CONGRESO NACIONAL CAMARA DE SENADORES SESIONES ORDINARIAS DE 2005 ORDEN DEL DIA N° 835 Impreso el día 12 de agosto de 2005 SUMARIO COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Dictamen en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti (I) y en el de declaración del señor senador Saadi (II) expresando preocupación ante la crisis institucional en la República de Bolivia. SE ACONSEJA APROBAR UN PROYECTO DE DECLARACION. (S-1565 y 1662/05) DICTAMEN DE COMISION Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,

ha considerado el proyecto de resolución (S 1565/05), del

señor senador Giusti,

EXPRESANDO PREOCUPACION ANTE LA

CRISIS INSTITUCIONAL EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS; y, el proyecto de declaración (S 1662/05), del señor senador Saadi, EXPRESANDO PREOCUPACION POR LA CRISIS

INSTITUCIONAL

Y

REPUBLICA DE BOLIVIA ; y,

SOCIAL

QUE

ATRAVIESA

LA

las razones que dará el miembro

informante os aconseja la aprobación del siguiente: PROYECTO DE DECLARACION El Senado de la Nación DECLARA

Su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive la República de Bolivia y exhorta a todos los sectores sociales para la preservación y fortalecimiento de la democracia. Trasmite sus incondicionales sentimientos de hermandad y deseos de estabilidad democrática y social para la unidad del pueblo boliviano.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del Día. Sala de la Comisión, 22 de junio de 2005 Federico R. Puerta.- Mario A. Losada.- Guillermo R. Jenefes.- Marcelo E. López Arias.-

Juan C. Marino - Norberto Massoni -

Eduardo

Menem.- Pedro Salvatori.ANTECEDENTES I Proyecto de Resolución

El Senado de la Nación:

Resuelve 1) Expresar su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive la República de Bolivia.

2) Exhortar a todos los sectores sociales de la población boliviana para la preservación y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. En el actual contexto, que confronta a varios sectores de la sociedad, es necesario promover acciones que permitan defender la democracia en el marco de lo dispuesto por la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana. 3) Formular un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que participe proactivamente frente a la situación de Bolivia. Asimismo, considera que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría contribuir decisivamente a superar esta crisis. La participación de la OEA, se puede concretar a través de la asistencia técnica para el fortalecimiento y preservación del diálogo político y la institucionalidad democrática y la disposición de visitas y otras gestiones, conforme a lo previsto en los artículos 17 o 18 de la Carta Democrática Interamericana. 4) Ponerse a entera disposición del H. Congreso de la República de Bolivia para transmitirle su experiencia al respecto y para colaborar en todo lo que coadyuve a sobrellevar y solucionar esta crisis institucional. Silvia E. Giusti.Fundamentos

Señor Presidente: La historia, el territorio y las pautas demográficas actúan como presiones o fuerzas que explican gran parte de los desafíos que enfrenta Bolivia en la actualidad. La integración de los mercados, la explotación de los recursos naturales y la exclusión social de las comunidades originarias derivan de procesos históricamente formados y de condiciones territoriales iniciales cuyas consecuencias son visibles hoy en día. Así pues, el acceso al mar, la explotación del gas, la articulación de las demandas indígenas, el problema con el cultivo de la coca, pero también el sostenido crecimiento de la población, son cuestiones de hoy cuyas raíces se encuentran en las especificidades históricas, territoriales y demográficas del país.

