1670 del 14 al 20 de noviembre de 2014
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¡FORZAR LA CONSULTA POPULAR CON LA LUCHA DE LAS MASAS EN LA CALLE!
Editorial Pág. 2
Responder con la lucha en las calles Economía Pág. 3
Nuevo paquetazo para entregar los recursos a las trasnacionales
Internacional Pág. 7
Los demócratas quedaron en manos de los republicanos
EDITORIAL
Por el Poder Popular y el Socialismo
El camino que el movimiento popular tiene para imponer la consulta es la lucha abierta en las calles, la protesta continua a través de distintos medios y formas, de manera que la fuerza del movimiento de masas arrincone al gobierno en sus pretensiones antidemocráticas
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Responder con la lucha en las calles
a estrategia gubernamental para disminuir el respaldo popular a la convocatoria a una consulta que apruebe o no la reelección indefinida es clara: busca personalizar en Guillermo Lasso como cabeza política del planteamiento y así argumentar que esa es una exigencia promovida por la derecha y, de esa manera, polarizar el debate entre el Gobierno y esos sectores de la oligarquía, dejando fuera a la oposición popular de donde surgió la exigencia de que el pueblo sea consultado. La derecha intenta aprovechar del creciente sentimiento popular de rechazo al propósito gubernamental de imponer la re elección indefinida. El desate “democrático” de ese sector, acostumbrado también –como ahora ocurre- a imponer desde arriba sus decisiones políticas asumidas entre cuatro paredes, no es más que una estratagema política de cara a las elecciones del 2017, para pescar a río revuelto en un escenario en el que el Gobierno pierde fuerza. Esta circunstancia, sin embargo, no puede llevar al movimiento popular a bajar la exigencia de la consulta, aunque para ello no se sume a la recolección de firmas porque de antemano se conoce todo lo que el Consejo Nacional Electoral hará para impedirla y porque debe mantener independencia frente a uno y otro sector de derecha. El camino que el movimiento popular tiene para imponer la consulta es la lucha abierta en las calles, la protesta continua a través de distintos medios y formas, de manera que la fuerza del movimiento de masas arrincone al gobierno en sus pretensiones antidemocráticas. La jornada de lucha convocada para el 19 de noviembre es un momento importante para demandar esta exigencia, pero no es el único espacio. Cada sector, cada organización popular debe levantar desde sus propio sitio y junto a sus particulares reivindicaciones esta bandera política. Sólo así viraremos las intenciones del Gobierno.
Elecciones internas desnudan a AP
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as elecciones internas de Alianza PAIS ha puesto en eivdencia las contradicciones existentes en esta organización política. Tras la postulación como candidatura a la Dirección de Alianza PAIS en Guayas de Marcela Aguiñaga, se han presentado denuncias de varios militantes de AP de haber sufrido retaliaciones políticas por manifestar públicamente su respaldo a la legisladora, retaliación que consiste en el despido de sus puestos de trabajo. Becky Guerrero, por su parte, escribió al presidente Correa, que “por apoyar a Marcela nos echan de la gobernación del Guayas”. Kléber Celda otro militantes de Alianza Pais denunció que un total de 27 compañeros fueron despedidos de la Gobernación del Guayas por apoyar a Marcela Aguiñaga. Por ello es que la militancia de esta agrupación política manifiesta que por apoyar a la candidata contraria a la que quiere imponer Correa les finiquitan sus contratos de trabajo, ellos se preguntan ¿Dónde está la democracia participativa de la que se habla?”. Estos hechos ponen en evidencia las confrontaciones entre grupos económicos y los in-
tereses que están en juego por el control de los espacios de poder. El otro caso es el de la ciudad de Quevedo, se trata del enfrentamiento entre los concejales del Municipio de la ciudad con el secretario de Comunicación. Seis de los 9 consejales decidieron reducir el periodo de funciones del vicealcalde Humberto Alvarado, -hermano del secretario de Estado- de cinco a un año. Esta ordenanza no es para nada del agrodo del secretario de comunicación que salió en defensa de su hermano amenazando a los concejales que “Si ustedes votan por esta ordenanza para perjudicar a mi hermano, se las van a ver conmigo en el campo personal”. El mismo Correa debido al acuerdo que AP tiene con el movimiento Avanza, envió a su emisario para ponga orden entre los ediles del oficialismo para que no proceda esa ordenanza. Aquí se juegan grandes intereses, se trata de la disputa del poder de gente que está en los círculos íntimos del régimen, así como también de aquellos que están fuera de ellos, pero que aspiran a controlar los poderes seccionales que les dé buenos réditos económicos y políticos.
Gobierno utiliza a traidores y oportunistas para querer silenciar al movimiento obrero
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esde inicios del gobierno, uno de los sectores sociales que confrontó con el proyecto modernizador fue el movimiento obrero organizado, principalmente del sector público. Bajo el discurso de enfrentar el corporativismo se trató de suprimir la organización popular, la presencia histórica del movimiento obrero y neutralizar cualquier acción desde los pueblos. El correísmo ha trabajado desde hace siete años en crear desde el gobierno un tejido social que se identifique con los postulados de Alianza PAIS. Para ello trabaja en estrategias a fin de cooptar sectores de la base social, mediante políticas asistenciales, crea instituciones gubernamentales (Secretaría de los Pueblos y Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, el MIES, entre otras); institucionalizó la participación social para limitar su accionar mediante la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha cooptado a una parte de la dirigencia social incorporandola a la planilla del Estado como funcionarios de segunda o tercera categoría. Al carecer de soporte organizativo y frente a la necesidad de mantener un discurso de izquierda para poder enfrentar a la misma, ha utilizado a ciertas organizaciones políticas como el PCE, PS-FA, una facción del MIR y de AVC, que sin tener capacidad de movilización sirven como fusibles y quintas columnistas al interior del movimiento popular organizado. Es bajo este criterio, que el pasado 23 de octubre, luego de la gran movilización obrera y popular del 17 y 18 de septiembre, varios dirigentes sindicales como Marcelo Solórzano, Fausto Dután, la dirigencia de Osutransa y miembros del partido socialista como Wilson Mayorga entre otros se reúnen en el Ministerio de Relaciones Laborales para establecer una hoja de ruta con el fin de construir un movimiento sindical que apoye al pro-
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Al carecer de soporte organizativo y frente a la necesidad de mantener un discurso de izquierda para poder enfrentar a la misma, ha utilizado a ciertas organizaciones políticas como el PCE, PS-FA, una facción del MIR y de AVC, que sin tener capacidad de movilización sirven como fusibles y quintas columnistas al interior del movimiento popular organizado yecto correísta. Este proyecto tiene como objetivo generar un modelo sindical que “articule a los sindicatos al proyecto político de la revolución ciudadana”, de esta manera se intenta generar una estructura corporativa, donde los intereses del trabajador se subordinen a los intereses del gobierno. Por ello, los participantes en esta reunión intentan hacer un listado de avances en materia laboral, para justificar “un nuevo tipo de relaciones entre el Gobierno nacional y los sindicatos” Para estos escribanos, “la plataforma reivindicativa tradicional de los sindicatos ha sido superada… por la gestión del gobierno nacional”, desconociendo la serie de retrocesos que en materia de derechos laborales se ha dado en este período, por ejemplo: la limitación de la contratación colectiva en el sector público, el decreto 813 que norma la renuncia obligatoria, los contratos discontinuos, las limitaciones al salario digno establecido en el Código de la Producción entre otros temas.
