Acceso a la Información Pública entre comunidades pobres y/o marginadas en Honduras, con enfoque en las regiones Occidente y Centro Proyecto “Mejorando la confianza en políticas e instituciones públicas”

Consultora: Lucila Funes Valladares.

Tegucigalpa, MDC, julio 2013

2

El proyecto “Mejorando la Confianza en Políticas e Instituciones Públicas” surge para fortalecer y apoyar a organizaciones de la sociedad civil en sus demandas de buena gobernabilidad. Es financiado por el Banco Mundial (mediante el Fondo Japonés de Desarrollo Social, JSDF), y administrado y ejecutado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDEH. Dicho proyecto se desarrolla a través de organizaciones co-impulsoras de sociedad civil; mediante una concertación y coordinación estrecha con ONGD y grupos ciudadanos que tienen una trayectoria en los temas centrales del proyecto (acceso a la información pública, presupuestos participativos, auditoría social y diálogo en políticas públicas), con el ánimo de lograr resultados de mayor impacto y sostenibilidad en los procesos de empoderamiento ciudadano y gobernabilidad democrática apoyados por estas organizaciones. Las organizaciones co-impulsoras del proyecto son: ASONOG, CNA, ECRI, EROC, Grupo Sociedad Civil, Red CCT Centro, Red CCT Occidente, Red Mujeres de La Paz y Transformemos Honduras.

3

CONTENIDOS Objetivos Municipios investigados Metodología Siglas y acrónimos RESUMEN EJECUTIVO I. CONTEXTO DE LOS MUNICIPIOS INVESTIGADOS 1.1. Ubicación geográfica 1.2. Condiciones económicas y de vida de los municipios y sus pobladores 1.3. Niveles organizativos comunitarios  1.4.1. Organizaciones municipales y comunitarias  1.4.2. Liderazgos comunitarios  1.4.3. Roles que desempeñan los líderes comunitarios 1.4. Institucionalidad local y capacidades instaladas para facilitar el acceso a la información  1.5.1. Instituciones obligadas presentes en los municipios que deben ofrecer información pública.  1.5.2. Eficiencia y entrega de información pública de las instituciones obligadas 1.5. Capacidades tecnológicas de las comunidades  1.6.1. Los medios de comunicación presentes en las comunidades  1.6.2. Acceso a computadoras e Internet  1.6.3. Telefonía móvil y telefonía fija II. LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU APLICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS POBRES 2.1. Cómo se concibió, formuló, cabildeó y aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2.2. El acceso a la información pública como derecho humano y su ejercicio en los municipios a la luz de los principios de este derecho. 2.3. Cómo conciben este derecho las comunidades pobres y marginadas investigadas 2.4. Visiones, relatos y testimonios del manejo de la información pública sobre los temas que les preocupa a las comunidades pobres  2.4.1. Información pública y seguridad  2.4.2. La información pública en salud y educación  2.4.3. La información pública en otros servicios municipales 2.5. El conocimiento y manejo de la LTAIP entre las autoridades municipales 2.6. Las CCT de los municipios pobres como demandantes de información pública. 2.7. Valoración de los alcaldes del trabajo de las CCT como demandantes de información pública.

4

III. ESTADO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3.1. Fortalezas y debilidades de la LTAIP.  3.1.1 Fortalezas de la Ley  3.1.2 Debilidades de la Ley 3. 2. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde visión del IAIP 3. 3. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde visión de las alcaldías 3. 4. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde visión de los líderes de diferentes organizaciones sociales que luchan por transparencia 3. 5. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde visión de otras instituciones públicas  3.5.1. El Tribunal Superior de Cuentas  3.5.2. La Secretaría de Interior y Población  3.5.3. El CONADEH.

la la la la la

IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 4. 1. Hallazgos sobre el estado situacional de los actores involucrados en facilitar el acceso a la información pública en municipios pobres  4.1.1. Actores en la comunidad: líderes comunitarios, CCT y CM.  4.1.2. Organizaciones de apoyo a los procesos de transparencia y acceso a la información pública.  4.1.3. Municipalidades, como instituciones obligadas y a la vez demandantes de información pública.  4.1.4. Instituciones públicas obligadas que han sido identificadas.  4.1.5. Instituciones garantes de la información pública, con énfasis en el IAIP. 4.2. Barreras identificadas para el acceso a la información pública 4.3. Vías, mecanismos y herramientas más efectivas y sostenibles para mejorar el acceso entre las comunidades pobres y/o marginadas (con visión de pertinencia en el ámbito nacional).  4.3.1. Para los municipios (comunidades y gobiernos locales)  4.3.2. Para el IAIP  4.3.3. Para las ONGD y la Cooperación Internacional V. ANEXOS Anexo 1. Número de habitantes, aldeas, caseríos, barrios y colonias de los municipios investigados. Anexo 2. Mancomunidades y Asociaciones de Municipios a los que pertenecen los municipios investigados. Anexo 3. Lo que produce y lo que diferencia a cada municipio investigado. Anexo 4. Compañías de cable, canales de TV y emisoras municipales. Anexo 5. Acceso a Internet en los municipios investigados. Anexo 6. Boleta de la encuesta realizada a los alcaldes de municipios pobres.

5 Anexo 7. Lista de participantes en los talleres departamentales Anexo 8. Lista de participantes de talleres de validación Anexo 9. Lista de personas participantes en las reuniones de socialización, en Tegucigalpa

VI. BIBLIOGRAFÍA

6

Objetivos El primer componente del proyecto es “Acceso a la Información Pública entre Comunidades pobres y/o Marginadas en Honduras, con enfoque en las regiones Occidente y Centro” con los siguientes objetivos: a) Identificar y analizar los principales obstáculos y dificultades de acceso a la información pública, recomendando las vías, mecanismos y herramientas más efectivas y sostenibles para mejorar dicho acceso entre las comunidades pobres y/o marginadas (en base a la realidad investigada en las comunidades focalizadas, pero con visión a la pertinencia en el ámbito nacional). b) Identificar conocimientos, experiencias exitosas, lecciones aprendidas que informen sobre la generación de estrategias y metodologías de formación y capacitación para fortalecer el ejercicio del acceso a la información pública entre las comunidades pobres y/o marginadas.

7

Municipios investigados Los departamentos donde se desarrolla el componente de “Acceso a la Información Pública” son: Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua, habiéndose escogido cinco municipios por cada uno, lo que hace un total de treinta municipios, distribuidos así: .  Región Central: o Intibucá: Municipios de Intibucá, La Esperanza, San Juan, Jesús de Otoro y Yamaranguila. o La Paz: Municipios de La Paz, San Pedro de Tutule, Santa María, Marcala y San José. o Comayagua: Municipios de Comayagua, Ajuterique, San Sebastián, La Libertad y Siguatepeque.  Región Occidental: o Ocotepeque: Municipios de Santa Fe, La Labor, Lucerna, San Marcos y Belén Gualcho. o Copán: Municipios de Nueva Arcadia, San Nicolás, San José, San Juan de Opoa y San Pedro de Copán. o Lempira: Municipios de Gracias, Lepaera, Las Flores, Talgua y Belén Lempira.

8

Metodología 1. Visitas de acercamiento a algunos de los treinta municipios investigados (Ajuterique, Gracias, Intibucá, La Esperanza, La Labor, La Paz, San Juan, San Sebastián y Siguatepeque), para dialogar con sus alcaldes y presentarles el proyecto. 2. Realización de seis talleres (uno por cada departamento) con participantes de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, Comisionados Municipales, Redes de Mujeres, dirigentes de patronatos y con otros líderes de la sociedad civil a niveles locales. Esta etapa fue ejecutada con el apoyo de las organizaciones co impulsoras de cada región, quienes se encargaron de hacer las convocatorias, dar apoyo logístico y acompañamiento a los talleres. Además de las organizaciones co impulsoras presentes en las zonas occidental y central, apoyaron las convocatorias RIPACS, en Intibucá, y Aldea Global y la Comisión de Transparencia de Siguatepeque, en Comayagua. No fue posible consultar a líderes de los municipios de Santa Fe (en Ocotepeque); San Pedro Tutule y Marcala (en La Paz); y Comayagua, La Libertad y Ajuterique (en Comayagua). En total fueron consultados 86 líderes comunitarios. 3. Levantamiento de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas a alcaldes de los treinta municipios seleccionados, sobre acceso a la información pública, el conocimiento que tienen de la LTAIP, su aplicación y valoraciones sobre el tema en sus municipios, desde los procesos de rendición de cuentas. Este trabajo se realizó a través de la vía telefónica y mediante encuentros directos (Ver Anexo No. 6). No fue posible concertar comunicación con los alcaldes de San José (en Copán), Comayagua y Siguatepeque (en Comayagua), La Paz (en La Paz), y San Juan (en Intibucá). Sin embargo, en el marco de una socialización del anteproyecto de la Ley Municipal (realizado el 20 de julio en Comayagua) se realizó la misma encuesta a tres alcaldes de municipios pobres de La Paz (Mercedes de Oriente, Cabañas y Lauterique) y a uno de Comayagua (Villa de San Antonio). En total fueron encuestados 29 alcaldes.

9

4. Realización de entrevistas sobre valoración de la LTAIP y el estado de acceso a la información pública a dos personalidades clave en Tegucigalpa: Licenciada Guadalupe Jerezano (cuando fungía aún como Comisionada Presidenta del IAIP) y Doctor Rigoberto Cuéllar (Secretario de Recursos Naturales y Ambiente), impulsor de la LTAIP – entre 2005 y 2006- cuando fungía como funcionario de FOPRIDEH, institución que a su vez formó parte de Alianza 72.1 5. Realización de cuatro talleres de devolución y validación de la consulta, con participantes de los seis talleres departamentales desarrollados anteriormente y con nuevos participantes (siempre líderes locales), contactados a través de las organizaciones co impulsoras. Se desarrollaron talleres en Gracias (para el departamento de Lempira), Santa Rosa de Copán (para los departamentos de Copán y Ocotepeque), La Esperanza (para el departamento de Intibucá) y La Paz (para los departamentos de La Paz y Comayagua). Esta vez fue posible lograr la participación de líderes de los municipios de Santa Fe (en Ocotepeque); San Pedro Tutule y Marcala (en La Paz) que no estuvieron en la consulta. En total se logró la participación de 68 líderes. 6. Realización de encuentros de presentación con cada una de las organizaciones co impulsoras con sede en Tegucigalpa: TH, GSC y CNA; y con dos de los comisionados del IAIP a quien se presentaron los hallazgos obtenidos y las recomendaciones. NOTA FINAL. Comayagua fue el único municipio con el que no pudo establecerse contacto a nivel de líderes municipales ni de alcaldía.

1

La Alianza 72 fue una coalición de organizaciones ciudadanas integrada para incidir en la aprobación de una ley de acceso a la información pública. Se denominó así en alusión al Artículo 72 de la Constitución de la República sobre la libertad de expresión.

10 SIGLAS Y ACRÓNIMOS AECID ASONOG BANADESA BM CCT CDT CEB CESAMO CESAR CM| CONADEH COHCIT CONATEL COPRODEY DGIC ECRI ENEE EROC ERP PROHECO FAO FOPRIDEH FONAC IAIP ICF IICA INE LTAIP MIDEL MP OEA OIP OMM ONCAE ONGD PIM PDM PGR PPM RIPACS RNP SAG SANAA SEPLAN SERNA TSC

Agencia Española de Cooperación Internacional Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Occidente Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banco Mundial Comisión Ciudadana de Transparencia Comisión Departamental de Transparencia Centro de Educación Básico Centro de Salud con Médico Centro de Salud Rural Comisionado Municipal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología Comisión Nacional de Telecomunicaciones Comité Pro Defensa Pueblos Indígenas de Yamaranguila Dirección General de Investigación Criminal Espacio de Concertación Regional de Intibucá Empresa Nacional de Energía Eléctrica Espacio Regional de Occidente Estrategia para la Reducción de la Pobreza Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras Foro Nacional de Convergencia Instituto de Acceso a la Información Pública Instituto Nacional de Conservación Forestal Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Instituto Nacional de Estadísticas Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Movimiento Impulsor del Desarrollo Económico Local Ministerio Público Organización de Estados Americanos Oficiales de Información Pública Oficina Municipal de la Mujer Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado Organización No Gubernamental de Desarrollo Programa de Inversión Municipal Programa de Desarrollo Municipal Procuraduría General de la República Presupuesto Participativo Municipal Red Intibucana de Participación Ciudadana y Control Social Registro Nacional de las Personas Secretaría de Agricultura y Ganadería Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados Secretaría de Planificación Secretaría de Recursos Naturales Tribunal Superior de Cuentas

11

I. CONTEXTO INVESTIGADOS

DE

LOS

MUNICIPIOS

Su geografía, condiciones socioeconómicas, caracterización de cada municipio, niveles organizativos, presencia institucional y capacidades tecnológicas

1.1. Ubicación geográfica “Ocotepeque es un departamento tan aislado de Honduras, que ni siquiera es mencionado en el pronóstico del tiempo” Una líder de La Labor, Ocotepeque.

Los municipios que fueron investigados para este estudio están ubicados en los departamentos occidentales de Ocotepeque, Copán y Lempira y en los departamentos centrales de Comayagua, Intibucá y La Paz. Los tres departamentos de Occidente tienen una población estimada de 810,244 habitantes; y los tres de la Región Central, de 871,082 pobladores. La población en los seis departamentos se estima en 1,681,326 personas. 2 Mientras tanto, en los treinta municipios estudiados habita una población de unos 710,210 habitantes, que representan 42% de la población total de los seis departamentos. (Ver Anexo No. 1). De los municipios estudiados, en diez de la Región Central y en doce de la Región Occidental, la proporción de habitantes viviendo en aldeas y caseríos es superior al que habita los cascos urbanos. (Gráfica 1). Gráfica 1. Municipios rurales y municipios urbanos de la muestra investigada

Municipios con más población urbana 27% Municipios con más población rural 73%

Fuente: Propia, en base a información demográfica del INE, correspondiente a 2001.

2

INE. Honduras: indicadores demográficos y socioeconómicos, según departamento, 2001. Tegucigalpa.

12

1.2. Condiciones económicas y de vida de los municipios y sus pobladores “Vengo de una aldea remota de Yamaranguila donde no hay luz eléctrica, ni carretera de acceso y nos dedicamos a cultivar maíz, frijoles y caña. Allí vivimos treinta familias”. José Martiniano Martínez.

Dos ambientes diferenciados entre sí son el escenario de las actividades que realiza la población que habita cada uno de los treinta municipios estudiados: el de los cascos urbanos y el de las aldeas y caseríos. Los cascos urbanos son, en su mayoría, pequeños centros históricos que conservan el estilo heredado de la colonia española: con una plaza principal que concentra a su alrededor a las instituciones de tradición (casi siempre la alcaldía municipal y una iglesia), y con barrios construidos con casas cercanas entre si, pavimentadas o de fácil tránsito vehicular. En los últimos años los gobiernos municipales han puesto énfasis en la remodelación de sus parques o plazas públicas centrales, varias de ellas todavía en proceso de construcción, y un referente geográfico obligado para quien los visita por primera vez. Casi siempre los cascos urbanos están provistos de los servicios públicos básicos (y esa es una diferencia con relación a lo rural), en particular, agua y luz eléctrica. La telefonía fija pública es un servicio que en lugar de extenderse, tiende a reducirse o a desaparecer –incluso en los cascos urbanos- frente al uso casi universal de la telefonía móvil privada. Las actividades principales de los cascos urbanos en los municipios más pobres son el comercio y las pocas que derivan de los gobiernos locales o de la descentralización pública. Su dinamismo opera en función del tamaño del municipio (por ejemplo, Siguatepeque y Comayagua, que califican como ciudades); su atracción turística, histórica y cultural (por ejemplo, Comayagua, La Esperanza y Gracias); su ubicación estratégica (como los municipios fronterizos en Ocotepeque); o la peculiaridad de su producción (la cafetalera en la mayoría de los municipios investigados). La producción de café ha provisto de vías de acceso transitable durante la mayor parte del año a varios de los municipios, por lo menos a los cascos urbanos. Sin embargo todavía están aislados, y su economía se sigue basando en la producción en minifundios y de subsistencia.

13 Para valorar la calidad de vida de la población de los treinta municipios se tomaron como indicadores la eficiencia de dos servicios básicos, el de agua y el de energía eléctrica, y se encontró que aunque su cobertura se ha ampliado en los últimos años, es deficiente. Con relación al agua, desde 2003 inició un proceso de descentralización y municipalización para su suministro. En todos los municipios operan juntas administradoras de agua, que son las encargadas de garantizar este servicio desde y para las comunidades. En ambas regiones estudiadas, el agua que reciben las viviendas es en la mayoría de los poblados “entubada”, es decir, que llega por medio de tubería, pero muy pocos reportan recibir aguas tratadas y potables.3 Como agravante, en las zonas cafetaleras y de altura, las aguas son contaminadas con las mieles que desecha la producción de café. Los participantes de los talleres departamentales convocados señalaron que en los hogares que no cuentan con agua, “la mujer es quien responde” y que son ellas y los niños quienes la acarrean a sus casas desde sitios que a veces se pueden volver más distantes. Como un elemento vital, el agua moviliza a las poblaciones en su búsqueda y suministro por los medios más fáciles y dignos. Alrededor de este tema se abre un abanico de demandas materiales y de información pública vinculado con la instalación de tuberías, el tratamiento de aguas, la calidad, la preservación, el cuidado y el manejo de las cuencas hidrográficas, la administración del servicio, etc. Sobre el segundo indicador de calidad de vida establecido, el de la energía eléctrica, a través del diálogo con los participantes en los talleres se confirmó que es un servicio que se ha extendido en los últimos veinte años, como también lo muestra la ENEE en sus informes. Conforme a las cifras oficiales, en los departamentos donde se ubican los treinta municipios, la cobertura es, de mayor a menor: 82% en Comayagua; 81% en Lempira, 75% en Copán, 74% en Ocotepeque y 66% en Intibucá y en La Paz, respectivamente.4

3

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), como el ente a cargo de proveer agua a nivel del país, sólo satisface la demanda de 1.5 millones de habitantes, equivalentes a 19% de la población nacional. (Fuente. Memoria del SANAA, de 2011). 4 ENEE. Dirección de Planificación y Desarrollo. Subdirección de Planificación. Departamento de Planeación Económica. Cobertura de servicios de energía eléctrica en Honduras. Tegucigalpa, mayo 2011.

14 Cinco de los municipios investigados son a su vez cabeceras departamentales: Comayagua, La Paz, La Esperanza, Gracias y Ocotepeque. En ellos la cobertura de energía eléctrica es casi de cien por ciento, un elemento que los diferencia del resto de los municipios, a excepción de Siguatepeque y Marcala, que también alcanzan una cobertura amplia. Sin embargo, en los talleres se reflejó la insatisfacción con la calidad de este servicio, por: - Mal alumbrado público - Apagones constantes y largos - Altibajos en la corriente eléctrica que afecta los aparatos electrodomésticos - Costos altos de energía

1.3. Niveles organizativos comunitarios “El rol de las organizaciones y de sus líderes debe ser descubrir las necesidades de sus comunidades” Dirigente de la Red de Mujeres del Municipio de Las Flores, Lempira

1.3.1. Organizaciones municipales y comunitarias Honduras se ha caracterizado por contar con una base social organizada amplia y de tradición. Cooperativas, clubes de amas de casa, sociedades de padres de familia, patronatos, comités pro mejoramiento, grupos parroquiales, clubes juveniles, han sido –entre muchos- los grupos de base a partir de los cuales se articulan esfuerzos comunitarios. Muchas de las experiencias gestadas a través de esa copiosa red de pequeños esfuerzos e iniciativas ciudadanas han sido retomadas por el Poder Legislativo y convertidas en leyes que buscan a su vez articular políticas públicas de participación ciudadana, de descentralización de servicios o de fiscalización, entre otros propósitos de Estado. Los municipios investigados no son la excepción. En los caseríos y aldeas más remotos, en los barrios y colonias de los cascos urbanos municipales se gestan semillas organizativas de corta y larga duración, de pequeño y gran alcance, de inmediata o mediata consecución. De los esfuerzos macros que involucran a más de un municipio, es importante destacar las asociaciones de municipios y mancomunidades, que según el Artículo 20-A reformado, de la Ley de Municipalidades, son entidades territoriales locales, auxiliares y subordinadas a los municipios miembros, gestoras y ejecutoras

15 por delegación, “de programas, proyectos y servicios de interés prioritario, que permiten a sus miembros abordar de manera conjunta problemas que no pueden afrontarse individualmente”. La ley no limita el derecho de un municipio de pertenecer a más de una mancomunidad o asociación si prevalecen objetivos, intereses y beneficios comunes para las poblaciones que representan y tienen la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras que ello genera. “Los Acuerdos Municipales que aprueban la creación de una mancomunidad o asociación son normas con fuerza de ley en el territorio correspondiente por lo que ostentan la naturaleza de instrumentos jurídicos municipales”, señala la Ley de Municipalidades. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) documenta la existencia de 46 mancomunidades y asociaciones de municipios a nivel nacional. Los treinta municipios investigados están a su vez vinculados a 36 de estas organizaciones mancomunadas. Los municipios que no documentan pertenencia a mancomunidades son: San Sebastián (Comayagua), La Esperanza e Intibucá (Intibucá). (Anexo 2). Cuál es el nivel de desarrollo de estas mancomunidades es un tema que no se abordó para la investigación, pero en los talleres con las comunidades de la Región Occidental sus representantes las tuvieron presentes (sobre todo las vinculadas a la preservación de reservas naturales), no así los de la Región Central. En el ámbito municipal destacan las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, CCT, también reconocidas por la ley5, que avanzan a constituirse como Comisiones Departamentales de Transparencia y Redes Regionales de Transparencia, visibles en ambas regiones. Estas articulaciones de transparencia que operan de lo municipal a lo departamental/regional están mejor estructuradas en la región de Occidente que en la zona central. Particularmente en el departamento de Comayagua no se pudo establecer contactos con las CCT de San Sebastián, Comayagua ni La Libertad,

5

Según el Artículo 59 de la Ley de Municipalidades en cada municipio se crearán las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), las cuales tienen como objetivo principal realizar auditorías sociales en el término municipal, con participación ciudadana, para vigilar que los procesos de la gestión pública sean transparentes y la prestación de servicios públicos, eficaces y eficientes. Con el apoyo de la Corporación Municipal, la sociedad civil -en asambleas de representantes de organizaciones comunitarias, gremiales, empresariales y de carácter social existentes en el término municipaleligen a la Comisión Ciudadana de Transparencia, para un período de tres años, pudiendo ser reelectos por un período más. Ésta la integra un mínimo de cinco miembros, presentados para su inscripción en el registro de la Municipalidad y juramentados por el Alcalde Municipal o su representante.

16 mientras que en Siguatepeque –donde sí existe- operaba en aquel momento sin el apoyo de la alcaldía municipal. Las comisiones departamentales de transparencia integran a comisionados municipales, CCT y mancomunidades, como parte de una plataforma de vigilancia y auditoria social para garantizar el buen uso de fondos públicos a nivel de cada departamento.6 El Comisionado Municipal también está presente en los municipios, con la diferencia de que no es una organización sino una figura personal que puede integrarse a organizaciones7. Todos los municipios consultados reportaron la existencia de patronatos, lo cuales son reconocidos por la ley y considerados como: “estructuras naturales de organización”8. De ahí que sea normal su existencia en cada caserío o aldea pequeña o en cada barrio y colonia municipal. A manera de ejemplos: en Copán, el municipio de Nueva Arcadia, con 13 aldeas, cuenta con 53 patronatos, organizados en una asociación (ASOPAN); en La Paz, el municipio de Santa María, con nueve aldeas, tiene 34 patronatos, y en Intibucá, el municipio de Yamaranguila cuenta con 64 patronatos en 87 aldeas9. De estas células sociales emergen muchos de los y las líderes que luego se integran a otras organizaciones ciudadanas o aspiran a cargos de elección popular en sus municipios.

6

Fuente: Espacio Regional de Occidente (EROC): http://erococcidentehn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:comisionesdepartamentales-de-transparencia-de-copan-y-lempira&catid=81:noticias&Itemid=70 7

El artículo 59 de la Ley de Municipalidades establece que toda municipalidad tendrá un Comisionado Municipal nombrado por la Corporación Municipal, de una nómina de cuatro (4) personas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil en cabildo abierto y durará dos (2) años en el ejercicio de su cargo. El Comisionado Municipal vigila la transparencia de los actos de los funcionarios que ejercen cargos de elección, así como de los servidores permanentes o temporales nombrados por acuerdo municipal o por contrato, tanto en las municipalidades como en las mancomunidades o asociaciones de municipios. 8 El artículo 62 reformado, de la Ley de Municipalidades, establece: “En cada municipio, barrio, colonia o aldea, los vecinos tendrán derecho a organizarse democráticamente en patronatos… (para) procurar el mejoramiento de sus respectivas comunidades”. Su junta directiva debe ser electa cada año, “mediante voto directo y secreto de los ciudadanos y ciudadanas de su comunidad, debiendo inscribir sus planillas con un mes de anticipación en la alcaldía municipal” y registrarla en la Corporación Municipal. También se establece que cada municipalidad debe velar “por el adecuado funcionamiento de los patronatos u organizaciones comunitarias y por el correcto ejercicio de su democracia interna, a cuyos efectos dictará las ordenanzas y disposiciones correspondientes y supervisara el proceso electoral de sus órganos”. 9 En este municipio opera desde el 16 de octubre de 1996 el Comité Pro Defensa de los Pueblos Indígenas de Yamaranguila, que entre otras acciones, apoya el fortalecimiento de los patronatos, los cuales se constituyeron a su vez en una federación en marzo de 2012.

