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Taller: La inserción laboral para personas inmigrantes en dificultad social Talleres de autoexpresión
METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS PROPIAS BENEFICIARIAS EN LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL CON COLECTIVOS VULNERABLES: LOS TALLERES DE AUTOEXPRESIÓN Silvina Monteros Investigadora
Resumen Una metodología de trabajo participativa, que tiene en cuenta la opinión de las personas para identificar sus necesidades y evaluar los proyectos en los que participan, siendo realmente activos en la búsqueda de soluciones de su realidad. Hemos seleccionado esta experiencia porque consideramos que todavía nos queda camino que recorrer en dar un verdadero significado a la palabra “participante” y que los SIE sean un espacio más dinámico y horizontal en la intervención.
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Ponencia
Desde la Cumbre Europea que aprobó la Estrategia de Lisboa en el año 2000, se viene hablando de forma insistente en “la participación de los propios afectados así como de todos los agentes sociales intervinientes en la lucha contra la vulnerabilidad y la exclusión social”. De hecho, esta intención figuraba expresamente en el Objetivo Cuarto del I Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social del Reino de España (2001-2003).
En el II Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social (2003-2005), se incorporaba, así mismo, “la participación y autoexpresión de las personas que padecen exclusión social en los programas de los que son beneficiarias”. Estos planes daban cuenta de la tradicional minusvaloración que se ha venido teniendo respecto a los aportes que los y las propias personas beneficiarias de los proyectos pueden hacer a estos.
La participación es uno de los criterios fundamentales de calidad de la intervención social y de identificación de Buenas Prácticas (Malgesini, 2005). Y es preciso que esta esté presente en todas las etapas del ciclo del proyecto creado para atender ciertas problemáticas: en la detección de necesidades, en el diseño de las acciones, en la planificación y en la evaluación. Las personas beneficiarias no sólo son “informadores/as”, “encuestados/as”, “entrevistados/as”, deben ser también codiseñadores/as, co-responsables (Op. Cit.).
¿Cómo se puede promover la participación de los y las propias afectadas en los procesos de intervención social?
En primer lugar, es preciso llevar a cabo una metodología de Investigación-Acción participativa en la que la intervención vaya siempre acompañada por la reflexión y esta, a su vez, por la participación de todos los agentes implicados en la tarea (coordinadores/as, técnicos/as, beneficiarios/as, familiares, agentes externos, agentes de otros servicios de atención, políticos, miembros clave de la comunidad…) y en el ámbito local. Esto es lo que comúnmente se denomina “Coordinación”, pero con la particularidad de implicar también a las personas beneficiarias.
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En la Investigación-Acción participativa, el profesional se asume a sí mismo/a como agente de cambio social, consciente de que la neutralidad valorativa no es posible (Fresneda, 2002). En este sentido, incorpora sus propias acciones (su forma de intervenir, su forma de elaborar prejuicios respecto a las personas beneficiarias, su forma de relacionarse…) a la reflexión. Por otra parte, con esta metodología, el profesional asume que las personas con las que trabaja son constructoras de la realidad por lo que debe aprehender su visión y validar sus conocimientos socialmente producidos. Es decir, tiene en cuenta permanentemente lo que la gente dice desde el lugar donde lo dice. Esto supone guiarse por la convicción de que toda comunidad dispone tanto de la capacidad para definir sus propios problemas y necesidades, como de los recursos necesarios para su evolución y transformación (Montero, 1994). Hacer partícipe a las personas de la evaluación y transformación de su realidad es una forma de reconocer su “agencia”.
Agencia hace referencia a la capacidad de hacer, actuar, realizar de las personas. Pero no es una característica intrínseca de estas, no se trata de una propiedad individual, sino que es una posibilidad compartida: la agencia se realiza allí donde hay una relación, una contingencia (Ema, 2005). En este sentido, hace referencia también a la capacidad de generar conexiones entre procesos, personas o entidades que pueden ser muy heterogéneas. Se trata de la realización de la acción en la medida de las posibilidades, en un tiempo y un espacio determinado, de acuerdo a lo que se puede hacer y hasta donde se puede llegar en medio de una estructura social compleja y complicada que produce la exclusión social, que vulnerabiliza a esas mismas personas. La agencia es poder, pero un poder ejercido en medio de situaciones estructurales muy constrictivas.
Tener en cuenta la agencia (la posibilidad de las personas de hacer cosas en su medio) es tener en cuenta la palabra, el cómo los sujetos explican el porqué del lugar vulnerable en el que están y el cómo creen ellos y ellas que podrían estar mejor.