La colonización española en Bolivia dejó como herencia no sólo una serie de mecanismos institucionales de exclusión estructural de los pueblos originarios o indígenas que los han desplazado de las esferas de poder, sino también la prolongación de ideas y valores que han propiciado una forma de pensar y un tejido social que perdura aún en nuestros días y que consolida esa exclusión. En particular, conviene subrayar cómo han predominado a lo largo de la historia mecanismos oligárquicos de exclusión, clientelismo y corporativismo en detrimento de la gran mayoría de la población que, con el paso del tiempo, ha ido tomado conciencia progresivamente de su precaria situación de vida. Esto, a su vez, ha conducido a posiciones antisistémicas y a episodios de desestabilización política y social imposibles de ignorar. Existen, pues, desafíos para la gobernabilidad del país que hay que buscarlos en procesos históricos que han influido e influyen en las posibilidades de desarrollo actual. El movimiento indígena se ha erigido en un actor ineludible en el escenario político de Bolivia, pero esta inclusión en la vida pública no significa que hayan dejado atrás su atraso económico y social. Sin embargo, el peso de estas poblaciones indígenas es importantísimo. Asimismo, debe ponerse de relieve la incipiente construcción e institucionalización, al menos en el plano formal a través de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Participación Popular, de un Estado plural en su vertiente étnica, cultural y lingüística. Con estas medidas se pretende dejar atrás la concepción de Estado-nación excluyente y de homogeneización —en todas sus manifestaciones— que ha prevalecido hasta la fecha. El objetivo reside en construir un Estado inclusivo que reconozca su diversidad interna y, también, que sea capaz de asegurar la convivencia pacífica entre las distintas etnias, culturas y, en general, de las múltiples identidades sociales. En otro orden, la localización geográfica y los rasgos constitutivos del territorio boliviano han determinado su desarrollo de forma concluyente. Dentro de los condicionantes que impone el territorio boliviano a su desarrollo existen dos ejes o cuestiones

principales: las limitaciones comerciales impuestas por la orografía interior y la ausencia de salida al mar; y los condicionantes derivados del tipo de activos específicos o recursos naturales en que se ha basado el desarrollo. El confinamiento de este país en el corazón de América del Sur es consecuencia directa de la guerra que —junto a Perú— tuvo con Chile por el departamento del Litoral, un enclave rico en salitre, en guano y en yacimientos de plata. Así pues, Bolivia dejó de ingresar cuantiosas sumas de dinero derivadas de la exportación de estos recursos naturales. La Guerra del Pacífico, que sentenció a la nación boliviana a su enclaustramiento terrestre, dejó una huella de rencor en el imaginario colectivo boliviano que dificulta las negociaciones actuales para la salida al mar de los productos bolivianos a través de Chile. Si bien se llevaron a cabo intentos, aunque tardíos en comparación con el resto de países vecinos, para resolver la incomunicación territorial durante la naciente República de Bolivia, no fue hasta 1952 que se empezó a destinar importantes recursos para atenuar los problemas de integración territorial. A la vez que se desconcentraban las poblaciones asentadas en el Altiplano, se generó un polo de desarrollo agrícola en el oriente y se mantuvo un mayor control de fronteras. No obstante, estas medidas no fueron suficientes para lograr una mayor integración y especialización de los mercados ya que nunca pudieron desarrollarse las redes de comunicación necesarias. Por otro lado, Bolivia dispone de una abundante dotación de recursos naturales, especialmente de depósitos mineralógicos, de combustibles fósiles y, en concreto, de importantes reservas de gas. La tradicional minería de la plata fue desplazada a finales del siglo XIX por la creciente demanda de estaño. Bolivia, que disponía de importantes yacimientos de este metal, supo responder a esta demanda y el estaño se convirtió en el sostén económico del país hasta mediados de los 80 del siglo pasado, momento en que se produjo el colapso de su cotización internacional. Ahora bien, a partir de la década de los cincuenta, el gas ha ido sustituyendo progresivamente al estaño como generador de divisas para el país. En términos generales, la contribución del sector de hidrocarburos al

