Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid Número 711
4 de diciembre de 2014
IX Legislatura
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES PRESIDENCIA Ilmo. Sr. D. José Carmelo Cepeda García Sesión celebrada el jueves 4 de diciembre de 2014 ORDEN DEL DÍA 1.- C-82/2012 RGEP.839. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los criterios utilizados por el Canal de Isabel II para la utilización del procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación en la adjudicación de contratos. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 2.- C-1433/2014 RGEP.9755. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre procedimiento de contratación para la prestación
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del servicio de las Oficinas de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público dependientes del Consorcio Regional de Transportes. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). 3.- Ruegos y preguntas.
SUMARIO Página - Se abre la sesión a las 11 horas y 5 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39069 ... - Interviene la Sra. Ruiz de Alda Moreno para comunicar las sustituciones de su Grupo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39069 ... ─ C-82/2012 RGEP.839. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los criterios utilizados por el Canal de Isabel II para la utilización del procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación en la adjudicación de contratos. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39069 ... - Interviene la Sra. Almazán Vicario, exponiendo los motivos de petición de la comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39069 ... - Exposición del Sr. Director General de Canal de Isabel II Gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39070-39072 ......... - Intervienen, en turno de portavoces, la Sra. Ruiz de Alda Moreno, la Sra. Sánchez Melero, la Sra. Almazán Vicario y la Sra. Liébana Montijano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39073-39079 ......... - Interviene el Sr. Director General, dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . . .39079-39081 ......... ─ C-1433/2014 RGEP.9755. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre procedimiento de contratación para la prestación del servicio de las Oficinas de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público dependientes del Consorcio Regional de Transportes. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . 39081 ... - Interviene la Sra. Ruiz de Alda Moreno, exponiendo los motivos de petición de la comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39081-39082 .........
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- Exposición del Sr. Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes. . . . . . . . . . . . .39082-39088 ......... - Intervienen, en turno de portavoces, la Sra. Ruiz de Alda Moreno, la Sra. Sánchez Melero, la Sra. Peces-Barba Martínez y la Sra. Sánchez Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39088-39094 ......... - Interviene el Sr. Director Gerente, dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . .39094-39096 ......... ─ Ruegos y preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39096 ... - No hubo ruegos ni preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39096 ... - Se levanta la sesión a las 12 horas y 48 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39096 ...
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(Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos). El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Solicito al director gerente del Canal don Adrián Martínez de Miguel que venga aquí a ocupar su sitio como compareciente. Antes de pasar a analizar los puntos del orden del día, ¿hay alguna sustitución por parte de a los Grupos? (La señora Ruiz de Alda Moreno pide la palabra.) Tiene la palabra. La Sra. RUIZ DE ALDA MORENO: En el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, Loreto Ruiz de Alda sustituye a Elvira García. Gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos directamente al primer punto del orden del día, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
C-82/2012 RGEP.839. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Canal de Isabel II, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los criterios utilizados por el Canal de Isabel II para la utilización del procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación en la adjudicación de contratos. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). Para sustanciar la iniciativa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de cinco minutos. La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias, Presidente. Brevísimamente, quiero agradecer su presencia al señor Director Gerente en esta Comisión. En esta primera intervención simplemente quiero que nos informe sobre los criterios que utiliza el Canal de Isabel II para la adjudicación de los contratos por el procedimiento negociado sin publicidad. Le rogaría –esto lo hago con todos los comparecientes y la verdad es que tengo siempre muy poco éxito, pero no cejo en mi empeño de intentarlo- que no se limite a leerme los supuestos que la ley contempla para utilizar este procedimiento de adjudicación de contratos en el sector público porque lo conocemos, y aproveche esta comparecencia para informarnos lo más extensamente posible de cuántos contratos se han adjudicado en la presente Legislatura por este sistema y cuántos de ellos se han hecho aplicando cada uno de los supuestos que la ley contempla. Le ruego que aproveche la comparecencia para darnos toda la información posible sobre este aspecto de los contratos adjudicados por el Canal y no solo para darnos una clase teórica, que le agradeceré, pero que, en cualquier caso, es una información que, como se puede imaginar, los miembros de esta Comisión ya conocemos. Es por ese conocimiento por lo que pensamos que a veces no se cumple estrictamente la legalidad vigente, y por eso solemos solicitar estas comparecencias. Entonces, para no perder su precioso tiempo y el nuestro, le ruego que nos dé la máxima información y la mínima teoría posible. Muchísimas gracias.
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el compareciente por un tiempo máximo de quince minutos. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN (Martín López de las Huertas): Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente, señorías. Antes de empezar, quiero significar que el Presidente ha dicho que mi segundo apellido es De Miguel y, en realidad, me llamo Adrián Martín López de las Huertas y soy el Director General del Canal de Isabel II. El Sr. PRESIDENTE: Así constará en el acta. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN (Martín López de las Huertas): Muy bien. Respecto de la pregunta, voy a hacer mención a ciertas cosas, no sé si será lo que usted pretendía o no, pero yo le sugiero, como usted me sugiere a mí, que la próxima vez me pregunte cuántos contratos hago de cada cosa, y no exactamente esta pregunta, que se refiere a los criterios utilizados, que no deja de ser una teoría. Pero, atendiendo a lo que usted me pide, le voy a ir diciendo en cada uno de los casos los contratos que hemos hecho. En el periodo 2011-2014, el correspondiente a esta Legislatura, en Canal de Isabel II se han adjudicado 1.455 contratos de obras, servicios y suministros, por un importe de 1.647,5 millones de euros; habiéndose presentado más de 12.500 ofertas. El 84 por ciento del importe total adjudicado ha sido mediante procedimiento abierto, el 12,6 por ciento ha sido mediante encomiendas de gestión a las empresas del grupo Canal, que tienen la consideración de medios propios y tan solo en el 2,5 por ciento ha sido utilizado el procedimiento negociado o simplificado. Se denomina procedimiento simplificado al negociado sujeto a las normas de contratación de Canal de Isabel II, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 b) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; a este procedimiento me referiré posteriormente. De las más de 12.500 ofertas tramitadas, únicamente ha habido 18 licitadores que han interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra las decisiones de esta empresa pública, lo que significa el 0,1 por ciento. Pues bien, en 14 de los casos, el tribunal ha confirmado la decisión del Canal; en tres ocasiones se dio por buena la decisión del Canal, aunque se nos requirió que ampliásemos la notificación efectuada a los licitadores. Solamente en un caso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública dispuso que se admitiera a un licitador previamente excluido; de los 12.500, nada más hemos tenido un caso. Además, en estos cuatro años no ha habido ningún procedimiento judicial contra las decisiones de Canal de Isabel II en materia de contratación. A efectos de informar sobre los criterios utilizados por esta empresa pública para la utilización del procedimiento negociado, debe señalarse, en primer lugar, que Canal de Isabel II Gestión es una empresa pública cuyo sector de actividad -la gestión del ciclo integral del agua- queda encuadrada en el marco de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y que, a tenor del apartado 2.b) del artículo 3, tiene la consideración de entidad contratante, quedando sujeta a la
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citada ley siempre que realice actividades relacionadas con el agua, en el sentido establecido en dicha norma y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En relación con el régimen jurídico de la Ley 31/2007, deben recordarse las propias manifestaciones del legislador, hechas en su exposición de motivos, que cito textualmente: Tal y como se manifestaba en la anterior Ley 48/1998, de 30 de diciembre, el derecho comunitario europeo ha previsto para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales un régimen normativo distinto al aplicable a los contratos de las Administraciones Públicas, cuyas directivas reguladoras fueron objeto de trasposición por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este régimen, singular en lo que concierne a determinados aspectos de la ordenación de su actividad contractual, entre ellos, la selección del contratista, es menos estricto y rígido que el establecido en la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de las obras de suministro y de servicios, asegurando en todo caso los principios de apertura del mercado, principios de publicidad y concurrencia. La Ley 31/2007 establece en su artículo 59 que la entidad contratante sujeta a dicha ley, esto es, en nuestro caso, Canal Gestión, podrá utilizar el procedimiento negociado en los casos siguientes: cuando el procedimiento anterior se haya quedado desierto; en este caso lo hemos utilizado en un 4 por ciento de las ocasiones de ese 2,5 por ciento anteriormente comentado. Cuando se adjudique un contrato únicamente con fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo. Cuando por razones técnicas, artísticas o motivos relacionados con la protección de los derechos excluidos, el contrato solo pueda ser ejecutado por un operador económico de terminado. Este es el procedimiento más frecuente de procedimientos negociados y lo hemos utilizado un 69 por ciento de las ocasiones de ese 2,5 por ciento que he comentado anteriormente. Por razones de extremada urgencia lo hemos utilizado un 7 por ciento de las veces. En el caso de contratos de suministro para entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial, cuando se trate de obras o servicios adicionales que no figuren en el proyecto inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas, se ha utilizado un 9 por ciento de las ocasiones. En el caso de contratos de obras, los nuevos trabajos que consistan en repetición de obras que consistan en repetición de obras similares confiadas al contratista titular de un primer contrato adjudicado por la misma entidad contratante. También cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas; aquellos contratos adjudicados sobre la base de un acuerdo marco; en los supuestos de compra de ocasión; cuando exista la posibilidad de comprar mercancías en condiciones especialmente ventajosas, y, por último, cuando el contrato de servicio resulte de un concurso de proyectos. Asimismo, es necesario indicar que la Ley 31/2007, en el apartado 2 de su artículo 15 establece que la adjudicación de los contratos que tenga por objeto servicios enumerados en el anexo 2.b) estará sometida únicamente a lo dispuesto en el artículo 34,
