La agenda de la sociedad civil en el Debate Nacional Documento 1 Adriana Rofman* 30 de octubre de 2015 La convocatoria al Diálogo Nacional, formulada por el Presidente de la República a poco de asumir, constituye una valiosa oportunidad para que la sociedad civil organizada exprese públicamente, e incorpore en el debate político nacional, una agenda propia de este sector de la sociedad uruguaya. Participar en el proceso de Diálogo Nacional, por lo tanto, pone de manifiesto el sentido político de la sociedad civil, a la vez que hace evidente la necesidad de construir colectivamente los acuerdos que sustenten contenidos compartidos de esta agenda estratégica. El documento que sigue se propone como un punto de partida para la elaboración de dicha agenda. Para ello, se presentan tres concepciones que están implícitas en el carácter político de la sociedad civil: I. II. III.

Sociedad civil como ámbito público, eje conceptual que lleva a trabajar sobre el tema de agenda de la sociedad civil uruguaya en la actualidad: cuáles son sus temas, sus campos de acción, sus propuestas, etc. Sociedad civil como contracara del Estado, aproximación que conduce a analizar el campo de la interacción con el Estado: el análisis de los mecanismos desarrollados y la experiencias transitadas en este plano Sociedad civil como instancia institucional, concepción que pone en el centro el tema del fortalecimiento institucional de la trama organizativa.

El tratamiento de cada uno de estas visiones sigue una lógica semejante: en primer lugar se desarrollan brevemente las ideas que sustentan esas visiones, y luego se despliegan con mayor detalle, un conjunto de interrogantes que se proponen como disparadores del debate. Puesto que el propósito de este debate es elaborar colectivamente los contenidos que se llevarán al Diálogo Nacional, los interrogantes planteados buscan recorrer secuencialmente tres aproximaciones a cada tema: a) En primera instancia, construir en conjunto un diagnóstico compartido de la situación actual de la sociedad civil en cada uno de los ejes,

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b) En segundo lugar establecer algunos acuerdos estratégicos, acerca de principios, enfoques o perspectivas respecto de las cuestiones implicadas en dichos ejes c) Por último, elaborar en conjunto formulaciones de tipo propositivo , que podrían encarnar dicha agenda y deberían constituir el segmento programático del documento Por lo tanto, antes que afirmaciones cerradas, los párrafos que siguen tienen como propósito estimular el intercambio en los talleres que se convocarán a tal efecto, con la expectativa de que los aportes que se ofrezcan en dichas reuniones permitan reformular y mejorar sus contenidos. 1. Sociedad civil como ámbito público: la construcción de la agenda Esta convocatoria reinstala la acepción original del término “sociedad civil” en la historia política occidental, término que hacía referencia al ámbito de expresión y manifestación libre y pública respecto de las preocupaciones e intereses del conjunto de la colectividad. En esta aproximación, se entiende a la sociedad civil como un conjunto de iniciativas y actores que tienen por objetivo intervenir en cuestiones públicas, es decir, en los temas que atañen a la sociedad en su conjunto. Desde este enfoque, las organizaciones de la sociedad civil constituyen asociaciones voluntarias de grupos de ciudadanos comprometidos con problemáticas particulares o sectoriales – es decir, no necesariamente generales, como son las cuestiones de incumbencia del Estado-, pero que – a diferencia de las empresas con fines de lucro-, están dirigidas hacia el ámbito público, y convocan al interés colectivo de la sociedad. Es por ello que la sociedad civil puede ser asimilada con el “ámbito público no estatal”, en palabras de Cunill Grau. 1 Esta definición resulta relevante como fundamentación de la participación de la sociedad civil organizada en un proceso de diálogo político convocado por la Presidencia de la República. Es decir, permite sostener que la sociedad civil no solamente un “sector” de actividad que se interesa por sus demandas sectoriales, sino también un espacio de debate y acción social en torno a problemáticas públicas. Además, esta concepción permite sostener que las cuestiones públicas, las que preocupan al conjunto de los ciudadanos, no son solo responsabilidad del Estado, lo que fundamenta la pertinencia de la intervención de la sociedad civil en dichas problemáticas. Sin embargo, puesto que la trama asociativa de la sociedad civil se construye en base a iniciativas voluntarias referidas a cuestiones particulares, no puede cubrir totalmente el universo de temas que conforman la agenda pública (a diferencia del Estado, a quien sí se le reclama que tome en cuenta la totalidad de las preocupaciones sociales). Por lo tanto, planificar la participación de la sociedad civil organizada en una instancia de debate debería partir por identificar las cuestiones principales que han estructurado el trabajo de las organizaciones, ya que esa trayectoria constituye un punto de apoyo sólido para los planteos que se puedan realizar en ese espacio. Desde este lugar, un primer interrogante para el debate interno refiere al contenido de la agenda actual o reciente de la sociedad civil uruguaya, es decir, a las cuestiones en las que se ha involucrado la sociedad civil en los últimos años Tomando como referencia las líneas de acción que orientan a las organizaciones que forman ANONG podrían identificarse cinco cuestiones principales: i) la situación social y educativa de la niñez y la adolescencia; ii) la integración social y territorial; iii) la cuestión de género y, 1

