Etnografía de las prácticas políticas y su incidencia en la conformación del estado en una región marginal de Colombia María Clemencia Ramírez Investigadora Asociada Instituto Colombiano de Antropología e Historia John Simon Guggenheim Fellow 2009-2010

Para “examinar los estados andinos como campos políticos descentrados y desde sitios de análisis descentrados” según la convocatoria a esta conferencia, me sitúo en un lugar periférico y marginal de la nación-estado de Colombia, el departamento del Putumayo localizado en la Amazonía Occidental, región que permaneció aislada del orden central del país hasta 1943 cuando llega la carretera de Pasto -municipio ubicado en la región andina- a Mocoa -municipio localizado en el piedemonte del Putumayo-. Es importante resaltar que en Colombia el estado central no ha ejercido un control efectivo sobre todo el territorio y no ha tenido el monopolio de la violencia, presentándose así la construcción de dos áreas claramente diferenciadas al interior de la nación: unas centrales con presencia fuerte del estado y unas periféricas conformadas como resultado de oleadas de colonización de desplazados del centro, donde los grupos armados no estatales compiten con el estado en el ejercicio del control así como de la autoridad, con presencia de la economía del narcotráfico, como es el caso del Putumayo. En esta medida mi ponencia responde a la segunda línea de investigación que busca examinar “las zonas sobreimpuestas de la práctica gubernamental oficial y extraoficial y los efectos ondulatorios de acciones estatales en relaciones privadas, domésticas y afectivas”. A continuación busco examinar las prácticas políticas locales desde una perspectiva histórica, las cuales responden tanto al régimen político nacional y a las políticas del gobierno central que buscan consolidar la presencia del estado en esta región

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periférica, como a la concomitante búsqueda de inclusión al orden central por parte de los habitantes de la región, un interés de doble vía que pone en juego diferentes estrategias y políticas para lograrlo. Es así como esta relación centro-periferia va a estar mediando el análisis que voy a presentar enfocado en el examen de la relación política y estado tanto al interior del departamento del Putumayo como en relación con la política y el estado central, de manera que tanto la articulación como el conflicto que se establece, entre las estructuras políticas y de estado nacionales con respecto a sus representaciones regionales y municipales, se pondrán en evidencia. Un segundo nivel de análisis se refiere a las subregiones dentro del departamento del Putumayo que se conforman como resultado de procesos históricos y socioeconómicos diferentes y que presentan diferentes niveles de integración al eje central del gobierno regional localizado en Mocoa. García Villegas (2009), en su caracterización histórica del régimen político colombiano, interconecta dicha incapacidad del Estado para controlar la violencia con la hiper-politización del debate político para explicar la expresión violenta de los conflictos, que según sostiene son resultado de la falta de autonomía del Estado con respecto a la política, por cuanto “los partidos políticos ocupan casi todo el Estado de manera que todo queda sometido a la conflictividad –amigo/enemigo propia del debate partidista” (32). Además señala que ésta captura del estado por parte de los partidos políticos no sólo ha establecido conflictos y competencias entre los mismos sino un predominio y consolidación de las relaciones clientelares frente al establecimiento de relaciones ciudadanas con la consecuente sobreposición del negocio privado a la representación política, lo cual ha conllevado de hecho a una relajación de la moral pública y a un aumento de la corrupción (48-50). Esta caracterización resalta la importancia de la

