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De las arcas fiscales al negocio familiar:

Cores aprobaron millonarios fondos regionales para favorecer a sus propias empresas Entre 2009 y 2013, los entonces Consejeros Regionales (Cores) del Biobío Eduardo Araya (PS) y Óscar Ferrel (DC) asignaron en total más de $3.000 millones en recursos para proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Posteriormente, las licitaciones fueron adjudicadas a un call center y una constructora: ambas empresas vinculadas a ellos y sus familiares. Incluso, el democratacristiano negoció alzas a los contratos por $500 millones extra entre marzo y mayo de 2014. Pese a que este conflicto de interés es una práctica ilegal, ninguna de las mencionadas autoridades fue expulsada del Consejo Regional, según lo ordena la ley de Gobiernos Regionales.

Por: Jonathan Flores Belmar Concepción, junio de 2014

Cerca de las 17:30 del 28 de diciembre de 2011, con sus 22 miembros presentes, comenzó la última sesión del año del Consejo Regional (Core) del Biobío liderado por el entonces intendente Víctor Lobos (IND) en Concepción. Tras saludar a todos los alcaldes presentes en el Salón Mural del edificio de gobierno, ubicado frente a la Plaza España, las autoridades comenzaron la revisión del informe de la Comisión de Gobierno. Su presidente, el entonces Core Óscar Ferrel (DC), explicó los detalles de una reunión que sostuvo ocho días antes en la Gobernación de Ñuble para analizar el futuro del proyecto de mejoramiento de la Ruta N-55, que mantenía un tramo sin pavimentar de 7.8 kilómetros entre el sector Las Trancas y las Termas de Chillán. Para ello, conversó con el gobernador de Ñuble, Eduardo Durán (RN); el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar (RN); el alcalde de Pinto, Fernando Chávez (UDI); representantes del Consorcio Nevados Chillán, la Hotelera Somontur e Inmobiliaria Aitué. Allí alcanzaron un acuerdo de financiamiento compartido para lograr concretar las obras que requerían cerca de $3.442 millones en total. La mitad la aportó el gobierno central, mientras que el dinero restante, cerca de $1.721 millones, debía salir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Por su parte, los interesados (municipios y empresas) ofrecieron aportar $300 millones que posteriormente fueron ingresados a las arcas fiscales. De esta forma, tras su explicación, Ferrel mostró a sus pares la conveniencia de la iniciativa. Minutos más tarde, la Comisión de Presupuesto –que revisó el proyecto previamente y recomendó aprobarlo sin objeciones– sometió la propuesta a votación del Core, donde fue aprobada por unanimidad. Ferrel incluido. Más de dos años después, en una sesión realizada el 9 de enero de 2013, el entonces Core de la Provincia de Ñuble Juan del Pino (RN) pidió la palabra y preguntó sobre el estado de la licitación realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para pavimentar la Ruta N-55; un cuestionamiento que le surgió a raíz de una publicación

realizada dos días antes en el Diario La Discusión de Chillán, donde ya se anunciaba cuál era la oferta más baja existente para adjudicarse los trabajos. Debido a que en el proyecto había dinero del FNDR involucrado, solicitó de inmediato información oficial para corroborar si los hechos eran ciertos. Inmediatamente, el intendente Lobos propuso consultar directamente al MOP para aclarar las dudas. Pero nada de eso fue necesario. Óscar Ferrel, quien fue Director Nacional de Vialidad entre 1992 y 1997, entró de golpe en la conversación y confesó que su empresa Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (ICCOS LTDA) se adjudicó la licitación tras presentar la oferta más baja: $3.341 millones de pesos (ver recuadro). Antes de cualquier reacción, Ferrel defendió la irregular adjudicación diciendo que Contraloría General de la República no le prohibía aprobar los recursos, ya que sólo lo limitaba a no participar del proceso de licitación, del cual no son parte los Cores, porque, en su caso, es una decisión del MOP. De hecho, al ser contactado sobre el tema, Ferrel no reconoce ni cree estar incurriendo en una ilegalidad. “Yo tengo mi conciencia tranquila”, expresó. Por lo mismo, no fue la única obra que se adjudicó el consejero. El 26 de octubre de 2011 también votó a favor de reponer los puentes Malvén y Chumulco en la Ruta Q-80, que unen las localidades de Negrete y Mulchén en la Provincia de Biobío. El proyecto consideró $1.347 millones con cargo al FNDR y de igual modo el Consejo Regional aprobó la iniciativa por unanimidad. Pese a todos los cuestionamientos recibidos, ambos proyectos tuvieron modificaciones de contrato que aumentaron los recursos para ICCOS LTDA. En marzo de este año, la Dirección de Vialidad cedió $448 millones adicionales para concluir las obras de la ruta entre Las Trancas y las Termas de Chillán. Mientras que en el caso de los dos puentes, las asignaciones subieron $95 millones extra, según el contrato firmado el 5 de mayo pasado.

