Historia de España

1

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO AUTORA:

Marta Monje Molina

Tema 1 Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se construyó y consolidó el Estado liberal en España. Este período se divide en dos etapas. En la primera (1833-1843), que coincidió con la minoría de edad de la reina, ejercieron la regencia su madre, María Cristina de Nápoles (1833-1840), y el general Espartero (1840-1843). En estos años se desmanteló la legislación del Antiguo Régimen, pese a la oposición armada del movimiento carlista. La segunda etapa (1843-1868) correspondió a la mayoría de edad de Isabel II. Concluyó con la revolución de 1868 y la partida al exilio de la reina. Las regencias: liberalismo y guerra carlista El acceso al trono de Isabel II provocó la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que enfrentó a los partidarios de la reina (isabelinos) con los carlistas, quienes reivindicaban, siguiendo la Ley Sálica, que el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, debía ser rey de España (Carlos V). Los carlistas eran partidarios del tradicionalismo, el Antiguo Régimen, el foralismo y la monarquía de origen divino, y se oponían al liberalismo de quienes controlaban el Gobierno. Contaban con un amplio respaldo social (campesinos, baja nobleza del norte de España, sectores conservadores de la Iglesia, grupos de artesanos, algunos oficiales del Ejército), procedente en su mayoría del ámbito rural. Las grandes ciudades apenas los apoyaron. Estaban a favor de la reina la burguesía, los trabajadores urbanos, las jerarquías eclesiásticas, la alta nobleza y la mayor parte del Ejército. La Primera Guerra Carlista se desarrolló en cuatro etapas: 쐌 Entre 1833 y 1835 el ejército isabelino reprimió los núcleos de la insurrección carlista, excepto en el País Vasco y Navarra, donde el coronel carlista Tomás Zumalacárregui creó un ejército a partir de las guerrillas existentes en la zona; este militar no pudo tomar ni Pamplona ni las capitales vascas ya que murió durante el fracasado asedio a Bilbao, en junio de 1835. 쐌 A lo largo de 1836 y 1837 los carlistas organizaron incursiones fuera de los dos núcleos que controlaban (País Vasco-Navarra y el Maestrazgo, donde se había hecho fuerte el general Cabrera): la Expedición Gómez (1836) y la Expedición Real (1837). En esta etapa fracasó de nuevo el intento de conquistar Bilbao, debido a la victoria (en el puente de Luchana, diciembre de 1836) del general isabelino Baldomero Espartero. 쐌 Entre 1837 y 1839, el ejército gubernamental, liderado por Espartero, pasó a la ofensiva. La firma del Convenio de Vergara (1839), que puso fin a la guerra en el País Vasco, implicó la admisión de los militares carlistas en el ejército isabelino, respetándoles su categoría. También se acordó discutir la cuestión foral en las Cortes. © Oxford University Press España, S. A.

쐌 El general Cabrera se negó a acatar el Convenio de Vergara y siguió luchando hasta que Espartero tomó Morella (Castellón), su principal reducto en el Maestrazgo, en mayo de 1840. En julio de ese mismo año, los últimos combatientes carlistas pasaron a Francia. En las décadas de 1830 y 1840, los gobiernos liberales desmantelaron el Antiguo Régimen. Lo hicieron en tres fases: 쐌 Fase de transición (1833-1835), protagonizada por monárquicos reformistas (Francisco Cea Bermúdez y Javier de Burgos) y por liberales moderados (Francisco Martínez de la Rosa). Su objetivo fue suprimir las normas económicas del Antiguo Régimen y realizar las reformas políticas imprescindibles: división territorial en provincias (1833), similar a la actual, liberalización del comercio, la industria y los transportes, libertad de imprenta (con censura previa) y renacimiento de la Milicia Nacional. El texto jurídico fundamental de esta etapa fue el Estatuto Real (1834), una «tercera vía» entre el liberalismo y el absolutismo. Sin embargo, el intento de reconciliar doctrinas políticas tan distantes fracasó. La guerra carlista fue un constante factor de inestabilidad y los progresistas (ala izquierda de los liberales) promovieron un liberalismo popular constituido por clases medias y urbanas a través del movimiento de las juntas locales (1835-1836). 쐌 Fase de ruptura (1835-1840). En estos años, los gobiernos (especialmente los ministros progresistas) impulsaron la ruptura con el Antiguo Régimen. La figura política más representativa fue Juan Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda en el Gobierno moderado del conde de Toreno (1835) y presidente del Consejo de Ministros (1835-1836). Su cese provocó el pronunciamiento de los sargentos de La Granja (1836), que obligó a la reina regente a reimplantar la Constitución de 1812. Esta ley fue reformada dando lugar a la Constitución de 1837, más breve y, en algunos aspectos, más moderada que la de Cádiz. Además, se retomaron las medidas desamortizadoras del Trienio Liberal; la más importante, promovida por Mendizábal, —de nuevo ministro de Hacienda bajo la presidencia de José María Calatrava— fue la desamortización de los bienes del clero regular (1836-1837). Su objetivo era conseguir financiación para sufragar la deuda pública y la Primera Guerra Carlista. Por último, en esos años se volvió a decretar la desaparición de los señoríos y mayorazgos (1836-1837), se suprimió la Mesta y se disolvieron los gremios. Entre 1837 y 1840, los moderados dominaron los gobiernos con el apoyo de la reina regente. Para recuperar el poder, los progresistas recurrieron a la insurrección militar, encabezada por un espadón de prestigio: Baldomero Espartero. Historia de España