La agencia puede no ser un elemento del que el propio agente tenga conciencia, es un poder que va más allá de la intencionalidad. En otras palabras, puede no existir una “intención” en hacer cosas, en actuar, pero el agente sigue teniendo esa capacidad para hacerlas. Esto no nos debe hacer caer en el error de considerar que los agentes, dada su “escasa intencionalidad” o su “escasa conciencia de su agencia” no están capacitados para ejercer el poder o para tomar la palabra. Este es el principal error de los programas de intervención y de muchos profesionales: considerar que las
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personas con las que interviene tienen un déficit, un menos, una falta… y que el interventor “sabe” como solucionar esta falta, ese menos, ya que para eso se ha formado. Partir de esta premisa, implica un tipo de intervención en el que el o la profesional se coloca en el lugar del poder y el o la beneficiaria en el lugar del déficit. Todo lo cual se ve reforzado por el hecho de que la persona “con el déficit” viene al servicio demandando ayuda.
Este tipo de relación de intervención suele tener una consecuencia muy grave: que la persona con la que se interviene vea en la intervención un beneficio secundario. Mientras pueda verse favorecido por determinadas “ayudas” permanecerá en el lugar del déficit o se mostrará como tal. No siempre es así, pero es preciso leer esta acción desde la reflexión. Si algunos/as beneficiarios/as se comportan de esta manera, debemos tener en cuenta que ese comportamiento es producto de su capacidad de agencia: sabe hacer ahí donde puede. Y esto es positivo y no negativo.
La observación de que la intervención social generaba la dependencia de las personas de los servicios de asistencia, al mismo tiempo que eliminaba los incentivos para la participación de las personas afectadas, llevó a la conclusión de que el sistema de bienestar social termina creando clientes a los que hay que satisfacer sus demandas. “El ciudadano, de esta manera, corre el riesgo de dejar de ser un sujeto de derechos civiles y políticos para convertirse en un cliente individual del Estado que proporciona servicios” (Benedicto y Morán, 2002: 10). De allí el mayor incentivo para que en las responsabilidades sociales participe la sociedad civil (en forma de ONGs que brinden servicios solidarios) o mediante el sector privado (cada vez más empresas privadas de servicios sociales que brinden eficacia y calidad). Será la voz de la Nueva Derecha surgida en la década de los 80 en EEUU y en el Reino Unido la que criticará el Estado de Bienestar por “convertir a los individuos en receptores pasivos de la acción del Estado que, de una manera paternalista, provee de una serie de servicios para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos” (Op. Cit.: 10). Como solución, la Nueva Derecha propugna el reforzamiento de un tipo de ciudadano responsable de sus propios problemas personales.
Más allá de la incidencia mayor o menor que esta ideología ha tenido en algunos países del Primer Mundo, lo importante es que su sola formulación ha introducido una transformación radical en el discurso sobre la ciudadanía. A esta ciudadanía se le dará el nombre de “ciudadanía activa” que, en la práctica, ha tenido la consecuencia grave
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de considerar que los problemas no son sociales sino individuales y ha venido propugnando que la antigua responsabilidad del Estado recaiga sobre los individuos.
Se está viendo que, de alguna manera, está en juego este tipo de ideologías cuando se habla de participación de los propios afectados. Se puede caer en el error de considerar que si la persona tiene capacidad de agencia, tiene voz, tiene todos los medios puestos a su alcance (ya que el proyecto de intervención se lo facilita), entonces, también tiene capacidad para “superar” su situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Mientras las personas excluidas lo están por procesos que les exceden, ahora se les exige que sean ellas mismas las que “tomen las riendas de sus vidas”, busquen los trabajos, tengan buena conducta, salgan de sus adicciones, se hagan responsables. Ya que –para esta ideología- la responsabilidad es algo personal, es individual. Debemos disentir con este planteamiento. La responsabilidad de la exclusión social es de todos y todas: del Estado, de la sociedad de mercado que excluye y genera precariedad laboral, de las ONGs cuando no cuestionan sus acciones, de los profesionales cuando ejercen una intervención desde el poder y desde decisiones que vienen “de arriba”, de la sociedad civil, de las personas vulnerables…
Por tanto, intervenir en los problemas sociales supone que también los y las profesionales se incluyan en los procesos reflexivos acerca de sus intervenciones.
Por otra parte, también es preciso no considerar que la participación de las propias personas afectadas por procesos graves de vulnerabilidad o exclusión social solucionará, por sí sola, sus problemas. Existen estructuras de participación que se han diseñado “desde arriba”. Por ejemplo, aquellas diseñadas para responsabilizar a las personas de sus propios fracasos (programas que exigen un determinado comportamiento, programas que seleccionan, clasifican o miden según los “avances”…). Estos diseños minan otras formas de organización de las personas o de las comunidades que han nacido desde ellos y ellas mismas y que pueden ser vistas como molestas o contestatarias.
