CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

I. INFORME ESPECIAL

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA Luego de varias décadas de conflicto armado en Colombia, la situación de las minas antipersonal se ha convertido en una de sus consecuencias de mayor gravedad en el largo plazo. Tanto por el drama humano que significa la pérdida de vidas y la invalidez de más de 5000 víctimas, como por el costo de desactivación de minas y atención a sobrevivientes, el país está obligado a realizar un esfuerzo enorme para evitar que la problemática se agudice y se incrementen el riesgo de accidentes y los gastos de tratamiento. De acuerdo al Observatorio de Minas de la Vicepresidencia (OMV): “cada sobreviviente le cuesta al Gobierno 250 millones de pesos lo que significa que, por cuenta de la guerra, el país ha perdido medio punto del PIB en rehabilitación de las víctimas de las minas antipersonal.”1 El siguiente documento ofrece un panorama de la problemática de minas que afronta el país y sienta las bases para un análisis sobre la lógica que hay tras el uso masivo de las minas antipersonal. Consta de dos partes. En la primera se describe la situación de accidentes, eventos y tipos de víctimas en los últimos diez años según su ubicación geográfica. Y en la segunda se analiza la racionalidad de la utilización de minas antipersonal dentro de la lógica del conflicto en Colombia.

1

Ver: Generación perdida. Desde 1990, rehabilitar las víctimas de las minas antipersonal le ha costado al país 1.5 billones de pesos. En Revista Cambio, 7 de octubre 7 de 2006, http://www.eltiempo.com/cambio/2006-10-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3275775.html

5

PRIMERA PARTE: PANORAMA GENERAL DE LAS MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA Colombia es el único país en América Latina y uno de los pocos en el mundo donde se continúan sembrando minas antipersonal. De acuerdo con los datos suministrados por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, entre los años 1996 y 2005 se registraron 7.065 eventos relacionados con minas antipersonal, MAP, y municiones abandonadas sin explotar, MUSE. De estos, 2.185 fueron accidentes, el 31%, y 4.880 incidentes, el 69%2. La curva de eventos presentó un ascenso a partir de 2002, año en el que se rompieron los diálogos entre el Gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, y registró su pico

más alto en 2004, cuando sucedieron 1.947 los hechos, 520 accidentes, el 27%, y 1.427 incidentes, el 73%. Estos eventos ocurrieron en 31 de los 32 departamentos y en 567 municipios, es decir, el 50% de los municipios del país estuvieron o están amenazados por la presencia o la sospecha de MAP o MUSE en sus territorios. Teniendo en cuenta únicamente los accidentes, el año 2005 fue el más crítico con 1.103 víctimas entre civiles y militares. En este año Colombia estuvo por encima de otros países como Camboya, donde hubo 875 víctimas, y de Afganistán, donde se registraron 8483.

Número de eventos por MAP y MUSE 1996 - 2005

el 3 de diciembre de 1997, su ratificación mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000 y la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley 759 del 25 de julio de 2002 por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento al Tratado, la Fuerza Pública plantó minas con fines estratégicos y defensivos tales como proteger las bases militares y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Con la firma del Tratado, el Estado colombiano se comprometió, entre otras cosas, a no continuar produciendo ni sembrando estos artefactos, así como a destruir sus reservas antes del primero de marzo de 2005. De esta forma, la Industria Militar (Indumil), de propiedad del Estado colombiano, que previamente produjo minas antipersonal, dejó de hacerlo en septiembre de 1998 y destruyó sus equipos de producción el 18 de noviembre de 1999. Asimismo, el Estado concluyó la destrucción de sus reservas de minas el 24 de octubre de 2004, antes del plazo establecido por el Tratado4.

2500

2000

1500

1000

500

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal

Todos los grupos armados involucrados en el conflicto colombiano han utilizado minas antipersonal con diversos fines. Hasta la firma por

parte del Estado colombiano del Tratado para la prohibición del empleo, almace-namiento, producción y transferencia de minas antipersonal

En contraposición a las medidas adoptadas por el Estado, los grupos armados irregulares utilizan cada vez más este tipo de arma. Por su bajo costo las minas antipersonal resultan una buena alternativa para estos grupos, pues su fabricación no requiere una gran infraestructura y los materiales para elaborarlas son económicos y asequibles5. Las minas antipersonal, como se verá más adelante, son usadas por los grupos irregulares como táctica militar para detener el avance de las tropas

2

3 4 5

6

Según el artículo Primero de la Ley 759 del 25 de Julio de 2002, “por “accidente” se entiende un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas, y por “incidente” se entiende un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente”. De esta forma, bajo la categoría de accidentes se registran los hechos en los que hay víctimas (heridas o muertas) y bajo la de incidentes, aquellos en los que no hay víctimas. Algunos incidentes son las incautaciones o desactivaciones de artefactos explosivos, la sospecha de campo minado, el hallazgo de campos minados, los accidentes de semovientes, entre otros. Ver: Con 1.100 víctimas, Colombia fue el país con más afectados por minas antipersonal en el 2005. En: El Tiempo, 13 de septiembre de 2006 Ver: Informe Campaña internacional contra las minas terrestres. 2005. páginas 4 y 5. Las minas antipersonal son artefactos pequeños, generalmente con apenas medio kilogramo de explosivos. Se cuentan entre los dispositivos de guerra más baratos, pues su producción e instalación no sobrepasa los US$ 30, aunque muchas no cuestan más de US$ 3. Fáciles de fabricar y transportar, están al alcance de todo tipo de grupos armados al margen de la ley, incluso de la delincuencia común. Ver: Minas Antipersonal en Colombia. En: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001, página 3

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

contrarias en combates y proteger sus territorios. En los casos en que las minas son utilizadas con fines tácticos, la rapidez e irregularidad con que son colocadas hace que sea imposible elaborar mapas o señalizar los lugares en que han sido plantados estos artefactos6. Esto sumado a que las MAP son móviles por múltiples causas como inundaciones, lluvias, movimientos telúricos y huracanes, que hacen que estos artefactos se desplacen sin ser detectados, y perdurables en el tiempo, pues se calcula que pueden durar décadas o quizás siglos, hace que no se conozca con exactitud cuántas minas hay en la actualidad sembradas y activas en Colombia. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos, para el año 2001, un cálculo global pone la cifra de minas plantadas en 70.000, de las cuales las Fuerzas Militares habrían instalado 20.000, y el resto los grupos armados al margen de la ley, en particular las Farc y el ELN. Pero si se tiene en cuenta que estos artefactos posiblemente se han utilizado en Colombia desde comienzos de la época de La Violencia (década de 1940), que existe evidencia de que la mayoría de grupos subversivos las han utilizado desde entonces, y que los grupos al margen de la ley actuales las utilizan con frecuencia como arma estratégica, quizás sin llevar registros de su número o levantar mapas de su localización, la cifra de 70.000, con una tasa de crecimiento anual del 20%, puede resultar, en el mejor de los casos, hipotética7. Resulta aún más difícil determinar el número de minas antipersonal que hay en el país, si se tiene en cuenta que la guerrilla usa minas artesanales. Un

informe publicado por el Llamamiento de Ginebra en el que se investiga y analiza la forma en que los actores no estatales utilizan, adquieren, producen, transfieren y almacenan las minas terrestres, afirma que, en el caso del ELN, esta guerrilla utiliza por lo general minas artesanales. Se dice que frecuentemente el ELN produce artefactos explosivos improvisados y que todos sus combatientes saben como producir minas. El ELN produce entre otros tipos una mina especial conocida como “quiebrapata” (activada por la víctima) y hace minas tipo “sombrero chino” que son activadas por la víctima o por control a distancia al igual que las minas tipo Claymore. En el de las Farc, las minas utilizadas por esta guerrilla están hechas de materiales comunes (plástico, tarros y jeringas). Algunas de las minas artesanales contienen pequeñas cantidades de metal, lo cual dificulta su detección. Según las Fuerzas Armadas, las Farc mezclan café con los explosivos, para así confundir a los perros. Las Farc son conocidas por su capacidad de producir explosivos usando fertilizantes, pero también han robado explosivos de las Fuerzas Armadas.