2

PRINCIPADO DE ASTURIAS

쐌 La regencia de Espartero (1840-1843). Este general, convertido en un héroe popular tras sus éxitos militares en Hispanoamérica y en la guerra contra los carlistas, instauró un régimen de liberalismo autoritario apoyado en el Ejército. Los gobiernos de esta etapa retomaron las leyes de Mendizábal que no habían podido aplicarse (desamortización de los bienes del clero secular, abolición del diezmo). En materia de política comercial, se intentó firmar un acuerdo de librecambio con el Reino Unido, al que se opusieron Francia y la industria textil catalana. Tanto los obreros como los patronos de Cataluña se enfrentaron al Gobierno en una revuelta urbana que tuvo lugar en Barcelona (1842). Para sofocarla, Espartero sitió y bombardeó la ciudad. El carácter autoritario del Gobierno suscitó la oposición de numerosos políticos progresistas y del Ejército. Finalmente, todos los elementos de la oposición convergieron en una insurrección civil y militar (mayo-julio de 1843). El general Narváez derrotó a las fuerzas gubernamentales en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Espartero se exilió en el Reino Unido. Organización del régimen liberal La caída de Espartero marcó el inicio de una nueva etapa en el reinado de Isabel II (proclamada mayor de edad en noviembre de 1843), en la que tuvo lugar la auténtica construcción del Estado liberal, llevada a cabo fundamentalmente por los moderados. La organización del régimen liberal se caracterizó por los siguientes rasgos: 쐌 Estabilidad política. Se construyó un sistema político estable pero oligárquico, en el que primaba el orden sobre la libertad (liberalismo doctrinario). La clave del sistema fue la Constitución de 1845, que reforzó los elementos conservadores que ya tenía la de 1837 (catolicismo como religión oficial del Estado, aumento del poder legislativo y político de la Corona, sufragio censitario muy restringido). 쐌 Centralización. El Gobierno aumentó el control sobre la Administración provincial con la creación del cargo de gobernador civil. El ejecutivo nombraba a los alcaldes de las ciudades más importantes, y el gobernador civil, a los del resto de los municipios. La Milicia Nacional fue suprimida y en su lugar se creó la Guardia Civil (1844). Otras reformas centralizadoras fueron la adopción de un sistema único de pesos y medidas (el métrico decimal), la regulación para todo el país de la educación pública (plan Pidal, 1845) y la aprobación de un nuevo Código Penal (1848).

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

쐌 Culminación del proceso desamortizador (1855). Conocido como desamortización general, fue promovido por el ministro de Hacienda, Pacual Madoz, y afectó no solo a las posesiones de la Iglesia, sino también a las tierras de los municipios y del Estado. 쐌 Acercamiento a la Iglesia católica. Los moderados suspendieron la venta de bienes nacionales, es decir, las propiedades del clero que habían sido desamortizadas, y se firmó un Concordato (1851), por el cual el Estado debía reservar una parte de su presupuesto (que recibió la denominación de dotación del culto y clero) para hacer frente a los gastos eclesiásticos. Etapas de la evolución política Durante la etapa de mayoría de edad de Isabel II pueden distinguirse tres fases: la Década Moderada (1844-1854), el Bienio Progresista (1854-1856) y un período de alternancia entre los moderados y liberales de centro (1856-1868). Durante la Década Moderada se produjeron la mayor parte de las reformas que permitieron la construcción del Estado liberal. La figura dominante en el período fue el general Narváez, aunque otros líderes moderados también formaron gobiernos. En esta fase tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), también llamada guerra del matiners («madrugadores»). Se desarrolló en Cataluña y tuvo como pretexto inmediato el fracaso de la planeada boda entre Isabel II y el pretendiente carlista al trono (Carlos VI), lo que habría resuelto el pleito dinástico. Posteriormente se produjeron otras sublevaciones carlistas, como la ocurrida en Cataluña en 1855; o la llamada Ortegada, el frustrado pronunciamiento de Carlos VI en el monasterio de San Carlos de la Rápita (Tarragona, 1860). En los inicios de la década de 1850, el autoritarismo de los gobiernos moderados se fue incrementando, y la suspensión de las Cortes se hizo habitual. Por esta razón, a la oposición de los carlistas y progresistas se unieron el sector izquierdista de los moderados (los llamados puritanos) y el nuevo Partido Demócrata (1849), desgajado del ala izquierda del progresismo.

쐌 Reforma de la Hacienda. Con la Ley Mon-Santillán (1845), la Hacienda se modernizó, simplificando y racionalizando los impuestos existentes. Se realizó un presupuesto general anual y se potenciaron los impuestos indirectos, especialmente los consumos, cuya abolición reivindicaron los progresistas.

El descontento con los gobiernos de la reina condujo a la Revolución de 1854, que tuvo su origen en un pronunciamiento organizado por los moderados de izquierda y protagonizado por las tropas del general O’Donnell. La sublevación se inició en Vicálvaro (Madrid), por lo que este pronunciamiento se conoce también como Vicalvarada. Los insurrectos se vieron obligados a huir hacia el sur peninsular; en el camino, para atraerse a los progresistas, el 7 de julio proclamaron el Manifiesto del Manzanares, en la población del mismo nombre (Ciudad Real). La proclama surtió efecto y la sublevación comenzó a extenderse por las grandes ciudades. Finalmente, Isabel II encargó al general Espartero (al frente de los progresistas) la formación de Gobierno; O’Donnell se mantuvo como líder del ala izquierda de los moderados o vicalvaristas.