Acusan de prácticas corporativas al sindicalismo tradicional, pero desean establecer una nueva organización que tenga como fin proteger al gobierno, y organizarse desde el Estado, al típico estilo del corporativismo vinculado al fascismo italiano de la primera mitad del siglo XX, pero en una versión más moderna y light, que ayude a la concertación social, pues como ellos dicen se debe “privilegiar el diálogo y la interlocución”, lo que significa que la huelga se convierta en un instrumento “excepcional”. Este discurso, que aparenta sensatez y moderación, en realidad coarta los derechos, pues como ellos mismos dicen, se deben limitar las “prebendas y privilegios” de los servidores públicos, pero no definen cuales son, y deja a que el gobierno, desde su visión, los establezca. En conclusión, desde el gobierno central se trabaja por construir una organización sindical que sea instrumento de conciliación de clase y conculcación de derechos.
Por el Poder Popular y el Socialismo
POLÍTICA:
Nuevo paquetazo para entregar los recursos a las trasnacionales
Gobierno promueve movilización de transportistas por elevación de pasajes
De Correa quiere un nuevo marco constitucional que le asegure seguir aplicando su política entreguista y el saqueo que ha caracterizado a su gobierno
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a Corte Constitucional desoyó la opinión del 73% de los ecuatorianos que exigen una consulta popular para decidir, entre otros asuntos, el de la reelección. Con ello se aseguró que Rafael Correa pueda terciar para la reelección, pues en la Asamblea no habrá cambio alguno y las enmiendas se aprobarán gracias a los levanta manos de Alianza País. Sin embargo, esto no le es suficiente para el correísmo, no solo quiere mantenerse en el poder sino que también asegurar un marco constitucional que le permita seguir aplicando su política entreguista y el saqueo que ha caracterizado a su gobierno. En este propósito, Ra-
fael Correa, a través de decir se intenta dejarlos Alexis Mera, secretario a merced de las grandes jurídico de la Presidencia, trasnacionales farmacéutianunció que el gobierno cas y, a la par, responder a está preparando un nue- las exigencias del Tratado vo paquete de reformas de Libre Comercio con la sobre 10 temas, los que Unión Europea. Para cumplirlo se pone calificaron como técnicos; y, supuestamente buscan como pretexto la supuesllenar vacíos presentes en ta necesidad de poner al la Constitución. Como es servicio de la humanidad costumbre, el correísmo, el biconocimiento. Correa busca justificar este nuevo señala que “les pusimos paquetazo levantando un tantas protecciones, que si discurso de defensa de los descubren la cura contra el derechos de los pueblos, cáncer, no va estar disponide proteger y beneficiar a ble para la humanidad o si los sectores vulnerables está disponible no se benecomo el sector indígena fician ellos”. Los artículos y los pueblos ancestrales. que se modificarían son: En este propósito se se- 57, 322 y 402 que tienen ñala que se corregirá la que ver con la prohibición carta política para permitir de la apropiación de los que los pueblos originarios conocimientos, innovaciopuedan vender sus cono- nes, y practicas ancestrales, cimientos ancestrales. Es así también se dejaría sin
protección losconocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; y, la propiedad intelectual sobre procedimientos y productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir de los conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad nacional. Otro de los temas anunciado como globo de ensayo de este nuevo paquete de reformas es el derecho que tendría el Estado en la participación de la plusvalía de la tierra, tema que ha sido parte del debate político, pues se pone en el mismo nivel a los grandes poseedores de tierras que especulan con ellas y al ciudadano común que vende su propiedad por necesidad. Según Correa los
dueños de la tierra se han beneficiado de las obras e inversiones gubernamentales por ello reclama su derecho a participar de los recursos que provengan de la plusvalía. Sin embargo vale recordar que las obras o mejoras se hacen con dinero proveniente de los mismos impuestos que los ciudadanos pagan al gobierno central y local. Estos cambios se disfrazan con una fraseología de supuesta defensa derechos y de mejores condiciones de vida, pero detrás de esto está la necesidad conseguir más recursos para sostener su política clientelar y sobre todo responder a los intereses de las grandes trasnacionales y a los requerimientos del TLC.
Eliminado el subsidio del transporte urbano
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gobierno ecuatoriano ha presentado a la Asamblea Legislativa la proforma presupuestaria para el año 2015, por un valor de 36 mil 317 millones de dólares, con un precio de barril de petróleo estimado en 79.7 dólares por barril, una inflación de 3.9% y un crecimiento anual del 4.1%. Los grandes valores y cifras difíciles de entender encubren los manejos que desde el gobierno se están haciendo con los recursos de todos los ecuatorianos, profundizado por la ausencia de detalles en los orígenes y destinos de los recursos lo cual garantiza impunidad, pues, al hablar de generalidades no es posible precisar los perjuicios que se realizan. Dado que eliminar el subsidio al transporte ha sido una de las metas expuestas por el correísmo, este rubro ha permanecido en la óptica de la opinión pública lo que permite descubrir, por la acusiosidad periodística, que los recursos para cubrir el subsidio al transporte urbano ya no constan en el presupuesto para el 2015.
