Universidad de Beijing República Popular China

MONOGRAFÍA

La incentivación de los productores agropecuarios: estudios de casos en Cuba

AUTORA

MSc. May Ling Chan

Beijing, 2013

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Indice RESUMEN Capítulo 1

INTRODUCÍON

Capítulo 2

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Capítulo 3

MATERIALES Y MÉTODOS

Capítulo 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Capítulo 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo 6

REFERENCIAS

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RESUMEN

La producción agropecuaria y la alimentación en la República de Cuba se sustentaban en los contratos de importaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). En 1990 colapsó ese sistema socialista de integración económica. Lógicamente esto afectó a Cuba. Para contrarrestar la crisis el gobierno introdujo cambios en la política agropecuaria. Entre esos cambios sobresale el fomento de incentivos para los productores agropecuarios. El objetivo general de esta investigación fue evaluar la implementación esos incentivos entre 2007 y 2009. Se hicieron estudios de casos en tres provincias de Cuba. En cada una se tomó como muestra dos tipos de cooperativas agropecuarias, una conformada por agricultores propietarios de tierras, y la otra por agricultores usufructuarios de tierras.

Se realizaron recorridos exploratorios, consulta de documentos, y

entrevistas con 115 productores y 104 funcionarios, profesionales y técnicos de la agricultura. Los incentivos identificados fueron “autonomía”, “recursos”, “ingresos”, “proyectos”, “premios y reconocimientos”, “autoestima”, “servicios básicos”, y “sostenibilidad”. En la implementación de estos incentivos se reflejaron tensiones entre la demanda de recursos y su déficit, el plan y el mercado, la gobernabilidad central y la local, y, entre el enfoque agronómico industrial y el agroecológico. Se demostró que este sistema de incentivación

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satisfizo gradualmente un conjunto de expectativas de los gobiernos y productores agropecuarios en el mundo y en Cuba.

1.

INTRODUCCIÓN

1.1..

Los incentivos como objeto estudio

La palabra “Incentivo” proviene del latín “incendiare”, que significa “incendiar”, es decir, prender fuego. Hoy se usa para nombrar lo que incrementa la motivación de las personas. Por ejemplo, el premio que se ofrece a los ganadores es un incentivo para los participantes en un concurso. Las instituciones sociales estipulan incentivos según determinados fines. Pero no siempre se logra el efecto adecuado. Además, las circunstancias y motivaciones de las personas no son estáticas. Por eso se necesita reflexionar, estudiar y debatir sistemáticamente los incentivos. El interés por los incentivos como objeto de estudio se remonta a Moxi o Mozi (Gorbaneff et al., 2009). Este clásico filósofo chino (siglo V a.n.e) recomendó el uso de incentivos como la reputación y la persuasión, pero desaconsejó la amenaza. En la Psicología se habla sobre el papel de los incentivos como estímulo o recompensa que provoca una determinada respuesta psicológica positiva o negativa de las personas (Ortega y Papini, 2007). Los historiadores discuten el papel de los incentivos en la evolución de la Revolución industrial y la modernización. Para algunos como Gregory Clark esos cambios

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sociales no se deben a los incentivos, sino a factores biológicos como la selección natural, el crecimiento de la población, y mejoramiento de la alimentación en Europa (Wade, 2007). Vivimos en una época de proliferación de los movimientos de reivindicación social, tales como el movimiento feminista, el movimiento de inmigrantes, el movimiento de campesinos, o los movimientos por la paz, y por la conservación del medio ambiente, etc. Es de interés el análisis del papel de los incentivos en las acciones colectivas de esos movimientos sociales (Robles, 2007). Hoy se alerta sobre la necesidad de revisar si las políticas institucionales estipulan incentivos

que

motiven

a

los

empresarios,

productores,

comerciantes

y

consumidores a que contribuyan a la sostenibilidad del sistema económico, tanto desde el punto de vista ambiental, como social, y como cultural (Jakson, 2010). En fin, se pudiera hablar extensamente sobre los múltiples campos en que operan los incentivos, y la necesidad de su objeto de estudio científico interdisciplinario y transdisciplinario.

1.2. Los incentivos como instrumentos de las políticas agrarias Una plantación agraria o finca tamaño “R” tendrá incentivos a aumentar su tamaño a “K”, bajo un escenario de política agraria “0”, si con ello obtiene una mejora en el margen neto de productos y mercancías (Atance et al, 2001). Es decir, los incentivos son uno de los factores que contribuye al crecimiento agropecuario. Sin embargo, la producción agropecuaria no debe estar al margen de otros

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propósitos. Hay que tomar en cuenta que no siempre el crecimiento económico conlleva a un mejoramiento de otros aspectos como la equidad social o la protección del medio ambiente. Actualmente se debate con gran intensidad sobre los incentivos para que las sociedades y los productores adopten prácticas de agricultura sostenible. Por todo lo ancho y largo del mundo se reportan diversas experiencias de política de incentivos para el fomento de la agricultura sostenible (UNEP, 2008). No caben dudas que los

diseñadores y ejecutores de políticas agropecuarias utilizan los

incentivos como instrumentos para lograr determinados propósitos. Se recomienda que se estipule una política específica focalizada en los incentivos, cuya implementación se supervise, monitoree, y evalúe sistemáticamente (Bejarano, 1998; Norton, 2004; Josling y Valdés, 2004; Anderson y Valenzuela, 2010). El tratamiento diferenciado de los incentivos posibilita mejorar su implementación, su eficacia, y eficiencia.

1.3

Los incentivos para los productores agropecuarios en la construcción del socialismo

en Cuba

Esta investigación trata de los incentivos para los productores agropecuarios en la República de Cuba entre el 2007 y el 2009. Desde 1961 Cuba ha sido el primero y único país socialista en América Latina. Las relaciones socialistas en la agricultura se refuerzan a partir de la política agraria trazada en I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1975. En 1993 se realiza una reforma para enfrentar la crisis ocasionada por el derrumbe del sistema socialista eurosoviético y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano.

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Breve historia de Cuba Es un archipiélago compuesto de varias islas. La isla de Cuba es la más grande. Cuba es la Isla más grande del Caribe y de las Américas. Cuba fue poblada por indios que vivían de la caza y la agricultura de subsistencia. El 27 de octubre de 1492 Cristóbal Colón invade a Cuba. Aunque se resistieron a la colonización, los aborígenes cubanos fueron esclavizados, masacrados, y finalmente exterminados. Entonces los colonizadores esclavizaron a los aborígenes que desterraron violentamente de África.

En 1968 comenzó la guerra de liberación nacional liderada por hacendados cubanos. A la guerra se incorporaron los negros liberados de la esclavitud. Estados unidos se entromete en la Guerra HispanoCubana en 1901, durante 60 años sometió a Cuba a un régimen neocolonial, y apoyó los gobiernos republicanos y dictatoriales. El Movimiento Guerrillero “26 de Julio”, liderado por Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Camilo Cienfuegos, y Ernesto Che Guevara, vence a la dictadura en 1959. Se establece un gobierno antiimperialista, popular y democrático. En 1961 se declara el rumbo socialista de la Revolución Cubana. El PCC aprobó en 2011 la política de “actualización del socialismo”. Esa política contempla el fomento de las relaciones mercantiles y monetarias y las formas no estatales de gestión de la producción, pero mantiene la hegemonía de plan estatal sobre el mercado libre.

¿Qué incentivos tenían los productores agropecuarios en Cuba antes de la reforma de los 90? La respuesta a esta pregunta requiere del tomar en cuenta el contexto histórico en que la problemática de los incentivos cobra especial importancia para la política del Estado cubano. Como muy bien se conoce, una de las primeras medidas de la Revolución cubana fue la 1ra Ley de Reforma Agraria en 1959 mediante la cual se entregó a los campesinos el 50 % de las tierras descolonizadas. Este fue un incentivo relevante para los campesinos cubanos que durante décadas reclaman su derecho a la propiedad de la tierra, y a mejores condiciones de vida. El otro 50 % pasaron a propiedad estatal.

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La 2da Ley de Reforma Agraria en 1961 estipuló que el resto de las tierras nacionalizadas pasaran a propiedad del Estado. Se argumentó que el minifundio entorpecía el aprovechamiento de las potencialidades de las tecnologías modernas, y que era una fuente de intereses pequeños burgueses. Desde entonces, el Estado ha sido el principal propietario y teniente de tierra, y el agente principal de la comercialización y distribución de productos agropecuarios y alimentos. Se registra que 1993 el 82 % de la tierra estatal. Las empresas estatales agrícolas (cañeras, arroceras, paperas, citrícolas, frutales y tabacaleras) median entre 13 a 31 mil hectáreas. El resto de las tierras eran manejadas por las cooperativas campesinas y campesinos aislados. Por otro lado, están las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) creadas en 1961 cuyos miembros (socios o asociados) son campesinos que mantuvieron la propiedad de la tierra, pero que se integraron para el acceso a los créditos y servicios que ofrece el Estado. Después, en 1975 nacieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) que se formaron por campesinos que integraron sus tierras en propiedad colectiva. También existían una pequeña proporción de campesinos relativamente aislados. Algunos de estos eran propietarios de tierras, y otros poseían tierras en usufructo (usufructuarios). La política agraria socialista cubana adoptó el rumbo de la modernización agraria y rural, y fomentó la transferencia de las tecnologías modernas, la industrialización de la agricultura, y la urbanización de los campos. Fue una modernización sustentada

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en la dependencia externa de recursos, insumos, conocimientos, y asesoría técnica, producto de las relaciones de cooperación con los países socialistas. Cuba estuvo integrada al bloque económico socialista europeo Consejo de Ayuda Económica (CAME). Tenía también tratados bilaterales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que proveía la mayor cantidad de petróleo, asimilaba el 85 % de las exportaciones cubanas de azúcar, y garantizaba el 70 % importaciones para la realización de los planes de desarrollo económico y social, y la seguridad alimentaria nacional. Cuba contó con grandes cantidades de insumos para la producción agrícola. Llegó a utilizar el doble de fertilizantes por hectáreas que Estados Unidos, cuatro veces infraestructura de riego y dos veces más de mecanización que América Latina y el Caribe (Sinclair y Thompson, 2001). Además de ser un país gran importador de alimentos y recursos para la agricultura, Cuba también fue un gran exportador de productos agrícolas, sobre todo de azúcar de caña, café, tabaco, y cítricos. En 1991 los productos agrícolas ocupaban el 83 % de las mercancías exportadas. Gracias a los planes de modernización agraria y rural se aseguró para toda la población la prestación gratuita de los servicios de salud y educación. Se garantizó también la subsidiación de la alimentación, los recursos para la producción, la construcción de vivienda, y el acceso al agua, la electricidad, el transporte, y la cultura. El amplio acceso a los servicios básicos constituye un importante incentivo que la política cubana ofrece a los productores agropecuarios. Para 1981, el consumo per cápita diario de calorías había llegado casi a 2.900. En