쐌 Consolidación de un mercado de ámbito nacional. Con esa intención fueron aprobadas la Ley de Concesiones Ferroviarias de 1855 y las leyes bancarias de 1856.

Dio así comienzo el Bienio Progresista (1854-1856). El nuevo Gobierno restauró leyes e instituciones de la década de 1830 (Ley de Imprenta, Ley Electoral, instituciones de Gobierno

© Oxford University Press España, S. A.

Historia de España

3

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

local, Milicia Nacional) y llevó a cabo la desamortización general (1855). Se elaboró una nueva Constitución, similar a la de 1837, que, sin embargo, no llegó a promulgarse. En estos años estallaron huelgas en diversas industrias. Fueron organizadas por sociedades obreras en Barcelona y su entorno, y culminaron en la huelga general de julio de 1855. A este conflicto se unieron motines de subsistencia en 1856, debido a la carestía de grano en Castilla, que fueron duramente reprimidos. Se produjo entonces una crisis de Gobierno. O’Donnell acabó con la resistencia armada de la Milicia Nacional, que apoyaba los motines. Los progresistas dejaron de ser el sector radical del liberalismo; en adelante, la izquierda sería ocupada por los demócratas. Era el final del Bienio Progresista.

쐌 Una política exterior de prestigio, dirigida a restaurar el peso internacional de España y a fomentar el nacionalismo en la opinión pública. La intervención militar más importante se produjo en Marruecos (1859-1860). Gracias a ella España obtuvo el territorio del Ifni, una región del suroeste de Marruecos rica en bancos pesqueros.

La principal preocupación de los gobiernos durante la fase de alternancia entre los moderados y la Unión Liberal (1856-1868) fue restaurar el orden. Narváez se mantuvo al frente de los moderados, y O’Donnell creó y asumió la dirección de la Unión Liberal con la intención de ocupar una posición equidistante entre moderados y progresistas. Esta fase presentó los siguientes rasgos:

En los últimos años del reinado de Isabel II se produjeron diversos disturbios, entre los que destacó la protesta estudiantil universitaria conocida como la Noche de San Daniel (1865) o la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil (en Madrid, 1866). Las distintas fuerzas de la oposición promovieron, desde el exilio, un acuerdo de actuación (Pacto de Ostende, 1866). Tras la muerte de O’Donnell (1867) y Narváez (1868), principales apoyos de la reina, se adhirieron al pacto los unionistas. La recesión económica de 18661868 aumentó el descontento. Finalmente, la Revolución de septiembre de 1868, acabó con el reinado de Isabel II.

쐌 Insistencia en el progreso económico. Se incrementaron las inversiones públicas y se concluyeron el tendido ferroviario (1856-1866) y el Canal de Isabel II (1858), que abastecería de agua a Madrid.

쐌 Una política interior basada en los principios de la Constitución de 1845 con la que no se logró la alternancia pacífica. Los Gobiernos, que dependían del favor de la reina, clausuraban las Cortes y reforzaban la represión para acallar a la oposición. Por otra parte, prosiguieron las insurrecciones de los grupos marginados del poder, como los progresistas, que comenzaron a colaborar con los demócratas.

Tema 2 Tras el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil española (1936-1939), el general Francisco Franco implantó una dictadura militar que se mantuvo vigente hasta su muerte (1975) y concentró en su persona el poder ejecutivo (fue jefe del Estado y del Gobierno, si bien, este último cargo lo ocupó en la práctica hasta la década de 1960), el mando del Ejército y el control del partido único (FET y de las JONS). Franco dirigió el país con gobiernos formados por ministros de su total confianza que procedían de las diferentes familias políticas en que se apoyaba el régimen (militares, falangistas, monárquicos, católicos).

del Opus Dei (los tecnócratas), artífices del crecimiento económico de los años sesenta. En esta década, el maquis decayó, aunque comenzó la lenta reconstrucción de una auténtica oposición. Destacaron en estos años la protesta estudiantil de 1956 y las huelgas obreras de 1951 y 1956-1958.

Los primeros veinte años del franquismo (1939-1959) se dividen en dos etapas. En la primera de ellas (1939-1951), que puede denominarse de construcción del régimen, predominaron inicialmente los falangistas, aunque, el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, provocó un incremento de la influencia de los católicos en los gobiernos franquistas. En esta etapa se construyó el edificio político del franquismo, al tiempo que se llevaba a cabo una durísima represión de la oposición. Se implantó además una política de autarquía económica, progresivamente abandonada en la década de 1950. La principal manifestación de oposición en el interior fueron las guerrillas, lideradas por los comunistas y, en menor medida, por anarquistas. En la segunda etapa (1951-1959), tuvo lugar la consolidación del régimen en el escenario internacional; en el ámbito de la política interna se produjo el ascenso de los políticos

쐌 Rechazo de la sociedad burguesa contemporánea y nostalgia de etapas pasadas en las que España triunfaba. Se añoraba la época de los Reyes Católicos, cuyos símbolos, el yugo y las flechas, emplearon tanto los falangistas como el régimen en su conjunto. También fue idealizado el reinado de los Austrias mayores y, muy especialmente, el de Felipe II; con este último se equiparó a Franco, considerado un nuevo cruzado contra los liberales («masones» para el régimen), los no católicos («judíos», según la denominación oficial del franquismo) y los marxistas (calificados de «comunistas»).

