Proyecto “Conservación de los humedales y los modos de vida asociados en el Delta del Paraná”. Wetlands International-Fundación Humedales. Informe Final1 Índice Introducción Metodología de trabajo 1. El Delta del Paraná 1.1. Áreas protegidas 1.2. Población 2. Delta Medio (Sección Islas, Dto. Victoria, Entre Ríos) 2.1. Población. 2.2. Vivienda e infraestructura. 2.3. Instituciones locales. 2.4. Caracterización socio-económica del área. Actividades productivas. Régimen de tenencia de la tierra. 2.5. Caso piloto. Isla Itapé, Arroyos Estévez y Los Laureles. Los pobladores locales (isleños y ribereños). Los nuevos actores: productores y empresas agropecuarias. La empresa Bema Agri. Actuación de las instituciones estatales. Conflictos y/o impactos del emprendimiento: económicos y jurídicos. 3. Bajo Delta (Sección Islas, Partidos de Campana y San Fernando, Buenos Aires) 3.1. Población 3.2. Vivienda e infraestructura 3.3. Instituciones locales 3.4. Caracterización socioeconómica del área. Régimen de tenencia de la tierra. 3.5. Caso Piloto. Zona Río Carabelas y Canal Cinco. Pequeños productores. La Cooperativa de Mimbreros. Medianos y grandes productores. Impactos y/o conflictos en el Bajo Delta. 3.6. Caso Colony Park (Partido de Tigre). Las urbanizaciones cerradas en el área Inicio del conflicto La formación de la Cooperativa Los organismos del Estado Observaciones finales Derecho a la tierra y sus bienes. Referencias Bibliográficas

1

Taller Ecologista. Graciela Donadille, Jorge Postma, Laura Prol, Elba Stancich y Claudio Vizia.

1

Introducción El Delta del río Paraná (tramo Inferior), situado en la región litoral del país, es un área dedicada principalmente a la producción primaria de bienes, sobre la base de la diversidad de sus recursos (o flora y fauna). En la última década, se destacan como actividades predominantes, la pesca –para consumo humano-, la ganadería (Delta Medio) y la forestación (Bajo Delta) –destinada a la industria del papel. En el caso de las dos últimas, el componente fundamental es la tierra y, para la primera, también la vegetación natural (pastizales). Sin embargo, la utilización de estos recursos responde a trayectorias y lógicas productivas diferentes; la actividad forestal se desarrolló gracias a una creciente intervención del ambiente, por la cual se efectúan cambios sustanciales en el entorno isleño, mediante la introducción de capital y trabajo humano con el objetivo de transformar su fisonomía “agreste” en tierras “productivas” y de fácil acceso. Básicamente, tales modificaciones consisten en caminos, terraplenes y endicamientos, que intentan contrarrestar o minimizar los efectos de las crecientes periódicas e inundaciones extraordinarias propias del Delta. En cambio, hasta la década de 1990, la “ganadería de islas”, tal como se conoce la actividad en el área, se desarrollaba con baja inversión tecnológica, y adecuando las prácticas ganaderas a los ciclos del régimen hidrológico. A partir de la presente década, la actividad experimentó una importante expansión, que fue acompañada con una incipiente tendencia a incorporar un manejo del ambiente isleño en ciertos aspectos, similar al Bajo Delta, con el propósito de reproducir los patrones de producción ganadera de tierra firme, aunque manteniendo prácticas típicas de la “ganadería de islas”, como la quema de pastizales, pero ahora, a gran escala. Por otra parte, en el Bajo Delta (Partido de Tigre), históricamente la actividad turística fue la que asumió un mayor desenvolvimiento. A partir de la década de 1990, las grandes urbanizaciones fueron ganando espacios antes desechados por inversores privados, debido sus características ecológicas, inicialmente, en las tierras anegables de la ribera continental. El desarrollo de grandes obras de infraestructura con el objetivo de elevar las tierras, superando la cota de inundación, posibilitó incorporar estas áreas, al mercado inmobiliario de las urbanizaciones cerradas (Ríos, 2009). Durante la presente década, se anexarán a este mercado las tierras isleñas, situadas en el frente de avance del Delta, mediante la introducción de notables modificaciones en el territorio. En ciertas zonas del Delta del Paraná, estas obras (caminos-terraplén, taponamiento y cambios de cursos de agua, endicamientos, elevación de terrenos) resultan en una transformación del espacio compartido por pobladores locales, cuyos patrones de residencia, de trabajo y producción tienden a mantener una adecuación a la dinámica hidrológica de las islas; por lo cual, en ciertos casos aquellas intervenciones colisionan con sus formas de vida. En el caso de Tigre, específicamente, la ocupación de las tierras insulares se lleva a adelante a costa del desplazamiento de grupos familiares locales cuya economía está directamente ligada al uso de los recursos naturales del lugar (juncos, madera, caza y eventualmente pesca). En este contexto, las técnicas de modificación de los entornos han de entenderse como un aspecto intrínseco a las modalidades de ocupación y uso que los diferentes grupos sociales hacen de los territorios que habitan y/o explotan. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de nuestro estudio consiste en conocer las características de y las lógicas que subyacen a dichas modalidades, para comprender luego, los efectos que aquellas modificaciones tienen en las condiciones de vida de los pobladores locales (isleños y ribereños) de las áreas de estudio. En esta última tarea, nos interesa identificar algunos de los efectos más relevantes, sus manifestaciones concretas, y las tendencias que pueden estar expresando en cada caso, y globalmente. 2

Cabe aclarar que si bien el objetivo del proyecto consistió en realizar una evaluación de los impactos que los endicamientos pueden tener en los modos de vida locales, en nuestro trabajo no asumimos una noción a priori del carácter y/u orientación de los mismos; por el contrario, éstos se fueron evidenciando en el transcurso de la investigación, como resultado del conocimiento de las perspectivas de las personas que viven y trabajan en las islas. Finalmente, nos interesa señalar cómo concebimos en este trabajo a las relaciones entre el ambiente natural y la acción humana. En las perspectivas contemporáneas de la antropología ecológica y ambiental, se ha pasado de una concepción determinista de los factores ambientales (climáticos, biológicos, hidrológicos, entre otros) a una que privilegia su consideración en el plano de su interacción con las actividades humanas, donde las racionalidades propias de los sistemas económicos, políticos y culturales juegan un rol preponderante. De este modo, la interacción entre los grupos sociales y sus territorios es enfocada desde una relación de apropiación y uso activo de los recursos, mediada por prácticas e instituciones sociales que se han gestado históricamente y que involucran relaciones de dominación y subordinación en la producción, control y competencia por recursos. Así, según la posición que los grupos e individuos ocupen el sistema de relaciones sociales responderán de forma variable a los factores ambientales y manejarán diferencialmente los recursos (Nyerges, 1997: 9).

Metodología de trabajo El estudio se realizó en dos áreas del Delta, seleccionadas previamente en el proyecto: las secciones de islas del Departamento Victoria (Delta Medio), provincia de Entre Ríos, y de los Partidos de Campana y San Fernando (Bajo Delta), provincia de Buenos Aires. Posteriormente, se incluyó la zona de islas del frente de avance del Delta, en el Partido de Tigre (Buenos Aires). La metodología implementada recurre al análisis cualitativo, concretamente al “estudio de caso”, el cual posibilita acceder a fuentes primarias de información, relacionadas a actores sociales vinculados a la problemática que nos ocupa. Esta modalidad de abordaje posibilita al menos dos niveles de análisis: - arribar a algunas conclusiones provisionales específicas sobre un caso; - inferir algunas aproximaciones potencialmente aplicables al estudio de otras situaciones similares2. Para la producción de información primaria, recurrimos a dos técnicas de trabajo de campo antropológico, la observación y entrevistas (semi-estructuradas) a pobladores de las áreas seleccionadas. La observación se llevó a cabo en el contexto de las entrevistas que fueron realizadas en el ámbito de actividad de los entrevistados. Tanto la observación como la entrevista constituyen herramientas de producción de datos y conocimientos en virtud de un proceso reflexivo entre el investigador y las situaciones consideradas, con el propósito de identificar algunos aspectos de la complejidad implícita en las relaciones sociales. Las entrevistas semi-estructuradas contenían cierto nivel de direccionalidad en función del objetivo planteado, sin embargo la flexibilidad de esta técnica posibilitó que los entrevistados expresen en las conversaciones sus propios intereses e inquietudes. Se recurrió además al relevamiento de fuentes secundarias, para dar cuenta de la dimensión contextual del problema planteado (material documental proveniente de organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, trabajos científicos y legislación). El trabajo de campo se realizó recorriendo las áreas seleccionadas, visitando a los pobladores y trabajadores de la zona, e instituciones locales, como escuelas y centros de 2

Reyes T. (s/f). “Métodos cualitativos de investigación. Los grupos Focales y el Estudio de Caso” (mimeo, visitado en abril de 2009, www.fvet.uba.ar).

3

salud. A su vez, el recorrido se fue organizando, en parte, a través de la orientación brindada por los propios pobladores locales, y de la dinámica que adoptaron las situaciones de encuentro con las personas visitadas. En ambas zonas se realizaron visitas durante el verano de 2009-2010; en el caso de la zona de Dto. Victoria, coincidieron con un período de creciente. En Tigre, concurrimos a la Cooperativa de Mimbreros y la zona del Arroyo Anguilas durante los primeros días del mes de julio. Se realizaron visitas en distintos ámbitos o espacios sociales: residencias familiares, “quintas”, almacenes, cooperativas y establecimientos productivos (agropecuarios y forestales). En las residencias de los pobladores, entrevistamos a mujeres y hombres adultos que componen los grupos familiares, a quienes se les presenta nuestro proyecto de trabajo, y se propone conversar sobre algunos aspectos involucrados en el tema de estudio (y aquellos otros que ellos mismos propongan); también se entrevista a dueños y/o empleados de establecimientos, en sus zonas de emplazamiento. Durante nuestros recorridos (por vía terrestre o acuática), observamos algunos aspectos de la dinámica de la vida cotidiana de las áreas de estudio. Los testimonios expuestos han sido seleccionados teniendo en cuenta la recurrencia en los puntos de vista de las distintas personas entrevistadas, y pueden señalar tanto coincidencias como desacuerdos respecto a determinadas cuestiones abordadas3. En el caso del Bajo Delta, dado el período de tiempo que estuvimos en campo, el resultado del trabajo es una primera aproximación al tema. No obstante, en el caso de Campana y San Fernando, dado que contamos con una investigación social previa de la misma problemática, realizada por Guido Galafassi (2005), nuestros resultados se articulan y convalidan los del mencionado estudio. Por otra parte, en Delta Medio estamos trabajando en el área desde el año 20054, además de contar con estudios antropológicos previos.

3

En el texto, los testimonios figuran entre comillas dobles y letra itálica. En el marco de dos proyectos sobre humedales, uno de ellos actualmente estamos realizando (“Iniciativas sustentables en los humedales del Paraná Inferior”) y del cual utilizamos parte del material documental que venimos produciendo en el área del Dto. Victoria. 4

4

1. El Delta del Paraná El sistema de humedales de los ríos Paraguay-Paraná, situado en la Cuenca del Plata, que cubre un área delimitada desde el Gran Pantanal hasta el Río de la Plata, constituye el corredor de humedales de agua dulce más extenso del planeta. Está situado en la Cuenca del Plata, la cual cubre una superficie de 3.100.000 km² y comprende a los países de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. El río Paraná, perteneciente a la Cuenca, es el segundo río de importancia en Sudamérica y el cuarto en el mundo por su extensión, caudal y diversidad biológica. La región del Delta del río Paraná comprende una superficie aproximada de 17.500 km² y se extiende en la porción final de la Cuenca del Plata, a lo largo de unos 300 km de longitud. Abarca un área geográfica delimitada en el norte, por la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, y las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, en el sur; hacia el oeste, sobre la margen del Paraná, se encuentra emplazado el conglomerado urbanoindustrial, con eje Rosario-Buenos Aires, más importante de Argentina. Los suelos del Delta El área de estudio “experimenta frecuentes inundaciones debidas a sus propias características geomorfológicas, por lo que la distribución y génesis de los suelos debe ser encarada teniendo particular atención en la evolución y gran variabilidad geomórfica; en particular la alternancia de eventos ingresivos marinos y el proceso fluvial actual” (Pereyra et al., 2004). La heterogeneidad geomorfológica, la existencia de geoformas de diferentes orígenes y edades, y la actividad morfogénesis actual, han determinado una variada cobertura edáfica, caracterizándose (los suelos) por el bajo grado de desarrollo edafo-genético, y la presencia de hidromorfismo. Los materiales originarios de estos suelos, provienen del arrastre en suspensión del río Paraná, son heterogéneos por sus orígenes (provenientes de los derrames de Misiones, Formosa, Chaco y Santa Fe; y países limítrofes, Brasil, Bolivia y Paraguay); básicamente son materiales de texturas medias, francoarenosas, y franco-areno-limosas, a su vez, retrabajados por el agua en el devenir de la corriente. Desde el punto de vista de drenaje, son imperfectamente o muy pobremente drenados, presentando condiciones reductoras (ausencia de oxígeno), a consecuencia de la saturación hídrica. Los signos de hidromorfismo los podemos encontrar a diferentes profundidades (es decir, de acuerdo al nivel topográfico, pueden estar a distintos niveles de profundidad). En síntesis, los suelos generados en estos ambientes dependen del clima, la biota, las geoformas o nivel topográfico, el material originario y la edad cronológica, condicionados estos factores por los niveles de inundación, en cuanto a caudal y permanencia de las mismas en el tiempo. Los suelos corresponden a los ordenes Entisoles, de texturas, franco-arcillo-limosas, a francolimosas; arcillo-limosas; y franco-limosos a arcillo limosos. Esta heterogeneidad de textura (porcentajes relativos de arena, limo y arcilla) obedece a una reconfiguración de los sedimentos aportados por la acción del Paraná.

1.1. Áreas protegidas Desde la década de 1990, algunas porciones del territorio del Delta han sido declaradas áreas de conservación. En 1992, la jurisdicción entrerriana, se creó el Parque Nacional PreDelta, a 5 km de la ciudad de Diamante, con una superficie de 2.458 ha. También existe desde el 2003 una Reserva de Uso Múltiple Municipal de 370.000 ha., conocida como Islas de Victoria, situada en el departamento homónimo. En las zonas adyacentes, en jurisdicción santafesina, se crea en 1993 la Reserva Municipal Isla del Sol (Departamento Villa Constitución), de 120 ha. En el Delta Bonaerense La Reserva Estricta Rómulo Otamendi, en departamento Campana, creada por Decreto N° 2.149 en 1990, posee una extensión de 10.500 hectáreas. En la segunda y tercera sección de Islas de San Fernando, la Reserva Provincial Isla Botija fue declarada en el año 2000, Reserva de Biosfera por la UNESCO, contando con una superficie de 88.624 hectáreas.

5

1.2. Población Los datos que se disponen sobre la población del Delta son fragmentarios y desactualizados, además de recurrirse en muchos casos a estimaciones. Por lo tanto la información reunida tiene un carácter parcial, en tanto que las referencias temporarias que se consignan intentan aportar a su evolución. Según el Censo Nacional de Población de 2001, la población total del territorio argentino de la cuenca del Delta, era de 3.556.507 habitantes, distribuidos en 1.830.296 de habitantes santafesinos; 558.801 entrerrianos y 1.067.410 bonaerenses. La misma fuente asignaba al Departamento Victoria (Entre Ríos), una población de 34.097 habitantes; a los Partidos de San Fernando un total de 151.131 habitantes y de Campana 83.698 habitantes, ambos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Las áreas piloto de este estudio comprendieron sitios ubicados en los tres departamentos mencionados. Para la zona del Delta, diversas fuentes estimaban hacia 1940 una población de 25.000 habitantes, con un proceso de disminución que se evidencia en los datos de 1960, donde descendía a 22.100 habitantes; una década después, INTA5 estimaba una población total de 12.000 habitantes, repartidos en 3.000 en el Delta entrerriano y en 9.000 en el bonaerense; esta última cifra, se habría sostenido en las siguientes décadas, ya que para 1991 se registraría 9.333 habitantes en territorio de la provincia de Buenos Aires (Galafassi, 2005: 77-80). En el Censo Nacional de 2001 la población registrada en jurisdicción del departamento Victoria, Entre Ríos, alcanzó la cifra de 1.007 personas.

