“ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL INDEPENDIENTE DEL PROYECTO DE GAS CAMISEA”

Por: Patricia B. Caffrey

Por encargo de las organizaciones indígenas del Perú: Consejo Machiguenga del Rio Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Abril 2002

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CONTENIDO CONTENIDO................................................................................................................. 2 RECONOCIMIENTOS................................................................................................... 3 I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 4 II. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 8 III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA......................................................... 10 A. SISTEMA PARA EL TRANSPORTE DE GAS ...................................................... 10 B. LOTE 88 – EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS ......... 11 IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES ......................................................................... 15 A. LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO 15 1. Introducción:............................................................................................................. 15 2. Acuerdos legales internacionales sobre los derechos indígenas.................................. 17 3. Análisis del estudio de impactos sociales de Pluspetrol ............................................. 19 B. OTROS IMPACTOS SOCIALES ............................................................................ 22 1. Introducción:............................................................................................................. 22 2. Prácticas óptimas y estándares internacionales: ..................................................... 24 3. Observaciones: estudios de impacto ambientales, planes de manejo ambientales y planes para relaciones comunitarias: ............................................................................. 27 C. IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD ..................................................................... 30 1. Introduccion:............................................................................................................ 30 2. Buenas prácticas y estándares internacionales: ......................................................... 33 3. Observaciones: Evaluación del impacto ambiental y los planes de manejo ambientales:.................................................................................................................. 35 V. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DESEADOS.............................................. 42 A. CONCLUSIONES ................................................................................................ 42 B. RESULTADOS DESEADOS................................................................................ 47

3 RECONOCIMIENTOS Muchas personas y sus respectivas organizaciones con un amplio número de experiencias y conocimiento han contribuido y enriquecido esta revisión independiente. Quisiera agradecer a las siguientes personas por su ayuda técnica en el análisis: Janet Lloyd de Amazon Watch; Bahram Jafari, un consultor independiente en el diseño y desarrollo de los proyectos de gas; Amparo Herrera de Perú Verde, una organización no lucrativa con cede en Timpia – Bajo Urubamba; Meche Lu de E-Law; y las comunidades Machiguenga de la Región Urubamba. También quisiera agradecer a las siguientes personas quienes revisaron y añadieron sugerencias para fortalecer el reporte: Juan Carlos Riveros de WWF-Peru, Lily la Torre de Racimos de Ungurahui, y Lelis Rivera de CEDIA. Así mismo agradezco a los antropólogos Conrad Feather, Gregor MacLennan y Lev Michael. Los traductores también merecen un reconocimiento especial for su buen trabajo: Violeta Villacorta, Alex Taylor y Roberto Espejo. Hubieron varias personas quienes estuvieron conmigo durante todo el proceso de la producción del estudio independiente y merecen unas gracias especiales: Cathy Ross, Keith Slack y Javier Aroca de Oxfam America, Atossa Soltani of Amazon Watch, y Jorge Agurto – el Coordinador de este esfuerzo. Finalmente, queremos agradecer a la Alianza Amazónica por su trabajo de coordinación, y a las instituciones Global Green Grants, Oxfam America, Rainforest Action Newtork, y Tropical Nature para su apoyo financiero.

4 I. RESUMEN EJECUTIVO El yacimiento peruano de gas natural de Camisea (Lote 88) y el proyecto del gasoducto será construido en una de las áreas ambientales y sociales más sensitivas del mundo. Camisea, región de gran biodiversidad, alberga a los Machiguenga, Yine, Nanti, y posiblemente a los Kirineri, aparte de otras poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. La Cordillera de Vilcabamba y la Región Baja del Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservación Internacional ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como una de las 25 zonas más importantes del mundo para la conservación dada su riqueza biológica, su alta incidencia de endemismo y su estatus de altamente amenazado. WWF ha designado el Sudoeste Amazónico, que contiene el Bajo Urubamba, como una de sus ecoregiones “Global 200”, ecoregión priorizada para esfuerzos de conservación dada su gran biodiversidad y las funciones ecológicas que realiza y que son de importancia mundial. Esta revisión provee una evaluación independiente de los potenciales impactos sociales y ambientales más significativos del proyecto del yacimiento de gas natural y del gasoducto de Camisea en el Valle del río Urubamba. La evaluación enfoca su particular atención al análisis de las preocupaciones de las organizaciones de los pueblos indígenas y de las organizaciones ambientales y de desarrollo, internacionales y nacionales, que trabajan para apoyar a los pueblos indígenas en el área. La revisión ha sido supervisada por un consorcio de organizaciones interesadas (Grupo de Interés) por encargo de las organizaciones indígenas peruanas: el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y con apoyo de las organizaciones cooperantes – Amazon Watch, Oxfam América y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica fue llevada a cabo por un grupo independiente de expertos que trabajaron cercanamente con el grupo de interés y los participantes locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos fueron consultores independientes y a ellos se sumó el input voluntario de expertos de las siguientes organizaciones – Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, AIDESEP, WWF-Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam América, Perú Verde, ELAW Perú y Amazon Watch. Los expertos técnicos revisaron la actual Evaluación de Impacto Ambiental, los Planes de Manejo Ambientales, la Evaluación de Biodiversidad y otros documentos relacionados al proyecto clave, tanto para los proyectos producción “upstream” como transporte o “downstream”. Esos documentos fueron comparados con: (a) documentos similares preparados por el consorcio de Camisea liderado por Shell desde 1996-1998 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) otros documentos similares. El análisis preliminar se presentó, se discutió y se concluyó durante una serie de talleres llevados a cabo con los participantes interesados del Valle del río Urubamba. Dos consorcios implementarán el proyecto del Gas de Camisea. La parte del proyecto de transporte, será implementada por la Transportadora del Gas del Perú (TGP) – un consorcio de varias compañías: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (USA), Corporación SK (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina – operador principal del

5 proyecto y subsidiaria de Techint). Las principales características de la parte de transporte del proyecto son: • Gasoducto – dos gasoductos que serán enterrados uno al lado del otro (gas natural y gas natural líquido), a lo largo de 700 kilómetros que principian en los bosques tropicales bajos y terminan en la costa (25 metros de ancho del derecho de vía – ROW). Dichos gasoductos tendrán la capacidad de transportar 250 millones de pies cúbicos de gas natural al día y 70,000 barriles de LNG al día. • Estaciones de bombeo y de presión: dos estaciones de bombeo en la área sensitiva de bosque tropical. • Dos campamentos que albergarán entre 500 y 1,000 trabajadores serán establecidos en el área sensitiva del bosque tropical. Pluspetrol (Argentina- principal operador), Hunt Oil (U.S.A), SK CORPORATION (Corea) e Hidrocarburos Andino S.A.C. (Perú) implementarán la parte de exploración y extracción del proyecto que se llevará a cabo en el Lote 88. Las principales características de esta parte del proyecto son: • Pruebas sísmicas – caminos de 1.5 metros de ancho serán abiertos aproximadamente cada 300 metros, norte-sur y este-oeste, y producirán explosiones en un área de 800 kilómetros cuadrados, 66 helipuertos y varios campamentos ocuparán 8.5 hectáreas y habrá 6,400 zonas de descarga que ocuparán 23 hectáreas. • Extracción – plataformas y pozos. Actualmente hay 4 plataformas (1 a 3 hectáreas) y 12 pozos, pero 9 pozos serán agregados en el futuro. • Transporte – la red del gasoducto entre las plataformas y la planta de procesamiento dentro del Lote 88, 64 kilómetros, 25 metros ROW. • En Las Malvinas: una planta de separación y condensación de gas, infraestructura relacionada, carretera de aterrizaje, instalaciones portuarias, tanques de almacenamiento y un campamento que albergará entre 500 y 1000 trabajadores. El área de las instalaciones abarcará 72 hectáreas. El análisis, las observaciones y las conclusiones de este informe son detalladas y extensas. Las principales observaciones y recomendaciones son las siguientes: Impactos negativos irreversibles y cumplimiento: El proyecto tendrá impactos negativos irreversibles en la biodiversidad de esta área y en los grupos indígenas que viven aislados a pesar de la implementación de las medidas atenuadoras más estrictas. Adicionalmente, hay preocupación de que aún si el consorcio planease medidas más estrictas, en realidad las compañías no las respetarían ni las cumplirían dentro de sus planes y metas. No existen incentivos financieros ni una aplicación estricta para asegurar el cumplimiento de los planes a lo largo de la vida del proyecto. La capacidad del gobierno peruano para aplicar el cumplimiento es muy débil. Ninguna de las compañías involucradas en el consorcio tiene una historia de aplicar las mejores prácticas ambientales y sociales. En el caso de TGP, las metas atenuadoras y las medidas son deficientes. Los planes del proyecto no incluyen un

6 proceso de monitoreo verdaderamente independiente y transparente y carece de mecanismos para asegurar una supervisión independiente técnica y consultora. Ninguno de los componentes del proyecto satisface los estándares del Banco Mundial. La exploración, la extracción y las actividades del transporte destruirán bosques tropicales húmedos primarios y conllevarán a la degradación y conversión de los hábitats naturales críticos. Es deficiente el análisis especial de los impactos sobre los grupos indígenas – particularmente el análisis sobre aquellos que están viviendo en aislamiento voluntario. No existen planes para atenuar y prevenir los impactos negativos a estos grupos. Ambas compañías violan la Convención Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A los participantes locales no se les dio información adecuada ni tiempo suficiente para estudiar y contestar al EIA. Las actuales negociaciones de compensación y prácticas no permiten una toma de decisiones libre e informada de parte de los grupos indígenas. Ellos no han estado involucrados en la toma de decisiones sobre temas que los van a afectar. Reconocimiento de impactos inducidos y control de acceso Ambos EIA incluyen extensas secciones para el análisis de impactos directos potenciales. No obstante, el análisis de impactos inducidos indirectos y las medidas de manejo ambiental correspondientes para atenuarlos son deficientes. Los EIA para el componente producción o “upstream” no analiza el impacto inducido indirecto. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental es débil cuando se trata de medidas para prevenir o atenuar impactos inducidos. El EIA para el componente transporte o “downstream” no reconoce los impactos inducidos directos; por lo tanto, el plan de manejo ambiental no los considera. Ambos componentes fueron estudiados en forma separada para que no haya reconocimiento del impacto combinado de ambos componentes. Por ejemplo, Pluspetrol planea prohibir la construcción de carreteras para bloquear el acceso. Sin embargo, no se hace mención el hecho que el otro componente, el gasoducto, abrirá acceso a la Cordillera del Vilcabamba, al Bajo Urubamba y al Lote 88. Para un proyecto tan complejo que será implementado en un área extremadamente sensitiva, éste es un defecto significativo. Las comunidades locales y los grupos de derechos humanos y conservación están muy preocupados sobre los temas de impacto indirecto, como la facilitación del acceso que conllevará al incremento de la colonización, a la deforestación, a la degradación ambiental, a riesgos para la salud, a la pérdida de integridad cultural y a conflictos sociales. A las compañías se les debe requerir la implementación de medidas para controlar el acceso. Relaciones con la comunidad Las relaciones de las compañías con los participantes locales son problemáticas. Aunque algunas de las consultas iniciales caminaron bien – especialmente aquellas conducidas por ERM, el involucramiento público en las revisiones del EIA ha sido sumamente inadecuado. Las empresas no han tomado en cuenta las sugerencias de las comunidades Machiguengas en el diseño del proyecto, en los planes de manejo ambiental ni en las medidas de compensación propuestas. Las prácticas de negociación de compensaciones han resultado en la división, confusión y el debilitamiento de la comunidad Machiguenga. Las compañías han negociado y están negociando exclusivamente bajo sus propias

7 condiciones y por eso las comunidades encaran tener que negociar temas relacionados con una o tres compañías diferentes. No ha habido ningún esfuerzo para integrar el enfoque entre las compañías. Diferentes “negocios” son presentados a cada comunidad, lo que a las comunidades les parece ser un proceso caótico y divisionista que tampoco atiende sus preocupaciones. Como resultado, dicho proceso está generando falta de confianza entre las compañías y la población local. Las comunidades locales están muy conscientes de los potenciales problemas sociales y ambientales y se dan cuenta que las negociaciones de compensación divididas y parciales no atienden estos temas. Las compañías necesitan combinar esfuerzos y recursos para trabajar con las comunidades y atender sus preocupaciones regionales en forma efectiva e integral. La compañía debería trabajar colectivamente con las comunidades – no individualmente. Pueblos indígenas que viven en aislamiento La magnitud del proyecto del Gas de Camisea exige una evaluación minuciosa y precisa de las necesidades y la voluntad de los pueblos que viven en aislamiento voluntario y un análisis riguroso y completo de los impactos del proyecto en sus vidas. Los métodos propuestos para reducir los impactos sociales en los pueblos aislados son muy deficientes. Además, es necesario enfatizar que el mejoramiento de dichos métodos solo reduciría parcialmente los riesgos sustanciales que presenta el proyecto de causar serios impactos sociales en los pueblos indígenas aislados. Los Nanti, los Nahua y los Kirineri serán afectados de diversas formas y en diferentes grados. El Proyecto del Gas de Camisea viola repetidamente los derechos reconocidos internacionalmente de los pueblos indígenas que viven aislados como seres humanos y como pueblos indígenas. Aunque las compañías desaprueben el contacto con estos pueblos, es muy probable que a lo largo de los 33 años durante los cuáles se implementará el proyecto, dicho contacto tomará lugar, aún contra la voluntad de algunos de estos grupos. Los límites de la Reserva del Estado a favor de las poblaciones nativas Nómade Kugapakori y Nahua no han sido respetados al permitir la exploración y la extracción de gas dentro de la Reserva. Tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica se llevarán a cabo en la Reserva. Respetar los límites de la Reserva y los derechos de los pueblos aislados significaría prohibir el desarrollo de tres de las plataformas (Cashiriari 1 y 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica en forma tal que no se lleve a cabo en la Reserva. Finalmente, ningún mecanismo de supervisión independiente ha sido propuesto para asegurar el desarrollo adecuado de medidas y el estricto cumplimiento de las políticas de las compañías, el código de conducta y los planes de contingencia relacionados a las poblaciones indígenas que viven aisladas. Seguridad en las comunidades locales Las comunidades locales nunca han estado tan expuestas a un proyecto industrial y se debería tener mucho cuidado para proteger su salud y seguridad. Durante los talleres que llevamos a cabo en el área, las comunidades locales expresaron un alto nivel de entendimiento y preocupación sobre los riesgos potenciales en salud y seguridad. Es muy probable que el proceso de consultas EIA contribuya a esta conciencia. Por otro lado, a pesar de lo meticuloso del análisis de consulta, el diseño del proyecto y los planes no han considerado varias preocupaciones locales principales. El diseño actual instala el gasoducto peligrosamente cerca de las poblaciones humanas y estructuras civiles. Los

8 campamentos de los trabajadores presentarán una intrusión significativa en la población nativa local. Ellos presentan una seria amenaza potencial a la salud y a la cultura de los pueblos locales. Cualquier relación entre los trabajadores y las comunidades locales conllevaría a impactos sociales negativos. II. INTRODUCCIÓN El yacimiento peruano de gas natural de Camisea (Lote 88) y el proyecto del gasoducto será construido en una de las áreas ambientales y sociales más sensitivas del mundo. Camisea, que es una región de gran biodiversidad, es el hogar de los Machiguenga, los Yine, los Nanti y los Nahua, incluyendo las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas en el área del proyecto están sumamente preocupados por los impactos potenciales del proyecto sobre su ambiente natural y su habilidad para vivir de ella. La forma de vida de esta población está íntimamente vinculada al hábitat del bosque natural y al agua de los rios que fluyen de las laderas andinas orientales y de la cuenca del río Amazonas en la que viven. La degradación o conversión de estos hábitats naturales alterarían de manera significativa la forma en que obtienen el sustento diario, su salud y su forma de vida. Por esta razón, han solicitado asistencia internacional para revisar los documentos sobre el impacto ambiental relacionado al proyecto preparado para los dos miembros del consorcio, Pluspetrol (producción o “upstream”) y TGP (transporte o “downstream”). La revisión busca fortalecer los esfuerzos de los participantes locales para garantizar que los impactos serios relacionados al proyecto sean atendidos dentro de los procesos administrativos ambientales que se van a establecer. La Cordillera de Vilcabamba y la Región Baja del Urubamba son áreas de importancia ecológica mundial. Conservación Internacional ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como una de las veinticinco zonas más importantes para su conservación dada su riqueza biológica, su alta incidencia de endemismo y su estatus de región altamente amenazada1. El Fondo Mundial de la Naturaleza (World Wildlife Fund-WWF) ha designado el Sudoeste del Amazonas, que contiene el Bajo Urubamba, como una de sus ecoregiones “Global 200” priorizadas para esfuerzos de conservación dada su alta biodiversidad y sus funciones ecológicas de importancia mundial.2 Una rápida evaluación ecológica producida por el Instituto Smithsonian y Conservación Internacional confirma que la Cordillera de Vilcabamba es una región de biodiversidad de importancia mundial y recomienda que los gasoductos la circunden, que la construcción de carreteras sean prohibidas y la inmigración al área sea controlada.3 Una serie de estudios de biodiversidad en la Región Baja del Urubamba conducidos por el Instituto Smithsonian declaran que hay pocas áreas vírgenes e intactas en el planeta; vírgenes de toda actividad humana y con su complemento completo de biodiversidad, como el Bajo Urubamba. Continúa diciendo que los bosques de transición del Bajo Urubamba están entre los más biológicamente diversos en el mundo.4 Dada la naturaleza social y ecológica altamente sensitiva de estas áreas, los participantes locales esperan que los procesos y las protecciones propuestas satisfagan al menos los estándares establecidos por el líder del anterior consorcio de Camisea, Royal Dutch Shell,

