Nuestro derecho al agua

LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA Una lucha que apenas comienza

Javier Márquez Valderrama

LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA

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Acerca del autor Javier Márquez Valderrama. Antropólogo, activista ambiental, coordinador del Programa de Cultura y Política Ambientalistas de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, vocero del Comité Departamental en Defensa del Agua y la Vida de Antioquia, y Presidente de la Junta Directiva de la Corporación ECOFONDO, Colombia.

Este documento es uno dentro de una serie de reportes encargados por el Proyecto del Planeta Azul que examina el estado del derecho humano al agua y al saneamiento en diferentes partes del mundo.

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NUESTRO DERECHO AL AGUA

LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA Una lucha que apenas comienza Javier Márquez Valderrama

Contenido La campaña “El agua: Un bien público”������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Una primera pequeña victoria�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Nace la idea de un referendo para la reforma de la Constitución���������������������������������������������������������� 6 Se hunde la iniciativa ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Se avanza en políticas públicas que ya incluyen el enfoque del derecho humano al agua���������������������� 7 En nuestra región avanza la política de transformación empresarial del sector������������������������������������� 9 Retos para las organizaciones ambientalistas y los movimientos sociales�������������������������������������������� 10

LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA

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Dos acontecimientos sin iguales vivió Colombia en 2008. El primero fue la Minga Indígena, la gran Minga por la Vida que logró congregar el 12 de octubre a 60.000 indígenas de diferentes etnias, principalmente del pueblo Nasa, para marchar cerca de 120 kilómetros desde Santander de Quilichao en el departamento del Cauca hasta Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca, con reivindicaciones referidas al medio ambiente, la economía, la seguridad y la soberanía alimentarias, los derechos humanos, la educación, la salud, así como la autonomía de los territorios indígenas y el rechazo a los tratados como el ALCA y el TLC, que son una amenaza a dicha autonomía, los bienes comunes y la biodiversidad. El otro hecho significativo fue el Referendo por el Agua y la amplia movilización que suscitó, además de que puso en la agenda política del país todo el debate sobre el agua como bien común y derecho humano fundamental, tema obligado en la campaña electoral y en los debates públicos. Asimismo, la Minga asume como propio el referendo del agua. La Minga por la Vida y el Referendo por el Agua como expresión del movimiento en defensa del agua y la vida, tuvieron un hondo calado en la conciencia ciudadana y fueron una de las expresiones más claras de la renovación de los movimientos sociales. En Colombia, durante el régimen político que presidió Uribe Vélez, se consolidó un Estado al servicio de la privatización de los bienes comunes, esto es, de los acumulados públicos de la sociedad colombiana representados en empresas estatales y bienes naturales. Claro que este proceso se inició mucho antes, y la Constitución política de 1991, a la vez que selló un acuerdo político fundamental después del diálogo con una serie de grupos guerrilleros, exceptuando a las FARC y al ELN, también abrió el camino a la aplicación del consenso de Washington, es decir, abrió el camino al neoliberalismo de manera más clara, bajo el nombre de la apertura económica. Esta Constitución es una paradoja y la expresión de la lucha entre la garantía de los derechos humanos en su amplia comprensión y la promoción del neoliberalismo expresado en un Estado al servicio de las corporaciones privadas. Son dos décadas de consolidación del modelo económico de apertura a la internacionalización de la economía, ligado contradictoriamente a una apertura política que supuestamente trataba de superar la exclusión política.1 El resultado, sobre todo con los 8 largos años del gobierno de Uribe Vélez, es un régimen político excluyente, la privatización de las empresas estatales, la quiebra de muchas empresas privadas que no soportan la competencia, así como la merma significativa del presupuesto para lo social y el aumento del gasto militar.2 ¿Qué nos deja, pues, lo que se ha dado en llamar “uribismo”?3 La profundización de un modelo económico fundado en la reprimarización de la economía, la flexibilización de la legislación a nombre de la “confianza inversionista”, el impulso a la minería, y la siembra de extensos monocultivos en tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, negras y campesinas para la producción de agrocombustibles. Una paradójica situación social y política, en la que las cifras, las políticas y los indicadores de desarrollo humano y calidad de vida demuestran a todas luces que Uribe gobernó para los ricos y las corporaciones con, he ahí la paradoja, cierto apoyo popular. Bajo la presión de la Organización Mundial del Comercio —OMC—, el Banco Mundial y los tratados de libre comercio, se han promovido sucesivas reformas y leyes que garantizan estos intereses y van en contra de las economías populares. Así, aumentan las normas que buscan mercantilizar todos los servicios públicos. Mediante un lenguaje falaz se promueve el empresarismo en el campo y la ciudad, los agro-negocios, la transformación empresarial de las instituciones de gestión pública y comunitaria que brindan servicios sin ánimo de lucro, como el servicio de agua potable y saneamiento básico, y se promueven las economías de escala que favorecen a los inversionistas privados, todo ello desde la política de los asocios público-privados, que no son otra cosa que entregar al mercado todo lo que se ha construido como funciones del estado del bienestar. Nada distinto viene promoviendo el actual gobierno de Juan Manuel Santos, sucesor y continuador de estas políticas, las cuales ha perfeccionado y “legalizado”, dados los errores legales cometidos por su antecesor. El proceso de internacionalización, o mejor, la imposición del capitalismo transnacional y su modelo de acumulación se han aplicado de manera violenta en Colombia: cuatro millones 300 mil personas desplazadas, diez millones de hectáreas arrebatadas de manos campesinas, de comunidades negras y pueblos indígenas. Indignación y vergüenza… Más de cuatro millones de seres humanos, colombianas y colombianos, expulsados de su terruño, de su vereda, de su vecindario. Rotos los vínculos, destruida la cadena de los afectos acumulados en años y años de historia hecha en la