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toda Latinoamérica sólo Argentina supera a Cuba. A finales de los 80s, el sistema de alimentación subsidiado garantizaba más del 90 % del consumo de alimentos. De 1961 a 1974 el mercado estatal hegemónico establece precios subsidiados y planificados para proteger a los productores y los consumidores. También, aunque en pequeña proporción funcionaba el mercado libre, es decir, donde los precios establecen por oferta y demanda. En 1975 se cierra el mercado libre. No obstante a las ventajosas condiciones comerciales de Cuba, en la segunda mitad de los 80 se observó un decrecimiento considerable de la productividad y los rendimientos agrícolas. Para reanimar la producción una de las medidas que se adoptó fue reapertura del mercado libre agropecuario en 1981. En 1986 el gobierno puso en marcha la Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Fue un proceso calificado oficialmente como antineoliberal y también anti “Perestroika”, que se acompañó del cierre del mercado libre agropecuario, bajo el argumento de la necesidad de contrarrestar la especulación y el enriquecimiento. Al calor de la Rectificación en 1990 se implantó el Sistema Tecnológico, Organizativo y de Pago por los Resultados Finales de la Producción. Este sistema otorgó mayor autonomía de gestión a los productores y estableció la remuneración vinculada a los resultados finales de la producción.

Fue este un importante incentivo para los

productores, pero de poco impacto, pues ya para esa fecha comenzaron a disminuir los recursos para la producción, y, por otra parte, no existían los incentivos asociados al mercado libre. El proceso de Rectificación trajo consigo también el énfasis en los incentivos

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morales. Fue una época en que se habló bastante de la necesidad de divulgar y materializar la concepción del Che Guevara sobre el socialismo y la formación del hombre nuevo, es decir, con valores socialistas: trabajador, altruista, solidario, y justo. No es difícil darse cuenta, que en la construcción del socialismo en Cuba, siempre ha estado en pié el tema de la relación entre los incentivos materiales y morales. La Revolución cubana como todas las demás revoluciones socialista, incluyendo la realizada en China por Mao, le prestó atención a los incentivos materiales, pero con énfasis en los incentivos, que el Estado ofrece central y planificadamente, y donde se le otorga mayor relevancia a los incentivos morales.

1.4. Los incentivos en la reforma cubana de la agricultura Como se conoce, en la segunda mitad de 1990 colapsó el sistema socialista eurosoviético. Cuba pierde inmediatamente el 53 % de petróleo, el 50 % de alimentos, y el 80 % de fertilizantes importados. Debido a esto entre en 1993 con respecto a 1989, las producciones de viandas se reducen a 96 %; las de hortalizas a 64 %; la de frutas a 73 %; las de arroz a 68, de fríjol a 62 %; las de leche de vaca a 53 %; la de carne bovina a 48 %; y la porcina a 52 %. Entre 1989 y 1995 disminuyó la disponibilidad de alimentos. Se registra que el consumo per cápita de calorías en esos años bajó a 65.1% y el de proteínas, a 30%. Se estima que el cubano promedio perdió 20 libras de peso (Sinclair y Thompson, 2001). En 1991 se declaró el “Periodo Especial en Tiempo de Paz” o “economía de guerra”.

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Prácticamente se interrumpe el proceso de Rectificación, y, entonces se introducen ajustes en la política económica. El 13 de agosto de 1993 se emite el Decreto-Ley No.140 del Consejo de Estado que estipula la circulación libre del dólar estadounidense y otras monedas extranjeras. El 8 de septiembre de 1993 mediante el Decreto Ley No.141 se autoriza el empleo por cuenta propia en diversas actividades económicas, principalmente de los servicios. El 21 de abril de 1994 se aprobó el Decreto Ley No. 147 sobre la restructuración de la burocracia. Los 17 Comités, Comisiones e Institutos Estatales fueron integrados en 6 nuevos Ministerios. En materia de política agraria el Estado lo primero que hizo fue descentralizar la tendencia. ¿En qué consistió esa descentralización de la tenencia estatal de la tierra? Mediante el Decreto Ley 142-1993 del Consejo de Estado, se entregaron en usufructo tierras estatales a colectivos de trabajadores de las empresas estatales. De esta descentralización de las tierras estatales surgieron las actuales Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Como puede observarse en el gráfico1 la tenencia de la tierra en Cuba pasa a ser mayoritariamente cooperativa Debe aclararse que esta entrega usufructuaria de tierras no es privatización, pues el estado siendo el principal propietario de tierras. Lo que si es cierto que la tenencia de la tierra pasa a ser fundamentalmente no estatal. Años más tarde, aconteció otro proceso de descentralización. Por concepto del Decreto 252-2008 se entregaron en usufructo tierras ociosas a todas las personas

Fuente: Gráfico elaborado a partir de los datos contenidos en el Informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el 2010.

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naturales y jurídicas en condiciones de hacerlas producir de forma inmediata y sostenible.

Diferencias esenciales entre las formas de organización de la producción agrícola en Cuba

Inicio Clases sociales Propiedad de la tierra Tenencia de la tierra Superficie agropecuaria nacional (%) Ingresos Pensión Plan de producción

Empresa

CPA

UBPC

CCS

1959 Obreros Estatal

1975 Campesinos Cooperativa

1993 Obreros Estatal

1961 Campesinos Privada

Estatal

Cooperativa

36

8

Cooperativa en Privada usufructo indefinido 37 19

Salario Sí Centralizada

Ventas Salario No Sí Asamblea de Estatal Asociados Plan de Estatal Negociación con Estatal comercialización el Estado Máximo dirigente Administrador Presidente Administrador Protección de Sindicato de ANAP Sindicato derechos Trabajadores Trabajadores

Ventas No Productores individuales Negociación Estado Presidente ANAP de

con

Entre 2009 y 2011 se entregaron de 41 % a 63 % de tierras ociosas, que representan el 7 % de la superficie agrícola nacional. El 98 % de las solicitudes corresponden a personas naturales, el 79 % de estas no poseían tierras, y el 70 % no tiene experiencia en la agricultura, y más del 80 % se concentran en las CCS (Ministerio de Economía, 2008; González, 2009; Varela Pérez, 2011). Estos datos apuntan al reforzamiento del predominio de la tenencia no estatal cooperativa sobre la tierra como un proceso clave de la reforma cubana. La otra medida importante fue la reapertura del mercado libre agropecuario (Decreto

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el

Ley No. 191-1994), donde los precios se rigen por la oferta y la demanda. Mediante esta medida el mercado estatal, deja de ser el único actor de la comercialización de productos agropecuarios y alimentos. Se observa también un proceso de descentralización al interior del mercado estatal. Además de la Empresa Acopio Nacional, el Ministerio de la Agricultura (MINAG) organiza otros mercados donde los precios son más altos que los Acopio y más bajos que los del mercado libre (Nova, 2008). Una tercera medida de crucial importancia fue la adopción de la agricultura sostenible como enfoque tecnológico fundamental se refrendó en la Política Ambiental Nacional. Esta fue una medida que apoyó las iniciativas populares y locales para enfrentar la crisis: diversificación de los agroecosistemas (policultivos, rotación de cultivos, intercalamiento de cultivos) y uso de abonos orgánicos, medios biológicos para el control de plagas, la tracción animal, así como la integración ganadería-agricultura. Hoy en día existen diversos escenarios de escalonamiento de prácticas agroecológicas (Funes et al., 2001).

1.5. El debate en Cuba sobre los incentivos para los productores Productos de los ajustes se observa que de 1993 a 1998 la producción agrícola en cultivos importantes para la alimentación (tubérculos y raíces, frijoles, hortalizas, etc.) manifestó una tendencia creciente (Nova, 2006). Al llegar el 2000, el consumo de macronutrientes (calorías, proteínas y grasas) comienza a recuperar los niveles

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alcanzados en 1989 (Nova, 2006). En el Informe del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2004, se afirma que entre 1990 y 2003, la cantidad de subnutridos disminuyó en América Latina desde 59.4 a 52.4 millones (13 a 10% de la población), y que países como Cuba, Perú y Guayana ya cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio. Especialistas cubanos y extranjeros existe gran consenso en que gracias el giro de la política en 1993, se evitó el colapso total del sistema agroalimentario cubano. Las claves de ese giro se encuentran en el fomento de incentivos para los productores y en la adopción de la agricultura sostenible (Funes et al., 2001; Sinclair y Thompson, 2001; Pérez Consuegra, 2004; Pfeiffer, 2005; Levins, 2005; Funes-Monzote, 2009; CEPRID, 2008; Machín et al., 2010; Chan y Freyre, 2010). Sin embargo, a partir de 1999 la producción agropecuaria nacional muestra signos de disminución e inestabilidad (Nova, 2010). La seguridad alimentaria se sigue sosteniendo fundamentalmente en las importaciones de alimentos. Aun no son suficientes los avances del plan gubernamental para la sustitución de importaciones. La economía agropecuaria y la alimentación en Cuba siguen sosteniéndose de las importaciones de recursos. Actualmente existe un gran debate en Cuba acerca de la necesidad de mayores incentivos materiales, mercantiles, y monetarios para los productores agropecuarios para aumentar la producción y sustituir importaciones. Sobresalen las discusiones acerca del acceso a recursos, los precios, los subsidios, los canales de comercialización, el mercado libre, la autonomía entidades productivas (sobre todo

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en el caso de las UBPC), las condiciones de vida en el campo, y el éxodo rural (Pagés y Castaño, 2006; Hagelberg y Álvarez, 2009; Vareka Pérez, 2009; Carrobello, 2009; Martín y León, 2009; Granma, 2010). No faltan en Cuba quienes alertan sobre los riesgos (desigualdad social, enriquecimiento, egoísmo) asociados al fomento esos incentivos (Piñeiro, 2008; Espina, 2008; Martín Jorge, 2009). En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril 2011, se aprobó potenciar medidas como las relaciones mercantiles-monetarias, la autonomía de gestión, la descentralización, así como la sustitución de la subsidiación masiva igualitaria por la asistencia diferenciada. Pero en este “modelo de actualización del socialismo” se mantiene el predominio de la propiedad estatal, la gratuidad de la salud y la educación, y la subsidiación aunque diferenciada (no masiva) de la alimentación, la asistencia social, y otros bienes y servicios sociales. A diferencia de la reforma en China, que admite la acumulación de riquezas, es decir, la existencia de “ricos”, los líderes de Cuba condenan ideológicamente y excluyen la expectativa del enriquecimiento privado como incentivo para el fomento del crecimiento económico.