9 y por el Banco Mundial. La Evaluación de Impacto Ambiental (Environmental Impact Assessment – EIA) original conducido por Shell Oil indica que el yacimiento de gas de Camisea y el proyecto del gasoducto podrían causar la pérdida de recursos alimenticios, la pérdida del hábitat y la biodiversidad, la contaminación del suministro de agua potable y un incremento en la incidencia de enfermedades.5 Cuando Shell Oil condujo una exploración preliminar en la región en la década de los 80, el 42% de la población Nahua murió como consecuencia de enfermedades que contrajeron de los madereros (Shepard, 1999: 38). Los madereros utilizaron los caminos de la prospección sísmica para penetrar profundamente en el bosque. Antes de eventualmente retirarse de este proyecto, Shell se comprometió a minimizar los impactos del proyecto sobre la biodiversidad y sobre las comunidades locales de la región. Esta revisión ofrece una evaluación independiente de los potenciales impactos sociales y ambientales más significativos del yacimiento de gas natural de Camisea y el proyecto de gasoducto sobre el Valle del río Urubamba. La evaluación presta mucha atención al análisis de las preocupaciones de las organizaciones de los pueblos indígenas locales La revisión estuvo supervisada por un consorcio de organizaciones interesadas (Grupo de Interés) por encargo de las organizaciones indígenas peruanas: el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y con apoyo de las organizaciones de cooperación – Amazon Watch, Oxfam America y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA). La revisión técnica se llevó a cabo por un grupo de expertos independientes que trabajaron de cerca con el grupo de interés y los participantes locales para investigar, analizar y finalizar este informe. Los expertos técnicos incluyeron consultores independientes además del input voluntario de expertos de las siguientes organizaciones – Racimos de Ungurahui, AIDESEP, WWF Perú, COMARU, CEDIA, Oxfam America, Perú Verde, ELAW Perú, y Amazon Watch. Los expertos técnicos revisaron el actual EIA, los Planes de Manejo Ambientales, las evaluaciones de biodiversidad y otros documentos claves relacionados al proyecto, tanto para los proyectos de producción o “upstream” como transporte o “downstream”. Esos documentos fueron comparados con (a) documentos similares preparados para el consorcio de Camisea liderado por Shell de 1996 a 1998 y (b) estándares relevantes del Banco Mundial y (c) documentos similares y prácticas todavía actuales en los proyectos de gasoductos entre Bolivia/Brasil y Bolivia/Cuiaba, incluyendo el sistema de monitoreo independiente, el plan de desarrollo de los pueblos indígenas, los planes de manejo ambientales y los programas para compensar la pérdida de la biodiversidad. El análisis preliminar fue presentado, discutido y finalizado durante una serie de talleres que se llevaron a cabo con los representantes de las comunidades indígenas y participantes interesados del Valle del río Urubamba. Este documento presenta breves descripciones del proyecto, el análisis técnico, los resultados deseados y recomendaciones. Muchas personas interesadas e instituciones invirtieron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para preparar esta evaluación independiente y es su sincero deseo que los auspiciadores y administradores del proyecto del gas de Camisea utilicen el

10 informe para obtener los resultados deseados. La evaluación servirá de guía a las comunidades de base para evaluar las prácticas y el rendimiento de aquellos que implementarán el proyecto y, en último lugar, el impacto del proyecto en sus vidas y en su supervivencia cultural. III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MAPA A. SISTEMA PARA EL TRANSPORTE DE GAS 6 El Proyecto será implementado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) – un consorcio de varias compañías: Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (EE UU), SK Corporation (Corea), Sonatrach (Argelia), G y M (Perú) y Tecgas (Argentina – operador del Proyecto y subsidiaria de Techint). Tres contratos de 33 años fueron firmados con el Gobierno del Perú el 9 de diciembre, 2000: 1) un contrato para construir, poseer, operar y transferir (BOOT – Build, Own, Operate, Transfer); 2) un contrato para BOOT de gas líquido natural a través del gasoducto de Camisea (Las Malvinas) a la costa del Perú (Lurín) y 3) un contrato para BOOT de distribución de gas natural a través de los gasoductos en Lima y Callao. TGP es responsable por el diseño, la administración de bienes y servicios, la construcción y operación del sistema de transporte de gas, el arriendo de servicios de transporte y mantenimiento y el reparo del sistema. El costo estimado del Proyecto es de US $ 1,450 millones. El gasoducto de gas natural será aproximadamente de 700 kilómetros de largo y el “poliducto” para transportar gas natural líquido será de 650 kilómetros. Los dos empezaran en Las Malvinas, en Camisea. El gasoducto de gas natural terminará a la entrada de la ciudad de Lima y el gasoducto de gas natural líquido terminará en Pampa Clarita en Cañete. El Proyecto está diseñado para transportar 76.2 millones de metros cúbicos de gas natural diarios y 70,000 barriles de gas natural líquido diarios. Sin embargo, el uso inicial será de aproximadamente unos 38.1 millones de metros cúbicos de gas natural diarios. El diámetro del gasoducto de gas natural variará de 45.72 cm, 60.96 cm, 81.28 cm; y el “poliducto” variará de 35.56 cm, 32.39 cm, 27.31 cm, y 22.1 cm. Los dos gasoductos serán enterrados a lo largo de toda la ruta. La profundidad de donde los gasoductos serán enterrados se determinará dependiendo de las características del suelo. Por ejemplo, en los cruces de vías estos serán enterrados a dos metros, sin embargo a lo largo de la mayor parte de la ruta serán enterrados a una profundidad de 6 a .9 metros. Los gasoductos cruzarán treinta valles y ríos empinados y los cruces por lo general se construirán convencionalmente, con la excepción probable de los Ríos Urubamba y Apurimac, lo cual podría involucrar una construcción a través de perforaciones horizontales guiadas. Pueda que el Río Acocro requiera un cruce aéreo. Un derecho de vía de 24 metros de ancho será despejado para el gasoducto con la excepción de una posible reducción de 15 metros cuando pasa por cuatro áreas de sensibilidad ecológica (Vol. I R, pg. 64). El Proyecto también incluirá la siguiente infraestructura como parte del sistema de transporte: Para transportar gas natural:

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2 estaciones para controlar la presión en el kilómetro 0 y kilómetro 482 1 raspador de lanzamiento (launching scraper) en Las Malvinas, 1 “pig” receptor en Lurín y “pigs” raspadores (scraper pigs) intermediarios cada 140 kilómetros 27 válvulas reguladoras, cada 35 kilómetros 4 gasoductos alimentadores (feeder pipelines) para proveer gas natural y generar electricidad en las estaciones de bombeo de gas natural líquido en los kilómetros 0, 70, 173 y 199. Para transportar gas natural líquido: Una estación de bombeo inicial en el kilómetro 0. 3 estaciones de bombeo intermediarios en los kilómetros 70, 173, y 199. 2 estaciones de reducción de presión en los kilómetros 421 y 482. 1 “pig” raspador de lanzamiento (launching scraper pig) en Las Malvinas y 1 “pig” receptor en Pampa Clarita y 7 “pigs” raspadores intermediarios (intermediary scraper pigs). 18 válvulas y estaciones reguladoras, aproximadamente a cada 30 kilómetros. Otra infraestructura relacionada: Un sistema SCADA - un sistema de control central computarizado que vigila y avisa de cambios de presión por todo el sistema de ductos. 11 asentamientos temporarios - cada uno cubre 40,000-60,000 metros cuadrados. La construcción de vías de acceso y el mejoramiento de vías existentes (el EIA no indica donde). La construcción de estaciones de helicópteros (el EIA no indica donde). B. LOTE 88 – EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE GAS7 El proyecto será implementado por un consorcio de compañías compuesto por Pluspetrol (Argentina – operador mayor), Hunt Oil (USA), SK Corporation (Corea) e Hidrocarburos Andinos S.A.C (Perú). Después de seguir una licitación pública, el contrato fue otorgado a estas compañías por el Gobierno peruano el 9 de diciembre de 2000. El contrato estipula que se debería llevar gas a Lima alrededor de agosto de 2004. El proyecto involucrará el desarrollo de cuatro yacimientos de perforación en cuatro plataformas ya existentes ( San Martín 1 & 3, Cashiriari 1 & 3 – previamente construidas por Shell Int.), la construcción de una planta de separación y condensación (la planta y otras facilidades relacionadas ocuparán 72 hectáreas) en Las Malvinas, instalación y operación de una red de gasoductos desde las plataformas hasta la planta (64 km.) y una prospección sísmica 3D de un área de 800 kilómetros cuadrados. El proyecto se ubicará en la Amazonia peruana, cerca del Río Camisea aproximadamente a 20 km. de la ribera derecha del Río Urubamba. El área no se encuentra desarrollada y se le reconoce por su alta biodiversidad. Hay pueblos nativos en el área – algunos asentados y otros nómadas. Una breve descripción de cada componente se encuentra a continuación:

12 Mapa del Area del Proyecto

13 Prospección sísmica 3D: El transporte para la prospección será por helicóptero. Un campamento base (2 hectáreas) que será ubicado temporalmente en Las Malvinas cerca del Río Urubamba con una capacidad para 100 personas, incluirá alojamiento, oficinas, talleres, generador, helipuerto, puerto ribereño y otra infraestructura relacionada. También se construirán temporalmente tres bases subsidiarias en el área, donde cada una ocupará aproximadamente 0.05 hectáreas según el estudio. Campamentos errantes, los cuales acomodarán de 20 a 40 personas, se quedarán en las bases subsidiarias (principalmente cerca de las plataformas) y otras áreas cuando sea necesario ocupando un área de 0.04 hectáreas. Líneas receptoras (1.5 m. de ancho) serán abiertas de Norte a Sur cada 300 m. y líneas de origen serán abiertas de Este a Oeste cada 400 m. Equipos de perforación de aproximadamente 20 personas perforarán cavidades de explosión (7.62 cm. x 15 m.) y detonarán explosivos a lo largo de las líneas de origen con equipo portátil. Equipos de registro de aproximadamente 150 a 200 personas archivarán los resultados a lo largo de las líneas receptoras. La inspección también incluirá 50 pruebas de velocidad, las cuales implican la perforación y explosión de cavidades de 60 metros de profundidad por toda el área. Un helipuerto (70 m. x 50 m.) será construido por cada 4 km. y 2.5 zonas de descarga (6 m. x 6 m.) serán despejadas y construidas por cada kilómetro cuadrado. Todas las líneas, helipuertos y campamentos errantes serán limpiados, restituidos y nuevamente restaurarán la vegetación. Construcción y operación de perforación: San Martín 1 (SM1) & 3 (SM3) y Cashiriari 1 (CR1) & 3 (CR3): Se proyecta que 21 pozos serán desarrollados en los dos yacimientos – San Martín y Cashiriari. El desarrollo inicial incluirá 12 pozos. Se prevén 4 pozos de inyección de gas para re-inyección de gas. El EIA trata con el desarrollo de cuatro yacimientos de perforación (grupos) en cuatro plataformas existentes: San Martín 1 & 3 y Cashiriari 1 & 3. Despejes que incluyen las plataformas cubrirán 1 a 3 hectáreas – espacio suficiente para la plataforma, alojamiento, fosos de lodo, almacenamiento de agua, otros desechos, áreas de tratamiento y almacenamiento químico y de equipo, y áreas de aterrizaje y despegue de helicópteros. Vías serán construidas para transportar entre pozos y no serán construidos externamente. Equipos de transporte pesado y de perforación serán transportados por barcaza y/o helicóptero hasta el yacimiento. Sustancias químicas usadas para perforar serán empacadas, transportadas y almacenadas en fosos del yacimiento. Un sistema de circuito cerrado de drenaje y contención será usado durante las operaciones de perforación. La campaña previa de perforación no ayudó a identificar el mejor medio para efectuar el tratamiento de lodo y efluentes y diferentes problemas fueron encontrados, por lo tanto las opciones tienen que ser mejor exploradas para cada uno de los yacimientos. La profundidad de los pozos variarán de 100 m. a 2,800 m. con diámetros variando de 21.59 cm. a 66 cm. Planta de tratamiento de gas de Las Malvinas:

14 La planta se ubicará en la ribera derecha del Río Urubamba, aproximadamente a 50 kilómetros de los yacimientos de producción. La planta incluirá una facilidad de compresión de agua donde la turbo-expansión enfriará, condensará y últimamente separará el gas natural líquido (LGN) del gas natural. El LGN será almacenado en tanques cilíndricos horizontales y después serán transportados vía gasoductos a Pampa Clarita. La planta producirá inicialmente 11.3 MM m3 por día y 165 m3 de LGN por hora que se expandirá eventualmente a 22.6 MM m3 por día y 330 m3 de LGN por hora. Se estima que la planta de energía producirá 140,000 HP para el año 2005. La instalación también incluirá una carretera de aterrizaje (1,800 m.), un helipuerto, un malecón, vías, talleres, alojamiento, estación de combustible, servicios auxiliares, sistema para combatir fuegos, oficinas, y un sistema de luz que ocupará 72 hectáreas. Se estima que 500 personas tomarán parte en la fase de construcción y 100 en la fase de operación. Equipo y materiales de construcción serán traídos por barcaza y arena y roca serán obtenidas de la ribera del río. La planta incluirá las siguientes unidades: separador de líquidos, estabilizador de condensado, deshidratación por medio de un biombo molecular y un sistema de glicol, criogénicos por medio de la turbo-expansión, venta y compresión de inyección, instalaciones de bombeo y almacenamiento de LGN condensado, y doce unidades de servicios generales (sistema de ventilación de antorcha, sistema para combatir fuegos, sistema de agua, sistema de aire comprimido, almacenamiento de combustible / lubricante, sistema de inyección química y sistema de inyección diesel). Sistema de gas y transporte de LGN: Un sistema de tubería de gas construido en acero de carbón o de un metal aleado resistente a la corrosión (Cr13 acero de carbón) será construido a lo largo de una red de 64 km. para transportar el gas desde los yacimientos de perforación a la Planta en Las Malvinas que incluye un sistema de re-inyección que re-inyectará gas desde la Planta a los yacimientos. Se usará un sistema de inyección continua para prevenir la corrosión en el sistema de tuberías. El diseño incluye tres líneas: gas, gas líquido, y gas re-inyectado. La altura del sistema de colección variará de 425 a 650 metros. Las líneas irán de SM3 a SM1 y de CR3 a CR1 y después que las líneas recorran unos 6.1 a 14.7 km. respectivamente se juntarán en la línea central, la cual recorrerá 16.3 km. a la Planta de Malvinas. El diámetro externo de la tubería variará del yacimiento inicial al segundo yacimiento a la línea central y de la línea central a la Planta, respectivamente: 40.64 cm, 50.8 / 60.96 cm, 71.12 cm para la tubería de gas; 11.43 cm, 16.8275 cm, 21.9075 cm para la tubería de gas líquido; y 21.9075 cm, 27.305 cm a 40.64 cm para la tubería de reinyección de gas. El mantenimiento de la línea incluirá “pigging”, limpieza de las bandejas (trays) de goteo, eliminación de líquidos del sistema de drenaje y colador (strainer) de ventilación, mantenimiento de los impulsores y las válvulas de las tuberías, sistema de protección catódica, pintura y vegetación a lo largo del derecho de vía. Se instalarán “intelligent pigs” en las coyunturas del tubo donde la anchura cambia, se lanzarán raspadores periódicamente y se instalarán válvulas de bloqueo y retención. El ancho del derecho de vía será despejado a un máximo de 25 metros y el derecho de vía se utilizará para transportar gente, equipo, y construcción. La profundidad y el ancho de las zanjas donde se enterraran los tubos variarán y cumplirá con los Estándares de ASME B31.8.