Retomando los datos de los últimos diez años, entre 1996 y 2005 el Observatorio de Minas registró 7.065 eventos por MAP y MUSE. De estos, el 31%, es decir 2.185, fueron accidentes y el 69%, 4.880, incidentes. En la curva de eventos se observa un ascenso a partir de 2002, año en el que los diálogos entre las Farc y el Gobierno de Pastrana se rompieron, y el uso de minas por parte de esta guerrilla se hizo más frecuente con el fin de defenderse de la ofensiva emprendida en su contra por la Fuerza Pública. Asimismo, en este año la diferencia entre el número de incidentes y accidentes empezó a hacerse más evidente como se observa en el siguiente gráfico. El aumento en el número de incidentes frente al número de accidentes demuestra, por una parte, la existencia de más minas, y por la otra, una acción más decidida por parte de la Fuerza Pública en contra de las MAP, pues en este año entró en vigencia la Ley 759 con la cual se materializaron los compromisos del Estado Colombiano en contra del uso, almacenamiento y producción de las MAP. Durante los diez años estudiados se registraron 4.880 incidentes, siendo 2004 el año pico con 1.427 hechos.

Número de accidentes e incidentes 1996 - 2005 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Añ o

Accidentes

Indicentes

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal

6 7

Ver: Sembrando Minas, cosechando muerte, página 14 Ver: Minas Antipersonal en Colombia. En: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001, página 5.

7

En cuanto a los accidentes, es decir los eventos en los que hubo víctimas (heridas o muertas), entre 1996 y 2005 se registraron 2.185 hechos, los cuales dejaron como consecuencia 4.051 victimas. De estas, 1.549 fueron civiles, es decir el 38%, y 2.505 militares, el 62%. En general se observa un ascenso en el año 2000 el cual se vuelve más crítico en el caso de los militares en el 2003. A partir de este año la proporción de las victimas militares supero el 60% y se ha mantenido por encima de este porcentaje hasta el presente. En ambos casos, 2005 es el año más crítico con 1.103 víctimas, 342 de ellas civiles, el 31%, y 761 militares, el 69%. Respecto a la distribución geográfica, una gran parte del país ha sido afectada por este tipo de arma. Como se puede observar en el mapa 1, durante los últimos 10 años se registraron eventos con MAP y MUSE en 31 de los 32 departamentos y en 567 municipios, es decir en el 50% del total del país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si se conociera el lugar exacto donde se encuentran plantadas las minas, quizás las zonas afectadas serían menos. Estos eventos se concentraron en los departamentos de Antioquia con el 23%, Meta y Bolívar con el 9% cada uno, Caquetá con el 8%, Cundinamarca con el 6%, Santander, Arauca y Norte de Santander con el 5% cada uno y Cauca con el 4%. En Antioquia se registraron 1.624 eventos, de los cuales 965 fueron incidentes y 659 accidentes. Estos últimos dejaron como consecuencia 1.072 víctimas, entre las que se encuentran 491 civiles, es decir el 46%, y 581 militares, el 54%. Al igual que la tendencia del país, en este departamento los eventos empezaron a ascender en el año 2002 y su pico

8

fue en 2004 con 479 eventos. Estos hechos se registraron en 92 de los municipios del departamento, dentro de los que se destacan los ubicados en las subregiones Oriente, Nordeste, Norte y Urabá antioqueño. En la subregión Oriente, San Francisco fue el municipio más crítico con 183 eventos durante los diez años estudiados. Del total de los hechos, 117 fueron incidentes y 66 accidentes los cuales dejaron como resultado 97 víctimas, 49 civiles y 48 militares. En San Luís, también ubicado en esta región, fueron 109 los eventos, (72 incidentes y 37 accidentes). Las víctimas fueron 56, 13 de ellas civiles y 43 militares. Granada, por su parte, con 94 eventos (35 accidentes y 59 incidentes) fue el tercer municipio más afectado. Allí, se registraron 56 víctimas, 26 civiles y 30 militares. San Carlos con 92 eventos (57 accidentes y 35 incidentes) fue el municipio con el mayor número de víctimas del departamento con 114, 52 civiles y 62 militares. Finalmente se encuentra Cocorná con 91 eventos, los cuales dejaron como consecuencia 67 víctimas, 41 civiles y 26 militares. Esta es una región de protección de las Farc y el ELN. Otra subregión que llama la atención es la del Nordeste. Allí, Remedios y Segovia fueron los municipios más complicados. En Remedios se registraron 63 eventos de los cuales 44 fueron incidentes y 19 accidentes. En términos de víctimas, 25 fueron militares y 6 civiles. En Segovia, los eventos fueron 55 y las víctimas 9, 7 de ellas militares y 2 civiles. Llama la atención Ituango ubicado en el norte del departamento, donde los eventos fueron 76, mientras que las víctimas fueron 66, de las cuales 49 eran militares y 17 civiles. Este es un municipio frontera entre grupos paramilitares y guerrilla por lo que la confrontación allí fue muy fuerte.

En cuanto al Urabá antioqueño, se destaca el municipio de Turbo donde fueron 22 los eventos y se registraron 19 víctimas, 7 de ellas civiles y 12 militares. Finalmente, en Medellín como consecuencia de los 13 accidentes que se reportaron, resultaron 23 victimas, 22 civiles y una militar. Meta reportó 662 eventos relacionados con MAP y MUSE, de los cuales 449 fueron incidentes y 213 accidentes. Las víctimas en los accidentes fueron 393, 154 de ellas civiles, es decir el 39%, y 239 militares, el 61%. El año más crítico fue 2005 con un total de 251 eventos, de estos 81 fueron accidentes y 170 incidentes, mientras que se registraron 170 víctimas, 78 civiles y 92 militares. Los eventos reportados durante los 10 años estudiados ocurrieron en 23 municipios de los cuales Vistahermosa fue el más afectado. Allí se concentró el 21% del total de los eventos del departamento con 139 hechos (88 incidentes y 51 accidentes) y 115 víctimas, 63 civiles, es decir el 55%, y 52 militares, el 45%. 2005 fue el año pico con 84 eventos, los cuales dejaron como consecuencia 97 víctimas, 51 civiles, el 53%, y 46 militares, el 47%. Los eventos por MAP en el departamento, y en especial en este municipio, se relacionan con la presencia de cultivos ilícitos y el interés de las Farc por protegerlos, así como de resguardarse de la ofensiva de la Fuerza Pública. Otros municipios afectados fueron Puerto Rico, Mesetas, La Macarena y Lejanías. En Puerto Rico se registraron 82 eventos, los que dejaron como resultado 41 víctimas, 13 civiles y 24 militares. Mesetas reportó 77 eventos (23 accidentes y 54 incidentes) y 37 víctimas, 13 de

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

ellas civiles y 24 militares. En La Macarena fueron 56 los eventos (18 accidentes y 18 incidentes) y 27 las víctimas, de las cuales una era civil y 26 militares. Por último, en Lejanías se registraron 42 eventos (15 accidentes y 27 incidentes) y 24 víctimas, 6 civiles y 18 militares.

consecuencia 31 víctimas, 5 civiles y 26 militares. Éste fue un municipio disputado por grupos paramilitares a las Farc, por ser un corredor para el transporte de droga entre el río Magdalena, El Carmen de Bolívar y San Onofre (Sucre) en el golfo de Morrosquillo.

