Contrastes y constantes Sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México

Contrastes y constantes Sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México

Laura Becerra Pozos Marisol López Menéndez Coordinadoras

Red Mexicana de Investigadores (Remisoc) Juan Pablos Editor México, 2013

Contrastes y constantes : sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México / Laura Becerra Pozos y Marisol López Menéndez, coordinadoras. -- México : Red Mexicana de Investigadores (Remisoc) : Juan Pablos Editor, 2013.

1a edición



130 p. : ilustraciones ; 14 x 21 cm.

ISBN: 978-607-711-151-1

T. 1. Ciencias sociales – México T.2. Cambio social – México



HM101 C66

Contrastes y constantes. Sociedad civil, precarización y cambio en las zonas metropolitanas de México de Laura Becerra Pozos y Marisol López Menéndez (coordinadoras) D.R. © 2013, Laura Becerra Pozos y Marisol López Menéndez D.R. © 2013, Juan Pablos Editor, S.A. 2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19, Col. del Carmen, Del. Coyoacán, 04100, México, D.F. D.R. © 2013, Red Mexicana de Investigadores S.C. (Remisoc) Xicoténcatl 137 interior 402 A Col. del Carmen, Delegación Coyoacán 04100, México, D.F. Con el apoyo de Terre des Hommes France Fotografía de portada: Javier Lara, 2012 ISBN: 978-607-711-151-1 Impreso en México Reservados los derechos Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (aemi) Distribución: TintaRoja

índice

Introducción 9 La ciudad de México: avances y desafíos para la democracia y la cohesión social

Laura Becerra Pozos, Marisol López Menéndez y Cristina Sánchez-Mejorada 15 Las ciudades de América Latina en la globalización 15 Las condiciones socioeconómicas de la ciudad de México 18 Avances en la democracia y la inclusión social 21 Déficits de la democracia y de la inclusión social 28 El papel de las organizaciones civiles y sociales locales en defensa de la vida democrática y los derechos 35 Anexo: cifras básicas de la ciudad de México 38 Bibliografía 40 La Zona Metropolitana de Guadalajara: sus movimientos ciudadanos, tendencias y retos Felipe J. Alatorre Rodríguez 43 Presentación 43 El contexto regional: elementos de economía y demografía de la Zona Metropolitana de Guadalajara 44 Cultura política, marco legal y espacios para la participación ciudadana 49 [7]

8

ÍNDICE

Organizaciones y movimientos ciudadanos La coyuntura electoral Los saldos de la elección: el nuevo mapa político y las tendencias Conclusiones Bibliografía

62 77 82 84 86

El Área Metropolitana de Monterrey. Precariedad laboral, violencia y formas de organización social

María Teresa Villarreal Martínez, Lylia Isabel Palacios Hernández y Eleocadio Martínez Silva 93 El contexto regional 93 Participación ciudadana, movilización social y cambio estructural 102 Obstáculos, puntos de encuentro y propuestas de la sociedad civil organizada de Nuevo León 108 Reflexión final 119 Anexo 1. Temas centrales de los grupos civiles en el amm 121 Anexo 2. Ejes articuladores para la acción conjunta entre los grupos organizados en el amm, 2010-2011 123 Bibliografía 124 Sobre los autores 127

Introducción

El libro que presentamos es resultado de una reflexión colec­ tiva sobre la participación e incidencia de la sociedad civil en México, particularmente sobre los modelos alternativos de nación que imprimen una dinámica en las grandes zonas me­ tro­politanas. Académicos y activistas de varios estados refle­xio­ namos en junio de 2011 y convinimos en que la densidad de la problemática que afecta al país tiene mucho en común con estructuras globales, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. En México, siete de cada diez personas habitan en las ciu­ dades, espacios de alta densidad tanto en el conflicto como en las estrategias de negociación, así como en la composición de actores sociales y de procesos colectivos de interpelación de los poderes públicos. A la par, las divisiones geográficas tra­ dicionales se revelan como inoperantes en áreas donde la si­militud de los problemas desborda las fronteras administra­ ti­vas y exige respuestas, al menos coordinadas, entre los distin­ tos entes del poder público. Por ello, decidimos adoptar un enfoque que privilegia a la metrópoli como unidad de análisis. Hoy en día, las ciudades mexicanas compiten entre sí y algunas, como la ciudad de México, lo hacen con otras ciuda­ des en el mundo. La competitividad de los centros urbanos opera en función de las condiciones que ofrecen para atraer inversiones que promuevan actividades económicas generado­ ras de riqueza e impulsar su desarrollo. Las ciudades compe­ titivas son aquéllas capaces de generar un ambiente propicio para captar y retener inversiones, ampliar su participación en [9]

10

LAURA BECERRA POZOS, MARISOL LÓPEZ MENÉNDEZ

los mercados, elevar la productividad, generar empleos y ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. Como se destaca en el preámbulo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (onu, 2004), actualmente las ciudades se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migra­ torios y de urbanización, la segregación social y espacial, y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Es­ tos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urba­ nas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. Por lo tanto, las ciudades están le­­jos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus ha­ bitantes, su población en su mayoría, está privada o limitada —en virtud de sus características económicas, sociales, cultu­ rales, étnicas, de género y edad— para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las po­ líticas públicas, que al desconocer los aportes de los proce­sos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciu­ dadanía, violentan la vida urbana. Este libro se compone de tres partes que abordan las dife­ rencias y semejanzas entre las tres zonas metropolitanas más importantes del país, tanto por su densidad poblacional, co­ mo por su productividad económica: la ciudad de México, la zona de Guadalajara en el occidente del país y la de Monte­rrey en el norte. Los textos están orientados por tres directrices: 1. Todas las zonas metropolitanas han sido espacios de experimentación de un modelo de desarrollo basado en las premisas liberales de recorte del aparato del Estado, flexibilización y precarización del trabajo, concentra­ ción de la riqueza, intensificación de los mercados y de las tran­sacciones, crecimiento del sector de servicios fi­ nancieros y la inserción de mercados locales en el mer­ ca­do global. A treinta años de iniciado este modelo en México (alrededor de 1982), no resulta difícil hacer una evaluación de sus consecuencias, tanto en términos de