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IV. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES A. LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO 1. Introducción: El proyecto de desarrollo de gas Camisea impactará a tres pueblos indígenas que se sabe que viven en aislamiento voluntario dentro de la Reserva Nahua Kugapakori en la región de Camisea. Cada uno de estos pueblos tiene su propia identidad, lenguaje, cultura, prácticas socio-económicas y territorios geográficos. Basado en la documentación de la ONG CEDIA, el EIA de Pluspetrol declara que hay 450 Yora (Nahua) y 950 Nanti (Kugapakori) en la Reserva aunque estas cifras son consideradas aproximaciones. Estos pueblos y grupos de familias son diferentes y tienen diferentes grados de contacto, pero todos prefieren vivir en aislamiento. Aunque muchos de los Yora y Nanti viven en asentamientos estables y tienen contacto frecuente con trabajadores de salud, misionarios y antropólogos, tienen estado semi-contactado, ya que ellos continúan evitando el contacto generalizado con el mundo externo. Además, ellos continúan sustentándose casi completamente con recursos naturales que se hallan por todo su territorio, y emigran en diferentes grados cada estación para tener acceso al surtido completo de recursos necesarios para su supervivencia. Cada uno será afectado en distintos grados y de diferentes formas por el desarrollo del proyecto de gas según su ubicación dentro de la Reserva. Aunque se encuentren semi-contactados o no-contactados, estos tres pueblos serán afectados por el proyecto de gas Camisea debido a la reducción de la base de sus recursos naturales de los que ellos dependen para sobrevivir y debido a otros impactos que se exploran debajo. La Reserva Nahua Kugapakori, creada en 1989, cubre unas 443,000 hectáreas. La Reserva se demarcó para garantizar el territorio de los pueblos indígenas que como los Nahua y Nanti se encontraban en situación de aislamiento y en contacto inicial, y para protegerlos contra las perturbaciones de actores externos. Los territorios específicos para cada uno de los dos pueblos Nahua y Nanti no fueron demarcados separadamente dentro de la Reserva. Sin embargo, en concordancia con el Convenio 169 y de acuerdo a la Ley de Comunidades Nativas, se les otorgará los títulos de propiedad una vez que se defina una de las 2 situaciones siguientes: si la población ha adquirido carácter sedentario, o si realizan migraciones estacionales. Los Nahua (o los Yora, como ellos se autodenominan) son recolectores y cazadores que viven en las regiones cabeceras de los Ríos Mishagua y Sepahua, la cuenca del Bajo Urubamba y a lo largo de algunos tributarios del Río Manú en la cuenca de Madre de Dios. La necesidad de evitar enfermedades y la esclavitud que trajo el principio del siglo veinte bajo el auge del caucho concentró a las poblaciones Nahua alrededor de estas cabeceras remotas. Aunque los Yora viven en aislamiento voluntario, la competencia por recursos naturales los empujó al contacto con otros pueblos indígenas, madereros, comerciantes y representantes de compañías petroleras. Después de contactarse con

16 trabajadores de madereras y petroleras en 1984, el 42% de la población murió debido a enfermedades respiratorias introducidas en la región (Shepard, 1999: 38). Los Yora son indígenas cazadores recolectores de zonas interfluviales desde tiempos inmemoriales entre las cabeceras de los ríos Mishagua, Sepahua y en la cuenca del Bajo Urubamba y algunos afluentes del Manu en la cuenca del Madre de Dios. Los investigadores estiman que entre 220 y 250 Yoras semi-contactados viven en un asentamiento en Serjali, migrando entre la cabecera del Serjali y Caspajali; ambos dentro de la de la confluencia de los ríos Mishagua y Serjali. Hay desacuerdo sobre la presencia de grupos de Yora más alla del asentamiento, pero algunos investigadores argumentan que un número pequeño de ellos vive en aislamiento total emigrando alrededor de las cabeceras Serjali y Caspajali dentro de la Reserva Nahua Kugapakori. Los Nanti (mal llamados Kugapakori – “asesinos” – por la sociedad occidental), están ubicados en la parte alta del Río Camisea y pertenecen al grupo etnolinguístico Arawak. Son unas 250 personas quienes migraron al área en la década de 1950 después de los conflictos entre comunidades en la región de Timpia. Desde fines de la década de 1980, miembros y familias Nanti han sido contactados gradualmente por otras comunidades indígenas como los Machiguenga, y más recientemente por un pequeño número de misioneros, empleados de salud y educación, y científicos sociales. A mediados de los años noventa, aproximadamente 220 Nanti se instalaron en dos comunidades, Malanksiá (también conocida por los Machiguenga como Marankiato) y Montetoni. De acuerdo a algunos observadores, un gran número de los 600 miembros de los semi-nómadas Nanti viven en aislamiento total en grupos familiares pequeños pero numerosos, principalmente a lo largo de los ríos Timpia y Ticumpinía. Algunos investigadores estiman que la población total Nanti llega a unas 800 personas. No hay acuerdo absoluto entre los investigadores acerca de su número y origen, sin embargo se considera que el pueblo Kirineri vive en aislamiento casi total a lo alto de los ríos Paquiria y Serjali. (El término “Kirineri” es una palabra Machiguenga similar a “Kugapakori” término despectivo que significa “salvaje o asesinos”), que es como han sido llamado los Nantis antes que se autodenominaran Nanti (gente buena). Un conocimiento limitado sugiere que son un pueblo Arawak, posiblemente de origen Machiguenga y que está compuesto de unos 200 miembros. Existe evidencia que sugiere que los Kirineri han estado presentes en la región por décadas, y algunos han tenido contacto esporádico con las comunidades Machiguenga. Además, los investigadores han notado que existen grupos pequeños de pueblos Machiguenga y/o Nanti en aislamiento total en la región comprendida entre los ríos Timpía y Ticumpinia, en el interior del Santuario Nacional Machiguenga Megantoni. Dicho santuario está a punto de aprobarse Los pueblos aislados de Camisea actualmente controlan el alcance y naturaleza de su interacción con el mundo externo y han decidido tener contacto mínimo. El tema de control sobre el contacto es de mayor importancia. Todas las culturas cambian y evolucionan – los pueblos aislados no son culturas “pre-modernas congeladas en el tiempo”. No son “víctimas” pasivas de fuerzas más grandes. Capaces de formar su propia participación en sociedades amplias y su economía, los pueblos en aislamiento voluntario administran activamente el paso del cambio dentro de sus culturas.

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Mientras ellos subsisten del bosque casi totalmente, algunos Yora y Nanti en contacto inicial toman parte en la economía del mercado al vender voluntariamente productos del bosque para adquirir medicinas, motores de lancha y otros productos. La adquisición de productos no-indígenas puede fortalecer su posición social y económica en cuanto al mundo externo y no se debe malinterpretar únicamente como una disolución de su ‘tradición’. Sin embargo, cuando el mundo externo comienza a penetrar agresivamente en sus territorios, reduciendo de esa forma las fuentes de sus recursos naturales, el paso del cambio socio-económico se descontrola, dejando a los pueblos aislados sufriendo los efectos de la dislocación cultural y otros problemas sociales visibles, como la introducción de enfermedades y malnutrición. Es claro que el proyecto de desarrollo de gas Camisea traerá tales consecuencias. En el centro de cualquier análisis de impactos sociales del proyecto de desarrollo de gas Camisea se encuentra el problema de la distribución desigual (entre las compañías multinacionales de energía, el gobierno peruano y los pueblos que viven en aislamiento voluntario) del poder político y recursos económicos. Estos pueblos se encuentran excluidos de los procesos políticos de la nación. No existe la presencia estatal en sus vidas. Mientras tanto, la influencia política y económica de las compañías de energía que dirigen el avance del proyecto Camisea es inmensa. A pesar de su remota ubicación, esos pueblos son parte de una dinámica política y económica amplia que configura la región de Camisea y la economía global del Perú. Premeditadamente o no, frecuentemente los foráneos que se contactan con pueblos aislados buscan usarlos para promover sus propias agendas. Las desigualdades fundamentales (que son la base de las experiencias de los pueblos aislados en esta amplia dinámica) se complican con la presencia de las compañías de energía. Cuando discuten los precios de sus productos forestales con mestizos locales, los miembros de los grupos en contacto inicial experimentan mayores desventajas. La desigualdad de poder se intensifica cuando discuten con los representantes de las compañías los impactos del proyecto de gas Camisea. El análisis de los impactos sociales del proyecto de desarrollo de gas Camisea sobre los pueblos que viven en aislamiento voluntario contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental de Pluspetrol Perú SA está basado en esta penetrante desigualdad de poder. Las deficiencias de los dos EIA en evaluar y señalar los impactos potenciales de las operaciones de producción y transporte de gas, sobre los pueblos aislados de la región, viola sus derechos humanos e indígenas, tal y como están contenidos en las normas internacionales. 2. Acuerdos legales internacionales sobre los derechos indígenas Considerando los derechos históricos de los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (ILO – International Labour Organization) tiene un instrumento

18 obligatorio exclusivamente enfocado en los derechos indígenas: la la Convención 169 de 1989.8 Un borrador más comprensivo y progresivo de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), el cuál se está discutiendo actualmente ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (UN Human Rights Commission) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas (UN Working Group on Indigenous Populations). Todavía falta ratificar el borrador de la Declaración. Sin embargo, en conclusión, estos pueblos pueden afirmar sus derechos legalmente para vivir de acuerdo con sus propias culturas y mantener su forma de vida; para participar completamente en las decisiones de sus pueblos; para dar consentimiento libre e informado; para aplicar e imponer leyes usuales; para representarse a sí mismos por medio de sus propias autoridades e instituciones tradicionales; para ser dueños de sus tierras comunales ancestrales y poder controlarlas y administrarlas (véase la sección B2 para un debate mas amplio del reconocimiento de los derechos indígenas en la ley internacional). Aún así, la legislación internacional no toma en cuenta todos los derechos únicos de los pueblos semi-contactados y no-contactados. Reconociendo este hecho, otros actores han desarrollado políticas para proteger los derechos de los pueblos no-contactados, principalmente en Brasil. La agencia de asuntos indígenas del gobierno brasilero, FUNAI, fundó departamentos federales y estatales enfocados exclusivamente en los temas de pueblos no-contactados. Una década de análisis de las políticas dentro de FUNAI llevó a adoptar en la década de los 90 una política para pueblos aislados basada en el principio de ‘contacto no forzado’. Reconociendo los deseos de los pueblos aislados y como resultado de una serie de casos de ‘contacto forzado’ que terminó en fatalidades entre los grupos aislados a causa de enfermedades y conflicto, ahora FUNAI previene activamente que actores externos se contacten con pueblos semi-contactados y no-contactados. El gobierno colombiano también ha adoptado pasos únicos para proteger los derechos de pueblos semi-contactados y no-contactados creando una zona de protección permanente que cubre los territorios ancestrales del pueblo Nukak Maku de la Región Amazónica. Se está creando un debate sobre los derechos de los pueblos semi-contactados y nocontactados dentro del gobierno peruano. Al trabajar para defender los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de Madre de Dios, la organización indígena FENAMAD ha desarrollado políticas aclamadas internacionalmente sobre los derechos de los pueblos semi-contactados y no-contactados. (En 1997 FENAMAD ganó el premio internacional Bartolomé de las Casas por su trabajo en defensa de pueblos semicontactados y no-contactados amenazados por el desarrollo petrolero del consorcio delas empresas Mobil, Exxon y Elf). FENAMAD basa su política en el reconocimiento del derecho inalienable de los pueblos semi-contactados y no-contactados de mantenerse sin contacto. El derecho fundamental de tales pueblos de definir y escoger los términos y la magnitud de contacto está claramente definido. FENAMAD defiende la política de

19 ‘contacto no forzado’ que significa que cualquier contacto debe ser iniciado por tales pueblos. FENAMAD establece que: “el contacto de foráneos con estos pueblos significaría un grave atentado contra el derecho fundamental a la salud, identidad cultural, integridad moral, su libre desarrollo y bienestar, y a la posesión sobre la tierra de estos pueblos al someterlos a condiciones que afectarían sus derechos posibilitando su extinción definitiva como individuos y como pueblo indígena con una identidad cultural propia.”9 3. Análisis del estudio de impactos sociales de Pluspetrol Datos de base y metodología pobres La Política del Banco Mundial sobre los Pueblos Indígenas (O.D. 4.20)10 especifica que se deben hacer estudios de base adecuados para identificar temas y preocupaciones indígenas claves en la fase de identificación del proyecto. Los datos de base del Estudio de Impactos Sociales (EIS) de ERM sobre pueblos que viven en aislamiento voluntario no son suficientes, en parte por las metodologías pobres de adquisición de datos.11 Existe una clara diferencia entre la acumulación de la cantidad extensa de datos para el estudio de base de las comunidades del río Machiguenga y los datos sobre los pueblos que viven en aislamiento voluntario. El estudio reconoce la existencia de pueblos que viven en aislamiento voluntario en el área de Camisea. Incluye una corta historia del pueblo Nanti y un poco de información sobre el uso de sus recursos naturales. Hace referencia al pueblo Nahua ubicado cerca a la desembocadura del Río Serjali y “grupos nómadas” que viven dentro y a las afueras de la “Reserva Estatal de los Nahua y Kugapakori (cap. 4, p.22). Describen brevemente su estilo de vida “en un estado equilibrado en relación con su bosque” (cap. 4, p.30). También reconocen la existencia de “varios grupos nómadas en aislamiento relativo con contacto mínimo o temprano” que se asume son Machiguenga (cap. 4, p.21). Sin embargo, la parte en el documento donde se hace referencia al Santuario Megantoni no menciona a los pueblos aislados que se ubican ahí (cap. 4, p.31). Para mejorar esta adquisición de datos para el estudio de base, Pluspetrol pudiera haber recurrido al conocimiento sobre la Reserva de pueblos aislados entre los expertos locales, ONG y científicos sociales. Se debe señalar que el vuelo de helicópteros sobre asentamientos de pueblos semi-contactados y no-contactados (conducidos por Pluspetrol de acuerdo con testigos locales) no es un modo adecuado para estimar el tamaño de población o los patrones de uso de sus tierras. Es más, tales vuelos aterrorizan y dispersan a los grupos aislados. Contradiciendo las recomendaciones de FENAMAD sobre los pueblos semi-contactados y no-contactados, Pluspetrol admite que los representantes de la compañía entraron a las comunidades Nanti de Montetoni y Malanksiá para conducir entrevistas. Esta acción claramente contradice las políticas de ‘contacto no forzado’ para tales pueblos. Mientras estos dos asentamientos Nanti tienen algunos lazos con actores externos por medio de

20 visitas esporádicas de trabajadores de salud y científicos sociales, su deseo de mantenerse en aislamiento es evidente en sus propias prácticas al no iniciar contacto excepto en casos raros para propósitos de intercambio. Las amenazas que causan tales visitas están delineadas en la declaración de FENAMAD. Además, parece que las entrevistas en las comunidades Nanti fueron conducidas sin una metodología para poder guiar el contacto con los pueblos aislados. No existe una metodología evidente para identificar el potencial de la comunicación incompleta e imperfecta entre grupos culturalmente incomparables que se encuentran en desigualdad dentro de las jerarquías de recursos y quienes mutuamente utilizan un marco de referencia y normas conceptuales sociolingüísticas incompatibles y no inteligibles. El uso de intérpretes inexpertos machiguengas también hubiera contribuido a una comunicación imperfecta. Los lenguajes Machiguenga y Nanti son similares, pero no idénticos. Como resultado, la posibilidad de la falta de comprensión es alta, particularmente durante discusiones sobre conceptos relacionados al desarrollo petrolero desconocidos por las dos culturas. El potencial de que haya una comunicación equívoca en tales situaciones de contacto refuerza la necesidad de una política de “contacto no forzado”. Las deficiencias en los estudios de base para pueblos semi-contactados y no-contactados explica en parte la falla de EIA en identificar y mitigar de manera adecuada los impactos del proyecto en ellos. Marco inadecuado para la consulta y participación de los interesados y afectados Es imperativo que cualquier compañía vinculada con la extracción de recursos involucre a todas las personas y grupos afectados en todas las fases del proyecto, un principio prescrito en todas partes de la Convención 169 de la OIT. Se debería prestar especial atención a las personas interesadas y afectadas quienes son las más vulnerables a los impactos del proyecto. El Artículo 7 del Convenio 169 de a OIT se refiere a los derechos de los pueblos indígenas de “participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que podría afectarles directamente.” Se debería proveer a estos grupos de una manera adecuada, oportuna y efectiva la información del proyecto propuesto, sus impactos, la naturaleza del proceso de decisión y los mecanismos para la participación de los interesados y afectados. La participación debería ser proactiva y significativa para permitir que los grupos tengan una verdadera influencia en el proceso de decisión. De acuerdo al OD 4.20 del Banco Mundial, la participación significativa exige un mecanismo que permita el involucramiento indígena en la planificación e implementación del proyecto. No hay ninguna evidencia sobre la participación de algún pueblo en contacto inicial en el proceso de decisión del proyecto de gas Camisea en el Estudio de Impactos Sociales. Aunque se visitaron comunidades Nanti, no se ha identificado un mecanismo participativo. No hay ningún reporte sobre los comentarios y las opiniones del pueblo Nanti en el proyecto y parece que su contribución no ha sido integrada en ninguna fase del desarrollo del proyecto. La falta de información sobre como se dirigieron las

21 entrevistas con los Nanti, implica que hay una falta de transparencia de parte de las compañías y pone en mayor duda las metodologías de encuentro. Al no ser recomendado el contacto forzado, no es posible para los pueblos semicontactados y no-contactados de la Reserva Nahua-Kugapakori participar de cualquier manera en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas para el proyecto de gas Camisea. De este modo, el gobierno debería proteger a estas poblaciones al no permitir que se ejecuten actividades industriales en la Reserva que fue creada para protegerlos de este tipo de contacto muy prematuro. Evaluación deficiente de los impactos sociales El EIS enfoca su evaluación de impactos casi totalmente en las comunidades Machiguenga asentadas. Identifica correctamente a los numerosos impactos que dañan sus vidas a causa del proyecto, incluyendo los suministros reducidos de caza y pesca, suministros de agua contaminados, colonización, tensión sobre la infraestructura local inadecuada, aumento de conflicto social, delincuencia y prostitución. Hace falta la evaluación de los impactos del proyecto sobre pueblos aislados. Los niveles de influencia que se han estimado establecen que las prospecciones sísmicas influenciarán indirectamente a las comunidades de Nanti Montetoni y Marankiato y “las comunidades arriba de Las Malvinas hasta el pongo de Mainique” serán indirectamente influenciadas por el tráfico (cap. 4, p.4). “Los que posiblemente podrían ser afectados” incluyen ”grupos nativos nómadas dentro de los Nahua-Kugapakori,” pero no se estipula la naturaleza de la influencia sobre estos pueblos (cap.4, p.2). No se ha desarrollado el reconocimiento inicial de los ”impactos potenciales” e “impactos indirectos” sobre pueblos en aislamiento mientras progresa el análisis. Solo se contemplan tres impactos del proyecto sobre pueblos indígenas: •

Se mencionan brevemente las comunidades aisladas en una discusión sobre la posible propagación de madereros de Sepahua a la Reserva Nahua-Kugapakori. Se declara que “esto podría causar conflictos territoriales en el evento que los madereros invadieran tierras privadas y áreas protegidas como la Reserva NahuaKugapakori” (cap.4, p.116). No se considera el efecto del trauma del conflicto sobre estes pueblos.