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descripciones técnicas y anuncios de contratos adjudicados de la misma, sin que sea necesario, por tanto, promover el correspondiente procedimiento abierto de licitación. Por otro lado, a efectos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Canal de Isabel II Gestión es una sociedad mercantil pública de las definidas en el artículo 3.1.d) del citado texto legal, que tiene la consideración de poder adjudicador, de conformidad con el artículo 3.3.b) de la referida ley. Los contratos de Canal de Isabel II Gestión excluidos de la Ley 31/2007 por ser inferiores a los umbrales económicos que establece dicha ley o por referirse a actividades no relacionadas con el sector del agua se regirán por las disposiciones pertinentes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que les sean aplicables en ningún caso las normas que se establecen para los contratos sujetos a regulación armonizada, según la disposición adicional octava de dicho texto legal. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.b) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Consejo de Administración de Canal de Isabel II aprobó las normas de contratación de dicha sociedad. Las citadas normas de contratación, que se pueden consultar en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid y también en la web de Canal, establecen en su artículo 6 los procedimientos de adjudicación, que podrán utilizar el procedimiento simplificado, sin licitación previa, en los supuestos para el procedimiento negociado sin publicidad previstos en los artículos 169 a 178 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en particular, en determinados supuestos señalados en el citado artículo, siempre previa justificación por el servicio técnico proponente de la concurrencia del supuesto concreto, que puede ser alguno de los siguientes: por razones técnicas, artísticas o exclusividad, que representa, como le decía, el 69 por ciento del 25; por razones de imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles por el órgano de contratación y no imputables al mismo, el 7 por ciento; cuando el contrato haya sido declarado reservado; cuando se trate de obras o servicios adicionales o complementarios que no figuren en el proyecto inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado, un 9 por ciento; en suministros, cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial. También cuando se trate de contratos de obras cuyo valor estimado sea menor de 200.000 euros excluido el IVA o menor de 60.000 euros en suministros y servicios y cuya naturaleza aconseje el uso de este procedimiento, que hemos utilizado en un 11 por ciento de las ocasiones, y por desierto de un contrato anterior, 4 por ciento. Concluyo. La publicidad de la adjudicación de los contratos por procedimiento negociado o simplificado, o al amparo de lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 31/2007, y la formalización de los mismos se efectúa mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por tanto, la adjudicación de estos contratos se publica y se da a conocer en los términos anteriormente expresados. Asimismo, estos contratos se remiten al Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en los artículos 57 y siguientes del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril. Muchísimas gracias. 39072
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación, pasamos al turno de los Grupos Parlamentarios. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia por un tiempo máximo de diez minutos. La Sra. RUIZ DE ALDA MORENO: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Martín. Quiero agradecer su intervención y señalar que parece lógico que los criterios que sigue el Canal para la utilización del procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitación no pueden ser otros que los establecidos en el artículo 59 de la Ley 31/2007. La legislación actual, efectivamente, habilita y regula este procedimiento y, por tanto, el Canal puede acogerse a él; sin embargo, nuestro Grupo tiene algunas consideraciones y comentarios al respecto que quiero trasladarle: primero, hay que tener en cuenta que la posibilidad existe, pero que se trata de un procedimiento extraordinario cuya utilización debe justificarse adecuadamente y nosotros tenemos algunas reservas a que esta justificación se esté realizando en estos términos, de forma adecuada. No solamente nos lo planteamos nosotros sino que en algunos informes del Tribunal de Cuentas, no referidos al Canal pero sí a otras contrataciones, señala esta no justificación en múltiples ocasiones. Segundo, el hecho de no existir publicidad no excluye que los pliegos incluyan los aspectos a negociar y los criterios de adjudicación. Entendemos que este punto se cumple debidamente, pero nos gustaría que nos hiciera algún comentario en su siguiente intervención. Entiendo que si el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado esta comparecencia en esta Comisión es porque conoce algunas de estas cuestiones que no se están cumpliendo, y esperaré a su siguiente intervención para conseguir más datos al respecto. Tercero. El procedimiento negociado sin previa convocatoria no solo es extraordinario sino que tampoco es obligatorio en los casos que marca la ley; perfectamente, para muchas de esas contrataciones, se puede recurrir al procedimiento ordinario. De hecho, en el año 1996, la Secretaría de Estado de Defensa dirigida por Pedro Morenés, el actual Ministro, señalaba sobre este procedimiento, que de una manera expresa deberá hacerse constar la causa por la que no resulta posible utilizar los procedimientos y formas normales de adjudicación. Nos gustaría saber si la Comunidad de Madrid hace algo a este respecto, y si no cree usted que sería una buena medida y un buen ejemplo lo que hizo la Secretaría de Estado de Defensa en su momento. Me gustaría conocer su opinión. Porque no podemos olvidar que la legislación en materia de contratación tiene por objeto fundamental garantizar la publicidad y transparencia de los procedimientos, la libertad de acceso de todos los ciudadanos a las licitaciones así como la igualdad de trato y no discriminación entre los candidatos, con el fin de salvaguardar la libre competencia, puesto que es esta la vía efectiva de lograr la selección de la oferta más ventajosa para la Administración y, a la postre, para los intereses generales. Siendo la libre competencia la mejor garantía, todo procedimiento de contratación que la limite debe ser excepcional. Para nosotros, la utilización del procedimiento negociado sin licitación o sin publicidad es una muestra de una deficiente gestión pública al acreditar la incapacidad de la Administración para contratar eficientemente a través de procesos abiertos, públicos y competitivos. Por mi parte nada más. Muchas gracias. 39073
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor Presidente. No es fácil decir gran cosa, porque, como ha pedido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se ha limitado a darnos detalles de números sin poder tener conocimiento profundo de los elementos que han sido contratados por esta vía de negociado sin publicidad. Por tanto, como ha dicho la portavoz de UPyD, entiendo que esto se debe a documentación de la que dispone el Partido Socialista y nosotros no, por lo que escucharemos su intervención y seguro que seguiremos trabajando sobre ella. Muchas gracias, señor Presidente. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La Sra. ALMAZÁN VICARIO: Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Director General por sus explicaciones. Como usted habrá podido observar, la comparecencia que hoy traemos a esta Comisión fue registrada el 14 de febrero de 2012, porque en el preciso momento en el que me ocupé de la portavocía de mi Grupo en esta Comisión y empecé a familiarizarme con los expedientes de contratación de la Administración regional llamó poderosamente mi atención el número de contratos que el Canal de Isabel II adjudicaba a través de un procedimiento que en mi opinión, y como muy bien señalaba la portavoz de UPyD, tiene que ser extraordinario y muy excepcional. No se puede convertir en una fórmula más de adjudicación de contratos; está muy tasado por la ley y, como usted conoce muy bien y nos ha señalado, efectivamente en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se recogen las condiciones en las que se pueden adjudicar este tipo de contratos. También, como ha señalado usted, se establecen en esas mismas condiciones en las normas de contratación del Canal de Isabel II Gestión -efectivamente están en la web y yo las he podido consultar- aprobadas por su Consejo de Administración el 26 de junio de 2013, que no son ni más ni menos que la transcripción literal, como no podía ser de otra manera, de esos mismos artículos que la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007 establecen. Al margen de fijar las cantidades para licitar estos contratos, que no pueden ser superiores a 200.000 euros para obras y a 60.000 euros para suministros o servicios, también se establecen los supuestos en los que se puede recurrir a este procedimiento, previa justificación de la concurrencia del supuesto concreto por el servicio técnico proponente. Esto es muy importante porque, efectivamente, tiene que ser justificado con un informe técnico. También ha comentado usted los supuestos, que voy a leer muy rápidamente. Un primer supuesto es cuando, por razones técnicas, artísticas o motivos relacionados con la protección de derechos en exclusiva, incluso por razones de compatibilidad o vinculación tecnológica, el contrato deba ser ejecutado por un empresario determinado. Un segundo supuesto es cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato; esto es verdad y, como señalaba la portavoz de UPyD, con más y mejor organización por parte de las empresas públicas no necesitaría aplicarse la
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urgencia, como en muchos casos se hace, aunque todo es cuestionable, sobre todo hablando de caso a caso. Un tercer supuesto es cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado por el órgano de contratación. Un cuarto supuesto es cuando se trate de obras o servicios adicionales o complementarios que no figuren en el proyecto inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado; en alguno de los expedientes que yo he tenido oportunidad de revisar, este supuesto a veces no se aplica, en mi opinión, con el rigor que debiera, porque a veces a la empresa que se demora en la ejecución de unas obras hay que contratarla de nuevo para que termine las obras, con lo que este supuesto se pervierte un poco, al menos en mi opinión. Y un quinto supuesto es cuando se trate de suministros de entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial. Usted nos ha dado los porcentajes, que agradezco, de cada uno de los supuestos, y, en cualquiera de los casos -no recuerdo si usted lo ha mencionado, pero me parece un tema importante y no menor en ningún casola ley contempla que es necesario invitar al menos a tres empresas; eso sí, con un matiz: siempre que ello sea posible, como dice la ley. Lógicamente, cualquier expediente de contratación se inicia con un informe de su necesidad, en el que debe incluirse, como mínimo: la memoria justificativa de la contratación, el objeto del contrato, el presupuesto máximo de la licitación, el plazo de duración del contrato y la partida presupuestaria a la que se va a imputar; en ese informe de necesidad e idoneidad tiene que justificarse el procedimiento elegido en el caso de que sea distinto del procedimiento abierto no armonizado. Y hasta aquí la teoría sobre contratación administrativa tanto en el Canal como en el resto de la legislación vigente. A continuación, como muy bien señalaban las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, cabe preguntarse si, conocidos estos preceptos legales, el Canal los cumple estrictamente para la adjudicación de los contratos. Yo me atrevería a afirmar que es, al menos, discutible. Porque, ¿usted considera que este procedimiento de contratación debe ser excepcional, extraordinario, y no convertirse en demasiado frecuente? Y no es tanto el porcentaje del volumen de contratos que adjudica el Canal, que es bastante grande, porque es una empresa pública con unas cuentas bien saneadas, aunque con intentos recurrentes de privatización, pero unas cuentas muy saneadas, si bien, en esta Comunidad, el Canal ha adjudicado –usted ha dado el porcentaje pero yo le voy a dar el número, que es verdad que es relativo pero es importante-, en cinco años, casi 200 contratos a través de este procedimiento negociado sin publicidad. ¡A mí me parecen demasiados! Porque, bajo esta denominación muy técnica de negociado sin publicidad o sin previa licitación, de lo que estamos hablando es de adjudicar contratos –para que nos entienda todo el mundo fuera de esta Comisión y no hablemos siempre con una terminología a la que solo los muy expertos son capaces de acceder- a dedo. Señor Director General, contratos a dedo a una empresa concreta, sin publicidad y con total opacidad; solamente se publican cuando ya han sido adjudicados, pero, durante todo el procedimiento, todo el expediente queda absolutamente opaco para cualquiera, y, repito, ya no digo para los diputados de esta Cámara sino para cualquier ciudadano que quiera acceder a estos contratos. Y si, para adjudicar contratos a dedo, se tienen que elaborar unos INI, en los que hay que justificar la necesidad de que se adjudique por este procedimiento, y hay que invitar a participar al menos a tres empresas, no parece muy serio que los informes sean tan parecidos -algunos casi, casi,