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política en la conformación del estado lo cual se cumple en el caso del Putumayo hasta el punto de que se puede afirmar que en el Putumayo hay más política que estado. Sin embargo, García Villegas establece una diferenciación tajante entre la creación de clientes o de ciudadanos, de la moral o de la corrupción, dicotomías que para el caso d estas regiones marginales se tornan difusas, al igual que los límites entre el estado y la política. Hasta la Constitución de 1991, el territorio nacional que conformaba la Amazonia colombiana se diferenciaba del resto del país administrativamente al estar constituido por entidades territoriales de menor rango que los Departamentos denominadas Intendencias y Comisarías, las cuales eran administradas directamente por el gobierno central, reiterándose así la condición marginal de estos territorios en proceso de integración al orden central. El Intendente o Comisario era un agente inmediato del Gobierno Nacional nombrado directamente por el Presidente. Con la Nueva Constitución de 1991 las Intendencias, una de ellas la Intendencia del Putumayo, fueron erigidas como Departamentos (Artículo 309). Esta nueva condición administrativa significó no solamente el reconocimiento por parte del gobierno central de su “mayoría de edad”, sino también su relativa autonomía administrativa pero sobre todo, la Constitución hizo extensivo a los gobernadores, el sistema de elección popular, el cual había decretado en 1986 para la elección de alcaldes. Además de reforzar el traslado de recursos y competencias a las entidades territoriales la Constitución enfatizó la participación ciudadana como elemento central para el buen funcionamiento de este proceso de descentralización buscando romper las cadenas clientelistas al devolverles el poder a los ciudadanos. Sin embargo en el Putumayo, tanto en el imaginario como en la práctica

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social y política, el estado local sigue representando recursos y la provisión tanto de servicios como de contratos de trabajo para acceder a los cuales se debe participar en política ya sea siendo parte de redes clientelares establecidas o simplemente participando en la campaña política del posible ganador. Aunque las demandas ciudadanas se abren espacios (Ramírez 2001) el estado como fuente de empleo es el imaginario predominante en la región, lo cual pone en acción la política del estómago (politics of the belly ) a la cual se refiere Bayart ([1989] 2000) en su trabajo sobre el Estado en África que no puede reducirse a un simple problema de corrupción en cuanto a percibir los dineros del estado como un botín, sino que como Bayart lo señala se trata de “un sistema de acción histórico cuyo origen debe ser entendido si es posible a través de la noción de gubermentalidad de Foucault desde una perspectiva braudeliana de larga duración (xxvi)”. Bajo este supuesto, la corrupción es vista como una técnica de gobierno local con raíces históricas y significados culturales propios que merece un examen detenido. Para el caso del Putumayo los significados que cobra la corrupción a nivel local se evidencian en relación con la promoción del “buen gobierno” por parte del gobierno central, cuyos indicadores son eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios del estado, y a partir de los cuales el gobierno central mide el desempeño del gobierno local. La siguiente aseveración de un político local del Putumayo en Mocoa en una carta enviada a la Procuraduría, muestra la importancia que ha adquirido el discurso de anticorrupción en las prácticas políticas de la región, lo cual me ha llevado a examinar cómo se apropian y resignifican dichos indicadores propuestos por el gobierno central: a los habitantes del Putumayo nos están causando mayores daños los efectos nocivos de la presunta corrupción administrativa que los perturbadores efectos de

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los diversos grupos ilegales (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes). Argumento que en esta región periférica donde tanto el orden social como el económico se encuentran supeditados al orden político, la promoción del buen gobierno y la transparencia se ha sido instrumentalizado como un arma de control político por parte de los partidos de oposición, lo cual antes de contribuir al fortalecimiento del estado local ha promovido la ingobernabilidad y la intromisión del gobierno central en los asuntos locales afectando el proceso de descentralización del estado y su correspondiente autonomía administrativa, como se analiza a continuación. Seis gobernadores han sido elegidos por voto popular desde la reforma constitucional de 1991 y todos han sido investigados por la Procuraduría por delitos contra la administración pública por contratación indebida, y de ellos cinco han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Al buscar la explicación para esta situación, emergen dos constantes al entrevistar a los investigados: en primer lugar consideran que no han cometido alguna infracción en el manejo de los dineros públicos, lo cual nos obliga a preguntarnos sobre las diferentes conceptualizaciones que se tienen en las localidades sobre lo que es o no una práctica corrupta, así como hasta qué punto se es permisivo con ciertas conductas de funcionarios oficiales evidenciándose que el concepto de corrupción es polisémico y difuso (Hall y Shore 2005). En segundo lugar afirman contundentemente que se trata de la persecución política de que son objeto, prueba de lo cual lo constituye el que las investigaciones se inicien por cartas y denuncias enviadas por sus oponentes políticos a las instituciones de control del Estado como son la Contraloría y la Procuraduría. Al respecto el actual