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Luis Javier Orjuela Escobar. ,El Estado colombiano en los noventa: entre la legitimidad y la eficiencia. Revista de Estudios Sociales, N.° 1. Agosto de 1998, pp. 56-60. Disponible en: http://res.uniandes.edu.co/view.php/28/view.php

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El país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) es Colombia, con el 3,7 por ciento, dos décimas más que Chile, que ocupa el segundo puesto por delante de Ecuador, con el 2,8; Brasil, con el 1,5; Venezuela, con el 1,4 y Uruguay, con el 1,3. Revista Semana, 4 de enero de 2012.

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Término que, en gracia a la discusión, podemos recoger como la denominación de un periodo de dos gobiernos continuos liderados por Álvaro Uribe Vélez, con un estilo, unas propuestas y una manera de hacer que no pueden ocultar lo básico: la corrupción, la toma mafiosa de sectores del Estado, la violación sistemática de los derechos humanos y el contubernio con el narcotráfico y el paramilitarismo.

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solidaridad vecinal, en el trabajo común, en la construcción en convite y en minga, del acueducto veredal4, del trapiche comunitario, del camino vecinal. Hoy viven apeñuscados en las goteras de ciudades y pueblos, añorando su vida de antes de la ruptura violenta de las relaciones sociales y ecológicas, culturales y económicas con su terruño.

La campaña “El agua: Un bien público” El 31 de mayo de 2005 fue presentado por el gobernante Partido de la U en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 3655, que promovía, entre otros asuntos, la privatización del servicio de acueducto y alcantarillado, que amenazaba incluso las propias fuentes de agua, mediante concesiones a largo plazo y un eventual mercado de títulos de las mismas; la creación del Consejo Hídrico Nacional y los consejos de cuenca, con predominio del sector usuario es decir, empresas de servicios públicos privatizadas, la agroindustria y la eliminación de los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas. Por eso, desde las organizaciones ambientalistas y sociales agrupadas en ECOFONDO, lanzamos en abril de 2005 la campaña del agua como bien público, centramos nuestra atención en denunciar y oponernos a los avances en los temas incluidos en dicho proyecto de ley, que afortunadamente fue archivado gracias a nuestra movilización y al debate suscitado en el Congreso de la República y especialmente en la Comisión V del senado. Diseñamos una metodología de deliberación que conjugaba los conocimientos de la academia, las ONG y las organizaciones populares y sindicales, para discutir los conflictos ambientales asociados a la conservación y gestión del agua en nuestro país. Allí comenzó a tejerse una convergencia nacional sin igual en Colombia. Los asuntos que se situaron como centrales en la agenda política del movimiento fueron: los conflictos asociados a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y a la minería, así como los grandes monocultivos agroindustriales, y especialmente los dedicados a la producción de agrocombustibles, que afectan ecosistemas esenciales al ciclo hídrico; la contaminación de fuentes de agua; el riesgo de privatización de empresas públicas municipales y acueductos comunitarios, y la falta de acceso y suministro de sectores de la población urbana y rural y, en el caso de la urbana, la desconexión como expresión de la flagrante violación del derecho humano al agua. La campaña “El agua: Un bien público», que lanzamos el 27 de de abril del año 2005, fue concebida en tres fases: investigación, socialización, movilización y organización, y así nos dimos a la tarea de realizar foros, talleres, encuentros con acueductos comunitarios, movilizaciones, festivales, asambleas y eventos del más diverso tipo en defensa del agua como bien público y derecho humano fundamental. La organización de comités de trabajo en todos los ámbitos territoriales y la facilitación de la convergencia, la construcción de espacios asamblearios y el trabajo por consenso como manera de construir los acuerdos, fueron también maneras acertadas de hacer movimiento y constituir esta articulación nacional. Esta iniciativa logró hacer que confluyeran, se encontraran y pudieran dialogar entre sí históricas luchas locales.