1.6. El problema científico de la investigación El problema científico de esta investigación se planteó y formuló considerando tres aspectos: •

La necesidad de su estudio diferenciado y tomando en cuenta el punto de

vista de los productores agropecuarios, es decir, cómo estos valoran la

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implementación (aprobación oficial y materialización práctica) de esos incentivos (Bejarano, 1998; Norton, 2004). •

El fomento de los incentivos como uno de los pilares de la reforma de la

agricultura en Cuba desde 1993. •

Las CCS y las UBPC como las dos formas que pautan el rumbo organizativo,

estructural, y funcional de la agricultura cubana en la actualidad. Las diferencias entre las CCS y las UBPC. Las CCS poseen mayor autonomía para tomar decisiones que las UBPC. Las UBPC se subordinan formalmente a las empresas de donde surgieron. Estos cuatro aspectos fundamentaron el planteamiento y formación del problema científico resolvió esta investigación: ¿Cuáles fueron los incentivos que entre 2007 y 2009 la política agraria en Cuba ofreció a los productores de las CCS y las UBPC, y cómo estos valoran la

implementación de esos incentivos?

1.7. La hipótesis guía Los estudiosos de las reformas en el mundo suelen hablar de “reformas graduales”, donde los cambios se realizan gradualmente, y las “reformas radicales”, donde los cambios son abruptos. La reforma cubana, como ya se dijo, comenzó en 1993. Desde entonces y hasta la aprobación del los lineamientos de política económica del PCC en el 2011, se observa un cambio gradual en los incentivos asociados a la entrega usufructuaria de tierras, el mercado libre no estatal, la descentralización del mercado estatal, y el

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escalonamiento de la agricultura sostenible y el enfoque agroecológico. Atendiendo a estas circunstancias relativas a la reforma cubana, y el problema científico, la hipótesis guía de la investigación fue la siguiente: la política agraria en Cuba entre 2007 y 2009 ofreció diversos incentivos a los productores agropecuarios y cuya implementación respondió gradualmente a las expectativas actuales sobre la estipulación de incentivos para los productores agropecuarios en el mundo y en Cuba.

1.8. Los objetivos de la investigación La investigación se realizó en tres de las 15 provincias en que se divide política y administrativamente Cuba: Pinar del Río, en el extremo occidental, Sancti Spiritus en la región central, y Guantánamo en extremo oriental. Se realizaron estudios de casos en 1 CCS y 1 UBPC de cada provincia, atendiendo al interés de la investigadora, las autorizaciones oficiales, y el consentimiento de los líderes y miembros de las cooperativas . El objetivo general fue evaluar la implementación de los incentivos que entre 2007 y 2009 el Estado ofreció a los productores agropecuarios en 3 CCS y 3 UBPC. Se concibieron dos objetivos específicos: 1. Analizar la implementación de los incentivos en 3 CCS. 2. Analizar la implementación de los incentivos en 3 UBPC.

1.9. Novedad de la investigación

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Estudios sobre el tema de los incentivos en el sector agropecuario cubano fueron realizados fundamentalmente por el Grupo de Estudios Rurales del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de la Habana (UH) y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) (Pérez Rojas et al., 1999; Pérez Rojas y Echevarría León, 2006). Tales estudios se realizaron entre 1994 y 2003. Después de esta fecha no se ha realizado ninguna investigación sistemática que focalice el tema de los incentivos, y donde el punto crucial de referencia es la opinión de los productores. Cuba y China son países socialistas donde se concibieron reformas en la política de incentivos

para los productores agropecuarios. El fomento de incentivos materiales,

económicos y monetarios constituye uno de los pilares de los procesos de reforma en ambos países.

Las Relaciones Económicas Sino-Cubanas Durante el siglo XVI y XVII Inglaterra y Francia presionaron a España y Portugal para que eliminaran la trata de esclavos en las colonias como Cuba. En 1853 los colonizadores españoles y portugueses contrataron chino-culíes de cantón para trabajar en el cultivo de caña, café y tabaco. El gobierno imperial chino denunció la esclavitud a la que fueron sometidos los chinos en Cuba. En 1874 se prohibió la contratación de culíes. En 1902 se proclama la República de Cuba. A partir de entonces se establecen relaciones diplomáticas con la China. Comienza la inmigración china de China. Después, en los años 50, inmigran chinos de California, Estados Unidos. El gobierno cubano en 1949 no reconoció a la naciente República Popular China (RPCh). Cuba fue la primera nación de América Latina en reconocer a la RPCh en 1960. En 1961 Che Guevara visita a China y firma importantes acuerdos comerciales. A finales de los 60 se enfrían las relaciones sino-cubanas debido al conflicto sino-soviético. En los 90 se observa un auge de los intercambios comerciales y culturales entre ambos países. Pero la inversión china en Cuba es muy pequeña.

Especialistas chinos han investigado la agricultura cubana. Pero en este contexto

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académico no se han realizado investigaciones específicas sobre la problemática de los incentivos. Desde hace tiempo se viene polemizando si la reforma cubana sigue o no a la reforma china. Quizás lo más importante es reflexionar sobre qué lecciones para Cuba pudiera aportar la experiencia china en este punto de los incentivos, y viceversa. Este trabajo no se propuso responder a estas preguntas, pero ofrece elementos a tener en consideración.

1.10. Estructura de este documento científico Después de la Introducción, le sigue la Revisión Bibliográfica donde se expone el “estado del arte” referente al estudio de los incentivos. Esta parte se divide en epígrafes. El primero expone diferentes conceptos de incentivos documentados en la bibliografía más reciente sobre el tema. Los siguientes epígrafes exploran las recomendaciones recurrentes en los estudios actuales sobre los incentivos para los productores agropecuarios. El epígrafe final de esta parte aborda el debate académico de los incentivos para los productores agropecuarios entre autores que estudian la experiencia cubana de política agraria. A continuación, en la parte de Materiales y Métodos se detalló el contexto donde se realizó la investigación, y los procedimientos para la recolección de la información necesaria, en correspondencia con los objetivos de la investigación. Esta parte se divide en dos epígrafes. Un primer epígrafe (3.1) versa sobre los procedimientos (recorridos, consulta de documentos, y entrevistas) utilizados para el caso de las CCS, y el segundo (3.2) para el caso de las UBPC. Se presentan las características geológicas, climatológicas, edáficas, y socioeconómicas de las cooperativas. Y, por último, se definen conceptual y

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operacionalmente cada una de las variables de la investigación. La parte de Resultados y Discusión se divide en dos epígrafes. En el primero (4.1) se presentan los resultados en el caso de las CCS, y en el segundo (4.2) en el caso de las UBPC. La presentación y el análisis de cada resultado en cada epígrafe se realizaron por cada incentivo. Se parte de las valoraciones testimoniadas por los entrevistados, los recorridos, y consulta de documentos, y en algunos casos se polemiza con los autores que de una u otra forma han realizado reflexiones y estudios sobre el tema en cuestión. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que se derivan del estudio realizado así como las referencias bibliográficas. En cada parte se incluyen un conjunto de recuadros (datos, fotos, gráficos, o testimonios) que aportan información complementaria de utilidad para el entendimiento del contenido de este documento científico.

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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Conceptos de incentivos Como se dijo en la Introducción, el término de “incentivos” etimológicamente proviene del término latino “incendiare”, que quiere decir, prender fuego. Pero hoy en día se le usa en un sentido más amplio. Puede versa en los diccionarios, glosarios o enciclopedias que los incentivos se definen a través de términos sinónimos como “motivación”, “impulso”, “acicate”, “gratificación”, “aliciente”, “incitación”, “inducción”, “influencia”, “provocación”, etc. Hay objetos, procesos o circunstancias que nos impulsan o motivan a actuar en una determinada dirección. En este sentido, todo parece indicar que la palabra incentivo se usa para nombrar esos objetos, procesos o circunstancias. Se vio también en la introducción el tema de los incentivos se plantea en diferentes disciplinas como la Filosofía, la Psicología, la Sociología, y la Economía, y se discute en los marcos de otros temas como los cambios, conductas, movimientos, instituciones, y sistemas sociales. La política agropecuaria es un asunto que se trata preferentemente en el campo de la Economía, y, en especial, en el campo de la Administración, la Gerencia o Dirección, donde se manejan diversos conceptos de incentivos (tabla 1).

Tabla 1: Conceptos de Incentivos Conceptos

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Autores

Ofrecimiento de una remuneración mayor de la que se da normalmente en la industria, para motivar a los empleados y sobrepasar las metas de producción.

Taylor, F. Management científico. Madrid, Hispanoamérica, 1984).

Es la asignación de responsabilidades y la motivación a los empleados o proveedores a dirigir sus esfuerzos en pos de los objetivos de la organización.

Kowtha, R and Q, Leng. Incentives in the Asian Context Theory and Preliminary Evidence. Asian Pacific Journal of Management 16, 1, 1999, pp.95-117.

Es el ofrecimiento de algo valioso que puede o no tener un equivalente en dinero.

Grant, P. New Perspectives on Incentive System Design: Integrating the Theory of the Firm and the Theory of Individual Behaviour. The Journal of Psychology, 133, 1999, pp.456-465

Es la promesa de una compensación por realizar cierta acción que desea quien ofrece el incentivo.

Laffont Jean-Jacques & David Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. Princenton University Press, 2001.

Es recompensa total, que abarca los aspectos financieros y no financieros condicionados a la medición del resultado de un trabajo o la observancia de ciertas normas de conducta.

Town, R; D Wholey; J, Kralewski and B, Dowd. Assessing the influence of Incentives on Physicians and Medical Groups. Medical Care Research Review 61, 2004, pp. 80-120 et al., 2004).

Fuente: Tabla elaborada por autora a partir de Gorbaneff et al. (2009).