17 Otras formas básicas de organización municipal y comunitaria son las asociaciones de padres de familia, que suelen proyectarse a sus comunidades, con actividades concretas de apoyo a instituciones, en especial de carácter educativo. Los clubes de amas de casa, muy presentes en las comunidades desde los años sesenta están en extinción. Las ONG u ONGD –como las nombra FOPRIDEH- presentes en los municipios impulsan la creación de bases organizativas. Un ejemplo extendido en las dos regiones es la formación de comisiones de defensa, justicia y protección a la niñez apoyados por Plan Honduras. Las OMM, insertas en las estructuras de las alcaldías, que por ley deben recibir 2% de las transferencias al municipio, motivan la integración de redes de mujeres y –a través de éstas- la formación de microempresas. Otras organizaciones comunitarias que surgen al amparo de la ley son las Juntas Administradoras de Agua, como parte de la descentralización del servicio del vital líquido a las comunidades beneficiarias.

1.3.2. Liderazgos comunitarios Dos tipos de liderazgos se advierten en los municipios investigados: los que derivan de las autoridades electas, en particular los alcaldes, y los que derivan de la actividad comunitaria. Unos son líderes legalmente constituidos y su desempeño es político, y los otros se sustentan en su trayectoria ética y su desempeño es de carácter social. No obstante, varios de los líderes políticos recorrieron antes un trayecto social que los reafirmó frente a sus comunidades. Las cualidades reconocidas en los líderes sociales durante las consultas son: Amabilidad Amor a la comunidad Apoyo a la participación ciudadana Capacidades de: convocatoria, de gestión, de incidencia, de movilización, para priorizar problemas y necesidades, para

resolver conflictos, para organizar Carisma Credibilidad Compromiso con el municipio Deseos de aprender y de trabajar Dinamismo Disponibilidad Emprendedurismo

Espíritu de colaboración Experiencia Facilitación Honestidad Inteligencia Lealtad Mentalidad visionaria Multiplicación de conocimientos Optimismo

18 Orientación a las comunidades Participación Perseverancia Positivismo

Promoción del desarrollo local Puntualidad Responsabilidad Seriedad

Servicio a la comunidad Sociabilidad Solidaridad Transparencia Voluntariado

Varios de los líderes en transparencia habían sido reelectos en sus cargos por sus comunidades y en el caso de Comisionados Municipales se encontró que los había hasta con tres períodos de trabajo (su reelección no tiene límites legales como en el caso de las CCT, que se limita a una vez), o miembros de comisiones de transparencia electos una y otra vez en cargos diferentes o que pasaron a formar parte de otras instancias municipales, como OMM. Es importante destacar la labor de apoyo que realizan las ONGD presentes en las zonas y las agencias de cooperación internacional, para capacitar a las CCT, a los CM y a otros líderes sociales, para apoyar y facilitar su trabajo y proveerles de herramientas básicas, como computadoras, mobiliario, y espacios de trabajo, entre otros.

1.3.3. Roles que desempeñan los líderes comunitarios Las convocatorias para las consultas comunitarias en cada departamento las hicieron las organizaciones co impulsoras a las CCT, a los CM, a las redes de mujeres, a miembros de JAA, a directivos de patronatos, y –en general- a líderes de organizaciones ciudadanas presentes en los municipios seleccionados para este estudio. Estos líderes desempeñan una labor multifacética en sus comunidades y por esa capacidad han sido electos en esos cargos. Un solo líder –mujer u hombre- puede ocupar a su vez varios cargos a nivel de su aldea, su municipio o su región, incluso sobre temas distintos, por ejemplo: como defensores de la niñez, representantes ante organizaciones indígenas, dirigentes campesinos, directivos de patronatos, auditores sociales, contralores sociales, supervisores de proyectos comunitarios, pastores o celebradores de la Palabra10, dirigentes de redes de mujeres a niveles comunales, municipales y regionales, dirigentes de Sociedad Civil, de JAA, de cajas rurales, de sociedades de padres de familia, de mesas regionales, de cámaras de turismo, de organizaciones del sector con discapacidades, de comités de seguridad vial, de comités de seguridad

10

Se refiere a laicos católicos que celebran actos litúrgicos en sus comunidades donde comúnmente no existe un sacerdote que oficie la misa.

19 ciudadana, de comercializadoras de pequeños productores, activistas de derechos humanos, etc. A la par de sus liderazgos, es frecuente que también se desempeñen en algún oficio o actividad de proyección a la comunidad, como parteras, agricultores, carpinteros, artesanos, panaderos, voluntarios de la Cruz Roja, gestores de vivienda social, impulsores de escuelas PROHECO, etc. Los roles son asumidos por vocación natural, muchos de ellos impulsados por las ONGD siguiendo lineamientos legales, o por el mismo Estado. Entre algunas de las limitaciones que pueden afectar el desempeño correcto de los roles de cada líder se encontró:  Una “crisis del voluntariado”. En la zona de Occidente, donde la participación de jóvenes fue menos evidente, los participantes señalaron que tienen varios años de bregar en esa línea sin que aún se advierta una sucesión de relevos que asuma el rol que ellos y ellas han desempeñado. “Es difícil el voluntariado y cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a formarse como nosotros lo hemos hecho”, sostuvo un defensor de los derechos humanos de Gracias, Lempira, quien enfatizó que con la pérdida de confianza en las instituciones del Estado se dificulta el trabajo organizado y se agrava también lo que denominó “sistema de relevos”. Al respecto, apuntó: “El reto también es cómo recuperar la credibilidad en líderes y en su integridad, cómo formar líderes sociales, cómo abrir oportunidades, cómo orientar y capacitar a las mujeres, cómo capacitar a las comunidades para liberarnos, cómo conectar la red del voluntariado que ya existe y fortalecerlo”. En la región central, en particular Intibucá y La Paz, tuvieron mayor presencia y participación jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios.  Los patronatos juegan un rol relevante en los municipios. Son un enlace entre las comunidades y sus gobiernos locales y de su seno surgen líderes que luego postularán para ser alcaldes. Sin embargo, también son una figura cuestionada, así como las JAA, porque se les considera “entes canalizadores de subsidios políticos”. Por esta razón el reglamento interno de algunas CCT excluyen a sus miembros de participar como auditores sociales.  Conflicto de competencias entre las CCT y los CM. A estos últimos se les considera empleados municipales y corren el riesgo de marginárseles. Aunque la ley no es muy clara en ese sentido, se asume que el Comisionado Municipal vigila el momento de hacer el presupuesto y la CCT le da seguimiento.

20  En los talleres realizados en los seis departamentos no se visibilizaron roles políticos partidistas, pero sí religiosos, evidentes en particular en el departamento de Lempira, La Paz y Comayagua, donde participaron pastores de iglesias evangélicas y celebradores de la Palabra, que a su vez se desempeñan en las CCT o en otras organizaciones comunitarias. Participantes del Taller Comunitario de Lempira advirtieron que “la política partidista divide y es un estorbo para el desarrollo” y que igual riesgo se puede correr con la labor que realizan algunas sectas religiosas que “dañan los liderazgos cuando los separan de sus bases” o “predican un discurso que desconoce la realidad de las comunidades”.

1.4. Institucionalidad local y capacidades instaladas para facilitar el acceso a la información “La eficiencia de las instituciones no radica en la amabilidad de sus empleados, sino en la atención y solución de los problemas que la población demanda”. Margarita Pineda, CCT de San José, La Paz.

1.4.1. Instituciones obligadas presentes en los municipios que deben ofrecer información pública. La LTAIP establece que son “instituciones obligadas” de brindar la información pública los tres poderes del Estado, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; las ONG y OPD y todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Los líderes de 26 de los treinta municipios que participaron en los talleres departamentales hicieron un listado de las instituciones obligadas presentes en sus comunidades. La Gráfica 2 muestra, de mayor a menor, las que estuvieron más presentes. Algunas fueron poco citadas porque solo existen en algunos de los municipios, por ejemplo la universidad, presente solo en Siguatepeque, o no todos los municipios investigados contaban con institutos de educación secundaria.

21

Con relación a la institucionalidad pública presente en los municipios se observó:  Las cabeceras departamentales concentran el mayor número de instituciones, con jurisdicción para todo el departamento, como CONADEH, Direcciones Distritales de Educación, Juzgados de Letras y de la Familia, hospitales regionales (a excepción de Ocotepeque, que en su lugar lo tiene San Marcos), escuelas magisteriales, DGIC, Ministerio Público, etc.  Algunos municipios reportaron la existencia de instituciones públicas sui géneris, dada su naturaleza geográfica, estratégica, etc., como centros educativos piloto; una oficina Trinacional del Trifinio, en Ocotepeque, la sede de mancomunidades en San Marcos, La Labor y Ocotepeque, oficinas de migración en municipios fronterizos a Guatemala, sedes regionales, entre otras.  Las cabeceras departamentales cuentan con más oficinas de instituciones públicas que el resto de los municipios de sus departamentos, pero no reúnen a toda la institucionalidad pública. Talvez porque las condiciones de pobreza de esos municipios y sus departamentos no justifican una presencia institucional permanente de oficinas (por ejemplo de las secretarías de agricultura, de recursos naturales, de economía, etc.).

22

1.4.2. Eficiencia y entrega de información pública de las instituciones obligadas Se pidió a los participantes que valoraran la eficiencia de las instituciones obligadas y luego que vincularan este criterio con otros, como: oportunidades que ofrecen para el acceso a la información pública y el rol de la población en la planificación de sus actividades. Las alcaldías fueron vistas como las entidades del Estado más accesibles a las comunidades, además de ser la institución pública presente en todos los municipios. El mandato por ley que tienen los alcaldes de sesionar a puertas abiertas, de hacerlo dos veces al mes, de escoger a las CCT y al Comisionado Municipal en cabildos abiertos, y de movilizarse a las zonas rurales para celebrar también cabildos abiertos, le otorga más credibilidad a esta institución pública. Sin embargo el acceso físico de los alcaldes a sus pobladores no garantiza el acceso a la información pública. Los participantes reconocieron que cuando existen conflictos comunales se cierra el libre acceso a la información, al tiempo que también se advirtió que la transparencia es un acto de voluntad por parte de los alcaldes, y no el resultado de conocer, respetar y aplicar la ley, ni de reconocer el acceso a la información pública como un derecho humano. En la valoración de la eficiencia institucional fue citado el CONADEH,

Concesiones, presupuestos y planillas municipales Los líderes comunales de varios municipios evidenciaron su malestar porque los alcaldes ocultan información pública y han manejado a discreción temas de interés comunitario cuando existe conflicto de intereses. En San José (La Paz) señalaron que se les oculta el contrato aprobado para la construcción de una represa hidroeléctrica en una zona de reserva cedida por el Congreso Nacional, en 2009, a la entonces secretaria de ese órgano legislativo, Gladys Aurora López (en la actualidad, presidenta del Comité Central del Partido Nacional). En Siguatepeque, el entonces presidente de la CCT aseguró que acudió cada semana, durante cuatro meses –sin resultados- a solicitar que se le entregara las planillas municipales demandadas a la corporación municipal por sospecha de nepotismo. En Yamaranguila, aunque los participantes se mostraron satisfechos con las obras emprendidas por la alcaldía, manifestaron que el funcionario se niega a informarles del monto del presupuesto municipal. La consultora investigó sobre los tres casos y encontró la siguiente información: El contrato de la empresa hidroeléctrica Aurora II, del Municipio de San José aparece en la página web de GSC, en el siguiente link: http://www.gsc.hn/pdf/Contratos%20Hidroelect ricos%202010/Contrato%200522010%20Municipio%20de%20San%20Jose%20La% 20Paz.pdf. Sin embargo, es un documento extenso y complejo para el entendimiento común. El presupuesto de Yamaranguila puede encontrarse en los informes del TSC (correspondientes a 2012, donde se señala que tiene un monto de: 16,667,490.03 Lempiras. (http://www.tsc.gob.hn/Rendicion_de_cuentas/2 011/01-DF-2012%20Tomo%20II.pdf). La planilla municipal de Siguatepeque no aparece en la página web de la municipalidad. Acceder a la información pública por la vía directa, a través de los alcaldes, talvez no siempre sea posible, pero si a través de otras instituciones, siempre y cuando se cuente con los recursos tecnológicos para hacerlo. En conclusión: puede encontrarse información de los municipios pobres, pero puede estar más accesible para quienes no les compete directamente que para los pobladores de esos municipios, porque no cuentan con los recursos tecnológicos para obtenerla.

23 no porque los participantes advirtieran que les ofrece acceso a la información como institución obligada, si no más bien porque los ha acompañado en los procesos de transparencia, en particular en la zona de Occidente, donde con su apoyo se gestaron desde 1998 los primeros ejercicios de auditoría social para fiscalizar y vigilar el manejo de la ayuda que se generó luego del paso del huracán Mitch. También en Intibucá se advirtió que el CONADEH mantiene vínculos activos con las CCT y de capacitación en transparencia. Varios participantes señalaron que mantienen una relación directa con los delegados regionales, que su personal visita los municipios y que reciben apoyo técnico y capacitación por parte suya. En general, los participantes vincularon la eficiencia institucional y la transparencia con la participación ciudadana, y no tanto con el acceso a la información pública. En ese sentido calificaron en los primeros lugares a las CCT y a las OMM, y –a través de estos- valoraron como positivos la realización de procesos participativos como los PIM, PDM y PPM. En contraste, fue mal valorada la eficiencia de las instituciones vinculadas a la educación, la salud y la seguridad, temas que a su vez constituyen las preocupaciones más relevantes en las comunidades. Asociando las instancias que se perciben como más eficientes con las percibidas como menos eficientes, esta investigación encontró que hay una búsqueda de información pública a través de las auditorías sociales que realizan las CCT, las redes de mujeres y otros grupos de la sociedad civil, y que esa búsqueda es recurrente en los temas de educación y salud, no así en seguridad. Al respecto se detectó que:  Las auditorías sociales se enfocan en fiscalizar la ejecución presupuestaria y el desempeño de funciones que son costeados con los presupuestos municipales.  Bajo esa orientación, con frecuencia son auditadas plazas de maestros y enfermeras que son subsidiadas con fondos municipales y no por el gobierno central.  Las escuelas, institutos de educación secundaria, centros de salud y los hospitales son instituciones muy visibles en los municipios y existe una preocupación unánime por su desempeño.  Las municipalidades no subsidian plazas para la seguridad, pero la mayoría de ellas aporta presupuesto propio para temas de seguridad (para combustible, casetas, postas, apoyo a patrullas, etc.).  Aunque la policía es una institución presente en casi todos los municipios investigados, no se le valora como una institución obligada.

24  Los policías son funcionarios rotados continuamente en las comunidades y no establecen nexos de coordinación ni trabajo con las organizaciones ciudadanas. Los hallazgos encontrados por los auditores sociales de las comunidades a partir de la información pública obtenida de los centros educativos y de salud evidencian la ineficiencia de la institucionalidad pública en ambos sectores, pero el alcance de esas auditorías está limitado por razones como las siguientes:  A lo interno del municipio, la información obtenida en los centros de salud, escuelas y colegios suele ser poco consistente, muy general o compleja.  Las irregularidades detectadas afectan al municipio, pero su origen escapa muchas veces a su control (por ejemplo: plazas sustraídas y trasladadas a otro lugar, escasez de medicamentos, falta de material didáctico para las escuelas, etc.).  Dar seguimiento a los hallazgos alarga los procedimientos e implica inversión de tiempo y dinero que están fuera del alcance de los miembros de la CCT y de su labor de voluntariado.  Los auditores sociales suelen carecer de una asesoría que los oriente con relación a qué pasos seguir y desconocen las competencias de las instituciones públicas que pueden apoyarlos. También fue cuestionado la entrega de bonos del Estado y los subsidios del Congreso Nacional, considerados por los participantes como “politizados” o de destino desconocido, porque la discrecionalidad de su manejo es la norma, debido a la ausencia de registros que evidencien quiénes son sus beneficiarios directos.11 Los participantes consideraron que son tomados en cuenta por las entidades públicas o por organizaciones sociales que manejan fondos municipales cuando participan en los espacios de decisión, cuando hacen valer su derecho de ser informados o cuando insisten que les sea mostrada la información pública. Dentro del concepto de eficiencia institucional también valoraron los constantes cambios que sufre la información en el transcurso del quehacer municipal, es decir, entre el momento en que se plantean los proyectos y cuando se muestran los resultados finales. A manera de ejemplo, una participante del taller realizado en Intibucá señaló que pidieron información de los proyectos a ejecutarse con un año de antelación, pero que al final estos fueron cambiados o no se ejecutaron.

11

Para los propósitos de esta investigación, en junio de 2012 y en febrero de 2014 se consultó la página web del Bono 10 mil (http://www.praf.hn/drupal/?q=node/8) donde aparece la lista de los beneficiarios por cada departamento del país, pero al intentar abrir las listas en los seis departamentos investigados las páginas estaban vacías (igualmente en el resto de departamentos del país).

25 Se advirtió que un problema que interfiere en la fidelidad de la información pública municipal es la lentitud de la entrega de las transferencias del Estado, lo cual muchas veces obliga a que se engaveten los proyectos o varíen las prioridades para su uso. Sobre cómo salvaguardan algunos municipios la continuidad de los proyectos cuando no hay fondos frescos disponibles, el tesorero de la municipalidad de La Libertad, Neptaly Núñez, relató: “Hay proveedores que dan créditos, en créditos no se utilizan las cotizaciones y puede ganar el que acepta darlo. Se acepta si se maneja con transparencia y a un costo aceptable. Los patronatos se encargan de hacer las cotizaciones”.12. Valoradas como eficientes o deficientes, en general se apreció que las autoridades de las instituciones públicas no son oferentes voluntarias de información, “ninguna la da si no se le pide”, afirmó un participante de La Paz, mientras que otra participante, del mismo taller, sentenció: “… y si se pide, demoran, la dan a medias o no la dan, todo responde a una presión”.

1.5. Capacidades tecnológicas de las comunidades “En nuestras comunidades puede haber goteras en los techos, pero no faltan los televisores” Líder comunitaria de San Pedro de Copán

Esta investigación auscultó el acceso de los municipios investigados a tres herramientas de apoyo que lo facilitan: 

 

Los medios de comunicación (compañías de cable, canales de televisión y estaciones de radio) presentes en cada municipio o en algunas de sus comunidades. El acceso a las computadoras y al internet (medios públicos y privados) La telefonía fija y la telefonía móvil.

Los tres elementos ayudaron a determinar cuánto acceso tienen los pobladores de los municipios a la información pública, la cual muchas veces se genera en Tegucigalpa o en las grandes ciudades, y la posibilidad de darle seguimiento a esas informaciones.

12

Las declaraciones del funcionario municipal fueron ofrecidas el 3 de julio de 2012, fecha en la cual esa municipalidad solo había recibido la transferencia correspondiente al primer trimestre del año.

26 Entre otras conclusiones, se confirmó la preeminencia de lo privado sobre lo público en el control de los medios que pueden dar acceso a información pública, lo cual se aprecia, por ejemplo, en: compañías privadas de cable para televisión, radioemisoras no comunitarias, muchas de ellas orientadas a la difusión de mensajes religiosos; la casi inexistencia de servicios públicos de internet, luego de la existencia de telecentros que en gobiernos anteriores intentaron llevar la informática a las zonas más aisladas del país; y la primacía y universalidad de la telefonía celular, frente a una telefonía fija pública en extinción.

1.5.1. Los medios de comunicación presentes en las comunidades En sus estadísticas más recientes, correspondientes a diciembre de 2010, CONATEL reportaba 886,271 suscriptores de televisión por cable; y estimaba el número de aparatos de televisión en 1, 260,215 y en 1, 371,973 los radio transmisores, a nivel nacional. De acuerdo con esas estadísticas, hay una suscripción al cable de TV por cada nueve habitantes, un televisor para cada 6.34 habitantes y un aparato de radio por cada 5.9 hondureños. Obviamente los promedios de suscripción y aparatos por habitantes aumentan en las zonas urbanas y en las grandes ciudades y disminuye en los poblados pequeños y rurales. El Anexo 4 muestra la información que brindaron los líderes comunitarios sobre las compañías de cable presentes en cada municipio, el número de canales locales y de estaciones de radio. La página web de CONATEL, actualizada en enero de 2013, reportó que de los treinta municipios, en catorce hay radioemisoras locales, como se grafica en la siguiente tabla: MUNICIPIOS CON EMISORAS PROPIAS Municipio En AM En FM Comayagua 12 24 Gracias 3 9 Intibucá 2 4 Jesús de Otoro 0 5 La Esperanza 3 10 La Labor 0 1 La Libertad 0 5 La Paz 2 3 Marcala 4 10

27 Nueva Arcadia Ocotepeque San Marcos Siguatepeque Yamaranguila TOTAL

2 8 1 11 0 48

10 15 8 10 2 116

Fuente: Propia en base a la información de http://www.conatel.gob.hn

La televisión por cable sigue siendo limitada a las zonas urbanas, a las aldeas llega cuando están cercanas a los cascos municipales o cuando hay un esfuerzo comunitario conjunto para instalarlo. En Occidente se encontró que algunas comunidades se han organizado para alquilar servicios satelitales que ellos mismos administran. Mientras más rural es el municipio, menos canales locales tiene. Igual ocurre con las emisoras, de las cuales, además, varias son religiosas y no informativas. CONATEL reporta que en siete de los municipios existen canales de televisión, nacionales o locales; y en 16, hay operadores para televisión por cable, como se detalla a continuación: MUNICIPIOS CON SERVICIO DE TELEVISION Municipio No. Canales / Operadores de cable Nacionales o locales Comayagua 24 3 Gracias 7 La Esperanza 5 1 Nueva Arcadia 4 3 Ocotepeque 1 3 San Marcos 3 1 Siguatepeque 8 1 Lucerna 1 Belén 1 San Juan 1 Lepaera 1 Intibucá 1 La Paz 1 La Libertad 1 Jesús de Otoro 1 Marcala 1 TOTAL 52 21 Fuente: Propia sobre datos de http://www.conatel.gob.hn

1.5.2. Acceso a computadoras e Internet

28 Para diciembre de 2010 CONATEL reportó un total de 89,774 suscriptores de Internet, para un número estimado de 892,050 usuarios y un promedio de 111 usuarios por cada cien mil habitantes, a nivel nacional. El número de cibercafés se estimó en 1,410 y en 246,573 el de las computadoras lo que hace un promedio de una computadora para cada 324 habitantes. CONATEL señala en sus estadísticas la existencia de solo dos operadores para servicios de internet en los 30 municipios, uno ubicado en Comayagua y otro en Nueva Arcadia, de acuerdo con la actualización de su página web, correspondiente a enero de 2013. El rezago tecnológico del país profundiza la brecha digital, y no solo eso, también las desigualdades y debilita la democracia. El aporte en Ciencia y Tecnología efectuado por el Estado de Honduras representaba en el año 2005 el 0.06% del PIB, y el 0.0013%, en el año 200713, de acuerdo con los datos más recientes sobre este tema. Relato sucinto de un intento fallido En 2004 hubo un esfuerzo público, con el apoyo de las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y otros cooperantes internacionales para instalar telecentros en varios municipios del país. Los telecentros son puntos gratuitos de acceso a Internet, situados en zonas rurales para facilitarles el acceso a la información y potenciar sus iniciativas a través de la red. Los telecentros ofrecen la oportunidad –sobre todo a jóvenes- de aprender a manejar una computadora y a utilizar diferentes programas informáticos, buscar información por Internet, complementar o reforzar su educación formal, comunicarse con otras personas, etc. Bajo tal criterio, a través del COHCIT, fueron instalados centros de computación con acceso a Internet en varios municipios del país, entre ellos de Occidente, considerando su extrema pobreza. No obstante, varios de los participantes en los talleres reportaron la insostenibilidad de aquella iniciativa que se perdió por no contar con el apoyo del Estado, ni haber previsto mecanismos de autogestión. Los líderes de las comunidades relataron diferentes experiencias del fallido proyecto. En algunos de los casos, sus administradores se apropiaron del recurso tecnológico como pago de prestaciones e instalaron sus propios café net, comerciales. En otros de los casos, las computadoras fueron abandonadas y robadas o vendidas para honrar deudas con ex empleados. Solo un municipio de los indagados trasladó el equipo a la biblioteca municipal para ofrecer el servicio gratuito de Internet a los estudiantes (San Pedro, Copán).

En el Anexo 5 pueden apreciarse las condiciones y el nivel de acceso a Internet que declararon los participantes en sus municipios.

13

Red Clara. Análisis de Ciencia y Tecnología por región. http://www.redclara.net/doc/eCienciaLA/03_Resultados_por_SR_y_SR_Centro_Norte.pdf

29

1.5.3. Telefonía móvil y telefonía fija “Los celulares forman parte de nuestra canasta básica” Líder comunitario de Copán

Bastó observar los listados de los participantes que asistieron a los talleres departamentales para corroborar lo que es una tendencia a nivel nacional: el teléfono que todos reportan en sus datos personales corresponde al de un número celular. En proporción inversa a la universalidad de la telefonía móvil, los participantes aseguraron que en sus comunidades, menos aún si se trata de aldeas y caseríos, no existe o casi no existe la telefonía fija de HONDUTEL. “Hace cuatro años se fueron del municipio, ya no hay ni oficinas”, aseguró una de las asistentes. En las comunicaciones que se hizo a las alcaldías vía teléfono, varios de los números se encontraban fuera de servicio y fue más fácil establecer contacto con los alcaldes, los enlaces regionales de las organizaciones co impulsoras y con los mismos participantes, a través de sus móviles personales.

