Este trabajo preliminar servirá de base a la presentación que harán los autores en el Coloquio: 30 años de la AMEP, 30 años de la Economía Mexicana (“Coloquio 30-30”), 8-9 de octubre de 2015 El extractivismo de la gran minería como economía de la muerte. El caso de Zacatecas, México. Rodolfo García Zamora, Federico Guzmán López y Francisco García González. Introducción El estado de Zacatecas, con una tradición de cinco siglos de explotación minera y la persistencia de la marginación, pobreza y emigración constante, al igual que en otras regiones de México y América Latina en los últimos veinte años, experimentó la llegada de grandes corporaciones mineras canadienses interesadas en aprovechar el llamado “boom de los commodities” en términos de elevados precios de la plata y oro. Así, en 2013 de 63 proyectos mineros en Zacatecas, 46 correspondían a empresas canadienses, entre ellas la Gold Corporation, que se establece en 2006, con la segunda mina a tajo abierto de oro más grande en América Latina con el planteamiento de extraer 13 millones de onzas de oro en 19 años. Desde el inicio de sus actividades, hasta el 2015, dicha empresa ha incrementado la desposesión territorial sobre las comunidades campesinas, los conflictos legales contra ellas, se ha apropiado ilegalmente de los mantos freáticos de todo ese Valle de Mazapil(que por su sobreexplotación tienden a su agotamiento) y ha expandido la contaminación a cientos de hectáreas de suelo por los desechos tóxicos de sus actividades, sin ninguna regulación estatal. El gobierno de Zacatecas 2010-2016, desconociendo las causas del desarrollo del subdesarrollo en el estado, asigna a la gran minería el papel central de la modernización económica en la entidad, ignorando la historia regional y la dinámica del extractivismo minero en todo el mundo; misma que genera graves impactos económicos, sociales y ambientales irreversibles, la llamada “maldición de la abundancia”. La abundancia de recursos naturales tiende a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza, Esta realidad da paso a crisis recurrentes, al tiempo que consolida mentalidades “rentistas” y profundiza la débil y escasa institucionalidad(Acosta, 2009) La Gold Corporation en Zacatecas, como en otros lugares de México y América Latina, representa le economía de la muerte de la economía regional, de la cohesión social y comunitaria, de los

recursos naturales y el medio ambiente de forma irreversible. Representa la eternización del atraso y la pobreza y la muerte de la vida. Pero, ello no es irreversible, la maldición de los recursos naturales no es una fatalidad del destino, sino una elección(Stiglitz, 2006) Frente al neoextractivismo, presentado como ilusión de la modernidad que encubre la economía de la muerte de las comunidades, de la vida y la naturaleza, la opción consiste en construir una estrategia pos-extractivista, que tendrá que aceptar la permanencia de algunas actividades extractivas por algún tiempo, pero, que deberá buscar el decrecimiento planeado de las mismas y definitivamente no su ampliación. Lo fundamental será que el extractivismo remanente no afecte a las demás actividades que sí son sustentables como la manufactura, la agricultura, el ecoturismo, pues no se puede seguir destruyendo a la naturaleza impunemente como hasta ahora. Para ello es muy importante la participación ciudadana en la defensa de la naturaleza, del territorio nacional y todos sus recursos, lo que significa revertir las modificaciones constitucionales de Peña Nieto hechas en 2012, mismas que privatizaron la Constitución, al país y a todos sus recursos naturales e institucionales.

La megaminería en América Latina al inicio del Siglo XXI

Para Fabio Castro, BarbaraHogenboom y MichielBaud (2015) los cambios actuales en América Latina están íntimamente relacionados con la naturaleza y los recursos naturales. Al ser una región rica en recursos, la relación naturaleza-sociedad proporciona tanto oportunidades como desafíos en el logro de un desarrollo más justo, equitativo y sostenible. Casi la mitad de los bosques tropicales del mundo se encuentran en la región, junto a muchos otros biomas naturales, que en conjunto contienen una rica biodiversidad. Tiene la tercera parte de las reservas de agua dulce y la cuarta parte de las tierras cultivables potenciales del mundo. Y a pesar de cinco siglos de actividades extractivas para abastecer los mercados mundiales, la región aun tiene grandes volúmenes de reservas minerales importantes, incluyendo petróleo, gas, hierro, cobre y oro (Bovarnick et al., 2010 citado por Fabio Castro et al 2015). Por otro lado, para ellos, esta “Superpotencia de la Biodiversidad” ha experimentado una acelerada tasa de pérdida de biodiversidad, un aumento en la degradación del ecosistema que es responsable por un tercio de las emisiones de carbono mundiales, sobre todo como resultado de la expansión de las actividades

extractivas y del cambio de uso de la tierra (UNEP, 2012 citado por Fabio Castro et al 2015)Estos desarrollo económicos y ecológicos afectan a un gran número de grupos sociales diferentes en todos los países latinoamericanos, principalmente en las áreas rurales pero también en las ciudades. Junto a movilizaciones y conflictos que llaman la atención nacional e internacional, hay numerosas tensiones socioambientales locales que agravan los problemas económicos y la injusticia social de larga data. Aunque estas tensiones han sido parte de la historia de la región, el ritmo acelerado del cambio, la escala espacial del impacto y la ampliación de las demandas sociales y de conservación señalan la urgencia de los desafíos ambientales actuales en América Latina (Baud et al., 2011 Citado por Fabio Castro et al 2015). Para Castro, Hogenboom y Baud(2015), desde la inserción de América Latina en el sistema mundial, la extracción de recursos naturales fue fundamental para su desarrollo económico, social y político. Esto ha llevado a continuas tensiones y antagonismos acerca del acceso a los recursos naturales, la distribución y uso de los ingresos y la distribución, compensación y prevención de costos ambientales y sociales (Alimonda, 2011 citado por Fabio Castro el al 2015). Por tanto, para ellos, en América Latina las cuestiones de pobreza, desigualdad y protección del medio ambiente están estrechamente entrelazadas. Luego de una larga historia de control económico por una elite local y explotación extranjera de las minas, tierras agrarias, petróleo y gas, fuerzas sociales y políticas comenzaron a impulsar reformas en la región en el siglo XX como la nacionalización del petróleo y los metales y la redistribución de la tierra. No obstante, el acceso a recursos, ingresos y poder sigue siendo muy desigual a nivel local, nacional e internacional. Los regímenes neoliberales de fines del siglo XX estuvieron en contra de las políticas redistributivas anteriores (Liverman y Vilas, 2006). Este periodo estuvo signado. Simultáneamente, por una mayor atención a la protección al medio ambiente y a la toma de decisiones descentralizadas (Larson, 2003). Sin embargo, la financiación restringida y la liberalización de los mercados limitaron el potencial para romper con los patrones establecidos históricamente. En el contexto ambiental, social e institucional anterior Fabio Castro et al (2015) sostienen que cambió la gobernanza ambiental contemporánea en América Latina. Tanto en áreas urbanas como en áreas rurales los ciudadanos pobres se volvieron más vulnerables debido a la degradación del medio ambiente y mayor intensidad y frecuencia de los desastres climáticos, incluyendo sequias, inundaciones, huracanes y deshielo de los glaciares (Ríos y Veiga, 2010). En muchos países,