Al respecto, el hijo de Óscar Ferrel, quien tiene el mismo nombre y se encuentra a cargo de la gerencia de la empresa de su padre, explicó que ambas extensiones de los contratos son justificadas. En el caso de la ruta N-55, aseguró que se debió a un aumento en los costos de las barreras de contención de vehículos que consideraba el proyecto, ya que “se trató de reducir las partidas por varios lados y esa fue una de las partidas (de la licitación) que no se incorporó en su dimensión real, ya que eso no se puede ver hasta que vas terminando el camino y puedes determinar qué tan peligrosas son las curvas”, explicó. Respecto de los puentes en la Ruta Q-80, dijo que simplemente se trató de un error en el cálculo de la cantidad de materiales a ocupar. Así las cosas, al igual que los 22 Cores de ese entonces (actualmente son 28), Juan del Pino también votó a favor y, sin saberlo, se convirtió en cómplice de una mala práctica que siempre ha quedado en rumores y comentarios de pasillo, pero que se ha repetido más de una vez en el periodo 2009-2014.

Beneficiando a la familia Según explica Del Pino, el caso anterior es uno de los más millonarios, pero no es el único al interior del Core. Todo se trataría de una práctica común asumida como normal por algunos integrantes del Consejo Regional que han aprovechado sus facultades para beneficio propio. De forma extraoficial, según confirmaron algunos ex integrantes del Core, Juan del Pino comentó internamente la existencia de algunos conflictos de interés, pero nadie lo apoyó ni respaldó su posición. “Yo me sentía un Quijote en el Consejo diciendo ‘esta cuestión es impresentable’ y todo el mundo miraba para el lado. Por eso no seguí (en el Core)”. –Algunos consejeros tenían mucha incidencia en determinados proyectos. Y también, de una u otra forma, actuaban con ciertas intenciones que me parecían muy poco éticas.

– ¿Qué intenciones? –De favorecer a familiares en forma particular. En términos concretos, Del Pino se refiere a Eduardo Araya (PS). En el Fondo de Subvención de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas del FNDR, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) presentó tres proyectos para las provincias de Arauco, Biobío y Ñuble para asistir por vía telefónica a ancianos vulnerables con más de 65 años. Todos fueron aprobados en la sesión número 22 del Core realizada el 21 de noviembre del 2012. Seis meses más tarde, las licitaciones fueron adjudicadas a la empresa Servicios Integrales de Ayuda al Adulto Mayor Limitada (SIAAM LTDA), que pertenece en un 50% a Norma Arroyo, la actual pareja de Araya y con quien tiene dos hijas. “Eso lo sabían todos los colegas. Era de conocimiento público”, expresó el ex consejero RN. Hasta la fecha, el servicio que SIAAM ofrece es un seguimiento a los adultos mayores vulnerables que, gracias a recursos públicos, reciben un teléfono móvil (con números grandes y un botón de emergencia en la parte trasera), para obtener asistencia a distancia a la hora de tomar sus medicamentos, visitar al médico u otra necesidad específica. El 30 de marzo de 2012, el proyecto del Servicio Integral de Asistencia al Adulto Mayor Limitada (SIAAM LTDA.) recibió $50 millones de pesos desde Corfo a través del Capital Semilla de Innova Biobío, que apoya la puesta en marcha y despegue de negocios innovadores en general. Según información de Corfo, toda esa inversión pública representó casi un 80% de los $64 millones que se requerían para financiar el total del proyecto; aunque quienes son parte de éste actualmente niegan lo anterior y dicen que la inversión total alcanzó en realidad los $150 millones. (Ver recuadro) De hecho, se trata de un proyecto tan innovador que la misma Norma Arroyo reconoció que “no tenían competencia”. En efecto, eso sólo fue en un inicio, ya que ahora hay dos empresas más (Eulen y Familia en Línea) que prestan servicios similares desde Santiago, pero de todos modos son los únicos que funcionan en la región.