30

II. LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU APLICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS POBRES 2.1. Cómo se concibió, formuló, cabildeó y aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública En el año 2001 fue planteada por primera vez en un evento público la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública, una tarea que echó a andar el Comité por la Libre Expresión y a la que pronto se unieron otras fuerzas sociales, entre ellas FOPRIDEH, hasta su aprobación en diciembre de 2006. La ley como proyecto fue socializada en diálogos regionales y locales con diferentes grupos del país, pero con dos limitaciones: si bien su composición era diversa, tuvo preeminencia de actores vinculados a la comunicación social y se desarrollaron en cabeceras departamentales con participantes de esas ciudades, en su mayoría profesionales. El cabildeo de la ley, una vez instalada como proyecto en el Congreso, tomó otro rumbo, aún más urbano y de elite, con los diputados y con las organizaciones ciudadanas que respaldaron su aprobación. ¿Qué significó este proceso? Entre otros aspectos, que no dio seguimiento al respaldo ciudadano obtenido en el interior del país, que no valoró el aspecto rural, que no tomó en cuenta a los municipios más pobres del país, por lo que no previó sus condiciones de desventaja ni mecanismos que las compensaran. Lo anterior obedeció fundamentalmente a dos razones: falta de visión y escasos recursos económicos. Luego, la ley entró en una vorágine política y de conflictos de intereses con los medios de comunicación que se mantuvo hasta el final. El proyecto surgió tras una confrontación de un sector de la prensa con el gobierno de Flores Facussé y el manejo oscuro de la ayuda millonaria recibida por el Estado hondureño después de la tragedia que dejó el huracán Mitch (1998), además de las visiones encontradas acerca de cómo debía afrontarse la reconstrucción y transformación del país. Si bien la ley favorecía a la ciudadanía como depositaria del derecho a la información, los sectores tomadores de decisiones la consideraron como un arma de la prensa para fustigar al poder público. Por omisión marginó aún más a las comunidades más pobres del país.

31

Un parto legislativo ligado a coyunturas favorables Parte de la coyuntura política que se aprovechó es que había enorme presión sobre el Congreso Nacional de reformar el reglamento interno -que todavía continúa existiendo- y se manejaba el tema para transparentar y democratizar el Congreso. Entonces había interés desde éste para demostrar que se estaba democratizando, pero con otro instrumento que no fue el del reglamento porque conllevaba la pérdida de cierta cuota del poder político del titular del legislativo. Ése fue uno de los elementos coyunturales para que pasara la reforma y que se olvidara lo del reglamento. Por parte del Poder Ejecutivo existía una iniciativa de ley –promesa electoral de Mel Zelaya- en dos temas distintos: uno de participación ciudadana y uno de transparencia. Ambas coyunturas propiciaron que una propuesta de la sociedad civil sobre el tema de Ley de Acceso a la Información Pública encontrara eco, porque ya existía una competencia entre el ejecutivo -que venía entrando con una propuesta de transparencia- y un Congreso que sabía que iba a tener como uno de sus retos más importantes y presiones la reforma del reglamento interno. Encontró en la ley un sustituto de qué discutir, en lugar de la reforma del reglamento. Como movimiento social se creó la Alianza 72, que aludía al artículo 72 constitucional sobre la libre emisión del pensamiento, integrada por más de una decena de organizaciones, pero su motor era CLibre, y FOPRIDEH, era muy beligerante, además lideraba la alianza por la justicia, en la que también acompañaba C-Libre. La filosofía de la federación era guardar la especialidad de cada organización para que no se sintiera competencia, siempre dimos el respaldo a que se ejerciese el liderazgo, pero había un grupo de abogados muy buenos que nos unimos al equipo de periodistas. De los que más incidimos en el tema fueron FOPRIDEH, Fundación Democracia sin Fronteras, que no formaba parte de la Alianza 72, Ciprodeh, ACI Participa, el ERIC, en total como cuatro o cinco organizaciones que empezamos a trabajar el tema de la ley. Al final logramos tener tanta incidencia política como para provocar reformas casi inmediatas a la ley, como la reforma a varios artículos. O sea que no falló el tema de la incidencia política, pero se cumplió un dicho que escuché decir una vez a un diputado del gobierno de Nicaragua que se oponía a una ley, y al final dijo, “bueno, ¿ustedes quieren que se apruebe la ley? pues se la aprobamos, si después hacemos con la ley lo que queremos”. Aquí se aprobó una buena ley pero nuestra incidencia política se vio anulada al momento de elección de los comisionados del IAIP, hubo un madrugón en su elección marcado por intereses políticos y además con vertientes políticas bien definidas: en el caso del Partido Liberal, fue Carlos Flores quien incidió y puso a los dos liberales, que son personas incondicionales a él, son floristas cien por ciento, y en el del Nacional, con Gilma Agurcia. Creamos la voluntad política, la presión y la incidencia política suficiente, incluso trabajamos un proyecto de perfil, pero con los políticos no negociamos el tema de los comisionados. En resumen, los políticos supieron dónde ceder y dónde no.

32 Al final, la ley es una ley trabajable, no buena ni mala, no es todo lo que esperábamos, pero se puede trabajar con ella. Gran parte de su eficacia dependía del perfil de los comisionados que se nombraran, incluso el reglamento que presentamos tampoco quedó aprobado como nosotros lo trabajamos y lo aprobaron como ellos quisieron. Testimonio del Abogado Rigoberto Cuéllar, entonces ministro de SERNA y uno de los artífices de la Ley, desde FOPRIDEH. (Tegucigalpa, 10 de julio de 2012)

2.2. El acceso a la información pública como derecho humano y su ejercicio en los municipios a la luz de los principios de este derecho. “No es un derecho solo para personas profesionales, nosotros también somos tomados en cuenta” Líder de Transparencia del municipio de La Paz.

El acceso a la información pública es una herramienta esencial para que el ciudadano haga valer sus derechos frente al Estado; para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones que competen a la población. La actividad pública se financia con fondos de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos de una manera correcta y transparente. Toda la información que generan las instituciones públicas debe ser también pública, porque pertenece a la ciudadanía. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en diciembre de 2006, contempla en su Artículo 13 la información de oficio que las instituciones obligadas14 deben publicar (es decir, la información que debe ser brindada por ley y sin necesidad de solicitarla). Pero además, la ciudadanía tiene el derecho de solicitar cualquier tipo de información pública y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.

14

El Artículo 3 de la LTAIP identifica las Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGD´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por sí misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos.

33 Como dijo un participante en los talleres de validación de esta investigación: “Si bien es cierto un buen servidor público responde con la información pública, lo más importante es que la información pública esté disponible para quien la demande”. De ahí que el acceso a la información pública se rija por varios principios, como se detalla en el siguiente cuadro: Principios del acceso a la información pública y su aplicación en los municipios pobres investigados PRINCIPIO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO SE APLICA EN LOS MUNICIPIOS POBRES? Es un derecho de toda persona, No hay una discriminación Universal debe aplicarse sin expresa que establezca discriminación por razón de diferencias para el goce de este nacionalidad o carácter del derecho a sus ciudadanos, son solicitante y debe poder la pobreza y la desigualdad los ejercerse sin necesidad de mecanismos de exclusión social justificar las razones por las que que los margina a ejercer tal se solicita la información. derecho. Aplica a público

todo

lo

Incluye a todos los poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, municipalidades, pero también a todas aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos.

El desconocimiento de la LTAIP es extendido, tanto entre los funcionarios, como entre la ciudadanía, incluidos sus líderes, por lo tanto, su ejercicio es casi nulo.

Acceso sencillo,

Su ejercicio debe ser simple: la información pública debe poder solicitarse en forma escrita u oral, sólo proporcionando un nombre y una dirección física o electrónica, y describiendo la información buscada, sin que se exija justificar el motivo de su solicitud.

La LTAIP exige que sea escrita, lo cual limita el derecho de las comunidades más pobres, que son esencialmente orales para darse a entender.

Acceso rápido

La información debiera ser entregada inmediatamente cuando esté disponible o en un plazo de 10 días hábiles.

Con frecuencia se solicita al demandante los diez días de prórroga adicionales que contempla la ley, se asume de antemano que su entrega será en veinte días hábiles.

34 Principios del acceso a la información pública y su aplicación en los municipios pobres investigados PRINCIPIO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO SE APLICA EN LOS MUNICIPIOS POBRES? Servicio gratuito

No debe tener ningún costo, pero la LTAIP contempla los costos de impresión.

No es un derecho gratuito para los más pobres si se toma en cuenta que varios demandantes de información se movilizan desde sus aldeas, no cuentan con tecnología para recibir la información digitalizada y deben pagar el servicio de las impresiones.

Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes

Cada entidad pública y privada debe designar funcionarios responsables de información, quienes no sólo deben recibir y gestionar las solicitudes, sino también asistir a los solicitantes en el ejercicio de este derecho, y fomentar el uso del derecho de acceso a la información dentro de la institución. A través de la LTAIP se ha creado la figura de Oficial de Información Pública, que es la persona encargada de atender al demandante.

No existen oficiales de información pública a cargo de atender las solicitudes y es una responsabilidad que asume directamente el alcalde o quien éste designe, por lo tanto, no existe una política de atención a la entrega de información pública.

Publicidad de información

la

La entrega de información pública es la regla, el secreto y la denegación de información son la excepción. Toda información en posesión de las instituciones obligadas debe estar sometida al principio de publicidad y su denegación solo responde a las razones que invoca la ley, es decir “cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público”.

Aunque la mayoría de los alcaldes entrevistados asumen la transparencia como una obligación- la información es denegada por razones que no se establecen claramente, su entrega es tardía, y su calidad es pobre. Quizá la información más clara que obtienen los líderes comunales para sus auditorías sociales es la concerniente a facturaciones e inversiones para proyectos comunitarios.

Derecho de pedir revisar las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes

Puedan apelar a una revisión ante el IAIP quienes se sientan afectados por no recibir información pública.

Es frecuente que las auditorías sociales se frenen ante el obstáculo de una denegatoria o no entrega de información pública, pues quienes las hacen pierden la motivación y no

35 Principios del acceso a la información pública y su aplicación en los municipios pobres investigados PRINCIPIO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO SE APLICA EN LOS MUNICIPIOS POBRES? realizadas tienen confianza en una respuesta satisfactoria de la institucionalidad pública. Además, el IAIP no tiene presencia municipal y su presupuesto es absorbido en el gasto corriente. 15 Las entidades públicas, por iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud

Dicha información debe ser actual, clara, y estar escrita en lenguaje sencillo. En su Artículo 13 la ley contempla la información de oficio como una obligación que debe ser difundida por medios electrónicos o los escritos disponibles.

La información pública se presenta en tableros o “murales de transparencia”, pero con dos limitaciones: no se presenta toda la información de oficio que exige la ley, y no todos la presentan. Por otro lado, en términos pragmáticos, es una información muy extensa para que tenga cabida en un tablero; por el nivel de escolaridad de quienes pueden interesarse en ella, requiere que se le simplifique; y por último, confronta una exigencia escrita con una cultura oral.

El derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente

En el caso de Honduras existe el IAIP, integrado por tres comisionados que elige el Congreso Nacional entre diez candidatos nominados por el CONADEH, el TSC, el FONAC, la PGR y el Presidente de la República. “Un nombramiento de comisionados a partir de instituciones solo de gobierno también le da un tamiz a su elección”, sostuvo el abogado Rigoberto Cuéllar.

En los municipios investigados no existe la institucionalidad del IAIP (contrario a lo logrado por otras instituciones surgidas con la modernización del Estado, como el Ministerio Público o el CONADEH). Algunos de sus miembros, sobre todo técnicos, que visitan la zona, lo hacen esporádicamente, con fines de capacitación.

Las ONGD, por su parte, han abogado porque se reforme la LTAIP y pueda participar la

En la elección de los comisionados no hay ninguna institución que represente a los municipios.

36 Principios del acceso a la información pública y su aplicación en los municipios pobres investigados PRINCIPIO ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿CÓMO SE APLICA EN LOS MUNICIPIOS POBRES? sociedad civil en la nominación de candidatos. 16 Cuadro de elaboración propia, tomando como fuente la brindada por Acces Info Europe, Creative Commons, 2010 y los resultados observados en los talleres de consulta.

2.3. Cómo conciben este derecho las comunidades pobres y marginadas investigadas “El dinero fluye a nombre de los pobres, pero no sabemos adónde van a parar los fondos. No informa ni el Estado, ni las ONG” Margarita Pineda, municipio de San José, La Paz

En los talleres departamentales se dividió a los participantes por municipios y se le pidió a cada grupo que enumerara los cinco derechos humanos fundamentales para sus municipios. La Tabla 6 resume los resultados a partir de los derechos más citados. Tabla 6. Derechos humanos más importantes para cada municipio, según los participantes DERECHOS HUMANOS MÁS IMPORTANTES PARA LOS MUNICIPIOS Salud17 Educación La vida Trabajo digno y políticas de empleo Seguridad A la información18 De la mujer19 Alimentación

NÚMERO VECES QUE CITADO 22 22 14 12 10 10 9 7

DE FUE

A finales de 2009 hubo una crisis a lo interno del IAIP que culminó con la salida de su primera comisionada presidenta y el nombramiento de la licenciada Guadalupe Jerezano. En agosto de 2012 se registró la segunda elección, en la que la sociedad civil logró que fueran celebradas audiencias para escuchar los planteamientos de los candidatos propuestos. 17 Varios de los municipios hicieron hincapié en una salud y una educación de calidad y para todos. 18 Quienes identificaron éste como un derecho, señalaron que es “base para el desarrollo”; “No se hacen las cosas a oscuras”; “es necesario para tomar decisiones”; “si se cumple el derecho a la información, podemos saber elegir”, “incluye el que seamos escuchados”, “rendición de cuentas”. Lo señalaron como un derecho reconocido por la ley, pero que consideran que no se cumple y que como ciudadanos no lo reivindican por “pena” o “por temor”. 19 Los derechos de la mujer fueron abordados fundamentalmente dentro de la temática de la violencia doméstica 16

37 A la vivienda Libre expresión del pensamiento De la niñez Participación ciudadana20 A elegir y ser electos A un nombre, un apellido y una nacionalidad Equidad de género A la democracia Libre movilización A la dignidad como seres humanos De la tercera edad A la libertad A escoger nuestra ocupación A la tierra A la protección de los recursos naturales De la juventud

6 5 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

De los 25 municipios que tuvieron representación en los talleres departamentales, diez citaron el derecho a la información y cinco, la libertad de expresión. Los auditores sociales en los municipios pobres no hablan del derecho de acceso a la información pública de la misma manera como reconocen otros derechos, en particular los de educación y salud, pero en sus prácticas de transparencia lo practican. Posiblemente esto ocurra porque la ley que invocan como referente de su quehacer es la de Municipalidades, reformada en 2009, que incluye un capítulo que reconoce las figuras del CM y la CCT y que hace alusión a la transparencia pero no al derecho de acceso a la información pública. A pesar de que fue reformada tres años después de la aprobación de la LTAIP, no hubo ninguna acción vinculante entre ambas leyes.

2.4. Visiones, relatos y testimonios del manejo de la información pública sobre los temas que les preocupa a las comunidades pobres “En las escuelas, los maestros expresan buenos deseos de ayudar, pero no hay textos; en los centros de salud, las enfermeras tienen buenos deseos de colaborar, pero no hay medicinas”.

20

Concebido este derecho como la capacidad de la ciudadanía para participar en la elaboración de políticas públicas.

38 Líder de Red de Mujeres de Lepaterique, La Esperanza.

En las comunidades pobres en las que se basó esta investigación, fue evidente que la demanda de la información pública gira alrededor de:   

La percepción que tienen de la eficiencia de las instituciones públicas presentes en cada municipio Las prioridades que determinan las comisiones de transparencia municipales para realizar auditorías sociales. La institucionalidad pública presente en cada municipio.

La seguridad, la educación y la salud fueron los temas de preocupación recurrente en los seis talleres departamentales realizados con miembros de las comunidades, al tiempo que la policía, la fiscalía, los jueces, los maestros, los médicos y las enfermeras fueron calificados como los actores institucionales menos eficientes en su labor pública.21 2.4.1. Información pública y seguridad Los líderes identifican a la policía como la institución que debe dar respuestas a los problemas de seguridad del municipio y los testimonios sobre el desempeño de la misma son diversos. Hay quienes aseguraron que los elementos de la policía se muestran indiferentes con los llamados de la población para atender casos de violencia intrafamiliar, mientras otros identifican que se sienten atemorizados para ingresar a zonas que se consideran peligrosas, o desprovistos de la logística necesaria para movilizarse, o sometidos –por acción u omisión- a poderes más fuertes, como el narcotráfico o el crimen organizado. Un participante del municipio de San José, en el departamento de Copán fue concluyente: “La policía siempre plantea problemas logísticos y solo llega a reconocer muertos”. Un efecto común es que los municipios han sufrido cambios drásticos en los últimos años y que de ser comunidades seguras, muchas se han convertido en “botaderos de cadáveres”, a causa de una violencia que aseguran no nace en sus aldeas. Tal apreciación fue recurrente en la Región Occidental.

21

En Lempira se marcó alguna diferencia al respecto: los participantes de Gracias señalaron la calidez de atención hospitalaria de su municipio, advirtiendo –sin embargo- que tampoco en el hospital regional ubicado en su zona, hay medicamentos. Lepaera, por su parte, calificó de “insobornable” a la policía de su municipio.

39 Sin embargo a la policía se le concibe como una institución distante de la población (“se les llama y nunca vienen”, “se dejan manipular frente al poder”, “es parte del problema”) y de hecho la mayoría de organizaciones no se relacionan en su trabajo con las autoridades policiales, ni con otros órganos de justicia, donde los hay. En general, los participantes se quejaron del incumplimiento a la ley por parte de los órganos encargados de velar por la seguridad de las personas, por la comisión de delitos que se les imputa, por la impunidad con que los cometen, y por la ausencia de investigación y de información pública veraz y convincente alrededor del tema, todos estos, problemas vinculados entre si. En los talleres departamentales se denotó la insatisfacción frente a conductas de funcionarios públicos de seguridad y justicia, porque no develan información (“Nunca he mirado ni escuchado a un juez de paz que informe sobre lo que hace, no se sabe cuál es su labor”, “Lo que la policía es informar solo a través de los medios”) pero no se encontraron evidencias de la práctica de auditorías sociales sobre este tema. Los participantes vincularon el derecho a la vida con la seguridad, sin embargo, las demandas de información pública en materia de seguridad no son congruentes con la preocupación que concita; contrario a lo que sí ocurre en los casos de educación y salud “No unificamos ideas ni le damos seguimiento a lo que se relaciona con el derecho a la vida y la seguridad de las personas”, sostuvo un participante del departamento de Copán, cuando se identificaron los principales obstáculos que encuentran para abrir los candados de la información pública en este tema. ¿Por qué la seguridad como problema prioritario no se vincula al quehacer de la transparencia en los municipios? Ya se hizo una reflexión anterior al respecto, y de lo observado en las visitas y en los talleres departamentales puede agregarse que:  El problema de la seguridad es concebido como un problema nacional cuyos efectos son sentidos en el municipio, pero que poco puede hacerse desde lo local para mermar su impacto.  No existen vínculos de trabajo ni financieros entre las alcaldías y la policía.  La policía es una institución de mandos verticales y sus elementos no son abiertos para la rendición de cuentas en los niveles locales.

2.4.2. La información pública en educación y salud

40 En educación y salud, las auditorías sociales practicadas en los últimos años a escuelas y centros de salud arrojan informaciones y conclusiones muy similares en los municipios consultados, entre estos: 





   

La apropiación de plazas de educación y salud por quienes las ocupan y su traslado inconsulto a otros lugares del país (“¿la plaza es de la comunidad o de quien la ocupa?”). Un sesgo político en el manejo de la educación y la salud, con fallas que se originan en las políticas públicas para su atención y que se reproducen a nivel de las autoridades distritales y departamentales. Un sesgo político entre los actores directos de la educación y la salud (directores, maestros, médicos y enfermeras) cuando apoyan o rechazan huelgas y paros conforme al partido político al que pertenezcan o con los que se identifiquen sus organizaciones gremiales. Incumplimiento de los maestros, médicos y enfermeras de sus horarios laborables Mala calidad de los servicios prestados (“a algunos maestros no les gusta que se les pida información en temas como la matrícula gratis”). Falta de material didáctico en las escuelas; y de medicinas en los centros de salud y hospitales (“la receta para todas las enfermedades se llama amoxicilina”). Efectos de la mala calidad de la educación en el rendimiento escolar.

Además de las instituciones directamente responsables de la educación y la salud (las escuelas, institutos de secundaria, centros de salud y hospitales) las municipalidades también están obligadas a informar sobre ambos temas, pues es frecuente que manejen fondos para el pago de maestros o para plazas de enfermeras, médicos o personal paramédico. 2.4.3. La información pública sobre otros servicios municipales Las deficiencias de los servicios públicos también se hicieron sentir con relación a otros servicios públicos, como: la calidad de agua (“recibimos agua contaminada”, “no hay tratamientos para clorar el agua”, “este invierno ha sido de lluvias pero ha escaseado el agua”, “nos la echan cada quince días” “canalizaron hacia propiedad privada el nacimiento del agua para toda la comunidad”, etc.), en la calidad y presencia de la telefonía fija (“a veces se ha suspendido el servicio durante dos semanas”, “sólo la alcaldía tiene teléfono de Hondutel”, “ni la alcaldía tiene teléfono de Hondutel”, “la oficina de Hondutel que había la cerraron”, “el uso del celular es obligatorio”, “se suspendió el servicio desde 2004”, “ha perdido la cartera de clientes”, “llevan los recibos equivocados”, etc.) y en la calidad de la luz eléctrica (“los apagones en esta zona son constantes”, “los focos del alumbrado público que se queman no se reponen”, “cualquier lluvia nos deja sin luz”, “la luz es muy baja”, “los costos que nos cobran no se corresponden con la calidad del servicio que recibimos”, etc.).

41

Sin embargo, estos servicios tampoco son objeto de auditorías sociales, quizá porque los miembros de las CCT advierten que en los municipios no hay presencia de funcionarios con la suficiente autoridad para responder directamente a la demanda de información pública. Los participantes de los talleres comunitarios apuntaron que la mayoría de las instituciones obligadas presentes en sus municipios no rinden cuentas de su labor, y que algunas de ellas informan sobre sus limitaciones a las alcaldías, en busca de apoyo, pero no llegan directamente a la ciudadanía ni a sus instancias de transparencia, ni exponen sus necesidades en los cabildos abiertos. “Si informaran al pueblo, éste las podría apoyar, pero al alcalde no le interesa hacerlo”, expuso uno de los participantes del taller departamental de Copán. Al margen de la disponibilidad de las instituciones obligadas a brindar o no información pública, los líderes consultados en las comunidades pobres –en particular los vinculados a las comisiones de transparencia- señalaron que los procedimientos para obtener información pública son engorrosos y anulan con frecuencia lo prescrito por la ley. El presidente de la Red de Comisiones de Transparencia de Occidente, José Luis Chinchilla, originario y residente en el municipio de San Nicolás, Copán, afirmó que con mucha frecuencia la información que se obtiene de las autoridades no satisface las expectativas de sus demandantes, “hay información pública, pero es de mala calidad”, sostuvo.22 La Comisión de Transparencia de San Nicolás apoya desde 2009 los cabildos abiertos de la municipalidad para rendir cuentas sobre su gestión y realiza auditorías sociales en temáticas como: educación, salud, cajas rurales, juntas de agua, infraestructura, etc. “Hay que presentar por escrito, y con diez días hábiles de anticipación, la demanda de información, pero cuando se cumple el plazo previsto, es alargado por diez días más, y a veces pasan hasta cuatro meses sin que la información sea brindada”, sostuvo una ex comisionada municipal de San Pedro Copán, ahora vinculada a la OMM. En el municipio de San José, La Paz, una participante aseguró que la AMHON mandó una nota en la que desautorizaba a la Red de Sociedad Civil para pedir información pública al alcalde, para realizar una auditoría social. 22

Al respecto, hubo quejas en relación a documentación incompleta, sin desgloses presupuestarios o muy general por parte de algunas alcaldías, tales como la entrega de perfiles de proyectos, con sus mapas, pero que no son ejecutados.

42

Fueron variadas y numerosas las quejas de los representantes comunitarios sobre la poca información que manejan de la administración de su propio municipio, pero cuando se les pidió en cada taller que levantaran la mano quiénes habían leído la LTAIP, las respuestas afirmativas fueron escasas.

2.5. El conocimiento y manejo de la LTAIP entre las autoridades municipales La misma pregunta “¿Ha leído la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública?”, se les hizo a 29 alcaldes municipales en una entrevista/encuesta realizada para esta investigación. De los alcaldes consultados, 24 forman parte de los municipios investigados, y cinco pertenecen a otros municipios del departamento de La Paz23. La Gráfica 3 muestra el porcentaje de respuestas obtenidas, que ilustró que seis de cada diez alcaldes no la habían leído o la conocían muy poco.

A los que dijeron haber leído la Ley, como a los que no o muy poco, se les preguntó ¿Qué opinión le merece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

23

Varios de los alcaldes de La Paz fueron contactados a través de FOPRIDEH, durante un evento que organizó conjuntamente con la AMHON para discutir y socializar el anteproyecto de una nueva ley de municipalidades.