especialmente en Sudamérica, una nueva fase de extenso descontento cívico y movilización de grupos contra la exclusión, la pobreza, la desigualdad y las políticas tecnocráticas comenzó en los años noventa (Harris, 2003). Mientras muchos grupos solo clamaron por redistribución socioeconómica, los movimientos indígenas, de campesinos sin tierras y de las organizaciones ambientales exigieron, además, una actitud diferente hacia la tierra y la naturaleza (Carruthers, 2008; Latta y Whitmann, 2012; Urkidi y Walter, 2011, citados por Fabio Castro et al 2015) Estos investigadores plantean cómo, desde el inicio del siglo XXI, América Latina ha experimentado un desarrollo profundo que ha cambiado la dinámica de la gobernanza ambiental. Las elecciones democráticas en algunos países como Bolivia y Ecuador propiciaron la llegada de gobiernos de tendencias izquierdistas que prometían un desarrollo más inclusivo y una mayor participación en la toma de decisiones. Las reformas incluyeron un papel más importante del Estado en la extracción de recursos no renovables y la redistribución del ingreso. Al menos simbólicamente, también aumento la atención al medio ambiente. De esta forma, estos nuevos regímenes y planes políticos han intentado combinar medidas orientadas a la reducción de la pobreza y la exclusión social, con políticas que mejoraran el control nacional sobre los recursos naturales, y optimizaran la protección al medio ambiente. Simultáneamente, el aumento de la demanda mundial de “commodities” trajo ingresos adicionales e inversiones extranjeras y, conjuntamente, la intensificación de la extracción de recursos que produjo problemas de degradación ambiental y conflictos ambientales más intensos (Fernández Jilberto y H. Gogenboom, 2010; Hogenboom, 2012, citado por Fabio Castro el al 2015) En el contexto anterior las inversiones mineras, las megaexplotaciones, la degradación ambiental y los conflictos sociales crecen de forma permanente en América Latina como lo muestran los siguientes datos. Mientras la inversión en exploración minera a nivel mundial creció 90% entre 1990-1997, en América Latina aumento 400%. En consonancia con ello, durante los 90 la mayor parte de los países latinoamericanos involucrados llevaron a cabo una profunda reforma del marco regulatorio, para conceder amplios beneficios a las grandes empresas transnacionales, que ya vienen operando a escala global. Esa reforma fue respaldada por diferentes organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros), a fin de facilitar, promover y garantizar al auge regional de la nueva minería, En este marco, según MaristellaSvampa y Mirta Antonelli (2009), la expansión del modelo extractivo exportador(incluidos los agronegocios) no puede comprenderse sin incluir la

perspectiva histórica y, muy especialmente, la política de privatizaciones. En efecto, es necesario recordar que la política de privatizaciones estuvo orientada no solo hacia los servicios públicos sino también hacia los hidrocarburos y, de manera más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales. Así, por ejemplo, mediante diferentes reformas constitucionales y legislativas las nuevas normas jurídicas institucionalizaron la autoexclusión del Estado como agente productivo y la consecuente exclusividad del sector privado como único actor autorizado a explotar los recursos naturales. Para Svampa y Antonelli entonces se sentaron las bases del Estado metarregulador, lo cual implicó la generación de nuevas normas jurídicas, que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. En menos de diez años, las grandes compañías transnacionales hegemonizaron el mapa socioproductivo en el sector minero, pesquero, petrolero, agroindustrial, etc. El fenómeno de la reprimarización de la economía, basado en la explotación de los recursos naturales no renovables por parte de actores transnacionales y sus socios locales, estaba en marcha. En lo que respecta a la megaminería, dichas autoras señalan cuatro característicascentrales: 1. Lo peculiar de esta megaminería a cielo abierto, diferente de la tradicional de socavón, es que implica enormes daños al medio ambiente con la voladura de montañas por dinamitacióny el uso masivo de cianuro, acido sulfúrico, mercurio y otros que provocan cuantiosos pasivos ambientales, al mismo tiempo que requieren de cuantiosos recursos naturales como el agua y la energía, acciones que significan una intervención violenta en la geografía de los territorios explotados. 2. Si las implicaciones socioambientales son gravísimas y nos colocan en el centro del paradigma productivista, sumamente cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política, indigenismo, economía social), a esto hay que añadir que el nuevo modelo se aleja del modelo “nacional” de desarrollo. La expansión y control de la nuevamegaminería a cielo abierto crecientemente es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales(incluidas las de los propios países como en México), gracias al marco regulatorio sancionado en los años 90. 3. Así, la reprimarización de las economías auguraba que, en el curso de pocos años, el Estado nacional consagraría a la megaminería como parte del interés público. En la práctica han convertido a esta megaminería en política de Estado. Los gobiernos

regionales o provinciales quedan marginados y los diferentes gobiernos nacionales han promovido, ratificado y fortalecido la megaminería, poniendo todo el aparato del Estado, sus instituciones, al servicio del modelo minero. 4. En un intento de justificación de la transnacionalización del territorio nacional y sus recursos naturales, los Estados han promovido una “narrativa desarrollista” (“ilusión desarrollista” Svampa, 2008), en consonancia con las grandes empresas transnacionales, en busca de legitimización social del modelo y en nombre de una “responsabilidad social”, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos. La promoción de la narrativa desarrollista en toda América Latina, asociada al paradigma extractivista busca ocultar las enormes consecuencias ambientales, sociales y de soberanía nacional que provoca cambios radicales en los territorios, en la reconfiguración productiva, en la reproducción económica, social y en el funcionamiento de las instituciones públicas en su conjunto. Para Svampa y Antonelli (2009) la reticencia calculada desde el ámbito político-empresarial respecto de no propiciar las condiciones para el debate público sobre el modelo extractivo exportador minero plantea preocupantes interrogantes sobre el escenario argentino y latinoamericano en relación con cuestiones centrales como las siguientes: La opacidad del Estado en cuanto a su obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información de interés público. Este aspecto tiene gran relevancia en América de Sur por las grandes obras de infraestructura promovidas por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y las grandes corporaciones transnacionales para hacer más expedito el saqueo de los recursos primarios, pero, también en el caso de México como crecientemente el crédito publico se ha puesto al servicio de la megamineria y se anuncia la creación de la gendarmería nacional para que vigile y proteja los intereses transnacionales de la megamineria, el fracking y los hidrocarburos. Los impactos sobre la vida democrática de los países de América Latina cuyas instituciones progresivamente han sido puestas al servicio de las corporaciones transnacionales. Más allá del ocultamiento de la información por parte del Estado, de la colonización de su discurso de la “ilusión del desarrollo” y la descalificación de los movimientos sociales que luchan por la defensa de sus territorios y su vida, la democracia y la soberanía nacional cotidianamente está siendo lesionada por la lógica del despojo convertida en políticas de Estado. La acumulación por despojo de la megamineria. La narrativa neocolonial convertida en discurso oficial.