Entonces, ¿cómo sería un programa de intervención que respete la participación de los y las propias beneficiarias al mismo tiempo que no les responsabilice enteramente de sus supuestos fracasos?.
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En primer lugar, se trataría de un programa que, como se dijo al principio, tenga en cuenta sus opiniones en todas las fases de su desarrollo, incluso en la detección de sus necesidades y en la evaluación: dilucidar si el programa funciona a largo plazo. Lo que implica que las personas son co-diseñadoras.
En segundo lugar, se trataría de programas que procuren evitar clasificar y jerarquizar a las personas de acuerdo a su “grado de integración”, “grado de exclusión social o de vulnerabilidad”, “grado de participación”, “cumplimiento de los objetivos planteados” (los objetivos son metas que se plantean en permanente negociación con las personas, no con unos estándares preestablecidos).
En tercer lugar, serían programas que promuevan mecanismos de participación. Técnicas donde todos los agentes implicados sientan que es posible que sean escuchados, que su palabra es tenida en cuenta. Esto atañe a los y las beneficiarias, pero también al personal técnico. Entre estas técnicas encontramos:
-
Las Asambleas: reuniones periódicas donde personal técnico y beneficiarios (o sus portavoces) toman decisiones importantes para el proyecto y su continuación.
-
Los talleres o espacios de debate interno entre técnicos/as y beneficiarios/as donde se evalúe de forma continua el proyecto.
-
Los talleres de autoexpresión donde los y las propias beneficiarias puedan hablar en libertad y en comunidad acerca de lo que les afecta y de sus propias capacidades.
Debido a la cada vez mayor incidencia que la centralidad de la persona ha venido teniendo en los últimos años en
los programas de intervención social (se insiste
mucho en los itinerarios personales), una de las consecuencias que más salta a la vista es que se trabaja de forma personalizada con cada demandante de los servicios, centrando la intervención en necesidades particulares y en procesos individuales. Esta forma de intervenir supone un avance frente a intervenciones que etiquetaban a los colectivos como grupos homogéneos, con características propias y necesidades comunes. Individualizar la intervención permite tener en cuenta los matices y centrar la mirada en las responsabilidades.
Sin embargo, aquí también hay que conseguir otro equilibrio: el que existe entre la responsabilidad personal en pos de la inclusión social y aquellos factores materiales
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de los procesos de exclusión que exceden a los individuos (sean estos beneficiarios/as o técnicos/as de intervención). Es decir, tener en cuenta que la sociedad de mercado (aquella que todo lo mercantiliza, incluso la propia intervención social) es la que crea la vulnerabilidad social, la precariedad laboral, la competitividad, la ley del más fuerte… Y frente a esta, lo programas de intervención social (entre ellos los de inserción laboral) tienen muy poco margen de actuación. Mientras se vive con entusiasmo la inserción laboral más o menos estable de algún beneficiario, la sociedad de mercado produce miles de precarios cada día.
Por tanto, hay que diseñar formas de intervención también grupales que ayuden a reflexionar comunitariamente sobre los procesos exclusógenos de la sociedad de mercado. Tengamos en cuenta que muchos programas están diseñados para atender a “colectivos” pese a que en la práctica cotidiana se atiende a personas. Cuando se diseñan los programas, estos se formulan para “desempleados/as de larga duración”, para “inmigrantes”, para “drogodependientes”, para “mujeres víctimas de violencia”. Esto obliga a intervenir individualmente pero con el “rasgo” social que hace que esa persona “encaje” en el programa: su desempleo, su situación de extranjero, su relación con la droga. Sobre la marcha nos damos cuenta que esa persona tiene además otras problemáticas, pero también otras capacidades resolutivas. Y nos centramos en esta particularidad que le hace diferente de los demás, de los otros y otras que también son “desempleados/as” o “drogodependientes”.
Pero no hay que dejar de lado esta dimensión grupal de las problemáticas sociales. Dimensión que ayuda a comprender porqué se producen, a qué sujetos afecta de forma selectiva, a quienes mantiene en la exclusión, cómo se podría luchar contra ella de forma colectiva.
El equilibrio es entonces entre técnicas individuales y técnicas grupales de intervención siempre que se reconozca en ambas la participación de los y las propias implicadas y siempre que no se les responsabilice totalmente de sus fracasos en la inserción social o laboral.
Los talleres de autoexpresión como metodología de intervención participativa
Durante los años 2004, 2005 y 2006, se llevaron a cabo en algunas oficinas territoriales de Cruz Roja Española, talleres de autoexpresión de personas afectadas por procesos de exclusión social.