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idénticos, que es lo que llamamos, por resumir, un copia y pega- ni que en la mayoría de estos procedimientos se invite solo a una empresa, que finalmente es la adjudicataria del contrato. He tenido que desplazarme, señor Director General -y seguro que usted lo sabe muy bien-, con mi compañera la señora Peces-Barba a recoger expedientes al Canal. Ya sabe usted que el Gobierno -si no lo sabe, se lo digo- utiliza de una manera torticera, en mi opinión, el Reglamento de la Cámara y nos aplica el artículo 18.3, que, por razón del volumen de la documentación solicitada, nos obliga a ir a las Consejerías previa cita -bueno, una serie de gestiones que complican un poco el acceso a esta documentación-, haciéndonos perder un tiempo, por cierto, precioso tanto para las diputadas de esta Cámara como para los técnicos o altos cargos que a veces nos tienen que atender en las empresas públicas. Pues bien, una vez examinados los veinte informes que recogí hace dos semanas y cuyo volumen hacía imposible enviarlos a la Cámara –cada informe de necesidad e idoneidad tiene aproximadamente tres o cuatro páginas, que, multiplicadas por veinte, estamos hablando de sesenta páginas; ese es el volumen que impide que se nos envíe a la Cámara y que tengamos que ir al Canal a verlos-, solamente en tres de esos contratos se ha invitado a participar a tres empresas; en el resto se ha invitado a participar directamente a la empresa a la que se iba a adjudicar el contrato. Bueno, me parece un porcentaje de contratos suficientemente importante y suficientemente alto para que esto sea una cuestión sobre la que se deba reflexionar en este procedimiento de adjudicación. El hecho de que la ley contemple la necesidad de invitar a tres empresas, aunque matice “siempre que ello sea posible”, es un intento de garantizar –seguro que usted lo comparte conmigo- los principios que deben regir la contratación pública: la publicidad, la libre concurrencia, la transparencia y la no discriminación; y que la salvedad que establece la ley se convierta en un resquicio para evitar esa igualdad de trato entre empresas me parece grave, señor Director General. Insisto, es especialmente grave en una Administración en la que no es la primera vez que se han producido casos de corrupción muy graves; por ejemplo, Gürtel o la operación Granados son tramas corruptas que han saqueado las arcas públicas y que, en muchas ocasiones, han utilizado esos pequeños resquicios que la ley les ofrece para cometer sus fechorías y hacer unos enormes agujeros a la Hacienda Pública a costa de todos los madrileños. Por eso me parece muy importante limitar al máximo la adjudicación de contratos que no se realicen a través de un procedimiento abierto con publicidad, con mesas de contratación, con informes técnicos elaborados por los funcionarios, etcétera. No puedo entrar en la casuística ni siquiera de estos veinte informes de necesidad e idoneidad que he podido consultar por cuestión de tiempo y porque en esta comparecencia he querido tratar no tanto casos concretos como sí criterios generales que el Canal utiliza para seleccionar este procedimiento negociado sin publicidad. Sí quiero plantear una cuestión previa: en su anterior intervención, usted me decía que, si yo quería otra información, que hubiera hecho una pregunta concreta. Le informo de que las comparecencias hay que formularlas con cuestiones de carácter general, no puedo hacer preguntas concretas. La Mesa, evidentemente, no me permitiría hacerlo y me lo inadmitiría, por lo que su sabio consejo no lo voy a utilizar. Es una comparecencia y, por tanto, tengo que plantear cuestiones de carácter muy general; de ahí que haya hecho una formulación que a lo mejor a usted le impedía saber qué era exactamente lo que yo quería, pero no lo 39076
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he podido realizar de otra manera. Y le decía que no puedo entrar en la casuística de estos veinte contratos, pero sí me voy a detener en tres contratos que el Canal de Isabel II ha adjudicado al despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira con este procedimiento negociado sin publicidad y en el que tampoco se ha invitado a participar a otras empresas; son tres contratos de diferentes importes, con objetos bien diferentes, y en el informe de necesidad e idoneidad de dos de ellos -del otro no tengo el expediente- se justifica este contrato a dedo porque la empresa Cuatrecasas, Gonçalves Pereira es la que ha venido prestando la asistencia jurídica al Canal de Isabel II. La verdad es que, señor Director General, no me parece un argumento de peso para adjudicar a una empresa tres contratos por un importe de más de 600.000 euros, que son más de 100 millones de nuestras antiguas pesetas. Por cierto, esta empresa ya fue elegida con otras tres más para elaborar el estudio de viabilidad de privatización del Canal por más de un millón de euros cuando tenían ustedes esa intención. Señor Director General, ¿me puede decir que supuesto legal de los contemplados en la ley se aplica para estas tres adjudicaciones? ¿Me puede explicar y, de paso, si es posible, intentar convencerme de que no existe en este país otro despacho de abogados que pueda realizar los servicios objeto de estos contratos? ¿No existe un despacho de abogados en todo el país que pueda prestar asistencia jurídico-mercantil para la implementación del contrato programa del Canal de Isabel II? ¿No existe un despacho de abogados en todo el país que pueda prestar asistencia para el estudio comparativo y jurisprudencia de las repercusiones que puede tener para el Canal la Ley Reguladora de Abastecimiento y Saneamiento? ¿No existe un despacho en todo el país que pueda prestar asistencia jurídica en nueve procedimientos judiciales contra acuerdos de Pleno de los ayuntamientos por los que se aprueban los convenios del nuevo modelo de gestión? ¿Usted me puede asegurar que no existe en todo el país un despacho que pueda realizar la asistencia jurídica al Canal de Isabel II en los temas que le acabo de enumerar, señor Director General? La razón de elegir esta empresa no puede ser el conocido patriotismo del Gobierno regional porque esta empresa tiene su sede social en la capital del independentismo catalán, en Barcelona. ¿Qué razón puede tener entonces el Canal de Isabel II para contratarles a ellos en lugar de a cualquier otro prestigioso despacho de abogados, de los muchos que estoy absolutamente convencida que hay en este país? Pues solo hay una característica que tiene este despacho y que quizá no tenga ningún otro: la identidad de alguno de sus miembros; por ejemplo, Javier Laorden, socio de honor de Cuatrecasas Gonçalves Pereira y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelodones, o Pilar Cavero, socia de este despacho y cuñada del Presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que esta puede ser la explicación para que se contrate a este despacho de abogados en detrimento de otros muchos, que seguro que son tan prestigiosos como este -no dudo del prestigio de este, por supuesto, pero seguro que hay otros-, y se adjudiquen estos contratos por el procedimiento negociado sin cursar invitación a ninguna otra empresa con el argumento peregrino, en mi opinión, de que es que ya lo viene haciendo? Claro, por esa regla de tres, podríamos adjudicar obras a cualquier empresa que ya venía haciéndolas, y sería, la verdad, un poco delirante. ¿No le parece que el hecho de que un destacado miembro del Partido Popular de Madrid o la cuñada de Ignacio González sean socias de este despacho serían razones más que suficientes, en una Administración seria y honrada, 39077
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para no adjudicar contratos a dedo concretamente a este despacho de abogados? Esta forma de actuar, señor Director General, no ayuda a que la gente recupere la confianza que ha perdido en los que gobiernan sus vidas y los que administran sus dineros. Por eso quiero expresarle -y con esto ya acabo- la preocupación de mi Grupo Parlamentario por la utilización tan frecuente que hace el Canal de este procedimiento, que escapa de todo control y que tiene un carácter bien opaco; me gustaría, si es posible, que me explicara por qué razón se han adjudicado estos tres contratos, insisto, por más de 600.000 euros, que son casi 100 millones de las antiguas pesetas, a un despacho de abogados con el único y exclusivo argumento de que es el que lo venía haciendo. Nada más y muchísimas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para finalizar este turno de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Director General, por su presencia en esta Comisión, así como por esta explicación tan abundante y tan clarificadora que nos ha dado sobre los procedimientos negociados sin convocatoria de licitación de la adjudicación de contratos, que veo que ha sido inútil porque al final la comparecencia ha ido dirigida por parte de la señora Almazán, que ha sido la proponente, sobre el despacho Cuatrecasas; podría haber solicitado el objeto de la comparecencia en un principio sobre este despacho y no hubiéramos estado hablando de leyes, de procedimientos... En cualquier caso, a nosotros sí nos ha convencido su explicación; me parece que le avala además el que, después de haber tenido 1.453 contratos en este periodo de tiempo, no hayan tenido ningún proceso judicial, como usted ha dicho, con este tema, y yo le recomendaría a la señora Almazán, que también tiene en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II Gestión a don Agapito Ramos, que le pregunte por qué contratar con este despacho Cuatrecasas. Yo creo que le podría haber dado más información y así haberse limitado usted al objeto de comparecencia para el que ha sido solicitado el compareciente. Sinceramente yo desconocía la normativa de contratación del Canal de Isabel II -tengo afición por otro tipo de lecturas-, pero me lo he leído para esta comparecencia y he descubierto que las actuaciones del Canal de Isabel II, que es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, están sujetas al derecho privado y todos los contratos que se hacen en el Canal de Isabel II Gestión tienen la consideración de contratos privados. Luego, usted nos ha explicado también que los trámites están sujetos en alguna ocasión A las disposiciones, al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y me ha parecido muy interesante el artículo 6. Realmente, todos estos 200 contratos que son dudosos para la señora Almazán se ajustan a la legalidad de esta normativa que usted nos ha leído. En lo que se refiere a la intervención de Izquierda Unida, ya que la señora Sánchez Melero no tenía interés en el tema podría haber aprovechado su tiempo para darnos algunas explicaciones porque ha sido muy pródiga en esta Comisión de haber exigido dimisiones, de haber criticado amiguismos, adjudicaciones consideradas irregulares por ella, y debería dar las mismas explicaciones que ella ha reclamado en esta Comisión y aplicarse esa ética que predica. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. 39078