Producto Interno Bruto se sitúa en el 6,5% en el 2002 (UDAPE 2003). La actividad hidrocarburífera gira, en la actualidad, alrededor de la venta del gas a Argentina y Brasil representando, sin lugar a dudas, una importante fuente de ingresos. Las reservas bolivianas de gas natural —probadas y probables—ascienden a 54,9 trillones de pies cúbicos (TCF, como se abrevia en inglés) según datos de 2003. No obstante, este activo fijo es de candente actualidad, por un lado, por las denuncias de pérdida de soberanía de Bolivia sobre este recurso a favor de distintas empresas transnacionales y, por otro, por el desacuerdo de importantes sectores sociales y populares sobre los distintos proyectos para su canalización y posterior comercialización a los mercados estadounidense y mexicano. Otro recurso natural importante que marca la agenda política actual en Bolivia se deriva de la evolución de los cultivos de coca en la subregión de los Yungas (Dpto. La Paz) o del Chapare (Dpto. Cochabamba), principalmente. A parte de su simbolismo ancestral, el desarrollo del cultivo de la hoja de coca para el autoconsumo tiene raíces históricas que se encuentran, por un lado, en la utilización de este producto para aliviar las necesidades de la población en caso de escasez de alimentos; y, por otro, para combatir la fatiga de los trabajadores de las minas y hacer frente a las duras condiciones en las que estaban sometidos. Hoy en día la cuestión cobra también matices de carácter geoestratégico que superan la estricta reivindicación de los usos y costumbres originarias. Si bien se permite la plantación de hojas de coca para finalidades estrictamente farmacéuticas, los sucesivos gobiernos bolivianos han erradicado miles de hectáreas que han considerado ilegales por destinarse a la fabricación de cocaína y al narcotráfico y han destinado cuantiosos recursos en programas de desarrollo alternativos. Sin lugar a dudas, la cuestión es de una relevancia vital en la actualidad para superar ejes de conflicto tanto internos como externos. En este sentido, la embajada de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para que los campesinos dejen el cultivo de coca y se dediquen al cultivo de otros productos. El desarrollo en Bolivia también se ha visto constreñido por aspectos demográficos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población boliviana pasó de casi 3 millones de habitantes en 1950 a más de 8 para el año 2001, es decir, la

población se triplicó en tan sólo medio siglo. Aunque el Producto Interior Bruto (PIB) de Bolivia crezca en unas tasas nada despreciables, el crecimiento demográfico condiciona negativamente el desarrollo económico del país. Al no obtenerse unos incrementos del PIB per cápita anuales altos, las presiones sobre el empleo multiplican los bajos salarios. Esto obliga a las capas sociales más desfavorecidas a recurrir a circuitos de informalidad económica dónde estas actividades, aunque de bajo valor añadido, contribuyen a la subsistencia del hogar y a reforzar la lógica de que tener más hijos es necesario para ensanchar la renta familiar. Las demandas sociales en Bolivia exigen de un nuevo modelo de desarrollo que resuelva los acuciantes problemas de pobreza y desigualdad. A pesar del crecimiento económico y el notable avance en algunos indicadores sociales durante los últimos años, la proporción de bolivianos sin los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas sigue siendo muy alta. Asimismo, y a pesar de los avances en materia social, los niveles alcanzados aún restan por debajo de los logrados por el resto de países de la región andina. Esta situación obliga a replantearse las bases del crecimiento boliviano, así como su influencia sobre la mejora de las capacidades de la población y, muy especialmente, sobre sus niveles de pobreza y desigualdad. El fracaso en la adopción de un modelo adecuado de articulación territorial, que tiene una clara expresión en las demandas procedentes de los colectivos indígenas con reivindicaciones comunitaristas y también en las crecientes presiones regionalistas que abogan por una redefinición del Estado. Entre las demandas regionalistas más importantes destacan las procedentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija y el nacionalismo camba. Ambos problemas de fondo han alimentado el mapa de conflictos, articulado fundamentalmente en torno a tres ejes: el problema de la coca, el problema de la tierra y el problema del gas, todos ellos permeados por un fuerte componente indigenista La acción de protesta por parte de grupos que se sienten social y políticamente excluidos se inserta en una tradición fuertemente arraigada en la cultura política boliviana. Las acciones de movilización que tienen lugar a partir del año 2000, no obstante, tienen la particularidad de ir de la mano de nuevas fórmulas de acción colectiva, al margen de los partidos tradicionales. Es el caso del MAS, liderado por Evo Morales, y el Movimiento Indio Pachakuti (MIP),