5

INTA-UNESCO. Estudio ecológico y socioeconómico del Delta Entrerriano. Repag, Buenos Aires, mimeo. Citado en Galafassi, Op. Cit., Pág. 77.

6

2. Delta Medio (Sección Islas, Dto. Victoria, Entre Ríos) El Delta entrerriano está comprendido en las jurisdicciones de 4 departamentos: Diamante, con una superficie total de 2.774 km², de los cuales 1.047 corresponden a humedales; Gualeguay, con 7.178 km² y 2.142 km² respectivamente; Islas del Ibicuy, con 4.500 km² de territorio deltaico, y Victoria, cuyo departamento comprende un área de 6.822 km², de las cuales 4.378 km² corresponden a humedales (Galaffasi, 2005:72). En 1999, el municipio de Victoria crea el organismo “Delegación Municipal de Islas” (Ordenanza nº 1.691), y posteriormente, en el año 2003, declara Área Natural Protegida a su sección de islas (Ordenanza nº 2.185), bajo la figura Reserva de Uso Múltiple, “Zonas apropiadas para la producción Ganadera, Forestal y de Fauna de valor comercial”, según dicha normativa. 2.1. Población Los centros urbanos de mayor envergadura del área, son la ciudad de Rosario y su área metropolitana, y la ciudad de Victoria, la cual contaba a comienzos de la década con 27.725 habitantes (Censo Nacional, 2001). Sin embargo, estimaciones actuales la sitúan cerca de las 40.000 personas, como resultado, en mayor medida, de una serie de procesos socio-económicos derivados de la conexión vial Rosario-Victoria, habilitada en 2003. La ciudad de Rosario, según el citado censo, poseía una población de 909.397 habitantes, con una actual estimada en alrededor de 1.000.000 habitantes, e incluyendo el área metropolitana alrededor de 1.300.000 personas. En la sección de islas, el Censo Nacional 2001 registró un total de 1.007 personas distribuidas en 326 hogares. La mayoría de la población se halla dispuesta en las adyacencias de los riachos y arroyos navegables, agrupadas a lo sumo en algo más de una decena de viviendas, y la mayoría dispersas. Según la misma fuente censal, del total de 326 hogares encuestados, sólo 39 eran propietarios de terreno y vivienda, 226 no poseían tenencia regular del terreno, y 51 casos se agrupaban en ocupantes por préstamo (20); por trabajo (38); inquilino (1); y otros (2). El Cuadro I registra las ocupaciones laborales de la población, en el que puede observarse a las actividades agropecuarias, y de caza y pesca como las que absorben mayor mano de obra. Cuadro I. Población ocupada de 14 años o más según rama económica agrupada Rama de actividad Total Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca y servicios conexos Industria manufacturera Construcción

Población 392 143 173 2 5

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

6

Servicios de hotelería y restaurantes

7

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

1

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

1

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

3

Enseñanza Servicios sociales y de salud Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

7 2 2

7

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico Actividades no bien especificadas Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. Los datos corresponden a la fracción censal 06 del Departamento Victoria.

11 29

En cuanto a los componentes etarios, de la distribución por grupos de edad según sexo (Cuadro II), puede observarse que la población no adopta la típica estructura piramidal típica en la mayoría de los grupos demográficos, con pico en las edades medias y bases en las edades extremas. Este hecho, particularmente con bajas en los grupos de edad 15-19 años (que comprende a jóvenes en edad de escolaridad secundaria), y 30-39 (al que pertenecerían adultos jefes de familia jóvenes), puede relacionarse con los procesos migratorios de las familias jóvenes, según diversos factores (ciclos de vida de los grupos familiares, los vaivenes coyunturales en los mercados de trabajo en el área y de los bienes primarios producidos en las islas, los períodos de inundaciones regulares, entre otros). Cuadro II. Población por grupos de edad según sexo. Grupos de edad

Población Varones

Mujeres

1007

615

392

Menos de 1

21

12

9

1-4

65

38

27

5-9

95

47

48

10-14

106

58

48

15-19

93

46

47

20-29

138

79

59

30-39

120

77

43

40-49

131

91

40

50-59

109

72

37

60-69

74

52

22

70-79

47

37

10

80 y más

8

6

2

Total

Total

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. Los datos corresponden a la fracción censal 06 del Departamento Victoria.

2.2. Vivienda e infraestructura Respecto a las características habitaciones, el Censo 2001, registra un total de 326 viviendas, clasificando a 32 como casas (de las cuales 18 son consideradas tipo B6); 160 como ranchos; 69 casillas: 1 local y 26 viviendas móviles. Según un estudio realizado en 2005 (Donadille et al., 2007) en las islas Espinillo, Invernada y Charigüé (oeste de la sección islas del departamento Victoria), se observaba que “la mayoría de las viviendas de la población permanente están fabricadas con madera y 6

Son comprendidas en este tipo las que reúnen al menos una de las siguientes condiciones: piso de tierra o ladrillo suelto, sin provisión de agua por cañería interior o no disponen de inodoro con descarga de agua.

8

chapa, y en menor medida de madera y material y madera y fibrocemento. Es de destacar, que si bien existe una cierta homogeneidad en el material utilizado, la calidad de construcción no es la misma en todos los casos, variando según si está construidas sobre pilotes por la altura del terreno, el material de los pisos, el acabado, la disposición de las habitaciones, la ubicación del baño”. En dicho estudio, el análisis del porcentaje significativo de casos que cubrió la muestra indica que los baños están ubicados fuera de la vivienda en la mayoría de ellos, y en menor proporción dentro de la vivienda. Las instalaciones sanitarias cuentan en casi todos los casos con desagüe en pozo ciego y uno en cámara séptica; en cuanto los sanitarios, se alternan los inodoros con descarga de agua, inodoro sin descarga de agua y letrinas. Asimismo, se observaba que “el agua para consumo doméstico (alimentación y bebida) es obtenida de distintas formas, y algunas de las familias las combinan, obteniendo agua del río Paraná, agua de lluvia o aljibe, bidones de agua potabilizada que compran en la ciudad de Rosario y perforaciones con bomba a motor. El agua de río es tratada para su consumo utilizando tanques para que se asiente el sedimento, pastillas de cloro, filtro de piedra. En pocos casos tienen agua dentro de la vivienda a través de un sistema de cañerías, en otros este sistema se encuentra fuera de la vivienda pero dentro del terreno, y en la mayoría de los casos no cuentan con dicha instalación. Podríamos decir que la ingesta de agua de río no presenta inconvenientes a la salud de los pobladores, puesto que patologías que podrían derivarse de la misma, tales como parasitosis o diarreas, no han sido relevadas como enfermedades comunes. En cuanto a la provisión de energía, dado que en la zona de islas no existe ninguna infraestructura eléctrica, esta se realiza a través de distintas fuentes: baterías de 12 voltios – las cuales se cargan o bien en la ciudad de Rosario, a través de generador a nafta o motor a nafta, panel solar, y bajo la forma de vela, candil y farol a kerosene. Respecto a los artefactos domésticos, la energía es utilizada para televisores y luz eléctrica; algunas familias cuentan con heladeras a kerosene o freezer a gas y cocina a gas, otras cocinan fuera de la vivienda en braseros u otras fuentes de calor similares funcionalmente. No obstante, el uso de energía eléctrica se encuentra regulada en su consumo, debido al alto costo que su generación representa para los pobladores, sobre todo en el caso de los motores o generadores a nafta (por el precio del combustible) Según nos informan los entrevistados, el uso de energía eléctrica diario abarcaría entre tres y cuatro horas aproximadamente” (Donadille et al., 2007: 5). Para la provisión de alimentos y limpieza la población recurre mayoritariamente a las ciudades más cercanas. El aprovisionamiento es complementado en menor medida en pequeños almacenes y boliches existentes en algunos parajes. Una excepción en el pasado fue la isla Charigüé (en la zona oeste de la sección de islas), que constituyó un espacio de poblamiento con ciertas características urbanas, – entonces llamado “Pueblo Charigüé¨- con calles demarcadas, y algunos loteos efectuados por inmobiliarias rosarinas. Esta vida social estaba cimentada en un número de habitantes mucho mayor que el actual, actividades productivas hoy inexistentes como las hortícolas y pesqueras –la zona fue además un antiguo corredor de tránsito del ganado criado en la provincia de Entre Ríos, arreado hacia los mataderos rosarinos.7 Se daba además la presencia de espacios de recreación y de actividades sociales compartidas por familias isleñas y rosarinas que contaban con casas de fines de semana, y compartían con los lugareños estrechos lazos de solidaridad y amistad. Los espacios de socialización eran 7

El Padre Spiazzi, bajo el seudónimo Martín del Pospós, relata en un capítulo de su libro El país de los chajás, un episodio de arreo de ganado vacuno desde las inmediaciones del arroyo La Camiseta, cercano a Victoria, hasta la boca de Los Marinos, frente a Rosario. La tarea, en condiciones favorables, insumía a los arrieros cinco jornadas.

9

clubes, bailes, torneos, y las instituciones religiosas, como una capilla donde se realizaban las ceremonias tradicionales, fundada y asistida por el Padre Martín Spiazzi, otro importante referente social y cultural de las islas ya fallecido. Además de su labor pastoral, Spiazzi publicó libros de literatura y poesía donde se registran hechos, acontecimientos y personajes típicos de los humedales. Algunas construcciones actuales tienen, en relación a las típicas de las islas, mayor antigüedad y nivel de consolidación en sus materiales –mampostería de ladrillo, revoques, cubiertas pesadas. Pueden hoy observarse restos de construcciones abandonadas, parcialmente demolidas, y el antiguo ¨Boliche de Taco¨, lugar de recreación reconocido por los isleños y de asidua concurrencia de turistas rosarinos y residentes de fin de semana. Además está radicada la comisaría que tiene una amplia jurisdicción, un centro de salud y la Escuela. Provincial Nº 26 “Leandro Alem”. Por otro lado, en el sitio existe el único centro cultural de las islas del Departamento Victoria que hemos registrado, el Museo “El Paraná y sus islas”, fundado por el también fallecido pintor rosarino Raúl Domínguez -de reconocida producción pictórica y literaria fuertemente identificada con la temática isleñahoy dirigido por su hijo, que sólo se habilita un día a la semana en horario reducido. Allí existen diversos testimonios de la antigua vida isleña, como embarcaciones, implementos de pesca y tareas rurales, y patrimonio arqueológico de la cultura chaná -antiguos habitantes originarios de la región.. Todas estas instituciones se concentraban en un área reducida, de unas pocas cuadras, sobre el albardón del arroyo Las Lechiguanas.

2.3. Instituciones locales La presencia del Estado a través de sus instituciones es más notable en el ámbito de la Educación, existiendo un total de once escuelas en la zona de islas del departamento Victoria. La mayoría del personal docente reside en ciudades de la provincia de Entre Ríos, y utilizan lanchas, en muchos casos propias dado que no existe transporte fluvial estatal, para llegar a las escuelas, donde permanecen de lunes a viernes. Según testimonios, los viáticos del Estado cubren una mínima parte de sus gastos de movilidad. También deben encargarse de las compras y acarreo de comestibles para los comedores escolares. En el área piloto, la Escuela Primaria Nº 3 “General Savio” posee una parte de su estructura flotante, con una construcción liviana sobre pontones y se conecta mediante una pasarela con otra estructura fija construida en madera sobre pilotes. En esta última existe un comedor escolar, un baño nuevo y un aula. Actualmente está afectada por la inundación y no funciona, el único maestro no concurre y está al cuidado de una familia vecina. Algunos vecinos refieren que materiales de construcción recibidos en donación y estaban en acopio, quedaron abandonados y se perdieron. Un problema que se presenta a los jóvenes interesados en completar sus estudios (educación secundaria) es que deben trasladarse a las ciudades más cercanas En el área piloto, la Escuela Primaria Nº 3 “General Savio” posee una parte de su estructura flotante, con una construcción liviana sobre pontones y se conecta mediante una pasarela con otra estructura fija construida en madera sobre pilotes. En esta última existe un comedor escolar, un baño nuevo y un aula. Actualmente está afectada por la inundación y no funciona, el personal docente no concurre, por lo que las instalaciones están al cuidado de una familia vecina. Algunos vecinos refieren que materiales de construcción recibidos en donación y estaban en acopio, quedaron abandonados y se perdieron. Reiteradamente solicitaron la instalación de una escuela secundaria en la zona, pero la provincia no atiende sus demandas, pese al discurso oficial de las autoridades que pretendería facilitar la permanencia de la población en la isla, evitando las migraciones. El gobierno de la provincia de Entre Ríos se había comprometido a enviar profesores, pero hasta ahora no se concretó. El proyecto era instalar otra casilla, donde funcionaría el nivel 10

secundario, y tendrían además lancha propia. En la mencionada escuela Nº 3 concurrió durante algunos años un maestro para adultos, donde asistían un pequeño grupo de padres de alumnos de la escuela primaria que pudieron alfabetizarse. En un paraje vecino a Bema Agri, en las inmediaciones del arroyo San Lorenzo Viejo, varios niños en edad escolar no podían concurrir por falta de medios, al estar obligados a transportarse por lancha particular. Para llegar a la escuela muchos padres se quedan durante las cuatro horas, hay quienes cobran el plan Jefas y Jefes de Hogar y ayudan al mantenimiento de la escuela y en la huerta. Algunos padres de alumnos integran la cooperadora de la escuela, periódicamente realizan fiestas en el establecimiento a las que concurren los isleños y gente de la ciudad, así recaudan fondos para comprar mobiliario y electrodomésticos; la escuela cuenta con bomba, freezer, cocina, los muebles, libros, etc., todos adquiridos a través de la cooperadora, ya que el Ministerio de Educación de la provincia de Entre Ríos no les asignaba fondos para el equipamiento. En el año 2009, los legisladores provinciales sancionan una ley que crea un fondo especial para refacción y mantenimiento de las once escuelas de islas del Dto. Victoria, conformado por el 24 % del total percibido por los ingresos de los arrendamientos de tierras fiscales. Según información periodística, el proyecto se origina en los reclamos que realizaron docentes de esas escuelas nucleados en la Asociación de Magisterio, quienes a la fecha continúan denunciando públicamente las carencias de las escuelas, así como las adversas condiciones laborales. Los docentes manifiestan que, en gran medida, deben cubrir gastos con sus sueldos, dados los recursos insuficientes que les asignan, y transitar distancias que, en ocasiones, alcanzan los 300 km. para llegar a las escuelas, en algunos casos luego de realizar las compras de comestibles para el comedor escolar, debiendo a veces, realizar tareas de limpieza y cocina en las escuelas que no cuentan con personal para esas funciones. Los servicios de salud son insuficientes. Los pobladores concurren exclusivamente para su atención a los efectores públicos de los centros urbanos más cercanos –según su residencia, en las ciudades entrerrianas de Victoria y Diamante, y los más cercanos a la costa santafesina a efectores de Rosario y localidades del Gran Rosario (hospitales y centros de salud (provinciales y municipales) y en los casos en que se cuenta con obra social a los prestadores correspondientes. Existía una lancha sanitaria que asistía casos de urgencias, pero hace varios años dejó de funcionar. En la isla Charigüé un médico rosarino y una odontóloga atienden voluntariamente un día a la semana. Los pobladores del área piloto concurren para su atención a la ciudad de Villa Constitución. En reiteradas oportunidades han solicitado al gobierno de Entre Ríos una sala de primeros auxilios para la escuela pero tampoco obtuvieron respuesta. Tienen la colaboración de un grupo de médicos (ginecóloga, odontólogo, etc.) de Villa Constitución, que cada tres meses van a la escuela a hacer controles médicos. Los padrinos de la escuela son oficiales de la delegación de Prefectura de la misma ciudad. Las comisarías están muy dispersas, y según testimonios deben atender jurisdicciones muy amplias, por lo que resultan insuficientes sus recursos para movilidad, teniendo en forma habitual que recurrir a donaciones, generalmente provenientes de ganaderos. 2.4. Caracterización socio-económica del área Actividades productivas El período de mayor poblamiento del área, en particular en las zonas linderas a las riberas continentales, tuvo lugar durante la fase de emigración europea al país, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo pasado, y con las migraciones internas durante las 11

décadas de 1930 y 1940. En esta etapa, se desarrollaron actividades de producción primaria, sobre la base de la rica diversidad de recursos naturales, como la caza, la pesca y uso de recursos forestales, la apicultura, la “ganadería de islas” (pastoreo de engorde), y la agricultura intensiva (horticultura y floricultura), fundamentalmente en las zonas situadas frente a la ciudad de Rosario, dado que hasta mediados de siglo pasado tenía a esta ciudad como su mercado principal. Esta última producción se irá abandonando hacia mediados del siglo XX, en parte debido a la preeminencia de otras zonas hortícolas, de la porción continental, abastecedoras de tales productos, y a ciclos de inundaciones, entre otros factores. Estas diversas producciones fluvio-rurales eran desempeñadas por grupos domésticos8, que combinaban, según posibilidades y coyunturas, diferentes actividades dirigidas al consumo doméstico, a la producción de bienes para el mercado y a la venta de su fuerza de trabajo, tanto en el sector de islas como de las localidades ribereñas. En algunos puntos del área, existían establecimientos ganaderos (“estancias”), pesqueros (las “sabalerías”, elaboradoras de harina y aceite de pescado, para exportación), forestales (explotaciones de Celulosa Argentina) y mineras (canteras de arcilla, arena y concheras). Para la década de 1990, de este complejo de actividades, subsistirán como predominantes, la pesca (destinada al consumo humano, tras la prohibición de las “sabalerías”), la caza (para la industria textil), la “ganadería de islas”, y la apicultura. Es entonces que se registra la convergencia de una serie factores por los cuales, la actividad pesquera y la ganadera verificarán una notable expansión, de manera más marcada durante la década actual. Entre esos factores caben destacarse para la pesca, la radicación en el área de empresas exportadoras de pescado de río (fundamentalmente de sábalo) para consumo humano, lo cual supuso un marcado incremento en la demanda del producto. Respecto a la ganadería, procesos acaecidos a nivel regional, como el creciente uso del suelo en la pampa húmeda para la producción sojera, la construcción de la conexión vial Rosario-Victoria y, en este contexto, la política de arrendamiento de tierras fiscales por parte del Estado entrerriano, favoreció un aumento en la utilización de las tierras isleñas para esta actividad. Además de las ventajas derivadas de la disminución en los costos por traslado de la hacienda, gracias a esa nueva vía de comunicación terrestre, la bajante en el nivel hidrométrico del Paraná, hizo posible el uso de mayores extensiones de terreno9. Estas condiciones sentaron las bases para el ingreso de nuevos productores ganaderos en esta área, los cuales, en ciertos casos incluyeron la producción agrícola.

