SENTENCIAS DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . NO PUEDE EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO, POR REGLA GENERAL SALVO LOS CASOS DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL, TALES COMO CUANDO EXISTE MULTIPLE JUZGAMIENTO PENAL O NE BIS IDEM, MUERTE DEL ACUSADO, AMNISTIA, EXCEPCIONES PERENTORIAS.

JUAN CARLOS FUENTES REAL. Escuela de Capacitación Fiscal.

192-CAS-2003 SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día veintisiete de julio de dos mil cuatro. La Sala conoce del recurso de casación promovido en el proceso instruido contra los imputados WILSON VASQUEZ PÉREZ, de veintinueve años de edad, empleado, acompañado, originario de Santiago Texacuangos, hijo de Tomás Vásquez Ramírez y de Lidia Pérez, residente en Colonia Jardines del Rey, pasaje O, casa número uno, Santa Tecla; HENRY PHILLIP MARINERO BATRES, de veinticinco años de edad, mecánico, soltero, originario de esta ciudad, hijo de María Carmela Batres y de Carlos Basilio, residente en Colonia Santa Isabel, pasaje cinco, casa número tres, San Marcos; y JOSÉ FRANCISCO CRUZ ZEPEDA, de treinta años de edad, comerciante, soltero, originario de esta ciudad, hijo de María Alicia Zepeda, residente en Alameda Juan Pablo Segundo, Metrocondominio, apartamento número ciento siete, Edificio B, San Salvador, procesados por el delito de Robo Agravado en grado de tentativa Art. 212, en relación con los Arts. 24 y 63 Pn., en perjuicio de Juan Carlos Ricart Alonso; según sobreseimiento definitivo dictado por el tribunal Primero de Sentencia de esta ciudad, a las ocho horas y diez minutos del cuatro de abril de dos mil tres. Habiéndose celebrado la audiencia respectiva para la fundamentación y discusión oral del recurso, se procede a dictar la sentencia en la forma establecida por los Arts. 427 y 428 Pr.Pn.. RESULTANDO: 1.- Que mediante la sentencia definitiva expresada en el preámbulo, se resolvió lo Siguiente: "... en consecuencia, sobre la base de las razones expuestas,

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disposiciones legales y de conformidad a los Artículos 31 numeral 11°, 45 numeral 2°, 308 numeral 4° y 311 todos del Código Procesal Penal, este Tribunal RESUELVE: SOBRESEESE DEFINITIVAMENTE a los señores los imputados WILSON VASQUEZ PEREZ, HENRY PHILLIP MARINERO BATRES y JOSE FRANCISCO CRUZ ZEPEDA, de generales relacionadas anteriormente; a quienes se les procesó por la infracción penal de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA como autores directo, tipificado y sancionado en el Artículo 212 en relación con el 24 y 68 del Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor JUAN CARLOS RICART ALFONSO, hechos ocurridos a las catorce horas del día treinta de julio del dos mil dos, sobre el Boulevard Constitución de esta ciudad.---En consecuencia, se ordenó en la audiencia respectiva celebrada el día tres de marzo del presente año, el cese de la medida provisional de privación de libertad en que se encontraban los imputados y se ordenó inmediatamente la libertad sin ninguna restricción de los imputados WILSON VASQUEZ PEREZ, HENRY PHILLIP MARINERO BATRES y JOSE FRANCISCO CRUZ ZEPEDA, ABSUÉLVANSE de la responsabilidad civil y de las costas procesales a los imputados.--- Constando en las presentes diligencias que cada uno de los imputados rindió únicamente para garantizar la comparecencia en el juicio, una caución económica por la cantidad de TRES MIL COLONES, los cuales se encuentran en Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda, por lo que no siendo necesaria dicha caución por haber sido sobreseídos DEVUELVASE UNA VEZ EJECUTORIADO ESTE SOBRESEIMIENTO, a cada uno de los imputados la referida caución. DEVUELVASE UNA VEZ EJECUTORIADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO VILLANUEVA RAMOS, por constar según el Registro Público de Vehículos Automotores, el vehículo particular marca TOYOTA, placas 461-967. DEVUELVASE UNA VEZ EJECUTORIADO, A QUIEN DEMUESTRE SU LEGITIMA PROPIEDAD Y PERMISOS RESPECTIVOS, UN ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA, MARCA GLOCK, SERIE NUMERO CZV937, COLOR NEGRO, PAVON COLOR NEGRO, CACHA DE BAQUELITA, CALIBRE 357, JUNTAMENTE CON SU CARGADOR CONTENIENDO DOCE CARTUCHOS PARA. LA MISMA, la cual se encuentra en calidad de Depósito en el Departamento de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional. Para tal efecto gírense los oficios correspondientes. En caso de no recurrir en el tiempo estipulado por la ley, declárese ejecutoriada y archívense en forma definitiva las presentes diligencias...". II.- Contra el anterior pronunciamiento, la agente de la Fiscalía General de la República Licenciada Claudia María Orozco Aguilar, interpuso recurso de casación, alegando lo siguiente: "... a) Motivo I: Errónea aplicación de los Arts. 17 y 31 No. 1 Pr.Pn., Error Injudicando.---El Tribunal falló en autos, que ponen fin al proceso o imposibilitan su continuación a favor de los imputados, sobre la base siguiente:-- Manifiesta el Tribunal, en su resolución de autos y a través del Licenciado Morales, que todo juzgador cuando va ha aplicar la norma, siempre debe interpretarla, es bien importante cuando nos vamos al Art. 8 de la Cn., que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privarse de lo que la ley no

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prohibe, por lo que la política criminológica que define un artículo es lo que define lo que el legislador está planteando, cual fue la intención del legislador, conforme a las reformas que se han venido dando y los espacios o vacíos que han ido haciendo reformas para endurecerlas, que cuando se dijo que no se hicieran las conciliaciones en los delitos del ROBO y HURTO, después la reforma accedió a que se hicieran las reparaciones integrales, luego se dijo que no se hicieran en los delitos de ROBO y ROBO AGRAVADO, pero el legislador no dijo nada ,de la tentativa, el legislador debe ser garante de la Constitucionalidad, la interpretación puede ser extensiva o analógica y está prohibida en nuestra legislación, solo se permite si le favorecen a los imputados, en el Art. 17 Pr.Pn., se establece bien claro las diferentes interpretaciones, cuando es favorable al acusado se permiten las interpretaciones extensivas, en ese sentido es importante ver que hay diferentes métodos de interpretación, en materia penal es bien exigente porque la interpretación debe ser siempre literal, no se puede ir mas allá de lo que el legislador ha establecido, exceptuando lo que dice el Art. 17 en la interpretación extensiva a favor del imputado, cuando los legisladores han dejado vacíos para endurecer la norma, en lo penal debe ser literal la interpretación, excepcionalmente debe ser extensiva si le favorece a los imputados, si el legislador no dijo nada de que los tentados no podían ser separados, por lo que se aplica la interpretación extensiva del Art. 17 Pr.Pn.. El Art. 13 Pr.Pn., no establece los derechos de la víctima y dice que la víctima podrá intervenir en el proceso, que va ha ser informado en el proceso aunque no intervenga, a ser escuchado antes de cada decisión cuando indique la extensión de la acción penal, la víctima ha sido escuchada cuando dice que se da por resarcido del daño recibiendo los cuatrocientos dólares, así como necesitar que le devuelvan el celular porque tiene información que solo a él le interesa. Por lo que no podemos ir más allá de lo que el legislador no ha dicho, ya que es un derecho propio de la víctima, de conformidad al consentimiento que la víctima ha dado, según el Art. 13 numerales uno, dos y tres; tal como lo establece el Art. 31 No. 11 todos del C.Pr.Pn., dado que allí se establece que quien puede autorizar es la víctima en los delitos de contenido patrimonial antes de la Vista Pública, habiendo manifestado que ha sido resarcido completamente del daño causado, por lo que el Tribunal considera suficientes los elementos jurídicos para que de conformidad al Art. 308 No. 4 Pr.Pn., se sobresea definitivamente a los imputados en referencia, por lo que se sobresee definitivamente tanto en lo civil como en lo penal; así como es de tomar en cuenta que según el Código Pr.Pn., comentado, para la reparación integral del daño solo se necesita consentimiento de la víctima y que ésta manifieste que se siente reparada del daño causado y que cuando el legislador se refiere al consentimiento de la Fiscalía General de la República, según el caso, es cuando existen delitos en donde la víctima no se encuentra debidamente identificada como es en los delitos en los que existen intereses difusos, habiéndose ocasionado un daño social, en cuyo caso será necesario el consentimiento de la Fiscalía General de la República como representante de los