43 En general, las respuestas fueron favorables a la Ley, salvo por tres opiniones que expresaron dudas con respecto a su aplicación o con los fines para los cuales puede ser utilizada la información pública. La Tabla 7 reseña las respuestas obtenidas.

Tabla 7: ¿Qué opinión le merece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? “La administración municipal que es abierta a la información pública demuestra ser transparente y genera confianza en la ciudadanía”. “Nos permite trabajar juntos, porque con la información pública se evita malos entendidos y que se pierdan liderazgos, y motiva las ganas de trabajar de la gente”. “Permite y obliga a las instituciones públicas a que la ciudadanía tenga acceso a la información que se maneja en la administración pública”. “Es necesaria”. “Yo tengo que negociar con los regidores porque se oponen a los presupuestos participativos, ellos piensan que se corre el riesgo de ayudar más a unas comunidades que a otras… pero la transparencia es lo normal, es lo que se debe hacer”. “Mejora y fortalece el proceso de transparencia”. “Me llama la atención que se habla sobre transparencia, pero no se aplica, porque acá nos debemos a los que tienen el poder”. “Nos permite conocer procedimientos y deberes”. “Por medio de ella se obtiene información de todos los actos que realizan diferentes instituciones del Estado”. “Es fundamental, porque si no hubiera corrupción no habría pobres”. “Permite una administración austera y racional de los bienes municipales”. “Antes de la ley, ya mi municipio elaboraba presupuestos participativos, daba a conocer obras, fondos e inversiones”. “No la manejamos a un cien por ciento, pero con ella buscamos poner en práctica la transparencia con cabildos abiertos”. “Uno es figura pública y lo que hace con los dineros del pueblo tiene que ser público”. “Es buena si es funcional y se aplica”. “Como todas las leyes en Honduras, ésta no se aplica”. “Muy buena si se maneja en base a lo que se quiere lograr, pero no, si la quieren utilizar para fines políticos”.

44

Aunque en general las opiniones son favorables a la LTAIP, solo seis de los 29 alcaldes entrevistados la citaron cuando se les preguntó: ¿Cuáles son las leyes que Ud. tiene más presentes cuando ejerce su mandato como alcalde? (Gráfica 4), siendo la de Municipalidades la más invocada. La Constitución de la República y la LTAIP fueron citadas el mismo número de veces.

Como ocurre con las CCT, la entrega de información pública a la ciudadanía en los municipios indagados se ejerce en cumplimiento a la Ley de Municipalidades, conforme a las reformas concretadas a través del Decreto 143-2009, que incorporó las figuras del Comisionado Municipal y las CCT. Cuando se les preguntó: ¿En su opinión, hay alguna información de la Alcaldía que debiera declararse “reservada” o “secreta”, 80% de los alcaldes se mostraron en contra de la discrecionalidad de la información, como lo muestra la Gráfica 5.

45 Los razonamientos a favor de no reservar información pública se fundamentaron en que: 1. Los fondos que maneja una alcaldía son públicos. 2. La alcaldía es una entidad pública que pertenece a todos. 3. El servicio público debe ser transparente. Quienes razonaron a favor de reservar información, argumentaron dos tipos de interés: 1. El comunitario/municipal 2. El personal (temor a represalias) Los argumentos a favor y en contra de declarar información en reserva en las alcaldías se detallan en la Tabla 8. TABLA 8: ¿Hay alguna información de la Alcaldía que debiera declararse “reservada” o “secreta”? LOS QUE DIJERON “NO” “Uno maneja fondos públicos y es honrado, pero si no es transparente, pareciera que no lo es”. “La alcaldía no es del alcalde, es del pueblo. Nosotros lo que hacemos es apoyar sus decisiones”. “No tengo miedo a nada”. “La alcaldía es prestadora de servicios al municipio y todo debe entenderlo la gente, no debe haber sospechas”. “Todo es público. Hacemos la reuniones de la corporación abiertas en las comunidades, la gente participa en el POA, prioriza los proyectos, deben conocer desde los puntos de acta hasta las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas”. “Si se trabaja con transparencia y honradez no hay porqué ocultar información para que la pueda ver quien la solicite”. “Es parte de la transparencia no esconder cosas”. “Publico los acuerdos en la pizarra, cuando pagan los impuestos se les pide que revisen bien sus recibos, me preocupo porque la gente tenga confianza”. “Todo es transparente, hay auditorías, se conocen nuestros salarios”. “La información pública hay que socializarla en las reuniones de cabildo abierto, los planes estratégicos, los planes de arbitrios. Antes de ser alcalde nunca estuve en una sesión de cabildo abierto, ni supe del presupuesto del municipio. Al llegar tuve dificultades porque el alcalde saliente no me quiso entregar la tarjeta bancaria, porque se había comprometido en su campaña política con

46 caciques del municipio y ellos eran los que habían administrado los fondos, no había auditorías sociales. Fue hasta la primera reunión de alcaldes que tuve en La Ceiba, que supe que tenía que haber una cuenta bancaria y era al ex alcalde al que le caían las transferencias”. “Somos servidores públicos y lo que se trata en la municipalidad es de orden público”. “Todo debe darse de conocer a la ciudadanía y a sus organizaciones; sobre todo el trabajo con patronatos y sus auxiliares”. “Se trata de que todo el mundo se dé cuenta de las actividades que se realizan”. “Todas las actuaciones son públicas”. “Lo que se hace es público”. “Todo tiene que ser accesible para todo el mundo”. “Todo es administración pública y la población debe tener acceso a ella. Tal vez la información que no deba darse sea la personal de ciudadanos, cuando hay conflictos de intereses en adjudicación de dominios plenos entre ciudadanos y la alcaldía. En Honduras no hay una escuela de formación en administración pública, pero vamos aprendiendo en el proceso”. “Son fondos públicos, no del narcotráfico”. LOS QUE DIJERON “SÍ” “Cuando se trata de adquirir un terreno privado para una obra comunal (como un cementerio, un centro comunal, una escuela, etc.), los dueños valoran más altos los costos si saben que es la municipalidad la interesada en adquirirlo, mientras que los precios son más bajos cuando se negocian entre vecinos”. “Cuando se plantean estrategias sobre temas de seguridad, porque son asuntos delicados”. “En temas sensibles que generan polémica, es importante informar las resoluciones, pero no detallar quienes hacen las propuestas, ni como han votado los regidores, por cualquier represalia”. “La entrega de información debe ser selectiva, porque a veces la gente usa la ley para hacer daño, por ejemplo, las ordenanzas, las pueden ocupar en contra de uno”. “Hay información que requiere evaluación, como la que da el Tribunal Superior de Cuentas”.

47

2.6. Las CCT de los municipios pobres como demandantes de información pública. “Las CCT no deben esperar a que las inviten a participar, si no se abren los espacios deben de entrar. Al comienzo nos ven con reserva, pero luego abrimos las puertas”. Profesora Susana Cantarero, Comisionada Municipal de La Esperanza.

Las CCT y los CM son instancias municipales legalizadas mediante una reforma a la Ley de Municipalidades (Decreto 143-2009), cuya integración se ha socializado en los diferentes municipios del país. En los talleres departamentales realizados para la investigación hubo una alta participación de miembros de las CCT y de CM que, conforme a ley, manifestaron haber sido electos en cabildos o nombrados por los alcaldes24, respectivamente. Se advirtió que en general existe una relación cercana entre los alcaldes con las CCT y los CM (aunque no tanto entre estos dos últimos), por la naturaleza del trabajo que desempeñan. En algunos casos los comisionados municipales se mostraron reservados en sus criterios, no así los miembros de las CCT, que se expresaron con mayor independencia.

Un mecanismo para hacer valer la decisión ciudadana “En el caso de San Nicolás, en vista de esa debilidad de la ley, hemos optado por una opción más participativa y abierta en el caso de la corporación municipal. La comisión de transparencia se elige en sociedad civil antes del cabildo abierto y se lleva una propuesta publica por escrito y se lee en público de quien quiere la sociedad civil que sea el comisionado, entonces la corporación queda en evidencia si accede o no, porque la ley le permite negarlo, pero en los dos casos la ha aceptado. Eso nos ha permitido tener independencia política y hay más responsabilidad en nuestro caso porque es una función que nos confían para ejercer el cargo y así nos sobreponemos al vacío de la ley”. Presidente de la Red Regional de las CCT de Occidente, José Luis Chinchilla.

Además de las auditorías sociales, las CCT realizan una labor importante para fortalecer los procesos de participación ciudadana, apoyando la realización de cabildos abiertos para la rendición de cuentas, donde también presentan sus informes. Es decir, a la vez que son demandantes de información pública, también deben brindarla.

24

La Ley de Municipalidades establece en su ARTÍCULO 59.- (Según reforma por Decreto 1432009): Toda Municipalidad tendrá un Comisionado Municipal nombrado por la Corporación Municipal, de una nómina de cuatro (4) personas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil en cabildo abierto y durará dos (2) años en el ejercicio de su cargo. El Artículo 59B de la misma Ley establece la conformación de las CCT en asambleas de representantes de organizaciones comunitarias, gremiales, empresariales y todas aquellas de carácter social existentes en el término municipal y su posterior registro en la municipalidad y su juramentación por el alcalde o su representante.

48 Su voluntariado en las comunidades es intenso: “intervenimos para que las ayudas que se planifican no lleven tintes de sectarismo, para que todas las comunidades sean de alguna manera favorecidas, verificamos que el alcalde realice los trámites administrativos conforme a la ley (por ejemplo, que antes de comprar materiales para algún proyecto, haya realizado por lo menos tres cotizaciones), influimos para decidir dónde, cuándo y a quién entregar las ayudas, pero no podemos desconocer que todo esto solo es un sustento para que la gente mejore un poquito, no para que se desarrolle”, sostuvo un comisionado que participó en el taller departamental de Intibucá. En su desafío por demandar información pública, las CCT deben vencer obstáculos como los siguientes:  Una actividad errática de las CCT en los municipios puede dar como resultado procesos transparentes pero poco sostenibles. La ley contempla que las CCT deben organizarse, pero el ritmo de su actividad puede estar sometido a la voluntad de los alcaldes y a los espacios de participación que éste les ceda. En el sentido negativo, algunas se vuelven legitimadoras de las acciones de la alcaldía (“lo que hace la municipalidad para los pobladores es exponer los proyectos acabados, los gastos que se hicieron Cambio de colores pero no de y repartir volantes con información del prácticas presupuesto… proyecto hecho, auditoría En el municipio de Yamaranguila hecha, pero no social” , poco activas (“se un alcalde electo en 2010 rompió juramentó la CCT en cabildo abierto, pero no con la tradición inveterada de que se interesaron en darle continuidad a su se eligiera al candidato del partido trabajo”), o con experiencias aisladas o Nacional, para dar oportunidad al nulas en auditorías sociales y sin candidato Liberal. Su gestión ha seguimiento (“no hay auditorías sociales en sido respaldada por las organizaciones ciudadanas porque mi municipio”). advierten la construcción de obras, En el sentido positivo, con el respaldo de pero se quejan porque el alcalde las municipalidades, algunas CCT electo no aceptó que se integrara la programan visitas a las comunidades CCT en votaciones secretas –como para verificar si la información que había ocurrido en 2006- e “impuso a sus elegidos”, volviendo poco obtienen sobre proyectos es correcta y operativas sus funciones. En su avanzan a otros escenarios: dan fe de los lugar, los patronatos, a través de su murales de transparencia en educación; federación, han asumido el velan por la infraestructura y la calidad liderazgo en transparencia, pero ha de las construcciones con pavimento; tropezado con la denegatoria de información pública del alcalde. buscan soluciones al problema de la basura; vigilan la justicia penitenciaria; apoyan el ordenamiento vial (en La Esperanza, por ejemplo, homologan las ordenanzas con el municipio gemelo de Intibucá, para el suministro de agua

49 y su calidad para el consumo humano). “Como falta apoyo central acá todo se hace con apoyo ciudadano”, sentenció una participante. Las prácticas exitosas no necesariamente se repiten o se replican en otros municipios, pues con frecuencia están sujetas a la voluntad de los alcaldes, y posiblemente a la capacidad de liderazgo de sus miembros.  Denegación de la información. Se identificaron al menos tres casos de denegación de información por parte de los alcaldes, por ocultamiento de planillas municipales (Siguatepeque), de contratos para concesiones de recursos naturales y cobro de impuestos (San José), y de montos del presupuesto municipal (Yamaranguila). Al respecto, el presidente de la CCT de Siguatepeque, Ethawaldo Estrada, señaló: “El 27 de diciembre de 2011 se le solicitó al alcalde de Siguatepeque, José Eduardo Oseguera Santos, una copia de la planilla municipal desglosada, se le dio seguimiento semanal a la petición, siempre hubo pretextos, y en los cuatro meses de reclamo continuo, nunca fue entregada”. El reclamo se fundamentó en las sospechas de prácticas de nepotismo en la municipalidad.

 Desinterés, desconocimiento o incredulidad para solicitar la revisión de las denegaciones. El presidente de la CCT de Siguatepeque, consultado acerca de si han presentado una solicitud de revisión al IAIP, respondió: “No, porque no creo en eso”; en otras situaciones se comprobó que se desconoce este procedimiento (caso del municipio de San José) o que no existe motivación para darle seguimiento (varios municipios de Copán).  Dispersión física entre los miembros de las CCT. Se reportó que en varios de los casos las CCT dejan de reunirse porque sus miembros viven en zonas aisladas entre sí y carecen de los medios económicos para hacerlo, menos aún para demandar información pública (“Al final de cuentas, el alcalde queda en solitario y a su propio criterio”).  Los procesos electorales pueden debilitar el quehacer de las CCT. La realización de esta consulta coincidió con el período electoral (a mediados de 2012, previo a las elecciones primarias del 18 de noviembre). En algunos de los casos los participantes adujeron que sus comisiones estaban incompletas o prácticamente desintegradas porque sus líderes estaban integrados a las campañas de sus municipios, en calidad de precandidatos o de activistas políticos. Las funcionarias de la Secretaría de Interior y Población que respaldan a las CCT y que fueron entrevistadas para esta investigación coincidieron en este punto.

50 La falta de apoyo a las redes departamentales y regionales de transparencia. Los miembros Un esfuerzo exitoso en agonía de las organizaciones co Una experiencia exitosa aunque también en impulsoras, del proyecto riesgo de perderse es la de RIPACS, en Intibucá, surgida el 26 de agosto de 2006 para vincular las “Mejorando la Confianza en 17 CCT y los 17 CM del departamento. Políticas e Instituciones RIPACS nació con los procesos de elección de Públicas”, coincidieron en ambas instancias de transparencia y se señalar que hay un estructuró con mucha fuerza, con una junta debilitamiento creciente al directiva y una asamblea integrada a partir de las comisiones y los comisionados. apoyo institucional por parte Pero en el último año (2012) se había debilitado de las ONG y la cooperación porque el apoyo institucional redujo y “el internacional. De hecho, voluntariado municipal se mueve con apoyo externo” instituciones como EROC y sostuvo su presidenta, la profesora Susana ASONOG, en el Occidente del Cantarero. Hasta el momento de la validación de esta país, han sufrido el impacto investigación (febrero de 2013) la situación de esta crisis. Y este es un persistía, razón por la cual RIPACS todavía no elemento también había tenido los medios necesarios para aprobar determinante para el acceso a su proyecto de estatutos y tramitar su la información pública en los personalidad jurídica. municipios pobres porque estas ONG, que actúan en su condición de facilitadores externos, son los que impulsan la articulación de instancias de transparencia a niveles más que locales, en un esfuerzo que trasciende el mismo marco de lo prescrito por la ley.  Los líderes de organizaciones vinculadas al quehacer de la transparencia no siempre vinculan su quehacer con el derecho de acceso a la información pública. Varias CCT están muy empoderadas de su papel por la transparencia y aumentan su demanda de información pública en las auditorías sociales, pero no siempre están conscientes del vínculo que existe entre una y otro. Varias del las CCT consultadas denotan su activa participación en la sesión a puertas abiertas de la corporación municipal, con el alcalde, el equipo técnico y los jefes de departamentos (“estamos al tanto de los movimientos de cada semana, de los pagos a acreedores y del cumplimiento de las resoluciones”, “nuestra incidencia al principio era en la municipalidad, pero cuando recorrimos los pasillos conocimos a otras personas que nos informaron de irregularidades en otras entidades públicas. Entonces somos los que damos fe de los actos y velamos porque a la gente no la engañen”). La compenetración en las labores municipales, muchas veces los vuelve más veedores que demandantes de información pública porque están allí, comprobando personalmente los actos edilicios.

51  El acceso a la información pública y su impacto responde a veces a situaciones coyunturales. Las auditorías sociales suelen mostrar un patrón común de hallazgos (sobre todo alrededor de la comprobación de deficiencias institucionales, como: ausencia de maestros, falta de medicinas, pérdida de plazas, etc.), con características similares en todos los municipios, pero sobre hechos aparentemente aislados entre si. Sin embargo, cuando surgen coyunturas que posibilitan profundizar en la información, es posible comprobar que lo que aparentan ser casos irregulares aislados se repiten una y otra vez y concitan la atención de los medios de comunicación, que pueden contribuir a potenciar la incidencia para resolverlos y a sentar un precedente de buenas prácticas. Un ejemplo al respecto fue la denuncia hecha por la Secretaría de Educación sobre el manejo irregular de plazas magisteriales en el municipio de Intibucá. El tráfico de plazas magisteriales “Esto tiene una historia que debemos compartir, nosotros somos seis, todos maestros, tres jubilados y tres activos, casi siempre los que estamos somos los jubilados e informamos a los otros”. Profesora María Inocente Cálix. Las investigaciones realizadas en el campo de la educación por la CCT y la Comisionada Municipal de La Esperanza, Intibucá, sirvieron de base a las autoridades superiores de la Secretaría de Educación para que documentara el manejo irregular de plazas magisteriales en ese departamento. “Las auditorías sociales a nadie le gustan y a veces somos mal recibidos. Cuando empezó el concurso de maestros presenciamos las entrevistas que les hacía el Comité Municipal de Educación a los candidatos y cuando el proceso se vició nos pusieron trancas para no volvernos a convocar y se nos negó información sobre cuántas plazas se abrirían”. Las auditorías sociales en educación dejaron múltiples lecciones, entre otras, que la información se abre cuando el problema afecta a centros educativos más grandes, aunque el problema exista en la mayoría de los otros centros; que dar a conocer esa información obedece también a coyunturas favorables, en este caso, la anuencia del ministerio para retomar la denuncia; y que no siempre hay documentación pública que compruebe los actos irregulares, como la venta de plazas magisteriales (“Es que el corrupto y el corruptor no denuncian, el que informa es el afectado”). Del relato de las profesoras Susana Cantarero y María Inocente Cálix.

2.7. Valoración de los alcaldes del trabajo de las CCT como demandantes de información pública. Los 29 alcaldes consultados para esta investigación reportaron que existe una CCT en sus municipios25, además de comisiones de transparencia en algunas de las mancomunidades de las que forman parte.

25

En el transcurso de esta investigación no se pudo establecer contacto con la CCT del municipio de San Sebastián para verificar si realmente está organizada, sin embargo el alcalde aseguró que existe.

52 Todos los alcaldes entrevistados aseguraron que sus reuniones de corporación municipal son abiertas y que en ellas participan o pueden participar las CCT con derecho a voz. Consultados sobre ¿Cómo valora su relación con la Comisión de Transparencia? las respuestas fueron como se muestran en la Gráfica 6.

El 76% de los alcaldes entrevistados ponderó sus relaciones con las CCT entre muy buenas, excelentes y buenas, y apenas 3% las calificó como difíciles. Una quinta parte de los entrevistados las valora como relaciones de trabajo, pero en definitiva, aun los que las valoran positivas, las justifican como relaciones de trabajo. Algunos de los razonamientos que justifican estas valoraciones se reflejan en la Tabla 9:

Tabla 9. Criterios de valoración de los alcaldes sobre sus relaciones con las CCT “Son los primeros invitados a las sesiones de corporación a puertas abiertas, tienen toda la información que quieren”. “Se les da la participación en las sesiones, se les delega funciones para supervisar proyectos conjuntamente con los alcaldes auxiliares de cada comunidad y con los presidentes de patronatos”. “Programamos con ellos los cabildos abiertos”. “Les damos fondos para que hagan su trabajo”. “Participan en compras, licitaciones, dan fe de mis actos, a quién adjudico compras”.

53 “Siempre nos auditan, ya van por la tercera auditoría social y a la Junta de Agua, y a otras organizaciones que manejan fondos, como patronatos y proyectos de la ERP”. “Dan seguimiento a los proyectos”. “Les hemos asignado visitas a proyectos ejecutados, nos hacen preguntas, el presidente participa en las reuniones de corporación”. “Discutimos temas”. “Están presentes en procesos de licitaciones, cabildeos y proyectos y nos defienden”. “A veces participan en las reuniones de corporación”. “Tienen una filosofía de trabajo muy bien organizada, participan con voz en las reuniones de corporación y en los procesos de contratación de proyectos”. “Fueron electos en cabildo abierto, son los que hacen las auditorías sociales y promueven los presupuestos participativos que se aprueban en cabildo abierto”. “Ninguno es de mi partido político, fueron electos desde la administración anterior”. “Son relaciones normales, no amistosas, porque ellos no lo permiten, hacen su trabajo”. “Su trabajo no lo hacen en un cien por ciento porque no tienen tiempo y hacen lo que pueden. Se reeligieron miembros, para reorganizarse hace tres meses”. “Sus oficinas están al cruzar la calle, enfrente de la municipalidad”. “Es una administración muy amplia y participativa. Hemos avanzado en crear una unidad de desarrollo donde convergen patronatos y sociedad civil, hemos dado vida al CODEM y equipado a la CCT a través de la AECID”. “Con ella (CCT) se hizo el primer cabildo abierto”. “Nos apoyan”. “Se pierden, quieren opinar en las sesiones de corporación y que se tomen en cuenta sus mociones”.

54

III. ESTADO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA III.1. Fortalezas y debilidades de la LTAIP. “La LTAIP nos dio una inducción en la materia, pero debe hacerse una “realfabetización” al respecto en la parte cognitiva (los principios) y afectiva (la apropiación del derecho)”. Un representante de una de las organizaciones co-impulsoras, durante un taller de validación. De las observaciones hechas por los y las participantes en los talleres, de las entrevistas realizadas a 29 alcaldes, de visitas de campo y validaciones, de conversaciones sostenidas con quien fue comisionada presidenta del IAIP al final de su primer período (licenciada Guadalupe Jerezano) y con su equipo de trabajo y de una lectura crítica de la LTAIP, se coligen las siguientes fortalezas y debilidades de la Ley:

3.1.1. Fortalezas de la Ley  Con la aprobación de la LTAIP el Estado reconoció el derecho de acceso a la información pública, abriendo el espacio a que dicho tema fuera agendado en los planes y programas del quehacer público y en el debate ciudadano.  Por primera vez se habló de “instituciones obligadas”, es decir de todas las instancias del Estado y de no gobierno que administran bienes y/o fondos públicos, que por ley están obligadas a brindar información pública.  El artículo 13 estableció la información de oficio que deben brindar las instituciones obligadas y mantener al día.  Se creó un órgano de vigilancia y monitoreo del acceso a la información pública (el IAIP).  Aunque no desarrolla el tema de la transparencia con el mismo énfasis que el acceso a la información pública, estableció vínculos entre ambas categorías, un aspecto en el que no avanzaron las reformas hechas a la Ley de Municipalidades.

55  La creación de portales de transparencia en las páginas web de las instituciones obligadas, como mecanismo tecnológico para divulgar la información de oficio.  La institucionalización de la figura del OIP en las instituciones obligadas.  Delegar al CNA la labor de veeduría del cumplimiento de la LTAIP.

3.1.2. Debilidades de la Ley Algunas de las fortalezas se debilitan en su ejercicio cuando se trata de la realidad que viven los municipios pobres del país, como se observa a continuación:  El IAIP es un órgano desconcentrado de la administración pública (artículo 8) lo que le confiere la facultad de no estar sometida al control de los órganos superiores, sin embargo, políticamente se encuentra sometido al Congreso Nacional, que elige a los comisionados.  La elección de los Comisionados del IAIP no incluye ningún mecanismo de participación ciudadana para su nominación (artículo 9, sobre su integración y dirección), ni de evaluación para su desempeño.  El artículo 9, que hace referencia a la integración y dirección del IAIP, no lo planteó como un órgano de presencia nacional, ni siquiera regional, lo que limita la supervisión oficial del estado de acceso a la información pública en las comunidades más relegadas del país.  Es una ley en la que prevalece el tema de acceso a la información pública sobre el de transparencia, en tanto que en las comunidades pobres del país, las CCT han promovido la transparencia con más énfasis que el acceso a la información pública, basados en la Ley de Municipalidades.  Los oficiales de Información Pública de cada institución obligada (artículo 5) son figuras de mediación que no operan en los municipios pobres.  La ley no contempla mecanismos para un acceso a la información pública adecuados para las comunidades más pobres del país ni para los grupos sociales más vulnerables (mujeres, niños/as, población indígena y negra, grupos discapacitados, u otros) que por su condición tienen desventajas para obtener información de las instituciones obligadas.  No hay una relación vinculante entre la LTAIP y la Ley de Municipalidades, la cual reconoce y regula el trabajo de las CCT y los CM; ni con la ley de contrataciones y compras del Estado, que vigila la transparencia.