Régimen de tenencia de la tierra Como tendencia general, históricamente, los pobladores locales se asentaban en tierras fiscales, o bien ocupaban pequeñas parcelas de campos con permiso de sus propietarios, y en menor grado, podían acceder a la propiedad de sus tierras. Por su parte, en el caso de los establecimientos agropecuarios, podemos suponer que el régimen de tenencia de la tierra asumía dos modalidades: o bien propietarios con títulos, o bien arrendatarios de tierras privadas y/o fiscales10. 8

La categoría “grupo doméstico” alude a un “grupo de personas que mantienen vínculos de residencia común, operando como una unidad de consumo y organizando, en función de estos vínculos, las actividades productivas de sus integrantes” (Malvárez et al., 1999: 270). 9 Sin embargo, cabe señalar que la inundación ocurrida en el año 2007, que ocasionó la mortandad de gran cantidad de ganado, puso en evidencia la sobrecarga de ganadería, la ausencia de previsión, así como una escasez de medios de evacuación ante este acontecimiento. En el verano 2009-2010, productores y agencias estatales en función de la experiencia anterior, adecuaron la logística para evitar repetir pérdidas tan cuantiosas. 10 Si bien no contamos con información respecto a los mecanismos de ocupación de tierras fiscales, probablemente pueda haber sido bajo la forma de tenencia precaria o irregular.

12

Tras la sanción de la Ley de arrendamiento de tierras fiscales (nº 9.603/04 y su reglamentación, Decreto nº 9.695/05), entre los años 2006 y 2007 el Estado entrerriano arrienda alrededor de 128.350 hectáreas a unos 109 adjudicatarios, -entre los que se puede contar, tanto productores ganaderos ya operando como nuevos, además de inversores bajo la modalidad de fideicomisos (Taller Ecologista, 2009: 3). Esa cifra representa cerca del 30 por ciento de la totalidad de las islas del Departamento Victoria (idem: 15). Unas 13.000 hectáreas de las tierras fiscales disponibles para arrendar no fueron adjudicadas a causa de juicios de usucapión en curso y/o medidas cautelares de no innovar” (idem: 9), lo cual demuestra las disputas entre privados y el Estado por las tierras. De los 109 adjudicatarios, menos de la mitad de ellos (48) ocupa el 80 por ciento de las tierras arrendadas (89.325 hectáreas)11. Del total de arrendatarios, alrededor del 60 % corresponderían a la provincia de Entre Ríos, el 30 % a la de Santa Fe, y el resto a Buenos Aires y Chaco. Por otro lado, casi el total de la superficie arrendada se utiliza para la actividad ganadera, y en muy menor medida para apicultura, usos combinados o turismo. El uso casi exclusivo de las tierras para ganadería fue estipulado por la ley, ya que en el llamado a presentación de ofertas se fijo el valor del arrendamiento mediante el criterio de comercialización de la hacienda (“kilo vivo”) (idem: 9). El impacto en la expansión de la actividad en el Departamento Victoria, se expresa en la información provista por SENASA. Entre los años 2004 y 2006, según las dos oficinas que controlan la hacienda en la sección de islas (Victoria y San Lorenzo), el número de bovinos creció de 55.000 a 143.600, y de 29.000 a 62.428 (idem: 6) En el mes de mayo de 2010 el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos sanciona el Decreto Provincial Nº 1.186, por el cual se revisa la ley de arrendamiento Nº 9.603 en zona de islas; el mencionado decreto, alude irregularidades relacionadas a intereses de particulares de conseguir “la prescripción adquisitiva” de tierras fiscales, conflictos generados por las quemas indiscriminadas, la falta de pago del canon estipulado, las ocupaciones ilegales y los arrendamientos adjudicados a personas no residentes en la provincia. En razón de éstas circunstancias propone que el Estado Provincial efectivice la tutela de esas tierras de dominio público para evitar el uso indebido de las mismas por parte de los particulares. Por estos motivos, con el fin de efectuar las correcciones pertinentes dispone las siguientes medidas: - instrumentación de un Plan de Regularización de Tierras Fiscales (Art. Nº1); - habilitación e instrucción a la policía para que actúe, en caso de ser necesario, en salvaguarda de los bienes del Estado (Art. Nº 3); - ordena dejar sin efecto los trámites de mensura de inmuebles (Art. Nº5); - dispone que DGR no perciba el cobro de impuestos sobre tierras que sean de propiedad del Estado Provincial (Art. Nº 6); - declara la finalización de los convenios de arrendamientos enmarcados en la Ley 9603 (Art. Nº 7); - estipula la apertura de un Registro de productores interesados en instalar sus establecimientos en islas fiscales (Art. Nº 8). Este Decreto tiende a corregir las infracciones mencionadas, no obstante deja abierta la posibilidad de continuar con el sistema de arrendamientos, aunque no especifica cuales serán las nuevas modalidades para su concreción.

11

Ya que, según consta en el informe, “los candidatos podían presentar más de una oferta, siempre que la superficie total adjudicada a una misma persona física o jurídica no superase las 2.600 hectáreas –con una tolerancia en más del 10 por ciento–, según el límite fijado por el decreto reglamentario” (idem: 9).

13

2.5. Caso piloto. Isla Itapé12, Arroyo Estévez y Los Laureles El área seleccionada, también conocida como Isla del Alemán por los isleños, como caso piloto resulta paradigmática debido a la introducción de un tipo de sistematización del entorno que, si bien en el Dto. Victoria tenía antecedentes, en esta zona no se habrían registrado anteriormente modificaciones de tal magnitud. Los pobladores locales (isleños y ribereños) En esta área residen grupos domésticos o familiares dedicados a actividades de caza, pesca y apicultura (de producción propia), algunos de cuyos miembros se emplean como trabajadores asalariados en ganadería, y otras ocupaciones (de servicios, denominadas localmente “changas”). La expansión en el sector de islas de la ganadería durante la década actual, sumada a un período de aguas bajas, o “sequía”, incidió para que algunas unidades familiares, dedicadas anteriormente a la pesca, se insertaran en la producción ganadera, como pequeños productores, cuidadores de hacienda de terceros “a pastaje” (en tierras de su propiedad), o trabajadores asalariados (“puesteros”), en campos de nuevos arrendatarios o propietarios. En estos casos, cabe distinguir entre unidades domésticas ocupantes de tierras –en general pocas hectáreas- (formales, informales o en trámite de usucapión), aquellas cuyo espacio residencial ahora queda comprendido en tierras de nuevos propietarios/arrendatarios, y aquellas que se trasladan al campo de sus empleadores (ya sea el grupo familiar o el jefe de familia individualmente). La situación jurídica de la posesión de la tierra es compleja, dado que se deriva de modalidades históricas de ocupación (con permiso o de hecho) y en la coyuntura actual, esta cuestión emergerá como un problema a atender, debido a la política de arrendamiento de tierras fiscales llevada adelante por el gobierno entrerriano y a la presencia de nuevos propietarios en zonas isleñas. No obstante, si bien algunos grupos pasaron a concentran sus actividades en la ganadería, continúan combinándolas –según situaciones particulares y coyunturales- con la pesca, la apicultura, y con diversas tareas ligadas a las actividades ganaderas (construcción de corrales, tendido de alambrados, etc.) o de servicios (cuidado de viviendas, construcción, etc.). Por otro lado, la expansión de la ganadería en el área, también abre oportunidades laborales para habitantes de las localidades ribereñas, ligadas a los grupos isleños por lazos diversos (parentesco, amistad, vecindad, etc.). En este sentido, es importante recalcar que tanto los pobladores isleños como los ribereños antes mencionados, se insertaran en todas aquellas ocupaciones laborales que puedan y sean relativamente rentables, al interior y por fuera de su unidad doméstica y productiva, dado el bajo nivel de capitalización y por tanto, de acumulación, en término promedio, que presentan (en pesca, apicultura y ganadería). Las mujeres de las unidades domésticas, al igual que en otras zonas visitadas del área, o bien trabajan en instituciones del Estado (que en esa zona se reducen a las escuelas isleñas, en cargos de cocineras o porteras), o pueden realizar allí la contraprestación correspondiente por percibir los “subsidios” estatales por desocupación laboral; por otro lado, pueden intervenir en tareas vinculadas a la pesca, y atender, cuando lo poseen, sus pequeñas huertas y animales de granja, además de las labores domésticas. Las mujeres jóvenes suelen migrar a la ciudad, debido a que en las islas no pueden completar su formación escolar secundaria, o por la falta de oportunidades laborales. También se observa, en algunos casos, la migración de los varones jóvenes, sobre todo en aquellas áreas más cercanas a los centros urbanos de la región, aunque este proceso está supeditado a ciclos de expansión y contracción del mercado de trabajo urbano local. En síntesis, los factores que inciden en sus trayectorias laborales (en esta zona como en toda el área del Delta Medio), corresponden tanto a los vaivenes de los mercados de los 12

La isla donde está asentada la empresa Bema Agri, recibe varios nombres, dos de los cuales utilizados en documentos oficiales y notas periodísticas son Itapé e Irupé; nosotros elegimos el primero de ellos.

14

productos isleños, a las necesidades de reproducción de los grupos familiares, como a los ciclos de inundaciones regulares. Estos factores, a la vez, inciden en sus pautas de residencia en el espacio isleño, las cuales están caracterizadas por un patrón de movilidad residencial entre las islas y las zonas ribereñas (Malvárez et al., 1999). Así, por ejemplo, hasta fines de 2009, la actividad ganadera representó una alternativa laboral importante para los isleños, más aún cuando la pesca, luego de varios años de un incremento sostenido en sus niveles de operación, comenzó a declinar (en términos relativos, debido a regulaciones estatales y un ciclo de aguas bajas, entre otros factores). Tras la creciente del verano de 2010, la situación laboral de los isleños atraviesa una coyuntura en la cual, hasta la bajante de las aguas, tenderán a volcarse a las actividades pesqueras y/o, cuando accedan, a trabajos urbanos (informales), y temporalmente, se radicarán en las zonas ribereñas.

Los nuevos actores: productores y empresas agropecuarias Si bien en las décadas anteriores existían en el área establecimientos Recuadro I ganaderos cuyos propietarios no eran La conexión Rosario-Victoria y los caminosterraplenes interiores residentes locales, tras la política de promoción de la actividad ganadera en El terraplén de alrededor de cincuenta islas por parte del gobierno de Entre kilómetros de longitud que constituye la Ríos, esta modalidad se incrementará, conexión vial Rosario-Victoria, proporcionó la presentando una heterogeneidad de infraestructura necesaria para la expansión de situaciones respecto al régimen de actividades agropecuarias en esta área del tenencia de la tierra, dimensión de los Delta. En distintos tramos de la conexión, se establecimientos y escala y tipo de construyeron bajadas (de propiedad de la producción. Tras la implementación de empresa concesionaria Puentes del Litoral) la ley de arrendamiento, se verifica la que, una vez construidos caminos internos, presencia de distintos tipos de permiten el tránsito terrestre hacia algunos establecimientos de las islas; algunos de estos productores según su nivel de caminos son terraplenes de hasta cuatro metros capitalización, (pequeños, medianos y de alto, que pueden o no modificar el normal grandes), ya sea como arrendatarios de escurrimiento del agua. Además, según tierras fiscales, o nuevos propietarios. testimonios de isleños y pescadores, en el área En función de estas dos variables, los adyacente al “puente”, se habrían realizado productores implementarán técnicas de distintos movimiento de suelos, durante el manejo del suelo y el agua con ciclo de aguas bajas (entre mediados de 2003, distintos fines, como el transporte cuando la obra se inaugura, y la última gran terrestre al interior de las islas creciente, a fines de 2009), tales como (Recuadro I), o la estabilización de sus taponamiento de bocas de lagunas, relleno o campos frente a las crecientes secamiento de arroyos, y el cercado de tierras mediante alambrados (con boyero eléctrico). regulares Al mismo tiempo, De allí que existan referencias de pescadores y desarrollarán actividades ganaderas cazadores (isleños y ribereños) acerca de las (incorporando, además de la dificultades para acceder a sitios habituales de tradicional práctica de invernada, la captura, a través de cursos de agua. En algunos ganadería de cría) y agrícolas. Estos campos, además de ganadería se practica establecimientos, representan una agricultura destinada a la alimentación de la nueva fuente de ocupación para los hacienda. pobladores, en ciertos casos, en tareas típicamente agrícolas, como el representado por la empresa Bema Agri.

15

Intervenciones antrópicas para el manejo del agua En el área norte del Delta, la intervención humana se da diferentes maneras. Una de las modificaciones antrópicas más comunes, es el refulado de sedimentos para elevar el nivel del suelo, a los efectos de la construcción de corrales y cascos de los establecimientos y de viviendas. Otra, mediante la elevación del terreno con el objetivo de la comunicación terrestre interna de los establecimientos ganaderos, aprovechando los albardones, elevándolos y rellenando las partes bajas. Esta elevación en el terreno no modifica en general el escurrimiento superficial del agua, pero pueden existir casos particulares donde aquel se interrumpa. Por el contrario, la experiencia con endicamientos en esta área, no mostró ser técnicamente la adecuada, pues tras la última inundación del verano 2009/2010, el endicamiento realizado por la empresa Bema Agri (foto) se destruyó casi completamente. En primer lugar, al interrumpir la circulación del agua del río Paraná, y de acuerdo al nivel de inundación y crecientes, la construcción no ofreció resistencia al impacto del agua. En segundo lugar, el material con que se realizó el terraplén, con la tecnología del productor, es difícil de consolidar. Por otra parte, esta clase de intervención trae aparejada una serie de inconvenientes para la dinámica del humedal. El objetivo de realizar un terraplén es el manejo de aguas interno en el establecimiento; cuando las tierras se destinan a la agricultura extensiva, ello trae aparejado una sucesión de problemas que afectan en profundidad al entorno, tanto desde el punto de vista de la destrucción de la cobertura vegetal originaria y el reemplazo de especies nativas por foráneas, como por el uso de agroquímicos para control de malezas e insectos, ante una biota tan sensible, más aún con la falta de control de la dispersión de los productos químicos (tanto aérea como acuática). Una de las consecuencias de las roturas del terraplén, al haberse constituido una sementera (área de siembra), sea, probablemente, la generación de un proceso erosivo importante. Han existido experiencias anteriores en el área de endicamiento, como por ejemplo, durante las décadas pasadas, en el área del Arroyo Barrancoso en jurisdicción entrerriana, en tierras pertenecientes a Celulosa Argentina, actualmente destruidos.