CUNILL GRAU, Nuria. La rearticulación de las relaciones Estado-Sociedad: en búsqueda de nuevos sentidos. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 4 (Jul. 1995). Caracas

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particularmente la violencia; iv) la formación para el trabajo y la producción; y v) la sustentabilidad ambiental. Sobre esta base, cabría trabajar sobre los siguientes interrogantes:

DIAGNÓSTICO: ¿Cuáles son las principales problemáticas en las que las organizaciones de la sociedad civil se han comprometido en las últimas décadas? ¿Esta clasificación resulta apropiada para el conjunto de la sociedad civil uruguaya? ¿Qué objetivos, enfoques o posiciones ideológicas han orientado este accionar?

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿Cuáles son las principales orientaciones de acción o demandas que pueden aglutinar a las organizaciones dentro de cada uno de los campos temáticos? En segundo lugar, cabría relacionar esa agenda con las condiciones de la realidad social y política donde se inscribe el accionar de la sociedad civil. Nos referimos al diagnóstico respecto de la situación del país en la actualidad, y del contexto internacional, así como de los escenarios a futuro. Buena parte de las problemáticas que convocan el compromiso de la sociedad uruguaya en nuestros días se comprenden en el marco de una historia más extensa, de crisis económicas acompañadas de políticas económicas neoliberales y políticas sociales asistencialistas y focalizadas. También es necesario recordar que ese modelo de política social fue el que comenzó a convocar a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el proceso de gestión de los programas, en un momento histórico en el que el Estado compartía su agenda social con buena parte de la sociedad civil organizada, agenda enfocada principalmente en el problema de la pobreza y la pobreza extrema. La última década ha implicado fuertes transformaciones en este plano, puesto que en el modelo actual el Estado ha recuperado su protagonismo en la gestión de lo público, ampliando la protección social y desarrollando intervenciones integrales de base territorial. Junto con el crecimiento económico, estas políticas han llevado a reducir drásticamente la pobreza. De esta manera, no sólo se ha transformado la agenda gubernamental, sino que también han cambiado las prioridades de las organizaciones. Los campos de acción actuales de la sociedad civil, antes señalados (niñez, juventud, educación; integración socio territorial; género; trabajo y producción; sustentabilidad ambiental) dan cuenta de una valiosa diversificación de las líneas de trabajo, que se abren hacia horizontes futuros de transformación social profunda y desarrollo social y económico. Sin embargo, los indudables cambios positivos en la situación social de la sociedad uruguaya no ocultan que quedan pendiente desafíos de relevancia, tanto en el plano del desarrollo 3

socioeconómico como en cuanto a la expansión de los derechos y la igualdad – particularmente en relación a la infancia y las relaciones de género- y, en una perspectiva más amplia, la cuestión de la sustentabilidad ambiental. En esta línea, cabría preguntarse:

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿Qué vigencia tiene la agenda de la sociedad civil en la actualidad? ¿Cómo se relacionan esas cuestiones y enfoques estratégicos con un modelo de desarrollo que ha llevado a reducir desigualdad y un gobierno que ha expandido la vigencia de los derechos sociales? ¿Cuál es la visión de la sociedad civil respecto de los desafíos aún pendientes en el desarrollo humano en Uruguay– género, ambiente, mayor igualdad, etc.?