INTRODUCCIÓN

11

aumento de la pobreza y disminución de la calidad de vi­ da como en cuanto a la existencia de una urbanización acelerada y desordenada. 2. El propio modelo ha partido de la necesidad de la demo­ cratización política: el juego partidario en un sistema controlado que garantice a los participantes igualdad formal de oportunidades de acceso a cargos de represen­ tación popular, a imagen y semejanza del mercado. Esta necesidad ha sido, además, compartida por sectores so­ ciales que por todos los otros conceptos se han opuesto al modelo neoliberal, pero que sin duda alguna han sus­ crito esta premisa en particular. La democracia política es una demanda desde arriba y desde abajo. 3. Otra directriz aborda sobre cuál es el espacio de la so­ ciedad civil en este concierto. México ha experimenta­do oleadas recurrentes de movilización, las más importan­ tes son las de 1994, tras el levantamiento zapatista; la continuada labor de concientización y promoción del voto que culminó con la derrota del pri en 2000 y que, si bien puede considerarse un triunfo de la propia socie­ dad civil, constituía también uno de los requerimientos del modelo de desarrollo impulsado desde los or­ga­nis­ mos internacionales y desde ciertos sectores de la cúpu­la gubernamental, así como de buena parte de los empre­ sarios. Tras seis años de desmovilización, pues el arribo de la oposición al poder reconfiguró el esquema de fuer­ zas y en la mayor parte de los casos eliminó a México del mapa de la cooperación internacional, con la que las organizaciones se habían habituado a contar para reali­ zar su trabajo cotidiano, el año 2006 vio un resurgimien­ to de su capacidad de movilización al plantearse la posibilidad de desaforar a Andrés Manuel López Obra­ dor, jefe de Gobierno de la ciudad de México y militante de larga trayectoria en la izquierda partidista. El sólido apoyo de las organizaciones de la sociedad civil al candi­ dato del prd continuó siendo motor de éstas hasta con­cre­ ­tarse el triunfo de Felipe Calderón. Asimismo, los textos

12

LAURA BECERRA POZOS, MARISOL LÓPEZ MENÉNDEZ

que integran este volumen se propusieron abordar tres ejes de problemas centrales: • Metrópolis como nueva forma de organización geopolí­ tica, que en los hechos diluyen el papel de los gobier­ nos locales y del Estado como rector y regulador de los grandes lineamientos de desarrollo. Por el contrario, encontramos que los grandes inversionistas locales y globales toman para sí esta capacidad decisoria, su­ bordinando lo público a lo privado. • Metrópolis como espacios de desregulación económica. • Metrópolis como espacios que rebasan las fronteras tradicionales de acción de las organizaciones de la sociedad civil, dado que tienden a operar en función de las unidades político-administrativas pertinentes (la presidencia municipal, el gobierno estatal, la legislatu­ ra local, etcétera). Los tres estudios que componen el libro hacen énfasis en el hecho de que el papel de los gobiernos locales y del Estado mismo como conductor y regulador de la vida pública, ha atravesado por un proceso de disolución, dando lugar a que las muchas y contradictorias fuerzas del mercado local y global pretenden direccionar esta regulación. Tanto en el ca­so de la zona metropolitana de Monterrey como en el de Guada­lajara y, en menor medida, en la ciudad de México, el papel de los gobiernos locales ha conservado primacía exclusivamente en el reclamo de mayores garantías de seguridad en la vida y propiedades de la ciudadanía, lo que sin duda tiene re­­so­nan­ cias del liberalismo decimonónico. Los textos dan cuenta de las grandes transformaciones sufridas por los tres grandes polos de desarrollo urbano del México de finales del siglo xx y de la primera década del xxi. Como espacios desregulados de competencia económica an­ tes que de convivencia social, las zonas metropolitanas se han convertido en un reto para las organizaciones sociales y civiles. Los casos de Monterrey y Guadalajara resultan ilus­

INTRODUCCIÓN

13

trativos de las escasas (aunque no inexistentes) posibilidades de incidencia de éstas en las decisiones públicas. El caso de la ciudad de México muestra la apertura de algunos espacios de incidencia directamente vinculados con la orientación polí­ tica del partido que la gobierna desde 1997, aunque también hace evidente las paradojas de la pobre participación ciudada­ na en decisiones de mayor envergadura. Las zonas metropolitanas estudiadas tienen, a pesar de los diferentes signos políticos de sus gobernantes, semejanzas. En todas ellas se manifiestan las fuerzas del mercado, como la inversión inmobiliaria privada que ha dado paso a la subur­ banización y a la fragmentación del espacio; la tendencia gu­bernamental a subcontratar proveedores de servicios tra­ di­cionalmente prestados por los propios empleados de gobier­ no, y la identificación geográfica de áreas de extrema riqueza que han desplazado a poblaciones de menores recursos. Ade­ más, se ha acentuado la precariedad laboral y la informali­ dad de la vida económica. Por otra parte, en las zonas metropolitanas se percibe un acercamiento de las organizaciones civiles a la problemática local, en un intento por reconfigurar el espacio urbano como espacio de convivencia, antes que como un lugar de intercam­ bio económico y reproducción de la mano de obra. Así, iniciati­ vas como la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, o los diversos proyectos de defensa del medio am­ ­biente y el transporte no motorizado en Guadalajara y Monte­ rrey, hablan de una sociedad que se organiza crecientemente a partir de problemáticas específicas. Las tres experiencias dan cuenta de la existencia de nuevas organizaciones civiles que han adoptado prácticas distintas a las tradicionales en los años ochenta y noventa del siglo pasa­do. El uso de las nuevas tecnologías de comunicación ha facili­ tado la consolidación de relaciones estratégicas con sus pares en las cuatro esquinas del mundo, y ha fortalecido los víncu­ los tanto nacionales como transnacionales que las organiza­ ciones tienen. Por otra parte, nuevas formas de manifestarse y de convocar a la ciudadanía se han acoplado a problemas tra­

14

LAURA BECERRA POZOS, MARISOL LÓPEZ MENÉNDEZ

dicionales, como la justicia social o la transparencia y lim­ pieza electoral. Las ciudades, como veremos, se erigen en espacios de dispu­ ta entre los intereses mercantiles y la defensa de la calidad de vida de sus habitantes. Este conflicto se produce en condicio­ nes de extrema desigualdad, que en Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México no es sólo de ingreso, sino de calidad del empleo, seguridad social y acceso a los servicios de salud, edu­ cación, alimentación y vivienda. Es en este renglón donde las organizaciones de la sociedad civil han continuado constru­ yendo un discurso de derechos humanos, que promueve nue­ vas formas de convivencia urbana y de relación entre go­bierno y sociedad, a pesar del generalizado debilitamiento de la vida comunitaria y de la cohesión social. Es por ello que la Carta por el Derecho a la Ciudad repre­ senta, para muchos actores sociales y políticos, el horizonte político y prejurídico necesario para la construcción de un pro­ yecto de ciudad incluyente y de ciudadanía radical; dere­cho que parte del reconocimiento de que hay sujetos con ciudada­ nías deficitarias, excluidos de los beneficios de la ciu­dad o ani­ quilados por su dinámica y condiciones económicas, políticas y sociales, que requieren ser asumidos como ciudadanos ple­ nos con mucho mejores condiciones y calidad de vida.

