de diciembre de 1969, p. 29.

239

c. El papel catalizador del PCE Es obvio que el PCE desempeña un papel en la movilización de parte de los colegios de arquitectos en la oposición a la dictadura. En Madrid, Eduardo Leira, Jesus Gago Davila quienes conquistan la dirección del COAM en 1974 son miembros del PCE. El apoyo en los grupos profesionales forma parte de la estrategia de oposición del primer partido del antifranquismo46. Asimilados anteriormente dentro de la etiqueta de los «intelectuales» o del «mundo de la cultura», la categoría gaña autonomía en la correspondencia y los informes del PCE a partir de 196747, a propósito de las posibilidades de movilización existentes entre los abogados, los profesores, y los médicos. Desde entonces, los «profesionales» cobran importancia en la estrategia del PCE hasta afirmarse como los actores claves de las fuerzas de la cultura, al lado de los estudiantes, por varias razones. Primero, las capacidades de movilización de los profesionales aparecen mayores y más apropiadas para la lucha contra el régimen que las de los artistas o escritores, quienes corresponden al modelo tradicional del « intelectual crítico universalista »48 : « Uno de los problemas más difíciles que se presentan a los intelectuales animados de sentimientos democráticos, es el de cómo organizarse para actuar en pro de sus aspiraciones. No pocas actuaciones de los intelectuales han tenido un carácter esporádico de firma, por ejemplo, un documento en una coyuntura dada; luego transcurre un periodo más o menos largo, sin que se repita otra acción semejante. Ahora bien, hoy, la propia tensión de todo el ambiente político reclama acciones más sistemáticas, más continuadas, y por lo tanto más organizadas. […] Se afirman en cambio las tendencias a nuevas formas de relación de los profesionales e intelectuales con la lucha política : los médicos que se enfrentan con el régimen, y miran al porvenir, defendiendo sus intereses, pero sintiéndose a la vez responsables de promover una reforma moderna de la sanidad del país. Los cuerpos docentes, responsables en orden a la enseñanza. Los arquitectos, en orden a la política urbanística, etc. Estas actitudes crean las condiciones para un papel 46

MOLINERO, C., y YSÀS, P. : «El partido del antifranquismo (1956-1977)», in BUENO, M., et al. : Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977. Vol. II, Oviedo, FIM, 2004 47 Sobre los actuales movimientos de intelectuales, profesionales y artistas (trabajo colectivo elaborado por una comisión del C. C. del partido comunista de España), abril-mayo 1967, AHPCE, , Fuerzas de la cultura, caja 126, carpeta 1.9.2. 48 Como se les designa en Francia, véase SAPIRO, G. : « Modèles d‘intervention politique des intellectuels. Le cas français », Actes de la recherche en sciences sociales (ARSS), n°176-177, 2009, p. 831.

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muy superior al de cualquier época anterior, en la vida política y social, de los sectores intelectuales y profesionales. Al mismo tiempo, esa tendencia a un enfrentamiento

concreto

con

los

problemas

reales

del

país

facilita

49

extraordinariamente el encuentro, la coincidencia con la clase obrera » .

Dada la inscripción de sus actividades en las problemáticas económicas y sociales del país, y, por consiguiente, su preocupación por el interés general, los profesionales aparecen más susceptibles de establecer relaciones con la clase obrera. Otro argumento a favor de esta aproximación deseada por el PCE es la supuesta convergencia en curso entre las posiciones de las profesiones intelectuales y las del mundo obrero a raíz de la revolución científico-técnica (RCT). En efecto, el PCE retoma a su cuenta los análisis del bernalismo50 sobre la proletarización los profesiones técnicas conllevadas por la RCT, proletarización visible en la difusión del asalariado y de la precariedad entre sus miembros. Esos análisis desembocan en un aggiornamiento teórica del PCE consistente en la definición de una vía española hacia el socialismo en el contexto de la dictadura, apoyada en la «tesis de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, que presupone aquella e incluye la nueva fuerza intelectual »51. Para el PCE, esta estrategia implica la toma de posesión de los colegios profesionales, islotes de poder con un funcionamiento democrático dentro de la dictadura, que pueden servir de tribuna política y servir a la democratización de la sociedad española. En efecto, dados la identidad social y el prestigio que tienen en la sociedad, los movimientos de profesionales pueden ayudar a que capas más amplias de la sociedad española – parte de la burguesía precisamente – se sumen a la lucha para las libertades o, por lo menos, que tomen distancia con la dictadura52. Sin embargo la politización de los colegios no se puede reducir a una mera instrumentalización del PCE. A partir de un verdadero análisis de los problemas de los 49

Sobre los actuales movimientos de intelectuales, profesionales y artistas, abril-mayo 1967, AHPCE, Fuerzas de la cultura, caja 126, carpeta 1.9.2. 50 En 1954, John Desmond Bernal (1901-1971), científico irlandés, militante del partido comunista británico, publica Science in history. El libro propone una historia de la ciencia y de la prehistoria a la época contemporánea, caracterizada ella por las consecuencias de la RCT. El éxito del libro es considerable en España, véase REQUENA FRAILE, Á. : « Tiempos de hegemonía : el caso de los ingenieros del PCE durante la transición », in BUENO LLUCH, M., GARCÍA, C., y HINOJOSA DURÁN, J. : Historia del PCE. I congreso, 1920-1977, Madrid, FIM, 2007, p. 335-346, p. 337. 51 La crisis cultural en nuestros días, sin fecha, AHPCE, caja 126 carp. 1.9.2. 52 Resumen de las jornadas de intelectuales comunistas celebradas en Barcelona. Informe sobre la situación en el frente de los intelectuales. Pleno de intelectuales de Barcelona, diciembre 1968, AHPCE, , Fuerzas de la cultura, caja 126, carpeta 1.9.1.