La agenda actual de la sociedad civil se vincula, cada vez más, con fenómenos de escala regional y global, tanto porque los procesos sociales atraviesan rápidamente las fronteras, como porque la creciente conectividad informativa globaliza los debates de manera casi instantánea.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿Cómo se entrelazan los temas que convocan a la sociedad civil uruguaya con los que articulan las demandas de los movimientos de escala latinoamericana y global?

Por último, esta agenda no puede desentenderse de consideraciones prospectivas respecto de los escenarios futuros, de las señales que brindan pistas sobre el proyecto futuro de desarrollo, preocupación que expresa bien el objetivo del Diálogo Nacional Uruguay 2030 y que a su vez está planteada de manera nítida en la agenda ODS.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿Cómo se visualizan los procesos de transformación de los próximos años, qué nuevas problemáticas se avizoran en el futuro próximo? ¿Qué importancia asumen estas cuestiones en la agenda de la sociedad civil, y qué acciones o propuestas se están generando en este sentido?

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Acordar en torno a estas posiciones estratégicas permitirá elaborar las propuestas que, en este eje, podrían plantearse en la instancia del Diálogo:

PROPUESTAS PARA EL DIÁLOGO: ¿Cuáles son los temas y problemáticas que la sociedad civil considera necesario incluir en la agenda pública nacional, en general; y en el Diálogo, en particular? ¿Qué principios u orientaciones ideológicas? se considera importante llevar al debate, como aportes de la experiencia de la sociedad civil? ¿Qué cuestiones sería valioso incorporar a ese debate, pensando en escenarios futuros del desarrollo del país y tomando en cuenta los nuevos desafíos que plantea el orden global?

2. Sociedad civil como contracara del Estado: las modalidades y mecanismos de interacción Otra de las concepciones sobre la sociedad civil que aparece muy frecuentemente en el discurso político y social actual, la define como un ámbito alternativo y complementario al Estado. Según este enfoque, la diferencia entre uno y otro ámbito está presente en los principios y lógicas de acción: la libertad y voluntariedad de la sociedad civil frente a la estructura de autoridad y obligaciones que suponen las relaciones de ciudadanía con el Estado. La sociedad civil es vista, de este modo, como contracara del Estado. El postulado de la distinción de la sociedad civil respecto del Estado, puede asumir matices diferentes. En un extremo, algunos activistas postulan una relación con el sistema político institucional en clave de demanda o confrontación, por fuera de instancias institucionalizadas, buscando incidir en las decisiones a través del debate público y las campañas de opinión pública, así como en base a acciones públicas de protesta. Otra posición, que asigna valor positivo a la interacción regulada con el Estado, es la que jerarquiza la estrategia de la incidencia, es decir, la intervención de la sociedad civil en las decisiones estatales, pero sin comprometerse en la ejecución de dichas decisiones, esto es, en la gestión de las políticas. Este enfoque plantea que la autonomía institucional de las organizaciones sociales respecto de las estructuras políticas constituye el requisito que asegura al sentido democratizador de su intervención. El valor de este tipo de interacción radica en que la sociedad civil expresa libremente voces e intereses que no son representados por los sistemas políticos o el Estado, por lo que su participación en los procesos de decisión sobre las políticas públicas enriquece su formulación, al incorporar otras perspectivas en el proceso de decisión, aportando demandas o propuestas que las políticas no tenían previstas, acercando a las agencias estatales a los destinatarios, mejorando la calidad y transparencia de los procesos de gestión, etc. En términos muy generales, se afirma que la participación de la sociedad civil lleva a democratizar la relación entre Estado y ciudadanía, y en este sentido, a mejorar la pertinencia y la calidad de las políticas públicas. En la otra punta encontramos la práctica concreta de numerosas organizaciones que, para cumplir con los objetivos de trabajo social que se han propuesto como misión, forman parte de estructuras 5