Según consta en Mercado Público, la plataforma online de licitaciones del Estado, los contratos sumaron casi $100 millones en conjunto. Los correspondientes a Biobío y Ñuble fueron firmados el 3 de mayo de 2013, por $30 y $34 millones respectivamente; mientras que el tercero para Arauco se concretó el 18 de abril del mismo año por $32 millones adicionales. Al respecto, Juan José Río, Gerente General de SIAAM y quien firmó los contratos con Senama, dijo que se enteró de un posible conflicto de interés justo antes de iniciar el proyecto, por lo que le consultó a Araya en ese momento. “Yo no estoy casado con Norma Arroyo”, le respondió el entonces consejero, dando a entender que con eso no habría ningún problema legal al respecto. Pese a que estuvo presente en la sesión 22 del Consejo Regional, Araya se restó de la votación de la glosa que incluía los tres proyectos que terminaron a favor de su pareja. Aun así, no se inhabilitó abiertamente ni reconoció de forma oficial sus intereses respecto de la iniciativa. Y enseguida, sin explicación aparente, retomó su participación en las demás decisiones que el Core acordó en esa misma jornada. Según explicó Araya, lo anterior habría sido a consecuencia de llamadas telefónicas que lo habrían hecho entrar y salir reiteradas veces de la sesión. Él mismo contó que esa jornada se mantuvo muy preocupado por el robo de una propaganda perteneciente a su campaña que buscaba la reelección en 2013. Aun así, existe una contradicción, ya que la sesión en que se discutió el financiamiento a los proyectos fue en noviembre de 2012, por lo que es improbable que en esa fecha ya haya tenido propaganda política instalada. Por su parte, Estrella Mollá, ciudadana española que trajo la idea del proyecto desde su país y quien es dueña del otro 50% de SIAAM, aseguró que Norma nunca le comentó sobre un eventual conflicto por la ocupación de su pareja. “Si ella montó este negocio conmigo es porque no le debe influir en nada”, aseguró. Pese a que sabía que Eduardo Araya se desempeñaba como Consejero Regional, tampoco advirtió por cuenta propia ningún tipo de problema debido a su desconocimiento de la institucionalidad chilena, explicó Mollá.

Ante lo evidente de los hechos, Juan del Pino expuso los antecedentes frente a la Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), que se reunió en la Región de Aysén los días 24, 25 y 26 de mayo de 2012; sin embargo, sus críticas tampoco fueron acogidas y ni siquiera se estimó realizar algún tipo de investigación. “No me pescaba nadie”, recalcó.

