Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia 24 de mayo de 2013 No. 2,149

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo (Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)

25 de mayo: Día de África

Guatemala (EFE): •

Magistrados suplentes integran Sala que dará seguimiento juicio a Rios Montt. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala integró hoy con tres magistrados suplentes la Sala de Apelaciones que deberá dar seguimiento al juicio por genocidio y crímenes de guerra en contra del exdictador José Efraín Ríos Montt, informaron hoy fuentes judiciales. Una portavoz de la CSJ dijo a los periodistas que la Sala de Apelaciones quedó integrada por los magistrados suplentes Frank Martínez Ruiz, Juan Ramón Hernández Pineda y Juan José Rodas Martínez. La CSJ debió acudir a los magistrados suplentes luego de que en las últimas 48 horas unos 59 magistrados de las diferentes Salas se "inhibieron" de conocer el caso bajo diferentes argumentos, precisó la fuente. Los suplentes, que fueron constituidos en Sala Primera de Apelaciones, deberán dar cumplimiento en un plazo no mayor de 48 horas a la resolución emitida el pasado lunes por la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la sentencia de 80 años emitida en contra de Ríos Montt el pasado 10 de mayo. Según el fallo del máximo tribunal del país, la Sala de Apelaciones debe conocer una recusación presentada por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, en contra de dos de los tres jueces que integran el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, el cual condenó al anciano general por los delitos de genocidio y crímenes de guerra. Tras resolver la recusación, la Sala deberá enviar el expediente al tribunal para que éste lo retome a partir de cómo se encontraba el 19 de abril pasado, según la disposición de la CC. Sin embargo, debido a que los jueces que integran esa judicatura ya se pronunciaron al respecto al haber emitido la sentencia condenatoria en contra de Ríos Montt, estos se deberán de excusar y retornar el expediente a la Sala de Apelaciones para que ésta designe a nuevos jueces. Ríos Montt fue encontrado culpable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983, cuando gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar. En el mismo juicio, el antiguo director de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez, fue absuelto. Sin embargo, la resolución de la CC también anuló el fallo que favoreció a este militar retirado.

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Brasil (Ámbito): •

Rousseff postula a constitucionalista para el STF. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó el nombre del abogado constitucionalista Luis Roberto Barroso para ocupar un asiento en el Supremo Tribunal Federal (STF), en lugar de Carlos Ayres Brito, quien se jubiló en noviembre pasado, tras cumplir 70 años de edad. Barroso, de 55 años, es un experto en derecho constitucional y actuó como abogado en causas importantes juzgadas por la Corte Suprema, entre ellas la que autorizó la unión civil entre homosexuales y la que avaló el aborto de fetos sin cerebro. Según la Presidencia, a lo largo de su carrera Barroso se dedicó intensamente a temas vinculados a la defensa de los derechos humanos. Al anunciar la designación de Barroso -que todavía depende de la ratificación del Senado-, la ministra de Comunicación Social de la Presidencia, Helena Chagas, afirmó que el abogado "cumple todas las condiciones necesarias para el ejercicio del más alto cargo de la magistratura". De ser ratificada su designación, Barroso se sumará a los otros diez magistrados de la Corte Suprema que este año analizarán recursos destinados a anular las condenas de más de una veintena de personas -entre ellas legisladores y exponentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT)- condenadas a penas de cárcel por su participación en un escándalo de pago de sobornos a legisladores que sacudió el pasado gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en 2005. Barroso es el cuarto juez del STF recomendado por Rousseff, quien también designó para la máxima Corte constitucional a los magistrados Luiz Fux, Rosa Weber y Teori Zavascki.