Una primera pequeña victoria Más de mil organizaciones se vincularon a la defensa del agua como bien común y derecho humano, y nuestra primera acción nacional fue exigir que se archivara el proyecto de marras, conocido en el Congreso como la Ley del agua. Dice la Gaceta del Congreso que “quizá fue una de las iniciativas gubernamentales que más polémica causó durante este primer periodo de sesiones del legislativo. Las críticas se han concentrado principalmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de la eficiencia como el principio rector de la asignación y el uso del agua. En este punto la Contraloría General de la Nación y algunas ONG han manifestado su preocupación, pues se está abriendo la posibilidad futura de que exista un mercado de agua en el país”, porque “el proyecto deja vacíos preocupantes en los temas de concesiones y de cesiones de los derechos sobre éstas.” Adicionalmente, otros analistas han asegurado que la iniciativa “sienta las bases para la implantación del modelo privatizador promovido por el Banco Mundial y las multinacionales del agua, y deja por fuera la garantía del acceso al agua como un derecho fundamental en especial para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.”6 Un triunfo inicial, pues fuimos parte de la presión que llevó a que esta iniciativa legislativa se archivara, cuando el 6 de septiembre de 2006 entregamos 44.475 firmas a la Comisión quinta del Senado, exigiendo que este proyecto privatizador fuese retirado, conscientes de que las estrategias de privatización no se circunscribían a este proyecto de ley. Además, las bancadas de los partidos que mostraban rechazo a la privatización y mercantilización del agua eran y siguen siendo minorías en el Congreso de la República, de ahí la necesidad de ir más lejos y actuar con mayor contundencia.

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Vereda en Colombia hace alusión a una división territorial rural. El municipio en su parte urbana tiene barrios, comunas y zonas, en su parte rural tiene corregimientos y veredas.

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Proyecto de Ley 365 de 2005 de la Cámara de Representantes. Gaceta del Congreso, N.° 217.

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Observatorio Legislativo, Boletín N.° 40, “Balance del primer período de la legislatura 2005-2006”, diciembre de 2005. Disponible en http://www.icpcolombia.org/ archivos/observatorio/boletin_40.pdf LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA

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Nace la idea de un referendo para la reforma de la Constitución Comenzamos a trabajar en ello, y fue así como el 21 de febrero de 2007, en la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bogotá, constituimos un comité promotor como lo manda la ley, con el acuerdo de que este no sería ni mucho menos la dirección del movimiento, sino la expresión formal de una vocería, porque el espíritu asambleario y el método del consenso no podrían ser sustituidos por la representación y el aparato, y comenzamos el sinuoso camino de un trámite con escasa probabilidad de llevar a la victoria, pues la confusa ley7 que regula el mecanismo de participación ciudadana hace que sea imposible convertir en ley una iniciativa popular de esta magnitud, que confronta los intereses económicos y políticos de las corporaciones privadas y los sectores neoliberales que gobiernan el país y controlan el Congreso. A diferencia de Uruguay e Italia, que presentan hermosas victorias populares, en Colombia fue imposible esta vía, pues la soberanía popular no es respetada y el Congreso puede hundir una iniciativa plebiscitaria. Absurda normativa que va en contra de lo que la Constitución, en su espíritu de democracia participativa, trató de establecer, pero que una ley, que le es inferior, impide. Con la idea de llevar a cabo el referendo, comenzó a desarrollarse entonces un gran debate nacional, un proceso de definición de nuestra ley propia del agua, de nuestra reforma constitucional. En la primera recolección de firmas superamos con creces el número necesario para inscribir la iniciativa. Y lo propio sucedió con las firmas necesarias para llevar al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional. Lo más importante del proceso fue la manera como logramos un consenso respaldado por cientos de organizaciones y miles de personas. Las asambleas, nueve durante todo el proceso, se constituyeron en un espacio de franca y abierta discusión y de construcción de consensos entre sectores diversos, y estaban siempre antecedidas de deliberaciones en las regiones y de los sectores que conformamos el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida.8 Con nuestra plataforma de consenso9 y el entusiasmo del movimiento en las calles y las plazas, en las veredas de las zonas campesinas, en los barrios, en los sindicatos del sector de los servicios públicos, en las organizaciones de usuarios, en los acueductos comunitarios, en los territorios indígenas y de comunidades negras, se llegó a conseguir aproximadamente 2 millones 500 mil firmas —se requería un millón 400 mil firmas—, y fueron reconocidas como válidas 2’039.812, de las entregadas el 29 de septiembre de 2009. Otra conquista del movimiento. Esas firmas fueron recogidas por un inmenso voluntariado y en medio de debates callejeros y visitas casa a casa, en las universidades y sindicatos, en las organizaciones de mujeres y de acueductos comunitarios, navegando los principales ríos de Colombia e incidiendo en los medios comunitarios y masivos de comunicación.

Se hunde la iniciativa A pesar de su hundimiento en la Cámara de Representantes del Congreso de la República, en junio de 2010, y luego de un intenso cabildeo y de denuncias públicas para hacer respetar la iniciativa popular, podemos decir que se han logrado valiosos avances en el desarrollo de los propósitos del movimiento, pues la problemática asociada al agua como bien común y derecho humano es ahora ineludible. Las acciones de resistencia contra la política pública nacional para el manejo empresarial de los servicios de agua potable 7 

Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas de participación ciudadana.