de colaboración con el Estado en la gestión de políticas sociales. La convergencia en las agendas de ambos sectores, a lo que hacíamos referencia previamente, se suma a una combinación de factores que llevan a fortalecer estas estructuras de articulación: para las políticas públicas, la inserción social y territorial de las organizaciones facilita la llegada de las prestaciones estatales a los destinatarios; y para las organizaciones, esas políticas constituyen fuentes de recursos para cumplir con sus objetivos y asegurar la sostenibilidad de su trabajo. Es importante explicitar que en este tema existen tantos matices como organizaciones, y que las posiciones antes expuestas no son más que caracterizaciones sintéticas de un universo mucho más complejo de puntos de vista y de prácticas concretas. En la práctica efectiva de las organizaciones cabe encontrar experiencias de deliberación – diálogos o debates acerca de la orientación de las políticas- , de incidencia – intervención en decisiones de política- , de colaboración – participación en la ejecución de las políticas- ,y de control – monitoreo o vigilancia de procesos y resultados-. Cada uno de estos modos de interacción se encarna en mecanismos institucionales específicos. A modo de ilustración: la deliberación suele tener lugar en el marco de foros, espacios de debate o similares; la incidencia y el control puede desarrollarse en consejos, entes de seguimiento o semejantes; la colaboración se institucionaliza en mesas de gestión asociada o convenios de ejecución de programas estatales. Esta sistematización tiene por objeto evidenciar que detrás de las diferentes modalidades de interacción establecidas desde la sociedad civil, subyacen visiones diferentes respecto del papel que deberían asumir las organizaciones en relación con el Estado. Construir una posición de conjunto sobre este punto, con vistas a la participación en un diálogo amplio, requeriría reconocer como legítimo a todo el abanico de posiciones. A fin de elaborar una propuesta de profundización de la participación, resulta necesario tener un diagnóstico previo del camino ya recorrido en el plano de los mecanismos de interacción con el Estado.

DIAGNÓSTICO: ¿Cuáles de estos mecanismos han sido más transitados en la historia reciente del país? ¿Cómo se combinan con la tradición de la cultura política uruguaya, que valoriza la participación democrática y los derechos ciudadanos? ¿Cuál ha sido la posición y la acción concreta del gobierno, en sus distintos niveles, respecto de cada uno de los mecanismos de interacción: deliberación, incidencia, colaboración?

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿Cómo pensar la relación de la sociedad civil con el Estado en países en los que éste se presenta como la principal fuente de financiamiento? ¿Cómo resignificar la idea de autonomía en estos contextos?

En este punto resulta muy relevante especificar las diferentes instancias, niveles de gobierno, agencias y campos de política incluidos en la noción un tanto general de “Estado”. Si bien Uruguay ha sido un país históricamente centralizado, y en la actualidad el gobierno nacional – 6

particularmente el MIDES- constituye el principal interlocutor estatal para el mundo asociativo, la descentralización ha establecido el nivel local de gobierno, la instancia que se presenta como primer escalón de participación de la sociedad civil. Dado lo reciente del proceso, los gobiernos locales cuentan todavía con pocos recursos económicos para construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil en sus campos de acción, por lo que cabría plantear el fortalecimiento de los gobiernos locales como una demanda de la sociedad civil, a fin de facilitar el desarrollo de instancias de interacción de base territorial. Además, las articulaciones locales permiten convocar especialmente a las organizaciones de base, lo que supondría fortalecer un segmento de entidades que no siempre están presentes en la vinculación con el gobierno nacional. También en este plano resulta necesario elaborar un mapa de las experiencias desarrolladas, más incipientes o consolidadas, que permita conocer mejor un universo de modalidades de interacción que presentan valores y enfrentan problemas diferentes a los que se aprecian en Montevideo. Al respecto, cabría reflexionar en torno a:

DIAGNÓSTICO: ¿Qué diferencias existen entre las experiencias de articulación con gobiernos municipales y la interacción con el gobierno nacional? ¿Cómo ha funcionado, en este plano, la ley de descentralización territorial y participación ciudadana? ¿Qué resultados ha dejado esta experiencia, en relación a la democratización de las políticas públicas y de la relación de ciudadanía?, ¿cuáles han sido los problemas o dificultades más frecuentes?