56  No existe una ley de archivos que custodie la información y norme la depuración de documentos. La información con más de 10 años que ha perdido su valor histórico y administrativo (de acuerdo con el criterio institucional) es quemada por las instituciones públicas porque la ley no lo prohíbe. Esta documentación debe pasar al Archivo Nacional y no –como ocurre actualmente- a una comisión de depuración que carece de lineamientos y procedimientos apropiados y que se limita a ser receptora de la documentación y dar fe de la depuración.  El CNA no ha jugado el papel de órgano de vigilancia de la aplicación de la LTAIP.  El artículo 18 faculta a los titulares de las instituciones obligadas a pedir al IAIP clasificar información a discreción. Al amparo de este precepto el IAIP inició sus funciones emitiendo resoluciones a favor de instituciones obligadas que demandaron la secretividad de su quehacer, justificándolo como un asunto de seguridad del Estado. La reserva de la información es la excepción, no la regla.

III. 2. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde la visión del IAIP Hasta la fecha en que se realizó esta investigación, el IAIP no contaba con estadísticas de las solicitudes que hacen entre si las instituciones obligadas y es muy limitada su información sobre las demandas ciudadanas de información pública a estas instituciones, menos aún en las alcaldías de los municipios pobres investigados donde no existe la figura del OIP. La entonces comisionada presidenta del IAIP, licenciada Guadalupe Jerezano, señaló: “En las aldeas más remotas, lo primero que piden es el plan de arbitrios, luego las obras que ha hecho la comunidad y luego las planillas, quiénes son, cuánto ganan; y los subsidios. En resumen, las planillas, los proyectos y el plan de arbitrios. Pero nunca la gente demanda calidad en la información, la gente se alegra con recibir información por primera vez y se conforma con la que recibe”. Acerca de si miembros de las corporaciones municipales demandan al IAIP información pública que les niegan los alcaldes, se refirió a un caso emblemático en el municipio de Oropolí, departamento oriental de El Paraíso, donde el alcalde

57 desobedeció no solo las demandas de información pública de los regidores sino también del IAIP sin consecuencias ulteriores: “Se llegó incluso a un recurso de amparo al Ministerio Público y a pesar de las sanciones del IAIP y a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ordenándole que la entregara, no la entregó”. Señaló que las alcaldías no interponen recursos ante el IAIP por negación de información por parte de otras instituciones obligadas: “No, no ocurre, porque no cabe duda que solicitan la información directamente a las secretarías de Estado y éstas las entregan. Normalmente no demandan información al gobierno”. Sobre los factores que obstaculizan el acceso a la información pública en las zonas más relegadas del país, opinó: “El IAIP es un organismo con una estructura solo presente en Tegucigalpa, aunque la ley habla a nivel nacional. Realiza capacitaciones en todos los sectores de la población pero no ha cubierto todo el país por falta de recursos financieros, con un presupuesto que se va en pago de sueldos y salarios y que nunca ha sido aumentado. La Comisionada del IAIP, abogada Miriam Guzmán, quien a inicios del año 2013 participó en un conversatorio de socialización de esta investigación, efectuado con las autoridades del instituto, ratificó las apreciaciones de la ex comisionada Jerezano y señaló que el IAIP tiene limitadas sus funciones para poder atender a los municipios pobres porque su presupuesto es muy bajo, no tiene incrementos significativos anuales y es absorbido para el pago del personal. La comisionada apuntó que otras instituciones públicas posiblemente manejen más presupuesto que el IAIP para capacitar en transparencia y acceso a la información pública, y que –aunque el tema no es ni debe ser monopolio de nadieevidentemente hay una política desigual que afecta al instituto. Prosiguiendo con el señalamiento de los obstáculos que plantea la LTAIP, la licenciada Jerezano apuntó: “En las zonas relegadas es muy difícil por las anteriores razones, pero también porque un gran sector de la población desconoce este nuevo derecho. Aun así es sorprendente que algunos ciudadanos interpongan recursos de información que les han negado, desde lugares remotos (como La Encarnación, Nuevo Celilac, El Níspero y de la zona sur de Francisco Morazán), eso dice que si lográramos una plataforma de coordinación, la gente usaría más la ley. “También hay personas de las comunidades que conocen la ley pero les da miedo solicitar información, por temor a no ser bien tratados o a sufrir amenazas. “Y, obviamente, el acceso geográfico dificulta el acceso a la información pública, con caminos inhóspitos y de herradura”.

58

Sobre la información pública de mala calidad que muchas veces se ofrece en los cabildos abiertos, dijo: “La alcaldía es responsable de la información que entrega, lo que nosotros hacemos en las capacitaciones y talleres es hablar de la información que deben dar, pero la gente sabe si la información que reciben es o no cierta”.

La información con los candados más cerrados Hay un problema serio con los contratos y licitaciones, no porque no salen a luz pública, sino porque no son completos. Antes la ONCAE los publicaba, pero, ahora (y no quiero pensar que es intencional), es bastante difícil saber si la información que publica la institución es completa. El IAIP no tiene facultad de verificar si es verídica, completa ni valiosa. Se encarga de que la entreguen y el usuario la valora y puede apelar hasta con un recurso de amparo ante la corte suprema. Pero la información más bloqueada son los contratos de publicidad, es la información que ninguna institución da. Es de los temas más delicados. Una de las instituciones que más nos cuesta verificar y lo hacemos con pinzas, es Casa Presidencial porque ejecuta muchos de sus fondos con chequeras, no con partidas presupuestarias. Hemos logrado cosas positivas que ha hecho publicar, de una institución que no tenía nada en su portal de transparencia, hasta que encontramos la forma de ir ubicando la información y dándole al ciudadano la información que busca. Hay muchos fondos que se ejecutan con chequera a la cual las personas no tienen acceso. La misma situación se da con el Congreso Nacional, no contaba con portal de transparencia, hemos logrado entrar en ese hermetismo, trabajar de la mano con ellos para ver como se le puede brindar a la ciudadanía información. Declaraciones de un técnico del IAIP que pidió mantener su nombre en reserva.

III. 3. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde la visión de las alcaldías Todavía la población no entiende la importancia del cabildo abierto, no sólo se trata de saber el destino de los fondos públicos, sino también el rumbo del desarrollo. Omar Cáceres, primer regidor de Ajuterique.

La visión de los alcaldes sobre la importancia de satisfacer la demanda ciudadana de información pública depende en mucho de su experiencia personal y de la proyección política y social que han tenido antes de desempeñar un cargo público.

59 De la encuesta realizada a los 29 alcaldes, once de ellos (38%) no acreditaron una trayectoria social de participación en la comunidad previa a sus funciones como servidores públicos. Del resto, 18 en total, la mitad reconoció que se ganaron la voluntad de sus electores porque fueron dirigentes de patronatos, de clubes deportivos o de grupos productores de café (un rubro presente en prácticamente los treinta municipios investigados). Varios ocuparon cargos en diferentes niveles de las organizaciones cafetaleras: comunitaria, municipal, departamental, regional hasta llegar a la nacional. La Gráfica 7 ilustra el quehacer social de 62% de los alcaldes entrevistados que aseguró tener una trayectoria de proyección con sus comunidades previa a su elección como ediles. Cada alcalde que respondió a esta pregunta señaló más de una opción, por lo que los porcentajes expresados corresponden a la suma total de respuestas por cada opción.

La pertenencia a organizaciones sociales y gremiales puede contribuir a construir una visión de la importancia del acceso a la información pública como un bien colectivo, sin desconocer la práctica poco transparente de muchas de estas organizaciones, donde son comunes las relaciones jerárquicas y verticales de poder, que riñen con la transparencia. Por otro lado, es importante resaltar la socialización de prácticas a favor de la transparencia, varias de ellas retomadas por las leyes nacionales, en particular la Ley de Municipalidades, entre las que pueden citarse la integración de comisiones de transparencia, la figura del Comisionado Municipal, la práctica de presupuestos municipales participativos y la realización de auditorías sociales.

60

Las CCT se han integrado a la vida municipal y al quehacer de las alcaldías, participan en las sesiones de sus corporaciones y demandan información para ejercer su mandato, un hecho a destacar si se compara esta situación con la que prevalecía diez años atrás o antes de la aprobación de la LTAIP. Se pidió a los alcaldes que enumeraran el tipo de información que demandan las CCT a las alcaldías. Cada uno podía enumerar una o más opciones y en base a sus respuestas se elaboró la Gráfica 8. Los porcentajes que se expresan en la gráfica corresponden a la suma total de respuestas por cada una de las opciones.

Aunque la lista es variada, gira alrededor del manejo de los fondos de la municipalidad, visto desde tres momentos distintos:  La planificación del destino de los fondos (proyectos, presupuesto municipal, puntos de acta, plan de arbitrios, planilla municipal)  Su ejecución (visible en proyectos, procesos de licitación y contratación e inversiones)  Los procedimientos para invertir los fondos (licitaciones y otros) Lo anterior muestra que el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia tienen un mismo hilo conductor y que no es posible uno sin el otro. Asimismo, de las respuestas obtenidas, se advierte que las CCT solicitan información pública como producto de la vigilancia que ejercen en diferentes momentos del quehacer municipal. Esos momentos son:

61  Cuando las comunidades priorizan sus necesidades (presupuestos municipales participativos)  Cuando esas prioridades son plasmadas en el papel (presupuestos municipales, perfiles de proyectos, puntos de actas, contrataciones, plan de arbitrios, planes operativos anuales, planes de inversión, adjudicaciones de obras, catastros).  Cuando esas prioridades se ejecutan o han sido ejecutadas (documentación de costos, evaluación de calidad de proyectos, garantías de obras, manejos administrativos, equidad de género y población favorecidas, procedimientos de compras, visitas para confirmar obras). Los alcaldes se pronunciaron sobre el estado de acceso a la información pública cuando respondieron a la pregunta: ¿Cómo ven la búsqueda de información pública por parte de la ciudadanía? Algunos comentarios al respecto se ilustran en la Tabla 10, donde se advierte una gama de criterios que va desde quienes consideran el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía como una concesión que queda al arbitrio de la buena voluntad de los alcaldes, quienes lo consideran una actividad normal y un derecho y quienes se muestran incómodos y consideran que no compete a la sociedad su reclamo. TABLA 10. Percepción de los alcaldes sobre la información pública que demandan las CCT y la labor que realizan “Piden información de los proyectos en la parte contable, aunque no es un trabajo que les compete”. “En mi municipio la CCT audita a las ONGD, las cajas rurales, a los grupos productivos, a las juntas administradoras de agua, indagan sobre proyectos y el manejo administrativo y financiero de los fondos”. “Nosotros les damos apertura, pero ellos no desempeñan tanto su rol porque trabajan ad honorem, no planifican, no cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para hacer auditorías sociales”. “La comisión de transparencia ha participado en temas críticos y forma parte de su solución, como el caso de una concesión de aguas termales, en 2005, a la comunidad de Arcilaca, que ha generado un conflicto fuerte de intereses, expresado a través de los patronatos, para manejar fondos que son de la comunidad, y el caso de una titulación de tierras que dio el INA en la zona”. “Escogen al azar proyectos ejecutados y piden documentación de soporte para verificarlos”.

62 “Andan un poco confundidos, porque auditan los costos de proyectos, lo suyo son las auditorías sociales, lo financiero le compete al Tribunal Superior de Cuentas. Ellos tienen que ver que se hagan bien las cosas, en parámetros normales de inversión”. “Dan apoyo logístico para fortalecer los procesos de transparencia”. “Fueron capacitados por el CNA y AECID durante un año”. Como quiera que sea, la transparencia, la rendición de cuentas y las auditorías sociales son categorías incorporadas al lenguaje de los alcaldes municipales, sin embargo persisten las barreras para que se les reconozca como prácticas fundamentales en el quehacer municipal. Durante una visita hecha a una alcaldía de Comayagua, un alcalde expresó: “Ya no queremos capacitaciones, sino pisto para poder trabajar… la gente lo que quiere es ver obras y no hay que perderse”. Y a manera de justificación expresó más adelante: “… la prioridades establecidas en los cabildos abiertos lo que generan son expectativas que luego no pueden cumplirse… está bien que inviertan en capacidades, pero nosotros queremos obras, aunque sean pequeñas, como ponerle techo a una escuela… no creo en nadie que venga” Una actitud similar mostró un alcalde de Intibucá cuando se le quiso entrevistar y se buscó concertar una cita por teléfono: “¿Qué de bueno tiene para la comunidad?” Y cuando se le explicó el propósito de la conversación prometió llamar para hacer la cita, que nunca se realizó. Sin embargo, fueron la excepción, no la regla. Un regidor, también de un municipio de Comayagua, recibió con beneplácito la idea de realizar un diagnóstico sobre el acceso a la información pública en municipios pobres del país: “El gran problema en Honduras es que no creemos en las instituciones, pero esto es lo que tenemos y que hay que fortalecer, es parte del Estado y hay que cuidarlo”. El mismo funcionario se refirió a la importancia de los cabildos abiertos:

63 “Hasta los que están descontentos con nuestra gestión son importantes porque crean un balance. Pero todavía la población no entiende la importancia del cabildo abierto, no sólo se trata de saber el destino de los fondos públicos, sino también el rumbo del desarrollo, sin embargo aún no logramos la participación deseada que genere debate y discusión de estrategias para lograr que se den los proyectos. No basta con cumplir lo que la ley dice, hace falta motivar a la población”. Casi en su totalidad los 29 alcaldes consultados sonrieron con la interrogante de ¿Por qué razón le conviene a un alcalde la transparencia?, considerándola obvia, aunque sus respuestas fueron diversas, como lo muestra la Gráfica 9.

La gráfica expone el porcentaje de cada respuesta con relación al total de respuestas obtenidas, sin embargo, varios alcaldes dieron más de una respuesta. Es de destacar que a 40% de ellos le importa generar confianza y credibilidad en la ciudadanía y que la gente sea informada sobre los proyectos, su ejecución y sus costos a través de la transparencia. A 31% le interesa preservar su imagen o lavarla, para ganar más liderazgo. Al respecto, fue reiterada la percepción de que son vistos por los ciudadanos como “figuras corruptas y mañosas”. El 28% de los alcaldes cree que la transparencia ayuda al desarrollo del municipio porque da respuestas a sus necesidades y le produce más ingresos con el pago de impuestos de manera voluntaria. El alcalde de Gracias ejemplificó que su municipio generaba entre uno y dos millones de lempiras y se manejaba una mora muy alta, “ahora genera doce millones y recibe una transferencia de cuatro millones… las transferencias vienen con atraso, pero nada se detiene”.

64 Mientras 24% de los alcaldes cree en la transparencia como una necesidad “porque lo que se administra es del pueblo” y “porque se responde con ella a quien lo elige”, 10% de los entrevistados piensa que es un medio para reelegirse, 3% lo hace para evadir reparos del TSC y un porcentaje igual para evitar las críticas de la población. Un 20% de los alcaldes consideró que las prácticas transparentes de gestión municipal responden a su “ética”, “honor”, “principios morales”, “herencia” y “familia”, elementos que también emparentan con la buena imagen, pero parecieran tener motivaciones distintas. Por último, 7% vio la transparencia como un beneficio para todos y un porcentaje igual, como un medio para generar participación ciudadana, “para que la sociedad civil nos acompañe, se involucre y se informe”. Cuando se les preguntó cuántas veces han rendido cuentas en cabildo abierto durante los tres últimos años de su gestión municipal, las respuestas incluyeron desde cero hasta trece veces, como lo muestra la Gráfica 10.

Un número pequeño de alcaldías ha realizado un número grande de cabildos abiertos (una lo ha hecho doce veces, y otra, trece), mientras que el promedio de cabildos ha sido de 3, en once alcaldías, equivalente a uno por cada año de gestión pública, conforme a lo que demanda la Ley de Municipalidades. 26

26

El Artículo 59-D.- (Adicionado por Decreto 143-2009) instituye el Día de Rendición de Cuentas de las municipalidades en cabildo abierto “para conocer, discutir y tomar acuerdos anualmente sobre los resultados del Programa de Transparencia Municipal y promover las medidas que consoliden la transparencia de los

65

Dos alcaldes admitieron que no han realizado cabildos abiertos durante su actual período de gestión, y señalaron que están “en preparativos”. La realización de un cabildo abierto en enero de cada año es una condicionante para que las municipalidades reciban las transferencias, que en la mayoría de ellas constituye el principal porcentaje de sus ingresos anuales. Asimismo, y en cumplimiento al artículo 34 de la referida Ley de Municipalidades, los alcaldes declararon que sus sesiones de corporación son abiertas, para que en ellas participen no solamente las CCT, sino que quienes deseen hacerlo, y que las realizan el uno y el quince de cada mes. “Nuestras sesiones son abiertas y a veces no cabe la gente, sobre todo cada primero de mes, son como un cabildo abierto; mientras que cada 15 de mes, es con patronatos y juntas de agua”, declaró el alcalde de San Pedro Copán. Otros alcaldes expresaron que realizan la misma práctica. Según expresó el alcalde de Santa María, La Paz, “en los cabildos abiertos, la Comisión de Transparencia también nos informa a nosotros, porque allí estamos”, en tanto que el alcalde de Cabañas, también en La Paz, dijo: “La rendición de cuentas se basa en información abierta, proyecto por proyecto”. En la Encuesta/Entrevista no hubo una pregunta específica sobre el tratamiento de las actas municipales, expresamente consideradas en el Artículo 35 de la Ley de Municipalidades como “documentos públicos” que cualquier ciudadano puede solicitar, no obstante, varios de los entrevistados señalaron que las resoluciones y actas son exhibidas en murales de la oficina municipal o en lugares visibles y accesibles, como también lo ordena la Ley. Se consultó a los alcaldes ¿Qué tipo de información dan durante los cabildos abiertos? Cada alcalde enumeró una o más opciones, como se ilustra en la Gráfica 11. Los porcentajes que se expresan en la gráfica fueron calculados sobre la base del total de respuestas por cada opción.

actos de las autoridades y servidores de las municipalidades”. Debe celebrarse la segunda quincena del mes de enero de cada año y presentar el presupuesto ejecutado en el año anterior y el presupuesto proyectado para el nuevo año. La misma ley establece también que no podrán celebrarse menos de cinco sesiones de cabildo abierto al año, convocadas por el Alcalde, por resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal y podrán celebrarse con una o más comunidades (Art. 32-B.-2, adicionado por Decreto 127-2000)

66

El grueso de la información pública que las alcaldías encuestadas aseguran dar, gira alrededor del presupuesto anual y de cómo se invierte. Otros temas ocupan menos su atención, como son: “ingresos corrientes y de capital”, “alcance de metas”, “conflictos”, “socialización de diagnósticos participativos”, “proyectos de descentralización”, “planillas municipales”, “liquidaciones, viáticos, viajes”, y “subsidios”, que también fueron citados, pero de manera más dispersa. Llama la atención el balance final entre el tipo de información pública que los alcaldes advierten que demanda la ciudadanía, en particular las CCT, y la información pública que los mismos alcaldes afirman que ofrecen en los cabildos abiertos para rendir cuentas. Las gráficas 8 y 11 juntas permiten comparar ambos resultados.

El presupuesto municipal (que aparece en la Gráfica 8) ocupa un cuarto lugar de interés, mientras que en la segunda gráfica, ocupa el primer lugar. Es relevante la atención que pone la ciudadanía en los procedimientos administrativos

67 (licitaciones) para ejecutar esos fondos, y que no aparece tan explícita en la Gráfica 11. Sobre la información pública que se ofrece en los cabildos abiertos, se preguntó a los alcaldes ¿De qué manera la presentan?, las respuestas fueron variadas y con una o más opciones. Los resultados se exponen en la Gráfica 12, donde los porcentajes expresados se calcularon tomando como base el universo de respuestas brindadas.

El uso de tecnología a través de pantallas eléctricas parece ir de la mano con la transparencia, para un público con una escolaridad promedio bastante baja y geográficamente disperso, y durante un acto cuya duración se limita a medio día. Al parecer, presentar la información pública en pantalla posibilita su orden, pero también su credibilidad, pues –según dijeron varios de los alcaldes- se acompaña con fotografías digitales de los proyectos, que pueden mostrar sus diversos grados de ejecución y cumplimiento. El Alcalde de San Nicolás, Copán, fue contundente cuando expresó: “Es poco el tiempo de un cabildo abierto, la información no puede ser tan detallada”, en tanto que el Alcalde de Santa Fe, Ocotepeque, dio luces sobre este procedimiento: “Primero se socializa la información en la corporación, luego se pone en libro de actas y después se va a cabildo”. Las unidades técnicas /administrativas tienen un desempeño importante en este proceso, pues usualmente el tesorero y el auditor son quienes brindan la información más en detalle, en tanto que el alcalde lo hace de manera más general.

68 Complementariamente, la información pública también puede presentarse en murales o espacios destinados a ello, dentro de las oficinas municipales. Al respecto, el alcalde de San Pedro Tutule ilustró: “El presupuesto se publica en un mural y lo certifica el juez de paz porque es muy caro publicarlo en La Gaceta y no sería accesible para la gente, acá en cambio, la gente llega a verlo”. La encuesta/entrevista no dio pistas de que exista una dinámica de demanda de información desde las alcaldías hacia otras instituciones del Estado, como también lo estimó la ex comisionada Guadalupe Jerezano. Varios alcaldes lo que señalaron es que les falta orientación del Tribunal Superior de Cuentas sobre los procedimientos en el manejo de los fondos públicos y los continuos reparos que éste les hace, sin que antes los hayan visitado e instruido. Tampoco hubo alusión directa a los subsidios departamentales que administran los diputados y como se reparten entre los diferentes municipios. El alcalde de San Pedro Tutule dijo: “La alcaldía no demanda información sobre los diputados del departamento, aunque la mayoría de ellos no funciona, y algunos ni se asoman”.

III. 4. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde la visión de los líderes de diferentes organizaciones que luchan por la transparencia “De manera voluntaria, ninguna institución pública informa sobre su labor, a petición de las comisiones de transparencia, todas” Líder de Transparencia de San Nicolás, Copán

Hay una visión muy generalizada dentro de los participantes de las comunidades pobres en el sentido de que las autoridades públicas no los toman en cuenta para decidir sobre temas que los afectan directamente. Ethewaldo Estrada Carrasco, economista, quien al momento de esta investigación se desempeñaba como presidente de la CCT en Siguatepeque, observó: “La percepción de transparencia puede variar desde el punto de vista con que se le mire. Para la alcaldía basta con dar un informe de actividades, pero para nosotros es mucho más. Por ejemplo, que en la página web de la municipalidad se coloque toda la información sobre pavimentación, sobre elecciones transparentes en la junta directiva de los patronatos y organizaciones y que respeten la voluntad popular. “Apoyarnos con la ética en lo social, pero la falta de ética no es un delito, no se pena, es una voluntad ponerla en práctica o no hacerlo, es una autorresponsabilidad para la que no existe un asidero legal”.

69

Dos preguntas clave que perfilaron su valoración sobre el estado actual de acceso a la información pública en las comunidades, fueron: ¿Qué frustra en el trabajo a favor de la transparencia? ¿Por qué no se demanda más información pública a las instituciones obligadas a darla? Sobre la frustración del trabajo por la transparencia, las respuestas más comunes fueron:    



 





 

No se le da seguimiento a los hallazgos de las auditorías sociales. La impotencia frente a un ambiente institucional politizado. Una información pública tardía o que nunca llega. Observar como las instituciones y los funcionarios públicos meten mano en el patrimonio de las comunidades y violentan los derechos de sus habitantes. A los pobres se les niega decidir sobre cual debe ser el uso adecuado de los recursos de sus comunidades, tales como bosques, fuentes de agua, reservas naturales, uso de la tierra, etc. Falta de transparencia en las acciones públicas. El nivel de expectativas y de compromiso de los líderes es mayor que el nivel de los resultados (“en mi casa parece que tengo un empleo, es un trabajo agotador, nosotros reclamamos nuestros espacios de participación para una sociedad que muchas veces se muestra indiferente a los cabildos, a las sesiones de las alcaldías y todo eso da origen a que incluso especulen”). Términos desiguales de participación: los que más tributan (zonas urbanas) participan menos, y a la inversa, la población rural, que estás más aislada y dispersa, participa más. Algunos municipios se mostraron desanimados con los/las jóvenes porque no ven en ellos a sus relevos inmediatos, los advierten apáticos, mientras que los viejos líderes se someten a largos procesos de capacitaciones que los involucra en más responsabilidades. La deserción de miembros de las CCT durante los períodos electorales y la avidez de los candidatos políticos por absorberlos a su favor. Sentirse utilizados para consultas de las que sienten que no ven resultados.

Sobre por qué no acuden a las instituciones obligadas para demandar información pública, respondieron:     

Por ignorar el derecho de acceso a la información pública. Temor y timidez. Asumir que no tendrán una respuesta favorable. Considerar que no es un acto importante. Indiferencia.

70 

Por evitar recibir malos tratos y humillaciones.