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En cuanto al Canal, quiero dar dos noticias buenas de las que no se ha hablado: una de ellas es que se va a bajar por segundo año consecutivo el precio del agua y va a haber unas tarifas muy especiales para la gente desfavorecida, y otra es que el Canal va a ahorrar entre 5 y 10 millones de euros al refinanciar su deuda con una emisión de bonos. El señor Gómez ayer trató de dibujar esta maniobra como una privatización encubierta y en realidad lo único que se va a hacer es sustituir la deuda cara y antigua por una nueva y más barata. En lo que se refiere a la corrupción, de lo que también se ha hablado, soy la primera, junto con mi partido, en mostrar nuestra repulsa por todos los casos de corrupción, tanto en los partidos de la oposición como en el mío. Sin embargo, ni los sistemas ni los partidos son corruptos; son las personas las corruptas y las que ensucian la noble tarea de la política. Hablando de Agapito Ramos, he leído en su twitter esta frase: “Los partidos políticos son irremplazables en una democracia, pero tienen gérmenes que pueden poner en peligro el sistema.”. Por mi parte, agradecerle nuevamente su presencia en esta Comisión, que para nosotros ha sido muy clarificadora. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para finalizar este punto del orden del día, tiene la palabra el compareciente. El Sr. DIRECTOR GENERAL DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN (Martín López de las Huertas): Muchas gracias, señorías. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que se me han planteado. UPyD dice que nos podemos acoger a una ley; vamos a ver, tenemos obligación de cumplir una ley. Entonces, no es que yo pueda o no pueda sino que tengo que cumplir la Ley 34/2007. En ese sentido, estoy muy tranquilo. ¡Y claro que hacemos las cosas de un modo legal! Si no, no estaríamos aquí. Mire, es importante lo que usted ha dicho respecto del Tribunal de Cuentas, que en relación con el Canal de Isabel II no ha emitido absolutamente nada; nada. Le puedo decir una cosa: el Tribunal de Cuentas nos fiscaliza y, en todas las fiscalizaciones, en todas las cosas que nos ha pedido, nunca ha emitido nada en contra del Canal de Isabel II. Lo cual pone de manifiesto que lo que hacemos en el Canal, aparentemente o según su criterio, es bueno. Dice que deberíamos utilizar este procedimiento de una forma extraordinaria. Yo también lo creo así y el Canal de Isabel II lo hace de esa manera. De hecho, solamente el 2,5 por ciento de los contratos se realizan de este modo. Usted me dice que le gustaría que fuesen el 0,001 por ciento, pero es que hay veces que no puedo hacerlo de otra manera. Voy a poner un ejemplo para que quede claro, porque la representante del Grupo Socialista ha dicho alguna cosa que no es correcta, y dentro de las 20 solicitudes que usted ha presentado hay algunos casos. Cuando una obra se dilata en el tiempo, no hay un negociado con la empresa adjudicataria de esa obra sino con la empresa que hace la asistencia técnica para el control de esa obra. ¿Por qué? Porque para esa obra, que estaba contratada para un tiempo determinado, la asistencia técnica la hacemos para ese tiempo determinado; no obstante, si se amplía ese plazo por circunstancias en muchos casos ajenas al Canal
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y ajenas también a la empresa constructora, no se hace ningún negociado con la empresa constructora, sí con la asistencia técnica. Ha hablado usted de la Secretaría de estado de Defensa. Me parece muy bien lo que hacen ellos, pero a mí también me parece muy bien lo que hacemos nosotros. Puede ser un ejemplo, lo desconocía y voy a mirar exactamente a ver qué hacen porque, en la medida en que podamos mejorar, será extraordinario. En cuanto al Grupo Socialista, dice usted una cosa: que parece como si yo fuese el que adjudicase las cosas a dedo en el Canal de Isabel II. Mire, todas, todas las licitaciones, sean públicas, sean presentándose 27 licitadores o sean con un solo licitador, siempre, siempre los servicios técnicos son los que adjudican esos contratos. ¿Adjudicaciones a dedo? Ninguna. ¡Ninguna! Ya sé que les gustaría que dijésemos que hay muchas o que hay alguna, pero, mire, no hay ninguna, da esa casualidad. No adjudico nada; es decir, los servicios técnicos hacen sus informes de adjudicación, hacen su propuesta y se eleva al organismo contratante. ¿Por urgencia? Pues sí, hacemos cosas por urgencia. Desgraciada o afortunadamente, hacemos un suministro de agua y hay veces que tenemos que actuar de forma urgente en algo que estaba imprevisto. En esas veinte que usted ha pedido hay alguna de ellas y comprobará que, efectivamente, existía la urgencia. Decía invitar a tres empresas o más. En tres de los casos que usted ha pedido había no tres empresas sino tres o más. A nosotros lo que más nos gusta es la concurrencia porque elegimos la mejor de todas; ahora bien, si la asistencia técnica que estaba prestando el servicio es una, por lo que pone en el INI, no se lo hemos podido dar a otra. Usted dice: todos los INI son iguales; sí, tienen los mismos capítulos y, de alguna forma, los mismos criterios, y si en las asistencias técnicas eso nos ha pasado en tres ocasiones, pues en tres ocasiones hemos repetido lo mismo, pero porque es cierto; no nos importa repetir las cosas que son ciertas. Ha hablado usted de fechorías. Yo no quiero entrar en eso, sinceramente. De lo que hagan otras personas u otras empresas no soy responsable; no soy responsable de eso. No me haga usted responsable de algo de lo que no lo soy; soy responsable de lo que pase en el Canal de Isabel II y le puedo decir una cosa: creo, estoy convencido de que no hay ninguna fechoría. ¡Ninguna! Por último, me ha preguntado por una serie de contratos. En el periodo 2011-2014, el Canal de Isabel II Gestión ha trabajado con distintos despachos de abogados, no solamente con Cuatrecasas; dependiendo de la materia de que se trate, hemos seleccionado aquel bufete de abogados que entendíamos que era el mejor. Habla usted de un millón de euros y yo le digo una cosa: ahí quiero significar que se han acumulado diferentes contratos que no tienen que ver con Cuatrecasas; es decir, cuando se dice que la capitalización es un millón de euros, Cuatrecasas era una parte pequeña de ese millón de euros. No confundamos una cosa con la otra.
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En el caso de ese contrato que dice usted relativo a las tarifas, de la normativa tarifaria, hubo una serie de problemas y cuestiones en cuanto a la tarifa y a las tasas por los que no solamente nos preocupamos nosotros sino también la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento. Se consiguió que se cambiase y se introdujese la disposición final 58 en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, relativa a las tarifas y tasas. Este contrato nos costó 29.000 euros. La razón fundamental, aparte de cumplir, por supuesto, la parte correspondiente a la ley, por lo que está justificado, por tanto, con la normativa aplicable señalada, es que, en los últimos años, el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira, en el área del derecho público, que es la que afecta a este tema, está situado en el “band” 1 tanto en Chambers Global como en el resto de los directorios de abogados. En este sentido, quiero señalar que Chambers Global es un directorio a nivel mundial que clasifica los despachos de abogados de 190 países, según el área de derecho, en varios niveles en función del prestigio, calidad profesional, etcétera, de sus abogados y de su asesoramiento jurídico, siendo el despacho de mayor categoría y prestigio situado en este nivel. Entonces, a nosotros, en este caso, el objeto de este contrato nos ha supuesto garantizar que lo que pretendíamos con este estudio estuviese resuelto por 29.000 euros. Nosotros tratamos, y creo que lo conseguimos, de hacer la contratación de una forma legal y adecuada. Ahí tiene usted estos veinte contratos y cuantos quiera tener, porque si usted nos ha pedido y tiene información de estos contratos es porque esa información existe y, por lo tanto, no tenemos ningún problema en mostrarla a cualquier persona que nos la solicite. Muchísimas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por su comparecencia. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
C-1433/2014 RGEP.9755. Comparecencia del Sr. Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al objeto de informar sobre procedimiento de contratación para la prestación del servicio de las Oficinas de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público dependientes del Consorcio Regional de Transportes. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea). Solicito al señor Valverde Bocanegra, Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, que, por favor, ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Para sustanciar la iniciativa, tiene la palabra la portavoz del Grupo UPyD. La Sra. RUIZ DE ALDA MORENO: Gracias de nuevo, señor Presidente. Buenos días, señor Valverde. Mi Grupo ha solicitado su comparecencia en esta Comisión para que nos informe sobre el procedimiento de contratación para la prestación del servicio de las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público, dependiente del Consorcio Regional de Transportes. Varias son las dudas que tenemos sobre este servicio y sobre las diferentes oficinas de gestión de la TTP, especialmente las que dependen del propio Consorcio Regional de Transportes. Estas dudas nos surgieron 39081
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especialmente hace semanas a raíz de la adjudicación a Ferroser de algunas oficinas de Metro de Madrid, y ya en su momento tramitamos algunas iniciativas, peticiones de información y preguntas al respecto. Pero en la labor de investigación que hemos hecho desde entonces hemos localizado que es el Grupo Mirava Consultores el que realiza la comercialización de la TTP de la Comunidad de Madrid en las oficinas de gestión del Consorcio. Y hasta aquí hemos llegado. No hemos sido capaces de averiguar desde cuándo, cómo o por qué esta empresa especializada en recursos humanos presta este servicio, aunque, después de lo que usted me señaló hace unos días en la Comisión de Presupuestos sobre un contrato cuyo título en realidad no era el objeto real de lo que se estaba licitando sino que se trataba de una cuestión completamente diferente, ya me espero cualquier cosa. En una sesión reciente de la Comisión de Transportes, Infraestructura y Vivienda, mi compañero Gabriel López preguntó sobre este asunto al Viceconsejero, quien, a pesar de sus buenas palabras, no nos ha facilitado la información a la que se comprometió. Como usted sabe, la apuesta definitiva por la implantación de la tarjeta de transporte, tras muchos años de pruebas, incluso de utilización, con el antiguo nombre de “Súbete”, para los abonos anuales, se produce en 2011, cuando comparece en esta Asamblea su antecesor en el cargo, el señor Pradillo, y nos presenta un calendario de implantación que finalizaría en diciembre de 2013; calendario que no se ha cumplido, pero que, en cualquier caso, no es el objeto de esta comparecencia. Se diseña entonces un operativo para hacer solicitudes “on line” y presenciales y se licitan en 2012 una serie de contratos innecesarios para comenzar el mismo, como fue el suministro del propio plástico o la licitación para utilizar la red de estancos como red comercial adjudicada a Logista, red que posteriormente se amplió con la licitación de las recargas en los cajeros bancarios, pero, desde luego, ninguna adjudicación, o al menos nosotros no la hemos localizado, sobre la gestión de solicitudes o venta de las tarjetas. Sin embargo, algo debieron diseñar puesto que Metro de Madrid licitó en mayo de 2012 un contrato que se llamaba “Implantación de oficinas para la gestión de tarjetas de la TTP”, licitación a la que renunció posteriormente Metro de Madrid. Como les señalaba, nada sobre una de las cuestiones criticas del proceso para el que el Consorcio Regional de Transportes no parecía preparado. Por tanto, señor Valverde, escucharé con suma atención su intervención y espero que nos cuente por qué el Grupo Mirava Consultores se ha hecho con este servicio. Nada más y muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para sustanciar la comparecencia, tiene la palabra el compareciente por tiempo máximo de 15 minutos. El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Valverde Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señora Ruiz de Alda, portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, intentaré desgranar todo el proceso y cuales han sido los distintos cauces y canales de la comercialización para llegar hasta donde hemos conseguido prácticamente finalizar el objetivo que se marcó en el año 2011 de implantar en todo el territorio de la Comunidad de Madrid el nuevo sistema de tarjeta de transporte sin contacto, la tarjeta inteligente, que ya tiene un número cercano a dos millones de títulos.