La ciudad de México: avances y desafíos para la democracia y la cohesión social

Laura Becerra Pozos Marisol López Menéndez Cristina Sánchez-Mejorada

Las ciudades de América Latina en la globalización

El presente ensayo parte de la constatación del contundente y creciente deterioro de las condiciones de vida y bienestar en América Latina, así como del empeoramiento de las condi­ ciones ambientales y espaciales que ha provocado el modelo económico aplicado-impuesto en los países de la región. Es cierto que los sectores populares de las ciudades latino­ americanas siempre han padecido condiciones de trabajo y de vida precarias, aunque algunos analistas afirman que ac­ tualmente se han agravado las desigualdades sociales y se ad­ vierten nuevas y diferentes formas de exclusión social. En tal sentido […] el territorio no sólo es una expresión espacial de este conjunto de desventajas económicas, sociales, culturales y ambientales que deben soportar principalmente los secto­res de menores recursos, sino también un factor que im­pi­de el ejercicio pleno de la ciudadanía y debilita la vida pública democrática (Cordera y Ziccardi, 2008).

El mal llamado modelo de desarrollo, que sin duda enfren­ ta una de sus crisis más profundas, ha impactado severamente a quienes habitan la ciudad de México. Existen, además, otros problemas importantes que afectan el orden jurídico e insti­ tucional y las condiciones para una adecuada y respetuosa [15]

16

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

con­vivencia social en la ciudad. Destacan el crecimiento de la inseguridad pública y el deterioro de las condiciones para la vialidad, la cantidad de personas que la transitan cada día, la presión para el abastecimiento de servicios públicos y pri­ vados, la corrupción como cultura de relación, los tiempos per cápita de traslado, la dificultad cotidiana que supone la pobre­ za, los espacios ganados para el mercado y perdidos para la convivencia y la abrumadora realidad de la informalidad en el empleo, que de acuerdo con cifras proporcionadas por el go­bierno del Distrito Federal a principios de 2013, es el mo­ do de subsistencia de 1 204 000 personas (La Jornada, 16 de ene­ro de 2013). La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) considera que existe una cultura de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana y en contra de grupos de población que permea no sólo a la sociedad en general, sino también a las instituciones y el espacio público, fundada en prejuicios y estereotipos por el sexo, la edad, la pertenencia étnica y otras características que son causa y consecuencia de la polarización social (cdhdf, 2008). La ciudad de México participa también del fenómeno que es premisa central de este libro: las grandes ciudades, como obedeciendo a una directriz central, parecen diluir el papel de los gobiernos y del Estado como conductores y reguladores de sus grandes transformaciones, y dejan el lugar dirigente a las muchas fuerzas del mercado locales y globales. Vivimos en una nueva era del mercado. Por lo tanto enfrentamos el ries­ go de varios desplazamientos: lo privado que subordina a lo público y lo transforma, la eficiencia en lugar del bien común en la gestión gubernamental, el cliente consumidor que eclipsa al ciudadano y lo relega a espacios donde la toma de decisio­ nes no permea lo cotidiano. Como afirma J. Ornelas, esta se­pa­ ración del Estado de sus tareas tradicionales, acarrea al menos dos problemas: i) El Estado soslaya la gestión de las desigualdades y exclu­ye a sectores importantes de población que carecen de condi­

LA CIUDAD DE MÉXICO

17

ciones objetivas para insertarse en el modelo social moder­ nizador; ii) las acciones sociales han perdido importancia, en otras palabras, el mercado ha desplazado la racionalidad social (Ornelas, 2004).

Es en esa lógica, la mano del mercado y de un Estado proempresarial rehacen al mundo; donde las ciudades, como la de México, están viviendo profundas transformaciones. En todas ellas operan fuerzas globales como la inversión inmo­ biliaria que reorganiza los usos de los territorios urbanos; la suburbanización, la policentralización, la polarización so­ cial, la segregación residencial, la fragmentación de la estruc­ tura urbana aparecen como rasgos destacados de una nueva geografía urbana. De manera callada pero unánime, las diver­ sas fuerzas políticas parecen compartir hoy un “consenso” so­ bre las ciudades. Son espacios, en primer lugar, económicos y en segundo, de convivencia. La reorganización territorial es resultado de ese “consenso”, donde mercantilizar el espacio, aumentar la productividad, hacer competitivas sus actividades, reducir el Estado y agrandar los mercados, son vertientes de un mismo impulso y de una misma visión. Hoy en día las ciudades mexicanas compiten entre sí e in­­ cluso algunas de ellas, como la ciudad de México, lo hacen con otras ciudades en el mundo. La competitividad de los cen­tros urbanos está en función de las condiciones que ofrecen (físi­ cas, tecnológicas, sociales, ambientales e institucionales, en­ tre otras) para atraer actividades económicas generadoras de ri­queza e impulsar su desarrollo. En esencia, las ciudades com­ ­­pe­titivas son aquéllas capaces de generar un ambiente propi­ cio para captar y retener inversiones, ampliar su participación en los mercados, elevar la productividad, generar empleos y ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por lo general, es una acción público-privada dado que las ciudades o zonas metropolitanas son un sujeto colectivo conformado por autoridades locales, empresarios, organizaciones económi­ cas y sociales, que pueden ser promotoras de su propio desa­ rrollo económico.

18

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

Las condiciones socioeconómicas de la ciudad de México

La ciudad de México es de las más densamente pobladas del mundo. Está habitada por cerca de nueve millones de perso­ nas: 52% son mujeres y 48% son hombres. La población joven (15 a 29 años) rebasa 25% del total y las personas identificadas como de la tercera edad (60 años en adelante) alcanzan ya 11.6 por ciento. Nuestra ciudad es de las de mayor nivel educativo entre las entidades del país. Sólo 4% carece de instrucción, más de 25% tiene cubierto el nivel medio superior y 20% el supe­ ­rior; 15% cuenta con estudios de primaria y 21% con estu­ dios de secundaria. El Distrito Federal aporta cerca de 18% del pib y su pobla­ ción económicamente activa (pea) alcanzó 47% (4 173 981, en 2010). Aunque la población ocupada es de poco menos de cuatro millones de personas. Oficialmente hay una población desocupada de 263 mil, pero si se considera al sector terciario (81% en 2012), donde está la mayor parte de la in­formalidad, el porcentaje se eleva considerablemente. Se calcula que 16.5% de la población ocupada son comerciantes y vende­ dores ambulantes. En el Distrito Federal se concentra 24% de los tianguis que existen en el país (1 415 en el D.F./ 5 726 en Mé­xico); además preocupan los más de 94 mil niños que tra­ bajan aquí.1 De la población ocupada del Distrito Federal, 10% no per­ ciben ingresos o reciben menos de un salario mínimo; 43% declaran que reciben menos de tres y 29% hasta cinco sala­ rios mí­nimos. Sólo 18% de la población que trabaja gana más de cin­co salarios mínimos necesarios para adquirir lo que debe 1 Estas cifras han sido tomadas de los Resultados del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, en .