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intereses públicos…--- Que tratándose de un delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA y tomándose en cuenta lo relacionado en el Art. 17 Pr.Pn., por lo que es aplicable en este caso, en una forma extensiva ya que le favorece a los imputados, así como haber manifestado la víctima que se ha reparado el daño causado, este Tribunal AUTORIZA la reparación integral del daño causado de conformidad del Art. 31 No. 11 en relación al 308 No.4 Pr.Pn., a favor de los imputados…--- Al respecto, sobre los argumentos planteados por el Tribunal Aquo, la Representación Fiscal hace las siguientes consideraciones:---La ley en el Art. 31 No. 11 Pn., da un catálogo de delitos, en los cuales procede la Reparación Integral del Daño, y excluye otros en los que no se puede dar dicha salida alterna, y menciona el robo, robo agravado, secuestro, etc.,... ahora bien, si menciona el robo agravado se debe interpretar que abarca la tentativa, porque la suerte de lo principal que en este caso es el robo agravado, también abarca lo accesorio, que sería la tentativa, pues en, nada viene a modificar la calificación jurídica del tipo penal, pues el grado de consumación sirve únicamente para la adecuación de la pena a imponer, por lo que no debe de confundirse esa situación; por lo tanto no estamos en presencia de infracciones delictivas diferentes, dado que la tentativa es de aplicación general para los delitos configurados en la parte especial de nuestro ordenamiento jurídico, y su presencia en la construcción del tipo penal no supone un hecho punible distinto como lo interpreta el Tribunal Sentenciador.--Ahora bien, en cuanto a que la víctima es la única en dar el consentimiento para la reparación del daño, es cierto, pero ella no está obligada a conocer si el hecho punible lo admite o no, y es aquí donde la representación fiscal manifestaba en la Audiencia respectiva, su oposición a que se autorizara la reparación integral del daño, de lo cual consta en el acta de la Audiencia, no como se dice en el Auto que fundamenta el Sobreseimiento Definitivo, emitido a las ocho horas con diez minutos del día cuatro de abril del presente año, que la representación fiscal manifestó estar de acuerdo y que la misma consistió en entregarle la cantidad de cuarenta dólares..., situación que es totalmente falsa, pues de lo contrario no estaría interponiendo el presente recurso, por lo que considera la representación fiscal que también existe incongruencia en lo que se habló en la Audiencia Especial con lo que se ha plasmado en el Acta de la Audiencia, en la que si se hace constar la oposición de la Fiscalía en la Autorización de la reparación Integral del daño, y el por qué de la misma, con el auto del Sobreseimiento Definitivo, pero en vista que dicha audiencia fue gravada en cassettes, considera la Representante del Fiscal General, que se deben escuchar dichos cassetes, a fin de verificar lo que se planteó al momento de la Audiencia con lo que se dice en el auto, ya que son argumentos totalmente diferentes e incongruentes.---Por lo tanto y considerando la Representación Fiscal que la ley es clara en el Art. 31 No. 11 Pr.Pn., este se ha aplicado erróneamente, en relación con el 17 C.Pr.Pn., incumpliéndose al mismo tiempo, el Art. 212 y 213 Nos. 2 y 3 Pn.--- SOLUCION QUE SE PRETENDE:--- En el presente caso el Tribunal Primero de Sentencia, no debió autorizar la salida alterna de la reparación integral del daño y someter el

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caso a Vista Pública, de conformidad al Art. 338 y siguientes Pr.Pn., y no autorizar la reparación integral del daño, como erróneamente se hizo, por lo que en esto consiste el derecho aplicable al caso y por consiguiente la solución pretendida por la representación fiscal y lo que se PRETENDE, con el presente Recurso es que la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia case el auto del Sobreseimiento Definitivo emitido a las ocho horas con diez minutos del día cuatro de Abril del presente año, a favor de los imputados, por haberse aplicado erróneamente los articulas antes mencionados.---b) MOTIVO II: ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ART.308 No. 4 PR. PN. ERROR IMPROCEDENDO: El Tribunal Primero de Sentencia, en acta resolutiva de la Audiencia Especial señalada para el día tres de marzo del corriente año, y en el auto del Sobreseimiento Definitivo de fecha cuatro de abril del corriente año, resuelve: Que en Vista de que el Art. 31 No. 11 Pr.Pn., no dice nada en cuanto a la tentativa en el delito de ROBO AGRAVADO y por ser la interpretación extensiva favorable a los imputados, Art. 17 Pr.Pn., y la víctima admite o da el consentimiento para que se de la reparación integral del daño en el presente hecho, SOBRESEE definitivamente a favor de los imputados, por ser una lógica consecuencia de la autorización de dicha salida alterna, la cual según el Art. 31 No. 11 Pr.Pn., extingue la acción penal. --Argumentando además "que era la misma víctima, la que se daba por resarcida del daño y que no interesaba al proceso la oposición de la Fiscalía General de la República, pues en este tipo de delitos es la víctima la que autoriza"; situación que es bastante preocupante para la representación fiscal, pues también fue la misma víctima quien en dicha audiencia, manifestó.. "que en algún momento le presentaron ese escrito (acta notarial suscrita por la víctima) para que ya no se presentara como ofendido, dado que él no es Salvadoreño, desconoce las leyes y tenía temor porque él visitaba los familiares de los imputados… como puede observarse ese consentimiento para aceptar por parte de la Víctima la reparación integral del daño, fue de alguna manera viciado, obligado o presionado, pues fue por temor que él aceptó dicha reparación o salida alterna y es por eso que aún más teniendo conocimiento el Tribunal A quo sobre esa situación, no debió autorizar la reparación del daño, pues no basta tener el consentimiento de la víctima para poder autorizarla, sino más bien que proceda dicha salida alterna.--SOLUCICN QUE SE PRETENDE:---En el presente proceso, el Tribunal debió instalar la Audiencia de Vista Pública, de conformidad al Art. 338 y siguientes Pr.Pn., y valorar la prueba, luego de escuchar los alegatos de las partes absolver o condenar a los imputados, después de valorado el elenco probatorio, todo en base a los Arts. 360 y 361 Pr.Pn., siendo esa la solución que plantea la Representación Fiscal a través del presente Recurso de casación, puesto que ello consiste el derecho aplicable al caso concreto, pretendiéndose por consiguiente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia case el auto impugnado que le pone fin al proceso o no permite que se continúe con la acción penal, declarándolo NULO…".--- "…En el escrito de interposición, se plantean o se alegan dos motivos de casación, que al final vienen a fundamentar tal como lo