La empresa Bema Agri La empresa holandesa Bema Agri B.V., se habría instalado en el área en el año 2007, y sería propietaria de alrededor de diez mil hectáreas destinadas a la producción agropecuaria, ubicadas en la isla Itapé, Departamento Victoria, Entre Ríos, la cual está bordeada por el Arroyo Paranacito, el Estévez, Los Laureles, y dividida por el Arroyo San Lorenzo Viejo. Está situada a unos 8 km. al Este de la ciudad de Villa Constitución (Provincia de Santa Fe). Desde ese año y, al menos, hasta comienzos de 2009, lleva a cabo una obra de infraestructura destinada a transformar sus tierras en campos susceptibles de explotación agrícola, mediante la construcción de un terraplén perimetral, con una canalización interna paralela al dique, e instalación de bombas de extracción de agua (de arroyos y lagunas internas). El endicado perimetral se realizó detrás del albardón de la isla y, según 16

testimonios, se habría talado parte del monte de los albardones, lo cual habría incidido, posteriormente, en la debilidad que el mismo presentó durante la creciente del río Paraná que comenzó a fines del 200913 y se extendió los primeros meses de 2010. El terraplén perimetral habría dejado aislados cuerpos de agua interiores, y se habría eliminado la vegetación nativa mediante el sistema de quema. El establecimiento posee las características propias de los de tierra firme. Cuenta con un casco donde están emplazadas una vivienda (conocido como el Chalet del Alemán) y el obrador, con galpones, tanques de almacenamiento de combustible y fertilizantes, vehículos, retroexcavadoras, silo-bolsas y corrales. Según testimonios, los trabajadores (formales) que operaban en el establecimiento eran alrededor de diez (manejo de maquinaria, tractores, puesteros y peones). Además de las maquinarias para la construcción del dique y las labores productivas, la empresa cuenta con barco propio (para traslado de maquinaria y producción agrícola). En el área endicada se practicó agricultura (con el ciclo de cereal –trigo- y oleaginosas –soja y sorgo graníferoen forma simultánea)14, y en el área de pastizal (que estaría no endicada) ganadería, con cabezas propias y a pastaje (rondando unas cinco mil cabezas hasta la creciente del verano de fines de 2009). Actuación de las instituciones estatales Dado que la empresa comienza con sus operaciones de movimiento de suelos, y posteriormente de producción agrícola, sin cumplir con los requisitos estipulados por la normativa provincial y municipal vigente, distintas instancias estatales intervendrán en el caso. En el mes de julio de 2008, luego de que autoridades policiales constataran “la construcción de un terraplén de varios metros de altura a unos 100 metros de toda la costa del Arroyo Estévez”, la Secretaría de Producción de Entre Ríos deriva el caso a la Dirección General de Recursos Naturales y al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA)15. El Área de Inspección Técnica de éste último, realiza una inspección en el establecimiento. En su informe16 constata “la existencia de una obra hidráulica terraplén sin compactar recientemente realizada, que resulta de la extracción de suelo para un canal de drenaje (…) con una longitud de 5.200 metros que bordea el río Paranacito y un tramo del Riacho de Los Laureles”, de 5,5 m de ancho, 2,5 m de solera y 3 m de profundidad. Al momento de la inspección el canal estaba “drenando agua hacia la toma de agua, donde se localiza una bomba centrífuga, instalada aún de forma precaria y sin funcionamiento, la que tiene por objeto evacuar el agua drenada por el citado canal al río Paranacito en circunstancia de inundaciones”17.

13

Debido al fenómeno del “Niño”. En octubre de 2009, comienza un ciclo de altas precipitaciones en las altas cuencas de los ríos Paraná e Iguazú y varios puertos del Paraná llegaron a niveles de alerta. 14 Observamos el campo sembrado en reiteradas salidas a campo: 06.11.08; 17.02.09; 28.10.09; 17.12.09; en esta última se observan silos bolsa, una barcaza transportando granos, ganado en el interior de la isla, corrales y mangas. Además de este caso, pobladores locales testimonian la existencia de otros campos cultivados con soja, en el área del el Arroyo Paraná Pavón (sin precisar la zona específica). 15 Organismo conformado por representantes de las Secretarías de Obras y Servicios Públicos, de Agricultura y las Direcciones de Hidráulica y Recursos Hídricos, de Agricultura y Suelos y de Obras Sanitarias de la provincia; y de organizaciones rurales y colegios de ingenieros agrónomos y civiles. 16 Acta de Inspección Técnica, labrada el 20 y 21 de agosto de 2008, por el Área de Inspección Técnica del CORUFA. 17 Nota del 17 de noviembre del 2008 enviada a Fundación M'Bigua por el Subsecretario de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, Rubén Sarli.

17

Hasta ese momento la empresa no había solicitado permiso para la realización de la obra de acuerdo a la exigencia de la Ley nº 9.172 (1998)18 y normas complementarias. Según dicho informe, correspondía a la empresa regularizar su situación ante el CORUFA, y abstenerse de continuar con los trabajos hasta tanto se emita la autorización por parte de los organismos del Estado. El 2 de septiembre de 2008, la empresa solicita un “plazo de 40 a 60 días para presentar la documentación e iniciar el trámite de permiso de agua, considerando que se deben contratar profesionales para poder cumplimentar con el mismo, solicitando los formularios para regularizar la situación”. En respuesta, el CORUFA intima a la empresa a “que paralice y/o suspenda las obras hidráulicas que está construyendo” y le otorga “un plazo de 60 días para regularizar la situación y presentar la documentación para evaluar el otorgamiento del permiso correspondiente, remitiendo las actuaciones al Presidente del CORUFA, el Secretario de la Producción, a los efectos de proceder a la firma de la resolución que así lo disponga”19. Dicha resolución fue firmada recién el 19 de noviembre de 2008. En febrero del 2009, un equipo formado por técnicos e integrantes de las organizaciones Taller Ecologista (Rosario) y M´Biguá (Paraná), verificaron que la empresa –a pesar de que el Gobierno de Entre Ríos le ordenó paralizar las obras-, avanzó con la construcción del terraplén más de diez kilómetros desde entonces. Ante esta situación, en marzo de 2009, los legisladores municipales de la ciudad de Victoria, solicitan al intendente que “dé urgente intervención a la Justicia a través de una denuncia o presentando un amparo ambiental para que se suspenda la siembra y cosecha y se derriben los terraplenes” (La Capital, 09/03/09). Hasta ese momento, a nivel municipal existía una serie de normas específicas sobre los procedimientos que privados debían cumplir para realizar modificaciones en suelos y cursos de agua (Ordenanza nº 1.787/00) en el ejido de Victoria, así como una prohibición expresa del desarrollo de agricultura en la sección de islas (Ordenanza nº 2.472/05); además, en el año 2003, el municipio declaraba a las islas como Área Natural Protegida (Ordenanza nº 2.185). Si bien a nivel provincial no existían normativas que prohibían la agricultura en campos privados, en la normativa sobre arrendamiento de tierras fiscales (nº 9.603) se prohibía “el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera a aplicación de agroquímicos o plaguicidas” (Art. 4). La acción judicial será finalmente emprendida por dos concejales locales, quienes presentan un amparo judicial por el cual solicitan el cese de la construcción de terraplenes y sembradíos realizados por Bema Agri; la Justicia en lo Civil y Comercial de Victoria, lo declara inadmisible, por lo que los concejales habrían apelado al Superior Tribunal de Justicia, el cual rechaza la apelación y recomienda que el caso vuelva a “a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación”, esto es el Juzgado de Faltas Municipal, quien es el encargado de aplicar las ordenanzas antes mencionadas (Diario Victoria, 31/07/09). Simultáneamente, el Concejo Deliberante sanciona una nueva ordenanza (nº 2.775/09), que establece la aplicación de multas pecuniarias a quienes desarrollen actividades agrícolas e industriales en las islas del Departamento Victoria. En declaraciones a un periódico local, un concejal declara que “sancionamos esta Ordenanza porque el Superior Tribunal de Justicia expuso que el organismo competente para intervenir en estas cuestiones de medio ambiente es el Juzgado de Faltas (que) es el encargado de aplicar las Ordenanzas Locales” (Diario Victoria, 31/07/09). El municipio habría intimado en dos oportunidades a la empresa a cesar con sus actividades en la isla. En la primera, la empresa habría respondido que no se había 18

Esta Ley de Código de Aguas tiene por objeto la regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. 19 Idem, nota del 17 de noviembre de 2008.

18

realizado un estudio ambiental que demuestre que estos movimientos y el sembrado perjudican el medio ambiente. Además habría sostenido que “la disposición es inconstitucional porque se pierde el principio de igualdad ante la ley debido a que en tierra firme se puede sembrar y en terrenos inundables no” (Diario Victoria, 14/10/09). Unos meses después, el municipio vuelve a inspeccionar el área, constatando que la empresa continuaba con las obras y la producción agrícola. En esta ocasión, la Secretaría de Obras Públicas municipal ordena a la empresa “la paralización inmediata y total de las tareas de siembra, terraplenamientos y toda otra labor que implique movimientos de suelo en la isla Irupé, jurisdicción de Victoria, Entre Ríos”, según Resolución Nº 157 del 25 de septiembre de 2009. El municipio también habría ordenado a la empresa a que comparezca ante el Juzgado de Faltas municipal. Ese mes de octubre, se aprueba una nueva ordenanza (nº 2.790) sobre uso de agroquímicos, el cual queda prohibido en la sección de islas del ejido municipal. Pero la empresa continuaba con sus obras y la producción agrícola. En una segunda recorrida por los riachos que bordean la isla Itapé, el 28 de octubre de 2009, Taller Ecologista (Rosario) y el Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), denunciaron que la empresa continúa su actividad habiendo casi cerrado el perímetro del terraplén. A mediados del mes de abril del presente año, previo a tomar una decisión respecto a la continuidad o no de la obra, el CORUFA convoca a una audiencia de conciliación a los concejales20, en la cual no se arribó a un acuerdo, en la medida que los legisladores sostienen que la obra se encuentra en violación de las normativas municipales vigentes sobre ordenamiento urbano; por lo cual, el ámbito competente es necesariamente el municipio de la ciudad de Victoria, en donde las acciones se encuentran en curso a la fecha. Mientras tanto, el CORUFA aún no ha emitido una resolución sobre el caso. En el mes de mayo, la Fundación M’Biguá, con la adhesión de organizaciones no gubernamentales de las tres provincias con jurisdicción en el Delta, presentan una nota al CORUFA solicitando el acceso a la información pública ambiental con el objetivo de acceder a los planos y proyectos presentados por la empresa como así también a sus respectivos Estudios de Impactos Ambientales. Dicha nota no ha tenido contestación a la fecha, por lo que vencidos los plazos legales, prevé recurrir ante los tribunales competentes de la provincia de Entre Ríos.

Conflictos y/o impactos del emprendimiento En este caso, podemos distinguir impactos de dos órdenes, económicos y jurídicos, estrechamente interconectados. Económicos En las zonas adyacentes al establecimiento agropecuario, se encuentran las residencias de pobladores isleños radicados desde hace varias décadas en el lugar. Se trata de grupos domésticos como los descritos antes, dedicados de modo predominante a la caza, pesca y apicultura. Según sus testimonios, anteriormente, las tierras de Bema Agri, habrían sido utilizadas para la ganadería, y dado que existían cursos de agua y lagunas interiores, para la caza y pesca. Usualmente, los isleños de distintas zonas visitadas, señalan que en las décadas anteriores, los propietarios y/o puesteros de campos, permitían a cazadores y 20

La audiencia de conciliación fijada por el CORUFA es un mecanismo establecido en la Ley Nº 9.172, cuya finalidad es conocer las demandas de las partes afectadas por obras, como las de Bema Agri, a los efectos de poder arribar a un acuerdo armonizatorio de sus intereses. En este caso se citó a los concejales ya que han sido éstos quienes se presentaron en el expediente, denunciando la violación de las normativas legales vigentes para la habilitación de la obra en cuestión.

19

pescadores el ingreso a sus tierras, lo cual se facilitaba ya que no estaban cercados, ni por diques ni por alambrados; esta práctica consuetudinaria de acceso a propiedades “privadas” se estaría modificando en la actualidad. Tras la radicación de la empresa, y el cercamiento del campo (y el secamiento de las tierras antes anegables), el acceso a los espacios acuáticos se habría visto interrumpido. De acuerdo al testimonio de vecinos, habrían utilizados bombas para secar las lagunas interiores. Además, como las obras se llevaron a cabo en un período de sequía, cercaron y rellenaron un arroyo (San Lorenzo Viejo), a fin extender el predio y utilizarlo como camino, “se querían agarrar todo, casi me llevan por delante el ternero, uno que trabaja en la empresa se quería agarrar este lado también”. En la boca (entrada) del Arroyo San Lorenzo Viejo (foto), se podía observar un cartel con la inscripción: “Prohibido cerrar el arroyo, es navegable aunque esté seco”. Así, algunos manifiestan que “taparon el San Lorenzo Viejo, nosotros destapábamos con palas y ellos (utilizaron) retroexcavadoras (para tapar)”. También se mencionan otros problemas que estarían afectando las prácticas productivas de los isleños. En un segundo momento, cuando el establecimiento ya estaba desarrollando las actividades agrícolas, los efectos nocivos de la fumigación aérea (que la empresa habría realizado en sus cultivos, al parecer, durante las horas de la madrugada), habría afectado la explotación apícola (mortandad de abejas); el término usado por algunos vecinos para describir tal situación es más que elocuente, con los agroquímicos se “fulminan” a las abejas (en el doble sentido de fumigar y fulminar, es decir, dañar o matar): “rematan todas las abejas, fulminan todo, son mentiras que no fulminan”. Además, en zonas vecinas (ya sea en el campo, en la porción de pastizales no endicada, donde se realiza el pastoreo, o fuera del campo) se perjudicaría a la poca fauna silvestre que todavía se encuentra en el lugar, debido al “yuyo envenenado”: “hay muchas nutrias y carpinchos muertos porque está todo el yuyo envenenado”. Con la creciente que comenzó a fines del año 2009 el terraplén se desmoronó en varios tramos y se erosionó en otros, permitiendo el ingreso del agua; según la opinión de algunos isleños entrevistados, la ruptura del mismo se habría iniciado dentro del predio por la presión ejercida desde arroyos y lagunas interiores, que habrían cobrado fuerza con el aumento del nivel de las aguas, produciendo un oleaje muy violento, potenciado por la resistencia del terraplén; El ganado pudo evacuarse porque el río creció a ritmo constante pero lento; en cuanto a si la empresa logró realizar la cosecha, algunos señalan que ésta fue parcial y otros, total. Algunos trabajadores de la empresa sostienen que habían advertido a los “holandeses” sobre los efectos de las crecientes, pero no fueron escuchados. La percepción generalizada de los pobladores locales, apunta al desconocimiento de los nuevos productores, quienes pretenden desarrollar sus actividades del mismo modo que en tierra firme, sin poseer saberes acerca de la dinámica del entorno isleño, y en especial, y de la del río. 20