© Oxford University Press España, S. A.

Fundamentos ideológicos y sociales La ideología del franquismo, que se identificaba con el pensamiento de las derechas conservadoras y autoritarias europeas de entreguerras, pervivió, con algunos matices, hasta el final de la dictadura. Los rasgos principales de esta ideología fueron los siguientes:

쐌 Aversión hacia las instituciones políticas liberales y la democracia parlamentaria, identificadas con la «masonería» o la «judeomasonería», a las que se hacía responsables de la decadencia nacional. A partir de los años sesenta, el Historia de España

4

PRINCIPADO DE ASTURIAS

lenguaje se moderó y simplemente se consideró que el liberalismo era inadecuado para España, dado el carácter bárbaro y anarquista que supuestamente distinguía a los españoles. 쐌 Tendencia a gobernar la sociedad con estilo militar. La economía se rigió durante mucho tiempo por normas y ordenanzas; el Estado fue dirigido como un cuartel hasta los años sesenta y en las escuelas se inculcaban valores castrenses. 쐌 Represión durísima del marxismo y del comunismo y, en general, de todo el movimiento obrero. Las condenas a muerte contra activistas de izquierda se dictaron prácticamente hasta el final del régimen. Se hizo responsable al comunismo de las conspiraciones contra el Estado. Además, el anticomunismo militante del franquismo le permitió romper su aislamiento internacional durante la guerra fría. 쐌 Un exacerbado nacionalismo, combinado con la xenofobia y el catolicismo más conservador. Este se convirtió en la religión oficial del Estado, ya que se consideró parte esencial del «alma española». Con el tiempo, la identificación entre el régimen y el catolicismo motivó el rechazo de numerosos sectores progresistas de la Iglesia católica. El españolismo se entendió de forma centralista y exclusivista. Se hizo desaparecer cualquier manifestación de los nacionalismos periféricos, considerados separatistas. Se prohibió el uso en actos públicos, escuelas e iglesias de las lenguas catalana, vasca y gallega.

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

condenado por la ONU y todos los embajadores abandonaron el país, que fue sometido a un bloqueo diplomático y económico. El bloqueo, sin embargo, fue roto por el Gobierno argentino del general Perón entre 1946 y 1948 y por la banca estadounidense poco después. Posteriormente, el contexto internacional de guerra fría y el anticomunismo imperante en el bloque occidental llevaron a los Estados Unidos a acercarse al régimen de Franco y a restituir a su embajador en España (1950). En los años siguientes, las relaciones diplomáticas del régimen mejoraron. En 1953, España firmó una serie de pactos con Estados Unidos que permitieron a este país construir bases militares en Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Con estos acuerdos Franco obtuvo seguridad económica y militar para su régimen a costa de un importantísimo recorte de la soberanía nacional y de la libertad de acción internacional. También en 1953 se firmó con la Santa Sede un Concordato que consagró la confesionalidad del Estado español. Sin embargo, España no pudo formar parte de la comunidad internacional como miembro de pleno derecho, ya que no disfrutó de las ayudas del Plan Marshall y su ingreso en la OTAN y la CEE fue vetado. Sí fue admitida, sin embargo, en la ONU (1955) y en otros organismos económicos internacionales (FMI, 1958; OECE, 1958). Institucionalización y represión

El pragmatismo, sin ser propiamente un rasgo ideológico, también caracterizó al franquismo. Le permitió evolucionar desde las posiciones próximas al fascismo hasta una dictadura paternalista tolerada internacionalmente y que alardeaba de haber traído la paz y el desarrollo a España.

Durante los primeros años del franquismo se impulsó una labor «constituyente» con el objetivo de dotar al nuevo Estado de un entramado jurídico que lo legitimara y equiparara, al menos en apariencia, con otros estados europeos. Entre las nuevas normas figuraba el Fuero del Trabajo (1938), promulgado durante la Guerra Civil, y una serie de Leyes Fundamentales:

Los principales apoyos sociales del franquismo fueron la clase media, los obreros sin filiación política, el campesinado del norte y centro del país, los grandes terratenientes y la mayor parte de la élite económica y política, además de quienes pertenecían a las instituciones clave del régimen: la Iglesia, el Ejército y el partido único (FET y de las JONS).

쐌 Ley Constitutiva de las Cortes (1942). Se creó una asamblea consultiva formada por delegados corporativos (los procuradores), que representaban teóricamente a sindicatos, familias y municipios, aunque en la práctica constituían una prolongación de las instituciones franquistas. Este sistema fue denominado democracia orgánica.

Influencia de la coyuntura internacional

쐌 Fuero de los Españoles (1945). Recogía «derechos y deberes fundamentales» concedidos por el dictador; los derechos estaban muy limitados, ya que no se podían atacar los principios fundamentales del Estado ni la «unidad espiritual, nacional y social» del país.

La política exterior del régimen franquista durante la Segunda Guerra Mundial se concretó en una postura de no beligerancia que era, en realidad, un apoyo apenas disimulado hacia la Italia fascista y la Alemania nazi. España acordó su entrada en el conflicto en noviembre de 1940, tras la entrevista entre Hitler y Franco en Hendaya (Francia), pero la intervención se pospuso a causa de la campaña alemana en el este de Europa. Coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de los aliados, disminuyó la influencia política de los falangistas en los Gobiernos franquistas y aumentó la de los católicos. Una de sus figuras representativas, Alberto Martín Artajo, asumió la cartera de Exteriores (1945-1957) con el objetivo de superar el ostracismo internacional al que fue sometida España después de 1945. El régimen fue © Oxford University Press España, S. A.