En efecto, para el año 2014 el subsidio de transporte urbano e interprovincial fue de casi 99 millones de dólares, para el 2015 únicamente consta el subsidio al transporte interprovincial que asciende a 43.9 millones. Se mantiene este subsidio debido a que el gobierno central no logró trasladar la responsabilidad de este tipo de transporte a los gobiernos seccionales, como sí lo hizo con el transporte urbano. El objetivo político del correísmo es claro y en varias ocasiones hecho público: pretenden reducir o eliminar los subsidios, acaso quedarse con el más rentables políticamente hablando, es decir con el subsidio de “desarrollo humano”. Proceder de esa manera le abre al gobierno las puertas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Del primero ya ha recibido varios préstamos y con el segundo tiene acercamientos impensables en un gobierno de izquierda, como pretende ser reconocido el correísmo. Según el plan correísta quienes deben cu-
brir los costos de los subsidios son los municipios que, a su vez, negociarán con los transportistas el nivel de subsidio o, simplemente, no entregarlo. Todos los municipios se quejan de que las asignaciones del presupuesto central, que este año ascienden a 3 mil 253 millones de dólares, son insuficientes, por tanto no cuentan con recursos para subsidiar el transporte, lo cual los pone en la encrucijada de incrementar los impuestos, como el predial, o trasladar el costo a los usuarios. Una tercera opción es exigir al gobierno central que entregue la responsabilidad del transporte, incluido el rubro del subsidio, pero la dependencia política que tienen, la mayoría de ellos, con el régimen les impide actuar en defensa de los intereses de sus gobiernos seccionales y de sus pobladores. El efecto político de incremento de las tarifas de transporte será absorbido por los alcaldes, dejando la imagen de Rafael Correa sin afectación. Ese es el objetivo político de esta movida.
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spués del pedido de los transportistas y el anuncio del gobierno ante el incremento en los pasajes, desde la presidencia, a suerte de “lavado de manos”, se “tira la pelotita” a otras instancias para resolver este problema que afecta a la mayor parte de la población. El gobierno sostiene que, según el COOTAD (Código de Ordenamiento Territorial), y la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes deben solucionarlo son las autoridades locales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADS que ahora, con la eliminación del subsidio destinado para el transporte hace que los municipios se vean obligados a asumir esta ompetencia. Desde varios sectores sociales se plantean diversas alternativas a corto y mediano plazo para intentar resolverlo. Discusiones, debates y talleres, con transportistas y autoridades municipales, se han llevado a cabo con la finalidad de plantear propuestas viables. Todo esto se ha impulsado desde los sectores organizados y algunas autoridades locales, situación ante la cual el gobierno se mantuvo alejado desde el inicio. El régimen no solo se ha deslindado, sino que le resultó un interesante escenario para hacer “lo suyo”: atacar, provocar, confundir, mentir y, en medio de eso, propagandizar su “buen gobierno”. Es así que este asunto ha devenido, gracias a Correa, en una “lucha” entre el gobierno central y los locales, sin importarle el verdadero efecto que tendría el alza de pasajes en las familias ecuatorianas. Marchas como la de los transportistas urbanos de Quito, anunciada para el 20 de Noviembre, y la realizada en Guayaquil por los familiares de este gremio son efectuadas bajo la venia del gobierno. Su apoyo a los transportistas es cada vez más evidente. Rolando Panchana (AP), gobernador de Guayas, recibió cordialmente la marcha a favor del alza; Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, se reunió con el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Héctor Solórzano y el asambleísta Alberto Arias, para analizar propuestas que permitan apoyar al sector transportista y a los choferes profesionales del país. Los medios de comunicación del gobierno también están en la tarea, basta cinco minutos de atención en sus canales. Así, todos los funcionarios y ejecutivos de Alianza País muestran una falsa preocupación hacia este sector. No es una cuestión de estar a favor o en contra de los trasportistas, pues los trabajadores de ese sector también son explotados y merecen ser escuchados, pero no se puede permitir un alza en los pasajes. Es inadmisible que el gobierno provoque el problema, se deslinde sin solucionarlo y además lo use como una nueva trinchera por réditos políticos en donde prima el conflicto y la “jugada” pisoteando la opinión y el sentir de la mayoría de ecuatorianos.
Por el Poder Popular y el Socialismo
Negocio petrolero con China: La farsa de la soberanía correísta Una de las características del correísmo ha sido su alto nivel de corrupción, principalmente en el negocio petrolero. Un caso concreto son los grandes beneficios que un grupo de familias ecuatorianas han alcanzado gracias a los negocios con los chinos.
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esde el 2007, la relación económica y de cooperación entre Ecuador y China se ha fundamentado en los créditos, la explotación petrolera y la venta de servicios para infraestructura. Esta lógica iniciada en el gobierno de Palacio continuará a futuro. Para el año anterior (2013), la balanza comercial con China fue negativa en USD 2 701 millones, la deuda externa con ese país se ubicó en USD 4 633 millones y la venta de petróleo superó el 80% (252000 barriles diarios) del total exportable.
El negocio petrolero
Una parte del pago de los créditos con China el gobierno ecuatoriano lo viene realizando con petróleo, este ha
creado un proceso de intermediación que ha hecho que el crudo ecuatoriano termine en refinerías de Chevron en California. Las principales beneficiadas por este acuerdo han sido compañías privadas como Taurus Petroleum, Ursa Shipping y Gunvor SA; dos de las cuales tienen cercanía con el gobierno ruso de Putín, pues, el petróleo que compran tiene valores inferiores al del mercado, recibiendo altos dividendos por la intermediación. El Ecuador por su parte perdió anualmente un promedio de 230 millones de dólares. La propia Contraloría General del Estado, en el año 2012 analizó dos de seis contratos ejecutados entre 2010 y 2011, y concluyó que el país
dejó de percibir más de 44 millones de dólares debido a una errónea negociación de precios. El perjuicio analizado en este informe podría llegar a los 100 millones de dólares si se proyecta hasta el fin de los contratos, y podría incrementarse aún más si se incorpora el análisis de los contratos posteriores. Sin embargo, al día de hoy, no se han abierto procesos legales contra los responsables de esta situación. A los negocios por intermediación petrolera se deben sumar las altas ganancias que por operaciones de bloques petroleros vienen teniendo empresas como Andes Petroleum y PetroOriental, ambas subsidiarias de la China Nacional Petroleum Corp.
(Cnpc). Para graficar el negocio, pondremos como ejemplo una de las ventas de crudo pesado realizadas por Andes: la empresa subsidiaria de China National Petroleum Corporation, extrae petróleo de los bloques Tarapoa y Lago Agrio a nombre de la estatal Petroecuador bajo contrato de servicios; sus pagos se realizan con entregas de crudos Napo y Oriente, que frecuentemente son exportados luego a través del mercado abierto. China National Oil and Gas Development Corporation, otra firma china, actuará como vendedora de los embarques de crudo, que serán adquiridos a partir de enero 2015 a cotización del crudo West Texas Intermediate. Ambas empresas chinas; China Nacional Petroleum Corp. y China National Oil and Gas Development Corporation son empresas que pertenecen a PetroChina. Como podemos ver, las empresas chinas prestan la plata, cobran en petróleo barato, el mismo que es explotado por ellos y vendido por sus propias intermediarias a precios más altos. El discurso soberano que tanto llena los pechos a los correístas, queda desenmascarado cuando analisamos los negocios rentables que se han hecho durante estos siete años y que han beneficiado a las empresas trasnacionales.
