:: portada :: Bolivia :: 07-07-2004 Después de la ejecución del alcalde Benjamín Altamirano, el pasado 15 de junio, se escuchó una sola voz colectiva: "Todos lo matamos". "Que nos lleven presos a todos"

La historia y la justicia en Ayo Ayo: No se olviden de Tupaj Katari Claudia Espinoza Iturri Rebelión

El gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una encrucijada. No cuenta ni con la autoridad —salvo las armas para detener a dirigentes— ni con los instrumentos para recuperar la credibilidad perdida en el Estado, entre los comunarios aymaras de Ayo Ayo. Después de la ejecución del alcalde Benjamín Altamirano, el pasado 15 de junio, se escuchó una sola voz colectiva: "Todos lo matamos". "Que nos lleven presos a todos". Ante los fuertes cuestionamientos a las autoridades que se presentaron allí para dialogar, la formación de una policía sindical y un gobierno aymara autónomo, los comunarios ratificaron su decisión de mantener su posición —exigiendo además y prioritariamente la libertad de los detenidos por el caso— profundizando un proceso de autogobierno que, según relatan los pobladores, antecede en mucho la ejecución de "ese representante del Estado boliviano en Ayo Ayo". "No se olviden de Tupaj Katari", gritaba un dirigente comunal y sindical desde esas tierras áridas, como haciendo llegar el mensaje a los oídos del Estado casi siempre sordo del campo. Sobre una pequeña tarima en la plaza principal, al pie del monumento del legendario Katari, el dirigente amenazó al gobierno con bloquear la carretera y "volar" las instalaciones de electricidad que abastece a la región, si no se respetan las decisiones de las comunidades. Ahora, las autoridades comunarias han dictado un estado de sitio y han determinado la expulsión de Ayo Ayo de la policía estatal. De Tupaj Katari a la voz colectiva Todos recordarán que la historia de Ayo Ayo está impregnada por el rastro de líderes y rebeliones aymaras. En siglos pasados, dejaron allí una huella imborrable: Tupaj Katari, Bartolina Sisa y Zarate Willka. No es casual que Julian Apaza, el Tupaj, haya nacido en el ayllu Sullkavi, comunidad vecina de Collana y parte de Ayo Ayo, donde colgaron su mano derecha después de que fuera descuartizado —en Peñas— por orden de Francisco Tadeo Diez de Medina. La sentencia de 1781 decía con precisión: "Ni al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o de todo Tupaj Amaru y Tupaj Katari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales... Porque de lo contrario, quedaría un fermento perpetuo...". Siglos después, en este comienzo de siglo XXI, Ayo Ayo vuelve a ser el escenario de la lucha aymara poniendo en evidencia la confrontación de dos sistemas de vida política, económica y organizativa. Ciertamente el ajusticiamiento del ex alcalde Benjamín Altamirano, a manos de los comunarios, el pasado 15 de junio, es la expresión de una interpelación al Estado boliviano, sus leyes y su distribución inequitativa de recursos a partir de la reforma de Participación Popular (1997). Pero, en el fondo, Ayo Ayo está mostrando más que eso al mundo, está mostrando la imposibilidad de mantener un sistema que carcome a otro; un sistema que no respeta ni reconoce a los indígenas, en sus derechos, su historia, sus usos y costumbres; su lengua y su color de piel.