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advierte esta Honorable Sala en un solo motivo, así mismo se plantea la solución que se pretende, citando para el caso el Art. 338 y siguientes Pr.Pn., el cual denomina "Apertura" y marca el inicio de las sesiones del juicio oral. Comienza cuando, una vez constituido el Tribunal en la sala en que ha de celebrarse la vista, el Presidente comprueba la presencia de las partes, así como que han acudido a la citación los testigos, peritos e interpretes, en su caso, y declara abierta la vista pública..., situación que en el presente caso se incumplió cuando convoca a las partes para una audiencia especial, misma que no tiene fundamento legal, antes de la Vista Pública, no obstante haber fecha señalada para la audiencia de Vista Pública, y es en esa audiencia en la que se generó la salida alterna al proceso en forma errónea, tal como se ha argumentado el recurso presentado, por lo que la solución que se pretende con el recurso interpuesto, es que se case el auto, del Sobreseimiento Definitivo, anulándolo, a efecto de que el Tribunal A-quo aplique las disposiciones pertinentes en su sentido y alcance, es decir que el Tribunal que conozca no debe convocar a Audiencia Especial antes de la celebración de la Audiencia de Vista Pública, por no tener asidero legal, siendo que la salida alterna invocada u objeto de la presente, debe en todo caso someterse a consideración en la Vista Pública, en su momento oportuno, siendo éste el regulado en el Art. 339 Pr.Pn., y es en ese tiempo donde debe discutirse la procedencia o no de dicha salida alterna, y no en una audiencia especial, pues la finalidad del legislador con esta figura es que, una vez iniciado el juicio, lo esencial del mismo sea la práctica de la prueba y que la misma se lleve a cabo sin dilaciones, evitando por ello incidentes procesales que pueden no solo alargar indebidamente la duración de la vista pública, sino también distraer la atención del Tribunal y de las partes sobre el objeto esencial del juicio, que no es otro que determinar la condena o absolución del imputado. Por ello, dispone el Art. 339 Pr.Pn., que las cuestiones incidentales que puedan suscitarse, sean tratadas en un solo acto, una tras otras, o bien dejando para un momento posterior la resolución de alguna, según convenga a la buena marcha del juicio. La decisión de hacerlo así será, obviamente, del tribunal, que incluso puede decidir resolver en la sentencia, no antes, una cuestión incidental planteada durante el juicio, en cuyo caso la deliberación deberá ocuparse en primer lugar de dicha cuestión (Art. 356 N.1 Pr.Pn.), por lo tanto la solución planteada es:---Se anule totalmente el auto impugnado, se le dé cumplimiento al Art. 338 y siguientes Pr.Pn…". III.- La parte defensora no contestó el recurso, no obstante su oportuno emplazamiento. IV.- El reclamo en esta sede se finca en la nulidad del auto de sobreseimiento definitivo, originada en la improcedencia de conciliar en el delito de robo imperfecto, pues aunque el legislador no se refirió expresamente a la tentativa como grado de ejecución en los Arts. 31 No. 11 y 32 Inc. 2 Pr.Pn., ello no significa la autorización de esa salida alterna. En la resolución de mérito, se reconoce la

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literalidad de los preceptos que establecen la prohibición de conciliar en el delito de robo, no obstante se estima procedente hacer una interpretación analógica y extensiva de los preceptos aplicables a la luz de lo establecido en el Art. 17 Pr.Pn., al considerar que el sentido y alcance derivados de esta norma permiten rebasar los límites de otras disposiciones legales, siempre y cuando se potencie la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades. Haciendo una síntesis analítica del recurso, los defectos denunciados consisten en la no realización de la vista pública tal como se había convocado, pues en su lugar se llevó a cabo una audiencia especial donde se resolvió aprobar una salida alterna, en la cual se declaró extinguida la acción penal en virtud de la reparación integral del perjuicio ocasionado, desatendiendo la prohibición contemplada en los Arts. 31 No. 11 y 32 Inc. 2 Pr. Pn., basándose en la aplicación extensiva del Art. 17 Pr.Pn., bajo el argumento de favorecer al imputado. Por otra parte, la propuesta para una salida alterna, debió haberse promovido como incidente a titulo de excepción para resolverse durante el desarrollo de la vista pública Art. 339 Pr.Pn., de cuyo resultado habría dependido la decisión final que se adoptase, donde teóricamente podría haber operado un sobreseimiento definitivo sobre la base de considerar extinguida la acción penal Arts. 282 y 308 No. 4 Pr.Pn.; todo lo dicho ha de entenderse si en el procedimiento se hubiesen conjugado los presupuestos necesarios, en razón de la naturaleza del delito, su penalidad y la no existencia de una prohibición normativa, condiciones diferentes a las del sub júdice. El respeto a las formas esenciales inherentes al proceso, no es un mero aspecto ritualista a disposición de los Jueces, sino todo lo contrario, el quebranto de las formas propias del procedimiento penal involucra un atentado a la garantía de juicio previo y al principio de legalidad, afectándose en definitiva las garantías que rodean el debido proceso. Lo anterior, en razón de que en el caso de mérito, el tribunal de sentencia realizó una audiencia especial, sustituyó en esa forma la vista pública que previamente se había señalado, y creó con ello, un procedimiento que no está previsto en la ley.