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El objetivo principal de estos talleres fue crear un espacio para que las personas beneficiarias de la intervención de Cruz Roja –y, en algunos casos, de otras entidades, expresaran libremente sus padecimientos en relación a la situación de vulnerabilidad o exclusión en la que se encontraban y relacionar este padecimiento con el análisis de la realidad social (y de la sociedad de mercado). También se pretendía conocer qué opinaban respecto a los servicios sociales y los programas de intervención en los que participaban.
En estos años se realizaron 20 talleres de autoexpresión con los siguientes colectivos y en diversas provincias:
Menores no acompañados.
Mujeres inmigrantes.
Mujeres desempleadas de larga
Mujeres drogodependientes.
duración. Personas mayores en el medio
Miembros del colectivo gitano en
rural.
dificultad.
Personas sin hogar.
Niños con dificultad social.
Personas enfermas de VIH-SIDA.
Mujeres
víctimas
de
violencia
doméstica. Jóvenes en dificultad.
Personas
con
discapacidad
intelectual. Personas reclusas y ex reclusas.
Personas enfermas mentales.
Mujeres que se dedican a la
Personas mayores dependientes en
prostitución.
dificultad.
Personas con discapacidad.
Jóvenes con adicciones en zonas rurales.
Personas drogodependientes.
Mujeres temporeras.
Las técnicas de participación utilizadas fueron elaboradas a priori con la ayuda del personal técnico de cada proyecto, con el fin de adaptarla a las particularidades de los colectivos beneficiarios. No es posible emplear la misma técnica de participación cuando se trata de niños y niñas, que cuando se trata de personas mayores. Y no se puede emplear igual técnica para personas con discapacidad intelectual que con mujeres temporeras.
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Las técnicas más utilizadas fueron:
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El grupo de discusión (con un guión preestablecido).
-
El sociodrama.
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El árbol de problemas.
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La lluvia de ideas.
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El afiche o colage.
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La diana de responsabilidades.
Los talleres tuvieron una duración de tres horas, con un descanso intermedio en el que se compartió un desayuno o una merienda, con el fin de incrementar la confianza grupal. En la mayoría, participaron también los y la técnicas de los programas. Se sugirió que cada taller no sobrepasara los 10 participantes.
Todos los debates surgidos de los talleres fueron grabados y transcritos para luego ser analizados con otras técnicas: el análisis de contenido y el análisis discursivo. Estos análisis se hicieron a la luz de los estudios teóricos llevados a cabo en torno a los colectivos que participaron y la incidencia de estos en España, aunque haciendo especial énfasis al contexto local donde se realizaron los talleres.
El análisis de cada taller se devolvió a los profesionales técnicos para que hicieran aportes particulares. El resultado final fue la publicación íntegra de los aportes de las personas sin censura y con un somero análisis de contenido. La publicación fue enviada a todas las personas participantes.
La consigna en todo momento fue: “todo lo que digas en este taller será tenido en cuenta para una publicación que será también enviada al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que es la entidad que financia este proyecto. Puedes hablar libremente de lo que te afecta directamente. En todo momento se preservará tu anonimato”.
La valoración de los talleres fue muy positiva por parte de las personas participantes que, una vez abandonada la desconfianza o timidez por hablar en grupo y por estar siendo grabados/as, pudieron expresarse libremente y debatir sobre cuestiones comunes que les afectan de manera directa.
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También fue positiva la valoración por parte del personal técnico, algunas de las cuales expresaron satisfacción porque su trabajo estaba siendo tenido en cuenta desde la organización.
Sin embargo, respecto a este personal, se observó que era imprescindible también comenzar a realizar talleres de autoexpresión pensados como espacios donde pudieran plantear sus propias problemáticas en la intervención y su grado de implicación emocional con los y las beneficiarias.
De esta forma, actualmente, se están llevando a cabo otros diez talleres de los cuales cinco son para técnicos/as de intervención.
Quedaría una tercera etapa en la realización de estos talleres que permita reunir conjuntamente a beneficiarios/as y técnicos/as, con el objetivo de crecer hacia un tipo de participación asamblearia y continua.
Los talleres están siendo espacios de participación experimental. Muchos programas los incluyen a lo largo de todo su proceso. El ideal sería que pudieran llevarse a cabo en todos aquellos programas de intervención social y que estuvieran contemplados en su planificación y en su presupuesto. Podrían suponer una metodología de Investigación-Acción participativa privilegiada que ayude a construir otro concepto de ciudadanía. Aquel que haga responsable a todos los agentes implicados en los procesos de inclusión social, incluyendo al Estado.
Experiencia del taller con personas desempleadas de larga duración.
Este taller se llevó a cabo en la Sede Provincial de Cruz Roja Tenerife, gracias a la colaboración de las técnicas del Proyecto Crisálida, cuyo objetivo es la formación, preparación y búsqueda activa de empleo. Dicho proyecto se enmarca dentro del Plan de Empleo de Cruz Roja Española.