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Cartilla básica del referendo del agua, el agua esencial para la vida, propuesta de reforma constitucional, el acceso al agua potable como derecho humano fundamental, Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Difundir Ltda., Bogotá, 2008. Ver en www.corpenca.org

9  Propuesta de articulado reformatorio de la Constitución: TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Artículo nuevo. El Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua es un bien común y público. TÍTULO II CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Artículo nuevo. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. El Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente a todas las personas, sin discriminación alguna y con equidad de género. Se debe garantizar un mínimo vital gratuito. TÍTULO II CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES. Parágrafo nuevo Artículo 63. Todas las aguas, en todas sus formas y estados; los cauces, lechos y playas, son bienes de la nación, de uso público. Se respetará una franja de protección de los cauces de ríos, lagos y humedales. Las aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos. Se garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos. TÍTULO II CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. Parágrafo nuevo Artículo 80. Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los habitan, procurando modelos de uso sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los seres vivos. TÍTULO XII RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA. Parágrafo nuevo Artículo 365. El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas. Las entidades estatales o comunitarias que se organicen para dicha prestación no tendrán ánimo de lucro y garantizarán la participación ciudadana, el control social y la transparencia en el manejo de los recursos y demás aspectos de la operación. Las comunidades organizadas para la prestación de estos servicios se fundamentarán en la autogestión, para lo cual todos sus integrantes acordarán las modalidades de gestión económica necesarias para su funcionamiento. Dichas comunidades recibirán apoyo del Estado para garantizar la cobertura y potabilización del agua que suministren. 6

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y saneamiento básico rindieron sus frutos. El primero de ellos fue el rechazo de la misma, por parte de las autoridades públicas de varios municipios. De otro lado, la denuncia ciudadana a esta política privatizadora y a la violación de derechos, como el autogobierno y la administración autónoma de los recursos, que ella conllevaba provocó el control y la vigilancia por parte de los organismos del Estado que en sus diversos informes plantearon su fracaso y necesaria reformulación. Por último, se obtuvo el pronunciamiento oficial del gobierno nacional de ponerle fin a esa política, argumentando los diversos problemas que ha presentado en su implementación. Todo ello fue el resultado de las diferentes acciones de incidencia ante los concejos municipales, de la denuncia por los sistemas de comunicación, de los debates públicos, de la participación en los espacios convocados por los organismos de control, etc. El proceso de privatización cambia de piel, pero se ha logrado denunciar y demandar, y es un reto darles continuidad a la resistencia y la movilización contra esta política. Hubo además cambios en la percepción de la ciudadanía y de los operadores judiciales, como lo expresa el informe del Observatorio de Derechos Colectivos y del Ambiente de Medellín. Un avance importante tiene que ver con los pronunciamientos de la Corte Constitucional a partir de acciones de tutela, acciones populares y acciones de grupo, a través de varias sentencias. Veamos: La sentencia T-546/2009: que prohíbe a las empresas de servicios públicos domiciliarios desconectar del agua potable a los hogares donde habiten menores de edad, y obliga a las empresas a permitir una cantidad de agua suficiente para suplir las necesidades básicas. La T-717/2010: según la cual, los hogares que estén a punto de ser suspendidos de su servicio de acueducto deben informar a la empresa mediante carta, y probar con anexo de registros civiles de nacimiento, historias clínicas, carta de desplazados, entre otros documentos, que allí habitan sujetos vulnerables para evitar la suspensión. La T-092/2011: Cuando la falta de pago de los servicios públicos domiciliarios se presenta por un usuario sujeto especial de protección (menores de edad, tercera edad, madres cabeza de familia, desplazados), la empresa prestadora del servicio de agua deberá realizar los acuerdos de pago con el deudor según su capacidad económica. En el evento en que la persona manifieste y pruebe que no puede cumplir con los referidos acuerdos, la empresa de servicios públicos está obligada a garantizar un consumo mínimo de agua.10 La sentencia T-381 de 2009, Agua y megaproyectos: el caso del Túnel de Sumapaz, “La jurisprudencia ha precisado que el agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas, cuando está destinada al consumo humano. Y este derecho puede protegerse por medio de la acción de tutela, únicamente cuando se relaciona con la vida, la salud y salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como el turismo, la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados. Por lo cual, en esta oportunidad el agua que se reclama para fines de explotación turística o para regadío no pude concederse mediante orden impartida por el juez constitucional”. La Corte Constitucional obró no solo reconociendo su derecho sino buscando garantizarle medios de supervivencia.11

Se avanza en políticas públicas que ya incluyen el enfoque del derecho humano al agua El Municipio de Medellín decidió implementar en el año 2008 la política pública del Mínimo Vital gratuito de Agua Potable, materializada a través de “Litros de amor”, la cual pretende suministrar agua potable a las familias más desfavorecidas de la ciudad, en el marco de las directrices dadas por el Comité de las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y culturales con respecto a reconocer el agua como un derecho humano fundamental.12 Se concibe este auspicio como un mínimo vital gratuito y la concreción del derecho humano, pero es claro que no cumple con las características del derecho humano fundamental. Es más una política asistencialista que se basa en la creencia de que el suministro de agua potable y el acceso a ella son una necesidad y no un derecho, y está dirigido a la población más empobrecida de la ciudad. Cada integrante de la familia recibirá 2.500 litros de agua mensual, “de esta forma, un hogar conformado por cuatro personas tendrá derecho a 10.000 litros de agua mensual” según se expresa en la cartilla citada. El programa está llegando hoy a 24.350 hogares, que representan 125.151 personas aproximadamente distribuidas en 22.776 familias, según el informe de derechos humanos de la Personería de Medellín.13 El Comité en Defensa del Agua y la Vida de Antioquia plantea que esta política es un simple auspicio en la medida en que focaliza el beneficio, puesto que el actor directamente beneficiado es Empresas Públicas de Medellín ―EPM―, dado que otra de las condiciones, según la cartilla del mínimo vital citada, está relacionada con que las personas deberán 10 

Mesa Interbarrial de desconectados. “Vida digna”. Boletín N.° 12. Medellín, noviembre de 2011.