LA CIUDAD DE MÉXICO

19

con­sumir una familia de cinco personas (en promedio) para atender sus necesidades básicas y las del hogar. De acuerdo con cifras proporcionadas por el inegi en el Censo de Población de 2010, el 63.4% de la población del Distrito Federal es de­ rechohabiente de una institución de servicios de salud, lo que incluye al Seguro Popular y aseguradoras privadas, por lo que el limitado acceso a los servicios de salud que eso supone no incluye otras prestaciones de seguridad social como pen­ sión, retiro, vacaciones pagadas o incapacidad por maternidad (ver cifras en inegi, 2010). Asimismo, 31.4% de los hogares censales están encabeza­ dos por una mujer; en el año 2000 el indicador representaba 25.8%. En las 16 delegaciones se incrementó la proporción de este tipo de hogares. En cuanto a la atención a la salud tenemos cifras preocu­ pantes, pues hay casi tres millones de personas sin derecho a servicios de salud, mientras 16.6% cuentan con el seguro po­pular, con todos los límites que tiene ese servicio. La concentración de la riqueza o dicho de otro modo, la bre­ cha de la desigualdad también se expresa en la ciudad de Méxi­ co. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de In­gresos y Gastos de los Hogares, en el Distrito Federal en 2004, 20% de los hogares más ricos acumulaban 55% de los ingre­ sos monetarios; mientras que 20% de los hogares más po­bres no acumulaban siquiera 5% de los ingresos monetarios. Como se expone en el apartado anterior, vivimos “en una ciudad en disputa y disputada por diversos sectores sociales, en especial entre aquéllos cuyo interés se centra en realizar grandes negocios inmobiliarios y entre quienes defienden sus condiciones y calidad de vida”. La desigualdad social y la pobreza es una realidad a pesar de los avances conseguidos en la política social. Según cifras de Coneval de 2010, la pobreza en la ciudad de México alcanza 29% de la población; es decir, 2 453.6 miles de mexicanos(as). Las y los vulnerables por carencias sociales son 35.5%; en po­ breza moderada se encuentra 26%; vulnerables por ingreso 5.3%, y en pobreza extrema 2.2%. Entre 2008 y 2010 se regis­

20

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

tró una caída del ingreso promedio por hogares de 9% en el Distrito Federal. De acuerdo con datos de la Unicef, alrededor de 3 000 a 3 500 niños(as) viven en las calles de la ciudad de México (Fun­ dación Pro Niños de la Calle, iap), por lo que esta población se enfrenta a factores de riesgo como muerte por accidentes, so­ bredosis o violencia; trastornos mentales causados por la adicción a drogas; encarcelamiento; enfermedades gastroin­ testinales, respiratorias y epidérmicas; contagio del vih-sida y otras infecciones de transmisión sexual; abuso sexual, físi­co y psicológico. Según la Red por los Derechos de la Infancia, tal proble­ mática no ha sido atendida con políticas adecuadas o efecti­ vas, debido a que no se le da continuidad a los programas que se implementan o a que en ocasiones estos programas son de corte asistencial. Por lo tanto no se atacan las causas de fon­ do que generan una población infantil callejera, sino que incluso: “[…] han generado un escenario en el cual el niño ca­ llejero puede hacer uso de diversos servicios asistenciales sin modificar su condición de callejero, es decir, arraigando a los y las niñas en la calles” (Red por los Derechos de la Infancia, 2012). Por tanto, la desigualdad en el Distrito Federal es multidi­ mensional. Incluye los ingresos monetarios, la calidad del tra­ bajo y del empleo, la garantía de la seguridad social, el go­ce de los derechos a la salud, la educación, la vivienda, la recrea­ ción, el deporte y la cultura; el acceso a bienes y servi­cios urbanos, la calidad de vida en el territorio, la propiedad inmo­ biliaria y la disposición de tiempo libre. La ciudadanía debe aprender a vivir en un espacio en el que se concentran riesgos, grandes desigualdades en el acceso a bienes y servicios bá­ sicos, donde la vida comunitaria se deteriora y están dadas las condiciones para un debilitamiento de la cohesión social y un incremento de las formas de violencia e inseguridad. No obstante todo lo dicho en este apartado, hay que reco­ nocer que en menos de 20 años se ha logrado establecer en la capital del país un régimen gubernamental con una estructu­

LA CIUDAD DE MÉXICO

21

ra que le permite la atención de diversos y complejos proble­ mas que tiene una ciudad, que por su posición estratégica en la vida nacional le corresponden.

Avances en la democracia y la inclusión social

Participación social La ciudadanía en el Distrito Federal ha electo a sus jefes de gobierno durante los últimos 15 años, y durante tres proce­ sos ha votado también para elegir a quienes ocupan las jefa­ turas delegaciones, así como a los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (aldf). Ello significa un paso importante en la consolidación de la democracia represen­ tativa. Aun cuando la ciudad de México no es una entidad federativa, ésta tiene un peso político preponderante por se­ guir siendo la sede de los poderes federales. Desde 1997 la ciudad de México ha experimentado cam­ bios importantes en lo que a mecanismos y modos de partici­ pación se refiere, tanto en lo que respecta a la relación entre el gobierno local y distintos sectores de la sociedad, como a la gestión de demandas sociales y a los dispositivos de interlo­ cución con actores sociales. Las transformaciones del periodo 1997-2012 en la relación gobierno-sociedad en la ciudad, se han diferenciado del pro­ yecto del gobierno federal, al poner en operación un proyecto más democrático e incluyente, donde la toma de decisiones ha adquirido rasgos más participativos. En muchos casos, la operación de programas sociales se da gracias a la correspon­ sabilidad entre gobierno, organizaciones civiles y sociales, mercado y comunidad, mientras que se han implementado me­ canismos de evaluación de políticas y programas, a través de ejercicios de contraloría social. Los cambios que se han producido pueden explicarse tanto por la presión ejercida por las organizaciones sociales y ci­ viles, como por la apertura mostrada por el partido político

22

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

que ha gobernado nuestra ciudad. Vivimos un ambiente fa­ vorable y propicio para las expresiones públicas de rechazo o resistencia a decisiones de gobierno contrarias a determi­ nados sectores o núcleos de población: las manifestaciones, protestas y movilizaciones, para posicionar iniciativas ciuda­ danas, significan avances en la democracia participativa de gran alcance, si se considera que muchas de las acciones de denun­cia y presión están directamente relacionadas con las decisiones del ámbito federal. El proceso participativo en la ciudad de México se caracte­ riza por la creación de mediaciones institucionales, tales como instancias-mecanismos de participación, canales de comuni­ cación y lineamientos normativos que han actuado como for­ mas de relación directa de consulta para el gobierno, formas de relación entre redes de organismos civiles y el gobierno, así como procedimientos para desarrollar en conjunto progra­ mas específicos. Entre los dispositivos institucionales creados en este contexto, destacan el Consejo de Desarrollo Social, el Programa de Coinversión Social (Novib-gdf), el Programa Cofinanciado de Vivienda, el Sistema de Servicios Comunita­rios Integrados, el Programa de Derechos Humanos y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, entre otros. En el terreno legislativo es digno de señalar las diversas versio­nes de la Ley de Participación Ciudadana (1995, 1998, 2004 y la modificación de la misma en 2010); la Ley de Desarrollo So­cial del Distrito Federal (2000) y la Ley de Fomento a las Ac­tivi­ da­des de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles (2000). Por lo tanto, la relación gobierno local-sociedad civil, en es­ tos años, ha sido importante en términos del reconocimien­to de la participación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (osc). Desde el Programa de Coinversión So­ cial, ya mencionado, así como de diversos consejos donde par­ ticipan representantes de organismos civiles, de la Acade­mia y del Movimiento Urbano Popular (mup), hasta el Conse­jo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Or­ga­ nizaciones Civiles del Distrito Federal, formalizado el 6 de julio de 2010 e instalado en octubre del mismo año. Sin em­