En Bolívar sobresalen las subregiones de Montes de María y el Sur como las más afectadas por MAP y MUSE en el período analizado. De 621 eventos registrados en el departamento, Montes de María (bolivarense) concentró el 69% de los hechos, con 430 eventos, mientras que el Sur, con 144, centralizó el 23%. En cuanto a las víctimas, en el total del departamento se reportaron 280, 107 de ellas civiles y 173 militares. De estas, el 49% ocurrieron en la región de Montes de María, es decir 136, y el 37% en el Sur, con 103 victimas.

En el Sur de Bolívar la situación es similar a la de los Montes de María. En casi todos los municipios de esta región los paramilitares hacen presencia en las zonas urbanas y la guerrilla en las rurales, por lo que las minas son usadas para contener el avance de los paramilitares, por una parte, y el de la Fuerza Pública, por el otro. Adicionalmente, se debe tener

En Montes de María, el municipio más crítico fue El Carmen de Bolívar con 285 eventos (47 accidentes y 238 incidentes) y 92 víctimas, 16 de ellas civiles y 76 militares. En este municipio, junto con San Jacinto donde se presentaron 28 eventos y 9 víctimas (4 civiles y 5 militares) y San Juan de Nepomuceno donde fueron 12 los eventos y 3 las víctimas, todas militares, las Farc han tenido una fuerte presencia especialmente en las zonas más enclavadas en los montes. Esta presencia se mantuvo a pesar de la incursión de grupos paramilitares en la región a finales de los años noventa. En estos municipios las MAP sirvieron a las Farc para crear barreras de protección ante el avance, en un principio, de los paramilitares y, en los últimos años, el de la Fuerza Pública. Otro municipio afectado fue Zambrano. Allí se registraron 76 eventos (9 accidentes y 67 incidentes) los cuales dejaron como

Durante los últimos diez años se registraron eventos en 31 departamentos y 567 municipios. en cuenta que esta es una región con grandes áreas de cultivos ilícitos donde las MAP son un medio para su protección. En esta región el municipio más afectado fue San Pablo donde se registraron 36 eventos (18 accidentes y 18 incidentes) y 33 víctimas, de las cuales 16 fueron civiles y 76 militares, le siguió Morales con 30 eventos (6 accidentes y 24 incidentes) y 15 víctimas, 12 civiles y 3 militares. En Santa Rosa del Sur los eventos fueron 12 mientras que las víctimas fueron 14, de las cuales 12 eran civiles y 2 militares. En Simití donde los eventos fueron 15, se registraron 13 víctimas todas civiles. Durante el periodo analizado, más de la mitad de las

víctimas en esta región fueron civiles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos combatientes de los grupos paramilitares pudieron haber sido registrados bajo esta categoría. En Caquetá, zona de retaguardia de las Farc, se registraron 566 eventos por MAP y MUSE, de los cuales 167 fueron accidentes y 399 incidentes. Como consecuencia de los accidentes, 331 personas resultaron heridas o muertas, entre ellas 70 eran civiles y 261 militares. El año 2004 fue el más crítico con 201 eventos y 122 victimas. De estas 10 fueron civiles y 112 militares. El municipio más afectado fue San Vicente del Cagúan con 136 hechos (45 accidentes y 91 incidentes) y 93 víctimas, 5 civiles y 88 militares. En este municipio no se registraron eventos entre 1998 y 2001, años en los que se mantuvieron los diálogos de paz entre las Farc y el Gobierno. En 2004, año pico, se registraron 44 eventos y 27 víctimas. Esto confirma la utilización de MAP por parte de las Farc para replegarse y defenderse del avance de la Fuerza Pública una vez los diálogos fracasaron. La Montañita, otro municipio muy afectado por MAP, registró 118 eventos (40 accidentes y 78 incidentes) los cuales dejaron como consecuencia 91 víctimas, 15 civiles y 76 militares. En Florencia, los eventos fueron 85 y las víctimas 31 y en Cartagena del Chaira fueron 55 los eventos y 42 las víctimas. En los dos casos las víctimas fueron en su mayoría militares. Cundinamarca con el 6% del total de los hechos en el país, registró 401 eventos. De estos 79 fueron accidentes y 322 incidentes, de los cuales resultaron 126 víctimas, 38 de ellas civiles y 88 militares. El año pico fue 2003 con 138 eventos y 43 víctimas. Por su parte, Santander, con

9

5% de participación en los eventos del país, reportó 379 eventos (94 accidentes y 285 incidentes) y 128 víctimas, 91 civiles y 37 militares. Los municipios más afectados fueron Barrancabermeja, Suratá, Matanza y Sabana de Torres. En Arauca se registraron 367 eventos, 108 de estos fueron accidentes y 259 incidentes. Los accidentes dejaron como resultado 190 víctimas, 59 de ellas civiles y 131 militares. Tame fue el municipio con el mayor número de hechos relacionados con MAP y MUSE. Durante el período estudiado reportó 135 eventos, de los cuales 53 fueron accidentes y 82 incidentes. Como consecuencia de estos se registraron 109 víctimas, 25 civiles y 84 militares. En este municipio los paramilitares incursionaron con mucha fuerza a la zona urbana, mientras la guerrilla mantiene el control en la rural. Las MAP funcionan para crear una barrera de protección de la región donde se encuentra la guerrilla. Otros municipios afectados fueron Arauquita, Saravena y Arauca. En Arauquita se reportaron 88 eventos (18 accidentes y 70 incidentes) y 25 víctimas, 6 civiles y 19 militares. En Saravena, los eventos fueron 63, 13 de estos accidentes y 50 incidentes. Las víctimas fueron 16, 11 civiles y 5 militares. Finalmente en Arauca, se registraron 50 eventos (9 accidentes y 41 incidentes) y 17 víctimas, 9 civiles y 8 militares. La región más afectada en Norte de Santander fue la del Catatumbo. De 353 eventos registrados en el departamento, 81%, es decir 285, ocurrieron en esta región. En cuanto a las víctimas, de 274, 247, el 90%, se reportaron en el Catatumbo. Esta es