Se cae el discurso de la defensa de la soberanía
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a visita de la Secretaria adjunta de EEUU para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, deja claro que el discurso de defensa de la soberanía es solo palabras, pues, con bombos y platillos el gobierno de Rafael Correa recibió a la funcionaria que llegó al país para negociar varios acuerdos de cooperación, entre los más importantes el de seguridad. En estas negociaciones el gobierno se “hizo de la vista gorda” y dejó atrás las “contradicciones” que dice tener con la política exterior que aplica el gobierno norteamericano y lo
hizo en el propósito de ampliar las relaciones comerciales que benefician a los grandes grupos económicos del país. Uno de los temas centrales de esta visita fue el de la cooperación para la seguridad y aunque no fue difundido, fue claro que este aspecto estuvo en la mesa de negociación, ya que solo así se entiende la reunión mantenida entre Jacobson y Fernando Cordero, ministro de defensa y José Serrano, ministro del interior. Este ámbito se debatió en el de las supuestas explicaciones pedidas por Gobierno ecuatoria-
no a EE.UU. sobre la participación de la CIA en el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas a Angostura en el 2008, y el cierre de la oficina de cooperación en temas de seguridad, la que según el gobierno de norteamericano limita la colaboración de este país en esta materia. Ciertamente los temas de seguridad fueron tratados con reserva y perfil bajo, para no afectar la imagen del gobierno. Por ello se ha priorizado la difusión de otros temas como la supuesta necesidad de fortalecer los acuerdos planteados en la agenda bilateral,
en la que se establece la cooperación en educación, comercio, patrimonio cultural y energía limpia. Pero además, el gobierno utiliza esta visita de Jacobson políticamente y para sus intereses. Con el fin de sacarle rédito a esta “incómoda” visita hace énfasis en la colaboración del gobierno de EEUU para agilitar los trámites de extradición en varios casos de corrupción como el de los hermanos Isaías condenados por malversación; el del exgeneral de Policía Édgar Vaca, procesado por crímenes de lesa humanidad; el caso de Jamil
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Mahuad y el de su primo Pedro Delgado, aunque se conoce que estos procesos no han avanzado, principalmente, porque hay intereses creados en el país que lo han impedido. Rafael Correa, respecto a la visita de Roberta Jacobson, señala que no importan los desacuerdos que existen entre EEUU respecto a la política internacional, lo deja en segundo plano e insiste en deben prevalecer los acuerdos comerciales. Esto deja clara la posición que el correísmo tiene en esta materia. -Priorizar el mercado pisoteando la soberanía-.
Javier Ramírez, víctima de la aplicación de la justicia correísta
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jueza multicompetente de Cotacachi, Nubia Cerón, ratificó la prisión preventiva en contra de Javier Ramírez, quien a través de su abogado defensor había solicitado una revisión de las medidas cautelares. En la audiencia realizada el pasado 10 de abril de 2014, Polibio Pérez y Javier Ramírez, dirigentes de la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, fueron detenidos. A Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, tras la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal por el presunto delito de rebelión contra la administración pública. Se trataba de una detención preventiva, mientras se realizaban las investigaciones, y debía ser solo de 90 días, pero ya van más de siete meses y hoy nuevamente se ratifica la sentencia, produciéndose un caso más de injusticia contra uno de los dirigentes que ha levantado su lucha contra una de las minera que a juicio de las comunidades, es la responsable de violaciones de derechos humanos. Para la familia el presidente de la comunidad de Junín fue detenido de manera injusta y usando una orden de detención errónea. Testigos aseguran que los cargos que se le imputan son falsos. Afirman que a Javier lo detuvieron con una orden de captura del hermano. La policía insistió en llevarlo a Quito para verificar las huellas dactilares, y durante el viaje emitieron una orden de captura en su contra, apresándolo a su llegada. En el proceso seguido en los exteriores de la Corte Judicial aproximadamente 20 policías formaron un cordón para impedir el ingreso de los familiares, amigos y defensores de los derechos humanos que exigía la libertad del dirigente campesino. En el interior de la Fiscalía, un fiscal, el abogado defensor y otro acusador presentaban sus alegatos a la jueza. La misma que necesitó solamente 18 minutos para ratificar la sentencia de prisión preventiva para Javier Ramírez, quien deberá seguir privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, mientras continua el proceso judicial por el delito que se le acusa. Con estos antecedentes la ratificación de la sentencia del dirigente de la comunidad de Íntag, no es más que la demostración que en el Ecuador no hay justicia para los dirigentes campesinos, populares y sindicales, lo que se constituye en un episodio más de la vergonzosa aplicación de la justicia por parte del correísmo. Los habitantes de la zona, la mayoría de las comunidades no desea la explotación minera en el área, pese a la acción emprendida por la empresa Codelco interesada en el cobre de Intag. Se trata del proyecto minero denominado Llurimagua, de la mencionada empresa en complicidad con ENAMI, que amenaza por tercera ocasión con la destrucción de un ecosistema protegido. Protestas y represión están a la orden del día por parte del régimen, la violación constante de los derechos humanos por parte de las autoridades, policía y la empresa privada es la constante en la permanente lucha de las comunidades asentadas en la zona de Íntag.