liderado por Felipe Quispe. Los sectores indígenas cuentan, por primera vez en la historia del país, con organizaciones y partidos propios, con liderazgos indígenas y con recursos independientes de los partidos tradicionales. El MAS de Evo Morales aglutina el malestar del movimiento cocalero y del movimiento campesino pero también se alza como principal estandarte de aquellos sectores de la población que expresan fuertes resistencias frente a los efectos de la globalización, el modelo de crecimiento implantado desde 1985 y la estrategia de explotación del gas vía Chile. El caso del MIP es substantivamente distinto. El Movimiento Indio Pachakuti nació estrechamente vinculado al conflicto por la tenencia de la tierra y por ello no es casual que su líder, Felipe Quispe, sea a la vez el máximo dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB). El ideario del MIP se fundamenta en la recuperación de un modelo societario basado en las comunidades agropecuarias originarias, los ayllus, lo que le lleva a reivindicar la desmembración del Estado en su concepción actual. El otro frente, el oficialista hasta hace bien poco, está constituido por los actores políticos tradicionales, representados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con más de 60 años de historia, la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), ambos con cerca de 30 años de vida desde su fundación; todos ellos con una presencia ininterrumpida en los poderes del Estado desde el inicio del proceso de democratización. Junto a este bloque, ha ganado protagonismo el partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), que tiene su principal feudo electoral en la región de Cochabamba. El modelo de gobernabilidad instaurado a mediados de los ochenta posibilitaba, gracias al pacto y gobierno de coalición establecidos entre los partidos, estabilidad política y unas relaciones de cooperación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Este modelo de “democracia pactada”, como ha sido llamado, ha sido en gran parte incentivado por una particularidad institucional de la forma de gobierno boliviana: la elección congresal del presidente, en el caso de que ningún candidato haya obtenido mayoría absoluta en las elecciones. En la práctica, éste ha sido el mecanismo de elección que se ha aplicado desde la transición a la democracia, de manera que todos los gobiernos constituidos desde entonces han resultado de pactos interpartidarios.

En conclusión, Bolivia tiene por delante un importante conjunto de retos que afectan a su arquitectura institucional y cuya superación resulta indispensable para avanzar hacia un desarrollo más igualitario e inclusivo. Hacer frente a estos retos requiere dosis considerables de reflexión, diálogo y compromiso entre todos los actores nacionales, lo que a día de hoy resulta una ardua tarea, pero en absoluto imposible. Así, la coyuntura actual del país ofrece destacadas oportunidades para avanzar hacia la superación de tales retos. Ojalá que estas oportunidades sean finalmente aprovechadas. Nuestro país ya conoce, lamentablemente, situaciones como esta. Nuestra experiencia ha sido, es este aspecto parcial, positiva, porque pudimos demostrar que la vigencia de las Instituciones y los mecanismos establecidos por nuestra Carta Magna permitió arribar a soluciones mucho menos traumáticas que facilitaron una recuperación posterior más rápida y eficiente. Por ello creo importante que, como Cuerpo que participó activamente en la crisis que nos tocó vivir, manifestemos nuestra opinión y nos pongamos a disposición del H. Congreso de la República hermana para ofrecerles nuestra ayuda y experiencia referida a que los errores y las violencias no pueden ser corregidos con otros errores y con otras violencias. El rol de los organismos internacionales y de integración de América no puede ser desestimado y por el contrario debe solicitarse y arbitrarse su participación en la solución de los graves conflictos que afectan a la hermana República de Bolivia. Por lo antes expuesto, solicito a los miembros de este H. Cuerpo que me acompañen, con su voto afirmativo, en este Proyecto.

Silvia E. Giusti.II PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación

DECLARA : Que expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa la República de Bolivia relacionada con la inestabilidad institucional y social, trasmitiendo sus incondicionales sentimientos de hermandad y deseos de estabilidad democrática y social para la unidad del pueblo boliviano. Ramón Saadi.FUNDAMENTOS Señor Presidente: La hermana república de Bolivia ingresó en una compleja crisis tras la promulgación de la polémica ley de hidrocarburos, que reavivó las demandas de nacionalizar los recursos naturales del país. Las distintas organizaciones sociales reclaman en las calles por esta ley de nacionalización de los hidrocarburos. La Iglesia católica esta actuando como mediadora a pedido del presidente Carlos Mesa, cuyo mandato concluye en 2007, pero esta actual situación ha puesto en duda su continuidad en el cargo; el señor presidente confía en que el encargo realizado al cardenal Julio Terrazas pueda traerle paz y tranquilidad al país. Desde nuestro país seguimos con especial interés los sucesos que acontecen en la hermana República, y deseamos expresar nuestra preocupación por la crisis actual en que se encuentra el país, y el deseo ferviente de que se recupere rápidamente a través de un sendero de paz y crecimiento . Por lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto. Ramón Saadi.-