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Antonio Javier Jaramillo Alzate y María Alejandra Villada. “Problemática del agua en Medellín”. Observatorio de Derechos Colectivos y del Ambiente, Personería de Medellín.

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Alcaldía de Medellín (2009). “Cartilla mínimo vital de agua potable”. Disponible en: http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20 del%20Ciudadano/Medell%C3%ADn%20solidaria/Secciones/Publicaciones/Documentos/2009/Cartilla%20Minimo%20Vital.pdf [Consultado: 8 de octubre de 2011].

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Tomado del Informe resumido de la Personería de Medellín. 21 de noviembre de 2010. LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA

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contar con una instalación legal de servicios públicos y no tener cuentas vencidas con EPM, acción que permite deducir que la política del mínimo vital se enfoca en “recuperar la cartera morosa de EPM toda vez que sólo podrán beneficiarse quienes no tengan los servicios suspendidos o cortados, salvo aquellas personas que realicen acuerdo de pago con EPM”.14 De todas maneras es un muy importante avance en el conocimiento que la población y los operadores judiciales tienen ya del derecho humano fundamental y el derecho a un mínimo vital. Estas acciones de tutela y los fallos de los jueces y las positivas sentencias de la Corte se convierten en un referente colectivo para la protección de los derechos, para un gran número de personas que se encuentran en una situación similar. En su discurso de posesión, el nuevo alcalde de Bogotá Gustavo Petro definió los lineamientos de lo que será su alcaldía en los próximos años. Una de las prioridades es la gratuidad del consumo mínimo vital del agua y la prohibición del porte de armas en toda la ciudad. En el tema del agua el alcalde dijo que el consumo mínimo vital para los estratos 1 y 2 no puede ser comercializado, “seis metros cúbicos que por derecho deben ser gratuitos”. Pero el tema del agua no quedó allí. Para el alcalde Petro la descontaminación del río Bogotá es una prioridad, aunque señaló que se debe cambiar la manera de cobrar a los bogotanos ese gravamen. Para ello propondrá un proyecto diferente de financiación de la descontaminación, la cual “tiene que tasarse de acuerdo al poder de contaminación de diferentes sectores de la sociedad bogotana que tienen sobre el río”. Los páramos que abastecen de agua a Bogotá también tendrán un lugar especial en la agenda del mandatario capitalino. Según Petro, se va a utilizar el dinero de las regalías para proteger los páramos de Chingaza, Guerrero y Sumapaz.15 Otro logro fundamental fue el reconocimiento del movimiento por agua y las iniciativas colombianas en los escenarios de los movimientos por la justicia del agua. La presencia de Maude Barlow y la realización de la III Asamblea Continental de la Red Vida en nuestro país son acontecimientos muy importantes y pusieron nuestra lucha al lado de la luchas emblema de nuestro continente, como la guerra del agua en Bolivia y el plebiscito uruguayo. Además la participación en foros internacionales como el Foro Mundial, y los contraforos al foro de las corporaciones multinacionales. La adscripción a la Red Vida de variadas organizaciones colombianas y la participación en la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas —APC—, son también hitos muy importantes de este logro de articulación mundial de nuestra lucha. En nuestra región, en el marco de los principios de la Plataforma, hemos promovido acuerdos público-comunitarios en tres municipalidades del departamento de Antioquia: Girardota, Támesis y El Carmen de Víboral. Aunque con desarrollos desiguales, estos acuerdos de los concejos municipales buscan defender la gestión pública y comunitaria. Es una política pública de fortalecimiento organizativo, técnico, administrativo y económico de las comunidades que prestan los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado en su municipio, mediante acciones de apoyo, articulación y participación entre los prestadores, la administración municipal y demás entidades que tengan asignadas sus funciones y competencias específicas en la materia objeto de la política, todo ello en procura de obtener la satisfacción de las necesidades vitales de la población y la garantía efectiva de sus derechos al acceso y suministro de agua potable y saneamiento básico. En el caso de Girardota,16 la zona urbana es atendida por EPM mientras la zona rural es cubierta por 27 acueductos comunitarios. Támesis17 y El Carmen de Viboral18 son municipios que todavía cuentan con empresas municipales, y se propone en el acuerdo fortalecerlas en alianza con las comunidades organizadas. En los tres municipios esta política es llevada por iniciativa de los acueductos comunitarios al Concejo Municipal, que es el órgano legislativo de elección popular. Además, en el marco del desarrollo de la campaña “El agua un bien público”, impulsada por ECOFONDO, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia en septiembre de 200619. Posteriormente, en diciembre de 201020 y septiembre de 201121, se han llevado a cabo otros dos encuentros, todos ellos convocados por los 14  15  16 

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Boletín del Comité en Defensa del Agua y de la Vida, Antioquia, 2011. Gustavo Petro. Discurso de posesión como Alcalde de Bogotá. Disponible en: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=48199 [Consultado: 5 de enero de 2012]. Girardota es un municipio del valle de Aburrá del departamento de Antioquia, está conformado por 27 veredas y una población de 43 mil habitantes.