Estos conceptos son concebidos en los marcos de la teoría del principal-agente, donde “principal” es el administrador, empresario o quien contrata la fuerza de trabajo, y el “agente” es la fuerza de trabajo, es decir, la persona contratada. En una relación contractual entre empresas, por ejemplo, se intercambian los papeles de principal o agente, cliente o proveedor de un determinado producto o servicio. Como se puede observar en la tabla 4 los autores conceptúan los incentivos como “ofrecimiento”, “promesa”, “remuneración”, “compensación”, o “recompensa”. Se

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deduce que el principal utiliza diferentes incentivos para incrementar el esfuerzo del agente por realizar cierta acción. Tal efecto se logra en la medida que el incentivo

satisfaga

las

necesidades,

demandas,

motivaciones,

intereses,

expectativas, preferencias, y valores del agente. Stephen Wu (2006 y 2010), profesor e investigador del Departamento de Agricultura y Recursos de la Universidad de Berkeley en California, es un especialista que aplicó esta perspectiva contractual al estudio y diseño de incentivos formales e informales, y sus riesgos potenciales en el marco de los contratos agroindustriales para la producción de biocombustibles.

2.2. El tratamiento diferenciado de los incentivos El estudio de los incentivos para los productores agropecuarios, que es el objeto fundamental de esta investigación, se enmarca no solo en la perspectiva de los estudios de administración, sino también en otras perspectivas afines, y en particular, en el contexto de las políticas agropecuarias formales. El análisis del “estado del arte” en materia de incentivos en los marcos de esas políticas posibilitó concebir un conjunto de recomendaciones o tendencias que sirven de referente para valorar la implementación de incentivos en el sector agropecuario cubano. Una primera recomendación es la necesidad de su tratamiento diferenciado en los marcos de una determinada política (nacional, territorial, regional o internacional). Por ejemplo, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (más

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conocida por las siglas en inglés FAO) en su documento de políticas agropecuarias afirma que una lección válida para todas las políticas sectoriales, y no solamente, las relativas a la agricultura, es que la repercusión global de la política macroeconómica afecta significativamente a los incentivos y respuestas de todos los segmentos de la actividad económica. En el caso de la agricultura específicamente, los productores necesitan incentivos, recursos, y acceso a los mercados. Las políticas agrícolas suelen contemplar estos tres aspectos generales. Los incentivos constituyen uno de los principales factores que pueden limitar el crecimiento de la producción de alimentos son las políticas de incentivos de los gobiernos. La hipótesis fundamental que se deriva de esto es que si las políticas estipulan incentivos para los productores en estos y otros aspectos, los agricultores harán el resto, es decir, el trabajo que se requiere para aumentar la producción. De ahí entonces se comprende que las políticas como tendencia contemplen régimen (política, estructura, sistema, subsistema, modelo, esquema, programa o juego) de incentivos para los actores de la producción agropecuaria, sobre todo, para los agricultores campesinos o trabajadores agropecuarios. Los diseñadores de esas políticas catalogan los incentivos como instrumentos, herramientas, o mecanismos de intervención preferentemente adicional o indirecta de las instituciones u organizaciones que contribuyen al desarrollo agrario (Bejarano, 1998; Norton, 2004; Gotschlich, 2010). En ocasiones la estipulación de incentivo constituye no solo instrumento, sino

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también objetivo de las políticas agrarias. De ahí que el tratamiento diferenciado de los incentivos implica necesariamente el monitoreo, la supervisión, seguimiento y evaluación de idoneidad, efectividad, eficiencia e impacto. Por ejemplo, se podría valorar su impacto en la extensión de la frontera agrícola. Con respecto a esto, en Atance et al (2001) se analiza la tendencia de los agricultores a la adopción de decisiones e innovaciones a corto plazo que maximicen el margen de utilidades (productividad, rendimientos e ingresos). Se dice como hipótesis de trabajo en materia de política de incentivos que una determinada explotación agraria de tamaño “R” tendrá incentivos a aumentar su tamaño a “K”, bajo un escenario de política agraria “0”, si con ello obtiene una mejora en el

margen neto “MN”, esto es si la relación entre los márgenes netos de las dos explotaciones es mayor que la unidad. Esto se expresa en la fórmula siguiente: MN0K/MN0R > 1. Y esto significa analizar si los incentivos específicos estipulados por una determinada política agrícola producen mejoras en los niveles de producción, autoabastecimiento e ingreso de los agricultores, de modo tal, que los motive a extender el tamaño de sus fincas, ampliar los cultivos, continuar trabajando en la actividad agrícola, y vivir en el entorno rural. Si se es consecuente con el concepto de incentivos, entonces no se puede perder de vista, que el primer impacto de un régimen de incentivos es en la en la motivación y en el comportamiento de los productores, ya sea por cultivar una determinada

especie,

adoptar

una

determinada

tecnología,

vender

sus

producciones en los diferentes canales de comercialización, o en su sentido

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autoestima como agricultor, etc. Por lo tanto, la incidencia de los incentivos más allá de esto no se puede tomar a la ligera. Los rendimientos de un cultivo, por ejemplo, depende no solo de los incentivos y la motivación de los productores, sino también de otros factores como, por ejemplo, los factores genéticos y ambientales. Además, hay que considerar que lo más probable es que los incentivos operen en conjunto y no por separado. Resumiendo, la sugerencia de tratamiento diferenciado de los incentivos implica concebirlos como acápite particular o política específica dentro de una determinada política de desarrollo agrario, ya sea a nivel internacional, regional, nacional, territorial, local o comunitario.

2.3. La diversidad de incentivos La diversidad de incentivos se pudiera clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, están los llamados incentivos materiales, es decir, aquel tipo de gratificación o recompensa que se expresa en un objeto tangible (como el dinero) o que satisface necesidades físicas (biológicas) de las personas (como la comida, los ingresos, las condiciones de trabajo). Por otro lado, se habla de incentivos no materiales como el sentimiento de dueño, la reputación social, el ejemplo del líder, una buena razón,) o que satisfacen una necesidad espiritual (como el reconocimiento social la delegación de autoridad o autonomía, la esperanza de ascenso, la amistad) (Gorbaneff et al., 2009). Esta recomendación sugiere también entender la observancia no solo del menú de

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incentivos, sino también de sus relaciones, eficacia, e implicaciones. Este es el caso de un determinado incentivo que atenta contra la motivación altruista de las personas, por ejemplo, la voluntad de cooperación o el cuidado del medio ambiente. Autores también citados por Gorbaneff et al. (2009) alertan que en ocasiones un incentivo funciona como un dispositivo de poder, de dominación o manipulación de las personas. Un caso clásico es cuando la gente se da cuenta que el incentivo que se le ofrece es para ganar su consentimiento o manipularlo. Gorbaneff et al. (2009) concluye que en la teoría organizacional actual los autores confluyen en que no es solo el pago, el mercado o la jerarquía lo que incentiva a los trabajadores, sino también las alianzas y redes de relaciones, que incluye las condiciones del contrato y la intensidad del control administrativo. En tal sentido, se alude a la relevancia de la totalidad del marco institucional en que las personas se desempeñan. Las políticas agrícolas suelen poner el acento en la estipulación de incentivos económicos como los precios a los productos en los marcos de las políticas macroeconómicas, de comercio (interno y externo), políticas cambiarias, y políticas fiscales. Existe un gran consenso en que las políticas agrarias en función de la producción y el desarrollo social, deberían estipular diversos incentivos, tanto económicos

(subsidios,

precios,

impuestos,

anticipos,

créditos,

seguros,

inversiones) como no económicos, tanto dentro como fuera de la estructura del mercado (Bejarano, 1998; Nortón, 2004, Gotschlich, 2010).

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Hoy se le presta gran atención a incentivos como al acceso a tierras, el acceso a recursos y tecnologías, la seguridad alimentaria, y la erradicación de la pobreza en los entornos agrarios y rurales (FAO, 2004). Se habla “gratificaciones” como incentivos positivos y “sanciones” como incentivos negativos. Los autores llaman al establecimiento de un balance entre estos (Bejarano, 1998; Valdés Paz, 1999; Nortón, 2004, FAO, 2009). La observación de esta recomendación sobre la diversidad de incentivos implica también considerar que los incentivos pueden responder a diferentes propósitos, que pudieran entrar en conflicto. Este el caso de los incentivos para la producción y otros objetivos sociales como el de la equidad o la conservación del medio ambiente. Para evitar esto se necesita el desarrollo de habilidades de negociación y concertación entre los actores sociales (Bejarano, 1998). La recomendación de la diversidad de incentivos consiste, en esencia, en el establecimiento de un balance o ponderación entre los diferentes incentivos que se ofrecen a los productores agropecuarios: materiales o espirituales, económicos o morales, para la producción, la comercialización, la conservación de los recursos naturales, y otros propósitos del desarrollo agropecuarios como el bienestar rural.

2.4. Incentivos con equidad Bejarano (1998) planteó que las políticas agrícolas tradicionales arrastran los siguientes sesgos en materia de incentivos que discriminan a la agricultura: a) Contra la producción de bienes comercializables y en favor de los no

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comercializables; b) Dentro del sector de los bienes comercializables, contra las exportaciones, en comparación con los bienes que compiten con las importaciones; c) Dentro del sector de exportación, contra los productos agrícolas en comparación con los productos manufacturados, y d) Dentro de la agricultura, contra la exportación en comparación con los cultivos alimentarlos. Para evitar estos sesgos se requiere de políticas que establezcan equidad en materia de incentivos entre la agricultura y otras ramas de la economía, y entre las actividades y sectores al interior de la rama agrícola misma. FAO (2004) alerta sobre los riesgos de la diferenciación de la política de incentivos según el tipo de producción, producto o cosechas. Uno de esos riesgos es que incentivos para unos que para otros. La FAO considera que los gobiernos usualmente no cuentan con los mejores criterios para definir los cultivos que tienen perspectivas más favorables. Según su parecer, el mercado y el criterio de los agricultores pueden realizar esa elección con mayor confiabilidad. Se habla también del “dilema de los precios” o “ironía de los precios”: •

Precios altos para los productores y precios bajos para los consumidores

urbanos; •

Precios altos de los recursos que necesitan el productor y precios bajos de

sus producciones; •

Subsidios proteccionistas a los agricultores de los países ricos e impuestos

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a los de los países pobres (Bejarano, 1998; Nortón, 2004, Gotschlich, 2010). Este dilema alude a sesgos discriminatorios contra la agricultura y los productores agrícolas en materia de incentivos. Los gobiernos suelen esperar que con el otorgamiento de incentivos económicos y tributarios temporales, se logre crecimiento económico. Pero sucede que dichos incentivos pudieran desequilibrar el mercado, sobre todo, cuando no se le ofrece por igual a todos los productores, cuando no se facilita el acceso a la tierra, cuando no se desarrollan proyectos productivos de envergadura, y no se ofrece ayuda a los productores en materia de conocimientos y tecnologías (Aristizábal, 2010).