LA CIUDAD DE MÉXICO

23

bargo, hay que señalar que el Programa de Coinversión Social no cumple ya con su propósito original de impulsar procesos sociales innovadores y de largo aliento; se ha burocratizado y perdió su esencia de corresponsabilidad. Otra expresión organizada de participación relevante son los comités vecinales, formalizados en 1988, en el marco de la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Fede­ral (ardf) en 1987, que asume la misión de representar las deman­ das sociales en el nivel territorial y funciona como instan­cia de interlocución y mediación entre los gobiernos delegacionales y la población (colonias, barrios), además de constituir un vínculo entre los habitantes y los órganos político-adminis­ trativos de las delegaciones. No obstante, en la práctica coti­ diana dan más peso a la gestión de demandas sociales, como una acción reactiva ante las medidas que adoptan los gobiernos central o delegacionales y que afectan sus derechos, lo que re­ duce su participación en las decisiones de política pública. Si bien los espacios institucionalizados para la participación ciudadana en la ciudad de México han sido incluso modelo pa­ra otras legislaciones, dentro y fuera del país, éstos han que­ dado atrapados en la acción rutinaria de las decisiones uniper­ sonales de la administración pública y, en general, carecen de efectividad para la incidencia de la sociedad civil (SánchezMejorada y Álvarez, 2002).

Política social Se ha ido construyendo y operando una política social con amplia cobertura y enfoques avanzados (universalidad, géne­ ro y derechos humanos), con reconocimiento de la diversi­ dad cultural y sexual. Una política social que si bien tiene un respaldo legal (Ley de Desarrollo Social) ha tenido altibajos y enfrenta riesgos, particularmente por la iniciativa de Ley de Protección Social, promovida por el ejecutivo en 2011. Se cuenta con un organismo público descentralizado de eva­ luación de la política social: Evalúa DF: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, creado en septiem­

24

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

bre del año 2007. Tiene una propuesta y metodología avan­ zadas, es independiente y ha mostrado incidir en la política social del gobierno central del Distrito Federal y las delega­ ciones. Se han promovido y aprobado marcos jurídicos para ga­ rantizar la protección a personas consideradas vulnerables, como las madres solteras y otros grupos especiales. La ciudad de México es el único lugar en el país en donde se permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de ges­ tación y los matrimonios entre personas del mismo sexo. El enfoque general ha sido la garantía de la diversidad, la no dis­ criminación, la sociedad en convivencia, entre los más em­ blemáticos. En resumen, el proyecto de gobierno —en muchos aspectos diseñado con la participación de la sociedad civil—, plasma­ do particularmente en las leyes de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las osc y en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, ha tenido diversas modificaciones y se ha distanciado de sus propósitos originales, a través de los di­ versos gobiernos, por lo que es necesario actualizarlo y darle un nuevo enfoque.

Derechos humanos La perspectiva de los derechos humanos se concretó, es­pe­cial­ ­mente con el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos, en un proceso altamente participativo. Con un me­canismo de seguimiento multiactoral, con actores civiles, políticos y au­ tónomos, además de una Ley que lo cobija. Lo que se com­ plementa sin duda con el proceso abierto y participativo de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. El mencionado documento se percibe como el horizonte político necesario para la construcción de un proyecto de ciu­ dad incluyente y de ciudadanía radical. Parte del reconoci­mien­ to de que hay sujetos con ciudadanías deficitarias, excluidos de los beneficios de la ciudad o aniquilados por su dinámica

LA CIUDAD DE MÉXICO

25

y condiciones económicas políticas y sociales (todos o casi to­ dos sus derechos violados) y que requieren ser asumidos co­mo ciudadanos plenos con mucho mejores condiciones y calidad de vida (Jaramillo, 2008). Es una reivindicación para que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad y es un escenario de en­ cuentro para la construcción de la vida colectiva. David Har­ vey (2009) plantea: […] no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciu­dad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo ra­ dicalmente distinto. Es el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente dife­ rente, el más preciado de todos los derechos humanos.

El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciu­ dad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, salud, educación, vi­ vienda, así como otros recursos simbólicos: participación, acceso a la información, entre otros. Esta reformulación de la vida urbana propone mayor equi­ dad, donde la mayoría de sus habitantes logren ser felices y solidarios, generando y redistribuyendo los beneficios de la ciudad para todas y todos. Por ello el derecho a la ciudad se interpreta y define como un derecho humano colectivo que articula e integra a los demás derechos humanos, civiles, so­ ciales, políticos, culturales, ambientales y de los pueblos. El planteamiento cristaliza las demandas y propuestas que por décadas se han impulsado desde una diversidad de movimien­ tos populares, sociales y ciudadanos, con una visión de trans­ formación de las condiciones de vida, que alcanza a ubicar las causas de los problemas y en razón de ello propone alterna­ tivas con visión de futuro e integrales, que beneficiarían tam­ bién al campo. En cuanto al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (pdhdf), en el año 2008 se inició un proceso de cons­ trucción colectiva entre representantes de la Asamblea Le­

26

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

gislativa del Distrito Federal (aldf), el Gobierno del Distrito Federal (gdf), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe­ deral (tsjdf), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio­ nes Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), institu­ ciones académicas y organizaciones de la sociedad civil (osc), con el objetivo de identificar las principales limitaciones en derechos humanos que enfrentan las personas que habi­ tan y transitan en la ciudad de México (otros once millones). Posteriormente, el diagnóstico alimentó el Programa de De­ rechos Humanos del Distrito Federal (pdhdf), que contiene 2 412 líneas de acción, agrupadas en 15 grupos de derechos y diez grupos de población. En 2010 se integra el Mecanismo de Seguimiento y Eva­ lua­ción justamente para monitorear y evaluar la implemen­ tación del pdhdf. El 30 de mayo de 2011 con la publicación de la ley del pdhdf se obliga a los órganos de los tres poderes de gobierno y a los organismos públicos autónomos, a su cum­ plimiento y se establece la creación de la Secretaría Ejecutiva del pdhdf, órgano del Mecanismo de Seguimiento y Evalua­ ción del pdhdf que se formalizó con la publicación de un de­ creto. Los avances conseguidos con este proceso democrático y novedoso enfrentan riesgos en su efectiva implementación y evaluación participativa. Tales desafíos tendrían que atenderse con medidas concre­ tas y efectivas para evitar que el pdhdf se convierta en un ins­ trumento obsoleto, incapaz de procesar un cambio real en el paradigma de los derechos humanos al interior de las insti­ tuciones. Las osc participantes en dicho proceso agregan que si bien la ley del pdhdf prevé mecanismos para hacer exigible su cum­ plimiento, no se han logrado cambios estructurales que per­ mitan visibilizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en el quehacer público. Igualmente, el escaso presu­ puesto destinado ha sido un gran obstáculo para la adecua­ da implementación de las líneas de acción contenidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

LA CIUDAD DE MÉXICO

27

Persiste un doble discurso, ya que de un lado se promueven los logros que representa el pdhdf y, de otro, continúa la pu­ blicación y promoción de iniciativas gubernamentales o le­ gislativas que son contrarias al modelo de derechos humanos que se establece en el programa.