Por otra parte, no le es dable al juzgador hacer distinciones con respecto a la regulación de la tentativa para fijar sobre esa base su propia competencia, pues, en todo caso, la finalidad del Derecho Penal es la prevención y represión del delito en su forma consumada, supuesto donde la tentativa es una norma incompleta cuyo fundamento de sanción obedece al riesgo de lesión al bien jurídico, de ahí que se le califique como un dispositivo amplificador del tipo; razón

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por la cual, no existe un criterio acertado para sostener que el robo imperfecto no se halla incluido en los casos de excepción comprendidos en los Arts. 31 No. 11 y 32 Inc. 2 Pr.Pn.. Atinente a los alcances del Art. 17 Pr.Pn., de su propio tenor literal se desprende que la protección derivada de dicha norma y la potestad de realizar una interpretación analógica y extensiva, se refieren únicamente al ámbito de libertad del imputado y al ejercicio, de sus propias facultades procesales; ninguno de esos supuestos resulta aplicable al presente caso, donde se alteró discrecionalmente la estructura del proceso y se autorizó una salida alterna legalmente prohibida, sin considerar que la reparación integral, del perjuicio ocasionado, como categoría procesal causante de extinción de la acción penal, no conlleva el ejercicio de una facultad exclusiva o derecho procesal del imputado, por ser una especie de mediación entre el delincuente y la víctima, que para surtir efectos precisa de convalidación jurisdiccional, pero solo en los casos autorizados por la ley; de ahí que no resulta acertado el criterio de asimilar esta modalidad de extinción de la acción penal con una particular facultad del imputado. En consecuencia, es procedente casar la resolución impugnada, declarar las nulidades conexas con ella y ordenar la reposición de tales actos por un tribunal diferente. POR TANTO: De conformidad con las razones apuntadas, disposiciones legales citadas y Arts. l, 2, 50 Inc. 2. y No. l, 56, 224 No. 1, 225, 325, 356, 357, 421, 422 y 427 Pr.Pn., en nombre de la República de El Salvador, esta Sala FALLA: 1) DECLÁRASE NULO el sobreseimiento definitivo pronunciado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del cuatro de abril de dos mil tres; asimismo, declárase NULA la audiencia extraordinaria que le dio origen, celebrada a las nueve horas y diecinueve minutos del tres de abril del mismo año; 2) REPÓNGANSE los actos cuya invalidez se declara y los que son su necesaria consecuencia, con observancia de todas las garantías procesales y formalidades legales, a partir de la audiencia extraordinaria precitada; 3) Designase al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, para que en el momento oportuno conozca de la vista pública respectiva; y, 4) Remítase el proceso al tribunal de origen, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. ---F. LOPEZ ARGUETA---E. CIERRA---J. N. CASTANEDA S.---

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PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES SUSCRIBEN.---ILEGIBLE---RUBRICADAS.

MAGISTRADOS

QUE

LO

381-CAS-2005 SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas y dieciocho minutos del día veintisiete de febrero de dos mil seis. El anterior recurso de casación ha sido interpuesto por el Licenciado Mario Antonio Huezo Cortez, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, contra el Sobreseimiento Definitivo pronunciado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, a las nueve horas cinco minutos del día diez de agosto de dos mil cinco, en el proceso instruido contra JORGE ALBERTO SIBRIÁN HERNÁNDEZ y JOSUÉ RIGOBERTO GÓMEZ MARTINEZ, por el delito de ROBO AGRAVADO, Arts. 212 y 213 No. 2 Pn., en perjuicio de Susana Yanira Tobar Aguilar. Examinado el recurso y habiéndose cumplido con los requisitos que establece el Art. 423 Pr. Pn., ADMITASE éste por el único motivo alegado. RESULTANDO: I) Que mediante la resolución dictada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se resolvió: "...A) Dejar sin efecto la celebración de la Audiencia de Juicio;

B) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JORGE ALBERTO SIBRIAN HERNÁNDEZ y JOSUÉ RIGOBERTO GÓMEZ MARTINEZ; de las generales ya consignadas en autos, a quienes se les atribuye el delito provisionalmente calificado como ROBO AGRAVADO, tipo penal previsto y sancionado en los Arts. 212 y 213 No. 2 Pn,. en perjuicio de SUSANA YANIRA TOBAR AGUILAR... " II) El impetrante alega la errónea aplicación del Art. 308 No. 2 Pr. Pn.,

por considerar que el Tribunal Cuarto de Sentencia cometió el error de procedimiento al haber dictado sobreseimiento definitivo, cuando en ese estadio del proceso correspondía celebrar audiencia de juicio. El juzgador estimó que por la incomparecencia de la testigo y víctima Susana Yanira Tobar Aguilar la representación fiscal no podría sostener su acusación en la audiencia de la Vista Pública, es decir, que se

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estaba anticipando a la incorporación de la prueba en el juicio, sin dar la oportunidad al Ministerio Público Fiscal de acreditar los hechos acusados bajo el principio de Libertad Probatoria, regulado en el Art. 162 Pr Pn., en el cual las partes pueden probar los hechos y circunstancias relacionadas con el delito por cualquier medio legal de prueba; en el presente caso, se contaba con la presencia del testigo captor, quien a la vez es un testigo e referencia primario, que conoce los hechos por medio I de la versión ofrecida por la misma víctima, y se ve robustecida dicha afirmación por el hallazgo hecho a los imputados de los objetos propiedad de la ofendida; por lo que considera que no era procedente o adecuado jurídicamente resolver extinguir la acción penal en la audiencia previa sin haber dado oportunidad a discutir el caso en juicio. III) El Lic. Joaquín René Martínez, Defensor Público, contestó oportunamente el emplazamiento formulado por el tribunal de sentencia. IV) El impetrante hace residir el fundamento de su inconformidad en que el auto de sobreseimiento definitivo pronunciado por el A quo, desnaturalizando la estructura del proceso, ya que se debió continuar con el desarrollo de la Vista Pública y concluir con una sentencia. El sobreseimiento definitivo es aquella resolución jurisdiccional por la que se pone término al proceso penal, cuyo pronunciamiento exige la práctica previa de diligencias instructoras y tiene lugar, generalmente en la llamada fase intermedia, una vez concluida la instrucción, aunque hay supuestos en los que se contempla que el sobreseimiento se solicite y se acuerde en la audiencia inicial o a lo largo de la instrucción. Asimismo, procederá en forma excepcional en la etapa del juicio, pues una vez abierto el plenario no podrá terminar más que por medio de sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria. Respecto a la oportunidad procesal del pronunciamiento del sobreseimiento, cabe señalar que esta Sala en reiteradas ocasiones ha sostenido que los Jueces de Sentencia, únicamente están facultados para pronunciar un auto de sobreseimiento, cuando se presenta una causal de extinción de responsabilidad penal, como por ejemplo la muerte del imputado, de lo contrario están en la obligación de desarrollar la Vista Pública y pronunciar la sentencia definitiva que corresponda. Consta en autos que la representación fiscal ofreció como prueba testimonial las declaraciones de los testigos Susana Yanira Tobar Aguilar y Santiago Alvarez García, con lo que se probaría "...la participación delincuencial del imputado,