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La tarjeta de transporte público se comenzó a comercializar en mayo de 2012, empezando por los abonos jóvenes de 30 días de la zona A. Una vez afrontada esta primera etapa de implantación con un rotundo éxito de acogida, la implantación se extendió a los abonos normales de la zona A en octubre de ese mismo año, de 2012. El proceso se ha debido ir adaptando a los ritmos de adecuación de instalaciones y vehículos por parte de los distintos operadores, que han tenido que acondicionar para poder procesar el acceso de viajeros a la nueva tecnología sin contacto. Por esta razón es en marzo de 2014 cuando la tarjeta se extiende a las zonas externas del municipio de Madrid, empezando por los abonos jóvenes de 30 días de la zona B, en mayo la cobertura se amplía a los abonos normales de las zonas B y C y en junio a los abonos de la tercera edad, que no van asociados a una zona concreta sino que admiten la movilidad por toda la Comunidad de Madrid. Por otra parte, los abonos anuales se trasladan a la nueva tarjeta en enero de 2014 para los usuarios de la Comunidad de Madrid; hubo algún retraso, entre otras cosas, porque alguno de los operadores, en concreto Renfe-Cercanías, deslizó unos meses la contratación de los equipos de peaje que tenían que instalar y todos los sistemas de “hardware” y “software” necesarios para la lectura y el procesamiento de toda la información que se obtiene a través de las cancelaciones de la TTP. Asimismo, con cada ampliación a las nuevas zonas y perfiles de usuarios se ha establecido un periodo medio de cuatro meses y medio, en los que el cambio a la nueva tarjeta se ha podido realizar de una forma gratuita, facilitando con ello la implantación, así como la paulatina desaparición del antiguo formato. Gracias a este enorme esfuerzo tanto por parte de la Comunidad de Madrid como de los distintos operadores, que siempre han estado tutelados por el Consorcio Regional de Transportes, hoy la tarjeta es completamente operativa para todos los perfiles de usuario de las zonas tarifarias regionales A, B y C, si bien el cupón magnético de la tercera edad, que está terminando el proceso de implantación, aun convivirá con la nueva tarjeta hasta el último día de este mes, es decir, a partir del 1 de enero tampoco habrá abono magnético para la tercera edad. Conforme el área de implantación ha ido aumentando, también lo ha hecho el número de oficinas de gestión y otros medios puestos a disposición de los usuarios, y es por ello que a fecha de hoy se han emitido cerca de dos millones de tarjetas, que se han podido tramitar gracias las 27 oficinas de gestión, el canal de internet y los 900 estancos con los que cuentan los madrileños, además de tener a su disposición una inmensa red de recarga compuesta por los mencionados estancos, las máquinas de las estaciones de metro y alrededor de 1.300 cajeros de la red de Bankia. Este despliegue de servicios ha generado una amplia red de cobertura regional que alcanza a todos los corredores, así como a los principales núcleos urbanos. Con ello se ha facilitado el paulatino abandono del antiguo cupón magnético, cuya demanda se ha ido trasladando a los títulos de 30 días recargables con la tarjeta de transporte público. Ha habido una evolución en las ventas de los títulos y en este gráfico que les muestro se observa claramente cómo arranca al principio del año la caída de los magnéticos y cómo va aumentando la venta de los títulos de TTP; se ve claramente con la implantación y a partir del año que viene desaparecerán definitivamente todos los magnéticos.
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Los procedimientos de contratación de las oficinas de gestión cuentan con un doble sistema de gestión: por un lado, la gestión directa, que se desarrolla con medios propios y, por otro, la gestión indirecta, que se desarrolla a través de empresas de distribución y de operadores. Esta gestión responde a los siguientes procedimientos de contratación: por un lado, comercialización en la sede del Consorcio. En la sede del Consorcio de Transportes reside la principal oficina de gestión de la tarjeta de transporte, que, por resumir, ofrece todos los servicios relacionados con la gestión del nuevo soporte desde la primera fase de implantación. Además de la gestión de las tarjetas, el servicio de atención al cliente atiende a los usuarios que tengan cualquier necesidad de asesoramiento o dudas con respecto a la obtención y uso de los distintos títulos de transporte, siendo de especial importancia la venta y resolución de incidencias motivadas por la reciente incorporación de la tarjeta sin contacto, que, por su novedosa y rápida implantación, ha supuesto un notable incremento en el número de atenciones requeridas por los usuarios. Por otro lado, la comercialización se realiza a través de Logista en estancos y otros establecimientos. En Madrid existen actualmente cuatro establecimientos de la empresa Logista que ofrecen los servicios de gestión de la tarjeta de transporte público, situados en las calles Pinzón, Delicias, Fuencarral y Murcia. El procedimiento de adjudicación de este contrato se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 21 de junio de 2012. En dicha fecha se publica el anuncio, por procedimiento abierto, del contrato de implantación y explotación de la red de renovación, entrega, venta y recarga de tarjetas inteligentes sin contacto, denominadas tarjetas de transporte público, que sustituirán gradualmente a los billetes magnéticos con soporte de los títulos de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transportes. Para la licitación hay dos ofertas: la de la UTE formada por Panini España y Seglan, S.A. y la de la Compañía de Distribución Integral Logista, SAU. Los servicios previstos y los costes máximos autorizados fueron de hasta 7 euros por tarjeta entregada; por la realización de este servicio el adjudicatario está obligado a ceder al punto de renovación y entrega de tarjetas, PRET, la cantidad de un euro por tarjeta; por tarjeta vendida en el punto de venta en el acto, 2 euros por tarjeta; por punto de venta de tarjetas en el acto de la entidad licitadora, 60.000 euros por año y punto de venta de tarjetas; por punto de venta de tarjetas en el acto de la entidad licitadora con refuerzo de personal, 90.000 euros al año -todo esto es lo que salía reflejado como máximo en la licitación-; por punto de venta de las tarjetas en el acto en el inmueble no perteneciente a la entidad licitadora, 2 euros por tarjeta, etcétera, hasta llegar a los porcentajes que supone el corretaje por las recargas, que sería de un máximo del 3 por ciento. En cualquier caso, el adjudicatario debe ceder al punto de venta dos terceras partes de la comisión de cada transacción de la recarga. Finalmente, la adjudicación de ese contrato se materializó en la oferta más ventajosa para la Administración, con una bajada que alcanza los 5,5 euros por tarjeta entregada; 1,7 euros por venta de una tarjeta en el acto; por puntos de venta de tarjetas en el acto de la entidad licitadora, 50.000 euros al año; por punto de venta de tarjetas en el acto de la entidad licitadora con refuerzo de personal, 76.500 euros al año, etcétera. Además, para la recarga se establece el corretaje correspondiente al emisor de esta recarga de un 2,7 por ciento del importe, y la licitación también incluye unas condiciones en cuanto al horario de atención al público, tamaño, distribución y cobertura 39084
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geográfica tanto de puntos de renovación y entrega de tarjetas como de los puntos de venta de las tarjetas en el acto. En el caso de los puntos de renovación y entrega, entre otros detalles, la empresa adjudicataria deberá dotar a la red de la Comunidad de Madrid de un mínimo de 900 puntos, 550 ubicados en la zona tarifaria correspondiente al municipio de Madrid y los demás en el resto de zonas de la Comunidad de Madrid, incluidos 50 puntos en Castilla-La Mancha. Respecto a los puntos de venta de tarjetas en el acto, la empresa adjudicataria deberá adecuar la disponibilidad de estos puntos a las diferentes fases de implantación de la tarjeta. Bajo estas y otras condiciones de licitación, el 29 de octubre de 2012 se publicó la resolución de la adjudicación del contrato a favor de la empresa Logista, con un plazo de ejecución de cuatro años. La cuantía máxima estimada de este contrato era de 50 millones de euros; el reparto por años o por ejercicios era de 10 millones en 2012, 11 millones en 2013, 11 millones en 2014, 11,5 millones en 2015 y 6,5 millones en 2016, habiendo correspondido el coste efectivo a 751.000 euros en 2012, 2.381.000 euros en 2013 y 5.113.000 devengados hasta octubre de 2014. En cuanto a la red de comercialización de los intercambiadores, el pliego de prescripciones técnicas del contrato para la implantación y explotación de la red de comercialización de productos tarifarios soportados por la tecnología sin contacto, contrato que autorizó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, reserva, en su cláusula cuarta, al Consorcio Regional de Transportes la posibilidad de disponer de una red comercial de puntos de venta de tarjetas en el acto, conocidos como PVTA, que puede ser propia o también explotada por los agentes operativos del sistema de transportes, es decir, operadores de transporte e intercambiadores, durante el periodo de la duración del contrato. Por otra parte, en el Plan General de Explotación de los Intercambiadores de Transporte, que forma parte de los documentos contractuales, se contempla la existencia, a cargo de las sociedades concesionarias, de un plan de promoción del servicio enfocado a promover la intermodalidad, asegurar la fidelidad del cliente, mejorar permanentemente la imagen del sistema y aumentar la participación modal del transporte público. Especialmente, los gestores de los diferentes intercambiadores están obligados a contar con espacios para la venta de billetes y títulos de transporte, todo ello con la finalidad de facilitar que los usuarios puedan adquirir sus títulos en el menor tiempo y con la mayor comodidad posible. Teniendo en cuenta las fases de implantación de la tarjeta de transporte público, así como las necesidades de cobertura por corredores, la red de comercialización de intercambiadores de transporte comenzó en 2012 en el intercambiador de Moncloa, continuando en enero de 2013 en el resto de los intercambiadores: Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Nuevos Ministerios y Avenida de América. Esta red de comercialización de intercambiadores se establece conforme a la adenda concesional, donde se acuerda que la sociedad concesionaria de cada intercambiador percibirá una serie de corretajes idénticos a los del contrato administrativo adjudicado a Logista en 2012. Las contraprestaciones acordadas fueron de 5,5 euros, las mismas que estaban en el contrato que se adjudicó en su momento a Logista. La adenda establece que la sociedad concesionaria del intercambiador podrá realizar esta actividad de forma directa o subcontratándola con otra entidad.