• La probabilidad de la contaminación del Río Camisea resultará en la reducción de suministros de pesca y se considera que aumentará la malnutrición, pero no hay una referencia directa del impacto resultante sobre pueblos aislados que pescan en ese río (cap.4, p.117). • El estudio reconoce que los trabajadores involucrados en las actividades de prospección sísmica en áreas remotas podrían entrar en contacto con pueblos aislados. Se declara que en esos casos se deberían tomar “medidas de contingencia” (cap. 4, p.116). Como no se han elaborado estas medidas de contingencia, no es posible verificar si son aplicadas.

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No es claro porque no se extendió el análisis de impactos sobre las comunidades del principal río Machiguenga para incluir los impactos directos e indirectos sobre pueblos que viven en asilamiento voluntario. La identificación de impactos sobre las comunidades del río principal ha debido ser ampliada para incluir la consideración de los efectos asociados sobre los pueblos en aislamiento. El aumento de presión sobre la base de los recursos de las comunidades del río principal forzará a la población creciente del río Urubamba a buscar recursos que se hallan aún en las tierras de los pueblos aislados. Tomando en cuenta estos efectos asociados, el proyecto de desarrollo de gas Camisea influenciará las vidas de los pueblos aislados de la región. Diferentes grupos e individuos serán afectados en grados variados por los siguientes impactos: • El aumento de la presencia de trabajadores de la compañía, colonos, madereros y miembros de otros grupos indígenas dentro de sus tierras que podrían resultar en conflictos sobre tierras y diversos tipos de recursos naturales. • Empobrecimiento nutricional de la alimentación debido a la reducción de la base de sus recursos naturales de los cuales ellos dependen casi por completo para su subsistencia, debido al aumento de la población local y el ruido de los helicópteros que ahuyentarán la fauna de caza. • El aumento de la necesidad de obtener ingresos monetarios para adquirir alimentos alternativos por el aumento de su involucramiento con la economía de mercado. • La reducción de flora y fauna limitan el acceso a los recursos ceremoniales y medicinales tradicionales y materiales de construcción y herramientas de trabajo. • El aumento de enfermedades introducidas ocasionan muerte, mala salud y acrecentará la necesidad de medicinas no tradicionales. • El aumento de la mala salud a causa de la contaminación del agua potable por medio de los desechos industriales y la erosión de sus tierras. • La desintegración social y cultural, la depresión, y la toma de decisiones influida por el miedo. Al establecer estos impactos sociales, el proyecto de desarrollo de gas Camisea viola un número de acuerdos internacionales y causa un importante número de amenazas sobre los derechos indígenas reconocidos internacionalmente. B. OTROS IMPACTOS SOCIALES 1. Introducción: El proyecto de gas de Camisea puede causar impactos en la vida de aproximadamente 7,000 personas que viven en 22 comunidades en la región de Bajo Urubamba y para un número adicional de entre 500 y 1,000 personas indígenas que viven en aislamiento. También pueden ser impactadas aproximadamente 4,000 Machiguenga que viven en 19 Comunidades Nativas y otras 20,500 personas campesinas que viven en la región del Alto Urubamba. Los impactos posibles negativos en grupos indígenas que viven en aislamiento han sido discutidos en la parte previa del informe. En adición, hay posibles

23 impactos negativos que puedan afectar a toda la gente que vive dentro de las áreas de influencia directas y indirectas del Proyecto – el Valle del Río Urubamba. El EIA de ERM12 indica que hay seis grupos étnicos diferentes en el Valle Bajo Urubamba – cinco de los cuales son nativos de la zona. En los grupos indígenas hay aproximadamente 4,800 del grupo Machiguenga, 700 del grupo Yine, 700 del grupo Asháninka y entre 500 y 1,000 de los grupos que viven en aislamiento – los Nanti “Kugapakoris” y Yora o Nahua. Se estima que hay aproximadamente 800 personas de origen mestizo en Bajo Urubamba. Los indicadores de bienestar social e económico señalan que la mayoría de las personas del área viven debajo del nivel de pobreza. La mortalidad infantil llega a 126 de cada 1,000 niños. La esperanza de vida mediana es aproximadamente 50 años de edad. Treinta por ciento de la población que tiene más de 15 años es analfabeta. El ingreso mediano se estima a US $60 al año. La población indígena ha vivido en el área por miles de años y han subsistido por medio de su ambiente natural, bosques y sus sistemas acuáticos de ríos, en una forma sostenible. Las poblaciones indígenas comprenden que su supervivencia depende de la salud de los ecosistemas en los que viven. Ella subsisten del cultivo de pequeñas parcelas agrícolas al borde del bosque, la caza, la pesca y la extracción de productos no hechos con madera como por ejemplo frutas, nueces y productos medicinales. Al igual que muchos grupos indígenas, ellos reconocen la importancia de vivir en armonía con su medio ambiente y tener una relación reverente y mística con sus alrededores naturales expresados en sus ceremonias tradicionales y prácticas sostenibles.13 Sin embargo, los pueblos indígenas que viven en comunidades establecidas también participan en el sistema político local, regional y nacional y han sido influenciados por gente que ha migrado hacia el área – más notablemente: misioneros, un pequeño número de proveedores de servicios gubernamentales, y colonos agrícolas mestizos, compañías petroleras, trabajadores y comerciantes de la industria maderera. Ellos interactúan en una economía mercantil que suplementa productos disponibles en su ambiente natural. No están aislados del mundo circundante, pero han podido mantener sus culturas y tradiciones particulares. Su influencia política no es tan fuerte como otros actores sociales en el Perú y por esta razón ellos se organizan por medio de organizaciones representantivas las cuales defienden sus derechos como COMARU y CECONAMA.14 A pesar de sus esfuerzos de organización, muchas veces ellos se encuentran en desventaja al representar sus intereses. Ellos han sido impactados anteriormente contra intereses más poderosos, como los de compañías grandes que ansían explotar sus recursos naturales, por ejemplo , la extracción de petróleo y madera. La ley peruana favorece las actividades de explotación de hidrocarburos sobre las de conservación de tierras comunales y áreas protegidas. Por esta razón ellos están en desventaja al defender con éxito sus intereses frente a los patrocinadores del Proyecto de Gas Camisea. También se han implementado tácticas para dividir y debilitar a las organizaciones indígenas por medio de intereses poderosos que debilitan los esfuerzos de los que defienden los derechos locales.

24 Los patrocinadores del Proyecto de Gas Camisea afirman que el proyecto mejorará la economía del Perú. Se espera que el bienestar socio-económico de la población del Perú mejore a consecuencia del impacto positivo indirecto del ingreso que generará la venta de los productos de gas. Por esta razón los pueblos que están dando sus tierras al proyecto deberían estar socioeconómicamente entre los beneficiarios del proyecto. Es obvio que ellos no deberían tener que cargar con ningún costo. Por esto se debe tener mucho cuidado al planear e implementar el Proyecto de una manera que no empeore a los pueblos locales. Es crítico conservar y proteger el ambiente natural para mantener el bienestar de los pueblos locales. También es importante respetar y mantener las tradiciones culturales al igual que el liderazgo y la organización tradicional que han sido la clave para la supervivencia de estos pueblos en el transcurso del tiempo. Los indicadores de bienestar deben de mejorar no empeorar. 2.

Prácticas óptimas y estándares internacionales:

Los pueblos indígenas que buscan afirmar sus derechos humanos tienen como recurso un número de instrumentos legales internacionales que han sido ratificados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio sobre la Eliminación de Discriminación Racial, el Convenio sobre la Prevención y Castigo de Crimenes de Genocidio, y los Pactos Internacionales sobre los Derechos Humanos – el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – donde se definen los derechos humanos universales “sin distinción de raza, sexo, lenguaje o religión”. Considerando los derechos históricos de los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo (ILO – International Labour Organization) tiene el instrumento obligatorio exclusivamente enfocado en los derechos indígenas –la Convención 169 de 1989.15 Los derechos delineados en los convenios internacionales antes mencionados y otros derechos definidos por medio de debates en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas (UN Working Group on Indigenous Populations) se han incorporado en un borrador de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Poblaciones Indígenas (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), el cuál se está discutiendo presentemente en la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (UN Human Rights Commission). Todavía falta ratificar el borrador de la Declaración, pero ya se le refiere como la declaración de derechos indígenas más comprensiva y progresista hasta el momento. Una declaración parecida esta siendo desarrollada a nivel continental en la Organización de Estados Americanos (OEA). En resumen, las convenciones internacionales para los derechos humanos e indígenas apoyan a los pueblos indígenas en: 1) vivir de acuerdo a sus propias culturas y mantener sus formas de vida; 2) promover la participación completa en decisiones que les afecten; 3) derecho a dar consentimiento libre e informado; 4) aplicar e imponer sus leyes usuales; 5) representarse a si mismos por medio de sus autoridades tradicionales e instituciones y; 6) poseer, controlar y manejar sus tierras ancestrales comunales. La Directiva Operacional 4.20 del Banco Mundial (WB O.D. 4.20)16 básicamente impone la

25 implementación de estos principios en los proyectos financiados por el Banco Mundial. Como la mayoría de la población local es indígena, todos los estándares internacionales y las prácticas óptimas discutidas en la sección previa sobre grupos indígenas que viven en aislamiento también se aplican al resto de la población indígena. Las convenciones internacionales delineadas y las políticas del Banco Mundial sobre los pueblos indígenas (O.P. 4.20) corresponden a la mayoría de los pueblos que viven en el área. Estas convenciones y estándares implican que los diseñadores del proyecto deberían respetar los derechos de los pueblos indígenas para mantener sus tradiciones, culturas, y estructuras tradicionales de organización y tomar sus propias decisiones. Los diseñadores del proyecto están obligados a informar por completo a los pueblos indígenas sobre cualquier impacto directo o indirecto, de corto o largo plazo, que pudieran afectarles de alguna manera. Una vez que los grupos locales están completamente informados, ellos tienen el derecho de participar en las decisiones relacionadas con el Proyecto que les pudiera afectar. WB O.D. 4.20 va más a hondo al requerir la preparación e implementación de los planes de desarrollo de pueblos indígenas (PDPI) para tratar cualquier impacto adverso y ayudar a asegurar que los pueblos indígenas se beneficien del proyecto. Tales planes casi siempre incluyen el establecimiento legal de derechos de tierra donde el acceso tradicional a los recursos naturales podría estar en riesgo, y actividades de desarrollo económico y social para asegurar que los pueblos locales beneficien del proyecto y no sean dañados por este. Aunque hayan habido consultas con las comunidades locales como parte del proceso del EIA, los grupos indígenas locales no sienten que hayan sido informados adecuadamente sobre el Proyecto. Ellos tampoco sienten que han sido partes de la toma de decisiones sobre los temas que les pudieran afectar. Estas opiniones fueron expresadas a la Coordinadora de la Evaluación en su visita a Perú en febrero cuando se reunió con un número de afectados – comunidades locales y organizaciones no-gubernamentales. El período para la revisión y comentario público de las miles de páginas de los EIA no fue suficiente. COMARU recibió los documentos completos del EIA de Pluspetrol el 17 de noviembre del 2001 y el período para el comentario público se completó el 21 de diciembre del 2001. La licencia fue otorgada el 17 de diciembre de ese mismo año, cuatro días antes de la fecha de cierre para el período de comentario público. La licencia de TGP fue otorgada el 4 de marzo del 2002. Cuando la Coordinadora de la Evaluación efectuó los talleres en la Región Urubamba a mediados de febrero, fue claro que muy pocos de los locales afectados o las ONG interesadas tuvieron tiempo para analizar e interpretar los EIA para hacer comentarios. Se recibieron muy pocos comentarios escritos. Los Planes de Relaciones Comunitarias (PRC) se encuentran en la etapa de desarrollo. En estos momentos parece que el mayor objetivo del personal de relaciones comunitarias es negociar las cantidades de compensación, comunidad por comunidad, lo cual asegurará que las compañías consigan asesoría legal para obtener el derecho de vía del gasoducto, actividades relacionadas con infraestructura, exploración y extracción en el Lote 88. Las comunidades locales expresaron sus preocupaciones al Coordinador de la

26 Evaluación Independiente reiterando que las negociaciones actuales serían la única oportunidad para ser compensados por impactos negativos. Durante los meses de febrero y marzo, tres compañías diferentes – Pluspetrol, TGP y Techint, se encontraban presionando individualmente a cada comunidad para que firmaran acuerdos de compensación. El proceso, cálculos, documentos legales y técnicos de cada compañía son diferentes y muy complejos. Las negociaciones han agobiado a las comunidades indígenas creando un ambiente de confusión, tensión y competencia. Las comunidades no están preparadas para responder a las tácticas eurocéntricas de negociación utilizadas por los abogados y gestores de las compañías que las han visitado. Dichas comunidades carecen de asistencia técnica y legal adecuada para tomar decisiones informadas. El proceso de negociación es completamente inapropiado e injusto. Las compañías han dictado los términos de negociación y las comunidades se sienten presionadas a responder aunque no entiendan completamente los términos o las propuestas de las compañías no sean suficientemente adecuadas. La Coordinadora fue testigo de una reunión sobre negociaciones compensatorias en la comunidad Machiguenga de Chokoriari (Ticumpinía) durante su visita al área. TGP había venido a la comunidad por una tarde para negociar y establecer una cantidad compensatoria por los 15 kilómetros de derecho de vía que atravesarían sus tierras nativas. Una agencia gubernamental asistió a TGP llegar a una cifra de aproximadamente US $3,000 usando cálculos complicados. Aconsejaron a que la asamblea de la comunidad formara un quórum de dos tercios y una vez logrado el quórum seleccionaran una pequeña delegación para negociar y viajar en el helicóptero, esa misma tarde, para firmar un acuerdo en la ciudad de Quillabamba. Una vez que el Presidente de la comunidad escogió la comisión negociante, el resto de la comunidad se retiró y no participó. La comisión comunal presentó sus preocupaciones ante el personal de TGP sobre los impactos y la compañía les aseguró que todas sus preocupaciones serían tomadas en cuenta. La comisión claramente no estaba de acuerdo con la propuesta y no estaba convencida con el proceso. No les agradó que sus preguntas no hayan sido dirigidas adecuadamente. Notando la incomodidad y confusión, los oficiales de la compañía dejaron a la comisión para que discutieran brevemente el material entre ellos. La comisión no estaba segura de lo que debía hacer. La coordinadora les preguntó si ellos entendían los términos y ellos respondieron que no. La coordinadora les aconsejó que ellos tenían el derecho de pedir un período adecuado para poder analizar la situación y tomar una decisión. En ese entonces ellos le avisaron a la compañía que necesitarían más tiempo. Los representantes de la compañía amenazaron a la comunidad diciéndoles que si no decidían pronto, el gobierno intervendría y decidiría las cantidades de compensación, que serían menos de lo que la compañía les estaba ofreciendo. En este caso, fue claro que las compañías no querían poner el tiempo ni el esfuerzo necesario para entrar en un proceso de consulta significativa que tomaría en cuenta las preocupaciones de la comunidad. Los representantes de la compañía se fueron en el helicóptero diciendo a la comunidad que les informaran cuando ellos estuvieran listos para negociar. El proceso no tomaba en cuenta las preocupaciones de la comunidad, su forma de discutir y de tomar decisiones estaba dictada bajo los términos de la compañía. Era altamente inapropiado y violaba los derechos básicos de la comunidad en la