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Por esa exclusión secular, la región de Ayo Ayo parte de la provincia Aroma, ya fue cuna de la formación de varios movimientos políticos, kataristas e indianistas. De ahí surgió, por ejemplo, Genaro Flores, nacido en la misma provincia, quien protagonizó varias luchas hasta la conformación de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En el inventario de los levantamientos insurreccionales, Ayo Ayo arrastra también una tradición de ocupación de haciendas desde la post Guerra del Chaco (años 30), proceso que fue acompañado con la formación de sindicatos comunales siguiendo el modelo de organización obrera de aquel tiempo. ¿Cómo es Ayo Ayo hoy? Varias fueron las formas de "penetración" del Estado en las comunidades indígenas del Altiplano. Tras las reformas estructurales aplicadas desde 1985, Ayo Ayo pasó a ser conocido como uno de los 315 municipios del país que recibe los recursos de la Ley de Participación Popular, una suerte de redistribución de los ingresos estatales para el desarrollo local. Según la concepción neoliberal, Ayo Ayo es un municipio con una población mayoritariamente aymara, considerado por los organismos internacionales como parte del grupo de "municipios marginales" por el elevado nivel de pobreza. Ayo Ayo forma parte de la Provincia Aroma —ubicada a lo largo de la carretera troncal que une La Paz y Oruro— y abarca cinco cantones. Desde el punto de vista de la organización, le pertenecen 10 de las 11 comunidades de la Central Agraria Ayo Ayo. Las 10 comunidades se dividen en 48 zonas. En la localidad, la base de la organización es el sindicato adoptado desde la reforma agraria de 1953, sin embargo, esta forma organizativa agrupa a su vez dos tipos de organización: las comunidades de exhacienda y las comunidades originarias que rescatan el ayllu. Esta división ha dado lugar a una pugna entre sindicalistas y originarios, los primeros ligados orgánicamente a la CSUTCB y los segundos a Consaq y Conamaq. De las 10 comunidades de Ayo Ayo, 4 son originarios y 6 sindicatos. La separación ha dado lugar a un profundo debate sobre la legitimidad de cada organización, del cual no están exentas las ONG que alientan la separación y el retorno a las autoridades originarias, ni los partidos políticos que intentan incrustarse en los sindicatos. A su vez, entrecruzadas aparecen dos organizaciones más, conformadas por los mismos comunarios, las que no se separarán de la estructura sindical: La Asociación de Productores de Leche y más recientemente el Movimiento Sin Tierra —formado el 12 de febrero de 2003— después de varios intentos por comprar las tierras de la hacienda Collana que la familia Iturralde quiso vender a los comunarios con altos precios (de 350 a 500 dólares por hectárea). De acuerdo al último Censo (2001) Ayo Ayo cuenta con una población de 6.981, casi mitad y mitad entre hombres y mujeres. El 86% de la gente vive en comunidades rurales, el 14% habita los pueblos. La esperanza promedio de vida de la población es una de las más bajas del departamento de La Paz: 56 años respecto al promedio nacional que es de 65. Sin embargo, la tasa de fecundidad es más alta que el promedio nacional, 4 hijos por mujer, dato que se contrapone a la elevada tasa de mortalidad materna e infantil. Ayo Ayo tiene un nivel de analfabetismo alto en relación a otros municipios, llega a 25,82%, aunque ha bajado bastante desde el último censo y hoy muchos jóvenes alcanzan a terminar el bachillerato con expectativa de ingresar a la universidad. El tamaño del hogar en Ayo Ayo es pequeño en relación al promedio nacional, llega a 3,5 miembros lo que va a confirmar la tendencia migratoria principalmente de los hombres hacia la ciudad de La Paz. En las familias se puede ver que predomina la presencia de jóvenes, en primer

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lugar, y de mayores de 50 años, en segundo lugar. Esto se entiende por la expulsión de mano de obra a las ciudades. Hablamos de hombres, mayoritariamente, entre 20 y 49 años, es decir, en plena edad productiva. En el municipio de Ayo Ayo, las principales actividades son la agricultura y la ganadería basadas en la organización familiar de la producción que se articula a las ferias locales y a los mercados de La Paz. Por las características de la migración en las últimas décadas, las mujeres han incursionado en varias actividades productivas llegando a copar algunas de forma exclusiva. Las actividades productivas del lugar hacen que la tierra sea un elemento fundamental para los comunarios y pobladores. Sin embargo, el proceso histórico de usurpación y legalización equivocada de la tierra —aspecto que caracteriza a todo el territorio nacional— ha terminado convirtiendo este recurso en inaccesible o, en el mejor de los casos, escaso para la producción. Una división de la superficie por familia da el resultado de 29 hectáreas, absolutamente insuficiente para la agropecuaria. (Este dato es general sólo para tener una idea, porque existen varias formas de adquisición como la herencia, el alquiler, etc.). La importancia de Collana en Ayo Ayo Dentro de Ayo Ayo, Collana es la comunidad de mayor extensión, ocupa el 22,23% del municipio, con 9.383 hectáreas, donde habitan cerca de 323 familias. Dentro de este terreno, se encuentra la Hacienda Collana con 1.833 hectáreas donde, como todos saben, estás asentadas unas 300 familias del Movimiento Sin Tierra. Estas familias, con una fuerte presencia joven, están produciendo leche que la venden a la heladería Delizia, pero está prohibida de producir los grandes y famosos quesos Collana, porque la familia Iturralde —propietaria de la hacienda— se adjudica la exclusividad de la producción y comercialización de los quesos amenazando con juicios penales si los comunarios ponen a la venta ese codiciado producto de gran porte, altura y sabor. En un terreno bastante grande, en medio del Altiplano norte caracterizado por los minifundios y surcofundios, hoy —después de la ocupación del MST— se puede ver en Collana la tierra trabajada e incluso ya se ven algunas pequeñas casas erguidas para los comunarios. La toma de la hacienda Collana, el 29 de junio del año 2003, fue asociada con el asesinato de Gonzalo Iturralde en 1984, el patrón tradicional, a manos del comunario Oscar Mamani. Según los propietarios había un acuerdo entre Oscar Mamani y Gabriel Pinto, actual líder del Movimiento Sin Tierra en La Paz y segundo a nivel nacional, para repartirse las tierras posteriormente a la toma. Sin embargo, desde la cárcel de San Pedro, donde cumple una pena de 30 años, Mamani desmintió la versión. Lo que argumentaban los miembros del MST para justificar la toma era que se trataba de 1.800 hectáreas que no cumplían la función económica social que establece la Ley INRA. De acuerdo a varios testimonios del lugar, esa versión era correcta. Los propietarios rara vez aparecían en la hacienda e incluso daban en alquiler a efectivos de la Policía. Por eso, antes de la toma el MST verificó que cuando mucho, los propietarios usaban apenas 300 hectáreas donde —en una pequeña granja— producían los quesos Collana. Con todo, mientras los propietarios aducían que parte de la agresión del MST fue la quema y el robo de las pertenencias de la familia Iturralde, en lo que incluyeron las instalaciones de la granja de quesos y leche Collana, una visita de Indymedia al lugar constató la precariedad de las instalaciones, escasa y vetusta maquinaria. En aquel tiempo, la familia Iturralde inició, de todos modos, un proceso judicial contra Gabriel Pinto del MST, por el cual lo apresaron hasta que pudo obtener la libertad condicional. Hoy, Pinto es acusado nuevamente por el ajusticiamineto del alcalde Altamirano, y pende sobre el