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Támesis es un municipio del suroeste de Antioquia. Está Conformado por dos corregimientos, 37 veredas y un resguardo indígena denominado Miguel Certiga Tascón, y una población de 18 mil habitantes.

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El Carmen de Viboral es un municipio del oriente de Antioquia. Se divide en siete corregimientos: Santa Rita, Santa Inés, Aguas Claras, Alto Grande, La Esperanza, La Madera y La Chapa; dos centros poblados: La Honda y La Aurora, y 56 veredas. Tiene una población de 46 mil habitantes.

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Declaración del primer encuentro de acueductos comunitarios realizado en Bogotá, 6 y 7 de septiembre de 2006. Disponible en: http://www.bolpress.com/art. php?Cod=2006091923

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Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia (ADACA). Memorias del Encuentro de Acueductos Comunitarios. Buga, Valle. Instituyo Mayor Campesino. Diciembre de 2010. Disponible en: http://www.adacantioquia.org/2011/02/encuentro-de-acueductos-comunitarios.html

21 

III Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, Cartagena, 26-28 de agosto de 2011. “Declaración de Cartagena de Indias”. Disponible en: http://www. adacantioquia.org/2011/09/encuentro-nacional-de-acueductos.html

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procesos y las redes y asociaciones locales y regionales de acueductos de los territorios locales. Hoy existe en Colombia la Red Nacional de Acueductos Comunitarios como red de redes y procesos asociativos regionales y departamentales.

En nuestra región avanza la política de transformación empresarial del sector El Municipio de Medellín es propietario del grupo empresarial Empresas Públicas de Medellín —EPM—, el cual en 2011, en entrevista del periódico El Mundo a su director de finanzas, Óscar Herrera, planteó que los ingresos de la entidad “se estiman para todo 2011 en 6 mil millones de dólares, mil millones por encima de lo que era la meta”. Herrera agregó además que la utilidad neta al finalizar el presente año será de US $800 millones.”22 Es de destacar que esta empresa lidera la política de asocios público – privados en las Américas en alianza con el BID y adicionalmente, para el periodo 2012-2014 se aseguraron inversiones en infraestructura por $1 billón 642 mil millones de pesos para dar continuidad a diferentes proyectos y programas. EPM23 y el BID firmaron en 2009 un Memorando de Entendimiento, que fue suscrito por el presidente del Banco, Luis Alberto Moreno, y el gerente general de EPM, Federico Restrepo, y que surgió durante el marco de la Asamblea del BID que se realizó en la capital antioqueña, cuando la Oficina de Alianzas Público Privadas del Banco le exteriorizó a EPM su interés en protocolizar el acuerdo, mediante el cual se busca apoyo y cooperación en cinco líneas específicas. Estas líneas son: “Proyectos de responsabilidad social empresarial para apoyar a los clientes del BID, haciendo énfasis en empresas de servicios públicos; programas orientados a la gestión integral de los servicios públicos domiciliarios; actividades, programas y proyectos para lograr una “adecuada gestión ambiental y evaluar los posibles impactos del cambio climático en la región; estudios de investigación, desarrollo e innovación de fuentes de energía limpias, alternativas y renovables, y soluciones para el suministro de agua potable, y proyectos orientados a la gestión y acceso a los servicios públicos domiciliarios para minorías y población vulnerable dirigidos a los clientes del BID en la región”.24 “La paradoja del agua en Medellín consiste en que mientras 42.000 suscriptores están desconectados por falta de pago y otros miles no acceden ni poseen un suministro regular y adecuado en cantidad y calidad de agua, la envergadura de su empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios es monumental. En efecto, las Empresas Públicas de Medellín, EPM de Medellín, se constituyó en un grupo empresarial con intereses comerciales en diversas partes de Colombia, Centroamérica y España”.25 No puede olvidarse que es una empresa importante en Latinoamérica en el negocio de la energía, la que produce básicamente a partir de la energía hídrica obtenida desde megapresas, pues posee 25 hidroeléctricas. El monopolio del Grupo EPM sobre el agua en Antioquia y algunos departamentos de Colombia, lo lleva a ser un agente decisor bastante importante en la definición de políticas públicas que afectan el goce ciudadano del derecho al agua potable y al saneamiento. El Gerente de Aguas de esta empresa, Francisco Piedrahita en el marco del Séptimo Diálogo Interamericano del Agua realizado en la ciudad de Medellín del 13 al 19 de noviembre del 201, plantea su acuerdo con la resolución de Naciones Unidas y considera que el acceso y suministro del agua son un derecho fundamental, autónomo, no progresivo y corresponde al estado garantizarlo sin excusa alguna. Contradictoriamente, al mismo tiempo justifica en una normativa no favorable al derecho, la desconexión y no cobertura del 100% de agua potable y saneamiento básico en Medellín, es decir, la no garantía del derecho. En esta ciudad, más de 40.000 hogares están desconectados, y a esta cifra se le suma la de 30.000 hogares que ni siquiera cuentan con las canillas o grifos en las periferias de la ciudad. El Gerente de Aguas insinúa prácticamente que esta situación no es una responsabilidad de la empresa, que se dice pública, sino del Estado y su marco jurídico. De manera concertada con el Gobierno Nacional, el Departamento, los municipios y las comunidades, desde el año 2008 EPM adelanta la creación de empresas regionales de acueducto y saneamiento, en desarrollo de su estrategia de crecimiento y en el marco de la política de gobierno de los Planes Departamentales del Agua.26 Es un esquema de 22 