En fin, la recomendación de equidad de incentivos presupone el diseño de una política de incentivos que no discrimen ni la agricultura ni a un determinado tipo de cultivos, ni a los diferentes sectores de agricultores ni a las diversas regiones (rurales y urbanas), territorios u unidades de producción agrícola.

2.4. Incentivos beneficiosos para los campesinos y la recampesinización Se dice que anterior a los años 60 predominaba la consideración de que los agricultores no respondían a los incentivos. Pero datos empíricos demostraron lo contrario, es decir, que los agricultores asignan recursos con eficiencia dadas las tecnologías existentes y responden a las innovaciones rentables. (Bejarano, 1998). En los últimos años se viene enfatizando en la necesidad de que el criterio no solo del Estado, sino también del mercado y los agricultores, es la mejor base para estipular incentivos y evitar sus consecuencias negativas (Norton, 2004; FAO, PAGE 197

2004). En las evaluaciones de las políticas agrícolas se está sugiriendo precisamente la atención de este aspecto. Existe interés en analizar, si esas políticas ofrecen a los productores incentivos adecuados o inadecuados (positivos o negativos) para producir; si proporcionan acceso a los mercados de insumos, productos, y tecnologías; o y si establecen un adecuado balance entre los subsidios y los impuestos (Norton, 2004; Josling y Valdés, 2004). Expertos del Banco Mundial (BM) han realizado estudios que evalúan el manejo de los incentivos precios para los productores agropecuarios. Esto se hace a partir del cálculo de la tasa nominal de asistencia o subsidio para cada producto agrícola, y su repercusión en la elevación o disminución de la rentabilidad bruta de los agricultores (Anderson y Valenzuela, 2010). En su estudio, los autores citados plantearon que en promedio, durante los años noventa y la primera de la mitad de la década actual (2001-2010), la tasa nominal de asistencia en la agricultura de América Latina fue levemente positiva y se situó en torno del 5%. Estos autores estimaron que en la región son relativamente pocos los casos en que los productores

reciben

subsidios

domésticos

importantes.

Las

principales

excepciones son las medidas de apoyo que se aplican internamente en México para respaldar la producción y las medidas domésticas (excluidos los impuestos de exportación) de efectos levemente negativos que se aplican en la Argentina. La perspectiva del “sustento de la vida rural” ofrece un marco de referencia importante para diseñar incentivos en correspondencia con esta recomendación

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de observancia del punto de vista de los agricultores. Esta perspectiva fue desarrollada por Pretty (1995), DFID (1999), Pretty y Hine (2001), y Chambers (2005). Para estos autores los incentivos son las medidas o las intervenciones que estimulan a la gente a tomar decisiones estratégicas de sustento de sus vidas, que mejoren sus capitales (humanos, sociales, económicos, físicos y naturales). Por último, dado a que se ha observado que los campesinos, dotados de sus conocimientos ancestrales, poseen muchas potencialidades para solucionar los problemas del campo, se demandan incentivos para que los campos sean nuevamente poblados por campesinos. Como se conoce, la modernización agraria y rural, empujó a muchas poblaciones campesinas y agrarias hacia el trabajo industrial y las ciudades. Las instituciones que abogaron por este rumbo estaban interesadas en que los campesinos adoptaran la modernización, produjeran materias primas para la industria, o se incorporaran a la vida urbana, mercantil e industrial de las urbanidades. Con el auge de los procesos de modernización cobró intensidad el éxodo rural, y, por lo tanto, la progresiva descampesinización de los entornos rurales. Para este propósito se utilizaron diversos incentivos como el abaratamiento de los insumos y tecnologías modernas, y la subsidiación de su compra. Otra estrategia incentiva fue la introducción en los campos de infraestructuras, medios de difusión masiva, y dinámicas o canales verticales de movilización social ascendente en los agroecosistemas campesinos y rurales (Sevilla, 2006). Hoy

en día

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tienen relevancia

enfoques

alternativos

que

llaman a

la

recampesinización, al rescate del saber campesino, y el diálogo de saberes. En la discusión que existe hoy en día sobre las nuevas reformas agrarias, por un lado están quienes sustentan un enfoque neoliberal. Para estos es necesario estipular reformas agrarias, asistidas por el mercado. Pero, por otra lado, están quienes con toda razón alertar sobre el riesgo de la mercantilización de las tierras por parte de las empresas

transnacionales,

y una nueva oleada de

descampesinización (Rosset, 2004 y 2005).

2.5. Incentivos para la agricultura sostenible. No hace falta hablar mucho de la necesidad del desarrollo sostenible. Este desarrollo consiste en esencia en lograr que la satisfacción de las necesidades económicas actuales no comprometa la necesidad de proteger y conservar los recursos naturales y el medio ambiente. Pero también implica gestionar un desarrollo con equidad en todos los sentidos, e incluyendo la equidad intergeneracional. Las definiciones de agricultura sostenible contienen un mayor o menos medida todos estos aspectos. Los incentivos para el desarrollo sostenible, y, en específicos para la agricultura sostenible, son un aspecto recurrente en los documentos (actas, protocolos, agenda, resoluciones, acuerdos, convenios, y tratados) aprobados, firmados, y ratificados por los Estados en las Conferencias Mundiales de Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbres de la Tierra), sobre todo desde la conferencia de R 0F 8Co de Janeiro, Brasil, celebrada en el 2002.

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En esta dirección, merece destacarse estudios realizados por la UNEP (1998) acerca de los incentivos que se utilizaron en el mundo para la conservación y protección de la biodiversidad (UNEP, 2008) y para la adopción de buenas prácticas agrícolas para la adaptación al cambio climático en América Latina (Flores et a., 2008; UNEP, 2008). Ambos documentos se refieren a los siguientes incentivos: Incentivo fiscales y de mercado (Impuesto, costos de oportunidad de conservación, y subsidios); eliminación de barreras legislativas que limita la agricultura

sostenible;

gratificación

de

actividades

conservacionistas;

conocimientos para grupos marginales; incentivos políticos y jurídicos (creación del sustento local, ajustes en estructuras, mercados y políticas). Esos incentivos fueron ofrecidos por

los gobiernos, organizaciones no

gubernamentales (ONG), fundaciones, y sector privado. Por lo general los incentivos se orientaron a la solución de problemas como la pérdida o déficit de un determinado recurso, práctica o inversión. Y tales incentivos beneficiaron a países, regiones, localidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas, y sectores según el tipo de propiedad. El citado estudio de la UNEP (1996) conceptuó los incentivos como oportunidades, coacciones o estímulos, que asumen la forma de una nueva política, una nueva ley o un nuevo programa económico o social, y actúan dentro del conjunto más amplio de incentivos que rigen el comportamiento humano. Su eficacia depende del apoyo que reciba del entorno social y económico existente. Son diseñados específicamente e implementados con el objeto de influir en las entidades

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gubernamentales, empresas, organizaciones no gubernamentales o habitantes de una localidad con el fin de que mantengan la diversidad biológica o utilicen sus componentes de manera sostenible. Los documentos de la UNEP hablan también de dos conjuntos de incentivos: los incentivos de habilitación que son aquellos que permitieron proteger la biodiversidad; y perversos que obstaculizan la capacidad de las Partes para alcanzar los objetivos mencionados. En la Economía ambiental y la Economía ecológica se estudian los incentivos para el desarrollo sostenible. La primera esta más enfocada hacia la contribución de los incentivos del mercado, mientras que el segundo, busca ir más allá de los instrumentos de mercado, parta abarcar otros incentivos que intervienen en el comportamiento ambiental de los actores económicos. Chavarro y Quintero (2005) propusieron una síntesis integradora, transdisciplinaria y holística de estas dos disciplinas que impliquen un cambio de actitud de los entes económicos. En este sentido, por ejemplo, si desde el punto de vista mercantilista neoliberal de la Economía ambiental basta con la máxima “quien contamina paga”, bajo el prisma de la Economía ecológica, se trata de “quien contamina también paga por la incertidumbre”, es decir, por los daños potenciales. Por ejemplo, un incentivo de este tipo sería un bono de seguro ambiental, con su tasa de interés, y su pago, en dependencia de si hay daños ambientales reales y potenciales. En un folleto de la FAO (1998) se documentan un conjunto de experiencia de incentivos para el manejo sostenible de los recursos forestales y el desarrollo

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sostenible de las comunidades que habitan en ecosistemas frágiles como son las tierras de aptitud forestal y agroforestal. Los incentivos que se han utilizado según se reporta en este documento son los siguientes: subsidios directos, exención de impuestos, monto fijo, monto % de plantación, y bonos. Se reporta que hoy en día en este campo, se tiende a depender menos de los subsidios, y a facilitar el acceso de pequeños propietarios a los incentivos, a partir del otorgamiento de bonificaciones que cubren el 75% de los costos de forestación, administración y manejo. Se habla también de que las políticas de incentivos se han estructurado básicamente en función de la percepción que se tenga del recurso forestal, que varía de un país a otro. Tales políticas se pueden agrupar en términos muy generales, en productivas, energéticas y ambientales, así como las que benefician a las empresas forestales, la mediana agricultura, y la agricultura campesina. El documento concluye en que las políticas de corte comercial tienen a beneficiar a productores de medianos a grandes y a las empresas, forestales, salvo que existan instrumentos expresos destinados a ser utilizados sólo por los medianos a pequeños. Por otro lado, las políticas con énfasis energético o ambiental, benefician a los mediados y pequeños productores. Según FAO (1998), la discusión en torno a los instrumentos ha girado básicamente en torno a dos puntos: a) La eficacia y fiscalización de los mismos, a objeto de que no se utilice en otros fines y se desvirtúe el instrumento, y b) La estrategia para incorporar a los segmentos campesinos en los beneficios, ya

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que tradicionalmente se ha favorecido a las grandes extensiones. La eficacia de las políticas de incentivos se determina preferentemente a partir de la valoración de su impacto en la extensión de la frontera forestal y agroforestal, y también en los productos asociados, y el crecimiento de mano de obra remunerada. Menos se tiene conocimiento y experiencia de cómo una política de incentivos forestales incide en la protección del medio ambiente. De ahí que en el documento FAO (1998) se dice que las políticas de incentivos forestales tienden a focalizarse en los efectos positivos (producción de materia prima), y menos en los efectos negativos (como la conservación del medio ambiente). Según se dice en Garrido Valero (2008) la mayoría de los países iberoamericanos carece de marcos regulatorios para la implementación de un sistema de incentivos para la producción agropecuaria ecológica. En este sentido se fundamentan las siguientes recomendaciones: •

Una revisión de las externalidades de la producción agropecuaria

ecológica de forma comparativa con la producción convencional. •

La aplicación de incentivos a los procesos de conversión a la producción

ecológica, costes de la certificación, así como a inversiones en las fincas •

Apoyo institucional de los gobiernos ofrezcan a los productores (sobre

todo a los pequeños productores) en materia de asistencia técnica, créditos, certificación, proyectos, insumos. •

Interrelación entre los aspectos ambientales, sociales y económicos.