Pero en esta circunstancia, también los pobladores resultaron afectados; la fuerza del caudal de agua, como consecuencia de la inundación, al impactar contra los terraplenes, produjo un fuerte oleaje que ocasionó daños en viviendas e instalaciones de los vecinos. Jurídicos La zona de Delta Medio -hasta el auge de la expansión de la frontera agraria- fue considerada durante muchos años como un área relativamente marginal21 desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Con el ingreso de nuevos actores al área, se generarán una serie de problemas vinculados a la situación jurídica de la propiedad o posesión de las tierras isleñas, cuestión que excede a los casos puntuales que exponemos, debiendo considerarse en el contexto de la política gubernamental sobre tierras fiscales isleñas. Según los pobladores vecinos a Bema Agri B.V., inicialmente la empresa pretendió extender el límite de su propiedad hacia sus tierras (quedando además incluido un curso de agua utilizado por ellos); al mismo tiempo, las tierras que los isleños ocuparon durante varias décadas, de las que no poseen títulos de propiedad, fueron reclamadas al Estado entrerriano por otras personas, supuestos dueños no isleños. En este contexto, algunos de estos pobladores –con varias décadas viviendo en la zonase agruparon para llevar a cabo acciones legales con el fin de tramitar los títulos de propiedad de la tierra. Testimonios como estos, los volveremos a encontrar en zonas vecinas, donde nuevos dueños y/o arrendatarios de campos pretenden –o efectivamente lo hacen, mediante prácticas de amedrentamiento- expulsar a pobladores o residentes semipermanentes que poseen viviendas en albardones, por largos años, gracias a los permisos (acuerdos) informales con los dueños anteriores. Para los entrevistados, éstas son situaciones novedosas. Sin embargo, las relaciones de los pobladores vecinos con la empresa dista de ser unívoca, en el sentido que quienes han mantenido conflictos (en gran parte latentes) a la vez realizaron trabajos para la empresa. Por otro lado, otros pobladores consideran que es una fuente de ocupación, y de asistencia ante distintos problemas que puedan tener, en un área que de por sí brinda pocas oportunidades laborales en el contexto de los modelos productivos vigentes en esta zona del Delta, como también de una casi inexistente (o mínima) asistencia estatal. En síntesis, de la consideración de este caso se desprenden al menos dos cuestiones. Por un lado, como señalamos en el apartado anterior los pobladores isleños históricamente usaron el espacio para habitar en él, desarrollar sus pequeñas producciones, recorrerlo para realizar actividades extractivas; desde la perspectiva local estas prácticas están convalidadas por su asiduidad y tradición. Con la irrupción de nuevos actores en este escenario, que poseen concepciones diferentes acerca del aprovechamiento del espacio en función de nuevas prácticas productivas, los usos y costumbres locales quedan en cierto modo relegados, más aún por su escaso reconocimiento por parte del Estado. En este caso concreto, el avance de la empresa sobre predios preexistentes a su instalación, y los conflictos antes mencionados, ponen en evidencia la contradicción entre el derecho tradicional y el derecho positivo, con preeminencia de este último. Por otro lado, revela el modo de operación de la empresa, que desconoce las normativas estatales vigentes. Esto conlleva la generación de conflictos latentes y manifiestos, con algunas instancias del Estado entrerriano, más específicamente, las municipales. Así vemos que las agencias estatales intervienen de distintas maneras: en un primer momento, habilitando (por acción u omisión, lo desconocemos) el emprendimiento, 21

El sentido de marginalidad expuesto refiere por una parte a menores niveles de ocupación y uso del área, y por otra, al menor valor de mercado de la misma en relación a las actividades productivas dominantes desarrolladas en tierras continentales.

21

y tras la denuncia pública de organizaciones de la sociedad civil, desplegando una serie de mecanismos burocráticos de control y sanción, en cierto modo sin coordinación entre el nivel provincial y el local, los cuales hasta ahora no tienen resultados concluyentes.

22

3. Bajo Delta (Sección Islas, Partidos de Campana y San Fernando, Buenos Aires) El Delta bonaerense está dividido en 9 partidos, de jurisdicción municipal. Los de mayor influencia en el área de estudio son San Fernando, con un total de 924 km² de los cuales 873 km2 corresponden a humedales; Tigre, con 360 km2 y 20 km2 respectivamente; Escobar, con 277 km2 y 76 km2 que corresponden a islas; Campana, con 982 km² y 644 km2 respectivamente; y Zárate, que de un área total de 1.514 km², comprende 553 km² de humedales22. Los restantes cuatro partidos son, de sur a norte respectivamente, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás.

3.1. Población Según datos extraídos de un documento de INTA Delta del año 2000 (Galafassi, 2005: 72), el cuadro de la evolución poblacional del Delta, entre los años 1960 y 1985 habría sido el siguiente: Cuadro III. Evolución de la población del Delta Bonaerense Partido San Fernando Campana Otros Total

1960 7.256 2.117 5.339 14.712

1980 5.273 2.270 4.677 12.220

1985 4.500 2.000 4.020 10.520

Comparando datos de los censos de 1960 y 1991, Galafassi (78) establece que del total de 5.379 de población emigrada de la zona en el período, un total de 3.616 corresponden a las islas de San Fernando. En cuanto a la situación educacional, el documento de INTA citado destaca, para los pequeños productores, el bajo porcentaje de instrucción media, concluyendo que “la emigración y despoblación, el aislamiento y la falta de caminos redujeron sensiblemente las relaciones comunitarias, afectando la culturalización que de ellas se deriva. Consecuentemente en pocos años y en un número no desdeñable de casos, se nivela hacia abajo el grado de alfabetización de las familias” (idem, 178). Esta apreciación general de INTA data de más de tres décadas y da cuenta de un estado de situación. Sin embargo, a una escala local, la creación en 2009 de una escuela secundaria en río Carabelas, donde cursan actualmente 110 alumnos, es un intento de cubrir las insuficiencias de instrucción secundaria, pero por su reciente creación no puede darse cuenta de la evolución de la matrícula.

3.2. Vivienda e infraestructura El mismo documento de INTA, analizando datos del censo de 1970 señala que más un tercio de las viviendas no reúne las condiciones consideradas aceptables de adaptabilidad en base a criterios urbanos, lo que no habría cambiado a la fecha del documento. Así, “la provisión de agua puede estimarse proveniente de pozo en un 25 % de las viviendas, y de río o arroyo o estero en un 60 %, el resto usa agua de lluvia. Los pobladores se ayudan, en la mayoría, con anticuados filtros de barro cocido. Retrete con arrastre de agua en el 40 %, sin arrastre de agua en el 40 %, sin indicación alguna en el 10 %. Hay áreas sin eliminación de excretas en un 25 %. Ducha con agua caliente sólo en 10 %, con agua fría en un 20 %, el resto no tiene” (idem, 179). 22

Galafassi, Op. Cit., Pág. 72.

23

Más allá de las condiciones deficitarias que señala el informe, cabe contrastar con algunos indicadores expuestos más arriba para el área del departamento Victoria, lo que en términos comparativos demuestra una mejor condición promedio de las viviendas del Bajo Delta, lo cual coincide con las observaciones realizadas. Si además consideramos la existencia de la infraestructura de red eléctrica, con flujo de electricidad provisto formalmente por Edenor y por la Cooperativa de Productores Forestales, según la zona, debe concluirse una mejor condición de habitabilidad para las viviendas de esta área de estudio. En cuanto a las vías de comunicación terrestre y fluvial, a la zona del río Carabelas se accede por el camino isleño R.N.Nº.9 que une Escobar con el Paraná de las Palmas, pasando por la Reserva de Otamendi. Luego de la reserva, comienzan las plantaciones forestales. El camino es de tierra, en su primer tramo de 6 km., llega hasta el curso del Paraná de las Palmas, donde funciona una balsa autónoma, dado que el cauce del río lo permite. Hay cuatro balsas en total, las tres restantes accionadas a cadena con una plataforma a cada lado para el acceso de personas y vehículos. Funcionan desde las 7 hs. a.m. hasta las 19.45 hs. p.m. a excepción de alguna situación de urgencia. En la margen este del Paraná de Las Palmas está ubicada la Estación INTA Delta. Ese camino principal, en un tramo de 6,7 km. llega a la segunda balsa, accionada a cadena, que permite el cruce del Arroyo Las Piedras. El tramo siguiente, de 4 km es un terraplén al que llaman camino Dique, con canales a cada lado. A ambos lados derivan caminos internos (terraplenes más chicos) que conducen a distintas plantaciones. Esta porción de camino, de 4 km. de extensión hacia el este llega hasta bordear el río Carabelas donde toma una orientación norte-sur en un tramo de 2 km., llegando hasta el mismo río, donde una tercera balsa similar a las anteriores permite el acceso a uno de los complejos forestal más importantes de la zona. El área urbanizada está ubicada sobre la margen del Río Carabelas, delimitada por el dique. En su ingreso, se encuentran emplazados dos conjuntos de seis y ocho viviendas de empleados de una empresa forestal. Sobre un canal está ubicada una antigua capilla que actualmente no es utilizada. Sobre el río Carabelas, en el partido de San Fernando, está el pueblo “Nueva Esperanza”, una manzana con diez viviendas con estilo de chalets, una escuela y un refugio para inundados de toda el área. Sus habitantes son en su mayoría trabajadores de las explotaciones ganaderas y forestales (aserraderos y plantaciones). Completa la infraestructura del lugar una estación transformadora de electricidad de la Cooperativa que realiza la distribución del fluido eléctrico y le extensión de la red en la zona.

3.3. Instituciones locales Escuelas y centros de salud estatales. Sobre el Paraná de las Palmas, entre Canal Seis y el Canal Zorrilla está la Escuela La Granja, donde concurren niños de familias de bajos ingresos. En el Canal Gobernador De la Serna, casi desembocando en el Paraná de las Palmas, la Escuela Nº 14. Sobre el Carabelas Grande hacia el Canal Alem está la escuela Nº 26 (en el pueblo de Nueva Esperanza), la Nº 25, pasando el Canal Noel. Por el Canal Cuatro y el Paraná Miní hacia el norte, hay una escuela primaria (Nº 20) y secundaria (Nº 10). En una escuela de oficios dependiente del Arzobispado ubicada en la zona del Carabelas se dictan cursos de peluquería, manualidades, computación para adultos. En la desembocadura del Carabelas sobre el Paraná de Las Palmas, está el Hospital Puerto Carabelas. Dicho centro de salud carecería, según testimonios, del equipamiento y personal necesario para atender a la población de la zona. El Hospital General de Agudos René Favaloro, ubicado sobre el Canal 4, fue inaugurado en el año 1952. Su personal está constituido por 4 médicos, 4 enfermeras y dos 24

administrativas. Recientemente se redujo personal mediante jubilaciones y se trasladaron especialidades (como obstetricia) a otros centros de la zona. La construcción de un dique ilegal en las adyacencias del hospital cerró el camino de sirga sobre la costa, derribando además un antiguo puente de madera que cruzaba un canal, lo que imposibilita a la gente del lugar concurrir a pie al hospital, teniendo que conducirse en lancha. Otros hospitales de islas son los de Chaná y Salita Felicaria. Debido a la concentración del transporte en las cabeceras, al insuficiente equipamiento en las islas y a la importancia de los centros urbanos, es frecuente la concurrencia de la población a las ciudades ribereñas de San Fernando, Zárate, Campana, Escobar y particularmente Tigre, que concentra la mayoría del transporte fluvial23. La Estación Experimental Agrícola Delta existe en el sector de islas del partido de Campana desde la década de 1920, inicialmente dedicada a estudiar in situ las enfermedades de los frutales y determinar las causas de la decadencia del álamo criollo, única especie forestal importante cultivada en esa época en la región. Con la posterior creación del INTA, pasa a depender de esta área. Su zona de influencia declarada abarca toda la superficie del Delta, pretendiendo por lo tanto incluir la zona de isla de la Provincia de Entre Ríos. La Reserva Estricta Otamendi fue creada por Decreto Nacional Nº 2149 en 1990, en la segunda y tercera sección de Islas de San Fernando en el Delta Bonaerense, y luego declarada en 2000 Reserva de Biosfera por la UNESCO. Tiene una superficie de 3.000 hectáreas, siendo la población más cercana el pueblo Nueva Esperanza. Entre las instituciones de la sociedad civil, se cuentan las de productores, las grandes y medianas empresas del lugar forman desde 1981 el Grupo de Consulta Mutua Río Carabelas. Según su acta constitutiva "la finalidad del mismo es mejorar la productividad mediante el intercambio de experiencias y la aplicación de tecnologías posibles, disponibles y a crear, adecuadas a nuestra región. El Grupo integra el Consejo Local Asesor del INTA Delta, participa de los Programas de Mejoramiento Genético de Salicáceas del INTA, del Proyecto Forestal de Desarrollo y ha financiado varios programas de investigación en distintos aspectos productivos. Varios de sus integrantes conforman las Comisiones Directivas de organizaciones como el Consejo de Productores del Delta, la Asociación Forestal Argentina, la Cooperativa de Provisión y de Servicios Públicos para Productores Forestales Ltda. y el Centro Industrial Maderero24. Otras instituciones que vinculan a productores de la zona son el Consejo de Productores del Delta, vinculada desde su fundación en 1936 al Periódico Delta, y desde esa fecha festeja el 31 de octubre de cada año el ¨Día del Isleño¨, de gran convocatoria. La Asociación de Productores Agrarios del Delta Argentino, fundada en 1967, que agrupa a los pequeños productores, hace el eje de sus reivindicaciones en la crisis del sector frutícola, y la absorción de la producción maderera por las grandes explotaciones forestales y la industria papelera, señalando la falta de asistencia del Estado para mejorar el circuito de comercialización, factor que entienden como el fundamental de la larga crisis del sector. Estrechamente vinculada a la anterior, la Comisión de Desarrollo Regional Delta del Paraná es una ONG intenta vehiculizar los reclamos e intereses de los pequeños quinteros y sus producciones tradicionales. Finalmente, la cooperativa de Mimbreros, fundada en 1987, se propone mejorar los ingresos de sus socios a través del manejo de la comercialización, compitiendo con los intermediarios de la cadena y con la venta minorista a través de puestos en el mercado del Tigre, procurando un mejor precio. Según la fuente consultada, en 1999 agrupaba a 200 miembros. 23 24

Galafassi, Op. Cit. Fuente: Papel Prensa, información institucional, año 2003.

25

3.4. Caracterización socio-económica del área En esta área, el poblamiento con asentamientos permanentes acontece entre fines del siglo XIX y principios del XX, por parte de inmigrantes europeos (y por migrantes internos en las décadas siguientes), que constituyen unidades productivas de tipo familiar, volcadas a la producción de bienes primarios, fundamentalmente frutícolas y hortícolas, y en menor medida, forestal (leña, mimbre y madera blanda), destinados a abastecer a las áreas urbanas adyacentes de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Al igual que en el Delta Medio, los grupos familiares constituían una unidad de producción, consumo y residencia; no obstante de utilizar mano de obra doméstica, según el tamaño de las plantaciones, incluía el aporte de asalariados permanentes o temporarios (ya que la producción frutícola requiere de mano de obra intensiva); debido a las características propias del entorno y al tipo y tamaño de las explotaciones predominante, de pocas hectáreas, el proceso de trabajo poseía un bajo grado de tecnificación (Galafassi, 2005: 48-52). La producción frutícola se concentraba, en mayor medida, en las secciones de los partidos de Tigre, San Fernando y Campana. Este perfil productivo dominante se mantendrá hasta la década de 1940, y posteriormente, atravesará un proceso de declinación25. Uno de los factores más importantes de este descenso fue la competencia de otras áreas productoras de frutas (Alto Valle de Río Negro, San Pedro) con menores costos de inversión, que, junto al mejoramiento en las conexiones terrestres, minimizó las ventajas que poseía esta área por su cercanía a Buenos Aires26. Desde entonces, se inicia un proceso de emigración de los grupos familiares, abandono de la producción y las quintas, o su permanencia y traslado hacia la producción forestal. Esta actividad comenzará a dominar el escenario productivo del Bajo Delta desde mediados de siglo pasado, hasta convertirse, en la actualidad, en la producción dominante del área (idem: 54), con una superficie forestada en jurisdicción bonaerense de 38.500 ha (Borodowski et al., 2005). Es en este período, que se introducirán técnicas de sistematización del terreno, con el objetivo de contrarrestar o minimizar los efectos de las crecientes periódicas e inundaciones extraordinarias, siendo el área del Río Carabelas, la que estuvo en mayor medida sujeta al proceso que Galafassi (2005: 210) denomina “pampeanización” del delta, por el cual se tiende a “convertir a unos ecosistemas de régimen de inundaciones cíclicas, en terrenos libres de esa condición, tal cual es el ‘campo ideal’ en la vecina pampa húmeda”. La producción forestal provee de materia prima para las industrias de pasta celulósica y del papel, aserradero y molienda (madera aglomerada). Las plantas y establecimientos industriales se encuentran situados en la porción continental adyacente a las islas, aunque existen aserraderos instalados en éstas (en menor proporción respecto al área continental). Dado que la mayor demanda es de madera blanda (salicáceas) para la industria de celulosa y papel, la comercialización está controlada por las empresas procesadoras, como Papel Prensa (con explotaciones forestales propias en el Bajo Delta bonaerense y entrerriano) y Celulosa Argentina (idem: 83-91-92), existiendo además empresas intermediarias (y a la vez, productoras) locales, en las fases de acopio, traslado y comercialización entre los productores y sus destinatarios finales. Régimen de tenencia de la tierra Según Galafassi (2005: 73-74), desde el siglo XIX, el Estado provincial promueve la colonización de las islas mediante una serie de normativas tendientes a la regularización de 25

De las 18.000 has aproximadas, cultivadas a comienzos de los años 1940, se estimaba para la década pasada, que la superficie cultiva en todo el Bajo Delta era de cien has (idem: 85). 26 A las que cabría agregar, la ausencia de políticas públicas de sostenimiento y fomento de esta producción regional y las escasas posibilidades de los productores de construir defensas adecuadas para contrarrestar el impacto de las crecientes.