Burlando las reglas Pese a que la Ley 19.175 de Gobiernos Regionales -que norma la actividad de los Cores entre los artículos 28 y 43 del Capítulo III- establece claramente las inhabilidades para desempeñar el cargo de consejero, la normativa no ha sido aplicada como corresponde. El escrito expresa claramente que “ningún consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados”. De esta forma, en la actual legislación se entiende que dicho interés existe cuando el conflicto de un Core se relaciona moral o monetariamente, por ejemplo, con alguna empresa de su propiedad o sus familiares. Ante esto, Juan Vejar (DC), presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore) y quien presidió la Comisión Jurídica del organismo en Aysén, reconoció que la agrupación discutió a nivel nacional lo sucedido con este tipo de conflictos en la región del Biobío, donde los representantes locales fueron Bernardo Daroch (PPD), Juan del Pino y Marcelo Chávez (DC). Según expresó Vejar, la sanción que deberían haber recibido Óscar Ferrel y Eduardo Araya es la expulsión del Consejo Regional una vez estudiados los antecedentes por parte del Tribunal Electoral Regional (TER). El problema radica en que la comisión mencionada no posee atribuciones para sancionar a los Cores y, al mismo tiempo, ninguno de los hechos planteados fue comprobado por la Ancore como para presentarlo al TER.

La ley actual considera que tomar parte en la discusión y votación es motivo de inhabilidad, por lo que habría bastado sólo un requerimiento de cualquier miembro del consejo para ser despedido del organismo. Aunque “naturalmente, si hay defraudación al fisco también hay sanciones penales, pero eso lo determinan los tribunales de justicia”, explicó el presidente de Ancore. Una presentación que podría haber hecho cualquier miembro de la Comisión de Fiscalización del Core, que coincidentemente presidía Eduardo Araya: el mismo consejero cuestionado por su conflicto de interés en torno a los proyectos que se adjudicó SIAAM LTDA.

La comisión deficiente Asimismo, los entonces integrantes de la Comisión de Fiscalización, el ex Core Daniel Cuevas (PPD) y el reelecto Mario Morales (PS), revelaron que dicha repartición del organismo casi no funcionó entre 2009 y 2014, porque “no hubo muchos temas” y tampoco actuaba de oficio. De hecho, una de las pocas veces que dicha cartera sesionó fue para investigar respecto de los fondos con que se construyó un polideportivo en Los Ángeles, el cual –si bien terminó de ser construido– dejó un déficit de $200 millones para su posterior implementación deportiva. De todas maneras, ambos se defendieron de la casi nula labor que tuvieron diciendo que no era parte de sus atribuciones, ya que “sólo se fiscalizan los actos del ejecutivo, de los proyectos y los recursos que el Gobierno Regional (Gore) asigna a las organizaciones y a los municipios”, recalcó Cuevas. Pese a lo anterior, en los dos casos expuestos (ICCOS y SIAAM) había dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional involucrado. Según afirmó el ex consejero PS, nunca hubo actos relacionados con conflictos de interés de Araya y Ferrel en ninguna tabla de la Comisión de Fiscalización. Y así consta en las actas de las sesiones llevadas a cabo entre 2009 y 2014, ya que en la mayoría de ellas

ni siquiera aparecían en la lista inicial de temas a tratar. Una de las pocas ocasiones fue cuando Juan del Pino preguntó por el proyecto de la ruta a las Termas de Chillán (vinculado a Ferrel), aunque nunca se pidió fiscalizar el asunto. Otro caso fue planteado en una actividad pública realizada en Ñuble, donde el mismo Del Pino mencionó el caso de Eduardo Araya y su pareja incluso antes de que los fondos fueran aprobados. Según el aludido, posterior a este episodio se reunió con la bancada del Partido Socialista (integrada por Juan López Ferrada, Víctor Valenzuela y Mario Morales), a quienes les aseguró que en la votación de aquellos proyectos se iba a inhabilitar. De ahí en adelante, el tema nunca volvió a ser tratado en alguna instancia oficial del Core, señaló Eduardo Araya. De acuerdo a Morales, para no dar pie a las irregularidades planteadas, lo único que hay que hacer es inhabilitarse cuando hay algún conflicto de interés. Eso es lo que exige la ley y lo que, según consta en las actas, han hecho algunos Cores como Gustavo Seguel (UDI), Juan Manso (UDI) y Javier Ávila (RN). “Cualquier ciudadano que quiera hacer una observación sobre los actuaciones de los consejeros puede hacerlo, pero es un tema que escapa al Consejo y se tiene que hacer ante los tribunales o en la Contraloría General de la República”, reafirmó. De hecho, pese a que no hay ningún registro del dictamen, Óscar Ferrel aseguró que en su caso Contraloría consideró que no hay ninguna incompatibilidad, debido a que los proyectos fueron licitados en Mercado Público y no por contrato directo. “Sólo se establece que no puedo ser parte de los equipos que resuelven las propuestas, que es distinto”, expresó. Pese a que es una competencia de la Comisión de Fiscalización, ésta no se ha preocupado de las evaluaciones posteriores a la asignación de los fondos. “La labor del Consejo llega hasta que se aprueban los recursos y de ahí en adelante no se sabe qué pasa. Y ahí hay un problema, ya que una de nuestras obligaciones es evaluar”, aseguró