una región con bastas áreas de cultivos ilícitos y donde la confrontación entre paramilitares y guerrilla fue muy fuerte. De los municipios de la región, Tibú fue el más afectado. Entre 1996 y 2005 este municipio registró 81 eventos entre los que se encuentran 35 accidentes y 46 incidentes. Asimismo, reportó 56 víctimas, 31 de ellas civiles y 25 militares. El segundo municipio fue Teorama con 42 eventos (22 accidentes y 20 incidentes), los cuales dejaron como consecuencia 62 víctimas, 8 civiles y 54 militares. En El Tarra, por su parte, se registraron 40 eventos (16 accidentes y 24 incidentes) y 31 víctimas, de las cuales 12 eran civiles y 19 militares. Finalmente en Hacarí ocurrieron 29 eventos, 13 de estos accidentes y 16 incidentes, los que dejaron 33 víctimas, una civil y 32 militares. El departamento de Cauca registró 309 eventos (119 accidentes y 190 incidentes) y 223 víctimas, 99 de ellas civiles y 124 militares. Cuatro municipios: El Tambo, Toribio, Santa Rosa y San Sebastián, concentraron más del 50% de los hechos relacionados con MAP y MUSE durante el período analizado. En El Tambo los eventos fueron 53 y 52 las víctimas, de las cuales 17 fueron civiles y 35 militares, mientras que en Toribio fueron 42 los eventos y 43 víctimas, 11 de ellas civiles y 32 militares, En estos dos municipios, especialmente en Toribio, las Farc intensificaron sus acciones durante los cuatro últimos años. Uno de los ataques con mayor trascendía nacional fue el del 14 de abril cuando la estación de Policía de este municipio fue atacada por la Columna Jacobo Arenas y el frente 6 de las Farc, dejando cuatro personas muertas, entre ellas dos integrantes de la Fuerza Pública y un menor de edad, además de 17 personas heridas y 20

8

Cuatro muertos en ataque de las Farc a casa de la guardia indígena en Cauca, El Tiempo, 15 de abril de 2005.

10

viviendas destruidas por los impactos de los cilindros8. En los municipios de la Bota Caucana, Santa Rosa fue el más crítico con 36 eventos y 26 víctimas, 5 de ellas civiles y 21 militares. Le siguió San Sebastián, con 25 eventos y 15 víctimas, 9 civiles y 6 militares. Esta es una zona con una alta presencia de cultivos ilícitos, además de ser un corredor de comunicación entre los departamentos de Caquetá, el bajo Putumayo, Huila y Nariño con el Ecuador Finalmente, llama la atención la situación reciente de los departamentos de Nariño y Guaviare. En Nariño, se empezaron a registrar eventos a partir del año 2001 como consecuencia de la intensificación de la disputa entre grupos paramilitares y las Farc. 2005 fue el año más crítico con 25 eventos, es decir el 74% del total de los hechos registrados en el departamento. Uno de los municipios más afectado por MAP fue Barbacoas donde el narcotráfico dinamizó tanto a los grupos de autodefensas como a la guerrilla y más recientemente a grupos armados al servicio de este negocio ilícito. Allí, se registraron 14 eventos y 19 víctimas, 17 de ellas civiles y 2 militares. En el departamento de Guaviare, San José del Guaviare concentró el 44% de los eventos y el 79% de las víctimas. Entre 1996 y 2005 se registraron 68 eventos y 55 víctimas, 33 de ellas militares y 22 civiles. En este departamento se ha dado un incremento sustancial de la Fuerza Pública durante el gobierno de Uribe, por lo que las MAP son utilizadas para detener su avance hacia las zonas de cultivos ilícitos y de retaguardia de la guerrilla.

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

SEGUNDA PARTE: EL SENTIDO ESTRATÉGICO DEL USO DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Las minas antipersonal son en esencia un arma de guerra y los accidentes, tanto aquellos que involucran combatientes como los que afectan a la población civil, tienen su correspondiente explicación en la lógica del conflicto en Colombia. Es decir, la utilización de las minas sigue una racionalidad específica que está determinada por el logro de unos objetivos de guerra de los diferentes actores. En esta segunda parte se indaga por el sentido estratégico que hay tras el uso de las minas antipersonales, por la lógica con que suceden los accidentes de población civil y las consecuencias socioeconómicas que tienen sobre las comunidades afectadas, para responder: • ¿Por qué los actores armados utilizan minas? • ¿Cuando las utilizan? • ¿Por qué ocurren accidentes militares? • ¿Por qué ocurren accidentes civiles? Se desarrollan tres hipótesis para explicar las anteriores preguntas, las cuales se enfocan hacia: i) la importancia que tienen las minas para las guerrillas, ii) el papel que juegan en el control de la población y la defensa de territorios, y iii) la existencia de regiones con condiciones de mayor riesgo.

La lógica del conflicto Nuestra principal hipótesis para entender el sentido del uso de minas en ciertos territorios del país, es que

uno de los componentes principales de la guerra en Colombia es el control territorial. El éxito de los grupos al margen de la ley (GML) depende de su capacidad de apropiarse de mayores cantidades de territorios para expandir su poder en el contexto del conflicto. A su vez, el control de territorios se traduce en el ejercicio del monopolio de la violencia, de la justicia y de la extracción de tributos. El sometimiento de la población a los GML no significa necesariamente la aceptación de los valores, normas e intereses que defienden los ejércitos irregulares, sino que por diferentes razones, que van desde el terror y la ausencia de más opciones hasta la conveniencia económica, se forja una relación de sumisión de los habitantes a quienes poseen el control territorial. Siguiendo esa lógica de la guerra en Colombia, los enfrentamientos por lograr el control y la defensa sobre el territorio sucede mediante: i) Combates y choques militares, que se dan principalmente entre tropas de las Fuerzas Armadas, las autodefensas y la guerrilla. Las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos los enfrentamientos ocurren entre militares e insurgentes. Sin embargo, la ausencia de información puede esconder un subregistro de combates entre grupos de autodefensas y guerrillas, en que entre otras armas se utilizan de manera masiva minas antipersonales. Así por ejemplo, el 22 de febrero de 2001, la prensa reportó intensos combates entre ambos actores en Santa Rita de

Ituango, los cuales dejaron al parecer más de un centenar de víctimas. La mayoría de ellas autodefensas que cayeron en emboscadas dentro de zonas minadas. De todas maneras, para efectos de este análisis el tema de las autodefensas está restringido por una importante coyuntura que se desprende de la desmovilización del grueso de su estructura militar. Aún es muy temprano para conocer la forma que tomará el uso de las minas en los ejércitos paramilitares que eventualmente se reciclen o surjan después del proceso de paz con las autodefensas. La razón de ser de los combates es el cambio de la correlación de fuerzas de las facciones involucradas en la disputa de un territorio, que se traduce en una mayor o menor capacidad de determinado actor armado para defender su territorio o para ampliar su control territorial a partir de la expulsión del antiguo actor dominante. Las Fuerzas Armadas despliegan su capacidad de ataque en el territorio para reducir la presencia de tropas de la guerrilla y de los paramilitares hasta que no sean capaces de controlar a la población local, de modo que las relaciones de lealtad o sumisión se rompan. Al no poder cumplir con un derecho básico, como es la protección de sus ciudadanos, por debilidad militar, los grupos irregulares pierden el sometimiento de la población en el territorio. En caso contrario, si los GML son capaces de mantener un mínimo de presencia armada en el territorio, estarán en capacidad de continuar controlando la situación. De eso se trata actualmente la estrategia defensiva de combate irregular : de mantener su fuerza en un espacio geográfico para cuando la acción militar termina, demostrar que están en capacidad de someter por las armas a otros actores