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ubicando hora, día y lugar de comisión del ilícito penal, y en virtud del principio de libertad probatoria, son testigos idóneos, ya que conocen como ocurrieron los hechos…". Dicha prueba testimonial fue admitida mediante auto de apertura a juicio pronunciado a las quince horas cincuenta minutos del día diecinueve de julio de dos mil cinco, en el cual el Juez Séptimo de Instrucción consideró: "..De igual

manera, con la anterior prueba testimonial se pretende probar la participación delincuencial de los imputados, ubicando hora, día y lugar de la comisión del ilícito penal; así también, como sucedieron los hechos..." En acta de las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día nueve de agosto de dos mil cinco, consta que el A quo resolvió: "...Este tribunal una vez escuchadas

las partes y los argumentos vertidos consideró viable la petición fiscal y se ordenó girara las respectivas órdenes de apremio para los testigos SUSANA YANIRA TOBAR AGUILAR Y SANTIAGO ALVAREZ GARCIA, cuyas órdenes serán entregadas al fiscal de la causa para su respectiva gestión. Por lo anterior este Tribunal ordenó previo a juicio suspender la audiencia y ordenar su instalación para las OCHO HORAS DEL DÍA DIEZ DE LOS CORRIENTES…". Finalmente, llegada la fecha del segundo señalamiento de la vista pública, el A quo constata la incomparecencia de la testigo Tobar Aguilar, y al respecto expresó: "...2) Se informó a la representación fiscal por medio del señor Juez, de la

imposibilidad de sostener la acusación en juicio, dada la incomparecencia de la víctima y testigo ya indicada, quien no ha comparecido a juicio y ha mostrado una actitud renuente para comparecer a la audiencia de juicio, lo cual pone en dificultad al ente acusador para sostener su acusación en juicio, dada que no cuenta con los elementos directos probatorios para incriminar a los acusados en juicio, por lo que este proceso deberá de finalizar previo ajuicio con un sobreseimiento definitivo…". El Tribunal de sentencia fundamentó la resolución impugnada en los siguientes términos: "...Primero, Como reflejo de los derechos de la víctima, está el que no

cabría mejor prueba para deducir la culpabilidad de los imputados que la declaración de la misma, por lo tanto, si la víctima no comparece a vista pública, no obstante legal citación y agotados los recursos tanto fiscales como judiciales significa entonces que no le interesa las repercusiones procésales. Segundo, no obstante que el sobreseimiento definitivo se ha establecido para la fase instructoria, sin embargo excepcionalmente habría que remitirse al mismo en aras de una pronta y cumplida justicia, para no vulnerar los principios de celeridad y de seguridad jurídica, de acuerdo a lo regulado en los Arts. 130, 252, 308 No. 2, 325 y 329 CPP.-RESOLVIO: A) Dejar sin efecto la celebración de la Audiencia de Juicio; B) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JORGE ALBERTO SIBRIAN HERNANDEZ y JOSUÉ RIGOBERTO GÓMEZ MARTINEZ….".

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Sin embargo, esta Sala estima que el juzgador no debió dictar auto de sobreseimiento, sino desarrollar la vista pública inmediando la prueba, pues consta que la declaración de la testigo no era la única prueba admitida; por lo que no debió negar la oportunidad de que se controvirtiera la misma, y si era imposible localizar o hacer comparecer al testigo del juicio, debió prescindir de su testimonio, tal como lo prevé el Art. 350 inc. 2° Pr. Pn., y continuar con la recepción de los demás elementos probatorios, a efecto de discutidos en el juicio, fundamentando su decisión en sentencia definitiva y no como lo hizo al pronunciar en esa etapa procesal auto de sobreseimiento. Como se ha podido constatar el Tribunal Cuarto de Sentencia, interpretó erróneamente lo regulado en el Art. 308 No. 2 Pr. Pn., disposición que establece, que el juez podrá dictar el sobreseimiento definitivo cuando no sea posible fundamentar la acusación y no exista, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, circunstancias que no se dieron en el caso de autos, pues existían fundamentos para sostener la acusación, debiendo resolver en juicio sobre la demás prueba aportada al proceso, haciendo un análisis de la misma, evitando, con resoluciones que no son las propias de esa etapa, dilatar el proceso, ya que para cumplir debidamente con los principios de celeridad y seguridad jurídica, el mismo debió desarrollarse respetando los procedimientos establecidos en la ley, resolviendo los conflictos en las etapas fijadas para ello; por lo que, el tribunal estaba en la obligación de instalar la vista pública y resolver lo pertinente, dictando una sentencia absolutoria o condenatoria. Por otra parte, cabe recordar que de conformidad a lo regulado en los Arts. 313 No. 2, 316 No. 4 y 320 No. 2 Pr. Pn., el momento procesal oportuno para dictar el auto de sobreseimiento es en la fase de instrucción, la cual es controlada en la audiencia preliminar por el Juez de Instrucción. En consecuencia, una vez iniciada la Vista Pública y cumplidos todos los actos procesales que la integran, lo pertinente es delimitar el conflicto sometido al conocimiento del Tribunal de Sentencia, condenando o absolviendo, según corresponda, pero no en la etapa plenaria salvo supuestos muy excepcionales. En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que el A quo se excedió en su competencia funcional dictando una resolución que no correspondía, ya que el sobreseimiento definitivo es un supuesto que procede solo de forma excepcional en la etapa del juicio y que la oportunidad procesal será en la audiencia inicial o como acto conclusivo de la instrucción, apartándose el tribunal de sentencia, al dictar la resolución de sobreseimiento definitivo, de las formas legales establecidas por el legislador, es decir que el tribunal debió desarrollar a plenitud la vista pública y dictar la sentencia respectiva, a fin de definir el conflicto jurídico objeto del proceso, condenando o absolviendo, según corresponda, pues de conformidad al Art. 53 Pr. Pn., tribunal, de sentencia tiene la facultad de conocer de la etapa

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plenaria del proceso y de la vista pública en la forma que determina dicha disposición, finalizando con el pronunciamiento de la sentencia. Con base en lo anteriormente expuesto, es procedente acceder a la pretensión del recurrente y en consecuencia casar la resolución vista en casación. POR TANTO: Conforme a lo expresado, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc. 2° y No. 1, 357, 421, 422 y 427, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala FALLA: CASASE el sobreseimiento definitivo pronunciado por el Tribunal Cuarto de Sentencia. Vuelva el proceso al Tribunal de origen, para que éste a su vez, lo remita al Tribunal de Sexto de Sentencia, a efecto de que se realice una nueva Vista Pública. J. N. CASTANEDA S----------------F. LOPEZ ARGUETA-------------GUSTAVO E. VEGA------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN-------RUBRICADAS-------ILEGIBLE.

314-CAS-2005

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis. El anterior recurso de casación ha sido interpuesto por el Licenciado Renato Alejandro López Castro, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, contra la resolución de sobreseimiento definitivo, dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, a las dieciséis horas con veinte minutos del día diecisiete de junio de dos mil cinco, en el proceso penal instruido en contra de la señora MARIA ESPERANZA REYES DE PORTILLO, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en el Art. 143 Pn., en perjuicio de la señora FELICITA GARCIA DE VELÁSQUEZ. Habiendo sido subsanada la prevención, se cumplen con las formalidades que