Juan López Ferrada, actual Consejero Regional del Partido Socialista, que presidió la cartera de presupuesto y también votó a favor de los proyectos que beneficiaron a Ferrel. De hecho, López considera que el caso de este último “era poco ético (…) y a juicio de muchos no debiera haberse presentado a la licitación porque (todo) parece medio extraño”.

“Juez y parte” “Hay que establecer un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades, porque, me van a disculpar, pero que un consejero regional apruebe un proyecto y después se lo adjudique a través de su propia empresa es una inmoralidad. Eso no corresponde en ninguna parte”, recalcó el senador Felipe Harboe (PPD) en medio de una sesión extraordinaria del Core realizada en la Intendencia el pasado 27 de mayo. La idea de la convocatoria buscaba discutir, en conjunto con los congresistas de la región, las características de la nueva Ley 20.678, que modifica la legislación vigente sobre las facultades del Consejo Regional. En la misma línea, pero en un tono menos directo, el diputado Jorge Ulloa (UDI) recalcó que no se puede ser “juez y parte” pidiendo más fondos para la región y, al mismo tiempo, más herramientas para fiscalizar. Los consejeros regionales “no debieran tener injerencia en la decisión respecto de los proyectos uno por uno y, claramente, sería mucho más grave que además fueran partícipes de algunas empresas. Eso naturalmente sería contrario a la ética en todo sentido”, aseguró en medio de la sesión. Una posición que también comparte el ex consejero Juan del Pino, ya que en la Ley de Gobiernos Regionales a los Core se les entrega atribuciones para fiscalizar al Ejecutivo. Y luego, el problema se genera cuando se debe velar por el avance de las obras que se realizan con fondos regionales. “No puedo ser juez y parte. Sanciono un proyecto, lo evalúo, lo voto, le entrego los recursos y después yo me lo adjudico. No corresponde”, enfatizó.

Ante este adverso panorama, los 28 integrantes actuales del Consejo Regional mantienen una posición rígida en busca de mantener sus atribuciones. Al comenzar el encuentro, la Subcomisión Jurídica del Core entregó un informe a todos los presentes donde insistieron, principalmente, en que ellos debían seguir decidiendo el destino del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Acto seguido, la Comisión de Gobierno del Core también respondió a los 12 congresistas que asistieron al encuentro (son 18 en total), ya que el proyecto transfiere al intendente la capacidad de decidir sobre el FNDR. “Atenta contra una efectiva política de descentralización regional y, en su nefasta estructura, quita las facultades resolutivas, lo cual es una bofetada a la ciudadanía que votó por autoridades empoderadas”, reclamaron a través de una declaración pública entregada en medio de la sesión. A la discusión local de la ley, que aún se encuentra en su segunda fase de discusión en el Senado tras haber pasado por la Cámara de Diputados, faltaron Clemira Pacheco (PS), Loreto Carvajal (PPD), Roberto Poblete (IND), Rosauro Martínez (RN), Manuel Monsalve (PS) y Alejandro Navarro (MAS). Eso sí, los congresistas que estuvieron presentes reclamaron inmediatamente por el tono confrontacional de las declaraciones del Core, ya que a juicio de ellos cuestionó en términos muy duros el trabajo de senadores y diputados. Al finalizar la discusión, los consejeros también se sintieron ofendidos. Uno de sus integrantes, Félix González (PEV), expresó públicamente su molestia: “Me parece muy ofensivo que se insinúe corrupción para quienes recién asumimos”, reclamó, puesto que apenas 5 de los 28 miembros del Consejo Regional fueron reelectos en las urnas en noviembre de 2013. Lo cierto es que las autoridades regionales lucharán por no perder potestad sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que –según su declaración pública– es el único factor que les permite mantener un rol activo contra la descentralización. Y no sólo se quedarán en palabras, ya que el 10 de julio pasado las bancadas de la Alianza del Core Biobío dijeron a través de la prensa que si los obligan a votar por glosas tomarán medidas de protesta similares a las realizadas por el consejo de la región del Maule, quienes tres