Para Svampa, Bottaro y Sola (2009) el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha conocido diferentes fases en América Latina: un primer momento en los 90, estuvo marcado la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones(de los servicios públicos, de los hidrocarburos), así como por la introducción del modelo del agro-negocios. Esta primera fase, en la cual se sentaron las bases el Estado metarregulador (crea el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales, Boaventura de Sousa Santos, 2007) implicó la generación de nuevas normas jurídicas, que favorecieron no sólo la implantación de capitales extranjeros, sino que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. Al mismo tiempo, estas orientaciones contribuyerona consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos, al tiempo que profundizaron las bases del Estado patrimonialista, de cara a la fuerte imbricación entre los gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos económicos privados. Para las autoras referidas, en continuidad con la etapa anterior, es claro que en la actualidad asistimos a una segunda fase, caracterizada por la generalización del modelo extractivoexportador, basado en la explotación de recursos naturales no renovables, necesarios para alimentar el nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente. En otros términos, la etapa actual expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera agrícola, del petróleo, de la minería, de la energía, de las plantaciones celulósicas (MartinezAlier, 2004) Tal expansión provoca transformaciones mayores, en la medida que reorienta completamente la economía de pueblos enteros y sus estilos de vida, y amenaza en el mediano plazo la sustentabilidad ecológica. La minería a cielo abierto, el modelo de agronegocios, la construcción de grandes represas, los proyectos previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y prontamente los “agrocombustibles” ilustran cabalmente esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual que Harvey (2004) ha caracterizado como “acumulación por desposesión”. En el contexto anterior, uno de los hechos más relevantes del periodo ha sido el surgimiento y expansión de movimientos socioambientales, entre los cuales se destacan los movimientos en

contra de la minería a gran escala y a cielo abierto. En efecto, desde 1999, sobre todo en la franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde Guatemala y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile y Argentina, se han originado una multiplicidad de resistencias, movilizaciones campesinas y asambleas de autoconvocados frente a la expansión de grandes proyectos mineros que amenazan con afectar severamente las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones. Estos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y la tendencia a la autonomía. Una dimensión central que atraviesa a los movimientos contra la minería a cielo abierto es la “multiescalaridad” (la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización (SaskiaSassen, 2007) del conflicto, que tiene lugar en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos(actores locales, regionales, nacionales y globales). En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados, que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que este impone (Svampa et al., 2009). Los conflictos han ido creciendo debido a la apropiación de los territorios y explotación de sus recursos naturales por parte de las grandes corporaciones transnacionales, y la lucha de las comunidades locales por la defensa de sus territorios y formas de vida; y esto obliga a esclarecer el debate sobre el medio ambiente en los últimos cinco lustros, para lo cualSvampa et al. (2009) consideran que el libro El ecologismo de los pobres de Manuel MartinezAlier (2004) resulta muy útil al distinguir tres corrientes del ecologismo: el culto de la vida silvestre, el credo ecoeficientista y el movimiento de justicia ambiental. La primera corriente se preocupa por la preservación de la naturaleza silvestre; es indiferente u opuesta al crecimiento económico, valora negativamente el crecimiento poblacional y busca respaldo científico en la biología de la conservación. De ahí que sus acciones se encaminen a crear reservas y parques nacionales donde existen especies amenazadas o sitios caracterizados por la biodiversidad. Grandes organizaciones internacionales conservacionistas, muchas de las veces poco respetuosas de las poblaciones nativas, se instalan en este registro biocentrico. Su expresión más extrema es la “ecología profunda”, ilustrada por el millonario Douglas Tompkins, quien compró enormes extensiones de tierra en la Patagonia chilena

y argentina, así como en los esteros de Ibera en Paraguay y sueña con crear un paraíso, despojado de fronteras nacionales y de seres humanos. La segunda corriente, y quizá la dominante dentro del universo de las ONG y ciertos gobiernos del Primer Mundo,es el coeficientismo, que postula el uso eficiente de los recursos naturales y el control de la contaminación. Sus conceptos clave son “modernización ecológica”, “desarrollo sustentable” y, de manera más reciente, “industrias limpias”, entre otros. En la base de esta concepción subyace la idea de que “las nuevas tecnologías y la internalización de las externalidades son instrumentos decisivos de la modernización ecológica. Esta tendría dos piernas; una económica, ecoimpuestos y mercados de permisos de emisiones; otra, tecnológica, apoyo a los cambios que lleven al ahorro de energía y materiales.Desde esta perspectiva, la ecología se convierte en la ciencia que sirve para remediar la degradación causada por la industrialización. (MartinezAlier, 2004: 21-31) Por otro lado, el “desarrollo sustentable”, acuñado en los años 80, fue un concepto introducido en la agenda global a partir de la publicación del documento “Nuestro Futuro Común” en 1987 y luego la Cumbre de Rio, en 1992. El mismo subraya la preocupación por el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de un modelo de desarrollo que no comprometa el porvenir de las futuras generaciones. Este concepto trajo consigo otros que luego fueron puestos en discusión, como el de “responsabilidad compartida, pero, diferenciada”; el principio “el que contamina, paga” y el principio precautorio, que fueron tratados en la Cumbre de Johannesburgo, en 2002. Sin embargo, pese a que se puso en agenda la problemática ambiental y las diferentes discusiones acerca de lo que se entiende por desarrollo sustentable o “durable”, los veinte años que pasaron ente una Cumbre y otra pusieron de manifiesto el fracaso de aquellas visiones que consideran la posibilidad de un estilo de desarrollo sustentable a partir del solo avance de la tecnología. Así las cosas, los males producidos por las tecnologías se resolverían tanto a partir de la aplicación de mayor tecnología, al tiempo que implicarían la promoción de una “acción socialmente responsable” tanto del Estado como de las empresas. El movimiento en pos del desarrollo sustentable terminó por capitalizar parcialmente “la pasión del movimiento ecologista”, convirtiéndola en “acción por el progreso a través del financiamiento de proyectos de trabajo en función del ambiente y gracias al opacamiento de las contradicciones e inconsistencias que el concepto de desarrollo sustentable alberga (Cfr.Mora, citado por Amando Paez, 2004). En todo caso, este proceso muestra el pasaje hacia un campo minado, pues si en un comienzo el concepto

tuvo una gran potencialidad disruptiva(pretendía marcar un “limite” al crecimiento, sentando la base de nuevos derechos), su reapropiación por parte de las fuerzas del mercado ha terminado por otorgarle otros sentidos. En definitiva, como lo muestra de manera paradigmática la minería a cielo abierto, en nombre del “desarrollo sustentable”, las posicionesecoeficientistasplantean debates que luego eluden hábilmente y, en función de una visión supuestamente democratizante, actúan con el pragmatismo propio de la racionalidad instrumental, hasta confundirse e identificarse con los poderosos intereses económicos (Svampa et al. 2009). La tercera posición es la que representa el movimiento de justicia ambiental. O lo que Martínez Alier bautizó como “ecología popular”. Se trata de una corriente que crece y pone el acento en los conflictos ambientales, que en diversos niveles (local, nacional, global) son causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social. Esta corriente llama la atención acerca del desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos y de los desechos desde los países del norte hacia el sur. Esto crea impactos que no son resueltos por políticas económicas o cambios en la tecnología, y por lo tanto caen desproporcionadamente sobre algunos grupos sociales que muchas veces protestan y resisten,aunque tales grupos no suelen llamarse ecologistas. Esta tercera corriente, que hoy se halla en plena expansión en los países del sur, al compás de la explosión de los conflictos socioambientales, agrupa no solo a organizaciones indígenas y campesinas sino cada vez más a poblaciones urbanas, que por lo general desconocen el lenguaje ambientalista, pero comienzan a activar un lenguaje de valoración divergente, en oposición a la concepción binaria que desarrollan las grandes empresas, en alianza con los diferentes gobiernos(nacional y provincial) respecto de la tierra y el territorio. Según esas autoras, el desarrollo de la minería metalífera a gran escala puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes), generando una “tensión de territorialidades”. En efecto, el discurso de las empresas transnacionales y los gobiernos suele desplegar una concepción binaria del territorio, sobre la base de la división viable/inviable, que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la de “territorialidad eficiente”; por otro, la de territorialidad vaciable”, en última instancia, “territorio sacrificable”.