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Respecto a la red de comercialización de empresas operadoras de transportes, el precepto de la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas anteriormente mencionada reserva al Consorcio Regional de Transportes la posibilidad de disponer de una red comercial de puntos de venta de tarjetas en el acto, que puede ser propia o también explotada por los agentes operativos del sistema de transportes, los operadores de transportes, de autobuses interurbanos, metro o sistema de transporte urbano o los intercambiadores. Durante el periodo de duración de este contrato, el Consorcio cuenta con diversas oficinas de gestión de la tarjeta al público explotadas tanto por operadores públicos como privados. Durante la primera fase de implantación de la tarjeta, que se estableció en la zona A, municipio de Madrid, las oficinas puestas a disposición de los clientes se circunscribían a esta área; concretamente, se situaron en las estaciones de metro de Avenida de América, Ciudad Universitaria, Nuevos Ministerios, Plaza de Castilla, Sol y Colonia Jardín, así como en las oficinas de la EMT en la calle Cerro de la Plata. Con la extensión de las restantes zonas tarifarias, Metro de Madrid amplió su red de oficinas de gestión a otros municipios situándolas en las siguientes estaciones: Coslada Central, Fuenlabrada Central, Leganés Central y Móstoles Central. ALSA también amplió su red de oficinas de gestión, situándolas en las estaciones de autobuses de Alcalá de Henares, Aranjuez y Torrejón. Continuando con el mismo modelo derivado de la extensión de otros municipios, la empresa Arriba de Blas se ocupó de la explotación de una nueva oficina, situada en el Ayuntamiento de Alcorcón; Avanza, que está en Getafe, en la calle Hospital; Tranvía, de Parla, que está situada en las cocheras del tranvía, y AISA, que está situada en el Ayuntamiento de Valdemoro y también en el de Aranjuez. Recientemente, y para continuar con el esfuerzo de las oficinas en los puntos de mayor afluencia de viajeros en el municipio de Madrid, Metro ha situado la oficina de gestión en la estación de Atocha, y ALSA, en la estación de Méndez Álvaro. La adenda concesional para cada una de las operadoras mencionadas establece que la empresa habilitará el punto de venta, y estos serán atendidos por personal a cargo, directa o indirectamente, de la operadora; la formación del personal correrá a cargo del Consorcio. Asimismo, se establece que la operadora percibirá también condiciones análogas al resto de las que hemos hecho referencia anteriormente. Por otra parte, en los contratos de gestión de servicio público, en los títulos concesionales se contempla -en el apartado 3.6, la estructura tarifaria y su aplicación- la posibilidad de que el Consorcio, ante la posible insuficiencia de la red de ventas utilizada por el concesionario, extienda la misma a puntos que considere necesarios. Con arreglo a las previsiones anteriores, los operadores de transporte que han manifestado interés en participar en la comercialización de un producto tan masivo como la nueva tarjeta han habilitado puntos de venta de tarjetas en el acto. También está prevista, con carácter inminente, la apertura de nuevas oficinas en Alcobendas, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Tres Cantos en las oficinas conjuntas de Atención al Ciudadano de estos municipios. Estas nuevas aperturas, que responden al compromiso de la Comunidad con la mejora de la calidad de los servicios, así como los esfuerzos por facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la Administración, se van a llevar a cabo mediante la firma de un convenio con cada uno de los Ayuntamientos entre las Consejerías de Presidencia y Transportes. A través de este convenio, las partes asumirán los siguientes compromisos: 39086
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por un lado, los Ayuntamientos cederán el espacio necesario para la instalación de los puntos de gestión, además de asumir el gasto de suministro eléctrico y, por otro, el Consorcio Regional de Transportes aportará los equipos técnicos y el personal debidamente formado necesarios para el desarrollo de la actividad. Respecto a los servicios de las oficinas de gestión, no todas realizan las mismas funciones, si bien es cierto que la gran mayoría -21 de 27- ofrecen la cobertura total de servicios relacionados con la gestión de la tarjeta al público, debiendo apuntar, sin embargo, que se está tendiendo a la homogeneización de las funciones y en un futuro próximo todos los puntos tendrán exactamente la misma carta de servicios. A día de hoy, las funciones se reparten de la siguiente manera: puntos de gestión cuya explotación depende del Consorcio, intercambiadores de transporte, Metro de Madrid y empresas que operan en municipios; personalización y venta de tarjetas, duplicado de tarjetas con restauración de títulos por robo o extravío, resolución de cualquier tipo de incidencia puntual, entre otras, deterioro de tarjeta, errores de impresión o problemas con la solicitud, la gestión de los descuentos por familia numerosa o discapacidad de emisión de facturas, según la demanda por parte del usuario; esta última solo en la sede del Consorcio. Los puntos de gestión cuya explotación depende de Metro Ligero Oeste en Logista y la EMT -que son seis de las 27- ofrecen personalización y venta de tarjetas; duplicado de tarjetas, sin restauración de títulos, por robo o extravío; resolución de errores de impresión, y gestión de los descuentos por familia numerosa o discapacidad. Todos estos servicios también se ofrecen con unos horarios que comienzan a las 7 de la mañana y, dependiendo de las oficinas, la horquilla de inicio de operación va hasta las 9 de la mañana, y terminan entre las 8 y las 10 de la noche, también dependiendo de las oficinas; 23 de estas 27 ofrecen servicio los sábados, hasta las 10 de la noche en la mayoría de los casos, y en el intercambiador de Nuevos Ministerios y la estación de Sol ofrecen un servicio también los domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Asimismo, en periodos donde la demanda de la tarjeta ha sido mayor al habitual, como cuando se acerca el final del período gratuito de renovación, se han ampliado los horarios de alguna de las oficinas y se ha habilitado el servicio también los domingos. Hay que hacer una referencia, que era por lo que manifestaba interés la portavoz del Grupo Parlamentario UPyD, al modelo de funcionamiento en las oficinas propias del Consorcio, que se está prestando con personal propio en parte, y también con el apoyo de los intercambiadores, tal como establece la adenda que en su momento tuvieron en el año 2012 y principios de 2013 los títulos concesionales de intercambiadores, que establecía que podrían dar ese apoyo en la venta de los títulos tanto en los propios intercambiadores como en el apoyo y el refuerzo puntual en la sede del Consorcio Regional de Transportes. Por lo tanto, el apoyo que se está recibiendo es a través de los intercambiadores de transporte, que son los titulares, conforme al contrato que se establece para apoyar en la resolución o en la emisión de los títulos en los momentos en los que hace falta refuerzo, porque con la disponibilidad de personal con la que se cuenta, evidentemente, es difícil atender esos picos de demanda tan importantes. Hemos estado viendo los números de evolución de la circulación de tarjetas, que prácticamente en un semestre se ha duplicado: ha pasado de cerca de un millón que había en el mes de mayo a en torno a dos millones de tarjetas a finales de este ejercicio.
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Creo que ha sido un esfuerzo titánico por parte de todos los que han colaborado en este modelo de implantación: ayuntamientos, operadores, concesionarios y empresas públicas que han colaborado. Creo que es un esfuerzo que está dando buenos resultados y la valoración de este resultado la tienen los madrileños cuando manifiestan su conformidad y su satisfacción por las ventajas que está ofreciendo y por la rapidez con la que se ha implantado. Me someto a las consideraciones que correspondan de las nuevas intervenciones de los Grupos Parlamentarios. Gracias, Presidente. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Efectivamente, a continuación es el turno de palabra de los Grupos Parlamentarios. Tiene la palabra la portavoz de UPyD por un tiempo máximo de diez minutos. La Sra. RUIZ DE ALDA MORENO: Gracias, Presidente. Señor Valverde, con todo el aprecio que sabe que le tengo, he de decirle que su intervención de hoy no me ha gustado nada, no me ha convencido nada y no me ha dicho nada de lo que yo le había planteado. Es verdad que usted nos ha relatado una historia sobre la tarjeta, con datos que yo ya conocía; ya sabe que soy partidaria de la tarjeta sin contacto, creo que es una buena opción para nuestra región y creo que debería aprovecharse mucho más de lo que lo hacemos, pero eso lo trataremos en la Comisión de Transportes. Nos ha contado también alguna cuestión sobre procesos de contratación ya conocidos, como es el hecho de Logista. Se ha centrado mucho en la red de los estancos y ha pasado un poco por alto o con cierta confusión sobre la gestión de la oficina del propio consorcio o de los propios intercambiadores. Me he quedado con la adenda de las empresas de los intercambiadores. Si la tiene usted aquí estaría bien que nos la pudiera facilitar y, si no, tendré que pedirla con una petición de información, pero ya que era una parte nuclear de su intervención no hubiera estado demás que nos la hubiera facilitado a los portavoces en esta Comisión. En su intervención ha habido mucho lío, mucho dato y mucha confusión -por lo menos para mí- sobre las oficinas, pero sobre la cuestión de cómo y por qué el Grupo Mirava Consultores presta este servicio en la Comunidad de Madrid, nada de nada. Esta empresa, el Grupo Mirava Consultores, que, por cierto, ha revisado su página web hace unos pocos días y ha eliminado las menciones que hacía del Consorcio -ustedes sabrán por qué, yo solamente lo imagino- hace alarde en otras páginas de internet de este servicio. Esto es lo bueno y lo malo de internet: que o te acuerdas de todas las paginas en las que hablas del servicio o al final te acaban pillando. Como le decía, en concreto señala que tiene un grupo de personas distribuidas por la Comunidad para la fabricación y venta de la tarjeta de transporte público; pero, además, hay empleados que en sus perfiles profesionales señalan que trabajan en Mirava Consultores desde abril de 2012 y que su labor es implantar la puesta en marcha de la nueva tarjeta de transporte público del Consorcio Regional de Transportes. Que en su intervención, señor Valverde, haya obviado cualquier dato sobre esta contratación –y realmente, me extraña mucho que todos los intercambiadores, que son empresas independientes, hayan elegido a la misma para la prestación de servicio-, sinceramente, me lleva a pensar que ha venido usted a ver si colaba su intervención y, desde luego, en mi caso no ha sido así. 39088
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Ustedes, el Consorcio, han dado este servicio a esta empresa no sé por qué razones pero, desde luego, atendiendo a un procedimiento absolutamente “dedocrático”. El grupo Mirava Consultores es una empresa estrechamente ligada al Metro Ligero Oeste, y lo dejo como dato, porque ya sabe usted que para mí el contrato de concesión de estas líneas: el Metro Ligero a Pozuelo y a Boadilla, me parece uno de los contratos más escandalosos que tiene la Comunidad de Madrid; desde luego, mucho más que el tranvía de Parla. En el año 2011, esta misma empresa, si nos atenemos al registro Mercantil, era una empresa con escasísima actividad: tres empleados y unas ventas de 124.000 euros. En 2012, que es cuando empiezan a trabajar con la Comunidad de Madrid y el proceso de implantación de la tarjeta, esta empresa sube exponencialmente su número de empleados en un 833 por ciento y su facturación en un 452 por ciento. Sinceramente, señor Valverde, muchas filigranas han tenido ustedes que hacer para otorgar este servicio a esta empresa, que no parece capacitada para llevar a cabo un servicio crítico y sensible como la gestión de las solicitudes de los miles de tarjetas de transporte que se han entregado en estos tres años, que usted ha cifrado en torno a los dos millones de tarjetas. Digo sensible porque muchos de estos datos de los madrileños han pasado por manos de una empresa pequeña y a la que se le ha adjudicado a dedo el servicio; y no solamente todo el tema relacionado con los datos de las solicitudes sino también de la recaudación, porque recuerdo que, aunque es verdad que estas tarjetas son gratis al principio, cuestan 4 euros cada una. Le agradeceré que en su siguiente intervención me aclare cómo se ha solucionado el tema de la protección de datos y de la recaudación. Usted ha hablado de las oficinas de gestión de forma presencial, pero se le ha olvidado también decirnos adónde llegan todas las solicitudes “online”, que yo creo que llegan a la oficina del consorcio y son estas personas, el grupo Mirava Consultores, quienes están gestionando todos estos cientos de miles de solicitudes de los madrileños en un contrato, como he señalado, bastante oscuro y bastante sospechoso. Voy a ir acabando porque creo que el tema está bastante claro, señor Valverde. Yo no soy jurista y desconozco si esta contratación podría ser delictiva o no, pero de lo que estoy absolutamente segura es de que es profundamente irregular y es a usted, como responsable actual del Consorcio, a quien corresponde hacer todas las investigaciones pertinentes, si todavía no lo ha hecho, y ponerlo en conocimiento de quien corresponda. Por mi parte, espero que en su siguiente intervención se ajuste algo más a la realidad. Nada más y muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor Presidente. Coincidiendo con la portavoz de UPyD, creo que lo que se le ha preguntado era conciso y creo que ha dado un montón de información. Entiendo que hay un montón de contratos que tienen que ver con el proceso de implementación de la tarjeta, pero creo que estaban claras las preguntas y no han sido tan claras las