11

irregulares y a la población civil. El despliegue ofensivo de la insurgencia busca, de otra parte, afectar la capacidad de respuesta militar de las fuerzas de seguridad estatales. Debido a su menor poder de fuego las guerrillas concentran tropa en los lugares donde el ejército es vulnerable y se retiran antes de que estén en capacidad de responder el ataque. Mediante esta estrategia de desgaste buscan doblegar la voluntad de las tropas estatales, obligándolas a retirarse e imponerse como único aparato armado en el territorio. En los últimos años la capacidad ofensiva de la guerrilla ha sido afectada por la ofensiva del Estado durante el gobierno de Uribe Vélez, y sus acciones se han orientado hacia un repliegue defensivo. Además, desde el gobierno de Pastrana la modernización y equipamiento de la Fuerza Pública, sobre todo de la capacidad aérea, la inteligencia técnica y el reentrenamiento de las tropas, han restringido las posibilidades de éxito de la insurgencia en ofensivas que impliquen demasiada concentración de tropas. ii) Despliegue de terror y capacidad de sometimiento, que involucra dos variables claves de la guerra, el territorio y la población, que a su vez definen los resultados finales en términos de control real de una sociedad. Luego de alcanzar un equilibrio de fuerzas superior en el terreno, bien sea después de suprimir la capacidad de respuesta militar de las tropas enemigas en un municipio, una vereda o un corredor rural o bien sea porque es la única fuerza con presencia regular allí, la guerrilla o algún grupo paramilitar tiene que imponer una relación de lealtad sobre la población local. Si la facción que resultó vencedora en los enfrentamientos poseía previamente el

12

control de los habitantes, la violencia contra la población es limitada. Ya el grupo dominante conoce las lealtades de los habitantes, así como sus eventuales delaciones en la pugna contra otros grupos y el Estado. Pero si una facción de guerrilla o autodefensas, luego de vencer en la puja militar de fuerzas, pretende hacerse al control de un territorio, necesita generar suficiente intimidación y a la vez confianza para que la población se alinee bajo su dominio. Además del terror, los requerimientos de control de la población pasan por demostrar suficiente capacidad de vigilar el territorio y controlar a la población. A veces incluso funciona una relación de conveniencia, pues para algunas poblaciones locales es necesaria la presencia de un poder que se encargue de la regulación de los derechos de propiedad y los contratos e, igual de importante, que administre algún tipo de justicia. Un ejemplo de la relación de conveniencia lo ofrecen los cultivos ilícitos. Para los cocaleros es preciso que un ejército irregular controle el territorio y ponga orden en la vida diaria y en la propiedad y los precios de los cultivos. Para la guerrilla y las autodefensas esa población es indispensable en la extracción de recursos que financien su capacidad bélica.

Tres hipotesis estratégicas El análisis de la razón por las que los GML utilizan minas antipersonales pasa necesariamente por la lógica de la guerra en Colombia. En ese sentido, las guerrillas apelan a las minas antipersonales como arma de uso masivo para contribuir a su propósito de control territorial, lo que se expresa en los dos niveles de enfrentamiento: su utilidad táctica en

los combates y como estrategia para controlar la población. Las minas se utilizan así dentro de los requerimientos de los choques militares por definir un equilibrio superior de fuerzas en un territorio y dentro de las herramientas utilizadas para controlar a los habitantes. La superioridad en combates de movimientos alcanzada por las Fuerzas de Seguridad del Estado desde 1999, principalmente por el reequipamiento aéreo con helicópteros (Black Hawk y Huey) y aviones fantasma (AC-47), y de la ofensiva ejecutada por el gobierno de Álvaro Uribe contra las Farc desde mediados de 2002, encauza la naturaleza de los últimos enfrentamientos entre guerrilla y gobierno hacia la capacidad que tengan las primeros de resistir las ofensivas llevadas a cabo por el segundo. Luego de una emboscada o ataque por sorpresa ejecutado por la guerrilla o por la iniciativa de las Fuerzas Armadas, las tropas del gobierno persiguen a facciones insurgentes en busca de cortar su retirada y cercarlos en un perímetro geográfico para proceder a su captura o exterminio. Por lo general, el apoyo aéreo juega un papel fundamental tanto en la capacidad de aniquilar la tropa guerrillera a partir de ametrallamientos como en el aumento de la velocidad de transporte de las fuerzas del gobierno para cortar su retirada. Es por esto también que las zonas montañosas y selváticas son favorables para el despliegue de la táctica de combate de la guerrilla, puesto que la velocidad de las tropas se ve reducida por la cantidad de obstáculos naturales, y porque disminuyen la precisión de fuego desde los aviones y helicópteros y por no encontrar áreas de desembarco desde el aire.

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

Las minas antipersonales son en esos escenarios un elemento fundamental con que cuentan las facciones guerrilleras para evitar el avance de las Fuerzas Militares. Activar una mina en medio de un combate toma un puñado de segundos, pero para las fuerzas perseguidoras toma mucho tiempo detectar su ubicación y en muchas ocasiones implica heridos y muertos que deben ser evacuados de la zona de enfrentamientos, lo que baja la moral de los hombres y evidencia la localización propia a las fuerzas enemigas. Todos estos elementos son vitales desde la perspectiva de la insurgencia para evitar un cerco y su subsiguiente exterminio. Las Fuerzas Militares admiten que una de cada tres víctimas en enfrentamientos contra insurgentes se debe a la acción de las minas antipersonal. Así las cosas, es demasiado improbable que las Farc y el ELN renuncien al uso de esta tecnología de guerra, cuando los resultados coyunturales y estructurales del conflicto dependen en sumo grado de su uso. De otro lado, las minas antipersonales constituyen un cinturón defensivo de los territorios y de los recursos que éste contiene, como la población, los cultivos de coca, los refugios geográficos, los corredores estratégicos, etc. Guerrillas y paramilitares controlan sus territorios cercando con minas a las comunidades que habitan allí. A manera de murallas invisibles o de un ‘cerco hacia adentro’, las minas antipersonales además de proteger del terror y de las masacres de grupos enemigos, sirven para confinar a una población que es sometida a las leyes y a la tributación de un grupo armado, dado que son informados sobre la ubicación de las minas y tienen que circular por corredores y espacios vigilados. Cuando este grupo armado irregular

es derrotado militarmente por otro grupo irregular, los vencedores por lo general desplazan a la población nativa y despliegan a su propia población en el territorio.

lógica, se desprende la formulación de tres hipótesis acerca de las razones que explican las causas y consecuencias de la utilización masiva de minas en el país:

Desde una aproximación teórica, los accidentes civiles por minas antipersonales ocurren cuando se dan los cambios de poblamiento sobre un territorio. Luego que el cerco hacia adentro es roto por la ofensiva militar de un ejército atacante, la población local se desplaza para evitar retaliaciones de la facción vencedora, al tiempo que nuevos habitantes ocupan el espacio abandonado. La nueva población que despliega la facción vencedora no conoce la ubicación de los campos minados y en un primer momento tienen que descubrir en una faceta siniestra de la técnica de prueba y error donde están ubicadas las minas. Ahora bien, con lo anterior no quiere afirmarse que toda la información sobre ubicación de las minas la transmitan las guerrillas a la población civil, ésta está restringida al minado dirigido al control de los habitantes, lo que equivale a los límites territoriales y a los corredores donde les está permitido vivir y transitar.