En el marco de las transformaciones realizadas en los 90, los gobiernos instrumentaron la idea de “territorio eficiente”, para traducir una manera distinta de concebir el espacio geográfico nacional, desplazando así la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado. Esto significó, en muchos casos, el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaba un lugar para medirse en función de la tasa de rentabilidad. Más recientemente, la expansión de megaemprendimientos fue instalando la idea de que existen territorios vacios o “socialmente vaciables”, con el fin de poner bajo el control de las grandes empresas una porción de los bienes naturales presentes en esos territorios. Esto se produce cuando el territorio carece de artefactos u objetos valiosos desde el punto de vista social o económico, con lo cual estos se consideran “sacrificables” dentro de la lógica del capital. La eficacia política de estas visiones aparece asociada al carácter de los territorios en los cuales, por lo general, tienden a implantarse los megaproyectos mineros: zonas relativamente aisladas, empobrecidas o caracterizadas por una escasa densidad poblacional, todo lo cual construye escenarios de fuerte asimetría social entre los actores. Así, las comunidades allí asentadas son negadas o impulsadas al desplazamiento o desaparición y sus respetivas economías locales minimizadas, en nombre de la expansión de las fronteras. En la actualidad se quiere imponer un modelo de progreso homogeneizante y de integración socioeconómica al mercado internacional en la medida en que la re-significación del concepto de “desierto” y la valorización de estos territorios caracterizados por sus paisajes primarios y sus grandes extensiones permite justificar la construcción de una territorialidad que excluye las otras existentes. De esta manera, la afirmación de que existen regiones marcadas históricamente por la pobreza y la vulnerabilidad, con una densidad poblacional baja, que cuentan con grandes extensiones territoriales “improductivos” (“desiertos de piedra” con la minería a gran escala como única alternativa), facilita la instalación de un discurso productivista y excluyente, al tiempo que constituye el punto de partida de la conformación de diferentes “lenguajes de valoración” en torno al territorio, en el proceso de movilización de las comunidades afectadas. La definición de lo que es el territorio, más que nunca, se convierte en el locus del conflicto. Svampa et al.(2009) indican que en el caso de los movimientos contra la minería a cielo abierto, las acciones presentan un carácter defensivo, iniciándose con reclamos puntuales. Sin embargo, en la misma dinámica de lucha de esos movimientos tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, como el cuestionamiento al modelo de desarrollo predominante y la desmercantilización de aquellos bienes considerados comunes. En

ese proceso de confrontación, la construcción de la territorialidad se va cargando de nuevas (re)significaciones y diferentes valoraciones, en contraste con las concepciones generalmente excluyentes que motorizan tanto los gobiernos como las empresas transnacionales. La noción de responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto reciente, de resonancias globales, que apunta a combinar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental que generan sus actividades. Este concepto, para las autoras antes indicadas, debe entenderse en el marco de la nueva matriz neoliberal, en la que se consolida la función metarreguladora del Estado y las empresas pasan a ser consideradas el actor central y dinámico por excelencia. Este nuevo modelo de acción empresarial, que surgió del Foro Económico de Davós en 1999, , ha sido propuesto por y para las grandes empresas que operan en contexto de gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el movimiento de RSE, con fuertes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de enormes daños ambientales, de explotación del trabajo infantil y subcontratación del trabajo esclavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro. La RSE adquirió rango institucional a través del Pacto Global en 2000, el cual es definido como “un Programa Intergeneracional, liderado por el PNUD, la CEPAL y la OIT, tendiente a aumentar la responsabilidad social empresarial en los ampos de los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente”. Mirta Antonelli(2009) señala como desde la perspectiva de los procesos hegemónicos de la producción de los sentidos sociales, la minería a gran escala o megaminería transnacional construye una formación discusiva biopolítica que, en dominio de la cultura, enlaza seguridad, territorio y población. La megaminería se funda en laauto inhibición del propio Estado nacional para disponer de su territorio, de su soberanía. El mapa de esta megaminería corresponde entonces al de una supra nación, cuyo territorio resulta de la desapropiación del lazo que lo unía a la soberanía y que ha instituido, desde el cuerpo normativo minero de los 90s, la figura del superficiario ante el beneficiario del subsuelo. Así, el Estado no puede sino solo ser socio de la desapropiación, en una posición asimétrica de cesión, no solo del territorio sino de recursos y aparatos estatales, según leyes estatales a escala de los intereses corporativos.

Antonelli resalta como el Programa MiningMinerals&SustainableDevelopment en 2002 busca como objetivo “cargar de contenidos la responsabilidad empresarial”. Así, el concepto aparece como una de las claves tendientes a producir “un cambio cultural respecto de la minería a gran escala, para ser concebida como factor de desarrollo sustentable”. Para Svampa et al. (2009) la RSE forma parte de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, universidades privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los diversos medios de comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una “minería responsable”. Hacia adentro, en relación con las comunidades en las que se desarrolla la actividad extractiva, son consecuencias son mayores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas, y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices sociopolíticas, jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación económica, debilidad institucional), las grandes empresas tienden a convertirse en un “actor social total”(un nuevo gobierno). Esto implica, entre otros, los siguientes cambios: 1. Tiende a reconfigurarbruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad economía de la comunidad en función de la minería y creando nuevos enclaves de exportación. 2. Provocan un enormeimpacto negativo a niel ambiental y sanitario, que afectan las condiciones de vida de la población. 3. A raves de RSE, las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante una batería de acciones sociales, educativas y comunitarias. Otro de los conceptos clave de la narrativa dominante de la megaminería y de los Estados a su servicio es el de la gobernanza tomado de las ciencias sociales definido como “una forma de gobierno que no pasa por la acción aislada de una élite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles, y multiactoral, en cuanto incluye al sector público y el sector privado, los actores de la sociedad civil y el mercado (Ruano de la Fuente, 2002, citado por Svampa et al. 2009, 48). Para Boaventura de Sousa Santos 2007, citado por Svampa et al 2009), la gobernanza opera como síntesis entre

legitimidad y gobernabilidad: “La gobernanza busca, de hecho, armonizar las reivindicaciones a favor de la participación y la inclusión, resultado de la interpretación de la crisis social que parte del concepto de legitimidad, con las exigencias de una mayor autonomía y autorregulación producto de la interpretación guiada por la idea de gobernabilidad. Sin embargo es una falsa síntesis, puesto que opera totalmente dentro del marco de la gobernabilidad” Para las autoras anteriores