Transparencia y rendición de cuentas Se ubican logros importantes en la institucionalización para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas y favore­ cer la participación e incidencia de la sociedad civil. Destaca en este proceso la Mesa de Diálogo Sociedad Civil-Gobierno inaugurada en 2008 y en la que se ha revisado la transparen­ cia de más de diez ámbitos o campos de políticas públicas. El Distrito Federal es una de las entidades en la que su gobierno ha fomentado y fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad ha ido aprendiendo a ejer­ cer sus derechos y las administraciones públicas a trabajar con transparencia y a rendir cuentas. Fue así que se abrió el espacio de diálogo entre el gobier­ no de la ciudad de México y la sociedad civil, más claramente con las organizaciones civiles que actúan en el Distrito Fe­ deral interesadas en mejorar los mecanismos de participa­ ción y el ejercicio de derechos de la población. La decisión y buen desempeño del órgano autónomo institucionalizado para la transparencia en el Distrito Federal (Infodf) ha tenido un pa­ pel central para el impulso y la formalización de la Mesa de Diálogo para la Transparencia de las políticas públicas. No obstante, al igual que en los temas anteriores, se enfren­ tan desafíos para la efectividad de los acuerdos que se toman en los diálogos sociedad-gobierno y el reto es que la actual composición del Infodf, que se renovó por mandato de ley, en un proceso opaco y muy cuestionado, no sólo mantenga los mecanismos e instrumentos ya formalizados y probados, sino que amplié las opciones para el ejercicio del derecho a saber y el derecho a acceder a los servicios y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población.

28

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

Déficits de la democracia y de la inclusión social

Reforma política inconclusa El gobierno de la ciudad de México carece de un estatus de go­ bierno soberano e independiente, como el resto de las entidades federativas del país. No cuenta con una constitución política, y en la designación de las autoridades dedicadas a la seguridad pública y la procuración de justicia aún interviene el gobier­ no federal, en específico el ejecutivo. Otra dificultad es la indefinición o “periodo de transición” que vive el Distrito Federal, que afecta la parte financiera, pues su presupuesto y operación está trasminado por la determi­ nación del gobierno federal. La asig­nación de montos espe­ ciales, el acceso oportuno y su dis­tribución a las delegaciones en muchas ocasiones se retra­sa, se reduce o etiqueta por la intervención del poder ejecutivo federal.

Tensiones entre gobiernos central y delegacionales El gobierno del Distrito Federal tiene una funcionalidad asu­ mida como gobierno estatal, sin tener ese estatus; esto ha permitido una definición-avance importante en la atención a la problemática social. Sin embargo, enfrenta tensiones importantes, una de ellas es la relación y convivencia con los gobiernos delegacionales, pues al ser elegidos democrática­ mente, deberían de adquirir un estatus legal de mayor auto­ nomía, que sólo se da en el ejercicio de gobierno territorial, dejando de lado su definición como gobierno local libre, con un cabildo que permitiera una mejor funcionalidad y ser un contrapeso real en el ejercicio de gobierno del Distrito Federal. Los gobiernos delegacionales enfrentan problemas similares a los de los gobiernos municipales, pues aunque las modifica­ ciones a la Constitución Política les dan un es­tatus de gobierno, en la realidad aún quedan resabios: 1) no son consideradas ciudades, sino demarcaciones territoriales, lo que trae con­ secuencias negativas en los ámbitos jurídico, financiero y so­ cial, y 2) son vistas como oficinas operadoras de programas

LA CIUDAD DE MÉXICO

29

gubernamentales, olvidando su esen­cia y su proximidad a la gen­te, lo que las convierte en la pri­mera unidad de gobierno, por­que tienen la relación directa con la ciudadanía. El verdadero ejercicio de gobierno ocurre en lo local, desde ahí se conoce la problemática y sus posibles soluciones; es en esencia un lugar de privilegio, donde las políticas públicas tienen su base de realidad y se puede incidir en la calidad de vida y el bienestar de la población. Esta situación es más com­ pleja ya que las delegaciones, al igual que el gobierno central, no están consideradas como un orden de gobierno de carácter estatal, ni mucho menos equiparado con el municipal. Entre el gobierno central y las delegaciones no se estable­ cen relaciones de “cooperación y complementación” (como lo prevé el Programa de Desarrollo Social), para el fortaleci­ miento del Sistema de Desarrollo Social del Distrito Federal. Lo que se esperaría son relaciones de articulación entre los dos ámbitos de gobierno, no de subordinación. Aunque hay ejercicios de planeación, a través del Progra­ ma de Desarrollo Social y los programas delegacionales, no consiguen ser procesos participativos y corresponsables con la ciudadanía; una planeación participativa que vaya de abajo hacia arriba. El punto es que, en rigor, corresponde a las de­ legaciones partir de lo que la gente percibe y demanda, para la atención a sus necesidades o problemas, para que las expec­ tativas de la población sean consideradas por el gobierno cen­ tral del Distrito Federal.

Limitada participación social-ciudadana Las osc no tienen un lugar relevante como interlocutoras, contrapesos y/o contraloras de la política pública. En el mejor de los casos se reconocen cualidades técnicas-profesionales, pero no con capacidad para el diseño y evaluación de políti­ cas públicas, para el fomento de la democracia participativa y de procesos sociales alternos. No obstante que la Ley de Desarrollo Social prevé la parti­ci­ pación ciudadana a lo largo de todo el proceso de la políti­ca,

30

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

desde el diseño, aprobación, implementación, seguimiento, análisis, hasta la finalización de los programas sociales, no se cumple con ella de forma cabal y oportuna.2 Se explicita que las organizaciones civiles y sociales, las ins­ ­tituciones académicas, las organizaciones empresariales y to­das aquéllas cuyos objetivos se comprendan en el concepto de “desarrollo social”, podrán participar con el gobierno en la ejecución de políticas de desarrollo social, sin perjuicio de las obligaciones que la ley impone a la administración, así como generar iniciativas de proyectos y programas que serán presen­ tadas a la secretaría correspondiente. A pesar de que se cuenta con instancias de participación ciudadana como el Consejo de Desarrollo Social, los Conse­ jos Delegacionales de Desarrollo Social, la Comisión Inter­ institucional de Desarrollo Social, así como el Consejo de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Orga­ nizaciones Civiles en el Distrito Federal, no son mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y propuesta para me­ jorar e incidir en las políticas públicas de manera efectiva.