Hipótesis 1:

En consecuencia, los accidentes de minas recientes están sujetos a territorios donde suceden los choques entre el gobierno y las Farc. Estos territorios están compuestos en su mayoría por zonas de control histórico de la guerrilla o al menos de presencia masiva, además de otras características como su distancia de los circuitos comerciales del país, su baja densidad demográfica, su pobre integración vial y sobre todo, la importancia que tienen los cultivos de coca en sus economías. Del análisis de la lógica en que se fundamenta la guerra en Colombia y del sentido de las minas antipersonales en esa

Las minas antipersonal son una tecnología muy efectiva en lo militar para las guerrillas, que constituyen parte fundamental de su despliegue táctico en combate. Con ellas evitan los cercos de la Fuerza Pública y el consiguiente aniquilamiento o rendición de su tropa. También les permite establecer cercos hacia adentro de un territorio, de modo que pueden proteger el interior de las fronteras de sus zonas bajo control. Los costos en recursos por apelar a las minas son mínimos. Los verdaderos costos provienen de la caída en su imagen internacional y en eventuales problemas con la legislación mundial en el tema de derecho de guerras civiles. Pero al ser las guerrillas independientes de la financiación por parte de actores externos (al contrario de las guerrillas nicaragüenses y salvadoreñas durante la guerra fría) las ganancias por uso de minas exceden las pérdidas que genera su caída en imagen internacional. Por consiguiente las Farc, el ELN y demás grupos seguirán usando minas antipersonales mientras dure la guerra o haya una revolución tecnológica que reduzca su utilidad táctica. Las siguientes gráficas ilustran sobre la relación entre los combates por iniciativa militar (eje horizontal) y las víctimas militares por minas (eje vertical), incluyendo muertos y heridos:

13

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal y Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

Entre el 2002 y el 2005, para todos los años es evidente una relación directa entre las iniciativas bélicas de la Fuerza Pública con las víctimas militares por minas antipersonal. Más diciente de esta relación es que a medida que pasan los años la inclinación de la recta, que denota la tasa de víctimas por minas en cada combate, se ha tornado más crítica. Mientras que en el 2002 por cada combate por iniciativa militar que entablara el Ejército había una

probabilidad del 18.6% que ocurriera una baja o un herido debido a las minas antipersonal, en el 2005 esta probabilidad se había incrementado al 41.2%. En Antioquia, por ejemplo, en 1996 apenas había una víctima militar por minas luego de 17,6 combates. En el 2005 después de 2,63 combates ya había una víctima. A medida que se intensificó la ofensiva del gobierno de Uribe Vélez contra las guerrillas en sus territorios

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal y Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

14

históricos (Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sur de Bolívar) las víctimas militares por minas aumentaron tanto en su cantidad como en su frecuencia. Si se relacionan las bajas del Ejército Nacional en sus combates por iniciativa propia con las víctimas por minas (muertos y heridos) se halla incluso que por cada baja hay entre 4 y 9 víctimas de minas antipersonal, tal como se aprecia en las siguientes gráficas:

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

A todas luces los datos anteriores son una prueba de que las minas antipersonal constituyen un arma de guerra fundamental para los grupos insurgentes. La hipótesis 1 es por lo tanto fácilmente verificable por la contundencia de los hechos. Un caso en particular, el departamento del Meta, muestra como las ofensivas contra las Farc conllevan una respuesta temporal y espacial en

la utilización de minas antipersonal. Luego de la ofensiva del ejército a principios de los noventa, el uso de las minas se intensifica hasta mediados de la década cuando los combates con las Farc se desplazan a otras zonas. Pero luego del final de la zona de distensión la guerra en el Meta recrudece del mismo modo que vuelven a incrementarse los accidentes con minas.

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal.

El contraste de los mapas de frecuencia de combates por municipio con el de eventos relacionados a MAP (ver mapas 2 y 3), es un claro indicador de la relación que hay entre los enfrentamientos armados, principalmente llevados a cabo entre el ejército y las guerrillas, y el despliegue de campos minados. Lo que nos confirma la validez de la formulación de la primera hipótesis. Una mirada más detallada a la situación del Meta arroja mayor precisión al respecto de esta hipótesis. A partir de mapas (ver mapa 5) se combinan las informaciones existentes del OMV y de la Fundación Seguridad & Democracia, donde se muestra la marcada relación

existente entre la intensidad de los combates entre las fuerzas del Estado y las guerrillas. La dinámica de la violencia en el departamento del Meta se puede resumir por la conformación de diferentes zonas geográficas cuyas características han determinado manifestaciones muy diferentes del control que ejercen los actores armados. Las zonas llanas ubicadas en el oriente están bajo el control de grupos de autodefensas (Centauros y Carranceros), prima una economía agroindustrial y la presencia paramilitar ha sido fuerte, al punto que suceden pocos enfrentamientos armados. La zona urbana compuesta

por Villavicencio y los principales municipios del departamento donde se concentra la población, el comercio y la producción económica. El Estado domina estas zonas, pero en la práctica autodefensa y guerrilla están infiltradas en la sociedad. La zona intermedia que corre alrededor del Río Ariari, que está en disputa entre guerrilla y autodefensas. Y la zona montañosa y selvática que ha sido históricamente territorio controlado por las Farc. El corredor hacia el Páramo de Sumapáz y la Serranía de la Macarena ofrecen un refugio y un terreno perfecto para la guerra de guerrillas. Es en esta zona donde se han dado el grueso de los combates entre las Fuerzas Armadas y las Farc en el Meta. El mapa del Meta del mapa 5 nos muestra como las zonas minadas se hallan precisamente en la zona montañosa y selvática, más concretamente entre la Cordillera y la Serranía de la Macarena y en el interior de los refugios insurgentes, donde han sucedido el grueso de los combates. Una zona donde se concentraron los accidentes con minas fue en Vistahermosa hacia las faldas de la Serranía de la Macarena donde 14 policías y 12 militares fueron asesinados en una emboscada en un campo minado en febrero de 2006. Luego de ese incidente el gobierno dio la orden de erradicar manualmente los cultivos de coca que protegían las Farc. Al menos 6 erradicadores murieron víctimas de minas dispersadas entre las plantaciones de coca. Las áreas de la zona llana, por contraste, casi no presentan problemas de minado. Los pequeños cuadros a la izquierda muestran el área (en círculo) presentada al lado derecho y el número de combates sostenidos así como el número de semanas en las que se libraron el año pasado (entre

15

más grandes sean los puntos, mayor es el número e intensidad de los combates). Como se puede observar, en las zonas donde mayor disputa o combates existen por el control de los territorios de esta región es donde mayor son los incidentes y accidentes por minas antipersonales. La ubicación sugiere que los cercos montados por los GML con esta tecnología de guerra son las zonas montañosas donde estos se repliegan cuando son enfrentados por las Fuerzas Militares. Hipótesis 2: El daño humanitario de las minas antipersonal, accidentes, detrimento económico y amenazas a civiles, en su mayor parte se debe a cambios en el orden político en el espacio de tiempo inmediato a los combates. El control de un territorio por un nuevo actor armado deviene de la reconfiguración demográfica de la población a partir del terror y del despliegue de habitantes leales. La nueva población no conoce donde están colocadas las minas, por consiguiente son más vulnerables. Además se corre un alto riesgo que los actores armados vean las labores de desminado humanitario como una

interferencia en lo militar dada la naturaleza de la guerra en Colombia. Ya que de ese modo guerrillas y autodefensas delimitan su territorio y protegen su espacio, además ayudan a controlar los movimientos de población en dicho espacio. En cuanto a la segunda hipótesis se comprobaron algunas tendencias consistentes a partir de la comparación de accidentes civiles y militares por departamentos. La relación entre víctimas civiles y militares es directa. Sin embargo, existen diferencias entre unos y otros departamentos que se explican por la dinámica misma de la guerra y sus resultados. Donde se tiene conocimiento que las Farc ejercen una fuerte presencia y se piensa que han constituido sus zonas de repliegue estratégico luego de la ofensiva del Estado, el indicador de víctimas militares sobre civiles es superior que en aquellas zonas donde la insurgencia ha sido expulsada o reducida hacia zonas apartadas de las cabeceras urbanas y corredores viales importantes. Los siguientes gráficos muestran desde el 2002 al 2005 el comportamiento de las víctimas civiles (eje horizontal) con respecto a las víctimas militares (eje vertical).