En la validación de este informe en los talleres de socialización con los líderes comunales y representantes de las organizaciones co-impulsoras se enriquecieron las observaciones al respecto:  Los municipios pobres están muy desprovistos de institucionalidad pública, “¿adónde podemos acudir cuando hay casos de corrupción?”, se preguntaron y respondieron: “Generalmente a las cabeceras departamentales porque los juzgados de paz y la policía no atienden estos problemas”.  Lo que ocurre en los municipios pobres en acceso a la información pública es muy similar a lo que pasa en el resto del país, con la diferencia de que en las ciudades se debate más sobre este tema, pero al final los resultados son parecidos.  El acceso a la información pública es un derecho intangible, en tanto que la gente siente más claramente los derechos que satisfacen un bienestar material, por eso no es fácil que la ciudadanía lo reclame como un derecho prioritario.  En acceso a la información pública el trabajo que la sociedad civil ha desarrollado se enmarca principalmente en la incidencia, pero no hemos avanzado a apropiarnos de este derecho ni a sistematizar las experiencias más exitosas. Como ciudadanos podemos contribuir a esto, pero relanzar el tema es un deber del Estado.  Cada vez más, la cooperación pone menos recursos para el tema de transparencia y auditorías sociales.  En este momento es difícil trabajar estos temas con los gobiernos locales porque se encuentran en un proceso de transición debido al año electoral, pero apostar por la ciudadanía puede salvar esa transitoriedad de lo público.  Hay un problema de fondo muy importante que afecta el trabajo por la transparencia y el acceso a la información pública, y es que muchas CCT y CM son manipulados por los alcaldes, con cuadros que ellos buscan para que hagan la labor de vigilancia a su manera, entonces manipulan el ejercicio de estos procesos, pero igualmente las CCT no están bien informadas sobre cómo hacerlo bien.

III. 5. Estado del acceso a la información pública en comunidades pobres desde la visión de otras instituciones públicas Se auscultó el trabajo que en materia de transparencia realizan otras instituciones del Estado: el TSC, la Secretaría de Interior y Población y el CONADEH.

III.5.1. El Tribunal Superior de Cuentas

71

A nivel del Estado hondureño, el acceso a la información pública es un tema que ha sido retomado en los últimos años por instituciones ejecutivas y contraloras que han creado unidades o estrategias para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Una de ellas es el Tribunal Superior de Cuentas, que es a su vez una de las cinco instituciones nominadoras de los candidatos a comisionados del IAIP ante el Congreso Nacional. El TSC declaró 2012 “Año de la Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana” y lanzó en Tegucigalpa una agenda nacional en la materia e instó a organizaciones públicas, sociales y a ciudadanos en general a proponer ideas sobre qué, cómo y para qué pueden informar las instituciones sobre el uso de los fondos públicos. Para ello habilitó en su página web y en los portales electrónicos de varias instituciones del Estado que se acogieron a la iniciativa, un link (www.tsc.hn/agenda) al cual acceder para hacer propuestas, dentro de un período comprendido entre la fecha del lanzamiento de la agenda (28 de junio de 2012) y el 15 de agosto del mismo año, es decir, en un plazo de seis semanas. La entonces magistrada presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Ancheta, no precisó la utilidad que darían a las propuestas obtenidas, ni la continuidad del proceso iniciado, pero demandó a la sociedad civil “más propuestas que ánimo contestatario” y expuso que “las instituciones no informan a los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos”. La rendición de cuentas es una condición para que las alcaldías municipales reciban las transferencias. En ese sentido, la magistrada del TSC detalló que en 2010, 261 alcaldías rindieron cuentas, y en 2011, 296, es decir todas, a excepción de Trinidad y Juan Francisco Bulnes, en los departamentos de Comayagua y Gracias a Dios, respectivamente. La funcionaria atribuyó que la poca información pública que rinden las instituciones obligadas se debe a:  El poco interés y desconocimiento de las normativas de acceso a la información por parte de los servidores públicos.  La falta de voluntad política  El bajo presupuesto asignado a las instituciones obligadas a rendir cuentas.  La indiferencia ciudadana por los asuntos públicos  Una legislación inadecuada para promover y aplicar la rendición de cuentas.

72

Asimismo, advirtió que el impacto de no informar acerca de la inversión y gestión pública se traduce en:      

Más corrupción por falta de información Escaso control social por la desinformación ciudadana. Incremento de la pobreza. Descrédito internacional de las instituciones del Estado Mayor pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Incremento de la conflictividad social.

La propuesta de la institución, que acreditó también a “un importante grupo de ciudadanos provenientes de instituciones del Estado y de organizaciones civiles de varios departamentos”, fue construir la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana, alrededor de tres ejes:  Recuperar los valores humanos. Propuso fortalecer el sistema educativo, implementar programas curriculares e inculcar el amor por lo público para recuperar la confianza en el sistema.  Reformar los mecanismos de conformación de las instituciones responsables del seguimiento a la rendición de cuentas. Propuso institucionalizar procedimientos democráticos y transparentes en las instituciones responsables del seguimiento a la rendición de cuentas, “que van desde la correcta aplicación de la Ley del Servicio Civil y la despolitización de las entidades estatales, hasta la asignación de presupuestos para que estas entidades puedan cumplir su función”.  Fortalecer el sistema de sanciones y castigos por el incumplimiento de las normas de rendición de cuentas. Propuso construir una política integral anticorrupción y un sistema efectivo de sanciones conforme a la ley.

III.5.2. La Secretaría de Interior y Población Otra perspectiva sobre el estado actual de acceso a la información pública, aún más cercana a las municipalidades, la ofreció esta secretaría de Estado, a través de su Unidad de Transparencia y Auditoría Social, adscrita a la Dirección de Participación Ciudadana, cuyo personal mantenía contacto estrecho con las alcaldías y las CCT. Al momento de realizar esta investigación este ministerio tenía la secretaría técnica de la Mesa Interinstitucional de Transparencia, que aglutina a las redes regionales de CCT, a organizaciones de la sociedad civil, a otras entidades de gobierno y a cooperantes internacionales.

73 La Mesa surgió en 2008 por iniciativa de la Secretaría de Gobernación y se reactivó en octubre de 2010, entre otros objetivos para darle seguimiento a los resultados de las auditorías sociales. Había elaborado el borrador de un reglamento general para las CCT que no había sido discutido. La citada unidad estaba a cargo de capacitar a las CCT en la realización de auditorías sociales, una labor que reconoció que era vista con recelo por algunas organizaciones de la sociedad civil. De la experiencia acumulada en ese campo, advirtieron las siguientes limitaciones de acceso a la información pública, por parte de las comisiones:27    



 







27

Desconocimiento del derecho de acceso a la información pública. Relaciones de desconfianza política mutua con las alcaldías. Temores para solicitar recursos de revisión ante el IAIP cuando la información pública no es satisfactoria o les es denegada. En casos extremos, algunas CCT no saben qué es lo que deben auditar y consultan a los propios alcaldes sobre cómo hacerlo, y cuando tienen la información en mano no saben qué hacer con ella. Los pobladores del casco urbano de los municipios ejercen mejor este derecho, y los de las zonas rurales, que son los que más participan, tienen nociones más limitadas sobre su ejercicio. Trabajo ad honorem y desgastante (por ello muchas CCT se ven disminuidas en el número de miembros). Los costos de las auditorías sociales son altos y aumentan cuando las CCT se integran con miembros de las aldeas. Al respecto, las representantes de esta unidad documentaron costos que oscilaban entre 13,000 y 19,000 lempiras, correspondientes solo a gastos de transporte y movilización, en el departamento de Intibucá. La ley no establece fondos para las CCT, aunque algunas alcaldías han mantenido el mandato derivado de la ERP de destinar partidas para las CCT y hay un renglón de participación ciudadana en las municipalidades dentro del cual puede ser incluida una partida, pero deben negociarlo. La dotación de fondos para que las CCT hagan su trabajo es un derecho y una necesidad, pero deben establecerse los mecanismos para evitar que coopten o corrompan a sus miembros. Un conflicto similar al de recibir o no recursos, lo plantea aceptar o no espacios físicos dentro de las alcaldías municipales para instalar sus oficinas, pues se asume que les resta independencia.

Esta información fue obtenida de una visita programada a través del CIPRODEH, a la que fue invitada la consultora de esta investigación, que se realizó el 23 de julio de 2012, a cargo de la licenciada Analesky Fonseca Trejo.

74    



 

Falta de un acompañamiento técnico para descodificar la información pública obtenida. Falta de documentación que respalde los resultados obtenidos en las auditorías sociales. Entrega de información incompleta o de baja calidad “en la mayoría de las municipalidades”. Los períodos de realización de las auditorías sociales pueden ser muy largos y desgastantes, dependiendo de las faltas encontradas y de la necesidad de remitir los casos al TSC, a fiscalías o al IAIP. Son menos frecuentes o nulas las auditorías sociales a otras instituciones obligadas presentes en el municipio y a entidades civiles que administran bienes comunitarios y hacen cobros por los servicios públicos. Los períodos electorales propician la desintegración de las CCT porque es frecuente que sus miembros postulen a cargos de elección popular. Falta de coordinación entre instancias ciudadanas que realizan auditorías sociales dentro de un mismo municipio, pues es una labor que no solo desempeñan las CCT.

III.5.3. El CONADEH. Para trabajar con las Comisiones Ciudadanas de Transparencia, el CONADEH creó en 1998 el Proyecto de Auditoría Social (PAS), que acompaña y asesora a la población para la elección, capacitación y práctica de auditorías sociales. Éste proyecto surgió tras la catástrofe natural del Mitch, para fiscalizar las donaciones de organizaciones y países extranjeros para las personas afectadas por esta catástrofe, lo cual derivó en un informe público que puso en precario la institucionalidad del CONADEH pues el Congreso Nacional intentó suspender al primer Ombudsman nombrado en el país, el doctor Leo Valladares. El PAS orienta los procesos para elegir y capacitar las figuras de los Comisionados Municipales y las CCT y la práctica de auditorías sociales a los fondos destinados a proyectos de desarrollo local, para evitar la corrupción local y fomentar los índices de desarrollo humano. l CONADEH advierte que las CCT son un ente de carácter social, “sin vinculación jerárquica a la alcaldía municipal” que promueve la formulación y establecimiento de un sistema municipal de transparencia (rendición de cuentas). Al 31 de diciembre de 2011, el PAS había tenido presencia en 201 municipios, equivalente a un 67.45% del total de municipios del país con igual número de instancias de participación ciudadana (CM y CCT), de las cuales 63 realizaban auditorias.

75

IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES “Que nos abran las puertas de la información porque no somos delincuentes y queremos ayudar al pueblo” Líder del Municipio de Ocotepeque

El trabajo de incidencia y fiscalización del quehacer público-municipal de las CCT, los CM y de otras organizaciones municipales o regionales ciudadanas debe contar con una información que les permita conocer los alcances del trabajo que realizan sus autoridades. No solo se trata de tener a mano los perfiles de proyectos, sino también como van a realizarse, cuáles serán los procedimientos administrativos, quiénes lo harán, a qué costo, bajo qué condiciones, etc. También es importante que cuenten con la información pública pertinente sobre el manejo y enajenación de los recursos municipales, departamentales y regionales, de tal manera que se garantice un proceder con reglas claras y limpias que no afecte el bienestar de la población ni la sostenibilidad de las generaciones futuras. Varios de los alcaldes entrevistados se mostraron conscientes y convencidos de la importancia de tomar en cuenta a la ciudadanía en el desempeño de sus labores, los hubo incluso quienes reconocieron que eso les ha permitido obtener mejores resultados y avanzar con más seguridad. Obviamente no hay participación ciudadana real sin acceso a la información pública de calidad, no se trata simplemente de garantizar que quienes integran las CCT y los CM estén presentes en los cabildos municipales y legitimen ciegamente las acciones de la alcaldía. Eso no es participación. Se trata, sobre todo, de que las autoridades públicas abran los candados de la información y de que las organizaciones ciudadanas, en el caso particular de las CCT y los CM, preserven su independencia, no comprometan sus criterios sin razonar, ni le den la espalda a los intereses de las comunidades. Pero a su vez, es importante que ese esfuerzo sea complementado con el apoyo externo, que facilite en el campo técnico la comprensión de la información pública. Transferir capacidades a los líderes comunitarios para que frente a la información pública incompleta se demande una que posea credibilidad y frente a información de calidad, se potencie el quehacer municipal.

IV. 1. Hallazgos sobre el estado situacional de los actores involucrados en facilitar el acceso a la información pública en municipios pobres

76

4.1.1. Actores en la comunidad: líderes comunitarios, CCT y CM.  Hay un voluntariado muy fuerte en las comunidades pobres de Honduras, que se articula a través de líderes comunitarios que se han ganado el respeto de los pobladores por su honestidad, su afán de servicio, su compromiso con la comunidad, las capacidades adquiridas y un sinnúmero de cualidades personales que les aporta credibilidad y los convierte en una reserva moral para sus municipios.  En este voluntariado destaca la participación activa de mujeres y de jóvenes, pero al mismo tiempo, la presencia de un liderazgo, de hombres y mujeres, forjado durante los dos últimos decenios del siglo pasado, con una edad promedio de cincuenta años, que en algunas de las comunidades aún no visualiza un relevo generacional.  La disposición de participar en las decisiones de los gobiernos locales es más visible en las zonas rurales (aldeas y caseríos) y menor en los cascos municipales (barrios y colonias). En proporción inversa, los pobladores urbanos tienen un promedio de escolaridad mayor que la población rural.  Más del 90% de los líderes de diferentes organizaciones que luchan por la transparencia, que fueron consultados para esta investigación, cuentan con teléfonos celulares, los cuales constituyen la tecnología más universal en los municipios pobres, presente incluso en las zonas rurales más aisladas. Esta es una oportunidad que apunta al relevo generacional de actores sociales.  La información que más demanda la ciudadanía, a través de sus instancias organizativas comunales, es la relativa a presupuestos y gastos municipales.  La ideologización de la actual sociedad hondureña no impidió reunir a los líderes comunitarios, para quienes las prioridades parecían concentrarse alrededor de intereses comunes, vinculados a su liderazgo y al bienestar de su municipio y el de sus familias.  La red de comisiones de transparencia que se integró en la región occidental a comienzos de la década anterior se constituyó en un actor principal de incidencia para la aprobación de la LTAIP. La creación de una instancia regional a partir de órganos municipales integrados a ésta, no solo mostró que la fuerza de incidencia puede ser mayor, sino que también es posible

77 aportar una voz regional a criterios que usualmente son manejados desde la capital de la República.

4.1.2. Organizaciones de apoyo a los procesos de transparencia y acceso a la información pública, con énfasis en las ONGD.  El voluntariado social forjado en las comunidades ha sido construido con el apoyo de organizaciones –en su gran mayoría ONGD- que los han capacitado en un extenso listado de saberes, entre los que destacan (en función de esta investigación) los de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y auditorías sociales.  Gracias a esa capacitación, de manera explícita o implícita, la transparencia y el acceso a la información pública son ejes que atraviesan el quehacer de las organizaciones comunitarias cuando desarrollan auditorías sociales o participan en los cabildos abiertos y las rendiciones de cuentas de sus municipios.  El apoyo de las ONGD presentes en los municipios y departamentos y la articulación de instancias organizativas departamentales y regionales (como redes de mujeres, redes de transparencia o trabajos con mancomunidades) fortalece los liderazgos y da más sostenibilidad a las organizaciones comunitarias, que adquieren más independencia, criticidad y una visión prospectiva más clara.  Las ONGD son instancias de mediación para el ejercicio del derecho a la información y el acceso a la información pública. La LTAIP y la Ley de Municipalidades, portadoras legales de ambas prácticas, no se aplican en los municipios pobres con la sola voluntad de las alcaldías. Son impulsadas por los líderes de organizaciones que reivindican la transparencia (como las CCT, los CM, las redes de mujeres, diferentes grupos de sociedad civil, patronatos, etc.), y estos –a su vez- son capacitados por las ONGD con presencia regional o departamental (y en Tegucigalpa).  Las ONGD, junto a instituciones públicas clave en su momento, como el CONADEH, fueron instancias determinantes para impulsar las prácticas de transparencia y de demanda de información pública, mediante ejercicios comunitarios previos a la aprobación de la LTAIP (en 2006) y a la reforma de la Ley de Municipalidades (en 2009). Estas prácticas tuvieron su origen en la Región de Occidente, cuando se integraron las primeras comisiones de transparencia para vigilar la ayuda a los damnificados por el huracán Mitch, en 1998.

78  La labor de incidencia de las ONGD también fue decisiva para la aprobación de la LTAIP. Varias de ellas se integraron en la Alianza 72, una coalición formada para diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales para presionar a favor de la aprobación de la ley.

4.1.3. Municipalidades, como instituciones obligadas y a la vez demandantes de información pública.  Cuando los alcaldes acatan las disposiciones de informar sobre sus labores en cabildos abiertos lo hacen en cumplimiento a la Ley de Municipalidades como el instrumento jurídico que orienta principalmente su quehacer. Las alcaldías municipales asumen el rol de “instituciones obligadas” en función de la que consideran es su ley principal y no por lo que les ordena la LTAIP.  La LTAIP es menos conocida y estudiada en los municipios pobres del país. Esto, a la vez que es una debilidad, ha permitido que las crisis del IAIP no afecten la labor que desempeñan los líderes que luchan por la transparencia en sus comunidades ni la de las alcaldías.  La información pública que ofrecen las alcaldías municipales a los líderes y organizaciones vinculadas a labores de transparencia se relaciona principalmente con el manejo de los presupuestos del municipio, la realización de obras y proyectos y el uso de las transferencias.  Las municipalidades también pueden ser actores locales frente al gobierno central para demandar información pública que compete al desarrollo de sus regiones, municipios y comunidades, pero no existen datos sistematizados que precisen qué tipo de información demandan al gobierno, con qué frecuencia, quiénes ni con qué resultados.

4.1.4. Instituciones públicas obligadas que han sido identificadas.  Las instituciones obligadas con presencia en los municipios o en las regiones Central y Sur carecen, en general, de una cultura de acceso a la información pública y no reciben una demanda sistemática de información por parte de las alcaldías ni los ciudadanos. Las más activas son las vinculadas a educación y salud, que con frecuencia rinden cuentas en los cabildos abiertos e informativos, sobre todo cuando se involucran fondos municipales para el pago de plazas magisteriales.

79  Es posible que una de las razones para que las instituciones obligadas con presencia municipal y regional no rindan cuentas se vincule al hecho de que responden a una jerarquía central con asiento en la capital de la República, tanto en lo político como en lo administrativo.  Las instituciones públicas con más proyección en los municipios, en función de la vigilancia y la capacitación para la transparencia municipal -en primer lugar- y del acceso a la información pública -en segundo lugar- son el CONADEH, la Secretaría de Interior y Población y el Tribunal Superior de Cuentas. Las dos primeras se vinculan a los municipios a través de su trabajo directo con las CCT y los CM.

4.1.5. Instituciones garantes de la información pública, con énfasis en el IAIP.  El IAIP no tiene presencia municipal ni regional en el interior del país, por lo que su influencia es muy pobre y casual, lo que tiene como secuela principal un conocimiento muy débil de la LTAIP entre las autoridades municipales, los líderes comunales y la ciudadanía en general.

IV. 2. Barreras identificadas para el acceso a la información pública  Hay una escasa disposición de participación de los pobladores que viven en las zonas urbanas y una alta disposición de participación entre la población que vive en las zonas rurales pero que se encuentra dispersa geográficamente, mantiene altos niveles de pobreza y bajos niveles de escolaridad.  El acceso a la información pública no es reconocido como un derecho humano para las comunidades pobres, a pesar de que su ejercicio se aplica en el desarrollo de auditorías sociales, rendición de cuentas, cabildos abiertos, cabildos informativos, etc.  Los alcaldes y los ciudadanos y ciudadanas de los municipios pobres tienen un débil conocimiento de la LTAIP. Los líderes de las CCT, los CM, redes de mujeres y de otras organizaciones que luchan a favor de la transparencia y los alcaldes amparan fundamentalmente su quehacer en la Ley de Municipalidades.  La Ley de Municipalidades y la LTAIP no aluden entre si elementos que las vinculen en el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública, pese a que ambas son contemporáneas. La reforma a la Ley de Municipalidades de 2009, que reconoció legalmente a las CCT y a los

80 Comisionados Municipales, se aprobó tres años después de que fuera aprobada la LTAIP. En la práctica se observó que tampoco las autoridades y los líderes municipales manejan una visión de conjunto con relación a ambas leyes.  Las instituciones públicas presentes en los municipios y en las regiones occidental y central no asumen su rol de “instituciones obligadas”, como se les caracteriza en la LTAIP, y –desde el lado de la ciudadanía- de hecho se considera a las alcaldías municipales como las únicas que deben rendir cuentas de su quehacer con información pública y a las auditorías sociales, como el único mecanismo para demandar esa información pública.  Las instituciones obligadas de los municipios pobres, en particular sus alcaldías, no cuentan con oficiales de información pública a cargo de atender la demanda de información pública, ni con un personal capacitado para que ejerza esta función, que por lo general es asumida por los alcaldes o por uno de sus subalternos.  La información pública que se recibe no siempre reúne los estándares de calidad (ejemplo: proyectos sin desglose presupuestario, información muy general, perfiles de proyectos sin detalles o que después no coinciden con el producto final).  Existe una ecuación lógica que determina que a mayor articulación local y regional de las organizaciones de transparencia, mayor es la incidencia de los líderes para demandar el derecho de acceso a la información pública; y a la inversa; a mayor dispersión social menos presión para obtener información pública.  Plazos tardíos de entrega de la información pública que solicitan las organizaciones que luchan a favor de la transparencia, que por lo general abarca de antemano los diez días hábiles que contempla la LTAIP más los diez días hábiles de prórroga.  Ausencia regional del IAIP que acerque al instituto con los municipios más pobres del país, lo cual se ve agravado por el desconocimiento, por parte de los líderes comunales, de cuáles son las competencias de las instituciones públicas y a cuáles pueden acudir para resolver los problemas encontrados en las auditorías sociales, entre ellos la denegación de información pública.  Los líderes que luchan por la transparencia de los municipios pobres no se sienten motivados para darle seguimiento a los hallazgos de las auditorías sociales que practican, cuando para hacerlo procede acudir a otras

81 instancias públicas (como IAIP, fiscalías, tribunales, TSC, etc.) porque consideran que es un trámite largo, lento y engorroso para el que no cuentan con recursos económicos ni con la seguridad de obtener una respuesta final favorable a sus demandas.  La baja escolaridad de los líderes comunales y una cultura oral más desarrollada que la escrita, pero que no está contemplada por la LTAIP para solicitar información pública.  Falta de una visión estratégica y sostenible desde el gobierno central a favor del uso y empoderamiento de las TICs entre la población, particularmente la más pobre, lo cual genera un acceso muy limitado a la tecnología de la computación y el internet y esfuerzos malogrados, como los telecentros, que fueron impulsados en el pasado por la cooperación internacional y el gobierno, a través del COHCIT.  La presencia de un liderazgo social activo que corre el riesgo de ser capitalizado para intereses políticos.  El retiro paulatino de la cooperación internacional de los municipios pobres, en particular, y de Honduras, en general, y por lo tanto, de la ayuda a las organizaciones que median entre ésta y las comunidades.  Una sostenibilidad frágil de los procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública que se ve amenazada con el retiro de la ayuda internacional y el empobrecimiento de las comunidades, que constituye su principal capital.

4.3. Vías, mecanismos y herramientas más efectivas y sostenibles para mejorar el acceso entre las comunidades pobres y/o marginadas (con visión de pertinencia en el ámbito nacional). “El derecho que a los servidores públicos se les ha dado para guardar la información pública, nos pertenece a nosotros”. Una líder de transparencia de San José, La Paz.

Este es uno de los objetivos que se propuso esta investigación, tomando en cuenta no solo la realidad que se encontró en los municipios investigados, sino también el contexto nacional dentro del cual se desenvuelven estos.

82 Al respecto, la investigación identificó tres escenarios fundamentales dentro de los cuales pueden promoverse cambios para el mejoramiento del acceso a la información pública y la transparencia: 1. Los municipios mismos, dentro de los cuales se incluye a sus comunidades y líderes sociales y a sus gobiernos locales y líderes políticos; 2. El IAIP como el órgano que vigila el cumplimiento de la LTAIP, pero con muy escasa presencia, por no decir nula, en los municipios pobres del país; 3. Los facilitadores externos, representados por la cooperación internacional como el gran paraguas de apoyo financiero y las ONGS como los referentes de mediación ante los municipios y regiones. Pero son los municipios, con todos sus actores sociales involucrados, el escenario que en definitiva marca la ruta y el ritmo de este trabajo, como los depositarios del Derecho a la Información. Asimismo, debe entenderse que la lucha contra la corrupción no puede darse sin transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. El punto principal es cómo avanzar en este trabajo. Este es un punto de partida para enfocar las zonas de trabajo de manera conjunta y proponer ayuda a los municipios.