27 participación de tomas de decisiones que les afectarían, y el consentimiento informado libre. Así mismo, durante su viaje, la comunidad le mostró a la coordinadora copias del contrato compensatorio de Pluspetrol y un análisis técnico extremadamente complejo para calcular una compensación que solo abogados y economistas ambientales especializados pueden entender. Varios líderes de la comunidad le pidieron a la coordinadora que explicara los documentos técnicos. También le mostraron una carta de un acuerdo entre Techint y la comunidad Chokoriari por el uso de dos hectáreas para un campamento de trabajadores. Este documento tenía cláusulas que obligarían a la comunidad a hacer cosas que no habían sido presentadas a la comunidad y ellos no las habían notado. Estos documentos y la percepción de las comunidades sobre el proceso expresadas a la Coordinadora durante su visita, subrayan el hecho de que sus derechos para efectuar un consentimiento informado y libre han sido y continuarán siendo violados si no se crean cambios significativos. 3. Observaciones: estudios de impacto ambientales, planes de manejo ambientales y planes para relaciones comunitarias: Como parte de este análisis la Coordinadora viajó al área y analizó los EIA con las comunidades locales. La población local y otros participantes tenían muy poco conocimiento y comprensión sobre los EIA y los planes de manejo ambiental propuestos (PMAs). La Coordinadora observó que había una confusión general sobre los planes del proyecto y la representación de la compañía. El hecho que varias comunidades han tenido contacto con tantos actores relacionados con el proyecto -ERM, Walsh, Pro Naturaleza, Pluspetrol, TGP y Techint- ha servido para mantener un estado de confusión. A pesar de la confusión sobre las características del proyecto, la mayoría de los participantes tiene un buen entendimiento sobre los potenciales impactos negativos y los beneficios. Sin embargo, dada la confusión y las diferentes fuentes de información y contactos, los participantes locales expresaron al Coordinador que no han podido influenciar sobre las decisiones relacionadas al proyecto. Durante la reunión de TGP en Chokoriari (Ticumpinia) los miembros de la comunidad hicieron algunas preguntas muy hábiles e inteligentes. El hecho de que las respuestas de los representantes de TGP no tratasen de atender sus preocupaciones generó directamente una falta de confianza entre los auspiciadores del proyecto y la comunidad. Es vital que las compañías tengan mucho más cuidado al escuchar y responder las preocupaciones de la comunidad. Si las relaciones continúan por este camino germinará una gran falta de confianza y estimulará posibles conflictos que impedirán el éxito del proyecto. Actualmente no hay un mecanismo coherente para permitir la consulta efectiva y la participación en la toma de decisiones sobre temas claves que puedan afectar las comunidades. Es muy importante que se defina un mecanismo como éste y que se establezca en forma inmediata. A las comunidades se les dificulta tener temas integrados múltiples relacionados al proyecto atendidos en diferentes formas por las diferentes compañías. Sería mucho más efectivo si las compañías pudiesen ponerse de acuerdo sobre como trabajar con las comunidades en forma conjunta. El método actual de

28 comunicación y discusión es muy desordenado y se presta a confusión y menoscaba el liderazgo tradicional local. Se espera que los líderes locales hagan uso de esta confusión y representen a sus comunidades en forma efectiva. Bajo las condiciones actuales no lo pueden hacer y esto solo sirve para erosionar la confianza de las comunidades en sus líderes. Impactos negativos: Los EIA y los PMA atienden en forma casi exclusiva los impactos directos. Se le da algo de atención en el análisis a los impactos inducidos en el EIA de Pluspetrol (Matrices de Impacto Ambiental, Capítulo V y partes del PMA, Capítulo VI donde se discuten medidas para prevenir y mitigar las amenazas a la salud y reestablecer la vegetación). Sin embargo, en los PMA y en los actuales acuerdos de compensación que se están negociando con las comunidades, no se le ha prestado atención adecuada a los impactos inducidos. Las mayores preocupaciones de los participantes locales están primordialmente relacionadas a los impactos inducidos e indirectos. Durante una serie de talleres que el Equipo de Evaluación Independiente condujo en Urubamba, las comunidades Machiguenga identifican la facilitación del acceso a su área como la mayor preocupación. Ninguna de las medidas atenuadoras atiende este tema en forma efectiva. Hasta cierto punto, el plan de Pluspetrol de solo construir caminos cerca de las plataformas dentro del Lote 88 y referencias a planes para controlar el acceso con las comunidades y restablecer la vegetación, intentan encarar este tema. Sin embargo, si se analizan ambos componentes del proyecto del gas de Camisea en forma conjunta, es evidente que el derecho de via (DDV) del gasoducto y el mejoramiento de las carreteras relacionadas y las carreteras de acceso combinadas con los caminos sísmicos y las redes del gasoducto alimentador, abrirán el acceso a la Región Baja del Urubamba. Actualmente, el Bajo Urubamba está protegido de una afluencia de colonización por barreras naturales – el Pongo de Mainique al sur, la Cordillera de Vilcabamba al oeste y los densos bosques tropicales hacia el este. El Alto Urubamba no está protegido por barreras naturales por lo que en el último año ha empezado a estar plagado de conflictos entre nuevos colonos y los indígenas locales. El pueblo Machiguenga ya ha sufrido presiones de colonización en el Alto Urubamba y mencionaron a la Coordinadora de la Evaluación Independiente que las carreteras mejoradas, los caminos de acceso temporal y el ROW incrementará el acceso al Alto Urubamba y abrirá el acceso al Bajo Urubamba. El PMA de la TGP no incluye medidas para controlar el acceso. El PMA de Pluspetrol (capítulo VI) menciona la intención de control al acceso pero no define los mecanismos específicos para dicho control. Otro tema de impacto inducido significativo es la introducción y el incremento de problemas de salud en el área. Ambos EIA identifican esto como un problema potencial y los PMA proponen atender la salud de los trabajadores - no necesariamente los potenciales impactos negativos en las comunidades locales. Los planes de Pluspetrol se refieren a la posibilidad de mitigar problemas potenciales de salud vía medidas preventivas con el personal (Cap. IV, pgs. 150 y 151). El plan de TGP no excluye esta posibilidad pero no define de manera concreta soluciones posibles en su EIA. Si no se implementan medidas preventivas y curativas más fuertes para la salud, para beneficio de

29 las comunidades locales, existe un riesgo significativo de que se incremente la incidencia de enfermedades y el índice de mortalidad. Otros temas de impacto negativo incluyen la reducción de la vida silvestre, incluyendo la vida acuática, que son primordiales para la dieta del pueblo local. Especialmente durante la fase de construcción la abundancia normal de la vida silvestre será afectada en forma negativa por el movimiento de equipos, embarcaciones, personas, explosiones sísmicas, la limpieza de los bosques y la contención de las aguas fluviales. Los PMA proponen medidas para minimizar los disturbios y controlar la caza entre el personal pero no proponen medidas efectivas para compensar ese vacío en el modo de vida del pueblo local. Localmente, no existen substitutos para estos elementos en su dieta por lo que generará impactos negativos en ella y en la nutrición. Durante los talleres de la Evaluación Independiente el pueblo Machiguenga declaró repetidas veces que no creen que el dinero resolverá los impactos negativos. Ellos han visto la influencia negativa del dinero en sus comunidades y temen que sus líderes terminen siendo corrompidos por el dinero. Ellos explicaron que han visto a jóvenes que se han beneficiado del empleo y becas auspiciados por Shell que los ha expuesto a una cultura diferente. Ellos dicen que estas personas terminan abandonando sus comunidades y se involucran en un estilo de vida material que es ajeno a ellos y ciertamente para nada beneficioso para sus comunidades. También declararon que están preocupados por los diferentes valores que serán introducidos a sus comunidades por los trabajadores que vienen a laborar en el proyecto y el incremento de la actividad comercial y de los comerciantes foráneos. Sus comunidades tienen ahora índices muy bajos de enfermedades de transmisión sexual y no tienen actualmente problemas de alcoholismo, criminalidad, ni prostitución. Adicionalmente a los cambios en los valores, también les preocupa el incremento de enfermedades y los impactos negativos en su salud. Algunas de las comunidades mencionaron que están preocupadas porque el gasoducto pasará extremadamente cerca de su población. En la comunidad de Shimaa, éste pasará aproximadamente a 100 metros de la escuela de la comunidad y a 50 metros de una casa. También cortará en una extensión de 25 metros de ancho y 6 kilómetros de largo un bosque de palmeras Kapashi, que es un recurso escaso y esencial para techar de manera tradicional sus viviendas. En Chokoriari (Tucumpinia) pasa a 1 kilómetro del centro poblado de la comunidad. Adicionalmente, TGP planea un patio de almacenaje y un campamento de maquinaria de dos hectáreas de extensión ubicados a varios cientos de metros de las residencias de la comunidad. El proyecto está en su etapa inicial y la población local ya ha sufrido impactos negativos del proyecto. La forma en que las compañías están presionando a las comunidades a firmar acuerdos de compensación para obtener el derecho de via ha servido para dividir a las comunidades y a los líderes y ha empezado a generar sospechas y falta de confianza entre los líderes de la comunidad y sus miembros. Las comunidades mencionaron que no confían en las compañías y sus relaciones se están deteriorando. Si las compañías

30 esperan tener éxito en la implementación, tendrán que cambiar en forma significativa y trabajar activamente para mejorar la calidad de su relación con las comunidades. Las comunidades están muy conscientes de la excelente calidad del ambiente en el que viven y del cual dependen. Están preocupados porque la contaminación y la erosión sean controladas y que se prevengan los accidentes. La contaminación, la erosión y/o los accidentes tendrían impactos negativos significativos en la forma de vida de las comunidades locales. Beneficios: Durante los talleres se les pidió a los participantes que expliquen los beneficios potenciales del proyecto. Cuando se les pidió que describan los beneficios tuvieron mucha dificultad para pensar en alguno y cuando identificaron algún beneficio éste fue considerado relativo luego de una pequeña reflexión. La presencia del proyecto es una gran preocupación para ellos. Son muy conscientes que cambiará su forma de vida para siempre. Sin embargo ellos ven que el proyecto puede representar un oportunidad para mejorar su calidad de vida y acogerse a programas que mejoren su desarrollo social y la conservación de sus recursos naturales. Ellos no se oponen de manera terminante al desarrollo. Al contrario, ellos quieren poder influenciar en el desarrollo para que ocurra en una forma que sea beneficiosa y no dañina. Sin embargo, no sienten que pueden influenciar el proyecto y los resultados que produzca. Su experiencia con el proyecto hasta la fecha no ha sido positiva. C. IMPACTOS DE BIODIVERSIDAD 1. Introduccion: La exploración, la extracción y el procesado del gas en el Lote 88 de Camisea, ubicado en la Región Baja de Urubamba, y la construcción de los primeros 100 kilómetros del gasoducto cruzando la Cordillera de Vilcabamba, ocurrirá en áreas de gran biodiversidad mundial. Conservación Internacional ha priorizado la Cordillera de Vilcabamba como una de las veinticinco zonas más importantes del mundo para la conservación dada su riqueza biológica, su alta incidencia de endemismo y su altamente amenazado estatus de conservación.17 WWF ha designado el Sudoeste del Amazonas, que contiene al Bajo Urubamba, como una de sus ecoregiones “Global 200” priorizados para los esfuerzos de conservación dada su alta biodiversidad y sus funciones ecológicas de importancia mundial.18 La Región Baja del Urubamba es parte de la Ecoregión Sudoeste del Amazonas, región que es extraordinaria por su biodiversidad y por que ha sido influenciada por la fauna y la flora de tres diferentes regiones – la Cuenca Amazónica, la Cordillera de los Andes y las Sabanas Bolivianas. El Sudoeste del Amazonas también provee funciones ecológicas regionales y globales críticas regulando el clima y la lluvia a través de sus extensos bosques y su sistema complejo de ríos situados en la ladera este de la Cordillera de los

31 Andes – suministrando agua a la Cuenca Amazónica. Los estudios de biodiversidad desarrollados en el área desde 1988 hasta el 2001 demuestran que los bosques amazónicos en la ladera este de la Cordillera de los Andes contienen una de las biodiversidades más ricas en el mundo (Gentry 1988, 1990; Foster 1990; Gentry y Terborg 1990; Foster et al. 1994; Wilson y Sandoval 1996). El Instituto Smithsonian ha llevado a cabo extensos estudios ecológicos en la Región Baja del Urubamba. Dichos estudios han identificado 747 especies de fauna y flora, lo cuál verifica su gran biodiversidad. Hafer (1969) penso que durante el Pleistoceno, las condiciones climáticas en la Cuenca Amazónica cambiaron, lo cuál causó el retroceso de los bosques. Solamente quedaron pequeñas agrupaciones boscosas rodeadas por sabanas. Se cree que la Región Baja del Urubamba puede haber sido un refugio forestal durante este período – justificando parcialmente la tan variada biodiversidad.19 La Evaluación de Impacto Ambiental conducido por ERM Perú calcula que el 90% de las 170,000 hectáreas del Lote 88 son bosques primarios en un estado prístino de conservación. Existen 14 diferentes hábitats en el área incluyendo variaciones de bosques tropicales húmedos de tierras altas y tierras bajas, bosques premontanos y bosques de bambú. El informe ERM explica que el estado de conservación es tan extraordinario que las especies de vida silvestre o en peligro de extinción o amenazadas en otras partes del mundo, se encuentran en poblaciones muy saludables en el Lote 88. Durante el mes que duró el estudio de campo se verificó la presencia del 90% de las especies de vida silvestre que se espera que vivan en el área. Se encontraron 6 de las 10 especies conocidas como endémicas al área. En el Lote 88 también se encuentran 26 especies conocidas en peligro de extinción o amenazadas, de acuerdo a las listas de CITES y el IUCN. La Cordillera del Vilcabamba se ubica en los Andes Tropicales y cubre un área aproximada de tres millones de hectáreas de las cuales 1,699,300 han sido catalogadas por el gobierno peruano como la zona reservada de Apurímac, protegiendo temporalmente el área hasta que sea permanentemente clasificada. El área es tan importante como los bosques amazónicos en cuanto a su diversidad de especies y sus altos niveles de endemismo. De hecho, Conservación Internacional ha catalogado los Andes Tropicales como una de las zonas más importantes con el más alto porcentaje de plantas y especies vertebradas endémicas en el mundo. Conservación Internacional también cree que los Andes Tropicales es una de las áreas más amenazadas de los trópicos por la colonización, la conversión a la agricultura y, hasta cierto punto, la minería. Los Andes contienen solo 25% de su cobertura de bosque original y solo 25% de sus bosques actuales están protegidos.20 A pesar de la extraordinaria biodiversidad encontrada en esta parte del Perú, la posición y el compromiso del gobierno peruano hacia la preservación de esta biodiversidad no esta clara. No es notoria la manera en que las agencias gubernamentales responsables de temas de medio ambiente se relacionan con la vigilancia del Ministro de Energía y Minas.