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respuestas. Ha hablado de la prestación de los servicios de comercialización de las nuevas tarjetas, de atención al cliente y venta y resolución de incidencias en torno a dos ejes: los que se establecen con elementos directos, con medios propios, y los que han sido contratados externamente. Después ha seguido... Igual he sido yo, que no me he enterado bien, pero me ha parecido bastante complejo seguir la explicación en relación con la contratación de servicios indirectos sobre la que no se nos ha aclarado, en esa contratación que ha sido publicada en el Boletín el 21 de junio, finalmente cómo ha sido adjudicada, en qué empresas y cómo se establece ese servicio y esa prestación. Ha dado una compleja explicación de los precios, de lo que supone la atención, de lo que supone la tarjeta, de lo que supone el plástico, del porcentaje que tienen que entregar a los distribuidores; me parece que es un batiburrillo en el que no se termina de aclarar lo que se está preguntando. Y lo que se está preguntando es simple y sencillo: cómo han procedido a la contratación de los servicios, de establecimientos y de personal que están produciendo la modificación de esa tarjeta y su distribución; cuáles han sido los contratos que se han producido; cuáles son las empresas adjudicatarias, y qué relación tiene el grupo Mirava Consultores, del que ha hablado la portavoz de UPyD. Es bastante sencillo de responder. Por lo que usted nos ha explicado, la contratación del servicio de oficinas, del indirecto o que no hacen con medios propios, ha estado adjudicado a la empresa Logista. Si es así, ¿qué relación tiene el grupo Mirava Consultores desde 2011? Usted ha estado hablando de fechas a partir de mayo de 2012; sin embargo, parece que la empresa llevaba más tiempo haciendo referencia, en su página web y en sus propios documentos, a esos servicios que estaba prestando. Por tanto, le pido que, una vez más, intente explicarnos con mayor claridad; entiendo la dificultad y complejidad de un procedimiento que ha tenido suministro de plástico, acuerdos con la red de estancos, recargos en cargos bancarios, servicios de solicitud, servicios de atención, etcétera. Entiendo que es complejo, son dos millones de tarjeta, pero la complejidad no está reñida con la transparencia y las explicación, y, por tanto, le ruego que aclare exactamente qué relación tiene el conjunto de contratos relacionados con las oficinas de atención y distribución de la nueva tarjeta con esa consultora que no ha sido mencionada por usted. Gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra doña Maribel Peces-Barba, portavoz del Grupo Socialista. La Sra. PECES-BARBA MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Después de lo que han dicho mis dos compañeras, especialmente tras las explicaciones de la compañera Loreto de UPyD, que es quien mejor conoce este tema, la verdad es que a mí, sobre lo que le preguntábamos, no me ha aclarado ninguna de las dudas que tenía. Se trataba sobre todo de la contratación de las oficinas de gestión y por qué la está llevando la empresa Mirava. No veo que haya ninguna contratación que sustente o ampare que esta empresa lo lleve; por eso, me gustaría que, como le han pedido todos, en su segunda intervención sea un poquito más explícito, porque lo que realmente ha expuesto ha sido una cronología de la implantación de las tarjetas.
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Nos habla de la empresa Logista para los puntos de venta de tarjetas en el acto, previamente de los estancos, pero como uno tiene que investigar todo y meterse en páginas de internet en las que se encuentran muchas veces muchísimas cosas más, que es como nos hemos enterado de lo de la empresa Mirava –y eso no lo voy a repetir porque lo ha dicho clarísimamente la compañera de UPyD-, investigando sobre estas tarjetas, he encontrado contratos –porque a partir del mes de marzo de 2012 tuvieron ustedes una especie de fiebre de contratación para la implantación de estas tarjetas- como el de suministro de la tarjeta de identidad, que forma parte del abono transporte, para grabar, verificar y confeccionar las tarjetas de abono mensual, anual e incluso las autoconfeccionables. Luego hay contratos que son un tanto sospechosos como, por ejemplo, el de integración de las tarjetas sin contactos dedicadas a títulos de transporte no personal y al sistema de seguridad centralizada del BIT, que se adjudicó a don Luis Criado Fernández por 49.530 euros. Como mirando la página web del Consorcio aparece que esta persona es empleado del Consorcio desde el año 2005, como ingeniero en el área de innovación tecnológica -aparte de ser el creador de una web semántica junto con otra persona, María del Amor León Fariña, a la que también se le adjudica un contrato-, me gustaría que me dijera cómo se puede adjudicar un contrato a una persona que trabaja en el Consorcio. Hay miles de contratos de estos, como el de suministros de las tarjetas de abono transporte denominadas autoconfeccionables, adjudicado a otra empresa, aunque yo creo que ya entraba en el de Fundosa. La verdad, es un lío de contratación, igual que lo que nos ha explicado usted de la empresa Logista es increíble. Finalmente, como ya ha dicho anteriormente Loreto, el contrato de suministro de las nuevas tarjetas de transporte se hizo en junio de 2012, y en esa época también se sacó a licitación un contrato de obras por Metro de Madrid para –exactamente lo que le preguntamos- implantación de oficinas para la gestión de tarjetas de transporte público, que imagino que estas son a las que nosotros nos referimos. Había quince días para realizar las obras y el presupuesto era de 154.000 euros, pero lo cierto es que, no quince días sino quince meses más tarde, Metro de Madrid informa de que ha adoptado la decisión de renunciar a la celebración del contrato, que me imagino que era para construir esas oficinas. Por tanto, tardaron quince meses en renunciar a este contrato. Me gustaría saber por qué y qué es lo que ocurrió, porque imagino que en agosto de 2013 ya estaban funcionando las famosas oficinas de gestión. Nos gustaría que nos pudiera aclarar si se construyeron o no se construyeron; si cedieron espacios tanto los intercambiadores como las estaciones de metro, etcétera, porque estas oficinas de gestión o las ha construido alguien o... La cuestión es que no sabemos quién ha construido esas oficinas; lo que sabemos, también por una página web, es que las está gestionando la empresa Mirava, de la que no aparece ningún contrato en ningún sitio. Luego hay otros dos contratos -no de esas fechas- sobre los que me gustaría que me dijera si tienen que ver con esto. Uno tiene que ver con la adjudicación a Virtual Desk del mantenimiento y resolución de incidencias de los equipos y aplicativos en las oficinas de gestión de las tarjetas de transporte público. Cuando se contrató el mantenimiento, imagino que ya estaban en funcionamiento las oficinas de gestión, pero también se le da a otra empresa. Y el último contrato adjudicado a Ferroser, al que se han referido también la compañera de UPyD y usted, era para la prestación de los servicios de atención al cliente. Y, como realmente tanto en su página web como en los folletos no 39091
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nos aclaran mucho si es lo mismo los centros de atención que las oficinas de gestión, me gustaría que me dijera si este contrato de Ferroser tiene relación con el anterior y con las oficinas de gestión. Se ha dicho anteriormente que el Viceconsejero, en la Comisión del 7 de noviembre, dijo que había 25 oficinas de atención al cliente que funcionaban tanto en ayuntamientos como en intercambiadores, como en metro. Lo único que sabemos -y eso no lo dijo él, porque cuando se preguntó al señor Viceconsejero por el contrato de Mirava dijo que, como no venía preparado para esa pregunta, no podía contestar- es lo que dijo exactamente: “No tengo los datos porque no sabía que S.S. iba a solicitar estas cuestiones, pero, en todo caso, quedo a su disposición para concretarle por escrito a través del Presidente de la Comisión, o volveré a comparecer para explicar este contrato.” Ni nos lo explicó el Viceconsejero ni nos lo ha explicado usted; por eso esperamos que lo haga en su segunda intervención. La verdad es que lo de la implantación de estas tarjetas –usted nos ha estado explicando todas las contrataciones- es un lio de muchísimo cuidado, por lo que no nos ha dado tiempo, con todo lo que nos ha estado explicando, de enterarnos muy bien. Lo que es cierto -y también lo ha dicho mi compañera- es que la famosa empresa Mirava, que está gestionando los puntos de estas oficinas, es la consultora de selección de Metro Ligero Oeste; no sé si la relación tendrá algo que ver o no. Lo cierto es que siempre nos pasa igual: tenemos más información de las contrataciones que hace la Comunidad de Madrid y las empresas por la página web y por internet que por lo que aparece tanto en el perfil del contratante como en los perfiles del contratante de la Comunidad y de las empresas. También hay muchas contrataciones millonarias; por ejemplo, para la gestión de los cajeros automáticos hay un contrato millonario, que se llevó Bankia también, para la implantación y explotación de una red de recarga -yo creo que es la misma gestión, pero llevada por 18 personaspor importe de 8.160.000 euros. Lo cierto es que la licitación era por 8.160.000, y se dice que se le adjudicó a Bankia por ser la oferta más económica. No entiendo muy bien si es que se presentó solo Bankia o si los demás habían presentado realmente una oferta por encima del presupuesto de licitación. La verdad es que la historia es un poquito rarita. Las preguntas que me gustaría hacerle para que conteste en su segunda intervención son las siguientes: ¿qué pasa con la empresa Mirava? Se lo han preguntado mis dos compañeras. ¿Hay algún contrato o no hay ningún contrato? ¿Qué es lo que está gestionando? Realmente, me gustaría que me dijera cuándo comenzaron a funcionar las famosas oficinas de gestión y, si se realizaron algunas obras de construcción, cuál fue el importe de esas obras, si es que se realizaron, y cuándo se contrató a la empresa Mirava para que prestara el servicio. También nos gustaría saber qué tipo de servicio está prestando la empresa Ferroser. Cuando habla de oficina a atención al cliente, quiero saber si son las mismas o no son las mismas. Y no sé si tiene usted el dato, porque a lo mejor pensaba que no se lo íbamos a preguntar, pero como es una comparecencia... Me gustaría que me dijera cuál ha sido el coste total de la implantación de la nueva tarjeta sin contacto con todas las contrataciones de obras y de servicios que este nuevo modelo de tarjeta ha llevado aparejados. Espero que nos responda; estamos todos impacientes porque nos conteste, y espero que nos conteste 39092
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algo, porque, como normalmente ustedes no contestan a lo que le preguntamos, esperamos que al menos nos conteste a algo. Muchísimas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. El Sr. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. Agradezco tanto al señor compareciente como a SS.SS. de la oposición sus informaciones y observaciones sobre la habilitación de las oficinas de gestión de las tarjetas de transporte público en la Comunidad de Madrid. Estas tarjetas de uso sin contacto son un evidente paso adelante en los servicios de transporte en nuestra región. Por eso, creo que merecen la bienvenida de todos los madrileños y, por supuesto, de todos los que velamos por sus intereses desde la representación política, y por eso entiendo que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Consorcio Regional de Transportes las hayan impulsado de forma decidida. El Ejecutivo regional es muy consciente de que una sociedad próspera requiere un sistema de transportes eficaz; un sistema de transportes que facilite tanto una actividad económica fluida como unos desplazamientos cómodos y eficientes para los ciudadanos. De ahí que haya dado siempre prioridad a las inversiones en transporte público, y de ahí que, en bien de los ciudadanos, esté asumiendo en estos tiempos de dificultades una parte creciente del coste de dicho transporte con la congelación de las tarifas anunciada para 2015, que da continuidad a la aplicada en 2014. Esa voluntad de mejorar constantemente el transporte en nuestra región ha llevado al Gobierno de la Comunidad, como he mencionado, a promover la creación de las tarjetas sin contacto a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y, a dicho Consorcio, hoy aquí representado por su Director Gerente, a desarrollar esas tarjetas con una tecnología avanzada y a habilitarlas en beneficio de todos. La tarjeta de transporte público, sustitutiva del abono transporte en cupón magnético, está actualmente a disposición de todos los grupos sociodemográficos madrileños y para todas las zonas tarifarias. El paso de uno a otro sistema ha sido paulatino, como acertadamente planificó el Consorcio, a fin de evitar posibles colapsos. Empezó con los títulos para una población restringida y se habrá completado, como se dijo en respuesta a una pregunta del Grupo UPyD en diciembre de 2013, el próximo 31 de diciembre, una vez concluido el periodo de transición para el último colectivo pendiente: la tercera edad. Uno de los aciertos para la implantación efectiva de la nueva tarjeta de transporte público en toda la Comunidad de Madrid ha sido poner a disposición de los ciudadanos una red de varios millares de puntos de petición o recarga, un servicio de solicitudes por internet y diversas oficinas de gestión en las que los usuarios han podido informarse directamente de todo y llevarse en el momento su nuevo título de transporte. Estas oficinas de gestión son el objeto de la presente comparecencia, y, por cuanto nos ha explicado el Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes, su habilitación ha sido tan pertinente como correcta. No acierto a ver en qué se basa la representante de UPyD para sugerir que se ha seguido un procedimiento irregular; su posición parece no tener base argumental.