España (El País): •

El juez Castro investigará a la Infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales entre 2007 y 2010 tras incorporar las 10 declaraciones de la renta de la hija de Rey al sumario del caso Nóos. El magistrado reclama también a Hacienda que revise si el dinero defraudado por Urdangarin en Aizoón se invirtió en el palacete de Pedralbes y otras atenciones personales y familiares. Castro pide en su acto que la Agencia Tributaria emita un informe "sobre las cuentas corrientes de las que doña Cristina de Borbón y Grecia sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión y depósitos de los que sea titular". El magistrado precisa que pretende así que la Agencia Tributaria "colme", con ese nuevo informe a realizar en el menor plazo de tiempo posible, "cualquier laguna o cualquier contradicción" sobre el documento que ya elaboró ese organismo el pasado 14 de enero, en el que se descartaban irregularidades fiscales. El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach pidió la semana pasada que el juez solicitara un informe a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministero de Hacienda, para determinar si cabía imputar a doña Cristina por delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Según publican distintos medios hoy, este informe, que aún no está en poder del juez, apuntaría a que la hija del Rey no habría cometido delito fiscal. El magistrado ha decidido, sin embargo, abrir ya la investigación. El magistrado imputó a la infanta Cristina el pasado 3 de abril tras considerar que conocía las irregularidades de los negocios por los que su marido está implicado en el caso Nóos. El fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a esta decisión y la Audiencia de Palma dejó en suspenso la imputación el pasado 7 de mayo. La resolución judicial cerró la puerta a la vinculación de la Infanta por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no hay indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales. Pero el mismo auto judicial abrió la vía para reactivar la imputación de la hija del Rey por delito fiscal. En el auto hecho público hoy, el juez pide la adscripción a su juzgado de un funcionario del cuerpo de vigilancia aduanera para que lo asesore en materia tributaria. El fiscal Pedro Horrach reclamó al juez Castro que pidiera de inmediato a la Agencia Tributaria un informe sobre si el delito fiscal que los expertos de Hacienda atribuyeron en enero pasado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de su empresa Aizóon, era extensible a la Infanta, ya que ella es dueña del 50% esta sociedad. Varios medios de comunicación aseguran hoy que la Agencia Tributaria descartará que haya existido este delito. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego" en lo que respecta a una posible imputación de la Infanta por delito fiscal y ha subrayado que "una vez se reciba el informe" las partes lo valorarán. Mientras el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado que le parece "muy interesante" que el informe de la Agencia Tributaria encargado por la Fiscalía no encuentre elementos para imputar a la Infanta Cristina por un delito de fraude fiscal. También el abogado de la Infanta, Miquel Roca, ha aplaudido que el informe de la Agencia Tributaria no encuentre elementos para imputar a la hija menor del Rey por fraude fiscal. Los magistrados de la Audiencia Provincial que suspendieron la imputación de la Infanta, intuyeron que la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia podría ser “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos de su esposo en Aizóon, su empresa

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conjunta. La infanta presidió las dos últimas juntas universales anuales de accionistas cuando anteriormente actuaba de secretaria en el ajustado reparto de papeles para dos. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach entiende que no se modificará el criterio de los inspectores tributarios que en enero cargaron directamente en el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, tres posibles delitos fiscales, a través de su empresa Aizóon. El fiscal y la Agencia Tributaria sostienen que un socio, en este caso la infanta, no puede asumir una imputación del administrador, su esposo. “No se puede descartar” sostuvo la Audiencia de Palma e indicó al juez que abriera “líneas de investigación”, insinuadas. La Sala insistió que se “despejen las dudas e inconsistencias” del primer informe de los inspectores de Hacienda para que estos “den respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas al posible blanqueo de capitales”. El juez requiere a Diego Torres que se abstenga de presentar correos que impliquen intromisión en la esfera de la intimidad ajena. Transmite la llamada de atención de la Audiencia a los letrados a atenerse a la buena fe procesal. Camps y Barberá, al borde de la imputación. El juez prepara ya la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la parlamentaria autonómica y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Castro reclamará a las Cortes valencianas que acrediten la condición de diputados de ambos y enviará parte de la causa a la justicia valenciana. Camps y Barberá están al borde de la imputación por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigían Urdangarin y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero colocó a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo. Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.