32 Gran parte de ladera occidental de la Cordillera de Vilcabamba ya ha sido degradada y deforestada. Dado el difícil acceso, las partes altas de la ladera occidental y la totalidad de la ladera oriental aún se encuentran en un estado de conservación excelente, conteniendo una parte significativa del bosque original. Estos bosques son críticos para el funcionamiento saludable no solo de las ecoregiones en las alturas y en las tierras bajas del Perú, pero también en gran parte de Sudamérica. La Cordillera protege las cabeceras de muchos ríos manteniendo agua limpia y abundante para los bosques bajos y sus habitantes. Las laderas empinadas y el aislamiento de la Cordillera de Vilcabamba han creado las condiciones para la evolución de un alto número de especies de plantas y animales, muchas de las cuáles no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Se planea que el gasoducto atravesará aproximadamente 100 kilómetros de la Cordillera de Vilcabamba, en las partes altas de ambas laderas. Una rápida evaluación ecológica conducida por el Instituto Smithsonian y Conservación Internacional de la Cordillera de Vilcabamba confirmó los altos niveles de endemismo, la riqueza de especies y el excelente estado de conservación en las crestas más altas y en la ladera oriental de la Cordillera. En el informe ellos concluyen que la Cordillera de Vilcabamba es una región de gran importancia mundial en cuanto a biodiversidad, merecedora de esfuerzos de conservación y protección, y apoyo a la propuesta planteada por grupos locales para establecer dos reservas comunales y un parque nacional. También estimulan la vinculación de estas áreas a otras áreas protegidas estableciendo corredores de biodiversidad. El informe declara también que las prioridades de conservación en la región incluyen: proteger las crestas circundantes para poder mantener las especies de aves locales y poco comunes, proteger áreas más allá de los 1,400 metros de altura para asegurar la conservación de la alta heterogeneidad del hábitat y proveer un refugio para los mamíferos, proteger los servicios de línea divisoria de la Cordillera, continuar incluyendo a las comunidades indígenas en la determinación de los planes de conservación futuros, cambiar la ruta del gasoducto hacia afuera de la Cordillera, prohibir la construcción de carreteras y controlar la inmigración humana hacia el área. El estudio del Instituto Smithsonian de la Región Baja del Amazonas concluye “Mientras que muchos bosques Neotropicales sufren impactos negativos de la agricultura, la tala, la cacería y el desarrollo de productos petroleros, hasta la fecha, la Región del Bajo Urubamba continúa siendo una jungla intacta con una biodiversidad abundante y un excelente chance de supervivencia si es que el desarrollo económico procede de una apropiada manera informada.”21 Dada la sensible naturaleza ecológica y el excelente estado de conservación de estas dos áreas, será imposible que el Proyecto de Gas de Camisea, como se planea actualmente, prevenga o mitigue todos los impactos ambientales negativos. La siguiente sección analizará los impactos negativos potenciales del proyecto a la biodiversidad de estas dos áreas.

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2. Buenas prácticas y estándares internacionales: Las organizaciones ambientales han tenido éxito convenciendo a algunas prominentes agencias de financiamiento para que establezcan estándares que prohíban proyectos que degraden o conviertan los hábitats naturales de alta biodiversidad, particularmente aquellos que proveen servicios ecológicos esenciales que son mundialmente únicos y amenazados. Las agencias de financiamientos que tienen estándares ambientales muchas veces desaniman proyectos de hidrocarburos en los bosques húmedos tropicales primarios. La experiencia ha demostrado que promover actividades extractivas e industriales que abren el acceso a grandes porciones de los bosques tropicales, como el bosque Tropical Amazónico, supone la colonización y deforestación con índices alarmantes.22 El modelamiento del cambio de clima demuestra que la deforestación de la gran masa que actualmente es el bosque Tropical Amazónico conllevaría a una reducción de la lluvia y a un incremento de los incendios forestales los que afectarán significativamente el clima global. También está muy bien documentado que los bosques tropicales húmedos ricos en biodiversidad proveen productos del bosque no maderables que tienen propiedades medicinales únicas y/o desconocidas para el mundo occidental que podrían proveer curación para muchas enfermedades. Estos tipos de bosque albergan una compleja red de vida y el mantenimiento de esta biodiversidad requiere la conservación del hábitat y de todos los organismos y seres vivos que ahí conviven – incluyendo a los pueblos indígenas que han vivido dentro de estos bosques por miles de años. El Banco Mundial (BM) ha establecido un precedente internacional al aprobar e implementar estándares ambientales relacionados con sistemas forestales, la evaluación ambiental y a los hábitats naturales. Muchos proyectos de desarrollo auspiciados por las corporaciones multinacionales se basan en las políticas del Banco Mundial para guiarse por sus “buenas prácticas”. El EIA preparado por Walsh Perú para el gasoducto de Camisea declara que el diseño del proyecto y su construcción satisface los estándares del Banco Mundial (Vol. IR, pg. 2). El hecho que parte de los bosques tropicales húmedos primarios sean destruidos para construir el gasoducto viola la política de forestal del Banco Mundial. Si bien la política forestal está siendo revisada, no obstante, uno de sus mandatos más importantes es la prohibición del financiamiento de proyectos que dañen los bosques tropicales húmedos primarios. El proyecto atravesará 11 hábitats (en un total de 167 kilómetros) que más probablemente serían clasificados por el Banco Mundial como hábitats naturales críticos (Vol. IR pg.63). La política del hábitat natural del Banco Mundial (OP 4.04)23 prohíbe el involucramiento del BM en proyectos que resulten en una conversión significativa (o la degradación) de hábitats naturales en situación muy sensible o crítica. Los hábitats naturales sensibles o en situación crítica incluirían: áreas protegidas existentes y circundantes, áreas vinculadas o recursos asociados íntimamente a las áreas protegidas, ubicaciones

34 identificadas que merecen protección y ubicaciones en estado crítico para especies poco comunes, vulnerables, migratorias o en peligro de extinción. La conversión significativa se define como la eliminación o severa disminución de la integridad de un hábitat natural o críticocausado por un cambio mayor de largo plazo en el uso de las tierras o de sus aguas. La conversión puede resultar directamente de la acción del proyecto o a través de un mecanismo indirecto (a través de la colonización inducida a lo largo de algún camino). La definición de degradación es la modificación de un hábitat natural crítico u otro que substancialmente reduzca la habilidad del hábitat para mantener viable la población de especies naturales. Los estudios de línea de referencia biológicas no proveen la información requerida para evaluar la degradación de acuerdo a los estándares del BM. El plan de administración ambiental no incluye medidas que garanticen que el acceso sea controlado a largo plazo desanimando en forma efectiva la colonización a lo largo de las carreteras de acceso o del derecho de vía. Los planificadores del proyecto y los auspiciadores deberían de buscar lograr buenas prácticas utilizando estándares como los de BM como guía, sin embargo, como se mencionó antes, se cuestiona el cumplimiento de las políticas de hábitat natural y forestales. La parte del proyecto de Camisea que involucra la exploración, extracción y el procesamiento del gas en el Lote 88 de Camisea muy probablemente tampoco cumplirá con los estándares ambientales del Banco Mundial. Quién sabe si ésta es la razón por la cuál los auspiciadores de esta parte del proyecto – Pluspetrol, y la compañía que llevó a cabo el EIA – ERM, no se atrevieron a declarar que el proyecto cumplirá con dichos estándares. El estudio de línea de referencia de ERM declara que el 90% del Lote 88 es bosque primario – mayormente bosque tropical húmedo. Es muy probable que el Lote completo estaría considerado un hábitat natural crítico por el Banco Mundial dado el altísimo nivel de biodiversidad y endemismo, el estado prístino de conservación y la proximidad al Parque Nacional del Manu, al Santuario Machiguenga Megantoni, a la Reserva del Estado a Favor de las Poblaciones Nativas Nómade Kugapakori y Nahua y a la Zona Reservada de Apurímac. Es muy probable que ocurra la degradación y la conversión significativa de esta área. Una parte del bosque primario será destruido y la vida silvestre, que incluye las especies en peligro de extinción, serán afectados. El hábitat prístino y el balance delicado de los ecosistemas acuáticos y del bosque serán degradados salvo que logren de controlar acesso y se obtenga cero contaminación. La migración de personas al área y la construcción de un gasoducto que abre el acceso a las Malvinas, muy posiblemente conllevará a largo plazo a la conversión del bosque. Es preocupante que ambos componentes del proyecto como está actualmente planeado no cumplan con los estándares ambientales del BM. La legislación peruana provee un marco legal para la implementación pero carece de una guía para obtener buenas prácticas aceptables a nivel internacional. Algún nivel de guía para obtener buenas prácticas aceptables a nivel global debería ser definido para implementar este proyecto. EL PMA para el Lote 88 declara que tratará de mantener los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency EPA) (EPA SW 846) para calidad de suelos, agua subterránea, agua de superficie y del aire, incluyendo emisiones (Resumen Ejecutivo, pg. 61). Es muy importante que estos estándares sean monitoreados y se mantengan durante la vida del proyecto. Sin embargo,

35 los estándares internacionales no han sido identificados para guiar los impactos sociales y de biodiversidad. Esto es particularmente necesario para el proyecto del gas de Camisea porque está siendo implementado en regiones de extraordinaria biodiversidad global que además es habitada por pueblos indígenas cuyo modo de vida está vinculado a la salud de los hábitats naturales donde viven. A continuación, se expondrán los impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad en estas áreas ecológicas sensitivas. Cuando operaba en el área la petrolera Shell Oil se comprometió a controlar activamente el acceso y la migración al área. También invirtieron tiempo y recursos significativos en establecer relaciones productivas con las comunidades locales y otros afectados principales lo cual hizo posible la búsqueda y la identificación de soluciones comunes a los problemas potenciales de migración.24 3. Observaciones: Evaluación del impacto ambiental y los planes de manejo ambientales: Pérdida irreversible de los hábitats naturales críticos y de la biodiversidad: A pesar del riguroso análisis de impacto llevado a cabo por ERM para el Lote 88 y la definición de medidas de mitigación, el hábitat y la biodiversidad prístinos se perderán. Se duda que aún la tecnología más sofisticada lo pueda prevenir. Las crestas superiores y las laderas orientales de la Cordillera y Vilcabamba y la Región Baja del Urubamba aún están en excelente estado de conservación con muy poco disturbio inducido por la especie humana. El pueblo local es primordialmente indígena y ha vivido en armonía con estos hábitats naturales por miles de años. Su relación con el ambiente natural local es parte del balance ecológico delicado que mantiene la salud ecológica de estas áreas. Evaluaciones biológicas conducidas por el Instituto Smithsonian y ERM demuestran que la vida silvestre en peligro de extinción o amenazada en la mayoría del resto del mundo se encuentra en poblaciones viables en la Región Baja del Urubamba (Resumen Ejecutivo, pg. 19). El establecimiento de cualquier proyecto de gran infraestructura en estas áreas alteraría el estado de conservación de estos hábitats naturales críticos. Bosques primarios serán destruidos para cederle el paso a la infraestructura, el acceso será mejorado para la construcción y la operación y la gente de áreas lejanas migrarán al área para trabajar en el proyecto. Las actividades en el Lote 88 involucrarán el desbroce de 72 hectáreas en Las Malvinas para la planta de condensación de gas y su infraestructura relacionada y de 4 a 12 hectáreas para las plataformas de perforación – algunas de las cuáles ya han sido desbrozadas por las anteriores operaciones de perforación. Adicionalmente, 64 kilómetros de derechos de via de 25 metros serán abiertos para atender las líneas de flujo entre los campos de perforación y la planta. Las prospecciones sísmicas involucrarán el desbroce de caminos de 1.5 metros de ancho cada 300 a 400 metros este-oeste y norte-sur a través de los 800 kilómetros cuadrados. El PMA específica que los árboles más anchos de 20 centímetros a la altura del pecho no serán talados para permitir que los animales que viajan por las cubiertas frondosas de los árboles puedan cruzar las aperturas (PMA, fase de construcción de líneas de flujo). Sin embargo, los animales más pequeños que se transportan por el piso serán impedidos de hacerlo por los derechos de vía de 25 metros.

36 También se ha planeado que el transporte de bienes, equipos y personas se haga por helicóptero y vía fluvial – “alejado de la orilla en tierra”. No obstante, declaran que podría ser necesario construir algunas carreteras de acceso temporal pero no especifican donde serán construidas. También existen planes para reestablecer las áreas limpiadas con vegetación nativa cuando ya no se necesiten. Esto podría variar desde un año en el caso de las líneas sísmicas, varios años para las líneas de flujo y hasta 33 años para la planta y las ubicaciones de la perforación. Todas estas actividades que generan impactos directos en este hábitat natural crítico comprometerán su estado ecológico actual – animales grandes migrarán, animales pequeños podrían morir, bosques primarios podrían perderse y algunas áreas de sistemas acuáticos podrían ser alterados con el incremento del cieno causado por la erosión y la alteración del cauce del río para construcción. Los ecosistemas eventualmente encontrarán su equilibrio pero no será posible restaurarlos a su estado natural. Si un accidente ocurriese, éste causaría una degradación significativa al hábitat natural afectado incurriendo inclusive en una gran pérdida de la biodiversidad. La construcción y operación del gasoducto desde Las Malvinas, a través de la Cordillera de Vilcabamba, cruzando la Cordillera de los Andes y bajando hacia la costa también causará un daño irreversible a los hábitats naturales críticos. El gasoducto atravesará un total de 167 kilómetros de hábitats naturales críticos. No obstante, la prevención de la degradación de todos estos hábitats es importante, esta revisión se enfoca en el Valle del río Urubamba y analizará los impactos potenciales a lo largo de los 84 kilómetros del hábitat natural crítico que atravesará el gasoducto en el Valle del Urubamba. Los 84 kilómetros incluyen la primera parte del gasoducto donde se origina en la Región del Bajo Urubamba cruzando la Cordillera de Vilcabamba hacia el río Apurímac. Los impactos directos a estos hábitats naturales críticos incluyen el desbroce de un derecho de vía de 25 metros, la construcción de 3 campamentos que ocuparán un área de 40,000 a 60,000 metros cuadrados cada uno, la limpieza de varios helipuertos, la construcción de dos estaciones de bombeo, el mejoramiento de algunas carreteras existentes y la construcción de caminos de acceso temporales. Como estos hábitats críticos también están en un excelente estado de conservación y están conformados mayormente de bosques tropicales primarios, los impactos directos serán similares a aquellos que ocurrirán en el Lote 88. La diferencia principal es que la naturaleza del proyecto y el PMA son distintas. Mantener una cubierta frondosa natural sobre el derecho de vía no es parte del plan y las medidas de restauración para la mayoría de las áreas desbrozadas no ocurrirán hasta que sean abandonadas. Dada la naturaleza prístina de muchas de las áreas forestadas que serán despejadas, estas no regresarán a su estado original. TGP les dice a las comunidades que ellos replantarán la vegetación en el DDV una vez que el gasoducto haya sido enterrado, más no podrán plantar especies de raíces profundas. En efecto, esto significa que la mayoría de las especies nativas de árboles no podrán ser plantados. El derecho de vía y las áreas de las estaciones de bombeo no empezarán a retornar a su estado natural hasta su abandono, que actualmente se calcula entre 33 y 40 años. A estas alturas es muy probable que algunas de las tierras del área hayan sido impactadas y algunos daños irreversibles a las áreas circundantes hayan ocurrido. El cruce planeado de 9 ríos alterará la ecología acuática de una red compleja de sistemas fluviales temporales y algunas áreas probablemente nunca retornarán a su estado original.