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dichos «profesionales», el partido trata sobre todo de catalizar y favorecer dinámicas generacionales y profesionales preexistentes dirigidas a una reorientación de la profesión al servicio del público.

Los arquitectos al servicio de la sociedad y contra el régimen A partir de finales de los sesenta, los colegios profesionales, en las manos de los «nuevos arquitectos», contribuyen a renovar y «relegitimizar» la imagen del arquitecto y del grupo profesional. Tratan de concretizar la «función social» de la arquitectura asumiendo tres papeles : el papel de regulador de la construcción, el de «portavoz», y, por fin, el de opositor a la dictadura. El papel de regulador de la actividad constructora se traduce en la formulación de un régimen de incompatibilidades profesionales y el «visado urbanístico». Las dos propuestas asocian estrechamente las preocupaciones profesionales y el interés general. En efecto, están dirigidas a mejorar la calidad de la producción urbana pero también a resolver el problema de la concentración de los encargos en un número reducido de arquitectos. El COACB es precursor en la cuestión de las incompatibilidades profesionales, estableciendo varias reglas para la práctica profesional, entre las cuales prohibir a los arquitectos municipales firmar proyectos de obras en los municipios en los que ejercen su cargo oficial53. Esas reglas inspiran la redacción de las «normas deontológicas de la actividad profesional » por el Consejo Superior de los Arquitectos (CSCAE) orientadas a suprimir los conflictos de intereses y asegurar que la profesión sea al servicio de la sociedad y no su propio interés54. Aprobadas en noviembre 1971, se aplican teóricamente a todos los arquitectos españoles. Sin embargo, esa reglamentación no es coercitiva. No se dobla por disposiciones legales del Estado. Al contrario, conflictos se multiplican entre ciertos municipios que rechazan aplicar las normas, como Sevilla o Badajoz, y colegios que deniegan aprobar los proyectos de obras del término municipal hasta que se apliquen55. Al final, benefician a los colegios profesionales dotándoles de una imagen de integridad frente a una administración franquista corrupta.

53

MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A.: Los arquitectos en España…, op. cit., p. 91. Ibid., p. 99, 120. 55 Ibid., p. 121. 54

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El «visado urbanístico» despierta menos entusiasmo entre los colegios profesionales. Consiste en extender la misión de control asumida por los arquitectos añadiendo al control técnico-financiero de los proyectos de obras – el visado colegial – el control de la adecuación de los proyectos a los planes generales de urbanismo de la zona. Se trata de impedir una urbanización anárquica y destructora para los paisajes naturales. Por eso, los colegios que se enfrentan más con el desarrollo de las construcciones turísticas figuran entre los colegios que lo plebiscitan como los colegios del País Vasco, de Andalucía, y de las Islas Canarias. El «visado urbanístico» obedece también a la voluntad de «vigilar una administración local sin legitimidad democrática, incapaz de cumplir su misión reguladora, gangrenada por la corrupción»56. Pero no se generaliza. Parte de la profesión, incluso entre los que son más partidarios de la defensa del interés general, considera que atribuye una responsabilidad exagerada a los colegios y que la prioridad deberla ser la mejora del control del visado colegial57. Otro papel que desempeñan los colegios de arquitectos a finales de la dictadura es él de portavoz de la sociedad tomando iniciativas orientadas a la defensa del bien común y la de los habitantes. Entre las primeras, se puede citar las intervenciones de los colegios para proteger elementos del patrimonio histórico y artístico nacional amenazados por la especulación. Así, en 1974, el nuevo equipo del COAM lanza una campaña de prensa par impedir la destrucción del mercado de la plaza de Olavide en Madrid, que representa un ejemplo de la arquitectura moderna y funcionalista de la Segunda República. El mercado resulta destruido al final. Sin embargo, la campaña a favor de la conservación del viaducto de la ciudad es un éxito58. Sobre todo, los colegios se comprometen al lado de las asociaciones de vecinos a partir de finales de los sesenta. Esta apoyo institucionaliza la asistencia aportada hasta entonces por unos arquitectos de modo informal o puntual como lo hacen por ejemplo los arquitectos Eduardo Leira y Jesús Gago Dávila quienes prestan exitosamente su asistencia técnica a la asociación de vecinos de Orcasitas en 1971-1973, cuando se opone a la expropiación de los terrenos que ocupan59. En Barcelona, el Colegio (COACB) apoya precozmente las asociaciones de vecinos como lo demuestra la ayuda 56