Francia (AFP): •

Lagarde vuelve a comparacer ante el juez para defender su gestión en el ‘caso Tapie’. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha reanudado este viernes por segundo día consecutivo su comparecencia ante los jueces de la Corte de Justicia de la República (CJR) por el caso Tapie. Se espera que cuando concluya la declaración, la exministra de Economía del Gobierno francés con Nicolas Sarkozy haga una breve declaración a la prensa cuyo contenido dependerá del estatuto que le impongan los magistrados y de si finalmente la imputan. La fiscalía acusa a Lagarde de “complicidad en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos”, lo que podría acabar con su imputación, lo que según la legislación francesa significa que hay "serias o consistentes evidencias" de delito. Los supuestos delitos fueron cometidos por la entonces ministra de Economía del Gobierno de Nicolas Sarkozy durante el proceso de arbitraje que desembocó, en julio de 2008, en el pago de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie, amigo del anterior presidente de la República. Lagarde no recurrió aquella decisión y cerró así un largo litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta de Adidas en 1993. Los jueces de la CJR (el tribunal competente para juzgar los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones) quieren pedir aclaraciones a Lagarde sobre su negativa a elevar recurso contra el laudo, pese a que los consultores del ministerio advirtieron a la entonces ministra de que lesionaba gravemente los intereses del Estado con esta decisión. Ante una eventual imputación, lo que no presupone que el proceso acabe en juicio, el Gobierno de François Hollande ha mostrado durante los últimos días su apoyo a Lagarde, de 57 años. Sin embargo, la confianza para que la exministra siga al frente del FMI en caso de que la acusación siga adelante se diluye. Este jueves, la portavoz del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem, ha declarado que aunque corresponde al FMI tomar la decisión, en su Gobierno no sería posible que continuase en el cargo: "Tenemos unas reglas extremadamente claras" al respecto, ha argumentado. El organismo también ha avanzado que mantiene su confianza en Lagarde, pero los términos del contrato firmado en su día con el Fondo contienen reglas muy estrictas. Según reza en el documento contractual colgado en la web del FMI, la directora gerente debe “respetar las reglas más elevadas en materia de ética, de acuerdo con los valores de integridad, imparcialidad y discreción”. El texto añade que tendrá que “evitar incluso la apariencia de cualquier mala conducta” y advierte de que tendrá que participar en algún tipo de formación sobre valores éticos. Desde Washington, Gerry Rice, portavoz del Fondo ha rechazado este jueves responder a preguntas sobre Lagarde. "No es apropiado comentar un caso en curso en Francia", ha dicho. En cualquier caso, ha vuelto a insistir en que "mantienen su confianza en la capacidad de la directora gerente para ejercer sus responsabilidades de una manera efectiva". También ha recordado que hace tiempo que se suspendió la inmunidad diplomática a petición de la propia Lagarde con vistas a poder participar en la investigación.

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China (Xinhua): •

Promulgan reglamento para prevenir perturbación de orden judicial. La policía estacionada en los órganos de la fiscalía popular de China será responsable de detener cualquier amenaza contra el orden judicial, de acuerdo con un nuevo reglamento recién publicado. La policía podrá inmovilizar por su propio bien a aquellos peticionarios que intenten automutilarse o suicidarse en las oficinas de la procuraduría, de acuerdo con dichas normas. La Fiscalía Popular Suprema ha promulgado el nuevo reglamento en sustitución del anterior, creado en 1996, según un comunicado emitido por esta misma institución. Las nuevas regulaciones definen claramente el proceder de la policía judicial a la hora de tratar con aquellos ciudadanos cuya conducta obstaculice las acciones legítimas de los procuradores. También se diferencian de las antiguas regulaciones al incluir en los deberes de los oficiales la asistencia en la supervisión, arresto y búsqueda de presuntos criminales.