de manera paradigmática, en la actualidad el modelo de la

gobernanza está siendo aplicado en América Latina en el marco de la extensión de un modelo extractivo exportador. La concepción que subyace en este modelo es que, más allá de la opacidad de los sistemas de representación y de las nuevas incertidumbres, los antagonismos y las contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediación, de entendimientos recíprocos, en los que el objetivo es tanto la consolidación de la gobernabilidad como la materialización del llamado “capital social” en términos de redes sociales y políticas. En este sentido, esa visión apunta a diluir la idea de que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, que están insertos en relaciones de poder asimétricas y que en definitiva enfrentan –o pueden enfrentar- proyectos de sociedades diferentes y, en muchos casos opuestos. Para ellas, en el actual escenario latinoamericano y la cartografía de resistencias existentes, se trata de un modelo que intenta una recomposición de la dinámica del capitalismo neoliberal, a través de ciertos dispositivos de intervención públicos y privados, que colocan el acento, por un lado en la RSE y, por otro, en la necesaria autolimitación de las demandas y los reclamos de las poblaciones afectadas, frente a una realidad de “hechos consumados”, esto es, la expansión “inevitable” del capitalismo extractivo transnacional en nuestras latitudes. Bien avanzado el siglo XX no había lugar político e ideológico al cuál oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconocían, o de desestimaban, las consecuencias destructivas que podía generar una modernización sin freno. En rigor, había un único paradigma de la modernización. Al cual se adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visión productivista y homogeneizante del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este sentido, lo sucedido en América Latina no fue la excepción, pues la modernización y el credo productivista supieron ser la bandera que enarbolaron tanto los Estados desarrollistas como las experiencias nacional-populistas. Asimismo, quizá mucho más que en otras latitudes, las izquierdas-tanto en su matriz anti-capitalista como nacional popular- se mostraron

sumamente refractarias

a las nuevas corrientes (ambientalistas y ecologistas) que se iban

desplegando a la luz de las diferentes criticas del paradigma productivista. Sin embargo, resaltan Svampa et al (2009:49) en las últimas décadas el escenario cambió ostensiblemente. Por un lado, la crisis de la idea de la modernización (y por ende, de desarrollo), en su versión hegemónica y mono cultural, abrió un nuevo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisión del paradigma del progreso. A esto se sumó, en varios países de América Latina, la crítica de los pueblos originarios y los movimientos campesinos hacia las tentativas asimilacioncitas o etnicidas reflejados por los modelos de desarrollo instalados por los Estados nacionales en sus diferentes fases(Estado conservador, Estado nacional-desarrollista, Estado neoliberal)- Por otro lado, en la actualidad, los modelos de desarrollo impulsados en esta nueva fase de acumulación del capital colisionan de lleno con los modos de vida de diferentes poblaciones y pueblos originarios, y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida( tierra y territorio). Estos hechos, sumados a los anteriores, abrieron el espacio para la emergencia de nuevos movimientos socioambientales, en clave de justicia socioambiental o de ecología popular, así como a la revalorización de las cosmovisiones y las culturas indígenas, tan invisibilizadas en América. El proceso anterior de la evolución de todos los países del continente lleva a dos “conceptos límite” del pensamiento social latinoamericano: emancipación y desarrollo. Ninguno de estos conceptos límite ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastrocamientos y re significaciones mayores, ligados tanto a la nueva dinámica del poder como a la acción contestataria de los movimientos sociales contemporáneos. En rigor, en América Latina, el marco en el cual retorna la cuestión “del desarrollo” y se perfilan los debates sobre la “emancipación” va diseñando una trama muy compleja y conflictiva, atravesada por no pocos dilemas y posicionamientos irreconciliables. Así, todo parecería indicar que, tal como están planteadas las cosas, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación amenazan con ser claramente antagónicas (Svampa et al. 2009) Para Raúl Zibechi(2015) el cambio más importante identificado en la región es la convivencia de un poderoso y autónomo capital transnacional con un relativo fortalecimiento de los Estados de la mano de gobiernos progresistas. Ambos hechos son, evidentemente, contradictorios, pero, esbozan un campo de fuerzas de notable dinamismo, en el cual la tendencia es hacia la confrontación entre movimientos y extractivismo. Esto coloca a los Estados en una situación

paradójica: necesitan del modelo para lubricar los ingresos fiscales que den sustento a sus políticas, a la vez que necesitan el apoyo de los movimientos sin los cuales su legitimidad queda cuestionada.

Zacatecas: La minería ¿Ilusión o apoyo al desarrollo?

Durante más de cuatro siglos, Zacatecas ha estado integrado a la economía mundial a través de sus exportaciones mineras. En efecto, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, rápidamente la entidad resalta por su riqueza minera de plata, que durante siglos contribuye, de forma muy importante a la riqueza de la corona española. Esta función trasciende la Independencia de México en 1810 y para fines del siglo XXI la minería zacatecana era fuente de atracción de la inversión extranjera europea y norteamericana. Al inicio del siglo XX, dicha actividad entra en crisis y ante la ausencia de una actividad emergente, la migración nacional e internacional se convierte en rasgo estructural de la sociedad zacatecana. A mediados del siglo XX coexiste una pequeña minería, atrasada, con baja tecnología, con reducido impacto en el empleo en algunos municipios, con algunas grandes explotaciones mineras de corporaciones nacionales en Fresnillo y Sombrerete (García Zamora, 2012) A partir de 1982, con la profunda crisis económica nacional de la deuda pública y el establecimiento del nuevo modelo económico y aperturista, la pequeña minería prácticamente desaparece y es la gran minería la que aprovecha las reformas legales para apropiar de enormes superficies territoriales del país y del estado con grandes yacimientos mineros. Así, en los años 80 y 90 del siglo anterior, la actividad minera en Zacatecas se concentra en las grandes explotaciones de los municipios señalados propiedad de las compañías Peñoles y Grupo Minero México. Es importante destacar como en los 80s, en el municipio de Noria de Ángeles, irrumpe una gran empresa canadiense con el Proyecto Real de Ángeles, a cielo abierto, que finalmente termina como un desastre ambiental, que trágicamente parece estar en proceso de repetirse en varios lugares del estado en 2010-2011, con la presencia de múltiples empresas extranjeras y nacionales que con explotaciones a cielo abierto, aprovechando los altos precios internacionales del oro y la plata, diariamente destruyen cerros y montañas, procesan cientos de miles de toneladas prácticamente sin ningún control ambiental, con daños irreversibles a los recursos naturales y a

los territorios donde se asientan esas explotaciones, pagando entre 5 y 110 pesos por hectárea concesionada (Fernández Vega, 2011) Durante los años 80 e inicios de los 90 del siglo anterior, la minera Real de Ángeles fue el “orgullo económico” del gobierno estatal, por explorar la veta de plata “a tajo abierto más grande del mundo”. Sin embargo, 23 años después sólo quedó un enorme cráter, donde podría caber el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Actualmente es un desolado paraje contaminado por los residuos mineros, donde más de 90 hectáreas de tierras de cultivo y producción agropecuaria se han perdido, debido al impacto ambiental negativo y la contaminación por plomo, arsénico, cianuro y otras sustancias químicas tóxicas que se encuentran dispersas en el suelo y el aire. Para explotar la mina fue necesario borrar del mapa, literalmente, la comunidad de Real de Ángeles, que data del siglo XVIII, para ser reubicada a 30 kilómetros de la veta, porque “estorbaba” al proyecto, pues se encontraba “prácticamente sobre el yacimiento mineral” deseado, según se describe en la reseña elaborada por la misma empresa minera (Valadez, 2005) Más recientemente en 2005, comienzan a llegar con el “boom de los commodities” de forma masiva empresas de Canadá, Estados Unidos y del mismo México, las cuales con sus inversiones y producción propician que el aporte del sector minero en el producto interno bruto estatal crezca de 2005 al 2010 del 3 al 14%. El crecimiento de las operaciones de tales empresas se expresa en más de 3 mil millones de dólares en los últimos cinco años, los montos de materiales explotados y de forma especial en los enormes beneficios recibidos, los raquíticos a la economía local y estatal, y los enormes daños irreversibles en los diferentes territorios sin control, sanción ni reparación alguna. Lo anterior es reflejado por Alfredo Valdez (La Jornada, Zacatecas, 5 de enero, 2009) en su reportaje sobre la mina Peñasquito, l amina más grande de América Latina, de la compañía canadiense Gold Corp., que plantea extraer 13 millones de onzas de oro en 19 años, explotación localizada en el municipio de Mazapil, zona semidesértica y uno de los municipios más pobres de México y Zacatecas, que durante más de cuatro siglos ha sufrido la depredación de sus recursos mineros y recursos naturales en general. Esta explotación, según Alfredo Valadez, es la segunda más grande del mundo, con 3400 obreros a su servicio. Gold Corp invirtió 1500 millones de dólares en Peñasquito al inicio de sus operaciones, antes pagó 1000 millones de dólares para comprar el proyecto a la empresa Glamis Gold, también canadiense, que realizó los trabajos de exploración y ubicación de los enormes yacimientos de oro en esa región. Al inicio de sus actividades, la empresa procesaba 50 mil