días antes protagonizaron un paro de “brazos caídos” (en el que suspendieron la sesión programada para esa jornada) por la misma causa y también debido a la demora en la tramitación de la Ley 20.678 en el Congreso.

Recuadros

Negocio rentable Según destaca su propio sitio web, la empresa Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (ICCOS LTDA.) fue creada fundamentalmente para desarrollar proyectos para el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), municipalidades y, en último lugar, entidades privadas en general. Lo anterior queda demostrado en Mercado Público, la plataforma online de licitaciones del Estado, donde cerca del 50% de las licitaciones que aparecen adjudicadas a dicha constructora están ligadas a obras de la Dirección de Vialidad del MOP. Entre 2006 y 2014, 12 de 27 adjudicaciones pertenecían a obras de esa cartera ministerial. Además de la construcción de obras civiles, la empresa tiene una división de áridos ubicada en la localidad de Quinchamalí, distante 80 kilómetros de Concepción, que produce cerca de mil metros cúbicos de arena y gravilla diariamente. Esta constructora se constituyó el 28 de noviembre de 1996, pero no funcionó de forma efectiva hasta 1997, el mismo año en que Óscar Ferrel dejó su puesto como Director Nacional de Vialidad tras cinco años en el cargo.

Reconocimiento nacional y extranjero El 17 de noviembre de 2012, SIAAM LTDA. fue reconocida con el Premio a la Innovación Social de la Región del Biobío, otorgado por Innova Biobío. Lo anterior fue consecuencia de que, a mediados de 2011, la empresa fue impulsada por IncubaUdec (la

Plataforma de Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad de Concepción), quienes guiaron al proyecto para que obtuviera fondos de Corfo. Así fue que el proyecto comenzó a operar en comunidades alejadas de la Provincia de Biobío, como Negrete y Alto Biobío, donde recibieron buenos resultados desde los municipios respectivos, ya que los adultos mayores bajaron sus visitas presenciales al médico debido a que el servicio les recordaba oportunamente la ingesta de medicamentos. Del mismo modo, como fruto del trabajo del proyecto, obtuvieron el tercer lugar en el concurso RedEmprendia, organizado por el Banco Santander y la Universidad de Santiago de Compostela, España, que premia el emprendimiento e innovación a nivel iberoamericano y donde se presentaron más de 130 proyectos diferentes.

Destacados El ex Consejero Regional Juan del Pino aseguró que “algunos consejeros tenían mucha incidencia en determinados proyectos. Y también, de una u otra forma, actuaban con ciertas intenciones que me parecían muy poco éticas (…) De favorecer a familiares en forma particular”.

Juan José Río, Gerente General de SIAAM y quien firmó los contratos con Senama, dijo que se enteró de un posible conflicto de interés justo antes de iniciar el proyecto, por lo que le consultó a (Eduardo) Araya sobre su relación de pareja. “Yo no estoy casado con (la propietaria de SIAAM) Norma Arroyo”, le respondió el entonces consejero, dando a entender que con eso no habría ningún problema legal al respecto.