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Tribunales desplegarán más jurados populares. Los tribunales chinos esperan duplicar el número de ciudadanos que formen parte de un jurado en el plazo de los próximos dos años, dijo hoy jueves Shen Deyong, vicepresidente ejecutivo del Tribunal Popular Supremo (TPS). El número total de miembros de jurados ciudadanos, también conocido como jurados populares, llegará a 200.000 en 2015, dijo Shen en una reunión sobre el desarrollo del sistema de jurados populares, añadiendo que se alienta a los tribunales a todos los niveles a que hagan mayor uso de este tipo de jurados. Los miembros del jurado deben, al menos, superar en número a los jueces, pero la proporción puede variar dependiendo de las condiciones locales, detalló Shen. Los tribunales con grandes cargas de trabajo en los niveles inferiores, cuya jurisdicción abarca una amplia zona geográfica o población, deben tener el doble de miembros de jurados que de jueces, añadió. Según un informe presentado en marzo por el TPS en la primera sesión de la XII Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo del país, el número de miembros de jurados se incrementó en un 52,7 por ciento hasta los 85.000 entre 2007 y 2012 en China. Seleccionados entre ciudadanos de todas las clases sociales para trabajar con los jueces profesionales en los tribunales inferiores, los miembros de los jurados participaron en más de 1,49 millones de casos en 2012, cifra que representa una subida de casi el 300 por cien respecto a 2007, según el informe. "Nos aseguraremos de que los ciudadanos comunes representen al menos dos tercios de los nuevos jurados", afirmó Shen. Los juzgados también proporcionarán más programas de formación para los miembros de los jurados a fin de que puedan ejercer de manera efectiva sus funciones, finalizó.

De nuestros archivos: 2 de febrero de 2006 Italia (AP) •

Podrían enjuiciar a cura por decir que Jesús existió. Un juez comenzó las deliberaciones sobre si ordena que sea sometido a juicio el cura de una aldea por afirmar que Jesucristo existió. El acusador, un ateo que fue compañero de clase del cura, afirma que la Iglesia católica ha estado engañando a la gente desde hace 2.000 años al decir que existió Jesús, y acusa al cura de violar dos leyes por insistir en esa aseveración. Los abogados del prelado, Enrico Righi, y del acusador Luigi Cascioli, presentaron sus argumentos ante el juez Gaetano Mautone en un breve encuentro a puerta cerrada en Viterbo, al norte de Roma. Dijeron que Mautone debe decidir rápidamente si desestima el caso o si lo pasa a juicio. Cascioli entabló una demanda contra Righi en el 2002 luego que Righi escribió en un boletín parroquial que Jesús seguramente existió, que nació en Belén hijo de María y José y que fue criado en Nazaret. Cascioli dice que Righi violó la ley contra el engaño colectivo y la ley contra el lucro indebido mediante la atribución de un nombre falso. "La idea (de la audiencia) no es determinar si existió o no Jesús, sino determinar si hubo fraude", declaró el abogado de Cascioli, Mauro Fonzo. Cascioli sostiene que la Iglesia se ha lucrado indebidamente al atribuirle el nombre de Cristo a alguien llamado Juan de Gamala, hijo de Judas de Gamala. Cascioli ha admitido que hay poca probabilidad de que el caso prospere en un país tan católico como Italia, pero asegura que sólo quiere realizar los pasos burocráticos necesarios para llegar a la Corte Europea de Derechos Humanos, donde aspira a acusar a la Iglesia de "racismo religioso". Righi, de 76 años, ha enfatizado que hay sólidas evidencias históricas tanto cristianas como no-cristianas de que existió Jesús. "Don Righi es inocente porque dijo y escribió lo que tiene el deber de decir y escribir", dijo su abogado, Severo Bruno.

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http://www.luigicascioli.eu/traduzioni/es_1.htm

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