:: portada :: Brasil :: Nuevo golpe contra la democracia: Impeachment contra Dilma 16-08-2016

El saldo del golpe: menos derechos para los trabajadores, más ventajas para el Capital Miguel Enrique Stédile Sul 21 Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez



Transcurridos cuatro meses desde la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff y en vísperas de la clarificación del futuro político del país en el Senado, las consecuencias del golpe parlamentario-empresarial son cada vez más evidentes.

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Las manifestaciones a favor del impeachment podían esconderse bajo banderas genéricas e incluso populares, como la lucha contra la corrupción. Las señales eran, intencionadamente, confusas. No obstante, en la práctica, los cuatro meses del gobierno de Temer dejan claro para qué sirvió el golpe y a quién sirvió.

Desde el año 2008 la economía mundial afronta una grave crisis generada por el descontrol y la especulación del capital financiero. La receta de las grandes empresas transnacionales, mucho más poderosas de lo que lo es cualquier estado o gobierno, para salir de esta crisis está siendo uniformemente aplicada tanto en países del centro, como Francia, como en países de la periferia, como Brasil o Argentina. Básicamente, consiste en acelerar la explotación de los recursos naturales, especialmente los energéticos, y reducir al máximo los derechos de los trabajadores. De esta forma, reduciendo los precios de las materias primas y el ‘coste’ de los derechos laborales y sociales, el capital espera recuperar el equilibrio de su tasa de lucro. Obviamente, la consecuencia de este modelo será la acentuación de la crisis ambiental y social.

Si alguien duda de que es a este proyecto al servicio del cual está el gobierno golpista, basta con evaluar sus principales medidas en estos cuatro meses.

Agricultura familiar

Igual que otros ministerios dedicados a asuntos sociales, el Ministerio de Desarrollo Agrario fue eliminado. Las políticas que se desarrollaban en ese ministerio fueron transferidas al Ministerio de Desarrollo Social y agrario o distribuidas en otras carteras ministeriales, como el Gabinete de Presidencia. Desaparecido el Ministerio de Desarrollo agrario, la agricultura familiar también fue excluida de la Cámara de Comercio Exterior, retirando ese sector de cualquier negociación internacional que puedan promover o perjudicar a los pequeños agricultores.

Prueba de que la eliminación y la reorganización del Ministerio afecta directamente a la agricultura familiar está en la retirada de 160 millones de reales de los recursos del Programa de Adquisición de Alimentos, que adquiría productos de los pequeños agricultores para escuelas, guarderías, asistencia social, etc. Con esta media fueron excluidos 40 mil agricultores y 2 mil cooperativas.

El gobierno golpista, además, también revocó llamamiento público para la

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selección de entidades prestadoras de servicios para la asistencia técnica, dejando desasistidas 188 mil familias de agricultores.

Vivienda

La primera media del ministro de Ciudades, Bruno Araújo, fue abandonar la meta del gobierno Dilma de contratar dos millones de viviendas para el programa Minha Casa Minha Vida para los dos próximos años. Con esa decisión, el gobierno golpista consiguió perjudicar, en un único gesto, a 6,1 millones de personas afectadas por el déficit habitación y dejó de generar 1,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 660 mil eran directamente en las obras y otros 682 mil indirectos, según la Fundação Getúlio Vargas (FGV). En la práctica, son 70 mil millones de reales que dejan de ser generados en el Produto Interior Bruto (PIB).

Salud

Antes de ser ministro de Salud, Ricardo Barros era diputado federal elegido gracias a las generosas contribuciones de las empresas sanitarias. Ahora, el ministro golpista tiene la oportunidad de devolver los favores recibidos. Barros ya anunció que está negociando con el ‘mercadp’ -no con la sociedad-, las modificaciones que va a introducir en el Sistema Único de Saúde. El Ministerio creó un grupo de trabajo para la creación de ‘Planes de salud populares’, cuyo nombre es engañoso, pues en la práctica excluye el principio constitucional de gratuidad de la salud y obliga a los trabajadores a contratar planes de salud con escasa cobertura e de pésima calidad.

Represión y Derechos Humanos

El ministro golpista Alexandre de Moraes fue designado por su trayectoria ejemplar; es decir, es el responsable de desalojar a los adolescentes que ocupaban escuelas públicas en São Paulo sin mandato judicial. Como sus pares, Moraes tiene poco aprecio por la Constitución y por los derechos. No por casualidad, su primera media fue la suspensión de todas las acciones vinculadas con los derechos humanos, siendo las áreas policiales las únicas que casi siguen funcionando en el ministerio.

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¿Es consciente de la delegación de refugiados, tan aplaudida en la inauguración de los Juegos Olímpicos? Probablemente esa fue la última vez en que veamos refugiados tan bien recibidos en el país, porque Moraes suspendió las negociaciones con la Unión Europea para recibir 100 mil refugiados de la guerra de Siria en los próximos cinco años.

Educación

Cuatro grandes programas en el área de la educación fueron recortados en estos meses: Pronatec, ProUni, Fies y Ciencias Sin Fronteras[1]. En la práctica la medida afecta a más de dos millones de estudiantes. A parte de eso, el gobierno destituyó a los miembros del Consejo Nacional de Educación, escogidos anteriormente por consulta a la sociedad.