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal y Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

16

Para todos los años existe una correlación importante entre ambos tipos de víctimas. En el lado izquierdo superior de la gráfica están aquellos departamentos donde suceden proporcionalmente más casos de accidentes militares que civiles. En estos departamentos, que cuentan con una histórica presencia de las Farc, es donde han ocurrido los más duros combates con las fuerzas de seguridad y donde hasta ahora la insurgencia ha logrado resistir la ofensiva del gobierno de Uribe Vélez, es decir, es donde han evitado que sucedan cambios en el control territorial. En Caquetá, por ejemplo, las víctimas militares por cada civil en el 2002 era de 3.18, en el 2003 de 4.2 y en el 2004 de 11.2. Y en Putumayo en el 2004 y el 2005 ésta misma relación fue de 13 y 25 respectivamente. En contraste, la proporción entre víctimas militares con respecto a civiles es mucho menor en departamentos donde, de acuerdo con los reportes de prensa y a los informes de diferentes agencias sobre la situación de seguridad, las guerrillas han perdido extensos espacios de control y presencia territorial. Así, por ejemplo en Cundinamarca luego de la victoria de las Fuerzas Militares sobre las Farc, la relación cayó de 5.5 en el 2001 a 0.33 en el 2004.

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal y Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

Más reveladores son los testimonios de los habitantes locales sobre la amenaza de las minas y de los enfrentamientos entre el ejército y los GML en su vida cotidiana. En el informe del Monitor de minas antipersonal del 2004 se cita que: Un portavoz del municipio de El Dorado, en el departamento del Meta le dijo al Monitor de Minas que los campos minados dejados por las Farc en los municipios de Alto de Cumaral, Caño Amarillo y San Pedro han causado el desplazamiento de 33 familias en enero del 2004. La información fue verificada por una entrevista con un habitante de El Dorado, quien reportó que en la noche del 3 de enero, hombres armados que se identificaron como miembros de las Farc, irrumpieron en su hogar y le ordenaron dejar la casa en las siguientes 24 horas, hicieron lo mismo con los vecinos, les informaron que el área sería minada. El caso también fue reportado por los medios locales. […] Se registró un caso en que el Frente 40 de las Farc le advirtió a una joven sobre la presencia de siete minas colocadas a 30 metros del camino principal usado por las tropas del Ejército en los Naranjos, municipio de Mesetas,

departamento del Meta. El hermano de la joven fue herido por una mina mientras trabajaba en el área.9 Sobre los paramilitares revela: En agosto de 2001, un grupo humanitario que repartía suministros en el sur de Bolívar reportó que, de acuerdo a representantes de la comunidad local, “Durante operaciones de contrainsurgencia, los grupos paramilitares han forzado a los campesinos a entrar a los campos minados con sus mulas a fin de limpiar dichos terrenos, también han usado pobladores locales como escudos humanos para entrar a terrenos peligrosos.”10 En conclusión, las víctimas civiles (fallecimientos y heridos) por accidentes con minas están profundamente relacionadas con la dinámica de enfrentamientos entre guerrillas y el Estado, dirigidas a establecer una primacía sobre el control territorial de un área dada. Durante los enfrentamientos los movimientos de población incrementan los riesgos de exposición de civiles en zonas minadas, tanto como consecuencia indeseada del desplazamiento de habitantes controlados

por las guerrillas cuando suceden ofensivas exitosas de las fuerzas de seguridad estatales, así como consecuencia del incremento de la frecuencia en el uso de minas en combates y emboscadas. Hipótesis 3: El uso de minas antipersonal, tanto para mejorar el desempeño en los enfrentamientos militares como para confinar a la población y defender el territorio propio de incursiones enemigas (cerco hacia adentro), sucede principalmente en las zonas de frontera estratégica. Las zonas de frontera estratégica están dadas por aquellos territorios donde limita el control de la insurgencia con los avances y ofensivas de las fuerzas de seguridad estatales y/o el interés de grupos paramilitares por expandir su hegemonía armada. Estos territorios por lo general se caracterizan por la presencia histórica de las Farc o el ELN, por tener baja densidad poblacional, alta ruralidad, baja disponibilidad de vías de comunicación, y por estar ubicadas en el borde o en los extramuros de la frontera agrícola. La situación de minado en esas zonas de la

9 10

Testimonio recogido en Monitor de minas antipersonal (Informe 2004 Pg. 11). Ibidem. Pg. 13.

17

confrontación usualmente sucede en una situación de predominio de las fuerzas de seguridad estatales o de facciones paramilitares en las cabeceras urbanas y de las guerrillas en las veredas y geografía circundante, donde es muy probable encontrar cultivos de coca (ver mapas 2 y 3) Al observar la ubicación geográfica de los accidentes por MAP y MUSE se puede concluir que en la medida en las Farc o el ELN no han tenido una presencia histórica en ciertos territorios, el número de accidentes es menor que en aquellos sitios donde su presencia ha sido mayor. Las minas sirven de contención de zonas históricamente dominadas por la guerrilla. Tenemos así zonas con alta incidencia de accidente: • Región del Catatumbo (Norte de Santander): ésta es una zona con grandes áreas de cultivos ilícitos, corredor estratégico de refugio y tráfico hacia Venezuela y además de disputa entre los llamados ‘paramilitares de tercera generación’ y guerrillas (Farc y ELN). • Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y Cesar): es una zona con condiciones propicias para el refugio de los grupos insurgentes, pero rodeada por sabanas de amplio dominio paramilitar, al menos hasta el momento de las desmovilizaciones de “Jorge 40” y “Hernán Giraldo”. La Guerrilla mina creando un cerco hacia adentro. • Regiones del norte y nororiente de Antioquia, y sur de Bolívar: es un corredor estratégico que atraviesa la Serranía de San Lucas, controlado por la guerrilla y disputado por paramilitares, quienes han logrado importantes avances territoriales. Al igual que en la Sierra Nevada, la

18

•

•

•

•

guerrilla mina para ejercer control territorial y contener la avanzada de los paramilitares (cerco hacia adentro). En algunos municipios se han registrado más víctimas civiles que militares. Región de la Bota Caucana (municipios de Santa Rosa, San Sebastián y Bolívar): hay presencia de cultivos ilícitos y sitios de producción, procesamiento y comercialización de drogas. Además, es un corredor de comunicación entre los departamentos de Caquetá, bajo Putumayo, Huila y Nariño con Ecuador. Departamento del Meta: hay una presencia masiva de cultivos ilícitos en la Serranía de la Macarena, principalmente, y de tropas de las Farc muy cerca de Bogotá en el municipio de La Uribe. Este departamento es uno de los bastiones históricos de este movimiento. Departamento del Caquetá: es una zona de retaguardia estratégica de las Farc. Allí transcurrieron gran parte de las conversaciones de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana con las Farc. Departamento de Nariño: se empezaron a registrar victimas recientemente por el incremento de la disputa entre paramilitares y las Farc. El 2005 fue el año más crítico. Llama la atención el municipio de Barbacoas donde se registraron más víctimas civiles que militares. Esta fue una localidad controlada por las Farc y disputada por paramilitares. Es probable que hayan ocurrido situaciones de repoblamiento territorial con comunidades que no conocían el despliegue de los campos minados en el territorio.