•

Establecer incentivos, teniendo en cuenta las incertidumbres y reacciones

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de la opinión pública que no distingue entre quienes aportan insumos de calidad y quienes falsifican productos y procesos. En este documento se analiza también el Sistema de Incentivos para el Fomento de la Producción Agropecuaria Ecológica (ECOS) en Colombia. El sistema ECOS propone cuatro instrumentos: •

Incentivo a la conversión en producción ecológica. Pretende fomentar

cambios en los procesos de producción mediante la adopción de sistemas de producción ecológica, de acuerdo con la reglamentación existente. •

Reembolso por certificación. Mecanismo de compensación a los

productores ecológicos sobre el costo de la certificación para facilitar acceso a mercados, para garantizar la calidad de los productos y estimular la organización social en torno a estos procesos. •

Incentivo a la acreditación. Instrumento para el fomento de los organismos

acreditados por el sistema nacional de acreditación. •

Incentivo a la inversión productiva agropecuaria ecológica.

•

Mecanismo de reembolso a los productores ecológicos sobre costos de

inversión productiva ecológica relacionados con la infraestructura y el desarrollo de prácticas de recuperación de los recursos biofísicos, como reconocimiento a los bienes y servicios ambientales que generan. Los incentivos son también un tema para la Agroecología. Como se conoce la Agroecología aboga por la articulación de las dimensiones técnica y social de los agroecosistemas, a la hora de analizarlos, y gestionar su sostenibilidad. De ahí PAGE 197

que se apunte a soluciones no solo al interior de las fincas, sino también que excedan sus confines como son los procesos de circulación y los mecanismos sociales (Sevilla, 2006). Entre esas soluciones se destacan la reducción de los incentivos para las prácticas agrícolas convencionales insostenibles, y el diseño de incentivos para el fomento de prácticas agrícolas sostenibles. Autores que trabajan en el campo de la agroecología plantearon que la agricultura convencional contempla incentivos que favorecen las prácticas agrícolas insostenibles, pues fomentan: •

La investigación privada en detrimento de la investigación pública;

•

La producción para la exportación en detrimento de la producción local

diversa y autosuficiente; •

Los beneficios a los grandes productores en detrimento de los pequeños y

medianos campesinos; •

Las agriculturas de los países ricos en detrimento de la agricultura de los

países pobres; •

La protección a los consumidores en detrimento de los productores;

•

Y, por último, oportunidades para las producciones industriales y urbanas

en detrimento de las agropecuarias y rurales (Costabeber, 1998; Pengue, 2005). Una exploración de la bibliografía agroecológica posibilita realizar un inventario de incentivos que se reflejan en las tablas 2 y 3 Tabla 2: Incentivos económicos para la adopción de prácticas agroecológicas

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Incentivos

Autores

Creación de sistemas de precios, mercados, Altieri Miguel (1992). Sustainable agricultural development in y negocios diferenciados, solidarios y justos, y Latin America: exploring the possibilities Agriculture, gratificación de actividades conservacionistas Ecosystems and Environment, 39 (1992) 1-21. Elsevier Science Publishers B.V. Amsterdam. Sanders Richard. (2006). A Market Road to Sustainable Agriculture? Ecological Agriculture, Green Food and Organic Agriculture in China.

Programas de financiamiento de oportunidades de acceso a recursos y a mercados locales, certificación, Consumo y negocios justos, solidarios y agroecológicos

Gigi DiGiacomo. Building a Sustainable Business. A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Businesses. Minnesota Institute for Sustainable Agriculture. Handbook.Series. Book 6. 2003. Oxfam (2008). Agroecología y acceso a mercados. http:// portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/ Agroecologia_y_Acesso_a_Mercados.pdf Vivas Esther. Consumo agroecológico, una opción política. Viento Sur, nº108. http://www.vientosur.info/ Wojtkowski Paúl (2009). Agroecological Economics.

La necesidad de que los incentivos para los cultivos de exportación no desincentiven los productos para la alimentación

Altieri Miguel y Nicholls Clara I (2004). Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, México D.F., México.

Políticas de precios, subsidios, inversiones, créditos; eliminación de barreras al comercio exterior agrícola; formación microempresas campesinas.

Yurjevic Andrés. (1995). Un Desarrollo Rural Humano y Agroecológico. Agroecología y Desarrollo Rural. [Internet]. CLADES. Numero Especial 8/9. Octubre 1995 Disponible desde: < http://www.clades.cl/revistas/8/rev8art1.htm> [Acceso 13 septiembre 2009].

Tabla 3. Incentivos no económicos para la adopción de prácticas agroecológicas.

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Incentivos no económicos

Autores

Relaciones y redes de trabajo y aprendizaje campesino-campesinos (individuales, colectivas y comunitarias). Empoderamiento y elevación de capacidad de gestión autónoma y de participación y acción colectiva de los campesinos.

Groundswell Intertational (2011). Expanding territory for agroecology (part 4 of 8).May 11, 2011 Disponible en: http:// groundswellinternational.org/2011/05/11/expandingterritory-for-agroecology-part-4-of-8/ Sevilla Guzmán Eduardo. (2006). De la Sociología Rural a la Agroecología. Barcelona: Icaria Editorial.

Políticas públicas que conecten los sistemas Jackson Dana (edit.)(2002). The Farm as Natural Habitat: alimentarios y los ecosistemas. Reconnecting Food Systems with Ecosystems, published in April 2002 by Island Press Cohn Avery (2006). Agroecology and the Struggle for Food Sovereignty in the Americas http:// pubs.iied.org/pdfs/14506IIED.pdf UK, London 2006.

Concesión de derechos de propiedad y Boyl James (2005). Las ideas cercadas: el confinamiento y la tenencia de la tierra y recursos. desaparición del dominio público. Augsten, Frank et al (¿Un mundo patentado? La privatización de la vida y del conocimiento. Ediciones Böll.

Marcos institucionales organizacionales

e

incentivos Pacheco Douglas y Fujisaka Sam (2004). Scaling Up and Out. Widespread Impact through Agricultural Research. CIAT. 2004. Colombia.

2.6. La problemática de los incentivos en la agricultura cubana. Cuando se explora el tratamiento de la problemática de los incentivos en Cuba es necesario ubicarse en las características del sistema socioecómico y político, sobre todo, desde los inicios de la Revolución cubana, es decir, desde 1959. A partir de esta fecha se observó las siguientes tendencias en el tratamiento de los incentivos en el sector agropecuario: •

No existe una política diferenciada de incentivos. Incluso el término de

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incentivos no se usa ni en el texto de la Reforma Agraria (1959-1963) ni tampoco en las Tesis y Resoluciones del Partido Comunista sobre la agricultura y la relación con el campesinado (1975). Claro, esto no quiere decir que no existieran incentivos. La entrega de tierras nacionalizadas a los campesinos fue un poderoso incentivo que la política estatal ofreció. Merece destacarse también gratuito a los servicios básicos de salud, educación, y seguridad social, así como la subsidiación de recursos, y la seguridad alimentaria. A principios de los 90 y en los años posteriores se emitieron un conjunto importante de decretos sobre entrega de tierras, aumento de precios, pagos por servicios ambientales, comercialización, etc., y otras medidas que contienen importantes incentivos para los productores. La creación en 1999 del Programa Nacional de Incentivos para el Fomento de las Exportaciones (PNIFE) constituyó el único caso de política diferenciada de incentivos. Se plantea que este programa contribuyó al crecimiento en la producción de productos importantes como el tabaco, café y cacao (Álvarez y Togore, 2003). •

El estado posee hegemonía en el ofrecimiento de incentivos a los

productores. No es de extrañar dada su condición de mayor propietario de la tierra y eslabón trascendental de la reproducción agrícola nacional (Valdés Paz, 2006; Figueroa, 2009). Y en ese enfoque estatista de los incentivos primó el centralista, paternalista, y verticalista. •

El mercado libre tenía poca relevancia antes de 1991. La comercialización

estaba totalmente bajo control estatal. De 1959 a 1975 existía el mercado libre.

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Después se derogó. Se reabrió en 1987, pero se volvió a cerrar. El mercado libre se reabre de nuevo en el 1992. Se deduce que los incentivos asociados a las relaciones mercantiles y monetarias tienen poca incidencia en el contexto cubano anterior a 1992. Hoy en día la política estipula continuar en esa dirección, dada a la existencia del mercado libre, la descentralización de la comercialización, y la existencia mayoritaria de formas no estatales de organización de la producción agropecuaria (PCC, 2011). No obstante, se declara oficialmente la primacía del plan estatal sobre el mercado. •

El énfasis en los incentivos morales. Martín Jorge (2009) apuntó que el Ché

Guevara se opuso una línea de planificación de la economía y de industrialización a la línea de utilizar mecanismos de mercado e incentivos materiales en la gestión de la economía. Esta apelación a los incentivos morales es recurrente en los discursos de Fidel Castro Ruz, el líder principal de la Revolución cubana. •

En cuanto a la estrategia tecnológica en la agricultura se promovieron

incentivos para la adopción del enfoque de Revolución Verde (Funes, et al., 2001; Nova, 2006; Funes-Monzote, 2009). Es el caso del énfasis en los subsidios, los altos suministros de insumos para las producciones, y el trabajo de extensión agraria de las instituciones de investigación y desarrollo agropecuario. A principios de los 90, como se dijo, la política dio un giro hacia la agricultura sostenible. Ahora coexisten

los

incentivos

para

la

agricultura

convencional

(monocultivos,

fertilizantes y plaguicidas químicos, mecanización) y los incentivos para la agricultura sostenible con enfoque agroecológico (policultivos, rotación de cultivos,

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abonos orgánicos, medios biológicos de control de plagas, tracción animal).