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establece el Art. 423 PP., para la legal interposición del recurso, por lo que se admite el mismo, en cuanto al ofrecimiento de prueba, declarase sin lugar, por encontrarse el expediente judicial en conocimiento de este Tribunal, y de conformidad al Art. 427 PP., se procede a dictar sentencia. I. RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA. "...En cuanto a lo manifestado por ambas partes es de señalar por parte de este Tribunal que efectivamente éste es un tercer señalamiento para la realización de la Vista Pública, siendo el primero el día doce de enero de dos mil cinco, y el segundo el día cuatro de marzo del mismo año, siendo ésta en esta oportunidad que la víctima quedó debidamente notificada del señalamiento para esta fecha de la Vista Pública la víctima, así como los testigos Laura Estela Orozco López y Alma de Jesús Rivas Santamaría, habiéndoseles encomendado a la parte fiscal hacerlos comparecer este día. Se hace constar además que la parte Querellante Licenciado José Ricardo Martínez, también quedó notificado para esta fecha según acta de folios doscientos tres del proceso, quien hasta este momento no se ha hecho presente ni ha justificado dicha inasistencia, por lo que el Tribunal considera de su parte abandonada la Querella, de conformidad al Art. 104 Pr. Pn., por todo lo anteriormente expuesto y al no tener la Representación Fiscal la prueba idónea para acusar a la imputada y no poder incorporar nuevos elementos de prueba para sustentar razonablemente su acusación, es que considera éste procedente acceder a lo solicitado por la parte defensora en cuanto a pronunciar un Sobreseimiento Definitivo a favor de la imputada y por lo tanto de conformidad a los Arts. 308 N° 2 y 45 N° 2 todos del C. Pr. Pn., la señora juez del Tribunal RESUELVE: a) FRUSTRASE LA AUDIENCIA DE SELECCIÓN DE JURADOS Y VISTA PUBLICA; b) SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a favor de la imputada MARIA ESPERANZA REYES DE PORTILLO, por el delito de LESIONES GRAVES, en perjuicio de FELICITA GARCIA DE VELÁSQUEZ; c) Declárase extinguida la Responsabilidad Civil iniciada en su contra, d) Continúe en libertad a la imputada por este hecho sin ninguna restricción ambulatoria y como hasta ahora se ha encontrado; y e) Si no se recurriere de esta resolución se considerará firme y oportunamente archívese el proceso penal., ...". II. MOTIVO DEL RECURSO. Se alega como único motivo de casación, la inobservancia del Art. 308 No. 2 en relación al 333 No. 3 ambos PP., en virtud de que la salida alterna del sobreseimiento definitivo, corresponde su aplicación a los Jueces de Paz e Instrucción, pero no a los de Sentencia, ya que el Código Procesal Penal es integracionista y ha determinado claramente las etapas procesales, y aún cuando haya resuelto haciendo uso de la salida alterna en comento, la misma requiere una serie de formalidades, establecidas en el Art. 311 PP., y las cuales no se han

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cumplido, por lo que además adolece de nulidad la decisión adoptada. El Licenciado José Guillermo Fiallos Valdes, actuando en su calidad de Defensor Particular, hizo uso de su derecho de contestar el recurso, exponiendo su desacuerdo con el mismo, por considerar que no se cumplen con los requisitos para su legal interposición, pues no se solicitó la revocatoria de la resolución del sobreseimiento definitivo y no se reclamó la subsanación del vicio bajo protesta de recurrir en casación, por lo que solicita se decrete la inadmisibilidad. III. CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL.

El sobreseimiento definitivo es entendido como un acto procesal, emanado del juez por el cual se pone fin al procedimiento penal, equiparable en cuanto a sus consecuencias con la sentencia absolutoria, siendo propio de la etapa instructora, salvo cuando radique en la extinción penal, cuyo supuesto habilita para que se dicte durante el juicio. Respecto a la oportunidad procesal en que el sobreseimiento es procedente, para este Tribunal," está claro que será en audiencia inicial o como acto conclusivo de la instrucción y solo de forma excepcional en la etapa del juicio. En el presente caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, dictó en audiencia de selección de jurados y vista pública, tal y como consta en el acta, sobreseimiento definitivo, bajo los argumentos de no tener la representación fiscal la prueba idónea para acusar a la imputada y no poder incorporar nuevos elementos para sustentar razonablemente la acusación, con base a los Arts. 308 No. 2 y 45 No. 2 PP., apartándose de las formas previstas por el legislador, en razón que la ley en su Art. 53 en relación al 372 PP., ha facultado a los jueces de sentencia para conocer de la etapa plenaria de todos los delitos y aplicar en la vista pública por jurados, todas las normas que rigen el juicio común. Por tanto, el sobreseimiento decretado no esta justificado en alguno de lo motivos de extinción penal, regulados en el Art. 31 PP., el cual sería como antes se dijo la excepción que habilitaría pronunciarlo en la fase de juicio oral, pues al quebrantarse dicha excepción, se está vulnerando la garantía del juicio previo en su verdadera y completa expresión, ya que los sentenciadores ante las normas de derecho procesal se encuentran en posición de destinatarios, imponiéndoles así el modo de actuar, el cual están sometidos a cumplido. Se consigna literalmente en la resolución: "...este es un tercer señalamiento para la realización de la vista pública, siendo el primero el día doce de enero de dos mil cinco y el segundo el día cuatro de marzo del mismo año, siendo en esta oportunidad que la víctima quedó debidamente notificada del señalamiento para esta fecha de la vista pública la víctima, así como los testigos Laura Estela Orozco

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López y Alma de Jesús Rivas Santamaría, habiéndosele encomendado a la parte fiscal hacerlos comparecer este día...", razones que también formaron parte de la decisión de dictar el sobreseimiento en comento; las fechas de los señalamientos aludidos por la juez, al ser analizados por esta Sala, se determina, que las reprogramaciones fueron debidas, la primera, por no haber proporcionado la Pagaduría Auxiliar del Centro Judicial, el dinero que serviría para el pago de las personas que integrarían el jurado y la segunda por encontrarse el tribunal colegiado en la fase de deliberación de otro proceso penal, es decir que el tercer señalamiento al que hace alusión la juez no es responsabilidad de las partes procesales ni ha sido originado por la incomparecencia de los testigos, y aunado a esto no aparece en el acta de fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, el compromiso adquirido por el representante fiscal de hacer comparecer a las testigos, ni que dicha obligación fuese encomendada por la juzgadora al fiscal. En consecuencia a lo antes expuesto, la resolución mediante la cual se decreta el sobreseimiento definitivo y la extinción de la responsabilidad civil, adolece de nulidad por no revestirse de las formas procesales exigidas para su declaratoria. POR TANTO y con base en las razones arriba enunciadas, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc. 2° No. 1, 57, 421, 422 y 427 todos del Código Procesal Penal, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala, FALLA: 1. CASASE la resolución de sobreseimiento definitivo por el motivo denunciado. 2. ANULASE la misma y ordénase el reenvío de las actuaciones al Tribunal remitente, para que éste a su vez, las traslade al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador a efecto de realizar la vista pública. J. N. CASTANEDA S.----------------------F. LOPEZ ARGUETA----------------GUSTAVO E. VEGA------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN-------------RUBRICADAS------------ILEGIBLE.