4.3.1. Para los municipios (comunidades y gobiernos locales)  Explorar áreas en que la ciudadanía y las municipalidades puedan tener un claro interés compartido de acceso a información pública, y fomentar el trabajo en conjunto (esto puede ser particularmente relevante en temas que se manejan de manera más centralizada en el país). Esto ayudará a generar mayor confianza entre gobiernos locales y sociedad civil, y ayudará a profundizar la valoración de la transparencia y acceso a la información.  Generar mayor interés entre la ciudadanía, visibilizando la importancia y efecto transformador del acceso a la información pública en uno o dos temas prioritarios. Al percibir el impacto que puede tener el acceso a la información, se generarán mayores condiciones para asegurar un interés sostenido entre un grupo más amplio de ciudadanos.  Se debe fortalecer la cultura informativa para el funcionario público y el acceso a la información pública para la ciudadanía, mediante la transversalización del acceso a la información pública y la transparencia en todos los proyectos de los municipios pobres y una capacitación sobre este tema con un enfoque de género, de etnias, de edad y de grupos más vulnerables.  Analizar las posibilidades (ventajas y desventajas) de crear mancomunidades o asociaciones de municipios pobres por la transparencia

83 y acceso a la información pública, que potencie las capacidades técnicas, el conocimiento, la incidencia y el ejercicio de este derecho ante las instituciones obligadas. Esta iniciativa se plantea como la integración de mancomunidades y no tanto de redes tomando en cuenta que existe un asidero legal para las mancomunidades que puede generar más compromiso por parte de los actores públicos y sociales y concitar más el interés de la cooperación internacional para respaldarla. Al respecto, la Ley de Municipalidades destaca que las mancomunidades atienden “programas, proyectos y servicios de interés prioritario, que permiten a sus miembros abordar de manera conjunta problemas que no pueden afrontarse individualmente”.  A través de las mancomunidades para la defensa del acceso a la información pública; potenciando las organizaciones ya existentes (como las redes de mujeres, las redes departamentales y regionales de transparencia, las redes de sociedad civil, las CCT y los CM); o –en última instancia- creando redes de transparencia y acceso a la información pública podría realizarse lo siguiente: Con respecto a la LTAIP o Monitorear el desempeño del IAIP y sistematizar informes públicos sobre sus resultados. La vigilancia de la sociedad civil desde los municipios pobres al ente regulador de acceso a la información pública empodera también a estos en ese derecho, además posibilita generar un proceso desde abajo y sostenido que corrija la práctica de evaluar al instituto cada cinco años, cuando se elige a sus comisionados, y de incorporar la participación de los más pobres en la elección de comisionados que los representen. o Socializar la LTAIP, la comprensión del acceso a la información pública como un derecho humano, su vinculación con la lucha contra la corrupción y ejercitar la aplicación de la ley. o Canalizar apoyo para capacitaciones en transparencia y acceso a la información pública a ciudadanos, estudiantes, líderes, alcaldes y regidores, equipos técnicos municipales, instituciones obligadas, etc. o Crear el perfil del servidor público que debe atender y apoyar las demandas de información pública en los municipios (empezando por las alcaldías), sin pretender crear plazas que exijan presupuestos, pero si capacidades y conocimientos. o Homologar sistemas de presentación de la información de oficio que cubran las expectativas señaladas en el artículo 13 de la ley, que a su vez se adapten a la cultura oral o visual de las comunidades y al bajo presupuesto de las alcaldías. O –que en todo caso- estén disponibles de manera inmediata para quien demande de esa información.

84 o Ampliar la demanda de acceso a la información pública a otras instituciones obligadas, tanto con presencia en el municipio, como centralizadas. o Prever que en una futura ley de archivos, la información pública sea transferida a los archivos municipales y organizada para la vista pública. o Es importante que los municipios pobres cuenten con un OIP o con alguien capacitado para atender las demandas de información pública, bajo el entendido de esto por sí solo no garantiza más calidad de la información ni acceso a la misma, si no existe una construcción ciudadana y pública de transparencia y acceso a la información pública.

Con respecto a la Ley de Municipalidades o Promover la formulación de un código de ética para las CCT y los comisionados municipales que, tomando en cuenta las competencias que les otorga la Ley, les permita a sus miembros orientar su quehacer en armonía con las corporaciones municipales, pero sin que pierdan su independencia y capacidad crítica con relación al quehacer que ambas desarrollan. o Socializar el espíritu del derecho de acceso a la información pública que debe prevalecer en las auditorías sociales que practican las CCT, los CM y otras organizaciones municipales, departamentales y regionales. o Potenciar las capacidades de las unidades técnicas municipales para que la información pública que se ofrece en los cabildos abiertos, en los murales de transparencia y en otros medios abiertos sea sencillo y de calidad. o Contar con técnicos para las comunidades que apoyen a las CCT en la interpretación y entendimiento de la información pública y su aplicación para las auditorías sociales que realizan. o Contar con facilitadores que animen la continuidad de los procesos de auditoría social una vez que se agotan los recursos de acceso a la información pública dentro del municipio. Con respecto a la ciudadanía o En su trabajo a favor de la transparencia, las CCT deben ser también promotoras del derecho de acceso a la información pública, en apoyo a otras instancias ciudadanas, o ciudadanos particulares.

85 o Las CCT deben salir de las alcaldías municipales, ir más allá, no dejar que quienes manejan proyectos en sus municipios no rindan cuentas sobre lo que hacen. En tal sentido, el acceso a la información pública debe avanzar a la fiscalización y vigilancia de los recursos naturales de los municipios, que son muchos y poco atendidos, como la extracción de arena de los ríos, los minerales, los bosques, etc. o Apostar por el relevo generacional, dirigiendo capacitaciones en acceso a la información pública y transparencia a los jóvenes, a partir de un punto de interés común entre ellos: el acceso a tecnologías. La brecha digital puede estrecharse no por la vía de las computadoras, sino por la de una tecnología aún más universal: la telefonía celular. o Innovar contenidos aprovechando la universalidad de la tecnología celular en los municipios pobres. Establecer una alianza con TIGO, Claro, Digicel y/o Hondutel, para crear un call center de consultas gratis por mensajes sobre demandas de información. o Avanzar hacia la tecnificación de la información pública de los municipios, mediante portales de transparencia compartidos, con el apoyo del IAIP. o Fortalecer alianzas estratégicas con el IAIP y otras instituciones o dependencias de gobierno que atienden la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información pública, y con las ONGD y agencias de cooperación internacional presentes en las regiones, para posibilitar el acceso ciudadano a la información pública. o Incorporar a la currícula escolar de los municipios el tema de transparencia y acceso a la información pública, a través de la capacitación a maestros y personal de educación. o Capacitar a las redes de mujeres de los municipios pobres en acceso a la información pública y transparencia, a partir de vincular ambos temas con su vida cotidiana y su labor como organizaciones. o Establecer alianzas con las organizaciones étnicas presentes en los municipios pobres o regiones para impulsar proyectos de capacitación en acceso a la información pública y transparencia.

4.3.2. Para el IAIP  La socialización de la LTAIP debe hacerse con una visión estratégica que responda a procesos sociales en las comunidades y a sus necesidades. Que posibilite espacios para reflexionar sobre la realidad del país y de las comunidades, y su acción vinculante con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Que contribuya a romper los temores de la gente a pedir información y de los funcionarios a darla.

86  Prever espacios de atención y formación a los jóvenes, ubicando sus quioscos móviles en colegios e institutos para propiciar capacitaciones no formales sobre la ley y su ejercitación. Que los jóvenes aprendan sobre la LTAIP manejando las computadoras.  El IAIP debe ser un facilitador de transferencias tecnológicas mínimas a los municipios pobres, para que las alcaldías municipales hospeden sus portales en el servidor de IAIP y que desde cualquier lugar se vea lo que están haciendo. El portal de transparencia único debe asumir como prioridad apoyar a quienes carecen de tecnología. El acceso a la tecnología no garantiza por sí solo el acceso a la información pública pero la puede facilitar.  Dar continuidad al proyecto de la gestión pasada de establecer un centro de atención ciudadana, mediante quioscos móviles equipados, que podrán visitar los municipios pobres para lograr que la gente de la comunidad conozca el acceso tecnológico a la información pública, recibir una capacitación mínima sobre la ley, pero sobre bases prácticas, a través de las cuales pueda presentar solicitudes y gestionar una alianza con actores locales y de gobierno para la instalación de una oficina enlace permanente del IAIP en las distintas regiones del país, que no solamente dé visibilidad y acceso a la institución, sino que sirva para fomentar una mayor demanda por sus servicios y valoración entre la sociedad.  En una alianza con la AMHON, el IAIP puede elaborar afiches explicativos sobre las funciones del CCT y el CM, y garantizar su distribución y colocación en las instituciones públicas, en las oficinas de las CCT, en ONGD, en las alcaldías, y en espacios de confluencia dentro de los municipios pobres.  Elaborar módulos de autoaprendizaje y acceso a la información pública sobre la LTAIP, en CD, que puedan repartirse en los colegios e institutos de los municipios pobres, para que aprendan sobre este derecho y lo ejerciten.  En vista del limitado alcance geográfico y presupuestario del IAIP, se sugiere que éste establezca alianzas con otras instituciones que también promueven la transparencia y el acceso a la información pública, como por ejemplo: la AMHON, el CONADEH, las secretarías de Interior y Población y de Justicia y Derechos Humanos y el TSC, para la socialización y cumplimiento de la LTAIP. Por ejemplo, el TSC puede contribuir a la devolución de la confianza institucional si en alianza con el IAIP certifica la veracidad de los portales de transparencia en lo que concierne a

87 contrataciones, licitaciones y otros trámites administrativos de las instituciones obligadas que pasan bajo su supervisión. Bajo este criterio, las municipalidades o las mancomunidades de acceso a la información pública podrían obtener información de más calidad. Esto debe formar parte de una nueva etapa institucional del IAIP que no solo valore quiénes cumplen con los portales de transparencia, sino con qué calidad de información. Con el CONADEH, el IAIP puede impulsar capacitaciones para promover la demanda de información pública o para formar a los servidores públicos en acceso a información pública.  Apoyar una reforma a la LTAIP y su reglamento a favor de simplificar los procedimientos para la petición de información pública, que permita a los demandantes de los municipios pobres solicitar información verbal y sin necesidad de identificarse, eliminando así cualquier ritual formalista del que se acogen muchas instituciones. O, en su defecto, garantizar que quien los atienda canalice por escrito y correctamente la información peticionada.  Promover la aprobación de una ley de archivos que garantice la preservación de la información pública.

4.3.3. Para las ONGD y la Cooperación Internacional  No anular la participación de líderes que viven en comunidades aisladas pero que terminan retirándose por no poder movilizarse a las reuniones o a las auditorías sociales y analizar la posibilidad de impulsar la creación de Comisiones Comunitarias de Transparencia, también electas por sus comunidades, que realicen labores de verificación en sus zonas, sirvan de enlace con las CCT, y cumplan otras funciones que potencien el trabajo en las zonas donde viven.  La presencia de las organizaciones de apoyo y acompañamiento para los municipios pobres es una condición para que sobrevivan las iniciativas comunitarias, pues se trata de comunidades tan relegadas que su prioridad es subsistir.  Realizar un análisis comparativo y vinculante entre la LTAIP, la Ley de Municipalidades, y otras leyes de relevancia para los municipios (del TSC, por ejemplo), en lo relativo a transparencia y acceso a la información pública.

88  Contribuir a las capacitaciones sobre la LTAIP y a formar facilitadores comunitarios en el tema.  Facilitar la discusión en las redes de transparencia para esclarecer el tema de asignación de recursos a la CCT por parte de las alcaldías, porque si unas reciben fondos y otras no pareciera obedecer a la relación buena o mala que mantienen con cada alcalde.  Revisar y reeditar la versión popular de la LTAIP y una versión audiovisual, y establecer alianzas con los medios locales para su transmisión por capítulos.  Gestar un proceso de continuidad con el trabajo de las CCT a niveles departamentales, regionales y nacionales, tendiente a formular un código de ética, que las preserve por su cercanía a los políticos y a los alcaldes  Propiciar encuentros periódicos entre quienes hacen auditorías sociales, por departamentos o regiones, para el intercambio de experiencias.  Establecer coordinación de instituciones no gubernamentales presentes en las regiones, que abogan por el tema del acceso a la información pública o tienen conciencia de su valor.  Incidir en una conceptualización clara y completa sobre los vínculos de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en el anteproyecto de la nueva Ley de Municipalidades que se está socializando.

89

V. ANEXOS ANEXO No. 1. Número de habitantes, aldeas, caseríos, barrios y colonias de los municipios investigados Departamento

Comayagua Subtotal

La Paz

Región Central

Subtotal

Intibucá

Subtotal SUBTOTAL REGIÓN

Región Occidental

Copán

Subtotal

Municipio

No. Habitantes

Aldeas

Caseríos

Barrios/ Colonias

Procedencia de la población Rural Urbana

11,374 118,406 21,312 3,326 85,213 239,631 La Paz 41,250 Marcala 33,402 San José 9,394 San Pedro 6,411 Tutule Santa María 9,912 100,369 Intibucá 54,321 Jesús de 28,803 Otoro La Esperanza 8,946 San Juan 14,587 Yamaranguila 21,640 128,297 468297

4 40 22 3 28

42 358 134 44 143

10 60 17 ND 46

34% 39% 76% 50% 37%

56% 61% 24% 50% 62%

9 3 4 5

93 87 48 48

10 21 ---

35% 59% 81% 81%

65% 41% 19% 19%

9

46

--

92%

8%

20 6

135 122

11 4

69% 70%

31% 30%

5 4 22

47 48 87

13 ---

35% 87% 91%

65% 13% 9%

Nueva Arcadia San José San Juan de Opoa San Nicolás San Pedro de Copán

42,743

13

101

20

40%

60%

6,134 8,792

6 16

40 62

---

68% 79%

32% 21%

6,544 6,482

7 6

14 48

6 1

45% 92%

55% 8%

Ajuterique Comayagua La Libertad San Sebastián Siguatepeque

68,465

90 Departamento

Lempira

Municipio

No. Habitantes

Aldeas

Caseríos

Barrios/ Colonias

Procedencia de la población Rural Urbana

Belén Gracias Las Flores Lepaera Talgua

6,148 49,798 9,580 38,200 10,181 113,907 8,455 4,534 21,089 20,824 4,639 59,541

5 23 10 45 14

51 168 40 149 50

-12 -NS --

92% 69% 88% 84% 92%

8% 31% 12% 16% 8%

8 4 9 14 8

46 46 98 111 34

--10 13 --

80% 62% 46% 59% 77%

20% 38% 54% 41% 23%

Subtotal

Ocotepeque Subtotal SUBTOTAL REGIÓN TOTAL

La Labor Lucerna Ocotepeque San Marcos Santa Fe

241,913

710210

Fuente: Propia, en base a estadísticas del INE 2001 y la ENEE 2011.

91 ANEXO NO. 2. Mancomunidades y Asociaciones de Municipios a los que pertenecen los municipios investigados Fuente: Propia con datos proporcionados por AMHON

MUNICIPIO Ajuterique Belen Comayagua Gracias

Intibucá Jesús de Otoro

La Esperanza La Labor La Libertad La Paz

Las Flores

Lepaera Lucerna Marcala

MANCOMUNIDAD/ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS MANSUCOPA Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz COLOSUCA Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira MAMTRUCCENTRAL Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central COLOSUCA Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira MAPACE Mancomunidad de Municipio Parque Nacional Montaña de Celaque No aparece MAMTRUCCENTRAL Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central MAMUNI Mancomunidad de Municipios del Norte de Intibucá No aparece GUISAYOTE Mancomunidad de Guisayote (Reserva Biológica) MAMUDEC Mancomunidad para la Protección de la Zona de Reserva y Embalse de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán MAMTRUCCENTRAL Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central MANCEPAZ Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz MANSUCOPA Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz PUCA Mancomunidad PUCA MAPACE Mancomunidad de Municipio Parque Nacional Montaña de Celaque PUCA Mancomunidad PUCA GUISAYOTE Mancomunidad de Guisayote (Reserva Biológica) MANCEPAZ Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz

92 Nueva Arcadia

CHORTI Mancomunidad de Municipios del Norte de Copán - (Chortí: Cultura viva nativa de la zona) MANCOSAB Mancomunidad de Municipios de Copán y Santa Bárbara. AMVAS Ocotepeque Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa GUISAYOTE Mancomunidad de Guisayote (Reserva Biológica) San José, La Paz MANCEPAZ Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz San José, Copán CENOCOP Mancomunidad de Municipios del Centro Norte de Copán HIGUITO Consejo Intermunicipal Rio Higuito MANCURISJ San Juan Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan San Juan de CENOCOP Mancomunidad de Municipios del Centro Norte de Copán Opoa SENSENTI San Marcos Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti CHORTI San Nicolás Mancomunidad de Municipios del Norte de Copán - (Chortí: Cultura viva nativa de la zona) MANCOSAB Mancomunidad de Municipios de Copán y Santa Bárbara. San Pedro de HIGUITO Consejo Intermunicipal Rio Higuito Copán MANSURCOPAN Mancomunidad de Municipios del Sur de Copán San Pedro MANCEPAZ Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz Tutule No aparece San Sebastián AMVAS Santa Fe Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa MANCEPAZ Santa María Mancomunidad de Municipios del Centro de la Paz AMUPROLAGO Siguatepeque Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia MAMTRUCCENTRAL Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central HIGUITO Talgua Consejo Intermunicipal Rio Higuito MANSURCOPAN Mancomunidad de Municipios del Sur de Copán PUCA

93

Yamaranguila

Mancomunidad PUCA (PUCA: Refugio de Vida Silvestre) MAPACE Mancomunidad de Municipio Parque Nacional Montaña de Celaque MANCURISJ Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan

94 ANEXO NO. 3. Lo que produce y lo que diferencia a cada municipio Fuente: Datos proporcionados en talleres departamentales.

MUNICIPIO ¿QUÉ PRODUCE? ¿QUÉ LOS DIFERENCIA? Departamento de Copán Se dedica a la agricultura de El MIDEL ha impulsado la San José los granos básicos y, en menos escala, al cultivo del café y cuidado del ganado. San Juan de Cultiva café, caña y granos básicos. Opoa

Región Occidental

San Nicolás

Produce café (una producción anual aproximada de 18 mil quintales), con actividad ganadera y talleres de alfarería.

San Pedro Su producción principal es el cultivo de café, y en menos Copán escala, de maíz, frijoles y la producción ganadera.

Nueva Arcadia

Su rubro principal es el comercio, lo que lo vuelve un municipio de mucha actividad, con un flujo dinámico de población flotante, sede de empresas y hoteles y de algunas fábricas de ropa. Las aldeas se dedican a la agricultura, la ganadería y el cultivo de café. Departamento de Lempira No dijeron Belén

formación de microempresas de artesanías de madera y barro y de bisutería. Se dedica, en menor escala, a la ganadería, la artesanía de hojalata y la balconería. Cuenta con una red de mujeres con microempresas de repostería, pastelería y envasados; microempresas de grupos campesinos y un comité de protección a los derechos de la niñez, impulsado a través de Plan Honduras. Es de los más pequeños de los municipios del departamento de Copán, muy vinculado a Nueva Arcadia, al cual asiste con su fuerza laboral. Ha sido afectado por el narcotráfico. La OMM ha organizado una red de mujeres en quince comunidades con microempresas dedicadas a elaborar pan, engorde de animales y cría de pollos. Es conocido también como La Entrada, quizá porque abre el paso al trayecto que lleva hacia Copán Ruinas, hacia Santa Rosa de Copán y hacia San Pedro Sula y Santa Bárbara. En los últimos años se le ha considerado un municipio de riesgo, por el narcotráfico. Tiene un enorme potencial turístico, por su belleza natural,

95 MUNICIPIO

Gracias

Las Flores

¿QUÉ PRODUCE?

Su población rural se dedica a la agricultura, en particular el cultivo del café; su parte urbana es zona de confluencia indígena y de mucho comercio, lo que atrae también el movimiento de emigrantes, en busca de negocios o con rumbo a los puntos fronterizos. Esta condición estaría provocando inseguridad en el municipio. Produce café y plátanos. Se dedica también a la ganadería y la producción de lácteos.

Lepaera

Es productor de café, hortalizas, y maíz. También se dedica a la ganadería.

Talgua

Es agrícola, sus principales cultivos son el maíz, los frijoles y el café.

Departamento de Ocotepeque Eminentemente rural, La Labor dedicado al cultivo de café, granos básicos, hortalizas y papas.

¿QUÉ LOS DIFERENCIA? su pasado histórico, su riqueza forestal e hídrica. Cuenta con carretera pavimentada, lo que la hace de fácil acceso. Es la cabecera departamental de Lempira, por lo tanto tiene una presencia institucional mayor que el resto de municipios departamentales, tanto del Estado como no gubernamentales. Es un destino turístico por sus aguas termales y su pasado colonial, del que conserva algunos vestigios. Como parte de la reserva de Puca, está dotada de aguas termales, es rica en minas de oro y ópalo, y guarda de su haber precolombino piedras talladas, y del colonial, una iglesia. Su producción cafetera destaca a nivel nacional e internacional, como ganador varias veces de la “Taza de Excelencia”. Su actividad cafetera pujante le permite contar con carreteras de acceso a la mayoría de sus aldeas, transitables la mayor parte del año. Guarda una interdependencia comercial con Las Flores. Está impulsando proyectos de piscicultura, huertos familiares, crianza de gallinas y construcción de fogones mejorados. Sus habitantes han defendido la Reserva de El Güisayote, que le provee de agua, pero que ha intentado ser explotada gracias a su riqueza mineral. La fecundidad de sus tierras permite que abastezca al municipio de San Marcos.

96 MUNICIPIO Lucerna

Ocotepeque

San Marcos

28

¿QUÉ PRODUCE?

¿QUÉ LOS DIFERENCIA?

Eminentemente rural. Se No tiene un instituto para dedica al cultivo de piña, café y educación media, el más granos básicos. próximo está en La Labor y Ocotepeque. En el casco urbano su actividad Es cabecera departamental de principal es el comercio, en las Ocotepeque y enlace de aldeas, la siembra de cebolla, Honduras para el Plan Trifinio28. repollo, hortalizas y flores, Por estar en una zona fronteriza, productos que abastecen a su mantiene un comercio urbano vez los mercados de la ciudad muy activo, lo que atrae a una de San Pedro Sula y de El población flotante de forasteros y Salvador. migrantes. Carece de un hospital, por lo que sus habitantes son atendidos en los poblados de Guatemala y El Salvador. En materia educativa, fue evaluado por la Secretaría de Educación, en 2010, en primer lugar de rendimiento escolar a nivel nacional, pero, los participantes consideraron que, al igual que en el resto del país, la calidad de educación de su municipio es deficiente y no cubre el 70% deseado.29 En su casco urbano tiene como Fronterizo a Guatemala, atrae la actividades principal el migración y según aseguran, comercio; las aldeas se dedican algún nivel de inseguridad y al cultivo de café, granos delincuencia. básicos y hortalizas. Posee un hospital, centro de salud y clínicas privadas. El movimiento de capitales que genera el comercio, facilita la existencia de educación privada.

El Plan Trifinio nació de una preocupación por conservar el bosque nuboso que corona el Macizo de Montecristo, en torno del punto de confluencia de las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron, el 12 de noviembre de 1986, un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para elaborar un plan de desarrollo integral para la región de confluencia de las fronteras de los tres países. El Plan Trifinio cubre una extensión territorial de 7,367 km2 (13% de la superficie total de los tres países), de los cuales 3,034 son de Honduras, y una población que representaba en su momento, aproximadamente 3% de la población total de los tres países. 29 Fuentes: http://old.latribuna.hn/2011/05/19/ocotepeque-tiene-los-mejores-indices-en-educacion-enhonduras/ y Taller Comunitario en La Labor, Ocotepeque, realizado el 5 de junio de 2012.

97 MUNICIPIO Santa Fe

¿QUÉ PRODUCE?

No llegaron los participantes Departamento de Comayagua La parte baja del municipio es Ajuterique altamente agrícola, la alta, además de agrícola, es cafetalera. Produce café, granos básicos y La Libertad se dedica a la ganadería.

San Sebastián Agrícola y ganadero. Produce

Región Central

rosquillas, pan y productos lácteos, en pequeñas empresas de mujeres. Produce hortalizas orientales para exportación (chile, pepino, calabaza, etc.).

Siguatepeque

Comayagua

Es una ciudad con mucho dinamismo comercial Su clima agradable, con muchos pinares, le da un atractivo turístico. .

No participaron Departamento de Intibucá

¿QUÉ LOS DIFERENCIA? Hay un fuerte profesionales.

sector

de

Conocido antes como La Ensenada, tiene topografía irregular, y posee un arrecife de moluscos fosilizados que dan un potencial turístico no aprovechado. Su suelo es vulnerable. En 1998, el huracán Mitch, y posteriormente la Tormenta 16, arrasaron dos de sus barrios. La instalación de un invernadero para producción hortícola (propiedad de Miguel Facussé) absorbe la mano de obra local. Los cultivos son cuidados con agua de riego y mantiene una producción permanente de hortalizas, que también sirven para el consumo interno. Se le considera un municipio seguro, pero el paso del canal seco hace temer que la seguridad decaiga. Su ubicación, equidistante a Tegucigalpa y San Pedro Sula, la convierte en un punto de encuentro. También da paso a la carretera de Occidente. Desde hace muchos años atrajo a misioneros protestantes para establecer hospitales y centros de formación teológica. Cuenta con varias opciones educativas, que incluye cinco universidades, tres de ellas privadas, y una –única en el paíspara la formación de dasónomos

98 MUNICIPIO Intibucá

Jesús Otoro

¿QUÉ PRODUCE?

¿QUÉ LOS DIFERENCIA?

Es agrícola, dedicado a la siembra de maíz, frijoles, papa, café y hortalizas y el cuidado de aves de corral.

Está situada a la par de La Esperanza, y es su municipio gemelo, pero las condiciones de vida de sus pobladores son de más extrema pobreza, porque históricamente ha sido asiento de comunidades indígenas de origen lenca y porque es mayoritariamente rural. Está ubicado entre La Esperanza y Siguatepeque. En los últimos años su comercio se ha enriquecido con inversión foránea que ayuda a mejorar la fuente de ingresos de sus nativos. Cuenta que con muchas organizaciones sociales, pero débiles y no sostenibles.

de Tiene un comercio muy fluido.

La Esperanza

San Juan

Yamaranguila

Produce café, arroz y granos básicos.

Aunque los representantes del municipio de Intibucá hacen una diferencia con los de La Esperanza y se consideran menos privilegiados, los participantes de este municipio lo autodefinieron de “extrema pobreza”, con un alto índice de migrantes a los Estados Unidos. En su zona rural se siembra maíz, frijoles y papa en pequeña escala. Su patrimonio principal es la agricultura, en especial el café. Muchos emigran a los Estados Unidos.