Marco legal de los incentivos para los productores agropecuarios en Cuba a partir de 1993

• • •

Decreto 142-1993 sobre la creación de las UBPC.

Resolución 191-1994 sobre la liberación de los precios en el mercado. Resolución 2-1998 sobre el aumento de los precios de la carne, leche y otros productos. • Ley No. 95-2002 sobre CCS y CPA

•

Resolución 80-2004 Del Banco Nacional sobre la despenalización de la tenencia de dolares y otras monedas extranjeras. • Resolución 187-2006 (Sobre Acopio Nacional). • Resolución 154-2006 sobre el reordenamiento cafetalero.

•

Resolución Número 174-2004 sobre rebaja de los impuestos de venta en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE). • Resolución No.53-2006 sobre precios basados en las necesidades del agricultor.

• • • • •

Resolución No. 243-2006 sobre precios basados en las necesidades del agricultor. Resolución 188/2007 sobre Acopio Nacional. Instrucción 503 sobre el pago por servicios ambientales (2007). Resolución 259-2008 sobre entrega en usufructo de tierras ociosas.

Resolución 688-2008 Reglamento de la Ley 259-2008 sobre entrega en usufructo de tierras ociosas.

7..

El debate sobre los incentivos para los productores agropecuarios en Cuba

El problema de los incentivos es recurrente en los investigadores cubanos, sobre todo a partir de finales de los 90. Por un lado, existe un consenso favorable acerca de los problemas asociados al sistema de incentivos anterior a los 90. Por otra parte, se proponen mejorar la implementación de los nuevos incentivos.

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En los primeros años de los ajustes se realizaron estudios donde sobresale el tema de los incentivos. Merece destacarse en tal sentido los trabajos de Rodríguez González et al. (1996) sobre motivaciones en UBPC cañeras. En los estudios de casos que llevaron a cabo estos autores, se constata que las motivaciones principales se concentran: •

En las mejoría de las condiciones de trabajo (recursos) y de vida (vivienda,

medios de higiene, etc.). •

La satisfacción personal por el reconocimiento social, la salud, y el tiempo

libre. •

Pero también se detectaron las siguientes desmotivaciones:

•

Las relaciones humanas, lo cual los investigadores interpretaron como

expresión de anomalías y conflictos que atentan contra el espíritu de cohesión y confianza mutua en la organización cooperativa, y también como indicador del predominio de la tendencia al individualismo frente a lo colectivo, es decir, que habían problemas con el ambiente colectivista. •

Difíciles condiciones de trabajo.

•

Los insuficientes anticipos.

•

La poca estimulación.

•

Malas condiciones de vida.

•

La carencia y/o mal estado del fondo de vivienda de los asociados.

Los autores del citado estudio (Rodríguez González et al., 1996) llegaron a las

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siguientes conclusiones: •

El conjunto de insatisfacciones y distorsiones reveladas en las UBPC

objeto del estudio no contribuyen al desarrollo y consolidación de las UBPC. •

La jerarquización de las motivaciones reflejan al igual que las

insatisfacciones una marcada tendencia a la individualización frente a lo colectivo. •

No hay un ambiente colectivista como el que necesita una cooperativa.

•

La educación cooperativa es nula.

Valdés Paz (1999) realizó un estudio sistemático sobre los incentivos en el sector agropecuario durante los años ochenta, cuyos resultados fundamentales se resumen en las tablas 4 y 5. Tabla 4 Tipos de incentivos (Gratificaciones) por formas de organización agropecuaria en los 80 Tipos de incentivos

Gratificación

Empresa Estatal

Cooperativas Producción individual

Tierra

X

Propiedad Medios de producción Ocupación

Empleo

X X

Autogestión Finanzas

Ingresos

Tecnología PAGE 197

X

X

Rentabilidad Crédito

X

X X

X X

Inversión

X

X

X

Salario

X

Premio

X

Ganancia

X

X

X

Gratuidad

X

Nivel tecnológico

X

X

Mercados

Demanda estatal Mercado libre

X

X X

X X

Seguridad Alimentaria Vivienda

Autoconsumo Familiar Construcción de vivienda

X X

X X

X

Tabla 5: Tipo de incentivos (Sanciones) por organización agropecuaria en los 80 Tipos de incentivos Propiedad

Sanciones Restricciones

Empresa Estatal

Cooperativas X

Usufructo Ocupación Finanzas

Desempleo

X

X

X

Subordinación

X

Deuda

X

Interés

X

Desinversión Ingresos

X

Producción individual X

X

X

X

Impuesto

X

Pérdidas

X

Normas salariales

X

X

Tecnología

Normas técnicas

X

Mercado

Mercado normado

X

En este estudio el autor llega a las siguientes conclusiones: •

Las cooperativas acceden a mayores incentivos

que las empresas

estatales. •

El modelo del incentivación de los 80 tiene un número equivalente de

gratificaciones en todos los tipos de organización con énfasis en el resultado económico de las cooperativas y la producción individual. •

Las sanciones para el tipo de empresa estatal alcanzan solo un tercio de

las correspondientes a los demás tipos, y no se hayan vinculadas a la eficiencia.

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•

Tiene escasa incidencia en las condiciones de crisis.

•

El sistema alcanzará mayor incidencia cuando las gratificaciones puedan

realizarse y las sanciones pesen más en el conjunto de los incentivos. Por su parte, Hernández Pentón (2004) plantea que entre 1963 y 1993 la separación propiedad-gestión (o tenencia) no se correspondió ni con la idea marxista del proceso continuo de identificación productor-propietario, tampoco con la teoría de la agencia acerca de la responsabilidad compartida y simétrica entre el principal y sus agentes en cuanto a incentivos y aceptación de riesgos. Obviamente los estudios cubanos antes de 1993 no se refieren a la incentivación de los productores en las UBPC. Durante los 90 proliferaron los estudios que si trataron esta problemática. Merece destacarse los estudios de casos realizados por el Grupo de Estudios rurales del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana (UH), en 33 UBPC de 10 municipios del país en siete provincias, entre 1993 y 2003 (Pérez Rojas y Echevarría León, 2006). El análisis de este grupo se puede resumir en la tabla 6, donde se observa las diferencias de incentivos entre las UBPC investigadas:

Tabla 6: Expectativas en las UBPC en la investigación realizada por (Pérez Rojas y Echevarría León, 2006) UBPC cañeras Autonomía productiva

XXX

Obtención de utilidades Autoconsumo Rentabilidad

XX X

Construcción de viviendas

X

Vinculación del hombre al área PAGE 197

UBPC cultivos varios

UBPC tabacaleras X

XXX XX

XX X XXX X

Vínculo con la familia

XX

Estos autores concluyeron que: •

Las cañeras y de cultivos varios percibían y deseaban que la UBPC se

aproximara al modelo CPA, en cuanto a un mayor nivel de participación y autonomía relativa en la toma de decisiones laborales y productivas. •

En ningún caso apareció en primer lugar la expectativa la posibilidad de

mayor participación y de autonomía de gestión. •

En cuanto a la elaboración de los Reglamentos Internos, que es una de las

atribuciones de los miembros, algunas UBPC tomaron como modelo los Reglamentos de Cooperativas de Producción Agropecuaria exitosas y con mayor nivel de autonomía en relación con la granja de la cual provenían. •

La participación y la autonomía se dificultaron por el exceso de control de la

empresa sobre la UBPC en la determinación del plan de producción, las actividades de servicios y maquinaria, suministro de insumos y combustible. •

En el tabaco mayor flexibilidad y capacidad de negociación.

•

El aseguramiento de los insumos por parte de la empresa presenta

dificultades en todas las UBPC. Leyva Remón (2006) en su tesis doctoral sobre estructura socioclasista, analizó los incentivos (distribución de utilidades, autoabastecimiento familiar, vivienda) entre los factores que inciden en el desempeño y la motivación en las UBPC en la provincia de Granma desde 1994 a 2004. Esta autora identificó que la insuficiente

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flexibilidad del control estatal atentó contra credibilidad de los incentivos que descansan en la propiedad colectiva del patrimonio material y la productividad del trabajo a través del manejo autónomo de las producciones. Concluye que el modelo tecnológico actual implica ante todo el empleo intensivo de trabajo vivo y ello exige a su vez sistemas organizativos del trabajo e incentivos más eficientes, empresa para la cual no están totalmente preparados y requieren del constante asesoramiento estatal. Recomendó también que los incentivos debieran descansar no solo en la propiedad colectiva del patrimonio material sino también aquellos que deben reactivar la productividad del trabajo a través producción de rasgos identitario propios. Este autor también analiza el sentimiento de dueño en UBPC de Granma. Constata que el sentimiento de dueño se afectó por el predominio de relaciones interempresariales donde lo estatal pesa más que lo cooperativo, y sugiere que ese sentimiento depende de la realiza económica de la tenencia a través de: a) Las relaciones de planificidad y monetario-mercantiles, b) Los intereses económicos y su coordinación, c) Las formas de dirección y el mecanismo económico, d) los resultados económicos finales de la producción, las modalidades distributivas y la formación de ingresos. Este tema del sentimiento de dueño en las UBPC sobresale en las investigaciones cubanas. Otros autores como López Mustelier (2003) plantean que la condición de dueño colectivo requiere que sea vivenciada, personalizada y subjetivizada, a partir del involucramiento de todos los socios de la UBPC a un proyecto común colectivo, así

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como participación colectiva en la toma de decisiones. Por su parte Peiso Avelino (2006) en su tesis doctoral en UBPC detectó que un 59 % justificaban no sentirse dueños por los siguientes motivos: •

Las UBPC están sujetas a los planes de distribución centralizados;

•

Dependen de las decisiones de la empresa;

•

Demasiado control empresarial, pues la empresa determina los trabajos a

realizar (incluso hasta en la venta de animales y recursos a trabajadores). •

La empresa es un intermediario que cobra con recargo, e impide comprar

directamente; •

No existe correspondencia entre los precios de las mercancías y los bajos

precios que venden sus productos. •

Las posibilidades del Administrador de acudir al Banco para sus gestiones son

difíciles y el Banco cobra créditos adelantados, no recalcula, etc. •

Los resultados económicos no satisfacen sus necesidades.