26

los títulos de propiedad, a través de la adjudicación por venta de tierras fiscales. Entre las décadas de 1880 y 1950, alrededor de doscientas mil hectáreas pasaron a dominio privado (el Delta Bonaerense tiene 2.834 kilómetros cuadrados, sacar en hectáreas. A partir de los años 1960, se diseña una normativa que estaría orientada a promover el acceso a la tierra para destinarla a la explotación forestal. En virtud de estos procesos, en el Bajo Delta persistiría un régimen de tenencia y uso de la tierra tal como fuera configurado durante el siglo pasado, en el que predominaban las explotaciones de pocas hectáreas, de propiedad familiar o individual, y en muy menor medida en arrendamiento y ocupación con permiso o de hecho. En la actualidad, esa persistencia acontecería junto a una creciente tendencia de concentración de la tierra, en manos de grandes propietarios. En ese contexto, podemos mencionar, al menos, algunos procesos observados durante el trabajo de campo: - la persistencia de las “quintas” (de pocas extensiones) en manos de sus propietarios, destinadas a producir frutas, flores, mimbre, y madera; - la presencia de grandes explotaciones forestales, ganaderas y mixtas (de grupos familiares, de consorcios y de empresas de la rama del papel); - la adquisición de tierras por parte de nuevos propietarios (de gran extensión), cuya delimitación es objeto de disputa con ocupantes vecinos; en ciertos casos, los nuevos propietarios podrían utilizar una estrategia de adquisición de tierras que supone el cercamiento de pequeñas quintas, lo cual forzaría a sus propietarios a la venta; - la ocupación informal de tierras en predios abandonados en los que se emprenden actividades productivas a pequeña escala. En este marco encontramos dos situaciones: - la primera es la ocupación informal directa con carencia de títulos de propiedad, en este caso, la inversión en el mejoramiento y adecuación del predio sería muy limitada dada la precariedad de la posesión, la permanente incertidumbre sobre el futuro de la ocupación y la continuidad de la explotación, junto a la siempre presente posibilidad de conflicto; - en la segunda, a diferencia de la anterior, los ocupantes aun sin contar con la documentación necesaria certificatoria de la propiedad, mediante la regularización de impuestos y la acreditación de permanencia se encuentran tramitando la adjudicación de la propiedad, a través de juicios de usucapión; aunque en ésta instancia las condiciones pueden ser percibidas como más estables y en la medida de las posibilidades económicas, los ocupantes/cuasi propietarios incorporan mejoras prediales, existe el margen de incertidumbre por la ausencia de definiciones concluyentes. La inseguridad, dificultades y precariedad de las situaciones señaladas, constituyen un factor (aunque no el único ni más importante) que tiende a posibilitar la radicación de grupos familiares con escaso capital, pero a la vez, la concentración de la tierra por parte de grandes productores.

3.5. Caso piloto. Zona del Río Carabelas y Canal Cinco Según investigaciones y estudios realizados en el Bajo Delta, en el cual esta comprendida esta área, el cambio productivo acaecido desde la segunda mitad del siglo XX, implicó una serie de transformaciones en la organización social de la producción, los procesos de trabajo y la tecnología empleada, por lo que antes de entrar en nuestro caso, caben realizarse algunas referencias al respecto. En cuanto a la estructura socio-productiva, se observarían una serie de procesos concomitantes, en relación a la evolución de la extensión predial y a las estimaciones realizadas por agencias estatales de la “unidad económica forestal”. Para comienzos de la década de 1970, el INTA realiza una clasificación de productores del Bajo Delta (Entre Ríos y Buenos Aires) según la cantidad de hectáreas de sus predios.

27

Cuadro IV. Porcentaje de productores según superficie predial Categoría 1 2 3 4 5

Superficie predial Hasta 30 ha 31 – 80 ha 80 – 150 ha 150 – 300 ha Más de 500 ha

Tipo de predio Chico Mediano-chico Mediano Mediano-grande Grandes

Porcentaje* 67.5 20.8 6.58 2.56 2.47

Producción Frutícola Sin datos Forestal/ otras Sin datos Sin datos

INTA, 1973 * Porcentaje según censo de 4.514 productores (Galafassi, 2005: 75-76).

Al elaborar una tipología general de productores, Galafassi (2005: 98-99) considera el criterio de clasificación de los propios actores (pobladores-productores), en base a la extensión de la propiedad, el tipo de producción, la fuerza de trabajo y la tecnología empleada, variables que se encuentran mutuamente interconectadas. Así, para la década de 1990, en términos generales, un pequeño productor poseía hasta 20 ha, utilizaba mano de obra familiar y se dedicaba a la producción mimbrera y forestal. El mediano productor, poseía hasta 100 ha, incluía el trabajo familiar y la contratación de mano de obra externa temporaria, para sus producciones casi exclusivamente forestales, y la incorporación de maquinaria (aunque con un grado de tecnificación bajo). El gran productor, poseía entre 500 y 800 ha, se dedicaba exclusivamente a la producción forestal (y de manera incipiente, combinaba con ganadería), y recurría a la contratación de fuerza de trabajo asalariada permanente o temporaria, y un mayor empleo de maquinarias. De estas tres categorías, sólo en las dos últimas persistía el patrón familiar de explotación de la tierra (residencia, producción y consumo), mientras que en los primeros se registraba un proceso de descomposición del grupo familiar (según lugares de residencia de sus miembros y diversificación de sus ocupaciones en actividades por fuera de su unidad productiva, en la medida que la rentabilidad ya no garantiza la reproducción de la totalidad de los mismos). Entre fines de la década de 1980 y la siguiente, el INTA estimaba la “unidad económica forestal” en 150 ha (idem: 82-175). Para mediados de la presente década, la SAGPyA la ubica en 300 ha (Borodowski et al., 2005). A su vez, realiza una clasificación de productores forestales, en la que puede observarse un aumento en la extensión predial correspondiente a cada categoría, respecto a años anteriores. Cuadro V. Porcentaje de productores según superficie predial (Buenos Aires y Entre Ríos) Tipo de productor Categoría Superficie predial Porcentaje de productor Pequeño 1 Hasta 50 ha 62.4 % 2 50 – 200 ha 29.8 % Mediano 3 200 – 1.000 ha 6.3 % Grande 4 Más de 1.000 ha 1.5 % Fuente: Borodowski y Suárez, 2005.

Según esta fuente, el 60 % de los productores posee el 6 % de la tierra, en predios que no superan las 50 has. Si se toman las explotaciones de menos de 100 has., representan el 11 % de la superficie, ocupada por más del 70 % de los productores. Es decir, la mayoría de los productores poseen menos de 100 has (Borodowski et al., 2005: 6). De todo ello, podríamos inferir que, por un lado, existiría una marcada persistencia de pequeñas unidades productivas, no obstante la expansión en el tamaño de los predios, pero que en función del modelo productivo vigente, son de una extensión menor a la estimada como adecuada para la producción forestal, en la actualidad. Y, por otro, una modificación en la cantidad de hectáreas de la extensión predial que discrimina la pertenencia a cada categoría; así, si en la década de 1970, un productor mediano a grande, poseía hasta 300 ha, en la actualidad esta categoría pasa a poseer una extensión que cuarenta años atrás 28

correspondía a los “grandes productores”. Esto indica un progresivo proceso de concentración de la tierra27. En cuanto a los procesos de trabajo y la tecnología empleada, estos deben ligarse a las tendencias arriba apuntadas, y también a los tipos de producción predominante para cada categoría de productor. Más arriba mencionamos algunas de sus características, para la década de 1990, que ahora podemos completar con los datos proporcionados por la SAGPyA y nuestras observaciones en el área. Respecto a la adecuación del espacio y el grado de sistematización de las tierras, éstas están directamente relacionadas con las posibilidades económicas de los distintos tipos de productores.

Pequeños productores En la primera categoría, que corresponde a productores con un bajo grado de capitalización, habría dos actividades predominantes, en gran parte, en función de la extensión de sus predios. En los más pequeños, la actividad principal sería el cultivo de mimbre, de cosecha anual, el cual suele ser complementado con el de sauces y álamos. El mimbre es un cultivo de un bajo nivel de tecnificación y mano de obra intensiva, provista por los miembros del grupo familiar, y eventualmente, en función de la cantidad de hectáreas cultivadas, puede absorber trabajadores temporarios y/o semi-permanentes. El circuito de comercialización comprende a una cooperativa de productores (en el área del Río Carabelas), a acopiadores locales y/o a pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de objetos y mobiliario artesanal (situadas en las zonas ribereñas, que pueden tener sus propias plantaciones), el cual es el principal destino de la producción de mimbre. En menor medida, existen pequeñas explotaciones dedicadas a la producción frutícola, como actividad parcial28, lo cual convierte a esta actividad en marginal o residual. Es practicada en pequeños predios, se utiliza básicamente fuerza de trabajo familiar o eventualmente la intervención algún trabajador externo que puede o no residir en el predio; muchas explotaciones dedicadas a otros cultivos, poseen árboles frutales que constituyen el remanente de antiguas quintas frutícolas, siendo el destino de las cosechas el consumo familiar. También en menor proporción, encontramos quintas en las cuales se combina la producción florícola (jazmines) y forestal (salicáceas). En el caso de explotaciones florícolas que observamos, se trata de una actividad accesoria, dado que su rendimiento anual es insuficiente para implementar mejoras prediales destinadas a la optimización del rendimiento del producto, y para la reproducción del grupo familiar. En cuanto a los productores forestales, según Borodowski et al. (2005: 7), la superficie promedio en esta categoría es de 30 ha; el régimen de tenencia dominante es la propiedad (85 %); cuentan con un bajo grado de incorporación de maquinaria en sus procesos de trabajo. Además de complementar sus ingresos con otras actividades productivas (mimbre y frutales, y según nuestras observaciones, recolección de nueces pecán, tendiendo a incluir cabezas de ganado), lo hacen principalmente en el mercado de trabajo del área (en servicios tales como, cuadrillas forestales, jardinería en casas de fin de semana, armado de estacadas y muelles, servicios fluviales, etc.). A la vez, en aquellas explotaciones que lograron ampliar su extensión, se requiere de mano de obra asalariada (permanente o temporaria para las tareas silvícolas), o la contratación de cuadrillas, grupos de 27

Este proceso es inherente a las explotaciones forestales destinadas a las industrias de celulosa y papel. Alimonda (2005: 36-37) señala una situación similar en Brasil, donde “los bosques artificiales suponen un grado inaudito de concentración de la propiedad de la tierra, ya que están vinculados directamente o por medio de contratos con las industrias consumidoras de su producción. En el caso de la celulosa, por ejemplo, se calcula que el 77 % de la producción mundial proviene de plantaciones de propiedad directa o contratadas por la industria del papel”. 28 Según Galafassi (86), INTA promovió la reconversión de los viejos montes de frutales hacia la especialización del cultivo del ciruelo”.

29

trabajadores que realizan el corte de la madera (Galafassi, 2005: 56). Así, un 37 % emplea sólo mano de obra familiar, un 60 % la combina con extra-familiar y solo un 3 % extrafamiliar. El 70 % de los pequeños productores forestales está radicado en la isla y su edad promedio es de 50 años. Cabe resaltar que en nuestro trabajo de campo encontramos casos en que trabajadores provenientes del Paraguay, empleados como operarios permanentes o temporarios en las grandes explotaciones forestales y ganaderas, han logrado acceder a tierras y alternar sus ocupaciones con la producción forestal y mimbrera, integrando así esta categoría de pequeño productor. La producción forestal en pequeña escala está usualmente asociada con otro tipo de actividad; las especies más utilizadas son el álamo y el sauce. Los terrenos más altos o mejor sistematizados se utilizarían para el álamo y los más bajos para el sauce, que tendría mayor resistencia cuando los terrenos se encuentras inundados. La producción de la pequeña explotación forestal generalmente está dedicada a producir plantas jóvenes (vivero) y estacas (retoños), que luego venden a los grandes productores. Esta explotación, en las condiciones en que es llevada a cabo -predios de escasas dimensiones y bajo nivel de sistematización- es de rendimiento aleatorio, dadas las características ecológicas de la zona; es común que las crecientes periódicas o inundaciones extraordinarias suelan inutilizar total o parcialmente la producción. No obstante las dificultades que afrontan, los pequeños productores forestales encuentran el modo de insertarse intersticialmente en esta actividad, hoy predominante en la zona, lo cual daría como resultado una tendencia a continuar volcándose hacia este cultivo, en función de las coyunturas de mercado que pueden favorecer la demanda y propiciar condiciones de comercialización. Los casos mencionados, están lejos de agotar la cantidad de combinaciones de tipo de producciones a pequeña escala; también hay productores de formio, recolectores de nueces Pecán, juncos, cortadera, y eventualmente apicultores de trashumancia (temporarios) y en menor medida, “fijos” (permanentes).

La Cooperativa de Mimbreros De acuerdo al relato de una de las integrantes de la Cooperativa de Mimbreros, la misma funciona desde hace 22 años. Se constituye como consecuencia de una crisis del sector devenida de la baja rentabilidad de esta producción; en ese momento el comprador fijaba el precio y el productor no tenía opciones ni poder de decisión sobre el mismo; al conformarse la Cooperativa las relaciones de fuerza cambian ya que una de sus funciones es la de actuar como agente formador de precios, situación que beneficia tanto a los productores asociados como a los independientes. Nuclea a pequeños y medianos productores con predios en explotación inferiores a cinco hectáreas; tiene alrededor de doscientos treinta socios de los cuales ochenta están activos. Una situación considerada como obstáculo para mejorar el funcionamiento institucional es la forma de pago a los productores que se realiza en cinco cuotas; esto hace que algunos de ellos vendan a particulares al contado aunque el precio menor. Uno de sus espacios de comercialización está emplazado en el Puerto de Frutos de Tigre. Esta Institución también trabaja con artesanos de continente con quienes mantiene relaciones comerciales de compra-venta, por una parte les provee la materia prima para la realización de muebles, canastos, adornos etc., por otra los artesanos venden sus productos a través de la Cooperativa. Articula con el Ministerio de Desarrollo Social para el otorgamiento de micro créditos -$8000- a productores que deben reintegrar después de la cosecha, este beneficio se hace extensivo a los artesanos. Otra actividad importante es la vinculación con otras agencias del estado; con INTA Delta, organizan reuniones de información y propuestas para la actividad; con INTI realizan talleres para la construcción de herramientas y modernización de la forma del atado, entre otras. 30

Intervenciones antrópicas para el manejo del agua En esta área, las intervenciones antrópicas en el entorno son similares a las del norte del Delta, excepto que el río no está afectado solamente por un sentido del escurrimiento (norte-sur) del Paraná, sino por mareas del estuario, las “sudestadas” y precipitaciones; por lo que aquí, se utilizan distintas intervenciones, como el sistema de zanjas abiertas, los ataja-repuntes y el endicamiento cerrado, éste último a su vez utilizado para vía de comunicación terrestre. Estas técnicas sirven para estabilizar el sistema a los efectos de mantener el ciclo productivo (que en la forestación es de entre 10 y 15 años). Las observaciones edáficas realizadas en zonas endicadas y no endicadas (en la zona del Río Carabelas y Canal Cinco), darían cuenta que en las primeras se registra un incremento en el horizonte superficial de materia orgánica y espesor, comparado con lo observado en las zonas no endicadas, lo cual podría tomarse como un indicio de estabilidad del área. El manejo del agua en la zona endicada, está asociada a una inundación periódica por parte de los productores.