Un interrogante semejante se aplica a las diferencias entre distintos campos de política, puesto que el papel de las organizaciones de la sociedad civil no es el mismo si se trata de políticas alimentarias, de género, de seguridad ciudadana, ambientales, de trasparencia, etc. Como decíamos previamente, la agenda actual de la sociedad civil y la estructura centralizada del Estado uruguayo ubica al MIDES en el centro de la interacción. Pero si se piensa en perspectiva de futuro, las cuestiones que aparecen en los dos ámbitos – sostenibilidad ambiental, innovación y desarrollo productivo, juventud, calidad democrática, etc.- requerirán la vinculación con otros organismos. En este sentido, cabe interrogarse:

DIAGNÓSTICO: ¿Qué diferencias cabe encontrar en el papel político de la sociedad civil en cada uno de esos campos de política? ¿Qué mecanismos y experiencias se han desarrollado en cada campo?

Otro eje de reflexión refiere a los aspectos negativos o desafiantes de la interacción con el Estado, que mayormente se piensan como riesgos de cooptación estatal de propuestas o de dirigentes de la sociedad civil. Se trata de una realidad difícil de eludir en momentos históricos de confluencia entre la agenda gubernamental y la de la sociedad civil. Con agendas convergentes, campañas 7

de incidencia eficaces y activistas capacitados, resulta esperable que las políticas públicas incorporen demandas y personal de las organizaciones; este resultado podría ser considerado como un logro positivo de la movilización social. Sin embargo, también es evidente que, en un cierto punto, esta dinámica puede debilitar a las organizaciones, tanto porque su accionar se vuelva menos visible porque se confunda con la labor estatal o porque se pierdan dirigentes que entran a trabajar en organismos estatales. Resulta evidente que pensar las alternativas de relación en términos dicotómicos, de subordinación o autonomía, oscurece la comprensión de los problemas, y sería más fructífero analizar las experiencias atravesadas en función de las siguientes preguntas:

ACUERDOS ESTRATÉGICOS ¿Cómo se evalúa la experiencia de interacción en distintos campos y con diferentes organismos? ¿Cuáles han funcionado mejor y cuáles peor? ¿Cómo evitar el debilitamiento de la sociedad civil en estos procesos? ¿Cómo sostener márgenes de autonomía cuando el Estado asume como propias las demandas de la sociedad civil? Por último, profundizar en el tema de la interacción con el Estado, lleva al punto de la relación de la acción colectiva dela sociedad civil con otras formas de participación, en especial con la participación política, particularmente en una sociedad, como la uruguaya, con partidos políticos consolidados y fuertes tradiciones de vida democrática.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS ¿Qué relación hay, y debería haber, entre la acción de las organizaciones de la sociedad civil y la movilización política encarnada en partidos y movimientos? Sobre estos acuerdos, se propone trabajar en torno a las siguientes líneas de propuesta:

PROPUESTAS PARA EL DIÁLOGO: ¿Cómo fortalecer la participación de la sociedad civil en los procesos de política pública? ¿Qué mecanismos o instancias de participación es necesario crear? ¿Cuáles sería necesario mejorar y cómo? ¿Qué oportunidades ofrece la ley de descentralización y participación ciudadana en cuanto al fortalecimiento de los gobiernos locales, como interlocutores estatales en estas experiencias de interacción? ¿Qué propuestas trae esta Ley que están aún pendientes de aplicación?