37 Los PMA para ambos componentes del proyecto proponen atenuar y revertir los impactos negativos en el ambiente. Los impactos directos se refieren a los impactos causados como resultado de la construcción y la operación en la vecindad de la infraestructura del proyecto. En términos generales las medidas incluyen la reforestación para restaurar las áreas que hayan sido despejadas (el derecho de vía para el gasoducto y las líneas de flujo serán reforestadas con plantas de raíces cortas durante la fase de operación), construcción guiada horizontal o aérea a través de los ríos más grandes para minimizar los disturbios y la construcción tradicional en todos los ríos que causará disturbios temporales, el cierre de todos los nuevos caminos de acceso, la aplicación de medidas de control de erosión donde la vegetación haya sido deteriorada y la implementación de mecanismos de control estrictos para la contaminación y los desechos (cuadros del Plan de Manejo Ambiental). Todas estas medidas son muy necesarias para reducir los impactos negativos. No obstante, no podrán prevenir la pérdida de parte del hábitat natural crítico y la biodiversidad en el Bajo Urubamba y la Cordillera de Vilcabamba. Probablemente es de mayor preocupación la pérdida potencial del hábitat natural crítico y la biodiversidad más allá de lo que pueda ser perjudicado por el impacto directo de la construcción y la operación. Hay un riesgo significativo que los efectos acumulativos de la migración de los trabajadores a estas áreas y la apertura de estas áreas para la construcción y operación del proyecto causen una pérdida significativa de estos hábitats naturales críticos y la biodiversidad en el largo plazo. Análisis deficiente y planes para mitigar los impactos inducidos a largo plazo que pueden conllevar a una conversión significativa de los hábitats naturales críticos y una pérdida de biodiversidad: El Bajo Urubamba, las crestas altas y las laderas orientales de la Cordillera de Vilcabamba han permanecido en un excelente estado de conservación y aún albergan una extraordinaria biodiversidad (primordialmente por sus barreras naturales que han impedido que la población migre a esas áreas). El Pongo de Mainique, las crestas de las montañas al este y al oeste, los bosques tropicales los valles profundos y las falta de caminos han obstruido la migración humana a estas áreas. La afluencia de trabajadores a estas áreas para construir y operar el proyecto, la apertura del bosque para el derecho de vía del gasoducto, la mejora de los pocos caminos que actualmente son transitables por solo unos cuantos meses del año y la construcción de caminos de acceso – aún si son temporales, para facilitar el movimiento en el área, son temas de enorme preocupación para la población local y los ambientalistas. Para obtener evidencia de la magnitud de la amenaza potencial de migración y colonización del área y las consecuencias devastadoras que podrían tener los bosques tropicales y las líneas divisorias, uno puede ver más allá de las barreras naturales actuales hacia las laderas orientales de la Cordillera de Vilcabamba y la Región Alta del Urubamba. Conservación Internacional ha documentado que el 25% de los Andes Tropicales ha perdido la cobertura de sus bosques originales. Muchos de los bosques de los Andes Tropicales al norte y al oeste de la Cordillera de Vilcabamba han sido fragmentados y degradados por el colonizaje agrícola. La misma situación se encuentra al sur en la Región del Urubamba Alta donde 350,00 hectáreas de bosques han sido

38 degradadas debido a la actividad agrícola.25 Cualquier mejora en el acceso al Bajo Urubamba y a la ladera oriental de la Cordillera de Vilcabamba podría estimular la migración de personas foráneas a estas áreas e iniciar el proceso de colonización. Los inmigrantes podrían inicialmente establecerse cerca de las áreas en las que se ha facilitado el acceso cortando y quemando los bosques para cultivar y eventualmente esto crecería a medida que se incremente la presión sobre los recursos naturales. Los planes para construir el gasoducto incluyen el uso de la carretera existente entre Cusco y Quiteni (Kiteni). La compañía de construcción por lo tanto utilizará las carreteras de Quiteni a Kepashiato y de Quiteni a Chimpiarina para llegar a los campamentos de construcción. Las compañías planean mejorar las carreteras entre Calca – Quiteni, Quiteni –Chimpiarina y Quiteni – Kepashiato que ya ha sido mejorada. El EIA declara que entre estos puntos el acceso a la construcción ocurrirá exclusivamente a lo largo del derecho de vía (Vol. I, parte 3, pg. 23). La reciente visita de la Coordinadora al área confirmó que la construcción de las carreteras de acceso en la zona está en proceso de definición y aún no está claro si los planes finales corresponderán con los planes de EIA. Este tipo de mejora de carreteras hará mucho más fácil para los colonos establecerse dentro de los alrededores del área, que hasta ahora ha permanecido inaccesible y de muy difícil movilización. CEDIA ya ha registrado un incremento de la colonización en el área debido a las mejoras en los accesos que ha llevado a cabo el personal de topografía y de medición.26 Mientras que los impactos directos reciben un análisis detallado en el EIA – particularmente el EIA de ERM, existe muy poco análisis de los impactos inducidos a largo plazo. Ambos EIAs mencionan el acceso como un potencial impacto negativo y se asume en ambos informes que será controlado. Sin embargo, los PMA no proponen medidas estrictas para controlar la inmigración a lo largo de todos los puntos de acceso durante la duración tanto de la fase de construcción como la de operación del proyecto que incluyen: derecho de vía, caminos, líneas sísmicas, transporte fluvial mejorado, caminos de acceso y carreteras mejoradas. Los PMA no se comprometen a prevenir la colonización del área. La contradictoria situación legal sobre el uso de tierras en estas áreas hace del tema del acceso un tema potencialmente más problemático. De acuerdo a la legislación Peruana las comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras y al pueblo Machiguenga se le ha otorgado derechos legales a sus tierras. La propiedad se otorga solo a la tierra con aptitud agropecuaria y en el área de aptitud forestal dentro del territorio comunal, se les otorga derecho de cesión en uso. El Convenio 169 reconoce el derecho a la propiedad integral de territorio indígena, que incluye la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan tradicionalmente para sus actividades culturales o de subsistencia. Sin embargo sobre la propiedad comunal el Estado puede otorgar concesiones para exploración y explotación de minería e hidrocarburos, que por sus condiciones de plazo, por la imposibilidad de permanecer bajo el control del propietario, y por la magnitud de los impactos directos, indirectos y acumulados, se configura en la práctica una expropiación del territorio a los

39 indígenas. El Convenio 169 también señala que los Gobiernos deben respetar al carácter especial que reviste las tierras y territorios para los pueblos indígenas, como base material de existencia y desarrollo de su cultura y sus valores espirituales, así como también a su importancia por el carácter colectivo y transgeneracional de esta relación. Otras presiones sobre estos bosques puedan amenazar su bienestar. La colonización inducida y el incremento en la caza y la tala ilegal, agregados al impacto negativo en la biodiversidad también puede acarrear conflictos entre el pueblo indígena y nuevos colonos. La situación del uso de tierras es complicada debido a que todas las áreas, incluso las protegidas, están sujetas al libre pase de oleoductos, gasoductos y otras instalaciones para la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.27 El Lote 88 está en realidad rodeado de varias áreas protegidas: El Parque Nacional del Manu, dos reservas: La Zona Reservada de Vilcabamba Pavliv Nikitine y la Reserva del Estado a Favor de las Poblaciones Nativas Nómades Kugapakori y Nahua y el Santuario Machiguenga Megatoni. El gasoducto cortará 65 kilómetros de la Zona Reservada de Apurímac de los cuales 10 kilometros corresponden a la naciente del río Parotori una de las nacientes de agua de la vertiente oriental de la Cordillera más sensible y pristinas. Dado el hecho que la ley le otorga a los auspiciadores del proyecto el derecho de establecer y operar el proyecto del gas de Camisea en y cerca de las “áreas protegidas” no existe defensa legal para prevenir el acceso a ellas como resultado de la actividad del proyecto. La consolidación de estas grandes áreas protegidas es ya un reto muy grande para los conservacionistas y los habitantes indígenas que viven en estas áreas. La intrusión de la construcción y de la actividad industrial a gran escala, la afluencia de trabajadores y las mejoras de acceso a estas áreas harán este reto aún mayor. Hay una contradicción en el hecho de que las áreas protegidas han sido establecidas para preservar los hábitats naturales críticos pero no quedarán protegidos de un proyecto de infrastructura significativo como el proyecto del gas de Camisea que amenaza con degradar su actual estado de conservación – directa e indirectamente. Se necesitan medidas más fuertes para prevenir la contaminación: Para proteger la biodiversidad de estos hábitats naturales críticos las compañías necesitarían mantener niveles de contaminación prácticamente nulos (“cero”). Se debe prevenir la contaminación a la tierra, al aire y el agua. La alteración de cualquiera de estos elementos tendría un efecto negativo en los frágiles ecosistemas del bosque y acuáticos encontrados en la Cordillera de Vilcabamba y en la Región Baja del Urubamba. El bienestar de todos los organismos vivientes dentro de este ecosistema, incluyendo los habitantes indígenas, está vinculados a estos tres elementos. La contaminación del ruido en estas áreas es un tema también relevante ya que el ruido puede alterar el comportamiento de la vida silvestre y la calidad de vida de la población local. Los desechos generados por los miles de empleados viviendo en los campamentos, los numerosos equipos y maquinarias que necesitarán ser mantenidos y operados, la construcción y la operación de una planta de separación y condensación de gas y las

40 operaciones de perforación en cuatro áreas diferentes necesitarán ser controladas. Los desechos deberían ser enviados fuera del área o tratados in situ hasta que puedan ser reintroducidos al ambiente natural sin comprometer la salud de los ecosistemas prístinos. Los EIA han identificado potenciales impactos negativos relacionados a la contaminación y los han atendido en los PMA. El EIA de ERM identifica estándares EPA para mantener la calidad del aire, del agua y de la tierra. Será necesario asegurar un sistema de monitoreo interno independiente que sea eficaz y permita verificar su cumplimiento. El EIA elaborado por Walsh no es muy estricto en la aplicación de estándares y ésta es una causa de preocupación particularmente dada la sensibilidad de las áreas afectadas. La calidad del agua y del aire para la parte del proyecto a cargo de TGP solo será monitoreada durante la fase de construcción y no se han especificado estándares internacionales. Dada la naturaleza sensitiva, ecológica y social de estas áreas es importante que las instalaciones de los campamentos, de transporte e industriales mantengan cero descarga de desechos. El agua debería ser tratada por plantas de tratamiento de agua para obtener calidad de agua de lluvia. La incineración de desechos sólidos debería de limitar la descarga de dióxido de carbono y agua, todos los otros productos deberían ser transportados fuera de las instalaciones y la planta de procesamiento de gas y las instalaciones relacionadas deberían ser operadas bajo condiciones totales de balance de material. Pluspetrol planea instalar y operar plantas de incineración y tratamiento de agua que tienen las especificaciones técnicas para tratar los deshechos quemables y los líquidos no tóxicos en forma efectiva. TGP no planea instalar plantas con especificaciones comparables. Esto quiere decir que el desecho generado durante la fase de la construcción del gasoducto y su operación muy probablemente contaminará el ambiente prístino. Las explosiones no son poco comunes en este tipo de instalaciones. Las explosiones o derrames accidentales serían devastadores para los ecosistemas locales. Todas las posibles precauciones deben ser tomadas para prevenir accidentes y las medidas de contingencia más estrictas deben ser adaptadas. Ambos PMA incluyen planes de contingencia para emergencias. Sin embargo, solo serán efectivas si el personal está bien preparado y entrenado y si se establecen sistemas de alerta temprana que funcionen en forma efectiva. Se necesitan medidas más eficaces para controlar la erosión: Ambas EIA han identificado la necesidad de controlar la erosión causada por la construcción y la operación y han definido varias medidas para controlarla. Dada la magnitud de las actividades de construcción que ocurrirán y las características naturales de los hábitats que serán afectados, la erosión es una preocupación significativa. El Valle del Urubamba tiene un terreno que es caracterizado por montañas, montañas suavemente ondulantes, valles de ríos profundos así como anchos meandros de ríos y terrenos aluviales. El área está marcada por un sistema complejo de ríos que son utilizados por las aguas de las alturas para llegar a la cuenca del río Amazonas. La lluvia

41 es cuantiosa (oscilando entre 3,000 y 5,000 milímetros al año) y generalmente las tierras superficiales son frágiles y poco profundas. Una vez que la vegetación natural se remueve, se inicia una erosión significativa con las primeras lluvias. Podría ocurrir un daño irreversible salvo que se instalen medidas de control. La pérdida de capa fértil de la tierra superficial, la contaminación y colmatación de los sistemas acuáticos de los ríos y la erosión y los deslizamientos de tierras en las laderas son algunos de los problemas potenciales principales. Las tierras superficiales son lavadas hacia el disperso sistema de ríos y la colmatación altera negativamente la calidad del agua del río que afecta a su vez el ecosistema acuático. Si las tierras contienen desechos que han sido derramados durante la construcción u operación, entonces los problemas de polución al ecosistema acuático serán complicados. Una vez que se pierde la tierra de la superficie es muy difícil restablecer una capa fértil para la reforestación. Los esfuerzos de reforestación que serán fundamentales para atenuar con éxito los impactos negativos para el ecosistema prístino del bosque no pueden ser asegurados con débiles medidas de control de erosión. El derecho de vía, las carreteras de acceso, las líneas de flujo y las líneas sísmicas serán construidas sobre márgenes de ríos frágiles y terrenos con colinas, y en algunos casos montañosos. La vegetación será removida para la construcción y la erosión ocurrirá (a menos que se controle antes de que empiece la lluvia). En estas áreas de pendientes inclinadas pueden ocurrir deslizamientos de tierras que alterarán la topografía y contribuirán a una erosión significativa causando un grave daño a los ecosistemas acuáticos locales. Ya se puede ver la evidencia de un nivel significativo de erosión a lo largo de los caminos que las compañías han mejorado y que llevan al Bajo Urubamba. A pesar de los planes y las promesas de construir cuidadosamente para minimizar la erosión y aplicar medidas de control estrictas para la erosión luego de la construcción, esto no se ha cumplido. Si esto es una indicación de la calidad de aplicación de medidas atenuantes que se pueden esperar durante la construcción y operación del proyecto. Esto es motivo de gran preocupación. Cumplimiento: Como se ha mencionado antes, los EIA de Walsh y de ERM han definido PMA elaborados mencionando muchos de los impactos negativos que esta revisión identifica. Como este informe recalca en la sección de conclusiones y recomendaciones, medidas adicionales deberán ser implementadas para poder prevenir y atenuar mejor algunos de los impactos negativos a los hábitats naturales críticos y a los pueblos indígenas que viven dentro de estos hábitat. Adicionalmente a estas medidas, es absolutamente vital que los auspiciadores del proyecto, el gobierno peruano y los financiadores del proyecto aseguren una implementación segura y completa de lo que están proponiendo en los PMA. La siguiente sección presenta las conclusiones principales de este estudio y los resultados deseados para prevenir y mitigar los negativos impactos sociales y ambientales.

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V.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS DESEADOS

A.

CONCLUSIONES

Impactos negativos irreversibles y cumplimiento El Proyecto tendrá impactos negativos irreversibles sobre la biodiversidad de esta área y sobre grupos indígenas que viven en aislamiento a pesar de la implementación de medidas estrictas. Además, existe la preocupación de que aunque el consorcio planifique medidas estrictas las compañías en realidad no se adherirían a ellas ni cumplirían con los planes y objetivos. No existen incentivos financieros o imposiciones estrictas para asegurar el cumplimiento de los planes durante la duración del Proyecto. La capacidad del gobierno peruano de imponer el cumplimiento es débil. Ninguna de las compañías involucradas en el consorcio tienen una historia de prácticas sociales y ambientales óptimas. Los operadores mayores de los dos componentes del Proyecto han tenido problemas ambientales y en algunos casos, problemas sociales con otros proyectos en la región. A principios de este año, el operador mayor de TGP – Techint – operador mayor en el gasoducto argentino Norandino, tuvieron una gran explosión – la segunda en menos de un año – en la cual las llamas se propagaron a través del bosque Yungas, un área en estado de conservación crítico. En Ecuador, Techint dirige la construcción del oleoducto OCP, el cuál ha tenido mucha controversia: confrontando juicios, protestas, y multas por la degradación de áreas protegidas y hábitats de especies raras en riesgo de extinción. En 2000, un derrame petrolero de Pluspetrol contaminó el rio Marañón aledaño a una de las áreas protegidas más grandes del Perú, la Reserva Pacaya-Samiria, y afectó seriamente la salud del pueblo indígena Cocamas-Cocamillas. En otro lado del Perú, en el Lote 1-AB y 8-8X, Pluspetrol ha causado contaminación a través del uso continuo de tecnología anticuada y métodos heredados de Occidental Petroleum y de Petroperú cuando ambas empresas poseían estos lotes, admitiendo que de las actuales operaciones de extracción, que para el mes de marzo del 2002 calcularon en 43,500 barriles diarios, el 5% es crudo y el 95 % agua de producción que se elimina a los ríos y quebradas. Las comunidades indígenas Achuar y Quichua en cuyo territorio tradicional se desarrollan estas operaciones hace mas de 33 años, están sufriendo de enfermedades estomacales, cáncer, y enfermedades respiratorias causadas por derrames directos de estos desechos petroleros. La siguientes son conclusiones específicas relacionadas con el cumplimiento: • Cumplimiento de los estándares internacionales: Ninguno de los componentes del Proyecto cumplen con los estándares del Banco Mundial. Las actividades de exploración, extracción y transportación destruirán bosques húmedos tropicales primarios y llevarán a la degradación y conversión de hábitats naturales críticos. Un análisis especial sobre los

43 impactos que afectan a grupos indígenas – particularmente grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario – es deficiente. Faltan planes correspondientes para prevenir y mitigar impactos negativos sobre estos grupos. Las dos compañías están en violación del Convenio Internacional 169 de OIT. No les dieron a los afectados locales la información adecuada ni el tiempo necesario para estudiar y responder al estudio de impactos ambientales. Las practicas de negociaciones actual sobre compensaciones económicas por el uso de tierras indígenas no permiten una decisión libre e informada de parte de los grupos indígenas. Ellos no han sido involucrados en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectarán. • Impactos negativos irreversibles: Los patrocinadores del Proyecto deberían saber que a pesar de los planes estrictos de mitigación, habrán impactos negativos irreversibles sobre la biodiversidad y grupos indígenas en aislamiento. • Capacidad y voluntad: En este momento, es dudable que las compañías tengan el deseo o la capacidad y en este caso el gobierno peruano – la capacidad, de asegurar el cumplimiento estricto de los planes de mitigación ambiental y social. • Objetivos y medidas: En el caso de TGP, los objetivos de la mitigación y las medidas son deficientes. • Monitoreo Independiente: Los planes no incluyen verdaderos procesos de monitoreo transparente e independiente. • Falta de vigilancia independiente: El Proyecto no tiene una vigilancia y asesoramiento técnica independiente. Reconocimientos de impactos inducidos y control de acceso: Los dos EIAs incluyen secciones extensas que analizan impactos potenciales directos. Sin embargo, faltan análisis de impactos inducidos indirectos y medidas de manejo ambiental correspondientes para mitigar dichos impactos. El EIA del componente de producción sí analiza impactos inducidos indirectos, sin embargo, al plan de manejo ambiental le falta analizar las medidas para prevenir o mitigar impactos inducidos. El EIA del componente de transportación no reconoce los impactos inducidos indirectos por lo tanto, no son tratados por el plan de manejo ambiental. Los dos componentes fueron estudiados separadamente, de modo que no se reconocen los impactos de los dos componentes en conjunto. Por ejemplo, Pluspetrol planea prohibir la construcción de vías que dificultarán el acceso, sin embargo, no menciona el hecho de que el otro componente – el gasoducto, abrirá acceso a la Cordillera de Vilcabamba, el Bajo Urubamba y el Lote 88. Para tal Proyecto complejo que se implementará en un área extremadamente frágil, esto es un defecto significativo. Las comunidades locales, grupos en defensa de derechos humanos y conservación están muy preocupados sobre los