Respecto a las técnicas de sistematización de las tierras, continua vigente el sistema de zanja abierta, que data de finales del siglo XIX; consiste en la apertura de pequeños canales o zanjas conectadas con algún curso de agua, que posibilita el escurrimiento de los campos por acción de la fuerza de gravedad; este sistema requiere además, el trabajo periódico de limpieza y eliminación de malezas para facilitar la circulación. No obstante cuando los cursos de agua principales están en período de creciente este método no resulta muy efectivo, tal como observamos durante el verano de 2010. En líneas generales, este método se encuentra combinado con otra técnica, que habría sido introducida posteriormente. Con el objetivo de evitar las ingresiones del agua, en los predios se construyen ataja-repuntes, consistentes en elevaciones construidas por acumulación de tierra, más anchas en la base que en la parte superior, que rodean perimetralmente terrenos dedicados a la producción o donde se encuentran emplazadas las viviendas, aunque no alcanzan a encerrar el predio; los más simples poseen una abertura orientada en consonancia con la pendiente natural del terreno, otros cuentan con sistema mecánico de compuertas, accionado manualmente; su altura puede oscilar entre cincuenta cm. y un metro y medio. Este tipo de sistematización se encuentra vigente en explotaciones pequeñas, de pocas hectáreas (las que observamos, menos de 40 ha) en las cuales la productividad es relativamente baja, basada fundamentalmente en el trabajo humano con escasa inversión en bienes de capital. Con éstas características, encontramos producciones florícolas, frutícolas, mimbreras y forestales. Los terrenos destinados a las actividades mencionadas presentan distintos grados de sistematización, aunque en general están defendidos por zanjas y ataja-repuntes. En menor medida encontramos diques cuya estructura es similar al ataja-repuntes pero de mayores dimensiones, varios metros de altura y de base, complementado con un sistema de bombeo eléctrico o a combustible; dentro del mismo también hay canales y/o zanjas a los fines de facilitar el escurrimiento o ingreso del agua de acuerdo al estado de las condiciones del suelo y a las necesidades de adecuación del mismo 29. Desde el punto de vista de los productores entrevistados, el modelo “ideal” a reproducir, con el objetivo de maximizar el rendimiento de las distintas producciones, es la adecuación de tierras mediante endicamientos y sistema de bombeo. Así lo manifiesta un productor frutícola: “para poder trabajar en la isla hay que tener buenos diques, porque los suelos son muy bajos en el medio, lejos de la costa”. De igual manera, desde el punto 29

Según Galafassi (122), existieron experiencias de construcción de endicamientos colectivos, costeados por grupos de pequeños productos; en ciertos casos, tales experiencias se habrían frustrado por las dificultades que supone el manejo conjunto del sistema de desagüe.

31

de vista de un técnico, “la productividad depende del manejo del agua, ya que no hay suelo sino deposición aluvial con materia orgánica en la superficie aunque este manejo no está siempre al alcance del pequeño productor”. En ocasiones la incorporación de este sistema implica para algunos productores esfuerzo y tiempo adicionales dado que abordan la construcción de diques sin asistencia técnica y con las herramientas que tienen a su alcance (por su escasa capitalización), con las demoras esperables en estas circunstancias y la incertidumbre en cuanto a los resultados. Otra cuestión recurrente entre los pequeños productores, al referirse a su situación actual, es la falta de asistencia técnica y financiera (subsidios directos o vehiculados por agencias de desarrollo) tendientes a facilitar la implementación de mejoras en sus predios. Así, un productor forestal y mimbrero señala que “en mis 40 años y 15 que llevamos acá nunca vi a un técnico” de agencias estatales; y otro, ante nuestra pregunta por este tema, manifiesta que los únicos que dan ayuda en el área, son las congregaciones religiosas, por lo cual “cada año se estudia qué se puede hacer sin ayuda del gobierno”. Una antigua pobladora y productora de la zona, señala que en los años ’70 existían subsidios “a la madera que daba un gran empuje”; también, que recibían apoyo del ex IFONA, y gracias al “buen precio” que tenía la madera, y las facilidades de acceso a créditos, pudieron construir un endicamiento con bombas de desagüe en su quinta (forestal y mimbrera). “Ahora no hay ayuda como antes”, concluye.

Medianos y grandes productores Estos se encuentran emplazados mayormente en el área piloto, y según Galafassi (2005: 83), entre fines de la década pasada y la presente, un poco más de diez de ellos desarrollan la actividad en escala hasta lograr diversificarse hacia actividades de intermediación en el comercio de la madera, algunos hasta llegar a tener aserraderos propios y embarcaciones para el transporte del producto (concentrados sobre el Río Carabelas, en San Fernando y Campana). La SAGPyA sitúa a los medianos productores forestales dentro de la “unidad económica forestal”, cuya superficie promedio es de 500 ha, propietarios en su mayoría y/o usufructúan tierras fiscales. El 40 % está radicado en la isla, y el 30 % utiliza mano de obra familiar y extra-familiar (el resto usa mano de obra asalariada). Realizan una producción mixta, con el uso del suelo dedicado a forestal (90 %) y ganadera (10%); el 30 % de la producción forestal se destina a aserraderos propios y el 70 % se vende directamente a aserraderos, Papel Prensa S.A. (San Pedro) y FAPLAC S.A. (Zárate, industria del aglomerado). Probablemente, en alguna porción de estas categorías, puedan ubicarse nuevos propietarios que en los últimos años han adquirido grandes extensiones de tierras, dedicadas principalmente a la ganadería. A la categoría de gran productor corresponden empresas industriales del sector maderero (en un 80 %), y empresas familiares (20 %). La superficie promedio es de 1.700 ha. El uso del suelo corresponde a un 95 % de forestación y 5 % de ganadería. Aquí hay grandes productores acopiadores; el 60% se vende con valor agregado y el 40 % cortado. Utilizan exclusivamente mano de obra asalariada, cuya absorción depende del grado de tecnificación en los procesos de trabajo (con la tendencia, en las grandes explotaciones ha expulsar mano de obra vía mecanización del proceso de trabajo); y cuentan con asesoramiento técnico. Respecto a las empresas industriales, su funcionamiento está a cargo de administradores (no residentes). En dos de las empresas visitadas, se encuentran emplazados barrios obreros, destinados a los trabajadores y sus familias, o casas que son habitadas por trabajadores permanentes. Eventualmente contratan mano de obra temporaria, de acuerdo a los requerimientos productivos. Si bien según el informe de la SAGPyA, ninguno de estos productores reside en su explotación, hemos constatado casos 32

en los que grupos familiares que pueden pertenecer, tanto a esta categoría como a la de mediano productor, residen, junto a algunos miembros de sus familias, en el área. Varios de los actuales medianos y grandes productores descienden de pobladores que llegaron al Delta durante las últimas décadas del siglo diecinueve, cuando las actividades productivas se restringían a la horticultura y la cría de animales, y posteriormente, se fueron insertando en la explotación frutícola. En función de las características ecológicas de las islas, la sucesión de crecientes y mareas y la baja rentabilidad el producto, paulatinamente fueron incorporando la explotación forestal. Esta variación en su actividad productiva, implicó ir adecuando las tierras a los nuevos cultivos, experimentado e incorporando sistematizaciones cada vez más eficientes, para conseguir mejores rendimientos productivos. Los descendientes de estos antiguos pobladores, pioneros en el área, reivindican “la gesta” de las generaciones anteriores que lograron trabajar y “mejorar” esas tierras a pesar de las más variadas dificultades por las que atravesaron a lo largo del siglo pasado. Un proceso a destacar acaecido en la comunidad de inmigrantes vascos –de hecho, el área es conocida como la de “Los vascos del Carabelas”- y sus descendientes, es el de las alianzas matrimoniales, principalmente, al interior del grupo. Gracias a ellas, progresivamente fueron consolidando, no solo lazos de parentesco devenidos del proceso del ciclo familiar de fusión y fisión, sino también en no pocas ocasiones alianzas económicas y productivas organizadas en sociedades que fueron expandiendo y diversificando el ámbito de sus explotaciones iniciales. Estas empresas y sociedades familiares (constituidas por medianos y grandes productores) han llevado adelante obras de infraestructura (red de caminos/terraplenes interisleños y tendido de redes de energía eléctrica), que junto a un sistema de transporte fluvial (barco y balsas mecánicas e hidráulicas) posibilitan el desplazamiento por vía terrestre en la zona y la conexión con tierra firme. Además, con los endicamientos realizados en los campos de estos grandes propietarios al igual que en los de las empresas industriales, se han adecuado a los requerimientos de la producción ganadera continental, por lo que además de ganadería extensiva se está incorporando la de cría. La producción forestal se realiza íntegramente en campos endicados, sistematizados mediante canales y zanjas interiores, con el manejo del agua mediante bombas eléctricas y exclusas. De todos nuestros entrevistados, pertenecientes a cualquiera de las tres categorías apuntadas, sólo quienes integrarían la de los “grandes productores” (sean dueños o empleados de una empresa o bien productores, ellos mismos o sus descendientes con titulaciones académicas, ligadas a las ciencias agrarias), reconocen que sus prácticas de uso de la tierra (destinadas a la estabilización del entorno) son actualmente cuestionadas por los movimientos ambientalistas, en la medida que entienden que aquellas están modificando las características y la dinámica típica del ambiente isleño. Para los pequeños productores, esa transformación pareciera ser, antes que nada, una necesidad casi vital, para permanecer en el área, como poblador y productor, en el contexto del modelo productivo dominante actual.

Impactos y/o conflictos en Bajo Delta En esta área, los impactos y/o conflictos ligados a nuestro problema de estudio, han de entenderse en el contexto de, al menos, dos procesos generales que mencionamos más arriba: por una parte, aquellos ya consolidados (y probablemente en expansión) que datan del último tercio del siglo pasado, y que resultan de una progresiva “pampeanización” de las islas para la producción forestal (a través de caminos-terraplenes y endicamientos); así como otro más reciente e incipiente, que daría cuenta del creciente uso de tierras para la

33

ganadería (de cría e invernada, a gran escala, tanto en explotaciones forestales como en áreas de pastizal), que incluyen, además, un manejo de las pasturas a través de quemas. En este marco, una comprensión de los efectos provocados por las obras de modificación del ambiente, incluye la consideración de dos factores relevantes: el económico (esto es, la estructura social del área, resultante de aquellos procesos antes descritos); y el espacial, donde podemos localizar patrones de uso del entorno en ciertas zonas del área, o su extensión y/o superposición hacia otras. En la zona del Río Carabelas, donde estarían asentados, de modo más marcado, medianos y grandes productores así como empresas forestales, las transformaciones en el ambiente mediante caminos-terraplenes han configurado un territorio donde el acceso y traslado de personas y bienes por vía terrestre hacia el continente se ve facilitado; a su vez, los endicamientos (cerrados) favorecen los niveles de productividad y rentabilidad de las explotaciones forestales y/o ganaderas, así como el resguardo de las viviendas durante las crecientes. Ahora bien, en otras zonas del área visitada, donde residen grupos familiares con predios de pequeñas extensiones, la presencia de medianos y/o grandes productores que reproducen aquellos patrones de modificación del entorno, pueden ocasionar perjuicios en las condiciones de vida de los pobladores vecinos. Un caso concreto observado tiene lugar en las inmediaciones de un hospital estatal (sobre el Paraná Miní), donde se produce una apropiación del espacio público por parte de un gran productor, al construir un dique de contención que circunda sus tierras obstruyendo el camino de sirga utilizado por los pobladores para trasladarse por vía terrestre hacia el centro de salud. De esta manera, se cercena el derecho al libre tránsito de la población local. Esta situación se encuentra vinculada al espacio social de quien se apropia del espacio público, un gran productor forestal que, además de contar con capacidad económica para emprender obras de endicamiento, contaría con vinculaciones políticas relevantes a nivel local que posibilitan, o no sancionan, esta acción perjudicial para sus vecinos. Por otro lado, en el contexto del modelo productivo actual, en el cual la rentabilidad de las unidades productivas está directamente ligada a la extensión de las tierras y el nivel de capitalización, el factor económico impone restricciones a la extensión de tales patrones de transformación del entorno, o una vez aplicados, a su mantenimiento (en toda el área visitada). Es el caso de los pequeños productores forestales (y/o mimbreros, florícolas, etc.) visitados, que se ven empujados, si quieren persistir produciendo en las islas, a homologar formas de acondicionamiento de sus predios –aunque de modo menos eficiente- para resguardar sus plantaciones de las inundaciones periódicas. En las zonas del Carabelas, Canal 5 y los arroyos adyacentes, observamos casos de productores que durante las crecientes, preveían la pérdida de sus plantaciones forestales (y, por tanto, de sus inversiones). También observamos situaciones en que obras de manejo del agua, realizadas por el Estado o por instituciones de grandes productores, en zonas linderas a los predios de pequeños productores, en casos de rotura o avería (por ejemplo, de tuberías de desagüe), provocan la inundación de sus tierras, ya que éstos no se encuentran en condiciones de costear las reparaciones. De allí que la eficacia de estas obras sólo se alcance con niveles más importantes de capitalización. Junto a otras variables que inciden en las decisiones de los pequeños productores de persistir en o abandonar sus producciones, tales situaciones podrían devenir en un factor de desaliento y contribuir a un proceso de expulsión de los isleños, más aún cuando, según sus propios testimonios, no cuentan con asistencia técnica y financiera del Estado. Finalmente, los factores espacial y económico también juegan un papel importante en el caso de la ganadería extensiva (en zonas de pastizal). Así, en la zona del Carabelas la aplicación de la práctica de quema, típica de la “ganadería de islas” que se realiza en áreas con una menor densidad de población y de explotaciones, habría afectado predios 34

forestales vecinos; a su vez, la introducción de especies bovinas no habituales en la zona (“búfalos de agua”) también ha acarreado inconvenientes a productores vecinos, debido al tipo de comportamiento de estos animales, diferente al de la hacienda vacuna típica de la región. En síntesis, si bien en ocasiones encontramos algunas disputas y/o conflictos específicos generados por las modalidades de uso y transformación de las tierras, en esta zona de Bajo Delta la problemática de los endicamientos nos lleva a considerar, sobre todo, procesos estructurales, de más largo plazo, a diferencia de los casos de Bema Agri o Colony Park S.A. (que tratamos a continuación), donde esta problemática revela efectos inmediatos y contundentes. A modo de hipótesis, podríamos pensar que el modelo de “pampeanización” de las islas, adecuado a la explotación forestal, hasta el momento, sólo puede ser llevado a cabo con éxito en grandes extensiones de tierra y con una importante inversión de capital; en el seno de un entramado social en el que aún predomina un importante porcentaje de pequeños productores, ese modelo encierra, potencialmente, una lógica intrínsecamente expulsiva.

35

3. 6. Caso Colony Park (Partido de Tigre) Las urbanizaciones cerradas en el área A partir de la década de 1990, en el contexto de la reforma del Estado por la cual se implementa la privatización de sus empresas y bienes, el Estado Nacional deja de intervenir como agente de producción del hábitat social en el conurbano bonaerense, reorientando sus objetivos de inversión pública, ahora destinados a subsidiar a grandes inversiones privadas, así como a financiar la construcción de obras de infraestructura vial, como autopistas con peaje y nuevos caminos, facilitando el acceso desde la ciudad de Buenos Aires a los cordones del conurbano bonaerense (Ríos-Pírez, 2008). En este marco, en el Partido de Tigre (norte del conurbano), desde inicios de aquella década, se fueron introduciendo cambios en las normativas que favorecieron a los inversores al simplificar las exigencias de los emprendimientos de urbanización (RíosPírez, 2008), facilitando el emplazamiento de urbanizaciones cerradas en áreas de la ribera continental30. Estas áreas, ubicadas en zonas inundables, antes eran ocupadas por pobladores locales de escasos recursos. Gracias a importantes obras de infraestructura, estas tierras se incorporan a un mercado de inmobiliario que las valoriza por sus singulares beneficios ambientales, para sectores de ingresos medios y medios-altos (Ríos-Pírez, 2008). La valorización de esos espacios, que mas tarde se extenderá a las tierras isleñas, resulta de una construcción social vinculada a discursos que incorporan cuestiones ecológicas tales como la “calidad de vida” y el “contacto con la naturaleza”, que resultan atractivas para aquellos sectores sociales. En este sentido, el emprendimiento Colony Park S.A. (foto), es uno más entre otros (tres) ya emplazados en islas, además de los situados en la ribera continental.