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gobernador en su discurso al el 1 de Junio de 2009 en la instalación de las Sesiones de la Asamblea señala: … quiero anunciarle a ustedes como compañeros de trabajo que vamos a tomar algunas decisiones para tratar de advertirle a nuestros opositores políticos, que en lo sucesivo, nosotros vamos a defendernos también, explicándole a la opinión pública tantas cosas que han sucedido en este departamento, y en algunos municipios, y que aquí no sólo la gente debe escuchar la opinión de unas personas que hacen debates de escándalos en busca de la transparencia, sino que también, tratar de poner al descubierto los intereses manipuladores de un grupo de personas, que más allá de buscar el interés colectivo lo que pretenden es generar un caos y una desestabilización del gobierno actual. En este señalamiento se le resta importancia al problema de corrupción administrativa por el cual es acusado por tratarse solamente de “debates de escándalos en busca de transparencia”, y resalta la persecución política, lo cual está en consonancia con lo que señala el anterior gobernador para el período 2003-2007 quien se encuentra en este momento en la cárcel: …desafortunadamente cometí errores de orden administrativos… tengo la conciencia tranquila de no haberme robado plata de la educación y de la salud de los niños; hablaron muchísimas cosas muy feas de mi; de que me había robado muchísima plata, pero la gente se había dado cuenta de que no tengo carro lujoso, de que no tengo absolutamente nada de las riquezas que me decían, edificios, cosas. Lo más importante para mí - porque yo soy un hombre de fe - tengo la mente tranquila, la mirada alta, la mirada tranquila delante de Dios. (Entrevista a exgobernador período 2003-2007). En esta declaración cometer errores administrativos no significa haber robado de lo cual da fe ante la autoridad divina, superior a la terrenal, y además afirma que los errores se deben a malas asesorías cuando sostiene que los enemigos de los gobernantes están ahí mismo dentro de la gobernación…hacen las cosas malas ellos mismos y las sacan a la luz pública después de hacerle cometer una falta al gobernante de turno… están acostumbrados a venderle la información a la persona que les paga…todo es cuestión de dinero; es una estructura, es una mafia” (Entrevista al ex gobernador 2003-2007, Agosto 2009)

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Para el exgobernador se trata de la utilización de lo que él llama “herramientas oscuras para manejar a las personas que están el poder” y aclara: Los que estamos o hemos estado en el poder nos hemos dado cuenta en ultimas que somos títeres de los grupos que simplemente pasan administrando el poder a su beneficio, de unos pocos grupos y de unas pocas familias, y eso me ha llevado a una frustración personal acerca de lo que es la política (Entrevista al ex gobernador 2003-2007, Agosto 2009) Dos aspectos deben resaltarse de los comentarios del exgobernador: por una parte el enfrentamiento de clase que se hace latente cuando se habla de las familias o grupos del departamento que han detentado el poder político, la élite tradicional que se asocia con Mocoa, la capital del departamento, donde tiene asiento la administración del gobierno regional. Es esta élite política la que tiene la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes y lograr así una participación en el estado central, sin que esto se vea como un beneficio para la mayoría de los habitantes del departamento. En segundo lugar, las diferencias de clase asociadas con el lugar de origen, diferencias que se establecen entre Mocoa, en el medio Putumayo y los municipios del bajo Putumayo, de donde son oriundos los dos gobernadores, región selvática y con presencia de cultivos de coca y actores armados, la cual resiente no solo el abandono del estado central sino también del regional: …el gobernador se convierte en casi un segundo alcalde en un departamento, se dedica a liderar lo que es la capital del departamento y algunos de alrededor si acaso pero se olvida de las regiones que están apartadas dentro del centro de su departamento. En este caso el centro es Mocoa, al gobernador se le olvidó de San Miguel, se olvidó de la región fronteriza (Conversatorio, Sept. 2 de 2008) Estas diferencias al interior del departamento entran también a jugar un papel determinante en la percepción que se tiene del estado en la región, tal como lo explica un periodista nacido en el Putumayo:

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El Putumayo no es una población muy grande y aquí es más visible por eso, 5 o 10 familias que se han levantado así rápidamente son demasiado visibles. El Bajo Putumayo siempre ha puesto los ojos en la gente de Mocoa pues desde aquí se maneja todo los intereses, se recauda y no se revierte en servicios y entonces se presenta un choque entre el alto y el medio Putumayo (Entrevista a Hugo Zambrano, Enero de 2010). Al respecto señala un concejal del municipio de La Dorada (San Miguel): … el bajo Putumayo dice votemos contra Mocoa porque en Mocoa, dicen, está centralizado el poder, el robo y todo lo demás. Entonces la aspiración es hacernos sentir que nosotros también podemos ser una opción, que nos reconocen, ese tipo de motivaciones. Tradicionalmente se ha dicho que los errores del Putumayo, lo que se ha hecho mal es por culpa de los mocoanos, es una apreciación, y surge como una alternativa en contra de eso que se ha mantenido” (Conversatorio en San Miguel Septiembre 2 de 2008). El estado en la región se equipara con la clase política Mocoana y ampliar el acceso a la gobernación y por consiguiente a la Cámara de Representantes se convierte en un objetivo central. El gobernador que llegó al poder en el 2007, asume esta misión: antes la gobernación le pertenecía a tres o cuatro familias. Yo llegué con la misión de abrir los espacios para gente nueva. Ese fue el origen de todos los problemas [refiriéndose a las investigaciones de que ha sido objeto por parte de la Procuraduría]. Le doy una pista en el año 2007 una sola familia era dueña de los cuatro cargos más importantes del departamento: las Secretarías de Hacienda, Educación, Salud y la gerencia de la Empresa de Energía del Putumayo… ¿A quién le parece correcto?” (Entrevista a Felipe Guzmán de Edilberto Piragauta, Septiembre 2009) Al preguntarle un periodista al exgobernador si el haber enfrentado “a unas familias de reconocida trayectoria en la sociedad capitalina” le ha acarreado problemas, responde que “tengo muchas investigaciones en donde ellos o sus amigos, cercanos acuden a los órganos de control con el fin de mantenerme ocupado contestando quejas” (Entrevista a Felipe Guzmán de Edilberto Piragauta, Septiembre 2009). Estas denuncias y peleas políticas constantes se traducen en una falta de gobierno por cuanto el gobernador no solo tiene que responder a las demandas ante los entes de

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control, sino que vuelve a ser suspendido del cargo el 14 de Octubre de 2009 por tres meses los cuales se extienden otros tres hasta el 19 de Abril del presente año, cuando la Procuraduría nacional lo destituye y lo inhabilita para ejercer cargos públicos por el término de quince años y nueve meses. Queda planteada la pregunta de si la intromisión del gobierno central en los asuntos locales lo que ha promovido es el fortalecimiento de las clientelas con apoyo del sistema político central antes que el fortalecimiento de los gobiernos locales. Bibliografía Bayart, Jean Francois [1989] 2009. The State in Africa: the Politics of the Belly. Translated from the French by Mary Harper, Christopher and Elizabeth Harrison in 1993. New York: Longman Group UK limited García Villegas Mauricio. 2009. “Caracterización del régimen político colombiano (1956-2008)” En: Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009. Bogotá: Dejusticia. Haller, Dieter and Shore, Cris. 2005. Corruption: Anthropological Perspectives. Pluto Press. Ramírez María Clemencia. 2001. Entre el Estado y la Guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros en el Putumayo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Colciencias.

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