toneladas diarias de material rocoso con alto contenido de oro, plata, zinc y cobre. Se espera que en una década procese 130 mil toneladas diarias de concentrado de mineral. El horizonte de vida de este proyecto es de 19 años. La explotación se realiza con el sistema de tajo abierto, que consiste en remover terrenos con explosivos y palas mecánicas. Este método es uno de los más agresivos al medio ambiente por el uso de explosivos, la aplicación masiva de cianuro y otras sustancias tóxicas y un enorme desperdicio de agua donde hay muy poco de ese recurso vital. Cuando el yacimiento se agote, el primer tajo, denominado Peñasco, dejará un enorme agujero de 660 metros de profundidad y de 1.5 kilómetros de diámetro, y el segundo tajo denominado Chile Colorado, medirá 550 metros de profundidad y 800 metros de diámetro. Al igual que en el caso de Real de Ángeles, el poblado el Peñasquito fue reubicado. La corporación tiene si propio aeropuerto para el traslado de los ejecutivos y del oro extraído. Manuel Huitrado, Director de Minas del Gobierno de Zacatecas en 2009, informa que además de los 13 millones de onzas de oro de reservas probadas, el yacimiento tiene al menos 864 millones de onzas de plata y miles de toneladas de zinc. Para este funcionario, Minera Peñasquito “convertirá una de las regiones más pobres del país en una de las más desarrolladas e industrializadas del estado”. Pero la realidad a más de diez años de iniciadas sus actividades es muy diferente (Valadez, 2009). La irrupción de la megaminería en Zacatecas forma parte de la modernización neoliberal definida como: “la estrategia de desarrollo implementada por los gobiernos locales en los últimos veinticinco años(…) cuyo eje es la competitividad territorial espuria, y sus componentes son el extractivismo de recursos naturales, la mercantilización del patrimonio cultural, la extranjerización del comercio y la exportación de la fuerza de trabajo laboral (…)a costa de desmontar la economía local y depredar el medio ambiente”(Márquez, Delgado y García; 2012: 14-15) Federico Guzmán (2015) señala cómo se entiende por modernización neoliberal a la estrategia de acumulación impuesta por el capital global en la región, mediante un proceso de atracción de inversión de las redes de producción transnacional y nacional, donde el territorio se convierte en economía de enclave abastecedora de recursos naturales, principalmente minerales, y mano de obra barata, a través de la maquila y la migración; también se refuerza el papel tributario, mediante la transferencia del excedente generado. Para él, uno de los aspectos sustantivos a considerar en la modalidad del desarrollo vigente en la entidad es el papel de los agentes del capital, el Estado y la sociedad; de los tres, el agente principal es el capital foráneo que asume la

figura de capital transnacional y nacional. Uno de los rasgos recientes del desarrollo del sistema capitalista mundial, es el surgimiento del capital global, mismo que se caracteriza por su vinculación a

“circuitos globalizados de producción, mercadeo y finanzas, desvinculada de

territorios e identidades nacionales particulares, y porque sus intereses descansan sobre la acumulación local o nacional”(Robinson, 2007: 65) Para el caso de Zacatecas se entiende por capital transnacional a las corporaciones instaladas en la entidad, se trata de filiales de las redes globales del capital en los ramos de minería, maquila automotriz, franquicias y sucursales de cadenas comerciales y de servicios, a través de la imposición de controles para determinar la dinámica económica local (Marquez,2012). Federico Guzmán (2015) resalta como el capital foráneo transnacional y nacional, las empresas instaladas en las cadenas de valor global se orientan principalmente en ampliar los espacios de valor del capital, que convierten a Zacatecas (ratifican durante cinco siglos) en economía de enclave hacia las economías centrales. La economía de enclave se refiere a la manera de organizar la producción para la extracción y transferencia de riqueza natural y materias primas de la periferia para favorecer el proceso de acumulación de los países centrales (Svampa y Sola, 2009). La nueva articulación de Zacatecas con el capital transnacional durante el periodo 1989 a 2013 se expresa en 3 802 millones de dólares de inversión extranjera directa, equivalente al 1.1% del total nacional, que coloca a Zacatecas en el lugar número 13 a nivel nacional y en segundo lugar de la zona Centro Norte de la República Mexicana(Guzmán, 2015). Dicha articulación en el ámbito minero se manifiesta en el despojo de la riqueza natural y la sobre explotación de la mano de obra de los trabajadores mineros, generado por los actores del capital transnacional y nacional y avalado por los diferentes actores del Estado. Proceso que se hace visible bajo la modalidad de precarización de las condiciones de vida y subdesarrollo de los pueblos mineros, además del enorme daño ambiental provocado por el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y otros que han producido por lo menos cuatro graves daños regionales en Nuevo Mercurio en Mazapil, Real de Ángeles en Noria de Ángeles,FirstMayestic en Chalchihuites y Peñasquito en Mazapil, en lo que ha habido desacato a cumplir las sanciones impuestas por las dependencias federales como SEMARNAT y la PROFEPA a empresas nacionales y transnacionales como Monochem, B.F. Goodrich, Grupo Frisco y Goldcorp, por violar lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente (Valadez, 2013).