Por el Poder Popular y el Socialismo
Corte Constitucional servil El verdadero
interés para el gobierno sobre la comunicación
La actuación servil de la Corte Constitucional, al calificar de enmiendas al paquete de contra reformas presentadas por PAIS, dio luz verde al oficialismo para que imponga su propuesta antidemocrática utilizando su mayoría en la Asamblea Nacional, evitando así el camino de la Consulta Popular
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l contenido reaccionario de los cambios propuestos a la Constitución son muy claros, se restringen derechos como la sindicalización de los trabajadores del sector público al dejarlos fuera del Código del Trabajo, se considera a la comunicación como un servicio público para incrementar el control estatal afectando la libertad de expresión, se afecta el derecho de la población a tomar decisiones vía consulta popular sobre cualquier tema a nivel local. Por otra parte se busca afirmar el autoritarismo y la concentración del poder cuando se quitan atribuciones a la Contraloría para verificar el cumplimiento de objetivos en el sector público, se asigna a las Fuerzas Armadas la misión de la seguridad inter-
na y el orden público, es decir represión a la movilización social, y finalmente el deseo de perennizarse en el poder a través de la reelección indefinida. La negativa del oficialismo a dar paso a una consulta popular sobre su contrareforma revela el carácter profundamente antidemocrático del régimen, que privilegia la seguridad de sus aborregados asambleístas al potencial peligro del pronunciamiento popular. Los temas planteados a debate son sensibles para la población, el 73% reclama la convocatoria a consulta popular y más del 58% se pronuncia abiertamente contra la reelección indefinida. El caudillo que presumía su invencibilidad en las urnas, quedó en el pasado. Se sabe debili-
tado y huye de la democracia directa. Luego de casi ocho años de gobierno, Rafael Correa ya no puede engañar al pueblo todo el tiempo, la insatisfacción crece en la población, los sectores organizados están pasando del descontento a la movilización, en respuesta el régimen profundiza la represión, lo que también lo desgasta. En esas condiciones el correísmo quiere evitar la consulta popular, pues sabe que puede expresarse un mayoritario voto castigo contra el mismo. La experiencia en el país da cuenta de cómo sectores populares derrotaron en las urnas a los gobiernos de turno. Fue así en el plebiscito de 1986 contra Febres Cordero y en la Consulta contra las privatizaciones en 1995, en
La reforma constitucional afectará acción de los municipios
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l inciso tercero del artículo 104 de la Constitución dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción.”, con la aprobación de la reforma constitucional propuesta por el gobierno se añadirá: “que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno”. Esto conlleva una evidente, aunque bien camuflada, afectación a los derechos de los gobiernos seccionales.
Posiblemente el caso más evidente será el que tendrán que enfrentar los municipios de las zonas petroleras que bien podrían consultar a sus habitantes sobre, por ejemplo, en defensa de la conservación del medio ambiente el paso o no por su territorio del oleoducto. Con esta reforma constitucional ese municipio no podría realizar la consulta pues el gobierno central puede aducir que al ser la extracción petrolera de interés nacional, rebasa las competencias del municipio y evitar la realización de la consulta.
La reforma al COOTAD podría ser una propuesta legal que nazca de un gobierno seccional, proponiendo que el traspaso de competencias subsidiadas, como es el caso del transporte, se realicen añadiendo los valores correspondientes al subsidio a los dispuestos por la Constitución. Con la vigencia de esta reforma constitucional, la Corte podría negar una consulta de esa naturaleza pues el COOTAD es una norma legal que va más allá de la competencia de un municipio. Ambos ejemplos son muestra de la afectación de dispo-
el gobierno de Sixto Durán Ballén. El mismísimo Rafael Correa perdió la consulta sobre la justicia en 12 provincias en el 2011. Es evidente el temor del Presidente a una nueva derrota electoral. Todavía está fresco el aparatoso fracaso de las elecciones de Febrero, las cuales PAIS perdió en todo el Ecuador. El oficialismo sufre el mismo temor que le motivó a boicotear a toda costa la consulta sobre la explotación del Yasuní. Las organizaciones populares y fuerzas de izquierda se han manifestado en contra de las enmiendas, y se movilizarán el próximo 19 de noviembre para defender el derecho de los pueblos a tomar decisiones y exigir la convocatoria a la Consulta Popular
siciones nacionales a los gobiernos locales situación frente a la cual tendrán graves dificultades para resolverlas. Al afectar las atribuciones de los gobiernos seccionales en realidad se está afectando a los derechos de de los habitantes de esas zonas ya que no podrán ejercerlos, en lo referente a ser consultados, debido a que la autoridad de esa zona no podrá convocar a consulta popular. Visto así el tema, efectivamente es una disminución de derechos de los habitantes de los territorios administrados por
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los gobiernos autónomos, por tanto corresponde una consulta para conocer si ellos estarían dispuestos a que ese derecho les sea conculcado. Por otro lado implica la concentración de capacidades de convocatoria en el gobierno central que no tendría ninguna limitación para convocar consultas, incluso, nada le limita convocarlas a nvel local. El correísmo ha generado otra contradicción entre concepto de descentralización expuesto en el COOTAD y el creciente centralismo que ejerce.
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Corte Constitucional (CC) el mes pasado ya negó la demanda de inconstitucionalidad del artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en la que se define a la comunicación como un servicio público y se “cuece” en la enmienda constitucional. El momento en que éste se convierte en servicio público, se fundamenta el papel del Estado como regulador y vigilante, garantizando así su control sobre los medios de comunicación y la información emitida por los mismos. Los medios privados, desde la visión de mercado y como empresa, plantean que esta es una clara demostración del interés del gobierno de “monopolizar” la información, restringiendo el derecho a la libertad de expresión desde la individualidad y que para que el Estado garantice este derecho no requiere cambiar la Constitución. Según el oficialismo, es un servicio más que un derecho, en la medida de que los medios cumplen con una misión social y por eso Estado debe controlarlo. El debate pareciera ser solo entre estos dos actores, la empresa privada y la pública, pero el público, el principal afectado, es el gran ausente. La información es un “arma” muy poderosa, tiene un carácter de clase y responde a los intereses de quien la tenga en su poder, puede ser opresora o liberadora. En el sistema capitalista casi la totalidad de los medios de comunicación masiva a nivel global se encuentra en manos de la burguesía y, en este caso, la disputa es interburguesa, una pelea entre los grupos de poder tradicional y los nuevos enquistados en el gobierno. Ahora bien, eso no tiene como intención un trabajo conjunto de “complementariedad” entre el Estado y la empresa privada, como fue planteada en un inicio por la socialdemocracia. Ni que el Estado garantice el derecho a la comunicación para todos a través de esto como lo propusieron sectores progresistas, sino que obviamente tienen un carácter disciplinador, vigilante, castigador e impositor. Este régimen posee un control total de los poderes del Estado, mantienen la “vigilancia y castigo” hacia toda la población y, cual pulpo, pretende involucrarse en todos los ámbitos de la sociedad con la única finalidad de afianzar su poder. La regulación estatal en el sistema capitalista no garantiza la libertad de información, al contrario, desde la misma lógica de empresa, es el gobierno el único que decide cómo y qué debe conocer la población. Y en un gobierno represor, criminalizador, violento, anti democrático y antipopular no contiene, bajo ninguno concepto, “buenas intenciones”.