44 problemas que serán causados por impactos indirectos, como el mejoramiento de acceso que aumentará la colonización, la disminución de la cobertura forestal, la degradación ambiental, riesgos de salud, la pérdida de integridad cultural y conflicto social. Se requiere que las compañías implementen medidas para controlar el acceso. Las siguientes son conclusiones específicas relacionadas con el control de acceso: • Vías: Los componentes de transportación y producción están planeando desarrollar vías de acceso para la construcción. El EIA de producción reconoce que posiblemente tendrán que construir vías de acceso dentro de los ‘cuatro plataformas de producción, pero no específica donde y como se construirán. El EIA de transportación declara que en la sección de bosques húmedos, ellos solo construirán o mejorarán tres vías y utilizarán el derecho de vía para construir el gasoducto. Los planes para el mejoramiento de vías y la construcción de vías de acceso tienen que ser altamente escrutados y desalentados. Cualquier vía en esta área sensitiva llevará a la conversión y degradación de hábitats de bosques tropicales primarios. • Acceso a tierras indígenas: Relativamente nuevos asentamientos de migrantes favorecen la construcción de estas vías permanentemente, mientras la mayoría de las comunidades indígenas se oponen. Los planes para la construcción de vías de acceso y el mejoramiento de vías existentes deben respetar la fragilidad ambiental y social del área. Se tiene que tener cuidado de no satisfacer a un grupo afectado a costo de otro grupo, principalmente grupos indígenas. • Senderos sísmicos y DDVs: No son adecuados los planes para reducir y mitigar el impacto negativo de la apertura de senderos sísmicos y derechos de vías para las líneas de flujo entre los pozos y el gasoducto en las áreas de bosques tropicales húmedos. Las medidas para conseguir acceso inmediatamente después de abrir el bosque no son evidentes en los PMAs. El acceso libre a lo largo de los senderos o derechos de vía, hasta por un periodo de pocos meses, probablemente creará impactos negativos irreversibles en el hábitat de bosques. TGP menciona en su EIA que considerarán reducir el derecho de vía de 25 metros a 15 metros en la sección del bosque húmedo del DDV. Las negociaciones recientes con comunidades locales sobre el acceso de DDV se basan en el ancho de 25 metros, lo cuál confirma que TGP a descartado esta posibilidad. • Tierras con estado legal especial: Los territorios, reservas, áreas protegidas, y santuarios indígenas serán más accesibles por intrusos externos a causa del Proyecto. El DDV del gasoducto cruzará a través de la Reserva Comunal de Vilcabamba el cuál facilitará el acceso. El DDV del gasoducto irá hasta Las Malvinas donde los derechos de vía de las líneas de flujo atravesadas por los senderos sísmicos abrirán el acceso a la Reserva del Estado a Favor de las Poblaciones Indígenas Nómade Kugapakori y Nahua. El mejoramiento de acceso a estas dos áreas violará su estado de protección dejando que la biodiversidad extraordinaria de la Cordillera de Vilcabamba y los grupos indígenas que viven en

45 aislamiento sean vulnerables a impactos negativos irreversibles significativos. No existen planes en el Proyecto que respeten el estado legal especial de estas áreas. En el caso de estas áreas especiales, la exclusión de actividades del Proyecto en el área es la única forma efectiva de prevención para obtener la mitigación de estos impactos negativos irreversibles. CEDIA a hecho una propuesta a TGP para variar la ruta del gasoducto un poco y evite que pase por la Reserva Comunal de Vilcabamba. La compañía no ha aceptado la propuesta. Relaciones comunitarias: Las relaciones de los afectados locales con las compañías son dificultosas. Aunque algunas de las consultas iniciales fueron buenas – especialmente las que fueron conducidas por ERM, lamentablemente el involucramiento público en la revisión del EIA fue inadecuado. Los afectados locales no han aportado en el diseño, los planes de manejo ambiental o las medidas de compensación del Proyecto. Las prácticas de negociación sobre compensación han creado divisiones, confusión y han debilitado las comunidades locales. Las siguientes son conclusiones específicas relacionadas con relaciones comunitarias: • Consulta y participación insuficiente: Las explicaciones de los EIA para el público y los períodos de comentario público fueron deficientes. Los afectados locales no han sido adecuadamente consultados sobre los aspectos de diseño e implementación del Proyecto que les impactarán directamente. • Negociaciones bajo los términos de cada compañía: Las compañías están haciendo negociaciones exclusivamente bajo sus propios términos y las comunidades tienen que negociar con una o tres compañías diferentes sobre temas relacionados. No se ha hecho ningún esfuerzo para integrar métodos entre las compañías. • Esfuerzos y recursos divididos: Se están presentando ‘convenios’ diferentes a cada comunidad. No se ha hecho un esfuerzo para trabajar con las comunidades colectivamente. Las compañías no han tenido la iniciativa de unir esfuerzos y recursos para trabajar con las comunidades y tratar sus preocupaciones efectivamente en una manera regional e integrada. • No tratan los temas: Las comunidades ven la falta de trato sobre sus preocupaciones como un proceso caótico y divisionista. En lugar, esto está generando una desconfianza entre las compañías y los pueblos locales. Las comunidades locales están muy conscientes de los problemas sociales y ambientales potenciales y reconocen que los tratos de compensación divididos y parciales no ayudarán a tratar sus preocupaciones. Pueblos indígenas que viven en aislamiento:

46 La magnitud del Proyecto de Gas Camisea demanda una evaluación completa y exacta sobre las necesidades y deseos de los pueblos que viven en aislamiento voluntario y un análisis riguroso y completo sobre los impactos del proyecto sobre sus vidas. Los métodos propuestos para mitigar los impactos sociales sobre los pueblos indígenas aislados son altamente deficientes, aunque si se mejoraran los métodos solo reducirían parcialmente los riesgos sustanciales de los impactos sociales sobre los pueblos indígenas en aislamiento causados por el proyecto. Los pueblos Nanti, Nahua y Kirineri serán afectados en diferentes grados y formas. Las siguientes son conclusiones específicas relacionadas con los pueblos indígenas que viven en aislamiento: • Derechos Humanos: El Proyecto de Gas Camisea viola repetidamente los derechos individuales y colectivos reconocidos internacionalmente a favor de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. • Contacto no deseado: Aunque las compañías desalienten el contacto, es muy posible que ocurra contacto que no es deseado por algunos de estos grupos durante el periodo de 33 años de la implementación del Proyecto. • Respetando la Reserva: Los límites de la Reserva del Estado al Favor de las Poblaciones Indígenas Nómade Kugapakori y Nahua no han sido respetados en el Lote 88. Tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica tendrá lugar en la Reserva. Para respetar los límites de la Reserva y los derechos de los pueblos en aislamiento se necesitaría la prohibición del desarrollo de tres de las plataformas (Cashirairi 1 & 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica de tal modo que no se desarrolle dentro de la Reserva. • Revisión Independiente: No se ha propuesto un mecanismo independiente de revisión para asegurar el desarrollo adecuado de medidas y cumplimientos estrictos de políticas de la compañía, códigos de conducta, y planes de contingencia relacionados con los pueblos indígenas que viven en aislamiento. Seguridad de las comunidades locales: Las comunidades locales nunca han sido expuestas a un proyecto industrial. Se debe de tener mucho cuidado para proteger su salud y seguridad. Durante los talleres que se realizaron en el área las comunidades expresaron un nivel muy alto de entendimiento y sus preocupaciones sobre riesgos de salud y seguridad. Es posible que el proceso de consulta sobre el EIA contribuyó a este conocimiento. Por otro lado, a pesar de la minuciosidad del análisis de consultas, el diseño y los planes del Proyecto no han puesto importancia sobre varias preocupaciones mayores locales. Las siguientes son conclusiones relacionadas con seguridad: • Amenazas físicas: El diseño actual tiene al gasoducto pasando inseguramente cerca de poblaciones humanas y estructuras civiles.

47 • Amenazas sociales: Los campamentos de trabajadores presentarán una intrusión significativa sobre la población local. Esto plantea amenazas potenciales serias sobre la salud y cultura de los pueblos locales. Cualquier relación entre los trabajadores y las comunidades locales podría crear impactos sociales negativos. • Subsistencia: Las comunidades Machiguenga están preocupados de que su mayor recurso de subsistencia – los ríos – serán interrumpidos durante la construcción del gasoducto. Durante la estación seca muchas de las comunidades indígenas se reubican temporalmente en las playas y riberas. El EIA de TGP declara que de cinco a siete ríos entre Las Malvinas y el Río Apurimac serán afectados por la construcción del gasoducto temporalmente. El gasoducto será construido con recursos tradicionales. Los ríos estarán bloqueados temporalmente por represas para que el gasoducto sea enterrado debajo del río. El pueblo Machiguenga pide que los ríos no se bloqueen, ni temporalmente, ya que causará dificultades serias en sus comunidades– particularmente en la estación seca. Las compañías deberían considerar colocar el gasoducto en estos cinco ríos usando las mismas técnicas de perforación horizontal como las que usarán en los Ríos Urubamba y Apurimac. B.

RESULTADOS DESEADOS

Contaminación: Todos los campamentos, áreas de construcción, plataformas de perforación, la planta de procesamiento de gas Las Malvinas, unidades de turbo-expansión, plantas de estabilización de condensado, estaciones de compresión de gas, estaciones de bombeo líquido y otras facilidades relacionadas deberían ser operadas bajo condiciones completas de balance material y deberían mantener el derrame de residuos a cero. Los residuos que se eliminen al medioambiente debería ser en el caso de los líquidos – como la calidad de lluvia, y en el caso de emisiones – incluir sólo agua y dióxido de carbón. Se deben tomar todas las precauciones para prevenir accidentes y se deben adaptar las medidas de contingencia más estrictas. Se deberían instalar válvulas adecuadas y ‘pigs’ inteligentes para prevenir y minimizar daños en esta área sensitiva. Se deberían evitar las construcciones de estaciones de bombeo entre Las Malvinas y el Río Apurimac. Esto se puede evitar modificando técnicamente las dimensiones del gasoducto. Erosión: El control de erosión debería ser una prioridad durante la duración del Proyecto. La meta debería ser prevenir y controlar la erosión por todo el área, específicamente en laderas y dentro de sistemas hídricos. Las compañías son responsables de implementar toda la restauración y el control de medidas de erosión de tierras, no las comunidades.

48 Sin embargo, las comunidades deberían participar en un sistema de monitoreo independiente para asegurar que las compañías controlen la erosión efectivamente. Grupos indígenas que viven en aislamiento: La Reserva del Estado a Favor de la Poblaciones Nativas Nómade Kugapakori y Nahua debe de ser respetada. Ninguna actividad del Proyecto, ni el personal relacionado con el Proyecto debería violar la Reserva. El deseo de los pueblos Yora (Nahua) y Nanti (Kugapakori) de mantenerse sin contacto o aislados debe ser respetado y se deben establecer medidas estrictas para cumplir con ese deseo. Control de acceso: Las actividades del proyecto, el gasoducto y el flujo de los derechos de vías (DDVs), líneas sísmicas, vías de acceso y el aumento de transporte aéreo y por río no deberían incitar al acceso a las áreas del Bajo Urubamba y la Cordillera de Vilcabamba durante la duración del Proyecto. Se deben implementar medidas estrictas para controlar el acceso de corto y largo plazo. Las compañías deberían ser responsables de prohibir el flujo de personas externas que desean asentarse en el área – no las comunidades. Desarrollo social y conservación: Se deberían mejorar los indicadores socioeconómicos de bienestar de las comunidades indígenas afectadas directamente e indirectamente por el Proyecto. Los patrocinadores del Proyecto deberían ser responsables por cualquier deterioro en el bienestar socioeconómico de la población local y deberían apoyar medidas de prevención para asegurar que la población local no esté en peor situación a largo plazo. Los patrocinadores del Proyecto son responsables de asegurar que el estado de conservación de las regiones del Bajo Urubamba y la Cordillera de Vilcabamba se conserven como existen hoy en día – en un estado excelente de conservación. El bosque primario disminuirá durante la etapa de construcción del Proyecto, sin embargo, los patrocinadores del Proyecto deben asegurar que no se eliminen más bosques naturales en estas áreas. 1

Conservation International, Ecological Profile of the Vilcabamba – Amboro Corridor. The World Wildlife Fund, unpublished document: Biodiversity Vision for the Southwest Amazon Ecoregion, 2001. 3 Conservation International, Center for Applied Biodiversity Science & Smithsonian Institution, Monitoring and Assessment of Biodiversity Program, Biological and Social Assessments of the Cordillera de Vilcabamba, Peru, RAP Working Paper SI/MAB Series 6, June 2001. 4 Smithsonian Institution, Monitoring and Assessment of Biodiversity Program, Urubamba: the Biodiversity of a Peruvian Rainforest, SI/MAB Series 7, December 2001. 2

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ERM Peru, S.A., Campania de Perforacion Exploritoria de Camisea Estudio de Impacto Ambiental, prepared for Shell Prospecting and Development (Peru) B.V., July 1996. 6 Walsh Peru S.A., Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de los Liquidosde Gas Camisea, Lima, Peru, September 2001. 7 ERM Peru S.A., Estudio de Impacto Ambiental y Social del Lote 88, Camisea y Area de Influencia, Lima, Peru, August 2001. 8 ILO Convention 169 9 FENAMAD, ‘ACCION DE GARANTIA: AMPARO’, 2001, Puerto Maldonado’. 10 The World Bank. Operational Directive (OD) 4.20: Indigenous Peoples, September 1991. 11 ERM Peru S.A., Estudio de Impacto Ambiental y Social del Lote 88, Camisea y Area de Influencia, Lima, Peru, August 2001. 12 ERM Peru S.A., Estudio de Impacto Ambiental y Social del Lote 88, Camisea y Area de Influencia, Lima, Peru, August 2001. 13 Kapila, Sachin, Machiguenga History Booklet, prepared for Shell Prospecting and Development Peru, 1998. 14 Regional de Cusco, Shell Prospecting and Development Peru, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, INANDES-UNSAAC, Pro-Naturaleza, CBC & ADARI, Diagnostico Integral y Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba, Cusco, Peru, 1998. 15 ILO Convention 169 16 The World Bank. Operational Directive (OD) 4.20: Indigenous Peoples, September 1991. 17 Conservation International’s website: www.conservation.org. 18 World Wildlife Fund’s and the National Geographic’s website: www.worldwildlife.org/wildworld. 19 Smithsonian Institution, Monitoring and Assessment of Biodiversity Program, Urubamba: the Biodiversity of a Peruvian Rainforest, SI/MAB Series 7, December 2001. 20 Conservation International’s Ecological Profile of the Vilcabamba – Amboro Corridor. 21 Conservation International, Center for Applied Biodiversity Science & Smithsonian Institution. Monitoring and Assessment of Biodiversity Program, Biological and Social Assessments of the Cordillera 22 Camancho, Olvis, Cordero, William, Martinez, Ignacio & Rojas Donato, La Tasa de Deforestacion del Departmento de Santa Cruz, Bolivia 1993-2000, Bolfor, Santa Cruz, 2001. 23 The World Bank. Operational Policy (OP) 4.04: Natural Habitats & OP 404 Annex A: Definitions. 2001. The World Bank. Environmental Assessment Sourcebook Update: Biodiversity and Environmental Assessment. Number 20. 1997. 24 Kapila, Sachin and Murphy, Kevin, Informe de Aspectos Claves del EIA: Instalaciones de Produccion en el Campo de Camisea, ERM Peru, March, 1998 25 Conservation International, Center for Applied Biodiversity Science & Smithsonian Institution, Monitoring and Assessment of Biodiversity Program, Biological and Social Assessments of the Cordillera 26 official communications from CEDIA to TGP: # 064-2001-CEDIA June 15, 2001 and # N° 080-2001 August 29, 2001. 27 Gobierno Regional de Cusco, Shell Prospecting and Development Peru, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, INANDES-UNSAAC, Pro-Naturaleza, CBC & ADARI, Diagnostico Integral y Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Bajo Urubamba, Cusco, Peru, 1998.