El taller se realizó por la mañana y tuvo una duración de 3,30 horas. La coordinadora del programa ha procurado establecer un grupo de trabajo heterogéneo: mujeres de distintas edades, inmigrantes y autóctonas, distinto estado civil, diversa formación... Pese a que el número recomendado para la realización de los talleres era de 10 personas, este taller contó sólo con 6 participantes. No obstante, el grado de participación de las mujeres fue muy alto.
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Perfil de las participantes
La situación personal de cada participante fue la siguiente:
Pati: hindú, casada, 47 años, desempleada desde que hace tres años. Ella y su marido vendieron una pequeña tienda minorista que poseían desde hacía muchos años. Tienen dos hijas, de 17 y 18 años. El marido está enfermo y se encuentra en proceso de tramitación de invalidez total para el trabajo. Viven en una casa alquilada por 360€ al mes. Están hace más de 20 años en España, tienen permisos de residencia y trabajo en regla.
Luna: colombiana, 38 años, radica en España hace tres años aunque lleva poco más de un año con el permiso de residencia y trabajo obtenido por servicio doméstico en calidad de interna. Sin embargo, ahora tiene que renovar y no tiene trabajo ni contrato. Tiene dos hijos de 13 y 14 años en Colombia al cuidado de su madre. Actualmente alquila una habitación en piso compartido. Ha realizado un curso de geriatría, pero siempre que busca trabajo le piden experiencia.
Elsa: boliviana, lleva 3 años y tres meses en España. Tiene 42 años, vive con su marido y una hija pequeña en una habitación alquilada en piso compartido, deben dos meses de alquiler. Tiene otra hija mayor casada. No sabe leer ni escribir. El marido trabaja como albañil por temporadas. Ninguno tiene la documentación en regla. Ella trabajó en la limpieza por horas.
Mariela: boliviana, lleva cinco años en España. Tiene siete hijos aunque sólo dos están a su cargo actualmente, uno de ellos es discapacitado y otra está diagnosticada como esquizofrénica. No tiene pareja. Alquilan habitación en piso compartido. Ha trabajado en España cuidando niños por un sueldo de 360€ al mes.
Cristina: solicitante de asilo político, dos años y medio en España. Ha perdido a su marido y sus dos hijos en Colombia. Ha vivido en el Centro de Refugiados de Cruz Roja, pero ha decidido marcharse de allí porque prefiere la intimidad. Ha estado trabajando como interna al cuidado de una señora mayor sin percibir sueldo y sólo por la comida y el techo. Ha dejado este trabajo porque dice necesitar un contrato para regularizar su situación como residente.
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María del Mar: 26 años, española. Ha perdido su trabajo en un supermercado por padecer una hernia discal de la cual le operaron y lleva un año sin trabajar. Madre sola con hijo a cargo. Vive con su madre y su hijo. Dice tener muchas dificultades económicas.
Contexto donde se desarrolla el taller
El Proyecto que nos sirve de acogida desarrolla diversas actividades que tienen que ver con el apoyo a la inserción sociolaboral. Se realizan entrevistas personalizadas de las personas que acuden; se inicia un itinerario de apoyo con elaboración del currículo y entrenamiento en entrevistas laborales; formación especializada en profesiones con salida laboral inmediata (hostelería, geriatría, etc.); apoyo psicológico, etc.
Las técnicas utilizadas en este taller han sido las siguientes:
a) Grupo de discusión acerca de las necesidades y problemáticas de cada una: Se pidió a las participantes que hablaran de sí mismas, de sus problemáticas y de sus necesidades para que juntas pudiéramos discutirlas.
b) De acuerdo a lo reflexionado se procede a delimitar las dificultades para el acceso al empleo, sus causas y sus posibles soluciones.
Los resultados son escritos en una pizarra.
Factores que intervienen en los procesos de exclusión del ámbito laboral. Aporte de las participantes1.
¿Cuáles son los factores que contribuyen al desempleo en nuestro caso?
Tener que mantener a nuestros seres dependientes.
Los problemas de salud o psicosomáticos. Algunos de estos impiden trabajar durante cierto tiempo o dejan secuelas físicas.
Carecer de permisos laborales en regla en el caso de las extranjeras.
1
Omitimos en este artículo el debate completo de las mujeres por su extensión. Este puede ser consultado en: Cruz Roja Española (2005): Autoexpresión de personas afectadas, Buenas Prácticas para favorecer la Inclusión Social. Madrid.
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Rechazo social, sobre todo hacia mujeres inmigrantes. Estereotipos. Trabajos altamente etnizados (servicio doméstico, limpieza, cuidado de personas mayores…).