Causa N° 249-Cas-2006 SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas del día cuatro de febrero de dos mil nueve. El anterior recurso de Casación ha sido interpuesto por el Licenciado Mario Eduardo Marroquín Arias, en calidad de Agente Auxiliar del señor Fiscal General de la República, contra el Sobreseimiento Definitivo, pronunciado por el Tribunal Tercero de Sentencia de esta ciudad, a las diez horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil seis, en el proceso penal instruido contra los imputados

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JEREMÍAS ALEXANDER RODRÍGUEZ MARROQUÍN Y CRISTIAN OSWALDO RAMÍREZ CARRANZA, por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, Art. 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. Habiéndose cumplido con todas las formalidades exigidas para la interposición del recurso, previstas en los Arts. 406, 407, 422 y 423 Pr. Pn. ADMÍTESE. LEÍDO EL PROCESO; Y, CONSIDERANDO: I) Que mediante la resolución dictada a las diez horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil seis, se resolvió:"... Se procede a verificar la presencia

de las partes y se encuentran presentes de la Defensa Técnica y en su carácter Particular, los Licenciados MARCOS AUSBERTO CRUZ MIRANDA Y ROSA CÁNDIDA CORNEJO CERÓN, ellos a favor del imputado JEREMÍAS ALEXANDER RODRÍGUEZ MARROQUIN, quien también se encuentra presente, y de la Defensa Técnica en su carácter público la Licenciada ANA CECILIA PÉREZ ROSALES, a favor del imputado CRISTIAN OSWALDO RAMÍREZ, quien también se encuentra presente, no así el Fiscal del Caso Licenciado MARIO EDUARDO MARROQU1N ARIAS. Pide el Juez Presidente Licenciado MARTÍN ROGEL ZEPEDA, se informe sobre la inasistencia del representante Fiscal, y al efecto se hace del conocimiento de los presentes lo siguiente: Que originalmente para el día siete de marzo del presente año se señaló AUDIENCIA DE VISTA PÚBLICA, en el presente caso, APLAZADA Y REPROGRAMADA para esta fecha; de lo que quedó debidamente NOTIFICADO el fiscal del caso, Licenciado MARROQUÍN ARIAS, desconociéndose los motivos de su inasistencia, pues no se ha comunicado al Tribunal, no obstante ello, por parte de este tribunal se ha entablado comunicación vía telefónica por medio de los números 2249-8771 y 22498765, siendo atendidos por una persona del sexo femenino, a eso de las ocho horas y cinco minutos, informándosenos que el referido profesional había salido para audiencia a este Tribunal, por lo que se hizo un nuevo compás de espera, por lo que a partir de las nueve horas veinte minutos se procedió nuevamente a marcar los números telefónicos antes relacionados y ya no fuimos atendidos por nadie, no obstante ser marcados en múltiples ocasiones y sonar constantemente, hasta eso de las nueve horas cincuenta minutos, no haciéndose presente el referido profesional de la Fiscalía. Se le da la palabra la parte Defensora Particular para que se pronuncie y dicen: Que creen que es una falta de respeto de la parte Fiscal su inasistencia sin justificación alguna, es una burla para todos; que no asistan a esta

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audiencia, no obstante ello debe dejar en claro que hay una deficiencia institucional, pues se escudan en la ausencia del Fiscal General de la República, por lo que debe quedar establecida la irresponsabilidad del Fiscal del caso, por lo que solicita se de un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de su defendido JEREMÍAS ALEXANDER RODRÍGUEZ MARROQUÍN, por falta de acusación Se le da la palabra a la Defensa Pública y dice: Que está de acuerdo con lo manifestado por su colega de la Defensa Particular, por lo que conforme al Art. 308 N° 2 Pr. Pn., pide un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CRISTIAN OSWALDO RAMÍREZ, puesto que se ha dado un tiempo más que suficiente de espera y no se tiene justificación alguna del ente Fiscal en cuanto a su inasistencia. Los Jueces DELIBERARON y RESOLVIERON: Que esta VISTA PÚBLICA ya había sido APLAZADA y las partes habían quedado debidamente NOTIFICADAS, de entre ellas el Fiscal del caso Licenciado MARROQUÍN ARIAS. Que se ha solicitado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO sobre la base del Art. 308 N° 2 Pr. Pn. Al efecto debe decirse que estamos ante un proceso oral, y para ello se requiere la presencia de la Defensa y de la parte Fiscal. Se ha planteado que hay una irresponsabilidad de la parte Fiscal por la falta de nombramiento del Fiscal General de la República, sin embargo no se hacen mayores consideraciones doctrinarias y Constitucionales sobre la legalidad que desarrollan los auxiliares del Fiscal General, por lo que no se considerará tal situación en este momento, no siendo necesario abordar ese punto, pues no está ni ese Fiscal Auxiliar que representa al Fiscal General de la República, por lo que se tocará únicamente el aspecto puntual que es la AUSENCIA del fiscal del caso. Que por la información que se ha dado y lo que consta en el proceso, se tiene que el Licenciado MARROQÚN ARIAS, está debidamente NOTIFICADO de la presente audiencia, abonado a ello que para este día se había señalado resolver la situación jurídica de los acusados, debiéndose tomar en cuenta los principios del proceso, debiendo también dejarse en claro que no se puede analizar el juicio en ausencia de las partes, por lo que ante la imposibilidad de sostener la acusación por la ausencia del Fiscal, ante la imposibilidad de hacer un planteamiento que pueda quebrantar la presunción de inocencia de los acusados, el Tribunal considera que efectivamente estamos en el supuesto del Art. 308 Pr. Pn., en cuanto a que se Sobreseerá Definitivamente cuando no se pueda sustentar la acusación, lo cual no significa la mera presentación material de la acusación, sino el sostenimiento de la misma al momento del juicio, por lo que para garantizar el debido proceso y potenciar la presunción de inocencia y la pronta y cumplida justicia que demanda la Constitución, se accede a lo pedido en el sentido de SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a los acusados por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA de DROGAS, regulado en el Art. 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en

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perjuicio de la PAZ PÚBLICA, por lo que por ello varían los supuestos que justificaban la medida privativa de libertad, por lo que si ellos no se encuentran a la orden de otra autoridad deberían ser puestos inmediatamente en LIBERTAD...". II) Contra el anterior pronunciamiento el recurrente interpuso recurso de casación, alegando como único motivo lo siguiente: "...Que en la vista pública instalada el día treinta y uno de marzo de 2006, el honorable tribunal tuvo a bien