쐌 Ley de Referéndum Nacional (1945). Preveía la posibilidad de realizar consultas «populares» mediante plebiscito o referéndum. 쐌 Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947). Concedía a Franco la prerrogativa de nombrar a su sucesor. Se afirmaba que España era un «reino» y se incluía la promesa indeterminada de restauración monárquica una vez que Franco estuviera incapacitado para gobernar o hubiera muerto. El sucesor debería acatar las Leyes Fundamentales del Movimiento; no se citaba a los Borbones. Esta ley fue aprobada en referéndum por más de un 94 % de los Historia de España

5

PRINCIPADO DE ASTURIAS

votos; en Asturias y Madrid los votos contrarios y las abstenciones superaron el 30 %. 쐌 Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958). Esta ley, que completó la institucionalización del régimen, lo definía como una «monarquía tradicional, católica, social y representativa». Al tiempo que se realizaba esta labor constituyente, se aprobó una amplia legislación para respaldar la durísima represión que caracterizó a esta época: Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que afectaba a todos los cargos públicos de la Segunda República; Ley para la Supresión de la Masonería y el Comunismo (1940); Ley para la Seguridad del Estado (1941), y Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947). El régimen de Franco llevó a cabo unos 50 000 fusilamientos; en 1939 los presos políticos ascendían a 300 000 personas (cifra que en 1951 se redujo a una décima parte); muchas de ellas fueron condenadas a trabajos forzados en obras faraónicas (como la del Valle de los Caídos). El temor a la represión provocó un exilio masivo, que afectó a una importantísima

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

porción de la población activa, desde el punto de vista económico, y fue demoledor para la vida cultural española, ya que muchos intelectuales, artistas, científicos y profesionales abandonaron el país (dos de ellos recibieron en el exilio el premio Nobel). Las actividades profesionales de muchos de ellos fueron muy relevantes para la vida cultural española. También se produjo la depuración de la Administración y en determinadas profesiones (en particular, los profesores de la enseñanza laica, a la que se hacía responsable del surgimiento de la anti-España). Se configuró un poderoso aparato represivo que ahogó sin dificultad la débil oposición en el interior. Complemento de ese aparato represivo fue el clima social favorecido desde el poder. Se distinguió por una rígida jerarquización en la que predominaban los valores tradicionales y religiosos y la moral católica; cualquier manifestación de pensamiento opuesta a estos valores fue reprimida, así como todo signo de liberalización y modernización de las costumbres. A la mujer se le asignó el papel de ama de casa y madre, en consonancia con los valores tradicionales y católicos de la España de la época.

Texto 1  Los puntos principales del Manifiesto de los Persas son los siguientes:

en la decisión del monarca de reinstaurar la monarquía absoluta.

쐌 Descalificación de la democracia, que se «funda en la inestabilidad y la inconstancia» y, por extensión, de la labor llevada a cabo en las Cortes de Cádiz.

Tras el Tratado de Valençay (diciembre de 1813), por el que Napoleón le reconocía como rey de España, Fernando VII regresó a su reino (marzo de 1814), donde fue aclamado por el pueblo en varias localidades como símbolo de la paz, la normalidad y la legitimidad restablecidas después de la guerra. Frente a los liberales que deseaban que el monarca ratificara la labor de las Cortes gaditanas, fueron muchas las presiones que recibió en sentido contrario por parte de los partidarios del absolutismo. Además de los diputados que suscribieron el Manifiesto de los Persas, eran favorables a las opiniones expuestas en este documento algunos altos oficiales del Ejército y la Iglesia. En esa línea, el propio rey dio un golpe de Estado el 4 de mayo de 1814 al promulgar en Valencia un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas en las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución de 1812. Al decreto siguió la detención de los políticos liberales más importantes y la disolución de las Cortes por la fuerza. Finalmente, Fernando VII entró en Madrid aclamado por sus súbditos y restableció las instituciones de 1808: se restauraron los Consejos y la Inquisición, así como la jurisdicción señorial y sus privilegios, y se suspendió la desamortización emprendida en 1813.

쐌 Defensa de la monarquía absoluta, a la que se define como «obra de la razón y la inteligencia», sujeta, según se dice en el texto, a la ley divina, la justicia y las leyes fundamentales del Estado. 쐌 Concepción autoritaria del poder: el soberano absoluto, sin incurrir en la arbitrariedad, debe prescribir a los súbditos «todo lo que mira al interés común y obligar a la obediencia a quienes se niegan a ella». 쐌 Llamamiento a la suspensión de la Constitución de 1812 y de los decretos aprobados durante las Cortes de Cádiz (1810-1813), y a la convocatoria de unas Cortes tradicionales para debatir su nulidad.  El Manifiesto de los Persas es una fuente primaria de carácter político. Llamado así por una cita erudita alusiva a las costumbres de los antiguos persas, con la que se iniciaba el texto, el Manifiesto de los Persas fue redactado el 12 de abril de 1814 por el abogado sevillano Bernardo Mozo de Rosales y firmado por más de un tercio de los diputados de la segunda legislatura de las Cortes, cuyas sesiones se iniciaron en Madrid en enero de ese año. El texto, de 143 párrafos, criticaba la labor de las Cortes de Cádiz y se mostraba favorable al absolutismo. En él se reclamaba la anulación de la Constitución de 1812 y de la legislación promulgada entre 1810 y 1813. El Manifiesto de los Persas fue presentado a Fernando VII tras su llegada a Valencia el 16 de abril y fue un factor de peso © Oxford University Press España, S. A.