Falta de dinero para hacer frente a la inversión que supone buscar trabajo: lleva varios días, incluso meses; mucho gasto en teléfono, estar localizada; gasto en transporte, fotografías, fotocopias del CV, etc.
Pérdida de los lazos sociales por aislamiento, baja autoestima, lo cual a su vez produce ansiedad y enfermedades psicosomáticas, depresión, insomnio, dificultad para afrontar los rechazos en el mundo laboral, “te sientes como una cucaracha”...
Se termina aceptando condiciones laborales malas o bien de explotación, lo cual revierte, a su vez, en las dificultades para cuidar de los seres dependientes.
No tener experiencia laboral (por haber estado mucho tiempo cuidando de miembros dependientes del núcleo familiar; por ser joven; por no poder demostrar la experiencia debido a la emigración, etc.).
Dificultad para conciliar la vida laboral, personal y familiar.
La falta de respeto por parte de los empresarios o empleadores a la legislación laboral y los derechos que esta reconoce.
Tener más de 40 años y haberse quedado en paro.
¿Qué posibles soluciones podemos apuntar?
Reconocimiento de los derechos laborales y de residencia tanto para inmigrantes como para autóctonas.
Mayor énfasis en la lucha contra la discriminación por ser inmigrante y por ser mujer.
Mayor control de los empresarios y de las empresas.
Mayores posibilidades o espacios para la denuncia de la violación de los derechos laborales, de la discriminación... “si denunciamos ante los sindicatos te puedes cerrar puertas, esto es un pueblo, todo se sabe...”
Mayor calidad de la atención: buen trato, respeto...
Mejor funcionamiento del INEM: información más clara, informar de todo, que sea un servicio que también funcione para la defensa de los derechos laborales y no sólo para darte un subsidio, mejor trato y atención.
Que se valoren más los servicios personales (cuidado de personas, limpieza a hogares y empresas, etc.) a través de la formación, el diploma, la bolsa de
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trabajo regulada, el control de las contrataciones, la legislación. El trabajo doméstico sigue siendo considerado un trabajo poco dignificante.
Análisis del debate
Dado que las situaciones sociales tienen mucho que ver con el contexto donde se desarrollan, las mujeres de Tenerife denunciaron la escasez de guarderías en la zona y los horarios sumamente restringidos de estas que no les permiten compatibilizarlos con sus horarios de entrada al trabajo. Las dificultades para conciliar el cuidado de los suyos (que la mayor parte de las veces recae sobre las mujeres) con el trabajo, las coloca en una situación de vulnerabilidad respecto a las empresas que las contratan o a sus empleadores. Estos ven en la mujer con cargas familiares a una trabajadora escasamente productiva. El resultado es que la mujer se ve obligada a recurrir a una serie de estrategias muy variadas, que van desde el reparto de las tareas reproductivas con otras mujeres de la familia: abuelas, suegras, hermanas, etc., hasta la contratación de mujeres para el servicio doméstico o de cuidado. Sin embargo, las mujeres con bajos recursos económicos (como es el caso de las que participaron en este taller) no pueden permitirse esta última opción. En casos extremos, algunas mujeres se ven obligadas a intercalar períodos de trabajo precario a media jornada (para cuidar de los seres dependientes el resto del día) con períodos de paro o de protección social (ayudas escasas de diversa índole).
Pero las ayudas públicas con el objeto de apoyar la conciliación continúan siendo escasas pese a su desarrollo en los últimos años, y tienen un carácter temporal muy limitado (seis meses, un año...), al menos en el ámbito local. Además, se echa en falta una ventanilla única de información acerca de estas ayudas que evite el boca a boca erróneo. Pero no sólo se echa en falta la información clara, sino también se acusa la mala atención y frialdad con que se da esta: “si tú vas a la Seguridad Social la misma chica te dice: ‘mire, Ud. no tiene derecho’, si yo me quedo con eso no hago nada, yo cojo y me voy para mi casa y después me entero por la asistenta social o quien sea que sí tengo derecho, por exis o por exis... me vuelvo a presentar y le digo, ‘mira, yo sí tengo derecho, por esta ley, por esta y por esta...’ y entonces ahí ya te dicen: ‘bueno, bueno, sí vamos a buscártelo...’, le tienes que dar vuelta a las cosas, que son muy complicadas y enterarse es complicado...”.
Esta situación obliga a las mujeres desempleadas de larga duración a desarrollar estrategias de supervivencia mediante la utilización de los dispositivos sociales:
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conocer los servicios sociales a la perfección, saber dónde presentar las solicitudes y estar atentas a las convocatorias, conocer personalmente a las trabajadoras sociales, conocer las ONGs de la zona y saber qué pueden esperar de cada una de ellas... En definitiva, saber manejarse en el disperso mundo de la protección social.