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dirigente un mandamiento de apremio y demanda de juicio. Y es que como parte de Ayo Ayo y de su estructura sindical, el MST participa activamente en las decisiones sindicales y movilizaciones de la zona. Cuando se produjo el ajusticiamiento del alcalde, Pinto y otros dirigentes asumieron la voz colectiva de las comunidades, organizando y asumiendo el mando de Ayo Ayo como gobierno aymara autónomo. Lo que vino de la mano de la Participación Popular A partir de las elecciones municipales de 1995 —luego de promulgada la Ley de Participación Popular sobre la cual no se comprendían sus alcances— el único candidato campesino Rolando Condori fue elegido alcalde, quien cumplió su gestión ya con algunos problemas. En ese periodo empezó a tener eco un reclamo de los comunarios porque los concejales, residentes y vecinos, priorizaron la inversión municipal en el pueblo de Ayo Ayo y no así en las comunidades rurales. En la gestión 1997 este hecho se hizo evidente: 47% del presupuesto municipal era para los vecinos y 24% era para las comunidades. Tanto el Comité de Vigilancia como la Central Agraria iniciaron una serie de reclamos al gobierno municipal sin obtener respuesta. La falta de rendición de cuentas el 98 y el 99 provocó el congelamiento de cuentas del municipio, por mandato del Senado Nacional y a solicitud del Comité de Vigilancia. Las cuentas fueron descongeladas a fines del 99, antes de las elecciones municipales, pero con un desprestigio del gobierno municipal y en medio de un encendido interés por parte de los partidos políticos en controlar el poder local. En las elecciones municipales del 99, fue elegido como alcalde Erasmo Silva, dirigente comunal y sindical, bajo la sigla del MIR, un partido tradicional. La gestión 2000 se caracterizó por ser buena ya que el alcalde posibilitó la participación de las comunidades y del Comité de Vigilancia en su gestión. Pese a algunas falencias como la falta de informes y rendición de cuentas, sin contar la parafernalia que estableció el gobierno central para ello, Erasmo Silva no parecía tener problemas hasta que en la primera sesión de la gestión 2001, fue censurado por el Concejo Municipal y reemplazado por Benjamín Altamirano de NFR, otro partido tradicional. Varios entrevistados dan cuenta de que esa gestión empezó caótica y arbitraria. Se identificaron entre otras irregularidades: uso discrecional de los recursos, un oscuro contrato con una consultora para que realizara el Plan Operativo Municipal, incumplimiento en la presentación de informes al Comité de Vigilancia, incorporación de familiares a la alcaldía, alteración de ítemes y sobreprecios de obras municipales. Con estos antecedentes, el Comité de Vigilancia recién inició una demanda de congelamiento de cuentas en marzo del 2002. Esta demora se debió a la división en varias de las instancias de control como el Comité de Vigilancia, el Concejo Municipal y entre las comunidades. Los originarios, por ejemplo, apoyaban al alcalde Altamirano. Las cuentas del municipio se congelaron y la población eligió a otro Alcalde, pero Altamirano no se quedó quieto e inició una batalla jurídica con demandas, contrademandas, amparos y otros recursos que sólo dilataron la solución del problema municipal. Altamirano no se tranquilizó hasta que ganó uno de esos recursos con lo que recuperó la alcaldía pero ya sin posibilidad de ejercer el cargo en Ayo Ayo. Lo hacía a distancia y sin rendir cuentas a nadie, era un alcalde clandestino usufructuando de los recursos municipales. Mientras pasaba el tiempo, los comunarios en cabildos decidieron no sólo exigir rendición de cuentas, sino estaban convencidos de que esa gestión era pésima, corrupta y socapada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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La discusión sobre la justicia comunitaria y la presencia/ausencia del Estado El año 2000, la resistencia aymara intensificó sus formas de lucha con el bloqueo de caminos, y una acción colectiva del sector de Omasuyos dio paso a la quema y destrucción de varias instituciones estatales como la prefectura, la cárcel, los juzgados y la alcaldía. Esta acción fue acompañada por la captura, golpiza y muerte del capitán de ejército