Por negocios, Óscar Herrera recordó las principales destinaciones aprobadas en el Plan de Inversiones 2012-2014: $3 billones 778 mil millones de pesos para generación de energía, $1 billón 758 mil millones para transmisión y distribución, $49 mil millones para gas, 1 billón 713 mil 972 millones para aguas y $1 billón 464 mil millones para telecomunicaciones, y la Incursión de UNE en el negocio de Internet móvil. Disponible en: http://www.elmundo.com/portal/noticias/ economia/epm_presupuesto_y_resultados.php [Consultado: 5 de enero de 2012].

23  Memorando de entendimiento firmado entre el Banco Interamericano de desarrollo (BID) en asociación con Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la colaboración de UN-HABITAT en el marco de la iniciativa de la Asociación de operadores de agua para América Latina y el Caribe (WOP-LAC), www.bvsde.paho. org/redpsa/HistoricoNoticiasREDPSA_LAC.pdf 24 

“El BID escogió a EPM como su aliado estratégico”. EPM Línea Directa, N.° 57, julio-agosto de 2009 [En línea]. Disponible en: http://www.epm.com.co/ CLIENTESVIPDOTNET/vipcontenido/contenido/linea%20directa/documents/BOLETIN57EPM_ago24.pdf [Consultado: 5 de enero de 2011].

25 

Antonio Javier Jaramillo Álzate y María Alejandra Villada. “Problemática del agua en Medellín”. Observatorio de Derechos Colectivos y del Ambiente, Personería de Medellín.

26 

Sus filiales son empresas mixtas y su participación accionaria siempre es mayoritaria. Por ejemplo, en Aguas de Urabá E.S.P. su participación accionaria es de 65,93%, la de EPM Inversiones S. A., es del 4,62%, la Gobernación de Antioquia con el 14,33%, el Municipio de Apartadó con el 6,17%, el municipio de Chigorodó con el 3,39%, Turbo con el 3,39%, Mutatá 0,31% y Carepa con el 1,54%. En la región de Oriente, que posee una gran riqueza hídrica y donde existen empresas municipales públicas y acueductos comunitarios que atienden la ruralidad, Aguas de Oriente tiene la siguiente composición accionaria: EPM, el 56%, el Municipio LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA EN COLOMBIA

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organización empresarial por acciones dentro de la lógica mercantil, que promueve las economías de escala y la regionalización y no contiene, de manera horizontal y respetando su autonomía, a entes municipales, sus empresas públicas y a las comunidades organizadas. No se garantizan para nada estructuras de control democrático que respeten y fortalezcan la autonomía municipal y local. Por esta vía se coopta y pierde la gestión comunitaria del agua como construcción social, cultural y ambiental en la administración de este bien común. El Proyecto es constituir 9 empresas subregionales, una por cada región del departamento, y ya están constituidas: Aguas de Urabá, Aguas de Oriente, Aguas de Occidente y Aguas del Atrato en el departamento del Chocó. La política de privatización se afina y profundiza, como lo plantea Bibiana Salazar Restrepo: “La propuesta de plan de desarrollo en su capítulo 5 titulado “Soportes Transversales. Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastre”, propone una modificación a la ley 99 en su artículo 111, en el sentido de declarar de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, con ello se refuerza la idea de un modelo empresarial de prestación del servicio de agua que sólo percibe como prestadores a los acueductos de propiedad del municipio o el departamento o aquellos de conformación regional. Debemos recordar que una de las principales apuestas de la política de los Planes departamentales de Agua y Saneamiento Básico, PDAS es tener pocos prestadores con amplias coberturas y fundamentalmente el ingreso del sector privado a la prestación de los servicios en calidad de operadores especializados, sin que para ello se les exija aporte de recursos, pues les es suficiente el aporte humano o técnico. En conclusión, la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico estará en manos de empresas mixtas bajo la figura jurídica de “Sociedades S. A.” de carácter regional, con esquemas tarifarios regionales que afectarán sin lugar a dudas, regionalmente, la capacidad de pago y sobre todo la calidad de vida de los pobladores y pobladoras de los diversos territorios homogenizados a través de una propuesta de mercado, lucrativa, excluyente y sin ningún sentido social que violentará los derechos humanos y sobre todo el derecho al acceso y suministro de agua potable.”27