Por otra parte, es recurrente el tema de las enfermedades y su relación con el empleo precario, temporal, escasamente regulado o sumergido. Las personas que se encuentran trabajando en cualquiera de estas modalidades, sufren de forma aguda e inmediata el desempleo ante cualquier arbitrariedad de la vida, como por ejemplo, una enfermedad. Y no tienen posibilidades de cobrar seguro de desempleo o bien, cuando lo reciben, este es escaso y limitado temporalmente, lo cual no cumple con la función de prevenir la exclusión hasta el encuentro de un nuevo empleo. El resultado es que se pasa del empleo precario a los seguros de desempleo durante unos meses y nuevamente al empleo precario; o bien, ya no se encuentra trabajo durante períodos que cada vez son mayores. Este es uno de los itinerarios más repetidos en los casos de desempleo de larga duración.
La alternativa que encuentran muchas ONGs para prevenir estas situaciones, está siendo ofrecer cursos de formación gratuita que brinden a las mujeres la posibilidad de obtener un diploma. En algunos casos, estos cursos de formación son becados para evitar el absentismo por problemas de conciliación o de necesidad de trabajar inmediatamente y a cualquier precio (explotación laboral). Las mujeres que han pasado por este proceso manifiestan, por su parte, algunas lagunas: cuando se tiene diploma, las empresas piden experiencia; la experiencia se adquiere trabajando “no te dan oportunidades”. La homologación de los títulos en el caso de las extranjeras es otro de los grandes problemas para el acceso al mundo laboral de mayor cualificación. Y, también en el caso de las mujeres extranjeras, el hecho de no tener papeles o el tener que renovarlos continuamente, supone un obstáculo en la contratación o en la elección del tipo de contrato que se efectúe (muy importante para renovar permiso de trabajo).
La situación de muchas mujeres obliga a la aceptación de puestos de trabajo que suponen, en algunos casos, la explotación laboral: escaso sueldo, muchas horas de trabajo, violación de los derechos laborales, imposibilidad de beneficiarse de las regulaciones para la conciliación, trabajo doméstico de interna y, en casos extremos, trabajo a cambio de un techo.
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Por otra parte, si bien se pone mucho énfasis en que la formación ayudaría a superar muchas de estas situaciones de vulnerabilidad en las mujeres desempleadas, los datos no parecen constatar este hecho. Según el CES (2003), la situación de la mujer en España es la siguiente:
Existe un mayor peso en el desempleo femenino del paro de muy larga duración, hasta el punto que el volumen de paro femenino con dos años o más de búsqueda de empleo doblaba al masculino en el año 2003: 298.000 mujeres frente a 148.000 varones.
El porcentaje de quienes no encontraron empleo decrece fuertemente al aumentar el nivel educativo, pero también aumenta la diferencia en contra de las mujeres, cuya frecuencia de paro es 1,4 veces mayor que la de los varones en el nivel educativo más bajo, 2,2 veces en el caso de la educación secundaria de segunda etapa, y 4,2 veces en el de la educación superior. “Con estos resultados, es difícil sostener que el principal problema del paro femenino radica hoy en el menor nivel formativo medio de las mujeres”, dice el Informe (pg. 99). En este sentido, es destacable la escasa relación directa que presentan los datos actuales de paro de larga duración con el nivel de estudios de la población femenina. Quienes menos sufren períodos muy prolongados de búsqueda de empleo son las mujeres sin estudios, al revés de los que ocurre con los desempleados del sexo masculino.
Es también significativo el dato relacionado con la constitución de los hogares de las mujeres desempleadas, ya que la mayoría son cónyuges de lo que se denomina “persona de referencia”. El 42,2% de las paradas eran cónyuges de esta persona de referencia, mientras que el 37,4% eran hijas y sólo el 13,4% eran ellas mismas personas de referencia.
Otros datos generales significativos que arroja el informe del CES son los siguientes:
La tasa de paro de las mujeres se sitúa por encima del 15%, frente a algo menos del 8% en el caso de los varones.
La tasa de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial de las mujeres en España es una de las más altas de Europa (de los 15). Las ramas de comercio, actividades inmobiliarias, servicios empresariales, educación y servicio doméstico y de cuidado concentraban el 6,2% del empleo femenino a tiempo parcial en el año 2002. Ese mismo año, tales ramas suponían el 43,8% del total de empleo femenino, lo que da una idea de la importante concentración de este
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tipo de jornada en esas pocas actividades. Este hecho supone menor salario y menores posibilidades de promoción profesional.
Existe una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres que supone 11 puntos a favor de los primeros.