 La primera fase del reinado de Fernando VII (1808; 18141833) se inició como consecuencia de la conspiración de Aranjuez (marzo de 1808), que supuso la abdicación de su padre, Carlos IV. Apenas un mes después tuvo que viajar a Bayona (Francia) para, con la intermediación de Napoleón, entablar negociaciones que enmendasen el pleito sucesorio abierto por su padre al retractarse de su Historia de España

6

PRINCIPADO DE ASTURIAS

renuncia al trono. Allí el emperador francés consiguió la abdicación de Fernando VII a favor de su padre, que previamente le había cedido la Corona (mayo de 1808). Durante la Guerra de la Independencia, Fernando VII permaneció en el castillo de Valençay, hasta que en diciembre de 1813 acordó con Napoleón su regreso a España, donde llegó en marzo de 1814. Al poco tiempo de regresar, Fernando VII anuló la labor reformadora de las Cortes de Cádiz y reinstauró el absolutismo, apoyándose en el Ejército y en los diputados que habían firmado el Manifiesto de los Persas. El período, conocido como primera Restauración (1814-1820), se caracterizó por una gran inestabilidad en el Gobierno y la crisis en la Hacienda estatal, a lo que se unió el proceso de emancipación de los territorios americanos. Los liberales recurrieron a la conspiración y a la rebelión militar para recuperar el poder. Tras varias sublevaciones fracasadas, la protagonizada por el oficial Rafael del Riego en enero de 1820 obligó al monarca a jurar la Constitución de 1812. Se abría así el Trienio Liberal (1820-1823), etapa en la que se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz. Además, se abordó una reforma eclesiástica y se aprobaron el Reglamento General de Instrucción Pública, el primer Código Penal español y una nueva división del territorio en 52 provincias. Los gobiernos del Trienio Liberal estuvieron dominados por los moderados hasta agosto de 1822; a partir de ese momento, fueron los liberales exaltados quienes ocuparon el poder. En este período surgió una oposición de corte conservador al régimen liberal y el propio rey se enfrentó en varias ocasiones a sus ministros y a las Cortes. Los integrantes de la oposición conservadora, conocidos como absolutistas, realistas o apostólicos, acuñaron el lema «Dios, Patria y Rey» frente a la doctrina liberal. La contrarrevolución realista se manifestó en varias rebeliones militares urbanas, como la que tuvo lugar el 7 de julio de 1822 en Madrid. Los realistas también organizaron una guerra de guerrillas rural, en Cataluña, País Vasco, Navarra y el norte de Castilla, que se prolongó hasta 1823. En el Pirineo catalán se llegó a for-

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

mar un Gobierno absolutista, paralelo al liberal, conocido como Regencia de Urgel. A solicitud del propio Fernando VII, Francia organizó la expedición conocida como los Cien Mil Hijos de San Luis, que acabó con la segunda experiencia de Gobierno liberal en España (1823). Se abrió entonces la Década Absolutista (1823-1833), que los liberales llamaron «Ominosa». Aunque se restablecieron las instituciones de la monarquía absoluta y los liberales fueron objeto de una dura represión, en este período el Gobierno evolucionó hacia un reformismo moderado. La oposición más beligerante contra los gobiernos de esta época no procedió de los liberales, sino de los partidarios de un régimen absolutista total, que promovieron levantamientos, como la revuelta de los malcontents o agraviados en Cataluña (1827), y apoyaron al hermano del rey, Carlos María Isidro, en el pleito sucesorio abierto durante los últimos años del reinado de Fernando VII.  En 1829 Fernando VII contrajo matrimonio con su sobrina, María Cristina de Nápoles, y en 1830, estando la reina encinta, promulgó la Pragmática Sanción de 1789, que derogaba la Ley Sálica impuesta por Felipe V, según la cual las mujeres no podían reinar. Meses después nacía la futura Isabel II. Hasta ese momento, el hermano del rey, Carlos María Isidro había sido el heredero al trono. Los partidarios de don Carlos consideraron la anulación de la Ley Sálica fruto de una conspiración liberal. Aprovecharon la enfermedad del monarca en 1832 para provocar los llamados sucesos de La Granja (así llamados por el Palacio Real de la Granja, donde el monarca residía en ese momento) y presionaron sin éxito al propio Fernando VII y a su esposa para que la Pragmática Sanción fuera abolida y Carlos María Isidro pudiera reinar. Durante la enfermedad del rey, la reina María Cristina de Nápoles se hizo cargo del Gobierno y decretó una amnistía que permitió el regreso de los liberales moderados exiliados. Fernando VII falleció en 1833 e inmediatamente estalló la guerra civil o Primera Guerra Carlista (1833-1840) entre los partidarios de la reina y su hija Isabel y los de Carlos María Isidro.

Texto 2  Los puntos principales del manifiesto de despedida de Alfonso XIII son los siguientes: 쐌 El monarca indica que la causa de su renuncia al trono son los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En dichas elecciones la Conjunción Republicano-Socialista triunfó en las capitales de provincia y en las grandes ciudades; esto se interpretó como un plebiscito a favor de la proclamación de la República («Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo»). © Oxford University Press España, S. A.