Por el Poder Popular y el Socialismo
Trabajadores se movilizan por salarios dignos y estabilidad laboral Ninguna empresa farmacéutica se ha interesado en producir un remedio para una enfermedad asociada a los pobres, pues la posibilidad de pagar altos costos por medicamentos es nula
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as organizaciones sindicales y populares convocaron para el 19 de noviembre Jornada Nacional de Lucha; acción que se convierte en los actuales momentos en un enfrentamiento político entre los pueblos del Ecuador y el gobierno de Correa. Asambleas provinciales, reuniones de ejecutivos de las centrales sindicales, asambleas en los sindicatos, pronunciamientos públicos, ruedas de prensa; sumadas a las movilizaciones de los afiliados al Seguro Social Campesino y de los Pequeños Comerciantes son algunas de las acciones previas a la Jornada Nacional. Los dirigentes sindicales prevén que las principales acciones se realicen en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Portoviejo, Santo Domingo de los Tsàchilas, Riobamba, Latacunga, Puto, Lago Agrio, Esmeraldas, Machala, Loja, entre otras ciudades. Eduardo Ortega Presidente de la Federación Democrática de Trabajadores de Guayaquil (FDTG) indicó que “la movilización es una muestra de rechazo a la política anti obrera del gobierno, por la exigencia de la aprobación del Código del Trabajo presentado por los obreros hace dos años, el cual se establece mecanismos para garantizar estabilidad laboral y sueldos dignos.” Luego de la resolución de la Corte Constitucional sobre el tema de las enmiendas, se pronostica que estas movilizaciones será la primera
acción de rechazo a esta decisión pues este organismo permitió que la Asamblea modifique la norma legal que norme el régimen de los trabajadores del sector público y de esta forma limite el derecho a la sindicalización, a la huela, a la contratación pública, violentando de esta manera la normativa internacional de la OIT, principalmente los Convenios 87 y 98 Correa responde a la movilización con reformas puntuales El gobierno, luego de su regreso de Qatar a organizado una serie de reuniones con varios dirigentes sindicales amarillos para organi-
zar acciones que intenten enfrentar y limitar la Jornada del 19 de noviembre. Tuvo que retroceder en su intención de imponer un Código laboral reaccionario, y hoy propone algunas reformas puntuales, las mismas que se harán públicas en una concentración que se prevé para el 15 de noviembre. El FUT responde a la provocación correísta Por su parte el Frente Unitario de Trabajadores indicó que jamás han mencionado no querer un nuevo código, puesto que fueron los de la
iniciativa antes que el Gobierno lo plantee. Los dirigentes del FUT indicaron que los representantes de los gremios presentaron en el 2012 un proyecto íntegro, que acople la normativa laboral a los preceptos establecidos en la Constitución. Respecto a la propuesta que sería presentada por el gobierno, los dirigentes plantean que en temas como los décimos terceros y cuartos sueldos no aceptaran su mensualización. Asimismo, instaron al gobierno que se mejore la jubilación patronal, el desahucio, la libertad sindical, la contratación colectiva, entre otros puntos.
Defenderé la casa de mi padre Defenderé la casa de mi padre. Contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia, defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares; perderé los intereses, las rentas, los dividendos, pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre; me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre; me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos, y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie.
15 de noviembre de 1922
Huelga General por una nueva vida
“N
os encontramos colocados en la situación más difícil, a causa de la terquedad del capitalismo y sus sostenedores, quienes, prevalidos de la fuerza que los apoya, pretenden imponernos las condiciones más humillantes e imposibles para la solución de los justísimos reclamos que tenemos presentados a las respectivas empresas…” decía la proclama de la asamblea de trabajadores que decretó la Primera Huelga General, para el 15 de noviembre de 1922. Trece de noviembre de 1922, en el Sindicato “Tomás Briones” los trabajadores organizados realizaron el llamado a la Primera Huelga General por
el alza de sueldos y salarios, por la jornada laboral de 8 horas diarias, por el derecho a la organización y mejores condiciones de vida.
Era la clarinada de lo que sembraría con su sangre la clase obrera, un 15 de noviembre de 1922, la defensa de los derechos, la necesidad de la or-
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ganización y lucha y su participación en la vida política del país. Un 15 de noviembre, a las 3 de la tarde, salieron a las calles de Guayaquil, más de 20.000 hombres y mujeres, niños y ancianos, contra el hambre y el déspota capitalista. Se había regado la “noticia” que eran delincuentes manipulados por bolcheviques, para que el gobierno de José Luis Tamayo asesinara a más de mil mártires, masacrados a bala, abiertos sus vientres y echados al río Guayas. Estos acontecimientos de la historia del movimiento obrero y del país, marcan las lecciones que tenemos que asimilar
los proletarios. Debemos recoger el legado de los mártires del 15 de noviembre, defendiendo los derechos que ellos alcanzaron. Libertad de organización sindical, jornada laboral de 8 horas de trabajo, derecho a la huelga, conquistas que este gobierno seudoizquierdista pretende violarlas al establecer requisitos para la sindicalización, emitir el Decreto 16 que impiden la libre organización. Los trabajadores del país han redoblado su organización en el FUT, han retomado las calles, como el mejor homenaje a la Primera Huelga General, un combate por una nueva vida.
Por el Poder Popular y el Socialismo
Estados Unidos
Los demócratas quedaron en manos de los republicanos Si bien los republicanos bloquearon estas reformas no es menos cierto que los planteamientos demócratas no cubrieron ni las expectativas de los migrantes ni sus propios ofrecimientos electorales. del Kurdistán iraquí de Erbil y la importante ciudad petrolera de Kirkuk e invadieron la ciudad Yazidi de Shengal. Decenas de miles de yazidíes huyeron de Shengal y se han refugiado en Turquía.