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3. Sociedad civil organizada como instancia institucional : el tema del fortalecimiento La intervención en el Diálogo Nacional pone de manifiesto otro contenido del sentido político de la sociedad civil: su desarrollo institucional, mayormente en forma de asociaciones voluntarias, que corporizan y encauzan las cuestiones que forman parte de la agenda de la sociedad. En este plano, se asimila el concepto de sociedad civil a su sustrato organizativo, lo que llamamos generalmente “organizaciones de la sociedad civil”. Esta definición lleva a plantear algunas reflexiones relativas a la conformación, desarrollo y rol del universo asociativo de la sociedad civil, en el marco de la agenda de cuestiones previamente analizadas. En primer lugar, una característica intrínseca de la sociedad civil es su heterogeneidad. Puesto que la formación de las agrupaciones es producto de iniciativas libres y autónomas de las personas, el resultado emergente es diverso y multiforme. Diversidad de problemáticas, de formas organizativas, de contextos socio territoriales, de trayectorias previas, de relaciones con otros actores. En este sentido, podría afirmarse que dentro del espacio social uruguayo conviven organizaciones que sostienen la independencia del Estado y se enfocan hacia las actividades de incidencia o control, junto con otras que han construido un camino de colaboración en torno a la ejecución de programas sociales, como señalamos previamente. Otro eje de diferenciación es el relativo al tipo de actividades: algunas organizaciones se dedican plenamente a la tarea asistencial, otras priorizan la investigación o la capacitación, otras a las campañas de comunicación, etc. También se distinguen según su ubicación en la estructura socioeconómica, lo que se advierte en la distancia existente entre las asociaciones de base de barrios vulnerables y las grandes fundaciones empresariales, por ejemplo; o socio territorial, que refiere al corte entre asociaciones de Montevideo y las del interior del país. O también cabe mencionar las diferencias de índole ideológico – respecto de temas como la cuestión de género, o la diversidad sexual, por ejemplo-; de tipo religioso – hay entidades confesionales y otras enfrentadas a las instituciones eclesiásticas; o también político, que se expresa en posicionamientos distintos respecto del gobierno o el modelo de desarrollo. En esta diversidad radica su riqueza, y el desafío de las sociedades civiles desarrolladas radica en respetar su diferenciación interna, escapar a la exigencia de la uniformidad, señalan algunas posturas teóricas de peso2. Puesto que también es importante evitar el riesgo de la fragmentación, parece necesario desarrollar la capacidad para construir nexos entre el amplísimo universo de demandas sectoriales o particulares que movilizan a los distintos sectores de la sociedad, que sirvan de base de una agenda relativamente articulada de problemáticas públicas. Construir esta articulación es, sin duda, un desafío importante, ya que supone establecer mecanismos de diálogo interinstitucional horizontales, al tiempo que eficaces en la elaboración de los acuerdos necesarios. Si bien el propósito de incluir a todos los actores dentro de un mismo paraguas podría atentar contra el principio básico de autonomía y libertad que sostiene la sociedad civil, la convocatoria al Diálogo nacional actualiza el imperativo de establecer ciertas coincidencias respecto de principios compartidos.

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COHEN, Jean y ARATO, Andrew (2000) Sociedad civil y teoría política. Fondo de Cultura Económica. México

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Una intervención conducente en esa instancia de deliberación requiere superar la lógica de la suma de demandas parciales, así como ir más allá de las preocupaciones sectoriales del mundo asociativo, para asumir la responsabilidad en tanto actor político, ser portavoces de preocupaciones de relevancia pública que interpelen al conjunto de la sociedad. En tal sentido, cabría debatir:

DIAGNÓSTICO: ¿Cómo se valora esta heterogeneidad en el espacio de la sociedad civil organizada uruguaya? ¿Dónde están situados los límites a la diversidad? Asumir los desafíos de llevar al escenario del Diálogo cuestiones de orden público, no supone ignorar algunas preocupaciones de índole sectorial. Así, en una segunda instancia, resulta pertinente plantear la cuestión del desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil organizada, tema que constituye una preocupación siempre presente en los diagnósticos sobre el sector, y ha sido objeto de varios talleres y encuentros previos. Hablar de fortalecimiento de la sociedad civil abarca varios ejes de acción, desde lo relativo a la ampliación de los recursos y particularmente el desarrollo de los recursos humanos; el incremento y densificación de las redes, articulaciones y, más en general, las relaciones de confianza entre organizaciones; y el mejoramiento del marco normativo que regula y fomenta la acción de las asociaciones. Algunos de estos ejes -como el referido a las redes y articulaciones internas, o la transparencia institucional- , remiten a dinámicas propias de cada organización o del espacio de la sociedad civil, y su procesamiento debería ser objeto de reflexión interna, en otros momentos. Sin embargo, otros de los factores que hacen al fortalecimiento de la sociedad civil convocan legítimamente a la intervención estatal, tanto porque refieren al marco normativo que regula al sector, como porque tratan acerca del desarrollo de recursos, cuestión que pone en debate las formas de financiamiento estatal de la actividad asociativa. Para avanzar en propuestas de consenso en torno al tema de la legislación de regulación y fomento de la sociedad civil, parece necesario construir previamente un diagnóstico apropiado de la situación actual. A la vez, es evidente que el contenido de las propuestas que se planteen en este tema están fuertemente ligadas con las posiciones respecto de la relación que la sociedad civil debería mantener con el Estado, tal como se puntualizó en el apartado anterior. Algunas preguntas pertinentes son:

DIAGNÓSTICO: ¿Cuál es el diagnóstico de los actores de la sociedad civil respecto de sus necesidades de fortalecimiento? ¿Cuáles de esas tareas son de competencia propia (por ejemplo, afianzar las redes), y cuáles requieren de algún apoyo y recursos externos, en este caso estatal? ¿Cómo funciona el marco normativo vigente actualmente? 10

Por último, la convocatoria de la Presidencia de la República pone en discusión la cuestión de la representación de la sociedad civil, un tema que también aparece en muchos de los mecanismos de diálogo o concertación – consejos, foros, mesas de gestión, etc.- que convocan las políticas públicas. Dado su carácter heterogéneo y dinámico, resulta difícil establecer mecanismos de representatividad sancionados legalmente. Generalmente se asume que las organizaciones institucionalizadas constituyen una buena representación del universo de la sociedad civil; y las redes y federaciones contribuyen a articular mejor este proceso. Sin embargo, este tipo de instancias de vinculación con el Estado requieren afinar aún más la representación, puesto que obligan a consensuar posiciones, elegir representantes para los intercambios, etc.

DIAGNÓSTICO: ¿Qué mecanismos de representación y/ de articulación interinstitucional están hoy vigentes en la sociedad civil uruguaya?

ACUERDOS ESTRATÉGICOS: ¿En el plano de la sustentabilidad económica de las organizaciones, qué tipos de apoyos correspondería solicitar al Estado (por ejemplo: solo apoyo financiero o de otro tipo – información, respaldo legal, vinculación, etc.-) y en qué condiciones (por ejemplo: en el marco de ejecución de programas estatales o por fuera de ellos; cómo seleccionar a las organizaciones destinatarias)? ¿Los mecanismos de representación y articulación resultan apropiados para agrupar a los actores que participarán en el Dialogo Nacional y seleccionar a los representantes que tomarán parte en las reuniones?

PROPUESTAS PARA EL DIALOGO: ¿Qué forma debería asumir la regulación estatal? ¿Qué aspectos de la vida de las organizaciones deberían estar regulados (transparencia, régimen laboral, etc.), y cuáles deberían quedar fuera de la tutela estatal? ¿Además de la regulación, qué tipo de apoyos al fortalecimiento debería ofrecer el Estado?, ¿le corresponde al Estado apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil?, ¿el apoyo estatal debería estar regulado legalmente, desprenderse del sistema impositivo?

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Sobre la autora *Adriana Rofman es socióloga, posgraduada en la Universidad de Paris III y doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en temas de participación ciudadana, sociedad civil y territorio. Es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, de la Provincia de Buenos Aires, en las carreras de Política Social y Administración Pública. Profesora en la Maestría en Estudios Urbanos (UNGS) y en la Diplomatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil de FLACSO, Argentina. Directora de la Diplomatura virtual en Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Públicas, dictada por la UNGS en colaboración con el CENOC, Argentina. Coordinadora del Programa “Observatorio del Conurbano Bonaerense” en Instituto del Conurbano, UNGS. Consultora a cargo del monitoreo de proyectos de la Fundación Interamericana, en Argentina y Chile

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