En relación a las mujeres extranjeras, se observa una menor incidencia de paro, ya que la tasa de empleo es del 54% superando a la de las autóctonas. Estos datos no tienen en cuenta la tasa de mujeres extranjeras que se encuentran trabajando en la economía sumergida que parece ser muy importante en el caso de España.
En cuanto a la estructura sectorial del empleo de las mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, en 2002 el 86% se ocupaba en el sector servicios, de ellas, la cuarta parte se ocupa en el servicio doméstico. Este sector, junto a la hostelería, el comercio y los servicios a empresas (limpieza), agrupa a más del 70% de las mujeres inmigrantes. “Se puede afirmar –dice el informe- que en el caso de las mujeres no comunitarias la política de permisos determina en primera instancia su estructura ocupacional, con independencia de sus preferencias y cualificaciones, así como su estabilidad laboral debido al carácter generalmente temporal de las autorizaciones para trabajar” (pg. 115).
Las mujeres extranjeras hacen posible la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres autóctonas, pero este fenómeno reproduce la división sexual del trabajo en la que la mujer sigue siendo la cuidadora y el hombre el proveedor principal de un tipo de familia estándar.
¿Qué aporta la participación de las personas beneficiarias en los proyectos de intervención?
En primer lugar, la participación no puede abordarse con un voluntarismo simplista (participar de cualquier manera o sin un objetivo claro). La participación debería incluir al menos tres condiciones previas (Malgesini, 2005):
Una meta clara: en el caso de los programas de inclusión social, la principal meta sería la de implicar a las personas de una manera activa al proyecto para el que ha demandado atención, haciendo que este proyecto forme parte de su proyecto vital revirtiendo la costumbre de que sea considerado un simple servicio público. No obstante, esta vinculación con el proyecto debe tener un equilibrio y es aquel que se logra si se tiene en cuenta que el proyecto puede
Programa Operativo Plurirregional “Lucha contra la discriminación”
Taller: La inserción laboral para personas inmigrantes en dificultad social Talleres de autoexpresión
ser limitado para resolver la problemática de las personas. Al mismo tiempo que se debe ser permanentemente conciente de que las personas no son enteramente responsables de los fracasos en la inclusión social. Lo que es igual a decir que probablemente el trabajo de intervención no es sólo con las personas, sino también con la sociedad de mercado que produce la exclusión. De nada sirve implicar a los y las propias afectadas cuando las problemáticas les exceden, así como exceden al personal técnico de los proyectos. Un propósito concreto (¿para qué?). Las personas tienen que saber para qué van participar (para compartir información, para intervenir en una consulta, para adoptar decisiones…). La participación grupal tiene mayor sentido cuando hay una oportunidad real de influir en las leyes, las regulaciones, los proyectos, la mejora de los servicios. La gente tiene que estar informada acerca de si su participación tendrá un carácter vinculante, comprometido. El desarrollo de una cultura de la participación. Que esta sea un elemento fundamental de consulta y de toma de decisiones, que la gente vea que su opinión es tenida en cuenta y produce cambios, que motive al asociacionismo, a la organización social, a la implicación de las autoridades y del Estado…Que tenga como base la concienciación en los derechos de ciudadanía, que fomente la creatividad, la inspiración, el espíritu de cooperación, el respeto y la estima personal. Pero al mismo tiempo, que de cauce al debate, a la disensión, a la pluralidad. La cultura de la participación no puede ser posible sin que las personas estén informadas de sus derechos y obligaciones.
Finalmente, la participación es un instrumento fundamental para la InvestigaciónAcción. Como en el caso de los talleres experimentales llevados a cabo en Cruz Roja, la voz de las personas nos ha permitido analizar la sociedad de mercado desde sus efectos más capilares. Cómo ellos y ellas padecen estos efectos y qué estrategias despliegan para afrontarlos (la agencia). La acción debe ir siempre acompañada de la reflexión. Se trata de otra forma de análisis de la realidad social.
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Bibliografía
BENEDICTO, J. y MORÁN, M. L. (2002): La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes. Madrid: INJUVE. CES (2003): Segundo Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española. Sesión del Pleno, 10 de diciembre. EMA LÓPEZ, J. E. (2005): Del sujeto a la agencia. Un análisis psicosocial de la acción política. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid. FRESNEDA, J. (2002): “Propuestas metodológicas frente a la exclusión social”. En RUBIO, M. J. y MONTEROS, S. (coords.) (2002): La exclusión social. Teoría y práctica de la intervención. Madrid: Ed. CCS. MALGESINI, G. (2005): “Las Buenas Prácticas sobre la Inclusión Social: estado de la cuestión”. En Cruz Roja Española: Buenas Prácticas en la Inclusión Social. Catálogo 2005. Madrid. MONTERO, M. (Coord.) (1994): Psicología social comunitaria. Guadalajara (México): Universidad de Guadalajara.
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