Entrevista con Jesús Gago Dávila, 26 de mayo de 2009. Tales como Ricardo Aroca Hernández-Ros quien forma parte del equipo de izquierda que dirige el COAM en 1974-1976: entrevista con Ricardo Aroca del 26 de febrero de 2009. 58 Arquitectura 00, COAM, 1975 59 Entrevistas con Eduardo Leira y Jesús Gago Dávila. 57

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prestada a los habitantes que se oponen al plan de la Ribera a principios de los setenta60. Este papel de asistencia se formaliza con la creación de una Comisión de Asesoramiento Urbanístico y de una Oficina de Información Urbanística cuya función es vigilar el respecto de las disposiciones urbanísticas y la que se puede denunciar casos de indisciplinas urbanísticas61. El equipo que dirige el COAM a partir de 1974 instaura el mismo tipo de comisión y en 1975 organiza una exposición «Madrid en sus barrios» dirigida a exponer al público los problemas a los que se enfrentan varios barrios de la capital y sus reivindicaciones62. Parte de los actos asociados a la exposición son prohibidos por las autoridades gubernamentales. Eso muestra la irritación creciente del régimen respecto al activismo de los colegios profesionales. Las tomas de posición abiertamente políticas de los colegios mediante peticiones, protestas oficiales, etc. se multiplican en los últimos anos de la dictadura, definiendo la figura del profesional militante y opositor63. Muchas veces se desarrollan en coordinación con varios colegios profesionales. En 1974, el COACB con otros colegios de Barcelona hacen una declaración oficial pidiendo la abolición de la pena de muerte después de la ejecución de Puig Antich64. En Madrid, en 1975, los miembros de la junta del COAM proponen firmar a todos los miembros del colegios un texto sobre la crisis económica en el que se subraya la responsabilidad política en la crisis y como la falta de canales de reivindicaciones y el control social contribuyen a agravar el problema65. Este contexto de oposición política creciente de los colegios explica la presentación en las Cortes, en 1973, de un proyecto de ley sobre los colegios profesionales. Su objetivo es asfixiar el movimiento de los «nuevos profesionales» que han provocado la politización de los colegios. Se trata de imponer un deber de reserva a los miembros de los colegios aduciendo el carácter parapúblico de los colegios. Al mismo tiempo, se trata de debilitar los colegios limitando su capacidad de autorregulación autorizando los profesionales que ejercen cargos oficiales a no ser

60

Véase TATJER MIR, M. : La Barceloneta: del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Los libros de la Frontera, Barcelone, 1985. 61

Entrevista con Manuel Solà Morales, 22 de julio de 2009. Madrid en sus barrios, Madrid, COAM, 1975. 63 Como se la puede observar en Francia a partir del mayo de 68 : ISRAEL, L. : « Un droit de gauche ? » Rénovation des pratiques professionnelles et nouvelles formes de militantisme des juristes engagés dans les années 1970 », Sociétés contemporaines, n°73, 2009, p. 47-71. Véase también la introducción de este número especial: « Professions et engagement public ». 64 MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A. : Los arquitectos en España…, op. cit., p. 87. 65 Entrevista con Ricardo Aroca. 62

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miembro de los colegios66. Al final, la ley no se aplica pero ilustra la desconfianza del régimen respecto a los colegios profesionales a finales de la dictadura.

Conclusión Mientras los arquitectos aparecen como una profesión en crisis a finales de los sesenta, carente de legitimidad, a finales de los sesenta, la posición de los arquitectos aparece reforzada y el grupo da la imagen una profesión al servicio de la sociedad. Eso incita a desconfiar del sentimiento de crisis que expresan los arquitectos, ya que este estado de ánimo aparece muy difundido entre los cuerpos profesionales establecidos67. El fortalecimiento del grupo profesional tiene traducciones a corto y medio plazo. Contribuye al reconocimiento del papel político de los colegios profesionales que se inscribe en la constitución de 1978. Permite comprender el poder y la libertad de iniciativa concedida a los arquitectos en las políticas urbanas de la Transición Democrática, como lo ilustra el ejemplo de Barcelona68. Por fin, la capacidad del grupo profesional a sobrevivir a los cambios de régimen – de la República a la dictadura, de la dictadura a la democracia – comprueba los análisis sacados por otros estudios, de la indiferencia de ciertos colectivos al régimen político69.

66

MARTÍN-MORENO, J., y DEL MIGUEL, A. : Los arquitectos en España…, op. cit., p. 92 Sobre la « crisis » de esas profesiones a finales del siglo XIX, ver : VILLACORTA BAÑOS, F. : Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Madrid, Siglo Veintiuno editores, 1989. 68 MOIX, L. : La ciudad de los arquitectos, Barcelone, Anagrama, 1994. 69 Como se puede ver con los médicos y los científicos de la ex-Alemania del Este: KOTT, S. : Le communisme au quotidien. Les entreprises d'État dans la société est-allemande (1949-1989), Paris, Belin, 2001, p. 15. 67

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