SOBRESEER DE FORMA DEFINITIVA a los procesados por la infracción penal que se les atribuye. Que a la convocatoria no asistió la representación fiscal y no obstante ello la audiencia se instaló y se proveyó -el sobreseimiento definitvo en cuestión; y por no estar de acuerdo con el mismo, por este medio interpongo RECURSO DE CASACIÓN contra la referida resolución, en virtud de considerar que el honorable tribunal inobservó las reglas básicas mínimas en cuanto a la forma que las resoluciones deben tener para ser consideradas legalmente válidas. La representación fiscal está en total desacuerdo con ese proveído, pues además de haberse instalado la vista pública sin la presencia fiscal y no haberle dado aplicación a lo previsto en el N° 3 del Art. 333 Pr. Pn., sobreseyó definitivamente, a los indiciados, sin que se haya inmediado elemento probatorio alguno y por ende se dejó sin oportunidad a la representación fiscal de robustecer su pretensión, además de haberse efectuado por medio de acta la que está reservada exclusivamente en el acto de la vista pública para el secretario del tribunal, y no por auto, como la ley lo exige, sin que sea competencia funcional del tribunal sentenciador sobreseer, sino que SENTENCIAR, absolviendo o condenando. El Código Procesal Penal es claro al expresar la forma en que se documentarán los pormenores de la vista pública y que el ACTA de la misma la elaborará el secretario del tribunal (Art. 363 Pr. Pn), y que luego de los debates, el tribunal sentenciador deliberará a fin de tomar la decisión final: absolver o condenar al procesado, lo cual puede efectuarse dando a conocer el fallo y dejar para una próxima sesión la lectura integral de la SENTENCIA, en la cual, se dará lectura integral ante quienes hayan comparecido. Todo lo anterior lo ignoró el honorable tribunal, pues sin haber inmediado la prueba ofertada y admitida, el tribunal, tomó la decisión de sobreseer definitivamente, por medio de ACTA, a los encausados...". III) Al contestar el emplazamiento, los Licenciados Marcos Ausberto Cruz Miranda y Rosa Cándida Cornejo Cerón, en su calidad de defensores particulares, expresaron lo siguiente: "... Es el caso su señoría que dentro de los

parámetros de la pronta y cumplida justicia esta íntimamente relacionada la responsabilidad de las partes de estar presentes en todas aquellas diligencias así como también en las audiencias en la que se va a

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decidir el destino que tendrá determinada persona que está siendo procesada, por ende el acto requiere de toda seriedad, lo anterior lo traigo (Sic) a memoria porque dentro del proceso consta que el fiscal Licenciado MARROQUÍN ARIAS, estaba debidamente informado de la Audiencia de la Vista Pública en la que nuestro patrocinado fue sobreseído definitivamente, y es que días anteriores dicha vista pública había sido preprogramada por suspensión y es ahí donde se nos notifica la fecha posterior en que se debía instalar la vista pública en mención de lo contrario no se hubieran hecho presentes todos los notificados, es decir, las demás partes. El artículo 308 numeral 2 de nuestro ordenamiento procesal es claro al manifestar que, cuando no hay fundamento en la acusación debe sobreseerse definitivamente lo que ocurrió en la vista pública aludida, por lo tanto el tribunal que ustedes dirigen no está fuera del debido proceso ya que el ministerio público tiene los medios modernos para trasladarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional, a un acto que persigue sobre todo cumplir con la imposición o no de una condena a una persona que ha sido señalada como posible autor de un hecho fuera del marco jurídico. Ya que los tratados internacionales hablan de llevar sin, demora a la persona detenida ante el juez, razonablemente también lo señala, la ley primaria también...". IV) CONSIDERACIONES DE ESTE TRIBUNAL. Esta Sala, luego de estudiar el presente proceso y examinar los argumentos del impugnante, procederá a darle respuesta al motivo invocado de la forma siguiente: Consta en autos que, el Tribunal Tercero de Sentencia de está ciudad, el día treinta y uno de marzo del año dos mil seis, en el desarrollo de la respectiva Vista Pública dictó un sobreseimiento definitivo en favor de los mencionados imputados, debido a que sin justificación alguna el fiscal del caso no compareció a la misma. Además, el A-quo al momento de dictar el auto de Sobreseimiento Definitivo, lo hizo de conformidad con las formas legales establecidas por el legislador, ya que la causa que los llevó a dictar tal proveído, está contemplada dentro de los supuestos en los cuales procede sobreseer al imputado durante el plenario, tal como lo regula el Art. 308 N° 2, que en lo pertinente expresa: "Cuando no sea posible fundamentar la acusación...". En el caso subjúdice, cabe aclarar que

el A-quo fundamentó que con la ausencia del referido fiscal era imposible sustentar la acusación. En tal sentido, este Tribunal de Casación estima que el órgano acusador del agente auxiliar no reside en la persona del Fiscal General de la República sino, que en la Institución o Ente que por mandato Constitucional está obligado a, promover la acción penal en los delitos de acción pública, en consecuencia debió la representación fiscal presentarse a la referida vista pública, tal como lo hicieron constar los

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jueces de instancia en la respectiva acta de la misma, que se trató por todos los medios de contactar con el fiscal del caso, de lo cual obviamente tuvo conocimiento la Institución y aún así no se pudo sustituir a éste por otro agente fiscal, a fin de cumplir con su obligación constitucional, lo cual consta a folios 173 del proceso y al respecto expresaron: "... Pide el Juez Presidente Licenciado MARTIN ROGEL ZEPEDA, se

informe sobre la inasistencia del representante Fiscal, y al efecto se hace del conocimiento de los presentes lo siguiente: Que originalmente para el día siete de marzo del presente año, se señaló AUDIENCIA de VISTA PÚBLICA en el presente caso, siendo APLAZADA Y REPROGRAMADA para esta fecha; de lo que quedó debidamente NOTIFICADO el fiscal del caso, Licenciado MARROQUIN ARIAS, desconociéndose los motivos de su inasistencia, pues no se ha comunicado al tribunal; no obstante ello, por parte de este tribunal se ha entablado comunicación vía telefónica por medio de los números 2249-8771 y 2249- 8765, siendo atendidos por una persona del sexo femenino; a eso de las ocho horas cuarenta

y cinco minutos, informándosenos que el referido profesional había salido para audiencia a este tribunal, por lo que se hizo un nuevo compás de espera, por lo que a partir de las nueve horas veinte minutos se procedió nuevamente a marcar los números telefónicos antes relacionados y ya no fuimos atendidos por nadie, no obstante ser marcados en múltiples ocasiones y sonar constantemente, hasta eso de las nueve horas cincuenta minutos, no haciéndose presente el referido profesional de la Fiscalía...".

En conclusión, con base a lo anterior se advierte que, la representación fiscal en el presente caso no ejerció sus funciones constitucionales de ente acusador; pues como se dijo antes, al no presentarse, ni justificar su ausencia en la referida Vista Pública, el Tribunal A-quo consideró que la acusación no podía ser sustentada y en consecuencia dictó auto de Sobreseimiento Definitivo en favor de los imputados Jeremías Alexander Rodríguez Marroquín y Cristian Oswaldo Ramírez Carranza; resolución que esta Sala considera se encuentra apegada a Derecho en cumplimiento a los Principios de Celeridad del Proceso, de Oficialidad, de Oficiosidad, de Economía Procesal y sobre todo por el derecho que tienen los imputados de ser juzgados en el menor plazo posible. De conformidad con lo anteriormente expuesto este Tribunal considera que, el vicio alegado por el recurrente es inexistente, no siendo posible acceder a su pretensión impugnaticia. POR TANTO: Con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 407, 423 y 427 Pr. Pn., en nombre de la República de El Salvador, esta Sala RESUELVE: NO HA LUGAR A CASAR EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por el motivo alegado por el solicitante, Licenciado Mario Eduardo Marroquín Arias.

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Oportunamente, devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen. Notifíquese. M. TREJO.--------------------R. M. FORTIN H.------------------------GUZMAN U. D. C.-----------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRQADOS QUE LO SUSCRIBEN.-------------------RUBRICADAS.----------------ILEGIBLE.

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