Dificultades en la operación y evaluación de la política social En la práctica, es decir en la operación de la política y programas sociales se pierden o diluyen los enfoques de derechos, de género y diversidad, en buena medida, por la falta de forma­ ción y desarrollo de capacidades de las y los operadores de los programas sociales. X. participación: Derecho de las personas, comunidades y or­ ganizaciones para participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello; Artículo 5.- La política de desarrollo social como acción pública y con base en los principios que la guían deberá ser impulsada con la participación de todos aquellos que se interesen y puedan contri­buir con este proceso; por lo que, deberá fomentar la acción coordinada y complementaria entre el gobierno, la ciudadanía y sus organiza­ ciones. 2

LA CIUDAD DE MÉXICO

31

Es por ello que se recomienda una mayor intercomunica­ ción entre los gobiernos centrales y delegacionales, en una re­ lación horizontal, democrática, de colaboración mutua, so­bre todo en lo que se refiere a temas como la seguridad y la po­ lítica social. Si bien la evaluación ha mejorado, particularmente por la formalización de Evalúa DF, falta mucho por hacer, como el di­seño y aprobación conjunta de indicadores y mecanismos de seguimiento y control ciudadanos, con un sistema que más que sancionar o castigar, eduque y forme a servidoras y servi­ dores públicos. En este sentido es preocupan­te que el Comité de Evaluación de Evalúa df enfrente se­rios obstáculos admi­ nistrativos para el cumplimiento de sus funciones. […] las instituciones, su mandato, sus operadores(as), la co­bertura y la territorialidad son elementos de suma im­ portancia para ubicar el recurso metodológico que permi­ ta una adecuada intervención-evaluación en un ámbito tan complejo como la política social. Algunas propuestas su­ gieren que evaluar un sistema de gestión del desempeño debe considerar tres niveles de gobierno: macro (nivel de po­líticas públicas), meso (programas) y micro (funcionarios), así co­ mo la integración horizontal y vertical entre ellos (Cunill y Ospina, 2003).

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, igual­ mente la ciudad de México tiene avances significativos y reco­ nocidos, pero tanto en el nivel central como en el delegacional hace falta infraestructura y personal calificado y convencido de transparentar y de saber cómo hacerlo. Aún no se evita el uso político de los recursos de la política social.

Hacer realidad el derecho a la ciudad3 El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre escribió su 3

Todo el apartado fue tomado de Sánchez-Mejorada (2013).

32

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

libro El derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto ne­ gativo sufrido por las ciudades en los países de economía ca­pi­ talista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del ca­pi­tal. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre constru­ye una propuesta política que parte de la ciudad para rei­vin­ dicar la posibilidad de que la gente y no el capital volviera a ser dueña de la misma. Siguiendo estas propuestas, treinta años después, un con­ jun­­to de movimientos populares, organizaciones no guber­na­ ­­men­ta­les, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, construyeron una Carta Mundial por el Dere­ cho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos lo­cales y nacionales, parlamentarios y organismos internacio­ na­les para que todas las personas vivan con dignidad en las ciu­dades. Si bien a finales de la década de 1970 y principios de los años ochenta en los movimientos sociales en México no existía ni se había perfilado una idea profunda sobre el derecho a la ciudad, se dan los primeros pasos importantes en la lucha colectiva y conceptualización por el reconocimiento de los derechos colectivos a los servicios públicos básicos, como el agua pota­ble, el drenaje, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público, con la constitución de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup). Sin lugar a dudas, se trata de un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos en su con­ cepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, so­ ciales, culturales y ambientales) a la de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y partici­ pativa). Tres principios fundamentales rigen el contenido y propuestas de dicho documento: ejercicio pleno de la ciudadanía entendido como la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad

LA CIUDAD DE MÉXICO

33

y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en con­ diciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción y gestión social del hábitat; gestión democrática de la ciudad entendida como el control y la participación de la sociedad, a través de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el for­ talecimiento y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares, y función social de la propiedad y de la ciudad entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad; implica el uso socialmente justo y desde la perspectiva am­ biental, sustentable del espacio urbano (Zárate, 2010). Sin embargo, fue hasta octubre del año 2000, con la reali­ zación de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores, bajo el lema “Repensando la Ciudad desde la Gente”, realizada en la ciudad de México, que las organizaciones urbanas del país empezaron a perfilar e impulsar la lucha por la defensa de los derechos humanos y una primera visión sobre el derecho a la ciudad. Aunque el tema del derecho a la ciudad estuvo presente en la agenda internacional desde el Foro Social Mundial de 2001, los movimientos sociales en México lo retomaron has­ ta septiembre de 2005. En el marco del Encuentro Nacional del Movimiento Urbano Popular, las organizaciones presen­ tes resolvieron reivindicar y hacer suyo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc) de Na­ ciones Unidas, los acuerdos internacionales en materia am­ biental, así como el derecho a la ciudad, por lo que acordaron difundir la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. En ese mismo encuentro aprobaron también una propuesta de re­ for­ma urbana integral y popular, que sirviera de lineamiento en el nivel nacional, y expresaron la necesidad de una nueva ley de vivienda que recogiera el sentir de la población, reclamar al gobierno federal el cumplimiento de los derechos humanos plasmados en el pidesc y el reconocimiento institucional de la vivienda como derecho humano colectivo. Hacia octubre de

34

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

ese mismo año, dentro de las actividades del Día Mundial del Hábitat, se inicia un primer debate público sobre el Derecho a la Ciudad a partir del cual servidores públicos, organismos civiles y organizaciones sociales expusieron sus concepcio­ nes y compromisos sobre la ciudad. Los resolutivos de las mesas de trabajo se entregaron al jefe de gobierno y se formó un comité responsable de promo­ ver e iniciar la discusión de una Carta para la Ciudad de Mé­ xico. Este comité se integra originalmente por organizaciones urbano-populares de la Convención Nacional Democrática; el gobierno del Distrito Federal; la Coalición Internacional pa­ra el Hábitat, América Latina; el Espacio de Derechos Eco­ nómicos, Sociales y Culturales (Espacio desc); la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría So­ cial del Distrito Federal. La presentación pública de la inicia­ tiva y conformación oficial del comité promotor se realizó el 31 de julio de 2008. En la Carta de la Ciudad de México el de­ recho humano colectivo a la ciudad se entiende como […] el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los prin­cipios de sustentabilidad, democracia, equidad y jus­ ti­cia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organi­ zación, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejer­cicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdepen­ diente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados in­ ternacionales de derechos humanos.

