CONFERENCIA DICTADA PR EL MINISTRO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN LA CUMBRE HEMISFERICA SOBRE JUSTICIA Y LIBERTAD DE PRENSA EN LAS AMERICAS, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2002, EN WASHINGTON, D.C.

- VERSION DEFINITIVA -

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Agradezco a la Sociedad Interamericana de Prensa y a la Escuela de Derecho de la American University esta invitación. Y abrevio las salutaciones.

Mejor no podría haberse encuadrado el tema de esta sesión, “El Papel de los Medios frente al Órgano Judicial y la Independencia Judicial”, en un momento de transiciones vitales, diría yo de redefinición de las relaciones ciudadano-gobierno, como parte de esta preocupante crisis de los paradigmas, de la pérdida de los referentes y liderazgos; en fin, de lo que algunos llaman la supeditación de lo público a lo privado.

Inicio el tema con esta preocupación, en virtud de que uno de los principales rasgos de esta crisis política que viven las democracias modernas, es el debilitamiento de la credibilidad social no sólo hacia las instituciones del Estado, sino hacia las mismas organizaciones de representación política tradicionales. Y en esos rubros estamos incluidos los órganos judiciales y los propios medios de comunicación.

Pero ¿cómo podemos hacer frente a este proceso que, por vertiginoso, pareciera inevitable? Esta es la pregunta de fondo que debemos hacernos jueces y periodistas. Los invito a plantearnos algunas reflexiones al respecto.

Supongamos que un juez dicta una sentencia con visos de insuficiencias en su fundamentación, digamos poco rigurosa, y que durante el proceso sólo examinara algunas pruebas y no todas las que le fueron presentadas.

Si a ello añadiéramos una conducta de soberbia por parte de nuestro hipotético juez frente a las críticas contra su fallo, ¿cuál creen ustedes que sería el resultado?

Ahora bien, imaginemos a un reportero que presenta, a través de su periódico, un reportaje de alto impacto social que, a primera lectura, tiene visos de poco rigor periodístico, es decir, que no consultó a todas las fuentes involucradas, que deslizó apreciaciones propias, que los apretados tiempos de entrega de su material lo llevaron a utilizar documentos no actualizados.

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E imaginemos también que rechazó publicar una aclaración hecha por alguno de los personajes mencionados en el reportaje, en la que buscaba resarcir lo que éste consideraba afectaba su reputación. ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado?

Me parece que, para ambos casos, lo que está de por medio es la credibilidad, la confianza social, dos factores vitales, porque unos y otros dependemos de la confianza que nos tengan los ciudadanos.

Pero en esta serie de consecuencias, creo necesario ir más allá para preguntarnos: ¿cuál sería el impacto que esa conducta tendría hacia la credibilidad social del Poder Judicial del que forma parte el juez? Lo más probable, en un caso extrapolado, es que la gente decida ya no recurrir a la justicia formal y opte por acuerdos fuera del orden legal o a realizar actos para darse su propia justicia; nada más destructivo para la gobernabilidad de una nación. En el otro caso, la conducta de ese reportero, de volverse práctica frecuente, ¿no terminaría por afectar la credibilidad de su diario y, consecuentemente, de los medios de comunicación en general? La gente, sin remedio alguno, dejará de sintonizar los noticiarios o leer periódicos.

Pues bien, al parecer medios y órganos judiciales compartimos responsabilidades importantes y, sin estar propiamente vinculados unos con otros, nuestra credibilidad, yo diría nuestra viabilidad, depende de la forma ética, responsable, independiente y transparente de conducirnos frente a nuestros ciudadanos.

El Poder Judicial Federal mexicano está plenamente consciente de ello, y por tal motivo, ha construido una respetuosa y ética relación con nuestros periodistas.

Entendemos que la alta responsabilidad social que los medios de comunicación mexicanos tienen con nuestros ciudadanos, puede cumplirse de mejor manera en un marco amplio de libertad, aún cuando para algunos sectores pareciese que ésta forma parte de una confabulación que busca confrontar sus acciones.

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Somos gobierno en lo general y servidores públicos en lo particular, y por tanto, estamos sujetos al escrutinio público, porque así lo han decidido los ciudadanos a través de nuestro marco constitucional.

Así como Poder Judicial Federal manifestamos nuestra preocupación por los efectos negativos que tienen para la credibilidad de los tribunales los juicios paralelos, por parte de los medios de comunicación, también valoramos la grave función social que los periodistas juegan en los regímenes democráticos y su aportación al control de los excesos del poder del Estado.

No podemos pedirle primero a la prensa que se convierta en ese factor de control de los excesos del poder público y luego, cuando cumple con su función, acusarla de entorpecer la marcha de un país.

Siempre es preferible una prensa libre que en ocasiones cometa excesos --que finalmente habrán de juzgar los ciudadanos, al igual que nos juzgan a nosotros- que una prensa cómoda y sometida, porque en nuestro caso, el avance democrático ha sido acompasado, digamos lubricado, por medios de comunicación que han sabido entender su responsabilidad histórica.

Pero este criterio no ha sido nuevo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces federales mexicanos han emitido sentencias a favor de la libertad de expresión desde 1835.

Es importante resaltar que aunque la garantía de libertad de expresión fue proclamada desde las primeras constituciones y sufrió opacamientos durante los regímenes dictatoriales, su reintegración en la actual Constitución, la de 1917, ha sido considerada como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política.

A partir de estos años, la Suprema Corte mexicana ha establecido las jurisprudencias más interesantes en la materia.