• Municipios de Ituango y Dabeiba (nororiente de Antioquia): constituyen una zona de frontera entre el control territorial de grupos paramilitares y las Farc. Los dos buscan la salida hacia el golfo de Urabá. • Municipios de Sonsón, San Luís, San Francisco, Cocorná (suroriente de Antioquia): esta es una zona de protección de las Farc y ELN dentro del departamento de Antioquia y salida estratégica hacia el Magdalena Medio. • Municipio de Tame (Arauca): zona donde los paramilitares incursionaron con mucha fuerza, por lo que la guerrilla ha creado un cerco hacia adentro para evitar que las tropas enemigas avancen hacia su territorio. También existen duros enfrentamientos entre el ELN y las Farc por el control del área. • Municipio de San José del Guaviare (Guaviare): es una zona donde recientemente los paramilitares del Bloque Centauros han entrado a disputar el control territorial. Han sucedido dinámicas de repoblamiento, lo que explica porqué se registraron más víctimas civiles que militares. Aunque hay un incremento sustancial de la presencia militar en este departamento, ésta está localizada en la cabecera urbana. No hay vías de comunicación lo que hace que el número de víctimas civiles sea mayor. • Municipios de El Tambo, Toribio y La Vega (Cauca): las Farc han tratado de intensificar su presencia en esta región en los últimos cuatro años. En estos municipios se han registrado víctimas tanto militares como civiles. Así las cosas, es palpable la ubicación geográfica de los accidentes con

CONFLICTO Y MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA

minas en zonas con determinadas características de presencia histórica de las guerrillas, límites de su control territorial frente a las ofensivas del Estado y los paramilitares, expansión de cultivos ilícitos, y relativo aislamiento geográfico y alta ruralidad y dispersión de la población. Sin embargo, sería inexacto reducir las características de todas las regiones mencionadas dentro de una misma clasificación. Entre ellas se presentan diferencias en la frecuencia de los accidentes y en sus características

geográficas, demográficas y de presencia de grupos armados irregulares, que explican a su vez de manera distinta la causalidad y los efectos de los accidentes con minas. Así, por ejemplo, en algunas zonas, especialmente en Caquetá y Meta, la diferencia entre víctimas militares y civiles, se explica no sólo por la ofensiva de la Fuerza Pública, sino porque son regiones poco pobladas. Una clasificación al interior de estas regiones podría realizarse mediante su

división entre niveles de riesgo en comparación con la dinámica de enfrentamientos entre Fuerzas Militares y guerrillas. La siguiente tabla muestra el número de combates por iniciativa militar que ocurren por cada víctima militar debido a minas. A partir de estos datos se ha divido los departamentos en cuatro niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo. Los departamentos que no aparecen en la tabla presentan riesgo bajo.

Número de combates por iniciativa militar sobre víctimas militares de minas

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal y Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia

CONCLUSIONES A grandes rasgos, las estadísticas descriptivas de la primera parte muestran que: • El fenómeno de accidentes e incidentes con MAP y MUSE ha sufrido un aumento dramático en los últimos años con la dinámica

de la guerra. Entre 1992 y 1997 se observa un leve ascenso en la intensidad del fenómeno, pero es a partir de 2002 que se incremente notablemente. La explicación más plausible a estas tendencias se encuentra en la contraofensiva de las Fuerzas Armadas luego de su reequipamiento con el Plan

Colombia, que obligó a las fuerzas insurgentes a pasar a una estrategia más defensiva caracterizada como repliegue estratégico. • Las principales víctimas son los militares, por cada civil afectado por la explosión de una mina casi dos militares sufren accidentes.

19

Pero esta relación no ha sido uniforme en el tiempo. Hasta el año 2002 existía casi una tendencia de 1:1 en la victimización de civiles y militares. Tras el fracaso de los diálogos de paz con las Farc y la ofensiva del gobierno de Uribe, se intensifica el volumen de víctimas militares para alcanzar una relación de 3:1. Lo que demuestra la importancia las minas como estrategia de combate guerrillera. • Entre los civiles las víctimas son campesinos y pobladores que transitan por la zona de guerra. Se trata de población de bajos ingresos, ubicados en zonas rurales, lejos de los centros de atención. La acción del Estado implica entonces la asunción de todos los costos relacionados con la atención a víctimas si se quiere que esta población reciba algún tipo de tratamiento. • La letalidad de las MAP es baja por consiguiente se requieren tratamientos médicos y sociales de largo plazo. La mayoría de víctimas sobrevive a la activación de las minas, de igual modo las comunidades que conviven con minas se ven abocadas a una condición de víctimas permanentes, por lo que la acción del Estado implica costos de atención de largo plazo, aún después del final del conflicto. ·

20

La evidencia disponible sugiere que las MAP son más usadas por

guerrillas que por paramilitares. En el caso del departamento del Meta, del cual se expuso una breve historia del conflicto, es evidente que las acciones de minado han sido llevadas a cabo por las Farc como respuesta a las iniciativas militares de la primera mitad de los noventa y principios del 2000 por parte de las fuerzas armadas. De otro lado, se hallaron tres hipótesis sobre las razones y la lógica del uso de minas en la dinámica del conflicto colombiano: • Las minas antipersonal son una tecnología muy efectiva en lo militar para las guerrillas, que constituyen parte fundamental de su despliegue táctico en combate. Con ellas evitan los cercos de la Fuerza Pública y el consiguiente aniquilamiento o rendición de su tropa. También les permite establecer cercos hacia adentro de un territorio, de modo que pueden proteger el interior de las fronteras de sus zonas bajo control. ·

El daño humanitario de las minas antipersonal, accidentes, detrimento económico y amenazas a civiles, en su mayor parte se debe a cambios en el control territorial en el espacio de tiempo inmediato a los combates. El control de un territorio por un nuevo actor armado deviene de la reconfiguración demográfica de la población a partir del terror y del repoblamiento de la zona.

La nueva población no conoce donde están colocadas las minas, por consiguiente son más vulnerables. Además se corre un alto riesgo que los actores armados vean las labores de desminado humanitario como una interferencia en lo militar dada la naturaleza de la guerra en Colombia. De ese modo guerrillas y autodefensas delimitan su territorio y protegen su espacio, además ayudan a controlar los movimientos de población en dicho espacio. • El uso de minas antipersonal, tanto para mejorar el desempeño en los enfrentamientos militares como para confinar a la población y defender el territorio propio de incursiones enemigas (cerco hacia adentro), sucede principalmente en las zonas de frontera estratégica. Las zonas de frontera estratégica están dadas por aquellos territorios donde limita el control de la insurgencia con los avances y ofensivas de las fuerzas de seguridad estatales y/o el interés de grupos paramilitares por expandir su hegemonía armada. Estos territorios por lo general se caracterizan por la presencia histórica de las Farc o el ELN, por tener baja densidad poblacional, alta ruralidad, baja disponibilidad de vías de comunicación, y por estar ubicadas en el borde o en los extramuros de la frontera agrícola.