쐌 El rey confía en que su renuncia al trono sea temporal, ya que él siempre orientó su labor en beneficio del interés público «hasta en las más críticas coyunturas». Probablemente, al hablar de críticas coyunturas, el monarca se refiera a algunas de las crisis más importantes de su reinado: Semana Trágica de 1909, crisis de 1917, desastre de Annual de 1921 (en el contexto de la Guerra de Marruecos), y al golpe de Estado de 1923 que condujo a la Dictadura de Primo de Rivera. 쐌 También señala el rey que abandona el trono para evitar una guerra civil entre los partidarios de la Historia de España

7

PRINCIPADO DE ASTURIAS

monarquía y sus detractores («…quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.»). 쐌 Sin embargo, el monarca no renuncia a ninguno de sus derechos, ya que, según él, es depositario de una legitimidad dinástica, sustentada en la Historia, que tiene la responsabilidad de preservar. 쐌 El texto se cierra con el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo («…me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.»), consideración que también puede interpretarse como un deseo por parte del monarca de dejar constancia de que él no será responsable de lo que ocurra en adelante.  El Manifiesto de Alfonso XIII del 14 de abril de 1931 es una fuente primaria de carácter político. En este documento, el monarca no renuncia a sus derechos dinásticos, pero reconoce que se somete a la voluntad del pueblo español. Asimismo, rechaza la violencia como medio para mantenerse en el poder tras los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931. Por tanto, además de los resultados electorales, también fue su talante liberal, constitucional y conciliador el que le llevó a presentar su dimisión. Alfonso XIII comenzó a reinar personalmente en 1902 en una España aquejada de numerosos problemas: un régimen político de apariencia democrática basado en la manipulación del sufragio, controlado por oligarquías políticas asentadas en el poder y ajenas a la realidad social y económica del país, caracterizada por la existencia de un alto porcentaje de población (campesinos sin tierras, obreros industriales…) que vivía en la miseria y que, en muchos casos, al no poder mejorar su situación por la vía política optaba por la violencia (atentados, huelgas…). Ninguno de estos problemas estaba resuelto en 1931. Ante los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931, el rey pensó primero en abandonar momentáneamente el trono, a la espera de que se celebraran unas elecciones legislativas que dieran la victoria a los monárquicos. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos le hizo comprender que esta solución era inviable. Algunos miembros del Gobierno animaron al monarca a que resistiera usando la fuerza para ello. Sin embargo, la mayoría aconsejó al rey que renunciara al trono, lo que finalmente hizo.  El reinado de Alfonso XIII puso de manifiesto que el régimen de la Restauración, constituido en el último cuarto del siglo XIX, era incapaz de adaptarse al siglo XX. Pese al impulso reformador y regeneracionista encarnado por Antonio Maura (1903-1904; 1907-1909) y José Canalejas (1910-1912), la monarquía fue incapaz de superar los retos que hubo de afrontar: el nacionalismo catalán, la Guerra de Marruecos, la conflictividad sindical y la necesidad de implantar un sistema político que permitiese una verdadera participación política y condujese a una © Oxford University Press España, S. A.

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

genuina alternancia democrática. Se sucedieron numerosas crisis, algunas especialmente graves: la Semana Trágica (1909), los conflictos de 1917, la oleada huelguística de 1919 y el desastre de Annual (1921) en la Guerra de Marruecos. Finalmente, un general, Miguel Primo de Rivera, estableció en 1923 un régimen dictatorial. La incapacidad del dictador para encontrar un nuevo sistema político e institucional convirtió su etapa de gobierno en un mero paréntesis. Tras la dimisión de Primo de Rivera en 1930, Alfonso XIII confió el poder a otro general, Dámaso Berenguer, quien intentó retornar a la normalidad constitucional de 1876. En enero de 1931 fue reemplazado por el almirante Juan Bautista Aznar, quien formó un Gobierno monárquico de concentración compuesto por políticos que aún respaldaban a Alfonso XIII (Juan de la Cierva, el conde de Romanones, García Prieto, los regionalistas de la Lliga). El nuevo Gobierno anunció la convocatoria de elecciones, primero municipales y después a Cortes constituyentes, y se comprometió a conceder la autonomía a Cataluña. Por su parte, los partidos republicanos se reunieron en agosto de 1930 y firmaron el Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a llevar a cabo una insurrección que instaurara la República. Crearon un comité revolucionario, que era, en realidad, un Gobierno provisional clandestino. En octubre se unieron al Pacto el PSOE y la UGT, ofreciendo el respaldo de una huelga general, que no llegó a realizarse. En diciembre de 1930, algunos militares protagonizaron una sublevación en Jaca (Huesca); esta iniciativa, que fracasó, se adelantó a la insurrección proyectada por los firmantes del Pacto de San Sebastián. Sin embargo, la República no llegó como consecuencia de un pronunciamiento militar sino de una convocatoria electoral que se interpretó como un plebiscito a favor del cambio de régimen: las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. A ellas acudieron los firmantes del Pacto de San Sebastián formando una coalición electoral que resultó victoriosa en las grandes ciudades, donde los votos expresaban realmente el estado de la opinión pública. El rey, falto de apoyos y a la vista de lo sucedido en las elecciones, partió al exilio dejando un vacío de poder. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República española.  El 14 de abril de 1931, el mismo día en que se proclamó la República, se formó un Gobierno provisional, formado casi íntegramente por los miembros del Comité Revolucionario constituido un año antes a raíz del Pacto de San Sebastián. En él estaban representados antiguos monárquicos, republicanos de diferentes tendencias, regionalistas o nacionalistas moderados y socialistas. Su principal tarea fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes que otorgaran legitimidad al régimen republicano. Las elecciones, que se celebraron en junio de 1931, dieron una gran mayoría a los partidos de la coalición gobernante. Las Cortes debatieron el texto de la futura Constitución entre agosto y diciembre de 1931, mes en que se Historia de España