Retos para las organizaciones ambientalistas y los movimientos sociales Indignación y movilización, resistencia y trabajo solidario son la respuesta posible. Desde nuestra perspectiva, el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida no existe como tal, pues se rompió el consenso con la imprudente participación política electoral de varios de sus miembros y por la forma como se asumió el proceso organizativo. Hay documentos que dan cuenta de las contradicciones y su debate, presentados por CENSAT agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y el Comité Departamental en Defensa del Agua y la Vida de Antioquia. En esencia, muchas organizaciones sociales y ambientalistas plantean la democracia asamblearia, el consenso como forma básica de decidir y la autonomía del proceso respecto de formaciones partidarias, sin desconocer la importancia de las organizaciones políticas en una sociedad que lucha por la democracia. Vivimos un reflujo del accionar político en torno a acciones jurídico-políticas que, como el referendo, exigieron una movilización dinámica y permanente. Pero el movimiento sigue actuando en la resistencia a la política de privatización, llamada de transformación empresarial del sector de agua potable y saneamiento básico, que no es otra cosa que la promoción de los asocios público-privados en detrimento de las instituciones públicas municipales y las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua y saneamiento. Es necesario ligar estas actuaciones locales y regionales con acciones de carácter nacional e internacional. A pesar de que el Congreso niega el Referendo del Agua en la Cámara baja, es este un ejemplo de articulación de lo local y lo nacional con lo global. Se trata de incidir en políticas, de luchar por transformaciones normativas, y de generar movilizaciones con propuestas concretas. Vivimos un tiempo en el que el trabajo en las localidades, en las zonas rurales y en los municipios es clave. De allí es necesario volver a confluir, articularse sin perder autonomías, pero confluir en mínimos básicos de actuación colectiva. El proceso de privatización de los bienes comunes continúa. El acaparamiento de tierras no se detiene y es muy tímida la respuesta estatal que busca restituir los derechos de las familias desplazadas mediante las leyes de tierras y de víctimas. La exploración y explotación minero-energética se hace más intensa, y se les brindan condiciones a las multinacionales del Retiro, el 43,9714%, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Retiro, el 0,0071%, el Hospital San Juan de Dios, el 0,0071% y EPM Inversiones S. A., el 0,01430 % “EPM mejora la calidad de vida con sus filiales de Aguas”. EPM Línea Directa, Autoridades y Líderes Municipales, N.° 2, junio de 2010. Disponible en: http://www.epm.com.co/epm/web/_admincom/documents/Linea_Directa_Autoridades_y_Lideres_Locales_N2-2010.pdf 27  10

Bibiana Patricia Salazar Restrepo. “Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico —PDA—“.. Cuadernillo número uno Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Medellín, 2011.

NUESTRO DERECHO AL AGUA

del agua, la minería, la producción de agrocombustibles y la explotación petrolera y termoeléctrica, en contra de las economías y modos de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. Es urgente la interlocución con los nuevos gobiernos que se posesionaron el 1.° de enero de 2012, para proponer y exigir políticas y programas que garanticen la consolidación de la gestión pública y comunitaria del agua sin ánimo de lucro. Impulsar acuerdos público comunitarios en cada territorio que fortalezcan la gestión público-comunitaria del agua, basados en la solidaridad, sin fines de lucro, con una visión y enfoque de economía solidaria, buscando mejorar la gestión basados en las propias capacidades y el propio talento humano e intercambiando de manera permanente conocimientos, investigaciones, capacitación, tecnologías y asesoría para el fortalecimiento institucional, a través de hermanamientos entre nuestras organizaciones y con organizaciones afines de otros países. La defensa de los bienes comunes y la protección y conservación del agua como bien común de todos los seres vivos y derecho humano fundamental, tienen que ser renovadas desde el litigio de alto impacto nacional e internacional y la promoción de los acuerdos públicos comunitarios como manera de resistir a la privatización. Es necesario aumentar la cobertura del trabajo con las comunidades organizadas sin ánimo de lucro, que son instituciones populares de economía solidaria integradas por comuneros y comuneras del agua en igualdad de derechos y deberes, y contribuir a consolidar sus maneras de autogestión y la democracia como manera de ser y hacer en comunidad. Trabajar en el apoyo a la Red Nacional de redes, procesos y organizaciones de las comunidades organizadas que brindan el servicio de agua, con base en la defensa de la gestión pública y comunitaria del agua bajo el precepto de que el agua no es una mercancía, es un bien común no solamente de la humanidad sino de todos los seres vivos, y por eso profundizar la oposición a todas las formas de privatización y mercantilización. Es necesario fortalecer la participación y el apoyo solidario de nuestras organizaciones en la Red VIDA y la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas —APC—. La defensa de la economía y la cultura campesinas y de la ruralidad, vinculando la lucha por el agua y la tierra, por el derecho a la alimentación y a la soberanía y autonomía alimentarias, son perspectivas que deben ir de la mano, y son claves en la defensa de los bienes comunes. La defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, la conservación de la ruralidad y la consolidación de áreas de conservación y protección de los ecosistemas esenciales a la producción agroalimentaria y al ciclo hídrico, son caminos a la renovación de los movimientos sociales. Es también clave mantener el seguimiento a las políticas y planes de desarrollo, y por eso el Comité Departamental en Defensa del Agua y la Vida de Antioquia ha decidido constituirse en veeduría ciudadana a la política y los planes del agua en el departamento. Vincular lo rural y lo urbano implica hacerle seguimiento a la situación del hambre y la desconexión y generar estrategias de conocimiento, denuncia y movilización, impulsando acciones de exigibilidad de los derechos y presentando propuestas alternativas de políticas públicas desde la iniciativa popular. Medellín, Colombia, 6 de enero de 2012

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March, 2012