E
n las recientes elecciones parlamentarias y de gobernaciones los republicanos han cosechado lo que sembraron. Durante todo el mandato del demócrata Barack Obama en la presidencia de los Estados Unidos, los republicanos le realizaron una fuerte oposición a buena parte de las propuestas que lo llevaron al poder. El resultado es un presidente maniatado y los republicanos ganadores de las elecciones intermedias. Los republicanos sostiene que “los estadounidenses le han dicho a Obama que ya no quieren su modelo” y para respaldar sus afirmaciones tienen los resultados electorales en los que los demócra-
tas perdieron el control del Senado que tradicionalmente han controlado, han reducido su influencia en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Además estos aumentaron el número de gobernadores en estados demócratas. Parte de las explicaciones a estos resultados se dice que es la estructura de los votantes que acudieron. Primeramente un alto abstencionismo y segundo una ausencia de la juventud. Lo que habría dejado en manos de personas adultas y mayoritariamente conservadoras el destino de las elecciones. Los demócratas se reúnen para analizar la derrota, pero lo cierto es que la segunda
parte de este período de gobierno les va a ser mucho más difícil que los anteriores, prácticamente en manos de los republicanos. Un sector cada vez más importante en el electorado norteamericano es el de ascendencia latina, los hispanohablantes. De ellos se dice que le dieron la espalda a Obama por no haber concretado la reforma migratoria, que fue un ofrecimiento de campaña. Si bien los republicanos bloquearon estas reformas no es menos cierto que los planteamientos demócratas no cubrieron ni las expectativas de los migrantes ni sus propios ofrecimientos electorales. Las encuestas muestran que el 57% de los norteamericanos sienten que la crisis todavía golpea sus bolsillos y si es así, el responsable es Obama, los demócratas, entonces el resultado electoral es previsible. En esas circunstancias la estrategia republicana resulta
obvia: continuarán haciendo lo mismo pues ya les ha dado buenos resultados en dos elecciones intermedias. Seguirán obstruyendo las iniciativas demócratas, cuya consecuencia será la elección de un nuevo presidente republicano. Idealmente repetirán también la victoria en la Cámara de Representantes y el Senado lo cual abriría las posibilidades de implementar sus propuestas neoliberales al extremo, con la corriente Tea Party a la cabeza, una tendencia de extrema derecha dentro del partido republicano. En ese contexto la reunión que realizan los demócratas es importante porque deberán definir la estrategia para enfrentar las acciones republicanas. Obama ha dicho que seguramente impondrá una reforma migratoria, dando muestras de un posible cambio de esquema que deje de lado las conversaciones con los republicanos, pero estos ya le anticipan que si lo hace se arrepentirá.
Túnez: El Frente Popular consigue 15 diputados en el Parlamento
L
as recientes elecciones legislativas, efectuadas el pasado 26 de octubre, han provocado un fuerte remezón político en Túnez, país en el que en diciembre de 2010 inició la denominada primavera árabe que –en ese caso- provocó la caída del dictador Ben Alí, en enero del año siguiente. Desde entonces una fuerza islamista conservadora mantuvo el poder, pero ahora se ve forzada a cederlo al partido «Nida Túnez» (Llamada por Túnez), un movimiento político “modernista” de corte laico, que agrupa varias fuerzas y corrientes políticas unidas sobre todo para hacer frente a la gestión caótica del gobierno.
Nadha, partido islamista vencedor en las elecciones a la Asamblea Constituyente en 2011, ha perdido más de un cuarto de sus electores y sus diputados disminuyeron de 89 a 69, perdiendo así la capacidad de formar el nuevo gobierno. «Nida Túnez» obtuvo 85 escaños y, constitucionalmente, tiene la facultad de establecer el próximo gobierno. Destacan también en este proceso la votación obtenida por el Frente Popular, que por vez primera en la historia de la Tunicia independiente permite que la izquierda tenga representación parlamentaria. El F.P. alcanzó 15 diputados elegidos en las regiones más pobres del país, resultados victoriosos que
tienen un gran mérito porque debieronafrontar una campaña en la que el dinero se distribuía «generosamente» para comprar el voto de los más pobres con promesas impresionantes. El Frente Popular ha debido enfrentar una campaña electoral en condiciones de absoluta inferioridad material, basándose en su coraje, entusiasmo y capacidad de imaginación. Han recorrido el país, puerta a puerta, llevando valerosamente el debate donde era necesario durante todos los días de la campaña: en las fábricas, en lo barrios populares de las ciudades y también en las zonas rurales más recónditas del país. El portavoz del Frente, y candidato para las elecciones
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presidenciales, Hamma Hammami, ha batallado apoyando a sus compañeros y las listas del Frente en casi todas las regiones del país. El número de escaños obtenidos está por debajo no sólo de las aspiraciones de los militantes del Frente Popular, sino también de su presencia real, señalan nuestros camaradas tunecinos en un comunicado público. Eso se debe a las campañas de denigración de la prensa burguesa y sobre todo en las mezquitas, a la influencia del dinero «sucio» y al llamamiento al «voto útil» para derrotar al partido islamista… Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para comprender los resultados obtenidos
Putin, el hombre más poderoso según la revista Forbes
La
revista Forbes realiza anualmente una lista de los hombres más poderosos del mundo. El ranking de un total de 72 personalidades es encabezado por Vladimir Putin, Presidente de Rusia, quien se afirmó como uno de los hombres con mayor poder y por segundo año consecutivo Putin ha desplazado a Barack Obama, Presidente de EEUU, quien sufrió una derrota en las elecciones pasadas, enfrentándose ahora a un Congreso con mayoría republicana en ambas cámaras. Forbes para la calificación toma en cuenta: Sobre cuánta gente ejercen su poder; los recursos financieros bajo su control; si tienen influencia en más de una esfera; y cómo utilizan de manera activa su poder “para cambiar el mundo”. Uno de los fundamentos que sustentan esta calificación según la revista es su demostración de poder “anexando a Crimea, poniendo en escena una guerra subsidiaria en Ucrania y firmando un acuerdo con China para construir un gasoducto de más de 70.000 millones de dólares”. Muchas personalidades rusas también se encuentran en la lista como: Alisher Usmánov, el hombre más rico de ese país, Ígor Sechin, el presidente de la corporación estatal de petróleo rusa Rosneft (y amigo personal de Putin) y jefe de la corporación estatal de gas Gazprom, Alexéi Miller. Todos ellos, parte del grupo del presidente ruso, han tomado tajada de los excesos y ”frutos” de la política estatal impulsada por Putin. El Estado ruso se encuentra manchado por múltiples crímenes internos y propagados hacia a fuera, en un gobierno claramente nacionalista y conservador. Con Putin a la cabeza, el régimen respeta y defiende abiertamente la tradición cristiano-ortodoxa, mantiene un discurso y acciones en contra de la inmigración, sobre todo con la ilegal, es opositor férreo de derechos de los homosexuales, respondió con una salvaje represión a la amenaza del fundamentalismo islámico en Chechenia, apoya los grupos neo nazis en otros países y otros tantos “puntos” que demuestra la magnitud de su poder, de los que jamás denunciaría una revista estadounidense como esta. Este ranking demuestra la evidente concentración de poder en pocas manos, muchos de ellos son la cabeza visible de los grupos que ejercen el poder a nivel mundial. Es evidente que la influencia que poseen estos personajes tiene que ver con el fortalecimiento del sistema capitalista y es una clara demostración de la disputa interimperialista e interburguesa (a nivel local).