Muchas familias que trabajan la tierra lo hacen en calidad de jornaleros, porque no son dueños de ella, y ésta pertenece a latifundistas del Occidente del país, dedicados a la caficultura. Los jornaleros de San Juan se dedican al cultivo, abono y corte de café. Cultiva granos básicos, papas, Está dividido en tres zonas: alta caña de azúcar, árboles frutales (productiva), media (ganadera y y hortalizas. cafetalera, con población que se moviliza a trabajar a La Esperanza), y baja (de clima cálido, tierras áridas, y el de más extrema pobreza). Cuenta con riqueza forestal

99 MUNICIPIO

¿QUÉ PRODUCE?

¿QUÉ LOS DIFERENCIA? conífera en la zona media, y latifoliado en la zona alta, donde a su vez está la reserva de Los Cedrales y nacen todos los proyectos de agua potable que abastecen el municipio.

Departamento de La Paz Su principal producción es el La Paz café, pero también cultiva hortalizas orientales para la exportación.

Santa María

Es una zona cafetalera, cuya producción es vendida a intermediarios por lo aislado del lugar. Su producción en granos básicos es escasa, pero cultiva plátanos, naranjas, yuca y caña, para la subsistencia familiar.

San José

Se dedica a la producción de café a pequeña escala, y con un escaso acceso a la tierra por parte de los productores que se dedican a este rubro. La producción del café ha permitido que los productores estén bien organizados en todas las aldeas del municipio.

No participaron Marcala San Pedro No participaron Tutule

Es la cabecera departamental de La Paz. Produce artesanías, en barro, madera y cuero, y panadería y tostado de café, liderado por mujeres. Su ojo económico es Planes, que es donde se concentra el comercio, por lo que es la única comunidad del municipio que cuenta con acceso por calle pavimentada a Marcala. Planes es un centro de abasto para los pobladores de la zona montañosa, entre ellos los del municipio aledaño de San José. No obstante, el negocio que representa su comercio es explotado por foráneos. Se ubica a seis kilómetros de la carretera pavimentada, lo que le da un fácil acceso para el intercambio comercial, sin embargo, es un municipio muy pobre. Una de sus principales riquezas naturales es la reserva de El Jilguero, que es una zona montañosa.

100

ANEXO NO. 4. Compañías de cable, canales de TV y emisoras municipales. Fuente: Datos proporcionados en talleres departamentales. DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Comayagua

La Libertad

Intibucá

La Paz

COMPAÑÍAS CABLE PARA TV

DE

CANALES DE TV

ESTACIONES DE RADIO

REGIÓN CENTRAL Compañía de cable 1 canal local 2 emisoras local San Sebastián Compañía de cable de No tiene No tiene Comayagua locales Siguatepeque 2 compañías de cable 8 emisoras (una católica) Intibucá Solo en el casco No No urbano existe el servicio. Quienes tienen un TV colocan antenas y quienes pueden, contratan los servicios de Claro La Esperanza Solo en el casco No No urbano existe el servicio. Quienes tienen un TV colocan antenas y quienes pueden, contratan los servicios de Claro San Juan Existe un servicio No No privado para el centro del municipio y dos aldeas. Con antena solo entran los canales de El Salvador. Quienes pueden, contratan el servicio de Claro. Yamaranguila ND ND ND La Paz Dos compañías. Un canal Tres emisoras local (una religiosa y dos comerciales) San José Servicio solo para No hay Radio cuatro comunidades Realidad del casco urbano. Comunitaria, que transmite de 3 a 9 PM

101 DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Santa María

Copán

COMPAÑÍAS CABLE PARA TV

DE

CANALES DE TV

Dos empresas Un canal privadas y el servicio local con de antenas de Claro. transmisión de una hora diaria. REGIÓN OCCIDENTAL Nueva Arcadia Hay dos empresas de Hay 6 la zona y la mayor canales de parte de las aldeas TV locales tiene el servicio o (9, 12, 13, antena. 20, 21 y 23)

ESTACIONES DE RADIO

No hay

Hay emisoras (Sideral, Nueva, Estéreo Estéreo Radio Cultural) San José En todas las No hay No comunidades hay canales emisoras acceso a cable y en el propios propias casco urbano Cablecolor San Juan de Algunas aldeas se han No hay No Opoa organizado para crear canales emisoras una empresa propios propias comunitaria de alquiler de canales por sky. Luego siguen el patrón común: en el casco urbano hay acceso y solo en algunas de las aldeas. San Nicolás Hay una empresa de No hay No la zona y la oferta de propios propios cable de Claro San Pedro Hace diez años se No hay No integró una empresa canales emisoras comunitaria de propios propias alquiler de canales, pero fue privatizada para mejorar la oferta de canales, sin embargo fueron subiendo los costos (de 30 que eran originalmente a 150 lempiras) En las zonas

5 La Sol, 95,

hay

hay

hay

hay

102 DEPARTAMENTO

Lempira

MUNICIPIO

Belén Lempira Gracias

Las Flores Lepaera

Talgua

Ocotepeque

La Labor

Lucerna

Ocotepeque

San Marcos

COMPAÑÍAS CABLE PARA TV

DE

CANALES DE TV

cafetaleras opera Claro Hay una compañía No local Hay una compañía Un canal local y las aldeas contratan servicio de Claro o Sky

Hay una compañía No local de cable. Dos compañías Un canal. venden la señal.

ESTACIONES DE RADIO

Una evangélica 6 emisoras: dos evangélicas, dos católicas y dos comerciales No Había una emisora, pero su frecuencia fue vendida y trasladada a Gracias No

Una compañía ofrece el servicio de cable, pero no se encuentra en el municipio. Se comercializa una compañía de cable de San Marcos

No

Dos compañías de cable, una en la aldea de Santa Rosita y otra en el casco urbano de Lucerna Tres compañías de cable

No hay No hay canales estaciones propios propias

Dos compañías cable

No hay No hay canales estaciones propios propias

3 canales

de 2 canales

7 emisoras (dos son religiosas) 4 emisoras (una es religiosa)

103 ANEXO 5. Acceso a Internet en los municipios investigados Fuente: Datos proporcionados en talleres departamentales.

DEPARTAMENTO Comayagua

Intibucá

La Paz

Región Occidental Copán

MUNICIPIO ¿HAY ACCESO A INTERNET? Región Central Comayagua Sí, con varios cibercafé , modem y suscripción La Libertad No San Sebastián No Siguatepeque Sí, con varios cibercafé , modem y suscripción Intibucá Sí, con varios cibercafé , modem y suscripción, en su casco urbano Jesús de Otoro Sí, con varios cibercafé , modem y suscripción La Esperanza Sí, con varios cibercafé , modem y suscripción San Juan No Yamaranguila No La Paz La biblioteca municipal ofrece el servicio gratuito a estudiantes, con cinco computadoras. Las opciones privadas son variadas: desde cibercafés, módem, y compañías de Tegucigalpa que han extendido su servicio al municipio. San José La biblioteca municipal contaba con el servicio, pero se perdió el telecentro. Hay dos cibercafé que ofrecen acceso. Santa María En Planes, que es la comunidad más próspera del municipio, reportaron que solo las familias con recursos tienen acceso. Nueva Arcadia San José

En la parte urbana, en las instalaciones comerciales y los grandes negocios.

Con el cambio de gobierno (2010) se perdió el Telecentro. Los participantes identifican que solo una persona posee el servicio, hay un cibercafe y quienes tienen computadora y capacidad económica, mantienen un modem. San Juan de Sólo en la alcaldía municipal y la biblioteca

104 Opoa San Nicolás

Lempira

Ocotepeque

Hay dos cibercafé en el casco urbano y una empresa de televisión que ofrece también servicio de cable. Entre los organismos públicos que cuentan con el servicio están: Alcaldía, CMT, OMM y CEB San Pedro La municipalidad conservó el Telecentro y lo convirtió en la biblioteca comunal con diez computadoras, el instituto tiene 15 computadoras con servicio de Internet, el CEB tiene el servicio de Internet y hay dos cibercafé Belén Lempira Con router Gracias A través de Hondutel y otras empresas Las Flores No Lepaera Un ciber café y a través de módem Talgua No La Labor Sólo a nivel privado y en el casco urbano Lucerna Sólo a nivel privado y en el casco urbano Ocotepeque A nivel privado y en la biblioteca municipal San Marcos Hay cybercafés y quienes tienen computadoras utilizan MODEM de Tigo y Claro

105 ANEXO No. 6 Boleta de entrevista realizada a alcaldes de municipios pobres NOMBRE: ___________________________________________ MUNICIPIO: _________________________________________ FECHA: _____________________________________________ LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ENTREVISTA: ______________________________ 1. ¿Desde cuando se desempeña cómo Alcalde Municipal? 2. ¿Fue reelecto u ocupó el puesto de alcalde con anterioridad? 3. ¿Ocupó antes algún puesto en la Alcaldía? En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles? 4. ¿Cuál es su trayectoria política y social previa a ser alcalde? 5. ¿Cuáles son las leyes que Ud. tiene más presentes cuando ejerce su mandato como alcalde? a) b) c) 6. ¿Qué opinión le merece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública?? 7. ¿Existe una Comisión de Transparencia en su municipio? En caso afirmativo ¿Cómo valora su relación con la Comisión de Transparencia? En caso negativo ¿Por qué no la hay? 8. ¿Qué demanda de información pública hacen a la alcaldía la Comisión de Transparencia, otras organizaciones o los ciudadanos? 9. ¿En su opinión, hay alguna información de la Alcaldía que debiera declararse “reservada” o “secreta”. Sí No En caso afirmativo, ¿cuál y por qué? En caso negativo, ¿por qué? 10. ¿Cuántas veces ha rendido cuentas en cabildo abierto durante su gestión municipal? 11. ¿Qué tipo de información les ha dado? ¿De qué manera se las presenta? 12. ¿Qué limitaciones ha encontrado en los procesos de rendición de cuentas? 13. ¿Qué recomendaciones da para que mejoren los procesos de acceso a la información pública en los municipios y de los municipios a nivel central? 14. ¿Por qué razón le conviene a un alcalde la transparencia?

106 ANEXO. 7. LISTA DE PARTICIPANTES DE TALLERES DEPARTAMENTALES Departamento de Ocotepeque NOMBRE Adalinda Mejía Bessy Alvarado Carolina Cabrera Marco Tulio Godoy Marco Tulio Mejía María Aminta Lara Marta E. Cuéllar Mauricio Melgar Nery Geovany Mateo Rosa Elvia Lara Sandra Maldonado Santos Antonio Cáceres Wendy Elizabeth García Yesenia Mejía

CARGO/ORGANIZACIÓN Técnico CCT Técnico-EROC Municipalidad Presidente CCT Vocal 3 CDT Fiscal-CCT Comisionada Municipal Vocal CDT Técnico Catastral Fiscal CCT Secretaria CDT Presidente CCT Casa de la Cultura Encargada oficina CCT

MUNICIPIO San Marcos Santa Rosa de Copán La Labor La Labor Lucerna Lucerna Ocotepeque La Labor La Labor La Labor San Marcos Ocotepeque La Labor La Labor

Departamento de Copán NOMBRE Bessy Alvarado Blanca Elia Santos Eleuterio Rodríguez Ernesto Regalado Irma Iris Paz Jacobo Domínguez Jaime Domínguez José Luis Chinchilla Leticia Franco Lury Euniza García María del Carmen B. Miriam Oralia García

CARGO/ORGANIZACIÓN Técnico- EROC Secretaria CCT SUVANH Coordinador CCT Coordinadora OMM Comisionado Municipal ASOPAM Red Regional CCT de Occidente SUVANH ASONOG Patronato Chlameca Presidenta MIDELIS

MUNICIPIO Santa Rosa San José Nueva Arcadia San José San Pedro Copán San Juan de Opoa Nueva Arcadia San Nicolás Nueva Arcadia Santa Rosa Nueva Arcadia San José

Departamento de Lempira NOMBRE Adela Zelaya Martínez Alexis Villancios Aminta Alvarado Edulfo Ramírez Francisco Mejía Cartagena Gumercinda Licona Herminia Aguilar

CARGO/ORGANIZACIÓN Red de Mujeres Municipalidad Red de Mujeres Sociedad Civil Comisionado Municipal Red de Mujeres Red de Mujeres

MUNICIPIO Gracias Belén Gracias Lepaera Gracias Las Flores Belén

107 Jesús Antonio García Juan Ángel Benítez Juan Martínez Mateo Leandro Espinoza Lury García Maribel Cuevas Zelaya Mauricio Ramírez Gudiel Ondina López H. Roberto Gómez Sofía del Cid

Comisionado Municipal Iglesia Bautista CCT CCT ASONOG Red de Mujeres ASONOG Red de Mujeres CCT CCT

Talgua Belén Gracias Gracias Santa Rosa Gracias Gracias Gracias Talgua Lepaera

Departamento de Intibucá NOMBRE Adonis Amaya Ceferino Vásquez Ingrid Yuridia Gómez Inocente Cálix José Martiniano José Rafael Flores Julián González Karen Gutiérrez Leónidas Meza G. Lucío Lemus Maira J. Benítez Mercedes Domínguez Miguel Carranza Nelson Rodríguez Osman Ramón Suany Reyes Susana Cantarero Teódulo Gutiérrez Teófilo Pérez

CARGO/ORGANIZACIÓN Estudiante Presidente Patronato de Azacualpa Secretaria Federación de Patronatos Coordinadora CCT Presidente Patronato Facilitador de COPRODEDPY Fiscal CCT Voluntaria Capítulo VIH SIDA Coordinador Grupo Sociedad Civil Presidente Patronato Presidenta Federación de Patronatos Contralora OMM Comisionado Municipal Técnico Educador de CONADEH Estudiante Secretaria Foro VIH SIDA Comisionada Municipal Presidente Federación de Patronatos Vicepresidente Patronato El Durazno

MUNICIPIO San Antonio Yamaranguila San Juan La Esperanza Yamaranguila Yamaranguila La Esperanza Jesús de Otoro San Juan Yamaranguila San Juan La Esperanza Intibucá Intibucá Colomoncagua Jesús de Otoro La Esperanza Yamaranguila Yamaranguila

Departamento de Comayagua NOMBRE Analesky Fonseca Benigno ¿? Ethewaldo Estrada German Anariba Jesús Padilla Vásquez Lucina Martínez Máximo López M. Neptaly Núñez Susy Solórzano

CARGO/ORGANIZACIÓN Jefe Unidad de Transparencia/SEIP Desarrollo Comunitario Municipal Coordinador CCT Juez de Policía Tesorero CCT Equipo Motor/ Foro Centro Equipo Motor Tesorero Municipal Defensora Municipal de la Niñez

MUNICIPIO Tegucigalpa La Libertad Siguatepeque La Libertad Siguatepeque San Sebastián San Sebastián La Libertad San Sebastián

108 Wendy Mejía

Técnico Unidad de Transparencia/SEIP Tegucigalpa

Departamento de La Paz NOMBRE Dina Roque Vallecillo Domingo Aguilar Enrique Cordón Eugenia Hernández Florencio García Kendy Martínez Maira Yamileth A. Margarita Pineda Maritza Noemi Chávez Reina Isabel A.

CARGO/ORGANIZACIÓN Voluntaria Red de Mujeres Tesorero CCT Fiscal CCT Prosecretaria CCT Sociedad Civil Voluntaria Red de Mujeres Secretaria Sociedad Civil Voluntaria Red de Sociedad Civil Co-impulsora como Cordinadora de la Red de Mujeres Voluntaria Red de Sociedad Civil

MUNICIPIO La Paz Santa María La Paz Santa María San José La Paz Santa María San José La Paz San José

109 ANEXO. 8. LISTA DE PARTICIPANTES DE TALLERES DE VALIDACIÓN Departamento de Lempira NOMBRE Ada Orbelina Hernández Aminta Alvarado Ángel Vásquez Brígido Jacinto Clementina García Domingo Rodríguez Francisco Mejía José Mauricio Ramírez Juan A. Benítez María Herminia María Luisa Hernández Maribel Cuevas Reina Matilde Castañeda Rosa Maribel Pérez Rufino Muñoz Sofía del Cid Vilma Machado Virgilio López

CARGO /ORGANIZACIÓN Tesorera ANAH Presidenta Red de Mujeres CCT Tesorero SST Comisionada Municipal Presidente CCT Comisionado Municipal Técnico AECID Líder Iglesia Bautista Comisionada Municipal Presidenta CCT Secretaria Red de Mujeres Presidenta ANAH Tesorera CCT Tesorero CCT Presidenta CCT Facilitadora de ASONOG Comisionado Municipal

MUNICIPIO Gracias Gracias ND San Sebastián San Sebastián San Manuel Gracias Tegucigalpa Belén Belén Gracias Gracias Gracias Gracias Lepaera Lepaera Gracias San Marcos de Caiquín

Departamento de Copán y Ocotepeque NOMBRE Bessy Alvarado Blanca Elia Santos Domingo Fuentes Donacio Cruz Cortés Efraín Erasmo Miguel Evelio Justiniano Francisco ¿ Gert Hollander Héctor Leverón Jacobo Domínguez Jaime Domínguez Leticia Flores Luis Alfonso Reyes Marco Tulio R. María del Carmen Polanco Marta E. Cuellar Miriam García Naun Tejada Neptaly Ramos

CARGO /ORGANIZACIÓN Técnico EROC Secretaria CCT Comisionado Municipal Comisionado Municipal Presidente CSC Vocal 2 CDT Coordinador Técnico EROC Asesor GIZ Vocal 1 EROC Miembro CCT Presidente ASOPAM Presidenta SUVANH Fiscal EROC Presidente CCT Presidenta Patronato Comisionada Municipal Presidenta de MIDELIS Técnico EROC Consejo EROC

MUNICIPIO Santa Rosa San José Concepción San Juan de Opoa La Encarnación Corquín Santa Rosa Santa Rosa Santa Fe San Juan de Opoa Nueva Arcadia Nueva Arcadia Sensenti La Labor Nueva Arcadia Ocotepeque San José Santa Rosa San Pedro

110 Norma ¿ Pedro Esquivel Reina Dinora Erazo Sandra M. Interiano Santos A. Cáceres

Coordinadora OMM Coordinador CCT Consejo EROC Sria. Actas EROC Presidente CCT

San Pedro San José Concepción Mercedes Ocotepeque

Departamento de Intibucá NOMBRE Julián González María Inocente Cálix Susana Cantarero Teódulo

CARGO /ORGANIZACIÓN Fiscal CCT Coordinadora CCT Comisionada Municipal Presidente Federación de Patronatos

MUNICIPIO La Esperanza La Esperanza La Esperanza Yamaranguila

Departamento de La Paz y Comayagua NOMBRE Ana Lizeth Castillo Dina Vallecillo Enrique Guzmán Jesús Padilla V. Kendy Julissa Martínez Machuca Lesly Elizabeth Sierra Licci M. Valladares Lila Xiomara Reyes Lizzeth D. Mejía Lorena Melghem Lucina Martínez Margarita Pineda Maridi Flores Maritza N. Chávez Nelhy Cáceres Nora Nicolás H. Osiris Herminia Pedro Aguilar

CARGO /ORGANIZACIÓN Voluntaria Red de Mujeres Voluntaria Red de Mujeres Reportero Canal 10 Coordinador CCT Voluntaria Red de Mujeres Vocal Red de Mujeres Voluntaria Red de Mujeres Pro Sria. Red de Mujeres Sria. Red de Patronatos Coordinadora Radio Libertad Equipo Motor SC Sria. Gestión Red de SC Comité de Apoyo Red SC Co-Impulsora como Coordinadora de la Red de Mujeres Voluntaria Red de Mujeres Sria. Red SC Vocal Red de Mujeres Fiscal CCT

MUNICIPIO La Paz La Paz Marcala Siguatepeque La Paz Tutule La Paz Tutule Tutule Marcala San Sebastián San José San José La Paz La Paz Santa María Tutule San José

111 ANEXO 9. Lista de personas participantes en las reuniones de socialización de la investigación, en Tegucigalpa

Reunión con Transformemos Honduras Fecha: 7 de febrero, 2013 Blanca Munguía Helen Gutiérrez Katja Simke Joel Hernández

Coordinadora Subcoordinadora de Educación Asesora Técnica TH/GIZ Procurador Jurídico de ALAC

Reunión con Grupo de Sociedad Civil Fecha: 11 de febrero, 2013 Omar Rivera Jeimie Medina

Director Ejecutivo Servicio Social

Reunión con Consejo Nacional Anticorrupción Fecha: 14 de febrero, 2013 Eugenio González Edith López Margarita Rojas Jaime Flores Rosa Funes Juan Carlos Berganza Jeimy Morales

Director Ejecutivo Apoyo del equipo técnico Imagen Institucional Consultor Asistente Asesor Legal Consultora

Reunión con Instituto de Acceso a la Información Pública Fecha: 20 de febrero, 2013 Miriam Guzmán Damián Pïneda Saúl Bueso Edgardo Vargas

Comisionada Comisionado Comunicación FOPRIDEH

112

VI. BIBLIOGRAFÍA Acces Info Europe, Creative Commons. El Derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y principios básicos. Junio, 2010. http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/El_Derecho_de_acceso_a_la_informac in._principios_bsicos.pdf . AMHON. Ley de las Municipalidades y su reglamento. http://www.amhon.hn CONADEH. Informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado general de los derechos humanos en Honduras y el desempeño de sus funciones. Año 2011. Tegucigalpa. Conversatorio de devolución de hallazgos y resultados con Transformemos Honduras, TH, realizado el 7 de febrero de 2013, en Tegucigalpa. Conversatorio de devolución de hallazgos y resultados con Grupo de Sociedad Civil, GSC, realizado el 11 de febrero de 2013, en Tegucigalpa. Conversatorio de devolución de hallazgos y resultados con el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, realizado el 14 de febrero de 2013, en Tegucigalpa. Conversatorio de devolución de hallazgos y resultados con el IAIP (comisionados Miriam Guzmán y Damián Pineda), realizado el 20 de febrero de 2013, en Tegucigalpa. Datos estadísticos de CONATEL. http://www.conatel.gob.hn/TVRC.aspx ENEE. Dirección de Planificación y Desarrollo. Subdirección de Planificación. Departamento de Planeamiento Económico. Cobertura del servicio de energía eléctrica en Honduras. Tegucigalpa, mayo de 2011. Estadísticas de educación del municipio de Ocotepeque: http://old.latribuna.hn/2011/05/19/ocotepeque-tiene-los-mejores-indices-eneducacion-en-honduras/ FAO. La mujer y los recursos http://www.fao.org/focus/s/women/Water-s.htm

de

agua.

FES. Memoria 1er. Diálogo Nacional por el Derecho a la información y la libre expresión en Honduras. Tegucigalpa, julio de 2001.

113 FOPRIDEH. Situación de la transparencia en Honduras: Desempeño del IAIP y perspectivas de frente a la elección de sus nuevos comisionados. Taller realizado en el Hotel Plaza Libertador, Tegucigalpa, Miércoles, 11 de julio de 2012 IAIP. Ley de Transparencia http://www.iaip.gob.hn

y

Acceso

a

la

Información

Pública.

INE. Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205 INE. Población Departamentos y Municipios de Honduras, 2010. Viviendas y población. http://www.ine.gob.hn/drupal/sites/default/files/Todo%20el%20pais(viv-pob).XLS OEA, IICA. Plan Trifinio – El Salvador-Guatemala-Honduras. Washington, D.C., 1993. SANAA. Memoria del SANAA, 2011. Taller Departamental de Comayagua. Siguatepeque, Comayagua, realizado el 5 de julio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de Siguatepeque, La Libertad y San Sebastián. Taller Departamental de Copán. Santa Rosa de Copán, Copán, realizado el 6 de junio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de San Juan de Opoa, San Nicolás, San Pedro Copán, San José y Nueva Arcadia. Talleres Departamentales de Intibucá. La Esperanza, Intibucá, realizados el 19 de junio y el 6 de julio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de San Juan, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila y Jesús de Otoro. Taller Departamental de La Paz. La Paz, La Paz, realizado el 14 de junio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de La Paz, Santa María y San José. Taller Departamental de Lempira. Gracias, Lempira, realizado el 7 de junio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de Belén, Talgua, La Flores, Gracias y Lepaera. Taller Departamental de Ocotepeque. La Labor, Ocotepeque, realizado el 5 de junio de 2012, con líderes comunales de transparencia de los municipios de La Labor, Lucerna, Ocotepeque y San Marcos. Taller de Devolución y validación para Lempira. Gracias, Lempira, realizado el 28 de enero de 2013, con líderes comunales de transparencia de los municipios de Belén, Gracias, Lepaera, San Manuel, San Marcos de Caiquín y San Sebastián.

114

Taller de Devolución y validación para Copán y Ocotepeque. Santa Rosa de Copán, Copán, realizado el 29 de enero de 2013, con líderes comunales de transparencia de los municipios de Concepción, Corquín, La Encarnación, La Labor, San José, San Juan de Opoa, Santa Fe, Sensenti, San Pedro Copán, Mercedes, Nueva Arcadia y Ocotepeque. Taller de Devolución y validación para Intibucá. La Esperanza, Intibucá, realizado el 30 de enero de 2013, con líderes comunales de transparencia de los municipios de La Esperanza y Yamaranguila. Taller de Devolución y validación para Comayagua y La Paz. La Paz, La Paz, realizado el 31 de enero de 2013, con líderes comunales de transparencia de los municipios de Siguatepeque, San Sebastián, La Paz, San Pedro Tutule, San José, Santa María y Marcala.