8

PRINCIPADO DE ASTURIAS

promulgó. La nueva Constitución implantaba en España un régimen republicano, democrático, parlamentario, laico y descentralizado, en el que se recogía además la función social de la propiedad. El debate sobre la nueva Constitución fue tenso en muchas ocasiones. La aprobación en octubre de los artículos referentes a la cuestión religiosa (en los que se establecía una tajante separación entre Iglesia y Estado), provocó la dimisión del presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora; le sustituyó Manuel Azaña. Pese a todo, Alcalá Zamora fue elegido posteriormente presidente de la República (diciembre de 1931-abril de 1936). En estos meses, el Gobierno provisional inició la importante labor reformadora que caracterizó a los dos primeros años de la historia de la Segunda República (Bienio Reformista, 1931-1933), concentrándose fundamentalmente en dos cuestiones: la reforma militar y la mejora de las condiciones laborales. También se dieron los primeros pasos para la reforma agraria y se apoyaron las iniciativas tendentes a la implantación de un Estado descentralizado (respaldo al proyecto de Estatuto de Autonomía catalán, refrendado por un plebiscito en agosto de 1931; en diciembre de ese año se establecieron las normas para la preparación y presentación de los proyectos de autonomía). Asimismo, se sometió a las Cortes una Ley de Defensa de la República para afrontar el problema del orden público, que fue aprobada en octubre. La reforma militar fue iniciada pocos días después de la constitución del Gobierno provisional. Manuel Azaña, ministro de la Guerra —cargo que mantuvo cuando en octubre pasó a ocupar la presidencia del Gobierno— publicó entre abril y diciembre de 1931 una serie de decretos con el objetivo de reducir el enorme número de oficiales profesionales (fomentando el retiro voluntario de los mandos del Ejército), reorganizar la Administración y la enseñanza militar, modernizar las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil. Además, se pretendió lograr la fidelidad personal de los militares a la República obligándolos a jurar lealtad al régimen, algo que hizo la inmensa mayoría. Aunque las reformas no gustaron a muchos militares, acostumbrados a influir continuamente en la vida del país, gran parte del Ejército, incluidos los sectores más modernos, la Marina y la Aviación, se mantuvo fiel a la República. Por su parte, el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, promovió una serie de reformas que establecieron un nuevo marco de relaciones laborales

© Oxford University Press España, S. A.

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2009

entre empresarios y trabajadores. Las principales medidas adoptadas en este ámbito fueron las siguientes: 쐌 Ley de Contratos de Trabajo (21 de noviembre de 1931). Daba prioridad a los convenios o contratos colectivos en las empresas y ramas industriales para establecer las condiciones de trabajo. Para ello, era esencial que los trabajadores se asociaran en sindicatos cuya función era negociar con la patronal y dialogar con las autoridades. 쐌 Ley de Jurados Mixtos (27 de noviembre de 1931). Reforzaba la Ley de Contratos de Trabajo, pues creaba los jurados mixtos, en los que la Administración estatal, junto con los obreros sindicados y los patronos, arbitraría soluciones a los conflictos laborales. De aplicación exclusivamente rural fueron el Decreto de Términos Municipales (28 de abril de 1931), que obligaba a los patronos agrícolas a emplear en primer lugar a los obreros de su término municipal; el Decreto de Laboreo Forzoso (7 de mayo de 1931), que establecía que los propietarios realizaran, bajo la vigilancia de una comisión local, cuantas labores fueran necesarias para cultivar adecuadamente la tierra; o el Decreto de Accidentes de Trabajo en el Campo (17 de junio). Todos ellos fueron convertidos en leyes en septiembre de 1931. También se impuso la jornada laboral diaria de ocho horas en el campo (1 de julio de 1931). Para llevar a la práctica los principios recogidos en la Constitución de 1931, el Gobierno presidido por Manuel Azaña mantuvo en los dos años siguientes la línea política seguida durante los primeros meses del régimen republicano. La legislación de carácter socioeconómico se reforzó con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria (1932). También se inició la construcción de un Estado laico para separar Estado e Iglesia, privando a esta de las funciones que se consideraban estatales (Ley del Divorcio, 1932; Ley de Congregaciones Religiosas, 1933; secularización de los cementerios). En el ámbito de la educación y la cultura, se intentó crear un sistema educativo unificado, público, laico, mixto y gratuito, al menos en la enseñanza primaria. La enseñanza religiosa dejó de ser obligatoria y de las escuelas se retiraron símbolos como el crucifijo. También se implantó la coeducación de niños y niñas, inexistente hasta entonces en los centros religiosos. Asimismo, se produjo la aprobación en las Cortes del Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932), en la que el propio Manuel Azaña desempeñó un importante papel.

Historia de España

9