La manera de operar de las empresas mineras como Industria Peñoles, Goldcorp, Minera Real de Ángeles, Plata Panamericana, Compañía Minera Tayahua, Grupo Frisco, Aranzazu Holding y ArianSilver de México y la Compañía Minera México reproducen el despojo que caracteriza a la megaminería en todo el mundo, desde las actividades de exploración hasta su funcionamiento y agotamiento de los minerales. Se apropian de las tierras ejidales y pequeña propiedad, dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería; pagando a sus propietarios sumas económicas ridículas por separar a los productores de sus medios de producción y someter a una destrucción creciente de la tierra y agotamiento del agua, eventualmente, algunos de los propietarios de las tierras son convertidos en asalariados precarios con bajos salarios e inseguridad laboral mediante los mecanismos de la subcontratación. Este esquema de operación de esas empresas mineras se traduce en importantes beneficios de miles de millones de dólares anuales que se ven incrementados por los privilegios fiscales de los que gozan (Burnes, 2010) Lo lucrativo de la actividad de las grandes corporaciones mineras en Zacatecas según Alfredo Valadez (2013) puede dimensionarse para el ejercicio fiscal 2011 en el cual el valor de la producción minera asciende a 4600 millones de dólares; cifra que corresponde a casi tres veces el presupuesto estatal para ese año de 19 184.5 millones de pesos; resaltando como sólo el 0.04% de las utilidades mineras se queda en el estado(Burnes, 2013) En Zacatecas, como en todas las regiones en donde se asientan las corporaciones mineras se produce el proceso de mercantilización del territorio como proceso de despojo de las tierras ejidales y pequeña propiedad mediante presiones, chantajes, amenazas y compras forzadas a precios ínfimos por parte de las redes del capital transnacional y nacional para explotar la riqueza mineral del subsuelo. Así han sido desplazadas las poblaciones de Peñasquito por la Goldocorp, la comunidad de Salaverna por Frisco de Carlos Slim y en Chalchihuites la FirstMayestic contamina los yacimientos de agua de la población. La mercantilización del territorio estatal, al igual como sucede a nivel nacional parece irreversible para Guzmán (2015) cuando señala la existencia de “2,537 concesiones mineras vigentes al 31 de diciembre de 2010, que cubren una superficie de 260, 467 hectáreas (ASF, 2012). Las cifras anteriores son equivalentes al 41.6% del territorio estatal, frente a la concesión del 49.8% a nivel nacional (SEMARNAT, 2012) El auge de la gran minería en Zacatecas en los últimos diez años ha permitido según Francisco García González (2014) que el estado haya permanecido en los primeros lugares en la producción

minera a nivel nacional, así en 2012 ocupó el segundo lugar nacional en la producción de oro, primer lugar en la producción de plata, segundo lugar en cobre, primer lugar en plomo y en zinc de acuerdo a datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana (2013). Para este mismo año, los estados con mayor participación fueron: Sonora, con participación del 24.8% del valor total de la producción minera nacional, Zacatecas, que aportó 21.8% del valor total; en tercer sitio Chihuahua con 12.2%; Durango, 6.9% y, en quinto lugar, San Luis Potosí con 5.1%. El aporte de los cinco estados representa el 71.1% del valor total de la producción nacional. García González (2014) indica como a finales de 2013 había en Zacatecas 63 proyectos mineros de los cuales 46 correspondieron a empresas canadienses, 8 a corporaciones estadounidenses, 2 a México-española, 6 inglesas, 1 peruana, 1 australiana y 1 china. De los 63 proyectos, 42 se encuentran en etapa de exploración, 8 en producción, 3 en desarrollo y 10 en suspensión. Los principales proyectos en desarrollo y producción, de acuerdo a su producción. Existentes actualmente en Zacatecas son operados por empresas canadienses e inglesas, la Golcorp, Pan American SilverCorp, X Tierra Inc y ArianSilver Corp. Por su parte, Arturo Burnes (2012) describe la situación de la minería de Zacatecas al final dela primera década del siglo XXI con los siguientes rasgos: Primero: La especialización productiva para la exportación de sus cinco principales minerales; oro, plata, cobre, zinc y plomo. Segundo: de las cuatro etapas del proceso productivo minero: extractivo, beneficio, fundición y afinación, cada una de las cuales es una industria o proceso industrial en sí misma, en las que se va agregando valor a través del trabajo humano, Zacatecas sólo realiza las tareas de extracción y beneficio, que son las que menos valor agregan a la producción minera y, por ende, no producen sino un mínimo efecto multiplicador en la región en cuanto a ingresos, valorización del producto y del empleo. Tercero: el gran peso de los consorcios mineros, beneficiarios de los procesos de concentración de la producción y la productividad (…) La ventajosa posición de la gran minería se sustenta en su capacidad tecnológica y financiera, pues se trata de grandes consorcios nacionales y extranjeros que monopolizan la producción minera nacional. Cuarto: la minería zacatecana estimula más la economía de los grandes consorcios internacionales que los requerimientos económicos de la entidad. Ellos deciden que zonas

explorar, qué productos extraer, la orientación del proceso global de la producción, independientemente de los planes de desarrollo estatales. Su dinámica está supervisada directamente por el gobierno federal, y es en ese plano en que se desarrollan las relaciones políticas. El gobierno de Miguel Alonso en Zacatecas (2010-2016) le apuesta a la gran minería, la maquila automotriz y el turismo como las “palancas” para el desarrollo económico del estado de Zacatecas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 plantea el “fortalecimiento sustentable de la minería” buscando garantizar que los beneficios de la actividad minera permeen las poblaciones donde se realiza la explotación “…evitando que en los periodos en que concluye la vida productiva de las minas, solo quede a su alrededor marginación, deterioro ambiental y disolución del tejido social” (PED 2011-2016). García González(2014) destaca como discursivamente, durante sus cuatro años de gobierno Miguel Alonso plantea impulsar tres estrategias: el crecimiento sustentable de la minería, la integración vertical de la minería con otros sectores productivos y reducción del impacto de la actividad minera en el medio ambiente y la salud de las personas a través de acciones como las siguientes: a) Apoyo a los estudios de prospección. b) Exploración del potencial de minerales no explotados como el litio. c) Apoyo a la minería no metálica. d) Desregulación sobre productos y servicios a la minería. e) Realización de estudios para la creación de una planta de beneficio por distrito minero. f)

Establecimiento, junto con las compañías mineras, de un programa de empresas proveedoras para la industria minera.

g) Apoyo para la artesanía de plata. En los hechos solo el tema de “proveeduría” es el que concitado la colaboración del gobierno estatal con las grandes corporaciones mineras. Es así como en septiembre de 2011 Alonso promueve una reunión con los representantes de las principales compañías mineras, instituciones académicas y dependencias estatales para la creación del Cluster Minero de Zacatecas, A.C. cuyo objetivo principal sería llevar a cabo “… las actividades necesarias para que los proveedores de bienes y servicios de la industria minera metálica y no metálica, puedan ser atraídos al Estado de

Zacatecas y se desarrollen hasta lograr la integración de toda la cadena de suministro que la industria minera requiera”. Luego de cuatro años de gobierno de Miguel Alonso, la situación de la minería según García González (2014) es la siguiente: a) El valor total de la producción minera para 2012 es de 63, 614,298, 936 (pesos corrientes) correspondiendo 62, 977, 910,075 a minerales metálicos y 636, 379,861 a no metálicos. b) Para 2012 Zacatecas aporta el 21.8% del valor total de la producción minera nacional, ocupando el segundo lugar en el país. c) Para fines de 2013 operaban en Zacatecas 63 proyectos mineros de los cuales 46 corresponden a empresas canadienses y 8 a corporaciones norteamericanas y 6 a corporaciones inglesas. d) Los principales proyectos en desarrollo y producción minera en el estado de Zacatecas corresponden a las empresas Compañía Peñoles, Compañía Minera México, Goldcorp, Pan American SilverCorp, X tierra Inc y ArianSilver Corp. e) La tendencia es de una mayor presencia de las corporaciones canadienses como lo evidencia la instalación más reciente de las corporaciones Omega Direct Response México, Plata Panamericana (Unidad La Colorada), la expansión de Goldcorp a Camino Rojo en San Tiburcio en Mazapil, Silver Tagle Mines y Capstone Gold. f)

La megaminería estimula más la economía de los grandes consorcios nacionales e internacionales que los requerimientos económicos del estado.

g) Expansión de la depredación de los territorios, los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas. h) Alarmante consumo del agua en el semidesierto del estado que provoca el riesgo de su agotamiento al final de las explotaciones de Peñasquito y otras coporaciones. i)

Los conflictos laborales y socioambientales provocados por la gran minería en Zacatecas se han incrementado con los sindicatos y las comunidades rurales como los generados por el Grupo Frisco en el Municipio de Ojo Caliente, los problemas por contaminación del agua en Chalchihuites, de Frisco con la comunidad de Salaverna y Golcorp con Peñasquito, Cedros y San Tiburcio. Lo que ha obligado a que el gobierno estatal intervenga para frenar las reivindicaciones laborales de los trabajadores y las reivindicaciones de las comunidades en defensa de su territorio y recursos naturales.

j)

La subordinación del gobierno estatal y las delegaciones federales a los intereses y directrices de las grandes corporaciones mineras.