Internet

Si hasta ahora Brasil era modelo y referente internacional en la legislación sobre la red mundial de ordenadores, ahora, el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicación, pretende disminuir la representación de la sociedad civil en la gestión del Internet brasileño y aumentar la participación de las operadoras telefónicas, las mismas que quieren acabar con la neutralidad de la red, esto es, acabar con el principio básico de que todo el mundo debe tener acceso a la información y al intercambio de datos, sin discriminación, por ejemplo, por tipo de plan o pago.

Presal

Ni pedaladas ni corrupción. El motor del golpe es quién se hará con la explotación de las reservas del presal brasileño. Según documentos filtrados por Wikileaks, el senador José Serra, actual ministro golpista de Asuntos Exteriores, se comprometió con la petrolera norteamericana Chevron a modificar las reglas de explotación del presal. El gobierno Dilma ya había mostrado sus dudas y llegara a coincidir con el proyecto del entonces senador. Ahora la propuesta sobrevuela el congreso, donde ya fue aprobado en el Senado y está en régimen de urgencia en la Cámara. Al eliminar la exclusividad de Petrobras sobre el presal, el proyecto promovido por los golpistas retraerá recursos procedentes de la explotación que estaban destinados al Fondo social, que adjudicaba el 25% para sanidad y el 75% para educación, y reduce las inversiones en industria naval y petrolera nacional.

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Estado para unos pocos

Si el gobierno golpista promueve la privatización de la sanidad, de la educación y del presal, ¿para qué es necesario el Estado? Por esa razón, todos los concursos públicos están paralizados hasta ek año 2018. Por esa misma razón, tiene previsto congelar el techo de la inversión pública para los próximos 20 años.

¿Significa eso que el gobierno va a gastar menos? Si, va a gastar menos en el pueblo y más con los amigos, los partidarios y los promotores. Después de todo, al mismo tiempo que denunciaba un déficit de 170 mil millones de reales en las cuentas públicas, el presidente golpista distribuyó alegremente un aumento salarial para el funcionariado público que supondrá un costo de al menos 58 mil millones hasta el año 2019. Y no sólo eso: los mayores beneficiarios son los jueces del Supremo Tribunal Federal, que juzgarán el impeachment. Aparte del aumento del techo del funcionariado a 39.293 reales. Y ya para rematarla: la Cámara de los Deputados aprobó simultáneamente la creación de 14.419 cargos federales, casi cuatro veces el número de cargos comisionados que Michel Temer prometió eliminar este año.

Alguien habrá que se echó a la calle pensando que el impeachment era contra la corrupción, a pesar de que no hay ninguna denuncia que afecte directamente a la presidenta Dilma. Seguro que esas gentes estarán satisfechos con la lista de ministros del gobierno Temer: seis ministros responden a requerimientos del Supremo Tribunal Federal, otros siete fueron citados en la operación Lava Jato y otros doce recibieron donaciones de las empresas incluidas en el sumario de operación Lava Jato.

Las grabaciones de Sérgio Machado, ex presidente de la Transpetro, con Romero Jucá revelaron los motivos del PMDB y el PSDB[2] para apoyar el impeachment: impedir que avance la operación Lava Jato. Las filtraciones hicieron caer a Jucá. Seguidamente, las filtraciones hicieron caer al ministro de Transparencia (!!!!), Fabiano Silveira, por criticar la operación Lava Jato.

Como si no fuese suficiente nombrar ministros investigados, Temer alteró la estructura de la Controladuría General de la Unión (CGU) y retiró la urgencia del paquete anticorrupción, enviado por Dilma al Congreso, que criminalizaba las cuentas B en campañas electorales y modificaba el Código Penal para combatir la corrupción.

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Si en apenas cuatro meses el retroceso y las consecuencias sociales del golpe empresarial militar tuvieron esta magnitud, imagínese la gravedad social y económica que tendrá si permanece en el tiempo. En este sentido, no se trata sólo de impedir la continuidad de este proyecto ilegítimo e impopular, logrando el retorno de la Presidenta, es necesario además alterar el curso de la economía brasileña, poniendo rumbo a un proyecto soberano, autónomo y sostenible en el que el Estado no esté al servicio ni de promotores electorales ni de grandes empresas transnacionales.

Miguel Enrique Stédile es miembro de la Coordenação Nacional del MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) de Brasil. Notas del traductor [1] Pronatec, ProUni, Fies y Ciencias Sin Fronteras son programas del gobierno brasileño que tienen por objetivo aumentar la oferta de educación profesional y tecnológica (Pronatec), asegurar el acceso a la universidad privada mediante la concesión de becas totales y parciales de estudiantes sin recursos (ProUni e Fies) y consolidar la internacionalizacón de la ciencia brasileña (ciencia sin Fronteras). [2] El Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), del que dimitió como presidente Michel Temer para asumir la presidencia de la República, y el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) son los dos grandes promotores del golpe. Fuente: http://www.sul21.com.br/jornal/o-saldo-do-golpe-menos-direitos-para-os-trabalhado res-mais-vantagens-para-o-capital-por-miguel-enrique-stedile/ Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y a Rebelión como fuente de la misma.

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