Inicio del conflicto En este apartado describimos brevemente la problemática de pobladores isleños, que desarrollaban sus actividades en islas ubicadas en las márgenes de los Arroyos Anguilas, La Paloma y el Canal Vinculación, en la primera sección de islas del partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. La zona está conformada por islas de formación reciente, de origen aluvial, es decir formadas por acción de la sedimentación que produce el flujo natural del río; por sus características de tierras bajas en sus orillas se forman naturalmente juncales. En el área estaban radicadas en forma permanente alrededor de quince familias, algunas numerosas, dedicadas a actividades de índole extractiva: recolección de juncos, formio, caza, pesca, algunos de ellos poseían alguna porción de terreno en la que criaban aves de corral y otros animales de granja para consumo, otros dedicaban algún espacio de los predios a forestación de álamo, sauce, mimbre y caña “bambucita”. Las viviendas estaban edificadas sobre palafitos, sistema tradicional en zona de islas implementado para 30

La ley 6.254/60 prohíbe el fraccionamiento de lotes por debajo de la cota mínima de piso de 3.75m; sin embargo, las empresas inmobiliarias mediante el relleno de suelos y refulado hidráulico consiguen superar esta limitación y alcanzar la cota de seguridad para construir barrios cerrados exclusivos, haciendo habitables y deseables áreas antes desvalorizadas (idem: 2008). Desconocemos la normativa relativa a tierras insulares; de todos modos, suponemos que las empresas las acondicionan de una manera similar.

36

morigerar los efectos de las inundaciones. Cabe señalar que la mayor parte de los isleños de la zona no posee títulos de propiedad, aunque algunos estaban radicados desde hace muchos años incluso continuando la ocupación tradicional que iniciaran generaciones anteriores. A mediados del año 2008, la empresa inmobiliaria Colony Park S.A. comienza obras de adecuación de tierra elevándolas para alcanzar la “cota de seguridad”, en islas ubicadas sobre el Canal Vinculación, y Aº La Paloma, incluyendo en el interior del emprendimiento el Aº Anguilas cuyo curso fue completamente alterado por ensanchamiento, dragado, eliminación de meandros y desviación del curso original. La extensión de la obra abarca aproximadamente 300 hectáreas. Otro impacto ambiental que mencionan los isleños es la alteración del agua que antes consumían ya que, con los movimientos de suelo, en este momento no es posible el filtrado de la misma por el alto nivel de sedimentos en suspensión. Durante este proceso comienza la expulsión de los pobladores isleños, que según testimonio y material consultado, ocurre en forma violenta e intempestiva; la empresa derriba las viviendas con máquinas topadoras, invade los predios ocupados con todo lo que contenían en su interior. Posteriormente, algunos pobladores intentan recuperar su espacio y vuelven a levantar viviendas que más tarde fueron quemadas, según testimonios, a instancias de la empresa. Uno de ellos permanece arrinconado con gran parte del terrero que ocupaba invadido por las obras e inutilizado para las actividades desarrolladas habitualmente. Algunas familias migran a ciudades vecinas, otras se instalan en un asentamiento irregular de la ciudad de Tigre denominado “Villa Garrote”, o se instalan, en las medidas de sus posibilidades, en islas aledañas.

Foto arriba: las hileras de árboles detrás de la máquina indican el antiguo curso del Arroyo Anguilas. Foto abajo: extracción de material del lecho del curso de agua.

Foto arriba: antiguo curso del Arroyo Anguilas, ahora seco, por las obras de desvío y canalización de su curso. Foto abajo: obras de elevación del terreno.

37

La formación de la Cooperativa En el transcurso de este proceso una Junqueros ONG local, la Asamblea Delta y Río de la La recolección se realiza desde Septiembre Plata de Tigre, toma conocimiento de la hasta Marzo o Abril. El junquero se problemática que afecta a los isleños y introduce en el agua a pie, y corta con una decide intervenir apoyando su causa. hoz enmangada las hojas de junco. Según testimonios, la población se Generalmente trabajan cuando el agua está encontraba abatida y resignada dadas las baja, y en zonas donde no supera el alto de las botas. circunstancias por las que atravesaban y Una vez cortado el junco, se extienden las hasta ese momento no habían formalizado hojas en canchas, terrenos secos y parejos ninguna iniciativa tendiente a la donde se le quita la “resaca” (limpieza de recuperación de sus tierras. hojas y ramas). Los integrantes de la Asamblea La coloración, para adaptarlo a la venta debe organizan reuniones con los afectados y ser blanca y pareja, desechan el que llaman ofrecen ayuda legal, de difusión de la “pata negra” (base de la hoja oscurecida) que problemática, motorizan acciones bajo el atribuyen a la contaminación por lema “Todos somos el Anguilas”. Con hidrocarburos del río y al agua estancada. asesoramiento legal de un integrante de la Luego de 2 ó 3 días de secado y limpieza, es Asamblea algunas familias locales inician atado y puesto a la venta. En ocasiones cuando llueve el secado se realiza en acciones judiciales y consiguen galpones mediante el procedimiento de permanecer en sus predios autorizados por generar calor mediante el encendido de fuego intervención del Juzgado de San Isidro, de leña dentro de tambores de chapa. otros inician reclamos por posesión veinteañal y/o juicios de usucapión. Entre pobladores locales y con el apoyo y movilización de la Asamblea se evalúa que con las acciones judiciales no alcanza para conseguir la recuperación de las tierras que consideran les han sido usurpadas; a instancias de un poblador local, que junto a otros isleños integran la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, y con el apoyo de la Asamblea Delta y Río de la Plata se forma la Cooperativa de Junqueros “La Esperanza”, ubicada en el predio de un isleño sobre el Aº La Paloma. Cabe señalar que la empresa Colony Park aún no había comenzado con las obras en ese sector, aunque reclama que el mismo sería de su propiedad. Los fondos para este emprendimiento se consiguen mediante un convenio suscripto con el INTI, fondos aportados por Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR), y subsidios personales a los junqueros que aportan la mitad de lo percibido por ese concepto a la Cooperativa. Con el trabajo de los asociados se construye un galpón de chapas con piso de madera sobre palafitos, donde está instalada una máquina tejedora de cortinas, un generador eléctrico y algunas herramientas. En el marco de este proyecto, además de cortinas se prevé confeccionar “cestería ecológica” con juncos, formio y cáscara de bananas, y en este momento están ensayando la fabricación de paneles para revestimiento de paredes. Muchos de los isleños, actualmente radicado en otros lugares, llegan a la Cooperativa en canoas a participar de las actividades. El proceso de formación de la Cooperativa no está exento de conflictos dado que la coordinación y cooperación de sujetos acostumbrados a trabajar por su cuenta requiere un proceso de adaptación a formas organizativas grupales y participativas. Al mismo tiempo este espacio va configurando significaciones que tienden a la formación de vínculos de solidaridad, sentido de pertenencia, permanencia e identidad: “un isleño que se va es una parte del Delta que se va”, es uno de sus lemas.

38

Fotos arriba: galpón de la cooperativa (izquierda) y cartel (derecha). Fotos abajo: máquina tejedora de cortinas de junco (izquierda) y cancha de secado de junco (derecha).

Los organismos del Estado Según expresan nuestros entrevistados, desde los organismos estatales no ha habido respuestas contundentes a los reclamos de los isleños, a pesar de haberse ordenado la clausura del proyecto y el cese de obras de la empresa Colony Park, orden dictada por la Secretaría de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de Tigre, dado que la empresa no presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. Como resultado de las denuncias de desalojos intervino un fiscal que llegó al lugar del conflicto en helicóptero, sobrevoló la zona pero no contactó con los pobladores, aunque lo hizo con personas vinculadas a la empresa. Luego de que los isleños recusaran al fiscal ante la jueza interviniente, el mismo fue relevado en el caso a comienzos del mes de julio, por lo que el caso continúa. En casos particulares, como ya mencionamos, los juzgados han emitido dictámenes que habilitan a algunos isleños a permanecer en sus predios -o lo que queda de ellos- aunque no conocemos si estas decisiones son transitorias o definitivas.

39

Observaciones finales Una de las características centrales de la fase actual de desarrollo del capitalismo, es la orientación de grandes inversiones en nuevos sectores de la actividad económica, o incorporando nuevas áreas geográficas a la explotación de recursos naturales que no se hallaban incluidas de forma intensiva al sistema de acumulación. Uno de los aspectos, de ninguna manera exclusivo, de esta fase histórica, es la extensión de las fronteras de extracción de recursos naturales, llevado adelante por empresas (privadas y/o estatales) pesqueras, petroleras, mineras e hidroeléctricas, que buscan localizarse en países periféricos, al amparo de condiciones menos estrictas de protección legal y política de los bienes naturales. En otros casos, se trata de la extensión de actividades tradicionales propias de estas regiones, como la agricultura, la ganadería y el desarrollo inmobiliario, hacia ecosistemas periféricos -o relativamente periféricos, como el caso del Delta-, mediante una lógica de utilización de los recursos que no contempla las condiciones de estabilidad de ambientes con características diferentes a los de tierras firmes. Cuando estas inversiones incluyen prácticas que afectan a los recursos de subsistencia de las poblaciones locales, se produce una tensión entre la lógica del capital que privilegia el valor de cambio, y los derechos de las poblaciones al acceso y uso de los recursos naturales, que es una condición básica para la reproducción de sus condiciones de vida. Como resultado de este proceso, suelen producirse conflictos locales de distribución ecológica que afectan varias dimensiones de la vida social –ambiental, económica, legal, política y cultural (Martínez-Alier). Es en este contexto general donde podemos ubicar los impactos por actividades económicas que alteran las condiciones de los ecosistemas del Delta, y por consiguiente de las poblaciones locales que dependen de esas condiciones. En las áreas de estudio comprendidas en este trabajo, los casos estudiados incluyen obras de endicamientos para protección de inundaciones con el fin de desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en el caso Bema Agri, del Departamento Victoria, Entre Ríos; como resultado de la extensión de explotaciones forestales en el área Río Carabelas / Canal Cinco del Bajo Delta; y como efecto de la extensión de grandes emprendimientos de desarrollo inmobiliario orientados a sectores medios y altos en la sección de islas del Partido de Tigre. Las áreas visitadas presentan particularidades ecológicas y productivas devenidas de diferentes procesos: por una parte en el Delta Medio los cambios relativamente recientes de intensificación de la actividad ganadera, se encuentran estrechamente vinculadas a la expansión agrícola en tierra firme, situación que produce un desplazamiento de aquella actividad hacia esta área, antes considerada como marginal o de frontera; como ya señalamos la revalorización de éstas áreas para actividades productivas de considerable escala, han afectado las actividades de poblaciones locales. En el Bajo Delta encontramos un modo de uso de tierras consolidado, relacionado al manejo del agua y a las modificaciones del ambiente estrechamente vinculado con la introducción de tecnología, con predominancia de grandes explotaciones forestales y, en menor medida pequeñas producciones (mimbrería, fruticultura, floricultura). El proceso de “pampeanización” al que está sujeto esta zona desde la segunda mitad del siglo XX, no sería visibilizado como teniendo impactos negativos en los distintos grupos sociales. No obstante pensamos que gradualmente podría incidir en las prácticas de los pequeños productores quienes, aunque no se oponen a las modificaciones evidentemente adecuadas a la lógica productiva de las grandes empresas y más aún, tratan de incorporar sus métodos, carecerían a mediano/largo plazo del excedente económico necesario para implementarlos con el nivel de efectividad deseable para el desarrollo de sus emprendimientos.

40

En la primera sección de islas de Tigre, los emprendimientos inmobiliarios están transformado aceleradamente el paisaje, mediante la elevación artificial de islas y sectores ribereños inundables, destruyendo en su avance tanto el ambiente como los hogares y espacios productivos/extractivos de los pobladores locales, provocando su expulsión. Debido al carácter predominantemente fluvio-rural de los pobladores isleños, la residencia, el trabajo, el uso del espacio y los recursos del Delta, constituyen una forma de vida particular en sus aspectos materiales, simbólicos y afectivos. Pensamos que, al menos en dos de los casos abordados (Bema Agri y Colony Park) estos aspectos son ignorados por el predominio de la racionalidad económica de los grandes emprendimientos y en gran medida, por el Estado.

Derecho a la tierra y sus bienes La ocupación y usufructo de la tierra y acceso a los recursos puede definirse en forma jurídica formal o consuetudinaria; esta última modalidad no es extraña a los modos de vida y desarrollo de actividades de poblaciones isleñas. En ocasiones estas costumbres entran en conflictos con las normativas vigentes del derecho positivo (derechos formales) de propiedad. Cuando esto ocurre ambas partes se arrogan derechos de ocupación y usos alegando reivindicaciones de intereses opuestos sobre el mismo espacio; en este sentido, en numerosas ocasiones encontramos ocupaciones prolongadas de determinado espacio por parte de pobladores locales que son preexistentes al derecho de uso que, formalizado por diferentes vías (arrendamiento, compra-venta), adquieren otros actores sociales. En estas circunstancia los derechos de facto se enfrentan a los derechos de jure siendo éstos últimos los que, en general, tienden a prevalecer. En ocasiones los colectivos afectados se organizan para canalizar sus reclamos mediante la vía judicial, en otras situaciones las acciones por esta misma vía pueden ser particulares; los resultados que conocemos devenidos de estas acciones en ocasiones resultan favorables a los reclamantes pero no son concluyentes, porque aún no hay dictámenes judiciales definitivos. Distintas organizaciones internacionales31 se han ocupado del problema de los derechos de acceso a la tierra y a los bienes naturales de poblaciones preexistentes a la formación de los Estados nacionales (pueblos originarios) y de aquellas cuya economía se basa en los recursos locales, como las que hemos estudiado. Los pobladores isleños y ribereños que viven y trabajan en el Delta, constituyen agrupamientos sociales que poseen en común representaciones y prácticas sostenidas por la costumbre, cosmovisión e historia, estrechamente enraizados al entorno en que viven, recorren y del que obtienen los recursos necesarios para sustentarse, y también su identidad social. El interrogante a dilucidar que surge de este trabajo está vinculado a la posibilidad de hacer efectivas aquellas normativas internacionales, para garantizar la permanencia y continuidad de sus formas de vida.

Referencias bibliográficas Alimonda, Héctor (2005), “Cuando los árboles son un desierto”, en Revista del Observatorio Social de América Latina, Año VI, Nº 17, mayo-agosto. Buenos Aires. Borodowski, E. D. y R. O. Suárez (2005) Caracterización Forestal de la región del Delta del Paraná, Documento NEF-Delta, Proyecto Forestal de Desarrollo, SAGPyA.

31

Como por ejemplo, el Convenio OIT Nº 169 (1989), incorporado a la ley nacional 24.071, ratificatoria del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (en www.desarrollosocial.gov.ar); y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, (1992) de Naciones Unidas, suscripto por Argentina. También la FAO ha emitido documentos sobre estos temas.

41

Donadille G., B. Ferrero, L. Prol y C. Vizia (2007) Ambiente y recursos en los humedales del Paraná. Informe del diagnóstico realizado por el Equipo Rosarino de Antropología Ambiental para Taller Ecologista de Rosario y UICN. Galafassi, Guido (2005), La Pampeanización del delta. Extramuros Ediciones, Buenos Aires. INDEC (2001) Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares. Malvárez, Inés, M. Boivin y A. Rosato (1999) “Biodiversidad, uso de los recursos naturales y cambios en las islas del Delta Medio del Río Paraná (Dto. Victoria, provincia de Entre Ríos, R. Argentina)”, en Biodiversidad y usos de la tierra, EUDEBA, Buenos Aires. Pereyra Fernando et al. (2004) “Génesis de suelo y evolución del paisaje”, en Revista de la Asociación Geológica Argentina, nº 59 (2): pp. 229-249. Ríos, Diego (2009), “Espacio urbano y riesgos de desastres: la expansión de las urbanizaciones cerradas sobre áreas inundables de Tigre (Argentina)”, en Revista Ambiente & Sociedad, Vol. 12, Nº 1, pp. 99-114, enero-junio. Campinas. Ríos, Diego y Pedro Pírez (2008), “Urbanizaciones cerradas en áreas inundables del municipio de Tigre: ¿producción de espacio urbano de alta calidad ambiental?”, en Revista eure, Vol. 34, Nº 101, pp. 99-119. Santiago de Chile. Taller Ecologista y Fundación M’Biguá (2009), Islas del Paraná: la última frontera. Edición digital.

42