Para Arturo Burnes Ortiz (2014) en la perspectiva de promover un mayor impacto positivo de la actividad minera en el desarrollo integral de Zacatecas, se requieren los siguientes aspectos:

1. Una visión integral del desarrollo regional que asegure que la minería contribuya al mejoramiento de la calidad de la vida y al desarrollo económico y social equitativo de los distritos mineros. Para lograrlo se deben proponer estrategias públicas que articulen de manera integral la gestión del recurso natural con el crecimiento de los diferentes sectores productivos, incluyendo

posibilidades y limitaciones del capital natural, social,

institucional y humano. 2. El fortalecimiento institucional del sector público. En específico, de la gestión pública se deben establecer proyectos de diversificación económica local y regional que impacten en primera instancia a la actividad minera, pero, que aprovechen los potenciales humanos y materiales a largo plazo. 3. Promover el aumento en el valor agregado de los productos mineros mediante la instalación de industrias transformadoras de materia prima en el ámbito local y regional. Zacatecas carece de plantas fundidoras y refinadoras de metales, razón por la cual las actividades se limitan a exportar el oro, la plata y zinc en forma de concentrado. 4. Fomentar sistemas de desarrollo de pequeña y mediana industria local que genere encadenamientos productivos y reciba beneficios de la demanda nacional y local, promoviendo, al mismo tiempo, alianzas entre empresas, gobierno local y organizaciones comunitarias como herramienta para la construcción de confianza y el fortalecimiento de sus propias capacidades. 5. Una actitud de mayor respeto empresarial hacia la normatividad laboral y ambiental que reiteradamente es violentada por la forma arbitraria de proceder por parte de las corporaciones mineras en el estado. Como sucede con el Grupo México en el caso de San Martín en Sombrerete, Frisco en Ojo Caliente, Peñasquito en Mazapil y FirstMayestic en Chalchihuites.

6. Una actuación de las corporaciones mineras orientada a la corresponsabilidad con el Estado y la sociedad civil en el ejercicio de sus actividades, la gestión del territorio y la producción y reproducción de la vida económica, social y ambiental en el estado mediante las siguientes acciones: a) Respetar la cultura, el patrimonio y la identidad delas comunidades, sus aspiraciones y vocaciones regionales; b) Creación de fundaciones y otras instituciones que emprendan actividades

y

programas de desarrollo comunitario; c) Compartir la información el conocimiento e información que se tiene sobre las comunidades con todos los actores sociales interesados en apoyar sus estrategias de desarrollo comunitario integral y sustentable; d) Aportar a fondos regionales de sustentabilidad para la realización de proyectos económicos de desarrollo local; e) Promover el desarrollo de capital social y del recurso humano mediante la formación de fuerza de trabajo para las labores mineras y conexas. f)

Fomentar la diversificación productiva de las regiones mineras privilegiando la compra de bienes y servicios en la región y respaldar programas de desarrollo del empresariado estatal de transformación de la materia prima sostenibles a futuro;

g) Planificar el cierre y las actividades posteriores de las explotaciones mineras con la concurrencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de forma especial de las propias comunidades involucradas, asumiendo compromisos conjuntos sobre rehabilitación del territorio, uso posterior del suelo, gestión de los impactos económicos y sociales. h) Respetar los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección laboral a los obreros de la actividad minera.

Conclusiones

La gran minería en Zacatecas en los últimos veinte años vino a refuncionalizar la articulación de la economía estatal con el mercado mundial mediante las cadenas globales del capital monopolista minero nacional e internacional que aprovechando el auge en los precios internacionales de los

minerales invierten cantidades significativas y desarrollan actividades de explotación minera en el estado que elevan los indicadores económicos del crecimiento estatal, pero, a costa de provocar graves consecuencias sobre los territorios, los recursos naturales, las comunidades y sus formas tradicionales de vida, de reproducción económica, social y comunitaria. Un impacto adicional se da a nivel institucional, con el comportamiento de las grandes corporaciones mineras como un nuevo Estado que actúa impunemente sobre los territorios, los recursos y las comunidades sin ninguna regulación y restricción por parte de los tres niveles de gobierno. Durante 20 años los diferentes gobiernos estatales han promovido, tolerado y protegido la actuación extractivista de las corporaciones mineras bajo la idea de que eran un instrumento del progreso económico de la entidad. El gobierno actual ha ido más allá al colocar dicha actividad como la supuesta palanca del desarrollo económico y social del estado sin considerar el enorme impacto negativo sobre el territorio, sobre la tierra, el agotamiento del agua, la contaminación y depredación de los recursos naturales y el desplazamiento de las comunidades originarias. Las consecuencias anteriores representan la muerte de los territorios, de las comunidades y sus formas tradicionales de vida, el aniquilamiento de los ecosistemas. Por ello, la megaminería en Zacatecas como en resto del mundo es la expresión más acabada de la economía de la muerte que caracteriza al capitalismo del siglo XXI. La tragedia de Zacatecas es que luego de cinco siglos de explotación minera y de expulsión constante de su población, siguen siendo en la segunda década del siglo XXI las principales actividades económicas en el estado y los minerales y los zacatecanos los principales productos de exportación. Ante la profundización de la crisis y pobreza rural, la ausencia de un sector industria y lo reducido del sector empresarial estatal la realidad implacable es que la megaminería seguirá actuando en el estado como lo ha hecho hasta ahora por lo rentable de su actividad y la subordinación de toda la institucionalidad gubernamental a sus directrices e intereses. Existen crecientes conflictos entre las comunidades, las corporaciones

mineras y las

dependencias estatales y delegaciones federales que cuestionan la vigencia del extractivismo primitivo en el Estado. Existen investigaciones, denuncias y propuestas alternativas sobre la minería, la gestión de los territorios y la participación de las comunidades que hasta ahora no han podido articularse adecuadamente con los movimientos sociales que plantean la construcción de un proyecto alternativo de desarrollo económico y social para todas las regiones y sectores sociales de Zacatecas que sea equitativo y sustentable. El gran desafío de la sociedad civil en el

estado es participar en esta construcción colectiva y en la ciudadanización de todos los espacios públicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial para hacer posible superar el extractivismo primitivo y la economía de la muerte que fungen como grilletes del desarrollo del subdesarrollo en Zacatecas. La estrategia alternativa tiene que integrar la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura como la plataforma para transitar de las ventajas comparativas de los recursos naturales a las ventajas competitivas basadas en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Las universidades públicas están convocadas a ser un apoyo estratégico en este esfuerzo colectivo de construcción de un futuro diferente para Zacatecas.

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