Por el Poder Popular y el Socialismo
Combate ideológico-político al revisionismo jrushovista E
¿Por qué el camarada Stalin fue condenado en el XX Congreso sin que los otros partidos comunistas y obreros del mundo fueran consultados previamente? Por qué ante los partidos comunistas y obreros del mundo se lanzó súbitamente el “anatema” contra Stalin, y muchos partidos hermanos se enteraron de esto sólo cuando el imperialismo hizo imprimir en gran cantidad el informe secreto del camarada Jruschov? (Enver Hohxa)
n este mes se cumplen 54 años de la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas y Obreros del mundo, realizada en noviembre de 1960 en Moscú, que tiene una trascendencia histórica, pues, marcó el punto de confrontación pública entre las posiciones contrarrevolucionarias de los revisionista jrushovistas y las de los marxista leninistas, afirmados en los principios revolucionarios de la ideología del proletariado. La Conferencia tuvo lugar 4 años después de realizado el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (el primero efectuado tras la muerte de Stalin) en el que los revisionistas se propusieron refrendar la política procapitalista impulsada ya por Jrushov. En ese congreso Jrushov leyó el “Informe Secreto sobre Stalin”, que acusaba a éste de crímenes y de ser responsable de promover el culto a la personalidad, y que el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo hizo público casi de manera inmediata, provocando desconcierto entre los comunistas y revolucionarios en todo el planeta. Con este antecedente asistieron 81 Partidos Comunistas y Obreros a Mocsú a dicha conferencia, convocada por los revisionistas con el propósito de posicionar sus ideas contrarrevolucionarias y denigrar la figura de Stalin, artífice de la victoriosa construcción del socialismo desde la muerte de Lenin hasta inicios de la década de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, la Conferencia también fue una tribuna para que los auténticos comunistas defiendan los puntos de vista marxista-leninistas y desenmascaren las posiciones políticas burguesas del revisionismo jrushovista. Enver Hohxha, primer secretario del Partido del Trabajo de Albania, levantó allí con convicción y vehemencia la defensa del marxismo leninismo.
El camarada Enver Hoxha, interviniendo en la reunión de los 81 Partidos Comunistas y Obreros.
En defensa del marxismo leninismo
E
n su intervención, Enver Hoxha desenmascaró el planteamiento oportunista de la coexistencia pacífica levantado por el revisionismo soviético para impedir el desarrollo de la lucha revolucionaria de los pueblos por conquistar la liberación social y nacional, diferenciándolo de la tesis marxista leninista que aboga por la paz entre los pueblos y condena las políticas guerreristas de la burguesía y el imperialismo. “No podrá haber Estado socialista, no podrá haber comunista verdadero que esté contra la coexistencia pacífica, contra la paz. El gran Lenin ha establecido, por primera vez, el principio de la coexistencia pacífica de los países con diferentes sistemas sociales como una necesidad objetiva mientras existan a la par en el mundo países socialistas y países capitalistas. Nuestro Partido del Trabajo, fiel a este gran principio de Lenin, siempre ha pensado y sigue pensando que la política de coexistencia pacífica responde a los intereses fundamentales de todos los pueblos, responde al objetivo de fortalecer en mayor grado las posiciones del socialismo; por
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eso, este principio de Lenin está en la base de la política exterior de nuestro Estado popular. Coexistencia pacífica entre dos sistemas opuestos no quiere decir, como pretenden, los revisionistas contemporáneos, que tengamos que renunciar a la lucha de clases. Por el contrario, la lucha de clases ha de proseguir, y debe fortalecerse cada vez más la lucha política contra el imperialismo, contra la ideología burguesa y la revisionista. A la vez que se lucha consecuentemente para establecer la coexistencia pacífica leninista sin hacer ninguna concesión de principios al imperialismo, se ha de desarrollar en gran medida la lucha de clases en los países capitalistas, así como el movimiento de liberación nacional de los pueblos de los países coloniales y dependientes”, señaló Enver Hoxha. También desenmascaró la conciliación de dirección soviética con el revisionismo yugoeslavo, condenado ya por varios partidos comunistas; puso al descubierto los intentos del PCUS por aislar al Partido Comunista de China del Movimiento Comunista Internacional, en base a
una campaña de calumnias y mentiras, sobre un supuesto abandono de éste de las posiciones marxista leninistas, contemplados en la Declaración de Moscú de 1957. Reveló también la política de chantaje impulsada por el PCUS en contra del PTA y Albania socialista, a fin de que se alinee con los puntos de vista contrarrevolucionarios del jrushovismo y defendió la personalidad y papel marxista leninista jugado por Stalin al frente de la ex Unión Soviética. “Para nosotros es evidente y comprendemos muy bien que nuestra actitud marxista-leninista, justa y de principios, que nuestra valentía en no aprobar y en denunciar aquellos actos suyos que son erróneos, le llevan a atacar a nuestro Partido, a ejercer todo tipo de presiones sobre él y a emitir hasta las más inauditas monstruosidades en su contra. Nada de camaraderil, nada de comunista hay en esta actitud. Usted nos compara con los revisionistas yugoslavos. Pero todo el mundo sabe bien cómo nuestro Partido ha luchado y lucha contra los revisionistas yugoslavos. No somos nosotros los que actuamos
como los yugoslavos, sino usted, camarada Jruschov, que está empleando contra nuestro Partido métodos extraños al marxismo-leninismo. Usted considera Albania como una mercancía que puede ser adquirida o perdida por uno u otro. Ha habido un tiempo en que Albania era considerada como una mercancía, cuando los demás creían que dependía de ellos la existencia o la inexistencia de Albania, pero aquellos tiempos se han acabado desde que las ideas del marxismo-leninismo triunfaron en nuestro país. Y usted está repitiendo eso mismo; lo hizo al considerar que “perdió” Albania y que otro la “ganaba” y también cuando decidió que Albania no era un país socialista, como resulta de la carta que nos entregaron el 8 de noviembre, donde no se mencionaba nuestro país como un país socialista. El que Albania avance por el camino del socialismo y forme parte del campo socialista no lo determina usted, camarada Jruschov, ni depende de su deseo. Esto lo ha decidido el pueblo albanés, encabezado por el Partido del Trabajo, con su lucha, y no hay fuerza capaz de apartarlo de ese camino”, manifestó el camarada Enver.