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Como ha dicho el señor Valverde, en la generalidad de las oficinas de gestión se presta un servicio directo y útil a la ciudadanía en horarios muy extensos, y todos los usuarios que acuden a ellas hayan respuesta a sus preguntas y dudas y realizan en tiempo real cualquier trámite relacionado con la tarjeta de transporte público, o incluso, como he dicho, llevársela en el momento si es su deseo. Por ello, no puedo sino celebrar el proceso de contratación de las oficinas de gestión que ha impulsado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, al igual que todo lo que se ha hecho para incorporar la tecnología sin contacto a los títulos de transporte en la Comunidad de Madrid. Gracias al aplicado trabajo que ha hecho y sigue haciendo el Consorcio Regional de Transportes para implantar la tarjeta de transporte público los madrileños pueden hacer uso del transporte de manera más cómoda, más segura y más barata. La nueva tarjeta de transporte sale más barata porque los 30 días del abono empiezan a computar en el momento que elija cada usuario, y no necesariamente coincidiendo con el inicio de los meses naturales; de ello se han beneficiado hasta ahora un 42 por ciento de los solicitantes. Y también sale más barata porque si la pierden o se la hurtan pueden recuperar el saldo, como han hecho ya cerca de 50.000 usuarios. La nueva tarjeta de transporte público es más segura porque no se altera por estar en contacto con otros materiales magnéticos, y es más cómodo su uso porque puede recargarse para dos meses seguidos de una sola vez, porque los viajeros pueden cambiar su perfil de usuario sin necesidad de cambiar de tarjeta y porque la recarga puede hacerse en intercambiadores de transporte, estaciones de autobuses urbanos e interurbano, oficinas de atención al ciudadano, estaciones de metro, cajeros automáticos y estancos repartidos por toda la Comunidad de Madrid, incluso puede recargarse, por lo que sé, en las instalaciones del tranvía de Parla, tranvía que puso en funcionamiento el Gobierno socialista de dicho municipio siendo su alcalde a la sazón el señor Tomás Gómez y que es el medio de transporte más ruinoso de toda la región, siendo de ello responsable únicamente el citado Gobierno local socialista. Todas las ventajas de la nueva tarjeta de transporte público se traducen, en definitiva, en un mejor servicio, que es el objetivo que persiguen en todo momento, como he dicho, el Consorcio Regional de Transportes y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Director Gerente del Consorcio Regional de Transportes. El Sr. DIRECTOR GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES (Valverde Bocanegra): Gracias, señora Presidenta. Señorías, quiero empezar agradeciendo la intervención de todos los portavoces; en especial, la del señor Sánchez, del Grupo Popular, que ha hecho una descripción de todo el procedimiento que se ha seguido y del –creo- exitoso resultado de la implantación. De vez en cuando, también reconforta que haya alguna alegría en este proceloso mundo. Señorías, lamento que no estén conformes con mi primera intervención, cargada de datos, para el que yo había entendido que era el objeto de la comparecencia, los cauces o los caminos por los que se habían contratado las oficinas. Es lo que he hecho; si se trata de preguntar cosas distintas, serán cosas distintas las que habrá que plantear en las comparecencias, pero creo que me he 39094
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expresado apropiadamente; si no, vuelvo a intentar contarlo de alguna otra manera. Hay distintos cauces, hay distintos operadores, hay distintas empresas, públicas y privadas, que participan. Hay unas oficinas que son propias de la Comunidad, del Consorcio; hay oficinas conjuntas con ayuntamientos, que se abrirán próximamente, y hay otras oficinas que son llevadas por operadores conforme a los títulos concesionales y los planes de explotación de esas concesiones, que son los operadores de transporte interurbano y los operadores de los intercambiadores. En el contrato de concesión de los intercambiadores se da la posibilidad de dar no solamente servicio en el propio intercambiador para la comercialización de las tarjetas, sino que también se puede hacer apoyando a la oficina del Consorcio Regional de Transportes, tal como reza en la adenda -que en este momento no tengo aquí, pero que les haremos llegar- de los títulos concesionales; por lo tanto, la relación contractual es con los intercambiadores y no con ninguna otra empresa. Nosotros no tenemos relación directa con ninguna de las empresas que prestan servicio a los operadores; la relación es directamente con los concesionarios o con los operadores. Se mencionaba no solamente a la empresa a la que hacía referencia la señora diputada de UPyD, sino también a otras, como la que ha elegido Metro tras un concurso, para la explotación del servicio de atención al cliente, que también incorpora la comercialización y la asistencia en la tarjeta de transporte público en las oficinas que tiene Metro de Madrid. Cómo han acondicionado los locales los intercambiadores, Metro, la EMT o los interurbanos, en sus oficinas o en colaboración con los ayuntamientos, ya no era cosa nuestra, sino directamente de las empresas concesionarias. Como decía, nosotros tenemos la relación a través de los contratos de concesión con los operadores de autobuses, con los intercambiadores o con los operadores públicos de la Comunidad de Madrid; por lo tanto, repito, nuestra relación es exclusivamente con ellos. Respecto a quién decidan ellos contratar o el medio que utilicen, ya no entramos ni salimos. Nos tienen que dar el servicio, se tiene que dar con un estándar de calidad, se tiene que dar con los horarios que se han establecido, se tiene que dar la carta de servicios a la que también he hecho referencia en mi primera exposición y, si están cumpliendo, estupendo; si no, habrá que proceder a revisar las condiciones o a resolver esos contratos. Pero creo que, vistos los resultados, visto el volumen de actividad que se ha generado, vista la velocidad con la que se ha podido tramitar, se puede decir que el resultado desde el punto de vista de la calidad de la prestación del servicio es muy alto; por lo tanto, no creo que sea discutible que se esté prestando bien, repito, siempre directamente, con los operadores o con los concesionarios. En el caso del Consorcio, la relación es con los intercambiadores, que son los que prestan ese apoyo. A quién eligen o cómo lo hacen ya no es cosa de relación ni laboral ni contractual con el Consorcio, con la Administración, igual que en el caso de Metro, de la EMT o de algún otro operador. Unos lo estarán haciendo con personal propio; otros lo estarán contratando con ETTs, con asistencias técnicas o con consultores. Esa es la información que les puedo ofrecer. Hacían referencia también a las fechas en las que se habían puesto en funcionamiento las distintas oficinas. En mayo de 2012, en Avenida de América, en Ciudad Universitaria, en el Consorcio, en Moncloa, en Nuevos Ministerios y en Príncipe Pío. En estancos, en diciembre, empiezan a funcionar en la calle Murcia, en Delicias y en Fuencarral; en enero de 2013, en Colonia Jardín; en marzo de 2013, en la EMT; en abril, en Coslada central, Fuenlabrada central, Leganés central y Móstoles 39095
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central; en junio, en Aranjuez; en julio, en Torrejón y Valdemoro; en agosto, en Alcalá; en septiembre, en Getafe; en octubre, en Alcorcón y Méndez Álvaro, y en noviembre, en Renfe-Atocha y Parla. Y, como decía antes, próximamente habrá otras cuatro en los municipios que están tramitándose en este momento los convenios para la apertura de oficinas. Respecto a la protección de datos, que es un tema importante y crucial, como en todos los contratos en los que hay algún dato, se sigue escrupulosamente la Ley de Protección de Datos, tal como se establece y tal como se marca, y en una parte importante de todos los contratos se establecen todas las cláusulas de confidencialidad que exige la norma y que se aplica con absoluto rigor. Por lo tanto, en ese sentido hay plena garantía de que en el tratamiento de datos, lo preste quien lo preste, sean públicos o sean privados, está garantizada esa protección y esa privacidad en los datos personales que se puedan utilizar en esos ficheros que se intercambian conforme a la ley. Yo creo que este es un tema absolutamente delicado, que se cuida con especial atención en todos los contratos que se establecen, y no solo en el Consorcio sino que es una norma de la Comunidad de Madrid. En cuanto a Bankia, que también había alguna referencia, fue una única oferta que bajó el precio de la licitación de 1,25 a 1,20. Estaba muy ajustado el precio que se había sacado y, probablemente por razones no económicas pero sí comerciales de implantación o de fidelización de clientes, Bankia decidió entrar. Gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por su comparecencia. Pasamos al último punto del orden del día.
──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ────
¿Algún diputado o diputada desea formular algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones.) No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión.
(Eran las doce horas y cuarenta y ocho minutos).
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