Hoy en día continúa ardiendo el debate sobre los incentivos asociados a las relaciones mercantiles y monetarias. Sobresalen las discusiones sobre: •

El aumento de los precios a pagar a los productores, los conflictos entre los

productores, las empresas estatales, y la Empresa Acopio Nacional (Pagés y Castaño, 2006; Hagelberg y Álvarez, 2009; Vareka Pérez, 2009; Carrobello, 2009; Martín y León, 2009; Granma, 2010), la persistencia del mercado negro (Vidal, 2008), la necesidad de repensar los subsidios y fomentar la compra y venta

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directas y liberadas de recursos por parte de los productores (Vareka Pérez, 2009; Granma, 2010). •

El problema de cómo resolver el déficit de recursos para los productores

agropecuarios. Muchos investigadores cubanos coinciden que hace falta liberar la producción y el mercado de insumos en las localidades (Colectivo de autores, 2010). •

Los riesgos que para el socialismo representan el fomento de las relaciones

mercantiles, los incentivos materiales y monetarios, y la iniciativa privada (Rivero Baxter, 2002; Piñeiro Harnecker, 2007; Espina, 2008; Martín Jorge, 2009). Como se dijo, en Cuba se garantiza los servicios básicos. Pero con la crisis disminuye la capacidad del Estado. Estudios realizados constataron problemas en el sistema eléctrico de zonas rurales por falta de combustible (Díaz López, et al. 2003). Otros estudios vienen alertando sobre la escasez de vivienda, transporte, y recreación en las regiones rurales (Baranyi y Weston, 2007). Se dice que el éxodo rural acelerado está dado por la insuficiencia de incentivos para trabajar y vivir en el campo (Valdés Paz, 2006; Hernández Pentón, 2004).

8..

Los incentivos para la agricultura sostenible en Cuba

8...1... Incentivos para la conservación de los suelos. Mucho se debate sobre los incentivos para el desarrollo sostenible y la agricultura sostenible. Esto responde a que esta es la directriz estratégica fundamental de la

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política agraria de Cuba a partir de 1993, condicionada por la necesidad de enfrentar el déficit de recursos, y resolver los problemas ambientales del país. Respecto a los problemas ambientales, se destaca la afectación a los suelos. En 2009 se registró que el 45% de los suelos de Cuba sufre pérdida de materia orgánica, y 70% algún otro tipo de afectación ya sea por factores climáticos –como las fuertes y prolongadas lluvias en zonas montañosas o las sequías o por las inadecuadas prácticas de manejo agropecuario. El Programa de Conservación de Suelos prevé beneficiar así a 3 millones 500 mil hectáreas en todo el país, que representan más que la mitad de le superficie agrícola del país (Barreras Ferrán, 2009). Principales Leyes y Programas para la conservación de los suelos en Cuba

• •

Capítulo VIII de la 1ra Ley de Reforma Agraria.

• •

Capítulo V del Título VI de la Ley 81-1997 sobre el Medio Ambiente.

Artículo 27 de la Constitución de la República sobre obligatoriedad estatal y ciudadana por la conservación de los suelos. • Artículo 39 de la Ley 33-1981 sobre la protección del medio ambiente y el uso de los recursos naturales. • Decreto No.179-1993 sobre protección, uso y conservación de los suelos y sus contravenciones. • Pago por servicio de suelos y agroquímicos del Capítulo II del Decreto No.179-1993. Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010 que refrenda incentivos asociados a la política tributaria, arancelaria o de precios diferenciados. • Instrucción 503 del Banco Nacional de Cuba estableció las bases del crédito y los pagos para medidas de conservación ambiental. • Programa Nacional de Conservación de suelos (2001) que contempla el pago por los servicios de conservación de suelos. • Fondo Nacional para la Conservación de Suelos (2001).

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Incentivos para la protección de los bosques y la biodiversidad

1...

Leyes, programas y fondos similares se contempla para el fomento de la reforestación y la conservación de bosques, dirigidos a incrementar los bosques, mejorar la vida de los productores forestales, sustituir importaciones, aumentar exportaciones de fuentes forestales, proteger los suelos, las aguas, y los bosques naturales. Principales Leyes y Programas para la conservación y protección de los bosques en Cuba

• Sistema de sensibilización y participación popular del pueblo en la plantación masiva de bosques forestales y frutales en las localidades (1987), a través de las organizaciones de masas como los comité de defensa de la revolución (CDR), la federación de mujeres cubanas (FMC), los sindicatos de trabajadores (CTC), y las organizaciones estudiantiles y juveniles como la unión de pioneros de cuba, la federación de estudiantes de enseñanza media (FEEM), y la federación de estudiantes universitarios (FEU). • Decreto-ley no. 136-1993 del patrimonio forestal y la fauna. • Decreto 180-1993 sobre contravenciones de las regulaciones forestales.

• Ley 85 de 1998. Ley forestal • Programa sector forestal hasta el 2015 derivado de la ley 85-1998. • Decreto no. 268 -1999 sobre las contravenciones de las regulaciones forestales. • Resolución conjunta no. 1-2000 ministerio de economía y planificación y el ministerio de finanzas y precios, sobre la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEF)

Según CITMA (2009) los mecanismos económicos de corte fiscal para la protección de la biodiversidad en Cuba, que pueden evaluarse como incentivos, son: •

Los Royalties y Cánones de las explotaciones mineras.

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•

Impuestos por utilización de la Bahía de La Habana y su Fondo.

•

Impuesto Forestal y su Fondo.

•

Bonificaciones arancelarias a la importación de tecnologías favorables al

medio ambiente deben garantizarse incentivos apropiados, sociales En este documento se habla del caso especial de los huertos caseros, donde se han desarrollado dos tipos de incentivos: •

La promoción de Ferias de productos y semillas y las Ferias culinarias,

donde los campesinos reciben incentivos económicos por concepto de la venta de los productos de sus fincas, directamente o elaborados, con lo cual incrementan sus ingresos líquidos. •

El reconocimiento de la diversidad conservada y del desarrollo de

variedades locales, de forma verbal y con la entrega de los Certificados de Protección de las variedades portadoras de los genotipos más notables, en el Registro Oficial de Variedades del MINAG. Precisamente, una de las estrategias del CITMA consiste en fomentar incentivos de todo tipo para motivar a los productores a la adopción de prácticas en beneficio de la biodiversidad. 2...

Incentivos para la Agricultura Orgánica Certificada.

En Cuba se tienen avances discretos en materia de incentivos para la agricultura orgánica certificada. Cabe destacar en este sentido los incentivos estipulados en las dos leyes del medio ambiente, desde el punto de vista a que contiene el compromiso del Estado en apoyar las iniciativas relativas a la agricultura PAGE 197

ecológica. Por otra parte, la Ley 182 de Normación y calidad del MINAG contempla el pago diferenciado a los productores orgánicos. Se reporta que los productores orgánicos en Cuba o btiene mayores precios por sus productos (entre un 20 al 40 %) sobre los precios de los productos convencionales (Pérez Consuegra, 2004; Castellón, 2008)

Finalmente, se está debatiendo acerca de las normas propiamente cubanas para las producciones orgánicas. En fechas recientes, la Oficina Nacional de Normalización –que representa al país ante organizaciones internacionales y regionales de normalización – circuló para su discusión académica y pública una propuesta de directrices de producción, certificación, etiquetado y comercialización de productos orgánicos.

3...

Incentivos para la agricultura orgánica no certificada

Por último, merece atención un conjunto de iniciativas populares, proyectos y programas, que incentivan la agricultura con enfoque agroecológico: Los proyectos pilotos “Faros Agroecológicos” cubanos, apoyados por la Red de Agricultura Sostenible y Extensión (SANE, por sus siglas en inglés), perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y también el Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (HIVOS, Holanda), Pan Para el Mundo (Alemania) y la organización internacional Oxfam (Funes, et. al, 2001; Ranaboldo y Venegas, 2007). •

El movimiento de “Arroz popular”, en sus inicios, integrado informalmente

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por personas que tomaron la iniciativa de sembrar arroz en áreas pequeñas, terrenos marginales o tierras bajas con disponibilidad de agua. Poco a poco, esta técnica se expandió de tal forma que el gobierno intervino apoyándola con asesoría y recursos, y la reconceptualizado como “arroz no especializado”. •

El Programa Nacional de la Agricultura Urbana, Periurbana, y Suburbana,

donde como Ley se prohíbe el uso de fertilizante y plaguicidas químicos. El objetivo fundamental del Programa es obtener la máxima producción de alimentos diversos, frescos y sanos en áreas disponibles, anteriormente improductivas, mediante prácticas orgánicas y que supongan el uso racional de los recursos locales, así como la comercialización directa con el consumidor (Campanioni et al, 2001). •

Programa de Innovación Agraria Local (PIAL), cuyos antecedentes están en

el proyecto de Fitomejoramiento Participativo (FP), organizado por el Instituto de Nacional Ciencias Agrarias (INCA) del Complejo Científico Docente Universidad Agraria de la Habana (UNAH). En este programa se apoya e incentiva el mejoramiento, multiplicación, e intercambio de variedades de especies y prácticas conservacionistas entre los productores (Ortiz et al., 2010). •

El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACAC) de la

ANAP (Machín et al., 2010), donde se promueven actividades de capacitación y escalonamiento de prácticas agroecológicas, ya no solo con el objetivo de sustituir insumos, sino también para la transformación sostenible de las fincas. Estos programas y proyectos se acompañan de incentivos que van desde los

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apoyos en recursos y financieros que se ofrecen a los productores, como los asociados a los sistemas de reconocimientos y premios que estipulan. Además, que los productores orgánicos en Cuba reciben todos los incentivos que todos los productores agropecuarios, como el acceso de mercados con garantías, los servicios básicos gratuitos de educación, y salud, y subsidios para la alimentación.

Reconocimiento mundial de los logros de Cuba en Agricultura Sostenible

• • •

•

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En 1996, el Movimiento Cubano de Agricultura Orgánica recibió el Premio Saar Mallinskrodt, que otorga la Federación Internacional de Movimientos por la Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas en inglés). En 1999, le sería otorgado también el Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award). Según el Informe Planeta vivo 2006, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Cuba es el único país en el mundo que cumple con los criterios de “huella ecológica” (< 1'8 ha/p) y “desarrollo humano” (IDH> 0,8). En IDH Cuba ocupa el 4 puesto, detrás de Chile, Argentina, y Uruguay. La huella ecológica de China es