Téllez, quien comandaba una de las escuadras de represión en abril de aquel año. Varios comunarios y vecinos de Achacachi contaron, entonces, cómo fue el recorrido de aquella matanza en manos de miles de comunarios. Porque no se trataba de un acto común, entendido en la justicia ordinaria, como delito, no había un responsable individual. Según los testimonios, en primer lugar, la decisión de secuestrar al capitán surgió tras las primeras muertes de aquel 8 de abril. Decisión que fue tomada en un ampliado a la entrada del pueblo de Achacachi, donde meses después se instalaría el Cuartel General Indígena de Kalachaqa. Habían muerto seis del lado campesino, por lo que el secuestro del capitán obedeció a la toma de un oficial que no era lo mismo que tomar un conscripto: ni por el color de la piel ni por la jerarquía. El cuerpo en poder de los comunarios fue golpeado hasta que perdió el conocimiento. Desmayado fue llevado a rastras por el pueblo hasta que unos vecinos lo rescataron, lo disfrazaron y lo llevaron al hospital del pueblo. Cuando la gente se dio cuenta que el cuerpo no estaba, se informó de su paradero y procedió a invadir el hospital por encima del personal médico. Buscaron y rebuscaron hasta que lo hallaron aún desmayado. A toda prisa, no lo alzaron, sino lo arrastraron hasta el patio donde le propinaron golpes que cegaron su vida. ¿Quién lo mató? "Todos", respondieron entonces. Una respuesta similar dio la población de Ayo Ayo, en junio pasado, cuando deliberaban sobre los últimos sucesos que terminaron con la vida del alcalde Altamirano: "Que nos lleven presos a todos". La dimensión del caso y el recorrido de la víctima, provocaron un debate sobre si esta acción responde a la justicia comunitaria o no. La disquisición de los medios, los analistas y los aymaristas no lograron aún aclarar lo que ocurrió aunque existan ya seis presuntos asesinos en la cárcel. En verdad, no existe una reglamentación que de cuenta de los alcances y procedimientos de la justicia comunitaria. Pese a su inclusión nominal en la última reforma judicial, poco se conoce sobre su significado y el proceso que sigue aún en varias comunidades del mundo aymara. La primera aseveración que ha surgido de los supuestos entendidos en la materia, afirma que no se trató de un acto de justicia comunitaria porque según la tradición, los aymaras no llegan a ejecutar la pena de muerte. Antes que establecer esta versión como la última y la verdadera, nos parece adecuado recordar algunos casos de similar envergadura, por eso recordamos el caso de Achacachi el año 2000. Del mismo modo, podemos recordar el caso que involucró al dirigente Edwin Huampo, el año pasado, quien fue perseguido y encarcelado por la justicia ordinaria por haber participado y avalado la ejecución de dos ladrones en la provincia Los Andes. Y así existen otros casos más de robo, violación, corrupción —que sería muy largo exponer— los mismos que dan cuenta no sólo de una forma de actuar colectivamente, sino que habría que preguntarse por qué, la justicia hecha con las manos se va propagando. Una de las razones encontradas en los testimonios es que justamente la justicia del Estado no funciona así como tampoco sus instituciones. De ahí que varias de ellas hayan sido expulsadas de algunas provincias del Altiplano en señal de que son ineficientes, pero además porque corrompen y alteran la vida cotidiana al extremo.

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Un breve recuento de este proceso muestra que en las siguientes localidades fueron echados miembros de la Policía, de la Prefectura y de la Alcaldía: - Provincia Omasuyus: Huarina, Santiago de Huata, Achacachi y Warisata - Provincia Los Andes: Puerto Perez y Batallas - Provincia Muñecas: Chuma - Provincia Larecaja: Sorata - Provincia Camacho: Escoma No se ha confirmado si Ayo Ayo seguirá esta ruta, pero la hostilidad con la que los pobladores reciben a periodistas y se refieren a las autoridades hacen suponer que la falta de credibilidad en el Estado y el rechazo a la institucionalidad que lo representa reaviva ciertas formas de justicia comunitaria —no siempre visibles a los ojos citadinos— que con el tiempo van tomando nuevas modalidades de aplicación.

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