Para Enrique Ortiz (2008) el derecho colectivo a la ciudad permite “[…] construir una ciudad para la vida digna” a par­ tir de una producción social del hábitat, del espacio físico; una producción económica de la ciudad que sea sustentable;

LA CIUDAD DE MÉXICO

35

una producción social de la ciudad para entenderla como el lugar de la sociabilidad, de las relaciones, de los vínculos, se debe entender a la ciudad como el principal espacio público sin perder de vista que también es el espacio del conflicto; una producción cultural basada en la identidad de sus habitantes y en la construcción de símbolos que permitan la cohesión so­ cial y, una producción política que fortalezca la democracia a través de una mayor participación de la sociedad en los asun­ tos públicos. En la carta se amplían los sujetos de derecho con respecto a los de la carta mundial incluyendo a las autoridades y servi­ dores públicos como sujetos obligados y a las organizaciones e instituciones académicas como sujetos corresponsables. Defi­ne el ámbito territorial, refiere el marco jurídico interna­cio­nal, especifica las características inherentes a los derechos huma­nos que aplican en el caso del Derecho a la ciudad: uni­ver­salidad, indivisibilidad, integralidad, interdependencia, inalienabili­ dad y progresividad; finalmente, determina y explicita los prin­ ci­pios rectores del derecho a la ciudad: a) libre determinación o autodeterminación, b) no discriminación, c) igualdad, d) equidad de género, e) equidad social, f) atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación, g) so­ ­lidaridad y cooperación entre los pueblos, h) participación, i) transparencia y rendición de cuentas, j) corresponsabilidad y k) justicia distributiva.

El papel de las organizaciones civiles y sociales locales en defensa de la vida democrática y los derechos

Las organizaciones civiles y sociales vienen reflexionando en torno a la importancia geopolítica de la ciudad de México, en razón de los avances democráticos conseguidos en buena medida por la participación social-ciudadana, así como la re­ levancia de fortalecer su presencia y acción articulada, pa­ra poder influir en las decisiones estratégicas, en un momento de cambio de administración, que es una oportunidad para avan­

36

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

zar cualitativamente, pero a la vez implica riesgos de re­tro­ cesos. Se percibe preocupación por los déficits y retos que aún se enfrentan en los ámbitos relacionados con el desarrollo so­ cial, la participación ciudadana y la vida democrática, e inclu­ so retrocesos en torno a algunos derechos. Hay coincidencia en que la participación de la sociedad civil, a pesar de los espa­ cios formales y los no institucionalizados, es poco efectiva pues no existen mecanismos vinculantes para la incidencia real en la política pública, lo que ha generado que los espacios insti­ tucionales queden relegados y carentes de atención por la ad­ ministración pública de la ciudad. Por todo lo que aún falta por fortalecer o rediseñar en la ciudad de México, parece fundamental el impulso de una coa­ lición o articulación de un frente de las diversas expresiones de sociedad civil, para interactuar y posicionarse en la ciudad de México. Un posicionamiento estratégico que logre incidir en las políticas y asuntos relevantes para la población, a través de la formalización de una plataforma de las osc que actúan en dis­ tintos campos o ámbitos, como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de la infancia, laborales; el medio ambiente, la transparencia y la rendición de cuentas; el desa­ rrollo urbano, el hábitat, la participación ciudadana, entre otros. Resulta central modificar la lógica que prevalece en la par­ticipación ciudadana, como clientela política y, en vez de ello, innovar formas de participación efectiva, expresión de la democracia deliberativa; contar con espacios y mecanismos efectivos de incidencia en política pública. Para ello, es indis­ pensable revertir el debilitamiento de la institucionalidad que se ha producido en los últimos años y proponer un redi­ seño que favorezca la integralidad del desarrollo y la partici­pa­ ción social. La construcción social que se propone es fundamentalmen­te ciudadana, con independencia de las tensiones y diferencias partidarias. No se trata sólo de no perder lo logrado de las ini­

LA CIUDAD DE MÉXICO

37

ciativas civiles y sociales, sino avanzar con un proyecto orien­ tado por la equidad, los derechos humanos y la democracia, en los órdenes del gobierno central y delegacionales, así co­mo en el ámbito legislativo. Ese posicionamiento colectivo como plataforma de la socie­ dad civil, para dialogar con el gobierno de la ciudad, se pro­ pondría para generar acuerdos y compromisos en el marco de un proyecto de izquierda social para la ciudad, con espacios y mecanismos de participación efectivos y que sea reconoci­ da como interlocutora, porque genera alianzas desde abajo y recupera el papel y el reconocimiento del derecho de las Or­ ganizaciones de la Sociedad Civil a participar como actoras de interés público. Se resume de la siguiente manera: • Defensa de los avances conseguidos en torno a los de­ rechos humanos, la política social, los marcos jurídicos en favor de grupos-personas espaciales y los espacios de democracia participativa y deliberativa. • Desarrollo de una cultura de participación ciudadana e incidencia en torno a las decisiones estratégicas de po­ lí­tica pública, lo que pasa por mejorar y cualificar los me­ canismos de participación, los consejos e incluso otros de mayor impacto y vinculantes. • Articulación, coaliciones y alianzas entre las organiza­ ciones de la sociedad civil y otros actores sociales, para posicionar la agenda ciudadana y la participación social. • Impulso de mecanismos, contralorías y observatorios sociales para el seguimiento del nuevo gobierno en los te­ mas de interés de las organizaciones de la sociedad civil. • Autonomía al Consejo de Evaluación del Desarrollo So­ cial del Distrito Federal. • Una agenda legislativa común y diversa y el cabildeo necesario con las y los asambleístas. • Impulso de la reforma política para avanzar en el equili­ brio de poderes y darle a la ciudad de México —sede de los poderes federales— el estatus de entidad federativa.

38

LAURA BECERRA, MARISOL LÓPEZ, CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA

Anexo Cifras básicas de la ciudad de México Demografía

Población total Hombres

48%

Mujeres

52%

Niños (0-4 años)

22%

Jóvenes (15-29 años)

25%

Adultos (60 años y más)

12%

Tasa de crecimiento

0.3%

Emigración

3%

Población nativa

19%

Nivel de escolaridad Sin instrucción

4%

Primaria completa

15%

Secundaria completa

21%

Media superior

25%

Superior

Empleo

Población económicamente activa

20% 4 173 981 47%

Aportación al pib Nacional

18%

Caída del ingreso promedio por hogares (2008–2010)

8%

Población económicamente activa ocupada Sector primario

3 910 864 0.68%

Sector secundario

16%

Sector terciario

81%

Comerciantes y vendedores ambulantes

16%

Tianguis (2009)

24%

Población económicamente activa desocupada Tasa de desempleo Salud

-9.30%

Inmigración Educación

Economía

8 851 080

263 117 7%

Tasa de desocupación (2011)

6%

Población derechohabiente

64%

Seguro Popular

17%

39

LA CIUDAD DE MÉXICO

Anexo (continuación) Población sin derechohabiencia a servicios de salud

2 970 074

Esperanza de vida

76.5 años

Tasa bruta de mortalidad (2012) Pobreza

Seis por cada mil habitantes

Extrema

2.2%

Moderada

26%

Vulnerables por carencias sociales

35%

Vulnerables por ingreso

5%

Caída del ingreso promedio por hogares (2008-2010)

8%

Fuente: elaborado con información proveniente de y