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En febrero de 1922, el Alto Tribunal se pronunció a favor de la labor crítica de los periodistas, estableciendo que “dentro de los derechos del hombre está el de poder juzgar la conducta de los funcionarios, con tal de que no se ataque su vida privada, aunque el juicio se emita en términos desfavorables para éstos”.

En 1931, en relación con el cierre arbitrario de un diario, la Suprema Corte dictó una jurisprudencia que definió los alcances de la libertad de prensa.

Estableció categóricamente. Cito: “Aunque la libertad de prensa en algunos casos puede seguir caminos extraviados, no debe ser reprimida por que la lucha contra su acción, por grave, dañosa y perjudicial que se le suponga, no quedará justificada si se lleva a cabo matando la fuente de energía que trae consigo, porque mayores males resultarán con el ahogamiento de las ideas, perenne origen de todos los abusos de poder”, termino la cita.

No obstante, un elemento que faltaba por definir era el grado de afectación de la imparcialidad e independencia de un juzgador, cuando éste hubiese sido objeto de la crítica de un medio de comunicación.

En 1960, la Corte determinó que un magistrado sí estaba en posibilidad de conocer del juicio contra un periódico que, en una edición anterior, había criticado su capacidad profesional, y que el propio juzgador era el único capaz de decidir si dicha crítica afectaría su imparcialidad e independencia.

El razonamiento de la Suprema Corte dejó en claro que si se critica a un funcionario atendiendo exclusivamente a su función pública y no a su persona, aceptando que esto no es sólo un beneficio de la libertad de prensa sino también un medio para controlar a los depositarios del poder, resultaría contradictorio argumentar que dichas críticas afectarían la imparcialidad e independencia de la función judicial. Ya para 1996, la Corte dictaba uno de los criterios más importantes respecto del derecho de los ciudadanos a recibir información por parte de la autoridad.

El 23 de abril de ese año, con motivo de una investigación que realizara en torno al asesinato de un grupo de humildes campesinos en un poblado del estado sureño de Guerrero, estableció que, se abre la cita:

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“Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en la creación del derecho a la información, se deduce que éste es básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.

“El proporcionar una información incompleta, manipulada o condicionada a intereses de grupos o personas por parte de la autoridad, constituye una violación grave a las garantías individuales”, termino la cita.

Con base en esos criterios, la nueva integración de la Suprema Corte, a partir de la reforma constitucional de 1994, decide establecer una relación formal con los medios de comunicación.

En ese comienzo nos preocupaba la falta de especialización de nuestros periodistas respecto del quehacer jurisdiccional, y lo que de ello se derivaba, es decir, imprecisiones, acusaciones de parcialidad de nuestros jueces, más por falta de conocimiento que por intención, y confusiones de todo tipo que, bien o mal, afectaban la imagen del Poder Judicial Federal.

Por ello, nos dimos a la tarea de explorar cuáles eran las causas y, tras un diagnóstico, decidimos tomar medidas.

Creamos un área de prensa que es conducida por periodistas, la cual se dio a la tarea de ofrecer cursos de conocimiento jurídico a los reporteros que cubren nuestras actividades, al mismo tiempo que en nuestra Escuela Judicial incluimos como obligatoria la materia de manejo de medios.

Diseñamos un programa especializado para llevar los cursos a las mesas de redacción de todos los medios electrónicos e impresos, así como a los principales locutores y titulares de noticiarios, porque entendemos que si un periodista tiene mejor conocimiento de lo que somos y hacemos, mejor será la calidad de su información a la sociedad, aún cuando se nos critique.

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Esta misma área ofrece asesoría jurídica a periodistas para que tengan mejor comprensión no sólo de las resoluciones de la Suprema Corte, sino de nuestros juzgados y tribunales federales, y ahora mismo estamos por concluir el primer manual para medios que se titulará “Reporteando el Poder Judicial de la Federación”, el cual incluirá una interesante sección que señalará, de manera respetuosa, los errores más comunes de los medios de comunicación al referirse a los juicios.

En nuestro diagnóstico detectamos que las resoluciones de la Corte resultaban muy técnicas para los periodistas, por lo que decidimos establecer un simple, pero eficaz mecanismo: el ministro ponente en el asunto votado les explica a detalle el sentido del mismo, cuidando de no opinar sobre temas que no son de su competencia.

Para el Poder Judicial Federal mexicano, como han escuchado, la relación con la prensa ha sido provechosa, respetuosa, y como parte de ella, hemos logrado la comprensión de los medios respecto de los temas que sí podemos hablar y de los que no podemos, por los límites que nos obliga la imparcialidad.

Pero también comprendemos la misión de los medios de comunicación y tratamos de informar, dentro de los límites del sigilo judicial, de lo que hacemos.

En el Poder Judicial Federal no concebimos una “buena” relación con los medios como sinónimo de ausencia de crítica, o de la publicación sólo de las cosas que hacemos bien.

Somos un Poder del Estado y servimos a los ciudadanos. Y por ello, soy un convencido de que la crítica por parte de la prensa seria, aunque resulte incómoda, debemos aceptarla como manifestación de ese escrutinio público.

No podemos decir que la crítica por parte de los medios vulnere nuestra independencia como órganos judiciales, porque la mejor manera de refrendar nuestra independencia es en la interacción con la sociedad.

Así como la sociedad espera un desempeño ejemplar, ético y profesional por parte de sus jueces, creo que también lo espera de sus periodistas.

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“Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Esto, no lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dice KAPUSCINSKI, y creo que, al igual, aplica también para nosotros.

MUCHAS GRACIAS